5A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 Panorama PH Marea 1, en Costa del Este. Alexander Arosemena El apartamento de $1.44 millones que enfrenta a la fiscalía y a Carrizo Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN La fiscalía sostiene que el inmueble forma parte del patrimonio que investiga, mientras Carrizo figura como beneficiario del 100% de las acciones de la sociedad propietaria. Está ubicado en el piso 29; tiene una extensión de 680 metros cuadrados con una imponente vista a la bahía de Panamá; dispone de cinco estacionamientos, y su precio de venta fue de $1.44 millones. Estas son las principales características del apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este, que es investigado como parte de la causa seguida al exvicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. Ahora mismo hay un conflicto con ese inmueble: fue aprehendido el 30 de junio de 2026 por la fiscal Patricia Herrera, pero el pasado 4 de septiembre, una juez de garantías suspendió dicha medida cautelar. La fiscal apeló. El apartamento está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya presidenta y representante legal es Julieta Spiegel Fernández, la esposa del exvicepresidente. No obstante, la Superintendencia de Sujetos no Financieros le confirmó a la fiscalía que el beneficiario único, del 100% de las acciones comunes de Nano Properties es Carrizo. Carrizo fue tesorero de dicha sociedad brevemente, en 2025. Ya renunció. Los cargos directivos los ocupan ahora familiares de Julieta Spiegel. El agente residente es la firma Spencer De León & Asociados. Antes estos asuntos los gestionaba la firma de Luis Acevedo Ureña, mano derecha del exvicepresidente. La compraventa La adquisición del inmueble se gestionó casi tres semanas después de que Carrizo se convirtiera en vicepresidente electo. El 24 de mayo de 2019, Adel Yaafar Chaín, en representación de Nano Properties Corp., y Julieta Spiegel, como vicepresidenta de la Fundación Carspi, firmaron un contrato de promesa de compraventa del 100% de las acciones de Nano. La transacción comprendía no solo la totalidad de las acciones, sino el apartamento del piso 29 del PH Marea 1. El precio pactado fue de $1.44 millones, aunque en el Registro Público el apartamento aparece con un valor declarado de $454,805: $107,561.50 por el “terreno” y $347,243.50 por las “mejoras”. El 18 de junio de 2019 -cuando no había transcurrido ni un mes de la compraventa- se inscribió en el Registro Público una escritura en la que se cancelan los gravámenes hipotecarios. En el Registro Público no consta que sobre el apartamento pese alguna hipoteca. La fiscalía sospecha ahora que ese inmueble fue adquirido con fondos que Carrizo no ha podido justificar. La fiscal Herrera ordenó la aprehensión del bien a través de la Resolución No.468 del 30 de junio de 2026, pero la defensa de Carrizo alega que el inmueble fue adquirido con fondos del patrimonio familiar de Carrizo, en concreto, de su esposa Julieta. Una auditoría forense de Contraloría encontró que mientras ejerció como vicepresidente y ministro de la Presidencia (este último cargo entre el 1 de julio de 2019 y el 2 de febrero de 2023), Carrizo obtuvo ingresos “de fuentes conocidas” por un monto de $7.1 millones. No obstante, la auditoría determinó que el exfuncionario gastó $9 millones, por lo que hay poco más de $1.9 millones sin justificar. Efectivo y operaciones ‘cruzadas’ La fiscal sostiene que la cautelación del apartamento es una medida razonable y necesaria. “Existen movimientos financieros complejos, cierre de productos bancarios, retiro de fondos y riesgo objetivo de reorganización patrimonial, circunstancias que hacen indispensable la inmovilización provisional de los bienes identificados”, apuntó Barrera en la Resolución 468. También mencionó que el informe de auditoría reveló un patrón financiero caracterizado por el uso de múltiples cuentas bancarias, operaciones cruzadas entre distintos “productos financieros”, transferencias internas, manejo “intensivo” de efectivo y utilización constante de tarjetas de crédito. Este comportamiento “evidencia un conocimiento especializado sobre la administración de sus activos y facilita la posibilidad de dispersarlos con rapidez”. La cautelación del apartamento -advirtió la fiscalía- no implica la pérdida definitiva del inmueble ni una sanción anticipada, “sino una limitación cautelar provisional destinada a preservar la integridad del proceso, proteger los intereses del Estado y garantizar el eventual comiso o decomiso que corresponda”. A Carrizo se le formularon cargos por presunto enriquecimiento injustificado el pasado 28 de enero y se le aplicó una medida cautelar de arresto domiciliario. Tras la cautelación del apartamento, la defensa de Carrizo solicitó una audiencia para exigir el levantamiento de la medida cautelar. En esa audiencia, la juez de garantías Karolina Jaén determinó que la fiscalía no había logrado establecer que el inmueble hubiese sido adquirido con fondos provenientes de un supuesto enriquecimiento injustificado. Esta decisión fue apelada por la fiscalía, que insiste que Carrizo pudo adquirir el bien con fondos obtenidos del enriquecimiento injustificado. La audiencia de apelación será el 23 de septiembre. El futuro de este inmueble motivó la suspensión de la audiencia de acusación a Carrizo que debía celebrarse el lunes 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque a la misma se presentó Carlos Carrillo, como abogado de Nano Properties Corp. La juez de garantías consideró conveniente esperar el resultado de la audiencia de apelación del 23 de septiembre, porque si ahí se confirma que el apartamento del PH Marea 1 debe ser liberado, entonces ya Nano Properties no tendría ninguna justificación para ser parte en la audiencia de acusación. Frank Abrego, ministro de Seguridad. Cortesía Defensa rechaza versión de Ábrego sobre motivos del traslado de Lee, Lynch y Salazar a Coiba POLÉMICA Juan Manuel Díaz [email protected] La defensa de los imputados Ale Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar negó que sus clientes hayan solicitado ser enviados a un pabellón controlado por pandilleros de la cárcel Nueva Esperanza, tal como aseguró el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Inicialmente se conoció que Lee, Lynch y Salazar fueron enviados a una prisión en Coiba, ubicada en una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por motivos de seguridad. Sin embargo, Ábrego y el propio presidente José Raúl Mulino han sugerido una posible vinculación con pandillas de Colón. Marco Antonio Valdés, uno de los abogados de Lee, dijo desconocer esa información. Señaló que le “extrañan” las declaraciones de Ábrego y aseguró que en ningún momento existió una petición en ese sentido. Explicó que Lee, Salazar y Lynch se encontraban en un sector de la cárcel Nueva Esperanza conocido como la “clínica” y que allí hay privados de libertad que no están relacionados con pandillas. Valdés dijo desconocer de dónde surgió esa información y señaló que los tres detenidos se encuentran a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus presentado ante el Órgano Judicial. También dijo haber solicitado una audiencia de afectación de derechos fundamentales de los tres procesados, ya que ninguno de ellos