1A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 8 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15681 Hoy por hoy En reciente entrevista televisiva, el ministro de Seguridad Pública reveló el motivo por el que tres políticos de Colón terminaron en la isla penal de Coiba: fueron trasladados luego de solicitar, tras su detención, ser internados “en uno de los pabellones [de la cárcel de Nueva Esperanza] de una de las bandas más poderosas de Colón”. Al margen de lo que ello pueda significar –ser parte de la banda, amistad con sus líderes o miembros, etc.–, lo preocupante es que el ministro admita el control que tiene un grupo de pandilleros sobre un pabellón específico en un recinto carcelario. ¿No se supone que el control lo tiene la Dirección del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno? ¿Qué hace la ministra de Gobierno para desmantelar ese poder? Es vergonzoso que, sabiendo lo que ocurre en Nueva Esperanza, lo mejor que se les ocurre sea trasladar a los detenidos, dejando intacto el poderío de las bandas. Estos criterios de gobernanza dejan mucho que desear sobre la competencia de estos funcionarios, especialmente cuando la ministra actúa como si las cárceles fueran lugares para fraternizar y los reclusos, compañeros de parranda. Vivir Yin Carrizo, adiós a un titán del acordeón 5B El año en que 10 panameños coincidieron en las Grandes Ligas 8A Deportes Panorama Defensa de Lee niega versión de ministro Ábrego 5A Opinión El estatus tributario de la ACP y una sentencia histórica 7A Ilya Espino de Marota firma el acta de su toma de posesión junto al ministro de Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, José Ramón Icaza. En el fondo, los directivos Dora María Pérez Balladares Boyd, Nelson Jackson y Domingo Latorraca. Anel Asprilla El Canal prevé casi 40 mil empleos en nuevos proyectos El Canal proyecta inversiones superiores a $8,100 millones en río Indio, dos terminales portuarias y un corredor energético, además de un corredor logístico. Las iniciativas contemplan 20,514 empleos durante la construcción y 19,116 durante la operación. Legislativo ratifica a la nueva fiscal electoral El pleno de la Asamblea Nacional ratificó ayer a María Eugenia Pérez de Preciado como fiscal general electoral, con 50 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Pérez de Preciado, quien ya había sido designada para el cargo en 2019 sin lograr entonces la ratificación legislativa, completará el periodo del fallecido fiscal Dilio Arcia, que concluye el 31 de diciembre de 2028. La nueva fiscal, vecina del presidente José Raúl Mulino, aseguró que ambos se conocen, pero que no son familiares. Getzalette Reyes [email protected] María Eugenia de Preciado y Shirley Castañedas. Cortesía La Contraloría reportó cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones como resultado de sus auditorías. Desde 2025 recibió 841 nuevas solicitudes, remitió 601 al Ministerio Público y mantiene 476 investigaciones pendientes de concluir, informó el contralor Anel Flores. VEA 2A Contraloría suma $50 millones en bienes cautelados Ilya Espino de Marotta asumió ayer como nueva administradora del Canal, la primera mujer en ocupar el cargo. Prometió diálogo, transparencia y eficiencia, y colocó el agua y río Indio entre las prioridades de su gestión. VEA 1B Camacho y Robinson afilan el bisturí electoral José González Pinilla [email protected] Un apartamento de $1.44 millones, pieza del caso de Gaby Circuitos electorales en Panamá: ¿Qué propone la reforma? Actualidad Con la reforma 39 circuitos 41 circuitos Uninominales 30 Plurinominales 11 Uninominales 26 Plurinominales 13 Fuente: Tribunal Electoral La fiscalía investiga un apartamento de $1.44 millones en Costa del Este como parte del proceso por presunto enriquecimiento injustificado contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. La reconfiguración del mapa electoral entrará este miércoles a discusión en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno iniciará el primer debate del proyecto presentado por el Tribunal Electoral (TE) que redibuja los circuitos electorales. La comisión la preside Benicio Robinson, diputado del PRD por Bocas del Toro, y su secretario es Luis Eduardo Camacho, diputado de RM por San Miguelito, dos circuitos que serían modificados por la propuesta. VEA 2A Ayer se suspendió la audiencia de acusación mientras se resuelve si el inmueble, propiedad de una sociedad de la que Carrizo es beneficiario único, permanecerá cautelado. VEA 5A
2A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 El contralor Anel Flores en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Cortesía de la Asamblea Nacional Contraloría: 601 auditorías se han enviado al Ministerio Público José González Pinilla [email protected] INFORME Las auditorías realizadas por la Contraloría han derivado en cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones, según reveló el contralor Anel Flores. El contralor general de la República, Anel Flores, informó que las auditorías realizadas hasta la fecha por la entidad han derivado en cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones. Flores, quien acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de la entidad, explicó que, al asumir el cargo en enero de 2025, encontró 1,091 solicitudes de auditoría pendientes. De ese total, dijo, unas 615 ya fueron evacuadas y 476 permanecen en proceso. A estas se suman 841 nuevas solicitudes recibidas durante 2025 y 2026, de las cuales 601 han sido remitidas al Ministerio Público (MP). Una buena parte de estas investigaciones está relacionada con el manejo de fondos de la descentralización asignados a representantes de corregimiento durante la administración pasada (2019-2024). A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis un total de 72 informes de auditoría relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la denominada descentralización paralela. Dichas investigaciones, indicó la fiscalía, han permitidolaimputacióndecargos a 99 personas, las dos últimas el pasado 7 de agosto. Datos oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin sustento a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). Lesión patrimonial La cifra de las cautelaciones surgió luego de una pregunta del diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, sobre el monto de la posible lesión patrimonial detectada en las auditorías concluidas. Flores advirtió que no es posible establecer con precisión el perjuicio económico total, debido a que en investigaciones de “alto perfil” algunos exfuncionarios presuntamente habrían utilizado testaferros o registrado bienes a nombre de familiares. “Lo que nosotros hemos cautelado, yo creo que estamos llegando a los 50 millones más o menos”, respondió el contralor. Flores también aprovechó el momento para explicar qué entiende por funcionarios de “alto perfil”. Dijo que utiliza esa categoría para referirse a personas que ocuparon cargos con mando y jurisdicción públicamente notorios y que, según las investigaciones, “cambiaron su vida radicalmente” después de entrar y salir del Estado. Sin embargo, indicó que las auditorías de la Contraloría no se limitan a esos casos. “Estamos haciendo auditoría a todo nivel”, sostuvo. Freno a la compra de vehículos Durante la misma sustentación, Flores anunció otra medida relacionada con el control del gasto público: la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las entidades del Estado, salvo aquellos casos que respondan a una “urgencia notoria”. El contralor informó que firmó una nota que será remitida al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y explicó que la decisión busca poner freno a las adquisiciones mientras se analiza cómo el Estado administra y mantiene su flota vehicular. Según Flores, el Estado cuenta con unos 32,000 vehículos, de los cuales calcula que alrededor de 5,000 podrían estar convertidos en chatarra. Atribuyó parte del problema a la falta de talleres y a los trámites burocráticos que retrasan las reparaciones, provocando que automóviles con desperfectos menores permanezcan meses fuera de circulación hasta deteriorarse. Flores indicó que la Contraloría también realiza análisis financieros para determinar si resulta más conveniente para el Estado comprar o alquilar vehículos, tomando en cuenta los costos de mantenimiento, seguros y disponibilidad de las unidades. El tema surgió durante las preguntas de los diputados José Pérez Barboni, Yamireliz Chong y Luis Duke. Chong advirtió sobre diferencias en los precios que distintas instituciones pagan por el alquiler de vehículos similares y cuestionó el uso de automóviles oficiales y de placas encubiertas. Flores aseguró que la Contraloría ha comenzado a reducir estas últimas. Ante una pregunta de Duke sobre si la suspensión sería vinculante para las instituciones, Flores recordó que la Contraloría tiene en sus manos el refrendo de esas adquisiciones. “En efecto, si no se refrenda la compra, no hay contrato de compra”, señaló. “Simplemente no hay carro nuevo”, remarcó. Presupuesto El contralor sustentó un presupuesto para 2027 por el orden de $145 millones. Explicó que inicialmente habían solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de $149.9 millones, pero la recomendación presupuestaria representó un recorte de $4.9 millones. Esa disminución, dijo, afectó principalmente el renglón de funcionamiento. El presupuesto de inversión, de $2.6 millones, se mantuvo “intacto”. Según los datos presentados por Flores, la Contraloría también ha reducido los tiempos de refrendo: de 266 días en 2024 pasaron a 3.5 días. Mientras tanto, el tiempo de las gestiones de cobro pasó de 188 días a 3.8 días. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom 1 diputado 1 diputado Circuitos electorales en Bocas del Toro: ¿Qué cambia? Actualidad 1 circuito plurinominal Con la reforma 2 circuitos uninominales 1-1 1-2 2 diputados Circuitos electorales en Chiriquí: ¿Qué cambia? Actualidad 2 circuitos plurinominales Con la reforma 6 circuitos uninominales 9 diputados 1 circuito plurinominal 4-1 (David) 3 diputados 4-2 (Barú) 4-3 (Bugaba) 4-4 (Alanje y Boquerón) 4-5 (Renacimiento y Tierras Altas) 4-6 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-7 (Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Féliz) 1 diputado por circuito 4 circuitos uninominales 4-2 (Barú) 4-4 (Alanje, Boquerón y Renacimiento) 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-6 (Remedios, San féliz, San Lorenzo y Tolé 4-1 (David): 3 diputados 4-3 (Bugaba y Tierras Altas): 2 diputados La reconfiguración del mapa electoral entrará a discusión en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno convocó a sus miembros para este miércoles 9 de septiembre para el primer debate del proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral (TE) que redibuja los circuitos para la elección de diputados. Los comisionados fueron citados para las 10:00 a.m. en el auditorio Carlo ‘Titi’ Alvarado. Luis Eduardo Camacho, diputado y secretario de la comisión, adelantó que el proyecto de ley 700 sobre los circuitos electorales será el primero en ser discutido, antes de abordar la propuesta de ley 699 que reforma el Código Electoral. La iniciativa del TE, presentada el pasado 31 de agosto, aumenta el número de circuitos de 39 a 41. El numero de diputados se mantiene en 71. El documento establece, además, que habrá 30 circuitos uninominales, seis más que los 26 actuales, y 11 plurinominales. Actualmente existen 13 circuitos plurinominales. El rediseño implica cambios importantes en la representación de varios distritos. En San Miguelito, por ejemplo, que es el circuito 8-2 pasaría de elegir siete diputados a seis. En tanto, el 8-3, que incluye los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, pasaría de cinco a cuatro diputados. El circuito 8-4, integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, también perdería una curul y pasaría de cinco a cuatro diputados. El proyecto sostiene que la Constitución Política obliga a ajustar la distribución de los circuitos con base en la cantidad de electores registrados y no en el número de habitantes. Camacho, quien representa a San Miguelito en la Asamblea, considera que la discusión debe abrirse en el primer debate para que participen todos los sectores, pero cuestiona que los cambios no se apliquen de manera uniforme. Según dijo, existen circuitos que no alcanzan el mínimo de electoComisión de Gobierno inicia debate sobre reconfiguración de circuitos electorales ‘CÓDIGO ELECTORAL’ res requerido y que, a su juicio, deberían fusionarse con otros. “Hay que aplicarlo para todos”, dijo Camacho al referirse a la reorganización de los circuitos. Sobre la otra propuesta que también está en la agenda de la comisión, la reforma al Código Electoral, el diputado adelantó poco, aunque dejó una frase como antesala de lo que vendría: dijo que al proyecto se le aplicará “el bisturí”. La Comisión de Gobierno la preside el diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, quien además es un opositor declarado de las candidaturas de libre postulación. El proyecto 700 de los circuitos toca directamente a Bocas del Toro, su provincia. La iniciativa propone dividir el actual circuito 1-1, que hoy elige dos diputados, en dos circuitos uninominales, uno para Changuinola y otro para el resto de la provincia. Para la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos e integrante de la Comisión de Gobierno, se avecina una discusión importante sobre la propuesta de reconfiguración de los circuitos. Señaló que la Constitución ordena realizar estos ajustes y que las proyecciones y cálculos utilizados por el Tribunal Electoral para redibujar el mapa político deben ser discutidos a fondo. Brenes dijo que, si bien algunos cambios son “consecuentes”, especialmente en San Miguelito, donde se reduce una curul, existen otros que generan dudas, como los circuitos de Bocas del Toro y Chiriquí que pasarían de plurinominales a uninominales. A su juicio, esto podría reducir las opciones para los candidatos independientes, ya que en un circuito plurinominal pueden competir mediante una lista, mientras que en uno uninominal solo se disputa una curul. “Se le está quitando una oportunidad a los candidatos independientes”, dijo. En ese sentido, sostuvo que en la discusión se debe garantizar que todos los aspirantes puedan participar en condiciones de igualdad. “Hay que tratar de que todo el mundo, democráticamente, pueda correr en igualdad de condiciones”, añadió. José González Pinilla [email protected]
3A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026
4A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ¡SALUD!. La recién estrenada administradora de la ACP, Ilya de Marotta, finalmente ingresó a la Residencia 107, en el cerro Ancón. Anoche ofreció un brindis en la que está llamada a ser su residencia oficial, para cerrar la intensa jornada de su toma de posesión. Al saliente administrador, ni estaba ni se le esperaba. LÍMITES. ¿Para dónde irá ahora Ricaurte Vásquez? Probablemente regrese a las consultorías económicas, aunque con condiciones: el Reglamento de Ética y Conducta de la ACP le impide, por los próximos dos años, representar “a nadie” que tenga contratos o intereses con la entidad y sus asuntos. ¿Se imaginan que esta disposición funcionara en el Gobierno Central? Estaría fantástico. EXPLICACIONES. Mañana le toca al Minsa acudir a la Asamblea a sustentar su presupuesto. El ministro Boyd ya debe tener preparada la respuesta para el cuestionario sobre Hombres de Blanco, Bio Materiales y los Minsa-Capsi. CARRY ON. El presidente Mulino ya tiene casi 30 viajes en 26 meses de mandato. Pareciera que está compitiendo para romper un récord. Él sostiene que no se va de shopping, pero eso no significa que el viaje no haya sido innecesario. Y, para colmo, a veces carga con los familiares. ENCUBRIMIENTO. Cuando se trata de enmascarar el origen de sus ganancias o bienes ilícitos, no es ningún secreto que, para lograrlo, se recurra a la figura del testaferro, precisamente porque así se oculta al verdadero beneficiario. Ayer, el contralor Anel Flores reconoció que, en muchas auditorías a exfuncionarios, se han encontrado con testaferros: esposas, primos y otros parientes. Esto ya no debería sorprender a nadie. Si no, que alce la mano aquel que haya visto a un lavador haciendo fila en un banco. Ventura Vega asumió como ministro de Educación el jueves 13 de agosto de 2026. Elysée Fernández ‘Yo sí creo en las pruebas’: Ventura Vega frente a PISA Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN La posición del ministro de Educación, Ventura Vega, contrasta con la de su antecesora, Lucy Molinar, quien cuestionó el costo y la utilidad de PISA y defendió priorizar las evaluaciones nacionales. Panamá volverá a participar en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2029, una decisión que marca un cambio en la posición del Ministerio de Educación (Meduca) sobre la utilidad de esta evaluación internacional. “Yo sí creo en las pruebas”, afirmó el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, al respaldar el regreso de Panamá a PISA y plantear que los años previos deben aprovecharse para preparar a docentes y estudiantes. La postura contrasta con la que sostuvo la administración de Lucy Molinar, que cuestionó el costo y la utilidad de participar en una evaluación internacional y defendió concentrar recursos en la capacitación docente y las evaluaciones nacionales. Sin embargo, el debate no se limita a estar a favor o en contra de PISA. Para fundadora de Jóvenes Unidos por la Educación Nivia Rossana Castrellón, el principal problema está en la interrupción de las mediciones, porque impide construir una serie de datos que permita evaluar la evolución del sistema educativo y el impacto de las políticas públicas. Del retiro de 2025 al regreso en 2029 Panamá se retiró de la edición de PISA correspondiente a 2025, pese a que el país ya había avanzado en los preparativos. Durante la gestión de Molinar, el Meduca cuestionó el costo de la participación y planteó la necesidad de que una prueba internacional se traduzca en decisiones concretas para el sistema educativo. La entonces ministra también defendió las evaluaciones nacionales como herramientas para conocer el desempeño de los estudiantes y orientar las políticas educativas. Posteriormente, sostuvo que Panamá volvería a participar en PISA “para complacer”. Con Vega al frente del Meduca, el Gobierno reiteró el regreso para 2029 y plantea utilizar el periodo previo para preparar al sistema educativo. El enfoque es distinto: en lugar de cuestionar la utilidad de la evaluación, el ministro apuesta por incorporar desde ahora algunas de las competencias que serán medidas, entre ellas el pensamiento crítico, la capacidad para verificar información y el uso responsable de herramientas digitales. El costo de interrumpir la medición Castrellón advierte que las interrupciones tienen consecuencias que van más allá de perder un resultado. A su juicio, la política de medición del desempeño educativo en Panamá ha sido históricamente “fragmentada y contradictoria”, con pausas que afectan la continuidad de la investigación y el uso de los datos para diseñar políticas educativas. Una de las principales consecuencias es el quiebre de las series temporales. Sin mediciones continuas, explicó, resulta más difícil determinar si los cambios en el rendimiento de los estudiantes representan una mejora o un deterioro real, o si responden a variaciones de la muestra. También se pierde información de contexto. PISA recopila datos sobre factores socioeconómicos, condiciones de los centros educativos y bienestar de los estudiantes, variables que permiten analizar qué elementos del entorno están asociados con las brechas de aprendizaje. La interrupción, además, dificulta evaluar las reformas educativas. Para determinar si una política produjo resultados, se necesitan mediciones comparables antes y después de su implementación. Por eso, Castrellón considera que el punto no es solamente participar en PISA, sino hacerlo de manera continua e ininterrumpida. Incluso plantea establecer por ley la obligación de participar, de modo que la decisión no dependa de la voluntad del ministro de turno. “No se trata de participar, sino de hacerlo de manera continua e ininterrumpida”, sostuvo. Una PISA con inteligencia artificial El regreso de Panamá coincidirá, además, con una edición que incorpora nuevos desafíos. PISA continuará evaluando a estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En 2029, la lectura será el dominio principal, mientras que la alfabetización mediática y en inteligencia artificial (IA) será el dominio innovador. La evaluación buscará conocer si los estudiantes pueden valorar la credibilidad y calidad de los contenidos, comparar fuentes, reconocer el propósito de una información e interactuar de manera crítica y responsable con herramientas de IA. La OCDE prevé utilizar entornos simulados de internet, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial para evaluar estas capacidades. Para Panamá, el desafío no será únicamente mejorar el desempeño en las áreas tradicionales de PISA. También será preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno en el que distinguir información confiable de contenido engañoso es cada vez más importante. Prepararse antes de 2029 Vega plantea que esa preparación debe comenzar mucho antes de que los estudiantes se sienten a responder la prueba. El trabajo deberá vincularse con las reformas que impulsa el Meduca, entre ellas la actualización curricular, la capacitación continua de los docentes y una mayor incorporación de tecnología en las aulas. La intención es que las competencias que mide PISA no se conviertan en un entrenamiento exclusivo para la prueba, sino que formen parte del aprendizaje cotidiano. El periodo hasta 2029 permitirá al sistema educativo llegar a la evaluación con una estrategia definida y tiempo para corregir sus propias debilidades. En ese sentido, PISA puede funcionar como una medición externa de los avances que alcance Panamá durante los próximos años. La tarea pendiente El regreso a PISA también deja una tarea pendiente para el Meduca: sostener una política de medición que permita comparar los resultados a lo largo del tiempo. Castrellón señaló que Panamá no cuenta con los resultados de la evaluación de 2025 debido al retiro del país, lo que genera el vacío de información provocado por la interrupción. También pidió que se hagan públicos los resultados de las pruebas diagnósticas nacionales que, según Molinar, se estaban aplicando en las materias básicas. Estas mediciones nacionales y PISA cumplen funciones distintas. Mientras la prueba internacional permite comparar el desempeño de los estudiantes panameños con el de otros sistemas educativos, las evaluaciones locales pueden aportar información más específica sobre las dificultades de los alumnos dentro del país. El regreso a PISA en 2029, por tanto, no debería reducirse a conocer la posición de Panamá frente a otros países. La utilidad de la participación dependerá de que sus resultados puedan incorporarse a una política educativa sostenida y servir para identificar qué funciona, qué no y dónde deben concentrarse los esfuerzos. Panamá tendrá tres años para prepararse. La apuesta será que, esta vez, la medición no termine con la publicación de los resultados, sino que se convierta en una herramienta para orientar las decisiones del sistema educativo. NECEDAD. La Asamblea aprobó —de todos modos— el proyecto de ley sobre la protección de arrecifes y ecosistemas marinos, objetado en junio pasado. Seguramente esta gente ni leyó el informe en el que el presidente Mulino explica por qué ese proyecto no debe convertirse en ley de la República, porque lo aprobaron por insistencia sin cambiar ni una coma. El inventor de esta iniciativa es Benicio Robinson. Con razón.
5A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 Panorama PH Marea 1, en Costa del Este. Alexander Arosemena El apartamento de $1.44 millones que enfrenta a la fiscalía y a Carrizo Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN La fiscalía sostiene que el inmueble forma parte del patrimonio que investiga, mientras Carrizo figura como beneficiario del 100% de las acciones de la sociedad propietaria. Está ubicado en el piso 29; tiene una extensión de 680 metros cuadrados con una imponente vista a la bahía de Panamá; dispone de cinco estacionamientos, y su precio de venta fue de $1.44 millones. Estas son las principales características del apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este, que es investigado como parte de la causa seguida al exvicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. Ahora mismo hay un conflicto con ese inmueble: fue aprehendido el 30 de junio de 2026 por la fiscal Patricia Herrera, pero el pasado 4 de septiembre, una juez de garantías suspendió dicha medida cautelar. La fiscal apeló. El apartamento está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya presidenta y representante legal es Julieta Spiegel Fernández, la esposa del exvicepresidente. No obstante, la Superintendencia de Sujetos no Financieros le confirmó a la fiscalía que el beneficiario único, del 100% de las acciones comunes de Nano Properties es Carrizo. Carrizo fue tesorero de dicha sociedad brevemente, en 2025. Ya renunció. Los cargos directivos los ocupan ahora familiares de Julieta Spiegel. El agente residente es la firma Spencer De León & Asociados. Antes estos asuntos los gestionaba la firma de Luis Acevedo Ureña, mano derecha del exvicepresidente. La compraventa La adquisición del inmueble se gestionó casi tres semanas después de que Carrizo se convirtiera en vicepresidente electo. El 24 de mayo de 2019, Adel Yaafar Chaín, en representación de Nano Properties Corp., y Julieta Spiegel, como vicepresidenta de la Fundación Carspi, firmaron un contrato de promesa de compraventa del 100% de las acciones de Nano. La transacción comprendía no solo la totalidad de las acciones, sino el apartamento del piso 29 del PH Marea 1. El precio pactado fue de $1.44 millones, aunque en el Registro Público el apartamento aparece con un valor declarado de $454,805: $107,561.50 por el “terreno” y $347,243.50 por las “mejoras”. El 18 de junio de 2019 -cuando no había transcurrido ni un mes de la compraventa- se inscribió en el Registro Público una escritura en la que se cancelan los gravámenes hipotecarios. En el Registro Público no consta que sobre el apartamento pese alguna hipoteca. La fiscalía sospecha ahora que ese inmueble fue adquirido con fondos que Carrizo no ha podido justificar. La fiscal Herrera ordenó la aprehensión del bien a través de la Resolución No.468 del 30 de junio de 2026, pero la defensa de Carrizo alega que el inmueble fue adquirido con fondos del patrimonio familiar de Carrizo, en concreto, de su esposa Julieta. Una auditoría forense de Contraloría encontró que mientras ejerció como vicepresidente y ministro de la Presidencia (este último cargo entre el 1 de julio de 2019 y el 2 de febrero de 2023), Carrizo obtuvo ingresos “de fuentes conocidas” por un monto de $7.1 millones. No obstante, la auditoría determinó que el exfuncionario gastó $9 millones, por lo que hay poco más de $1.9 millones sin justificar. Efectivo y operaciones ‘cruzadas’ La fiscal sostiene que la cautelación del apartamento es una medida razonable y necesaria. “Existen movimientos financieros complejos, cierre de productos bancarios, retiro de fondos y riesgo objetivo de reorganización patrimonial, circunstancias que hacen indispensable la inmovilización provisional de los bienes identificados”, apuntó Barrera en la Resolución 468. También mencionó que el informe de auditoría reveló un patrón financiero caracterizado por el uso de múltiples cuentas bancarias, operaciones cruzadas entre distintos “productos financieros”, transferencias internas, manejo “intensivo” de efectivo y utilización constante de tarjetas de crédito. Este comportamiento “evidencia un conocimiento especializado sobre la administración de sus activos y facilita la posibilidad de dispersarlos con rapidez”. La cautelación del apartamento -advirtió la fiscalía- no implica la pérdida definitiva del inmueble ni una sanción anticipada, “sino una limitación cautelar provisional destinada a preservar la integridad del proceso, proteger los intereses del Estado y garantizar el eventual comiso o decomiso que corresponda”. A Carrizo se le formularon cargos por presunto enriquecimiento injustificado el pasado 28 de enero y se le aplicó una medida cautelar de arresto domiciliario. Tras la cautelación del apartamento, la defensa de Carrizo solicitó una audiencia para exigir el levantamiento de la medida cautelar. En esa audiencia, la juez de garantías Karolina Jaén determinó que la fiscalía no había logrado establecer que el inmueble hubiese sido adquirido con fondos provenientes de un supuesto enriquecimiento injustificado. Esta decisión fue apelada por la fiscalía, que insiste que Carrizo pudo adquirir el bien con fondos obtenidos del enriquecimiento injustificado. La audiencia de apelación será el 23 de septiembre. El futuro de este inmueble motivó la suspensión de la audiencia de acusación a Carrizo que debía celebrarse el lunes 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque a la misma se presentó Carlos Carrillo, como abogado de Nano Properties Corp. La juez de garantías consideró conveniente esperar el resultado de la audiencia de apelación del 23 de septiembre, porque si ahí se confirma que el apartamento del PH Marea 1 debe ser liberado, entonces ya Nano Properties no tendría ninguna justificación para ser parte en la audiencia de acusación. Frank Abrego, ministro de Seguridad. Cortesía Defensa rechaza versión de Ábrego sobre motivos del traslado de Lee, Lynch y Salazar a Coiba POLÉMICA Juan Manuel Díaz [email protected] La defensa de los imputados Ale Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar negó que sus clientes hayan solicitado ser enviados a un pabellón controlado por pandilleros de la cárcel Nueva Esperanza, tal como aseguró el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Inicialmente se conoció que Lee, Lynch y Salazar fueron enviados a una prisión en Coiba, ubicada en una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por motivos de seguridad. Sin embargo, Ábrego y el propio presidente José Raúl Mulino han sugerido una posible vinculación con pandillas de Colón. Marco Antonio Valdés, uno de los abogados de Lee, dijo desconocer esa información. Señaló que le “extrañan” las declaraciones de Ábrego y aseguró que en ningún momento existió una petición en ese sentido. Explicó que Lee, Salazar y Lynch se encontraban en un sector de la cárcel Nueva Esperanza conocido como la “clínica” y que allí hay privados de libertad que no están relacionados con pandillas. Valdés dijo desconocer de dónde surgió esa información y señaló que los tres detenidos se encuentran a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus presentado ante el Órgano Judicial. También dijo haber solicitado una audiencia de afectación de derechos fundamentales de los tres procesados, ya que ninguno de ellos ha sido condenado, a diferencia del resto de los reos que se encuentran en Coiba. Además, detalló que en la isla de Coiba solo hay internos condenados por delitos de pandillerismo, tráfico de drogas y homicidio, mientras que Salazar, Lee y Lynch están imputados por delitos contra la administración pública y no tienen condena. En el programa Debate Abierto, transmitido el pasado domingo por Telemetro Canal 13, Ábrego expresó que Lee, Salazar y Lynch solicitaron ser trasladados a un sector de la cárcel Nueva Esperanza donde se ubica una de las pandillas más poderosas de la provincia de Colón. El ministro de Seguridad puntualizó que los tres habían recibido algún tipo de amenaza y que, ante ese escenario, se decidió trasladarlos a la cárcel del Senan ubicada en Coiba. Ábrego reconoció que en Coiba se mantienen detenidas 29 personas consideradas cabecillas de las principales pandillas que operan Asamblea insiste y aprueba polémica ley de arrecifes coralinos LEGISLATIVO Getzalette Reyes [email protected] El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer −por insistencia− el proyecto de ley No. 571, que modifica las normas de protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas. La votación quedó de la siguiente forma: 50 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. El aval de este proyecto se dio pese a la objeción por inexequibilidad (la incompatibilidad de una disposición legal con la Constitución) presentada por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Hay que recordar que el polémico proyecto de ley fue presentado por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson. en el país y que su traslado a esa cárcel obedece a que en la isla no existe señal telefónica ni hay población, con lo que se busca reducir la posibilidad de que impartan órdenes a los miembros de sus organizaciones. Según Ábrego, el objetivo es eliminar la comunicación entre los líderes de las pandillas y evitar que sigan controlando sus actividades desde la cárcel. No obstante, indicó que a los reos se les permite comunicarse de manera digital con sus abogados y familiares. Lee, Lynch y Salazar se encuentran bajo investigación por el presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El exalcalde Lee fue imputado por el delito de peculado por hechos relacionados con su gestión como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón. La fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la AND para la ejecución de programasdeinteréssocial, por un monto de $1 millón. Mientras tanto, Lynch y Salazar también son procesados por el presunto manejo irregular de $6 millones provenientes de fondos de la descentralización y destinados a obras sociales.
6A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. paz de sacar beneficios similares en esos negocios. De hecho, aplaudían cuando “competidores” en otros países se aliaban con ellos y hasta les permitían que les hicieran competencia, mientras no atentaran demasiado contra sus propios negocios. Hasta aquí, todo iba bien, pero un gigante asiático empezó a desafiar esa hegemonía y a manipular, por no decir explotar, su mano de obra barata, mientras se copiaban o “pirateaban” inventos occidentales. Así, casi sin darnos cuenta, empezaron a construir una base de negocios que hizo que el resto del mundo los viera con otros ojos. Al inicio, no representaron gran amenaza, pues la calidad de los productos dejaba mucho que desear, pero paulatinamente empezaron a mejorar y hoy compiten casi de tú a tú con cualquiera. El pueblo estadounidense, en su gran mayoría, es un pueblo noble, y eso que no existe una hegemonía en su idiosincrasia, orígenes, apariencias o gustos. Ha sido, por tradición, un país de inmigrantes, desde los primeros que llegaron del Viejo Continente en el Mayflower hasta las más recientes inmigraciones de ciudadanos de países africanos y de América. Esto ha hecho que cada región de ese gran país piense, se alimente, se comporte y reaccione de una manera diferente. Hace cerca de dos años eligieron a un dirigente que, ya sea porque estaba conLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cultivando raíces de la paz: una apuesta por la niñez Prevención de la violencia con una pregunta simple: ¿qué entienden los niños cuando hablamos de paz, conflicto y violencia? Esa pregunta, planteada durante el programa Young Peacebuilders de la United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), llevó las primeras conversaciones a una escuela de Chilibre, donde 110 niños reflexionaron sobre cómo conviven con la violencia en sus propios entornos. Desde entonces, el proyecto no ha dejado de crecer. En 2024 sumó el arte y el deporte como herramientas de cultura de paz. En 2025 llegó a Juan Díaz con talleres y excursiones educativas. En 2026 se instala en San Miguelito junto a la Alcaldía y más de 15 aliados de distintos sectores, trabajando con 40 niños y sus familias para fortalecer habilidades y ofrecer alternativas frente a un contexto donde la violencia sigue siendo una preocupación central. Llamar a alguien Buen Pela’o en Panamá significa reconocer a quien actúa bien y aporta a su comunidad. Convertimos una expresión cotidiana en una identidad positiva, una invitación a que cada niño se reconozca con capacidades, derechos y sueños propios. ¿Qué puede hacer un pincel frente a la violencia? Mucho, cuando se convierte en una herramienta para expresar lo que cuesta decir con palabras. Lo mismo ocurre con el teatro, la danza o el fútbol: en la cancha se aprende a escuchar, dialogar y cooperar. En el mural se imagina el Jackeline Guerra Batista Rolando Pellicot Ruiz ¿Cómo nos impactan las elecciones en Estados Unidos? Desde mi balcón Desde hace muchos años, varios países de la América hispanohablante hemos mirado hacia el norte buscando orientación, apoyo, educación, así como seguridad y otras tantas cosas que no cabrían en este escrito. Para otros tantos, el “famoso” sueño americano, que por solo el título debió haber hecho que sonaran varias alarmas. Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de geografía, ¿verdad? Habrán pasado unos ocho años desde que conversé con una persona a quien quiero mucho y le decía que el mundo estaba cambiando y que, infortunadamente, los únicos que no se habían dado cuenta eran los estadounidenses. Estados Unidos de América, con una moneda fortalecida, se había encarecido para muchos y, desde mi balcón, he llegado a pensar que los estadounidenses estaban convencidos de que ellos podían vender todo más caro que el resto del mundo: porque lo habían inventado, porque querían vivir mejor que el resto del mundo o porque tenían un monopolio y, gracias a grandes negociadores, habían logrado obtener, por una vía u otra, grandes beneficios en sus negociaciones. Así, habían trasladado algunas de sus fábricas a Oriente, el Pacífico Sur y América Latina, donde encontraban mano de obra barata, gobiernos complacientes y buenas rutas marítimas que les permitían seguir viviendo opíparamente, mientras otra parte del mundo no era cavencido de que podía hacer retroceder en el tiempo al resto del mundo o, sencillamente, porque tenía otro tipo de intereses en mente, ha tomado decisiones cuyas consecuencias trascienden sus fronteras. La realidad es que hoy en día, y a menos de dos meses de las próximas elecciones “de medio término”, esa gran nación se ha visto inmersa en una serie de confrontaciones bélicas totalmente innecesarias. La más reciente, la guerra contra Irán, ha producido una inestabilidad económica en el mundo entero que muchos están comenzando a comparar con la Gran Depresión de los años 20 y ha hecho que los precios de los combustibles, víveres, fertilizantes y muchos otros productos se hayan disparado a niveles preocupantes. Mientras tanto, ha permitido que se promuevan acciones que podrían provocar que los niveles de salud se vean afectados; ha actuado en contra de algunos inmigrantes, legales o no, y ha hecho que muchas personas vivan en un ambiente de terror, varias de las cuales votaron por él. Veo varios posibles escenarios como resultado de las elecciones de noviembre, y uno de ellos podría significar que pierda el control del que actualmente goza en el Congreso estadounidense, lo cual podría llevarlo a ser juzgado por algunas de sus actuaciones y a perder la investidura obtenida en las urnas. Esto podría tranquilizar parcialmente a las fuerzas armadas y a las bolsas mundiales, entre otras cosas, pero ¿serán esas las únicas consecuencias? Ese país necesita sanar heridas, volver a verse como hermanos y trabajar para recuperar el tiempo perdido. Ellos y el resto del mundo lo necesitamos. Amanecerá y veremos Opinión EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. LOS AUTORES son miembros de Jóvenes Unidos por la Educación. barrio que se quiere construir. Es aprendizaje social sostenido, capaz de transformar la forma en que los niños se relacionan con ellos mismos, con los demás y con su comunidad. Prevenir la violencia no significa negar la responsabilidad individual, sino entender que las decisiones también están condicionadas por las oportunidades y por los entornos. Por eso, cada niño necesita condiciones para que su potencial crezca. Por eso, familias, docentes, organizaciones y gobiernos locales forman parte de un ecosistema de corresponsabilidad. Es también una decisión política: si esperamos a que la violencia aparezca para actuar, llegamos tarde. La seguridad no puede construirse solo desde la coerción. Requiere políticas que inviertan en educación, salud mental y espacios seguros, alimentadas tanto por datos como por las voces de quienes viven estas realidades. La paz no comienza cuando termina la violencia. Comienza mucho antes. Inicia cuando un niño descubre que puede expresarse sin miedo. Cuando aprende que un conflicto puede resolverse hablando. Cuando encuentra una comunidad que lo escucha. Cuando descubre una habilidad que no sabía que tenía. Cuando empieza a imaginar un futuro diferente. Y, quizás, ahí está la verdadera tarea de quienes trabajamos por la paz: no esperar a recoger los frutos de la violencia, sino tener el valor de cuidar las raíces. Porque cuando logramos que un niño encuentre una alternativa, estamos trabajando desde el presente por un futuro de paz. Una inspección sorpresa en un salón de clases de la capital termina revelando un arma de fuego entre las pertenencias de un adolescente. A pocas cuadras, un niño que todavía no cumple los once años recibe su primera tarea dentro de una pandilla: hacer guardia en una esquina, a cambio de comida y sentido de pertenencia. Mientras tanto, en un solo sector de la ciudad, hechos de violencia y rivalidades entre bandas han acabado con la vida de 36 jóvenes en el primer semestre del año. Estas historias no reciben la relevancia que merecen. A pesar de que no son hechos aislados, el país ha aprendido que, si nadie los menciona, nunca pasaron. Son expresiones visibles de un problema que muchas veces comienza mucho antes: en comunidades donde la violencia se normaliza; en hogares atravesados por la vulnerabilidad; en la falta de oportunidades; y en las narrativas que presentan las armas y la violencia como símbolos de poder, respeto, dinero o pertenencia. Las Fiscalías Superiores de Adolescentes han recibido 3,022 denuncias por hechos delictivos cometidos por menores al corte del primer semestre de 2026. La justicia solo juzga el fruto, ante un Estado que olvida la semilla. Allí nace Buen Pela’o: en la convicción de que prevenir la violencia significa actuar antes de que se vuelva visible. Todo comenzó en 2023 Las elecciones de medio término podrían alterar el equilibrio político en Estados Unidos, mientras sus decisiones económicas, migratorias y militares continúan teniendo consecuencias mucho más allá de sus fronteras. Juan B. Mckay A. Frente a la violencia que amenaza a niños y adolescentes, la prevención comienza mucho antes: con educación, oportunidades, espacios seguros y comunidades capaces de ofrecerles caminos diferentes. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Réplica sobre Noticia sobre monumento chino Panamá, 5 de septiembre 2026. CARTA ACLARATORIA La Asociación China de Panamá, en representación de la comunidad china y de las organizaciones de ascendencia china de la República de Panamá, desea aclarar la información publicada por el diario La Prensa en su nota periodística del viernes 4 de septiembre 2026, titulada “Un juez ordena proteger el terreno donde se encontraba el monumento chino demolido por orden de Stefany Peñalba”, en la que se afirma que: “El mencionado espacio albergaba un monumento chino construido como símbolo de la amistad entre Panamá y la República Popular China”. Al respecto, consideramos importante precisar que el monumento y el parque ubicados en el Mirador del Puente de las Américas fueron concebidos y construidos en el año 2004 para conmemorar los 150 años de la presencia de la diáspora china en Panamá, a partir de la llegada de los primeros inmigrantes chinos al país en 1854. Esta obra fue concebida para honrar la memoria de los precursores de la comunidad china en Panamá que contribuyeron a la construcción del Ferrocarril de Panamá, y para reconocer el invaluable legado histórico, cultural, social, económico y humano de generaciones de panameños de ascendencia china. Por ello, el significado y propósito fundamental de este monumento están vinculados a la memoria histórica y al legado de la diáspora china en Panamá, y no a la representación y/o amistad entre Estados. En consecuencia, el parque y el monumento constituyen, ante todo, un símbolo de reconocimiento, gratitud y memoria histórica, erigido para honrar más de siglo y medio de contribuciones de la comunidad de ascendencia china al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de Panamá. Respetuosamente, solicitamos al diario La Prensa tomar en consideración esta precisión histórica, con el propósito de que el significado y símbolo de esta obra sean transmitidos de manera fiel y correcta a la ciudadanía. Con ello se honra a generaciones de panameños de ascendencia china que, con su trabajo, esfuerzo y compromiso, contribuyeron al progreso y consolidación del país y continúan formando parte fundamental de su presente y su futuro. La Asociación China de Panamá agradece el interés mostrado sobre este tema y reafirma su compromiso con la preservación de la verdad histórica, la promoción del respeto a la memoria colectiva y el fortalecimiento del entendimiento mutuo. Atentamente, ASOCIACIÓN CHINA DE PANAMÁ * Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
7A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 Opinión de 1983, en el salón Compa Mida de Santiago de Veraguas. Era la mejor temperatura para el bautizo democrático de mayo de 1984 como abanderado del primer torneo electoral y para el cumplimiento de la orden de repliegue que pondría fin a la dictadura. Todos esos indicadores de popularidad del doctor Pérez Balladares no le fueron suficientes para alcanzar la cima de Tinajitas, donde las bases del proyecto político de Omar fueron aplastadas por “el que trató de replegarse”. Cuando calle 50 quedaba pintada de “pañuelitos blancos”, en el anfiteatro del Cuartel Central se desbordaba la temperatura con “¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!”, en la ruta autoritaria “del que trató de replegarse”. Destaco la opinión del mayor Felipe Camargo: “La visión de Noriega era crear un ejército para perpetuarse en el poder; en su momento no lo visualicé”. Las afirmaciones del expresidente no son consecuentes con su propio esfuerzo por el rumbo democrático ni con quienes perdieron la vida en una trágica orgía de balas, sangre y tortura en la masacre de Albrook ocurrida entre el 3 y el 4 de octubre de 1989. Todo lo que aquí expreso no es otra cosa que páginas de la historia que nos corresponde atesorar para que, con el devenir de la vida, el país no vuelva a pasar por las tragedias ya vividas. Recuerdo lo ocurrido en la sala de operaciones del G-3 E.M., aquel 16 de marzo de 1988, cuando un grupo de capitanes y mayores, conscientes del rumbo perdido que llevaba la institución, nos empeñamos en Hola, Panamá: perdimos la primera coa El Niño Como se había anunciado, en 2026 nuestro país recibió los efectos del fenómeno de El Niño, con la fuerza y magnitud pronosticadas. Como siempre, pocas actividades y planes previos de preparación se dieron. Los efectos y consecuencias negativas hoy afloran con multiplicidad, en diferentes formas, en todo el país y en todos los sectores de nuestra sociedad. Desde el desabastecimiento de agua del más recóndito acueducto rural, de simple funcionamiento por gravedad, hasta el sofisticado tránsito por el Canal de Panamá, con su moderno juego de esclusas, sufren los efectos del llamado popularmente fenómeno de El Niño. Todas estas situaciones, y muchas más, afectan negativamente a nuestro país, nuestra gente y nuestra economía. La escasez en la producción de alimentos es la que más me preocupa y en la que trato de profundizar en el presente. La producción agrícola en nuestro país se desarrolla en dos grandes segmentos: el mecanizado y el de cero y mínima labranza, o sea, el tradicional monte campesino, esparcido a todo lo largo y ancho de nuestra campiña interiorana. Por sus características ya enunciadas, no cuentan con tecnologías como riego, movimiento de tierras, fertilización, semillas mejoradas ni financiamiento. Se realizan con el conocimiento ancestral y la tradición transmitida de generación en generación, con base en la práctica y la costumbre, mediante la transmisión oral. Nadie sabe de forma precisa cuánto es la sumatoria productiva de estos miles de montes, porque no estamos en las páginas amarillas. Ni los gobiernos —por deber— ni el sistema económico se han preocupado nunca por contabilizar el aporte real de nuestros montes campesinos a la alimentación de nuestros pueblos. Sembramos arroz, maíz, frijoles, yuca, otoes, guineos, plátanos, ñame, guandú y otros. No recibimos orientación técnica ni créditos; por lo tanto, como dice nuestra gente, lo hacemos a pulmón. Acorde con la época de lluvias, dividimos nuestras siembras en dos coas, siendo la primera la que siempre suple inicialmente la escasez de junio y Julito (vocablo popular), que en esta ocasión, por efectos de la sequía, no tuvo producción. ¿Cómo cuantificar la enorme cantidad de productos que los miles de montes campesinos de cero y mínima labranza aportan a la seguridad alimentaria de la República de Panamá, como sí se hace con la producción mecanizada? “Hola, perdimos la primera coa” es un murmullo lacerante que no encuentra eco ni respuesta en los planes de apoyo gubernamental ante esta cruda realidad, porque no nos encuentran en las estadísticas. Por ende, el campesinado panameño volverá a sembrar la segunda coa —no queda de otra—, con la simple esperanza de que mejore la situación climática, sin que se contemple la más remota intención de asistencia técnica o económica, ni siquiera de semillas, que no hay, por parte del gobierno ni del sistema económico que nos rige. Volverán los machetes, coas y sembradoras a activarse, sin perder la esperanza. Me duele el Panamá profundo. El estatus tributario de la ACP y una sentencia histórica Decisión judicial La ACP no aceptó la orden y ejerció su derecho de interponer recurso de reconsideración ante la DGI. Un tiempo después me tocó decidir ese recurso, manteniendo la decisión. Aproximadamente en febrero de 2018 dejé el cargo y no le seguí la pista a este asunto. Por casualidad, años atrás, en un congreso tributario, escuché que la ACP había llevado ese caso en recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario y que habían confirmado la decisión de la DGI, es decir, que la ACP tenía que retener. Nunca he leído esa decisión. Hace unos días me compartieron la sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 25 de marzo de 2026, dictada en el caso 542982022, donde se evidencia que la ACP llevó el asunto a la Corte mediante una demanda de plena jurisdicción y que la decisión unánime del caso es la misma que hace una década dictaminó la DGI: que la ACP tiene que retener a sus proveedores no residentes en Panamá, como dice la ley, siendo solidariamente responsable por ello frente al fisco. Y que esa obligación es independiente del hecho de que la ACP no paga impuestos, asunto que se respeta. Según el art. 5, núm. 1, de la Ley 38/2000, en estos casos de plena jurisdicción, al existir intereses opuestos entre la Nación-Gobierno Central y una entidad autónoma como la ACP, es obligatorio que la Procuraduría de la Administración defienda los intereses del Gobierno Central, es decir, que debió defender a la DGI-MEF. Sin embargo, en la contestación de demanda de 8 de mayo de 2023, la Procuraduría defendió a la ACP. De haber triunfado las posiciones de la ACP y de la Procuraduría de la Administración, el resultado práctico hubiese sido que los proveedores de la ACP que no residen en Panamá no pagarían impuesto soPublio Ricardo Cortés El repliegue que nunca fue Dictadura militar Con mucha atención escuché en redes sociales el archivo Recordando a Noriega/Podcast PRD: raíces, presente y futuro. En dicho documento, el expresidente Ernesto Pérez Balladares hace señalamientos históricos sobre las extintas Fuerzas de Defensa y nos deja saber que Manuel Antonio Noriega “trató de replegarse”. En su comentario se refiere a quien fuera, en aquellos momentos aciagos, comandante de la institución, a quien presenta como el salvador de las Fuerzas de Defensa, opinión con la que no coincido. Omite, además, hechos que de ninguna manera pueden olvidarse, por tratarse de eventos que forman parte de nuestra historia reciente. ¿Se refiere el expresidente al comandante de la institución, un agente pagado al servicio de otra nación? Culminada la misión por el perfeccionamiento de la soberanía, aquel 7 de septiembre de 1977, el comandante Omar Torrijos nos hizo saber a los hombres de uniforme que había llegado el momento del repliegue a los cuarteles y que correspondía entonces encaminar al país hacia la democracia partidaria. Pareciera que el ambiente político vuelve a enmarañarnos con la conciliadora expresión “él trató de replegarse”. O ¿se trata de reagrupar a quienes, desde aquellas trágicas fechas, abandonaron el proyecto político de Omar y hoy están en desbandada? Los indicadores de popularidad del doctor Pérez Balladares estaban categóricamente altos desde aquel 23 de noviembre una misión que buscaba el relevo institucional del comandante Noriega. La misión no se alcanzó y, desde esa fecha hasta la trágica madrugada de la invasión, pagamos con nuestros huesos en la cárcel el precio de una verdad: “Si el comandante no se retira ahora, lo van a venir a buscar”. Y así exactamente fue, pese a las consignas de “¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!” y “¡Tenemos comandante hasta el 2000!”. El final estuvo cargado de momentos humillantes para el país y para el derrocado líder de la institución, quien, amargado y descontrolado, esperaba debajo de un puente el rescate que finalmente llegó para llevarlo hasta la Nunciatura Apostólica, camuflado con la sotana de un cura, que finalmente le sirvió para ponerse a salvo de las tropas que lo habían tenido en su planilla como agente encubierto. Más puntual no pudo ser el comandante Torrijos cuando se refirió al momento que vio venir: “No caigamos en lo que nos quieren hacer creer nuestros adversarios: a los militares, que la cosa anda mal por culpa de los civiles, y a los civiles, que la cosa anda mal por culpa de los militares. Cuando eso pase, prorrateamos la derrota”. Finalmente, hoy no son las falacias de un agente encubierto las que nos vuelven a golpear. Estamos silenciosamente observando el saqueo de la cosa pública, entre ello, los B/.31,000 millones que desde el año 2000 el Canal de Panamá ha aportado al Tesoro Nacional. Hoy no son las bayonetas. Es el silencio cómplice de quienes heredaron el compromiso político con Omar y callan frente a las tropelías contra la cosa pública, pero que en cada nueva elección lo buscan como motivador milagroso: “Omar vive, vive; la lucha sigue, sigue”. EL AUTOR es dirigente campesino. EL AUTOR fue capitán escolta de Omar Torrijos. EL AUTOR es abogado, experto en tributación y fue jefe de la Dirección General de Ingresos entre octubre de 2014 y febrero de 2018. Rubén Bernal bre la renta sobre los recursos que extraen de nuestro país. Eso sería no solo ilegal, sino también totalmente injusto para con los proveedores que residen en Panamá y que sí pagan sus impuestos. Afortunadamente, la Corte, en una sentencia final, evitó la injusticia y esto es histórico. Los ciudadanos debemos seguir muy pendientes del asunto. Porque si derogan o cambian la Ley 27 de 2015 para favorecer a los proveedores de la ACP que no residen en Panamá, se perdería todo el esfuerzo institucional coronado con esta excelente sentencia de la Corte. Esto es especialmente importante frente al proyecto de Río Indio. Tomando en cuenta la evidente debilidad jurídica de su caso, debemos asumir que, durante la década transcurrida, la ACP hizo las reservas contables correspondientes de las retenciones de impuestos sobre pagos a proveedores no residentes en Panamá. Esas reservas deben ser pagadas de inmediato a la DGI-MEF. Igualmente, deben retener y pagar a futuro. Otro tema importante: de acuerdo con la Constitución, la ACP hace aportes no tributarios al Tesoro por peajes y dividendos. La ACP no puede castigar esos aportes descontándoles las retenciones tributarias sobre pagos a proveedores no residentes en Panamá. Si la ACP castiga los aportes no tributarios, ello sería una tragedia nacional, porque significaría que la Hacienda quedaría asumiendo un impuesto que deben pagar los citados proveedores. Ese cargo no debe ser soportado ni por la ACP ni por el Tesoro Público. Esto está diseñado para que incremente los ingresos corrientes nacionales; el efecto neto de cero incrementos no es una opción. Aplaudo la sentencia de la Corte y hago un llamado respetuoso a la nueva administradora de la ACP para que preste atención al tema y se saquen las lecciones positivas de esta experiencia en beneficio del país. En 2015 se aprobó la Ley 27, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 263 del mismo año. A partir de allí quedaron obligadas todas las entidades del Estado a retener impuesto sobre la renta en los pagos a proveedores no residentes en Panamá. En ese entonces, quien esto escribe era el director general de Ingresos y me tocó aplicar la ley. Las entidades autónomas empezaron a cumplir. La ACP se negó. El argumento para no retener buscaba respaldo en que la ACP no pagaba impuestos y en el status de autonomía que la Constitución le concede. Jamás he entendido los argumentos de la ACP, porque nadie pone en duda su status constitucional. Lo que la ley sabiamente estableció es que los proveedores del Estado, no residentes en Panamá, se están beneficiando de una operación que ocurre en nuestro territorio y deben pagar impuestos por ello. Es algo normal. Exactamente igual que los proveedores del Estado que residen en Panamá y pagan sus impuestos. Como los no residentes no viven aquí y la DGI no los puede alcanzar, entonces las entidades públicas, incluyendo a la ACP, colaboran haciendo la retención. Lo mismo que desde siempre la ACP correctamente ha cumplido, realizando la retención en el salario del impuesto que pagan sus colaboradores, sin que eso signifique que la ACP está pagando impuestos. En ese momento conversamos con la ACP. Revisamos las cuentas. No hubo acuerdo. El 8 de agosto de 2016 ordené a la ACP pagar a la DGI aproximadamente 4 millones de dólares por las retenciones que debió hacer a sus proveedores no residentes en Panamá, desde la entrada en vigencia de la ley hasta la fecha de la resolución. Un protagonista de la crisis militar de 1988 cuestiona los señalamientos de Ernesto Pérez Balladares en el sentido de que Manuel Antonio Noriega intentó replegar las Fuerzas de Defensa. Milton Castillo Una sentencia de la Corte confirma que la autonomía tributaria de la ACP no la exime de retener impuestos a proveedores extranjeros. Las lecciones a futuro.
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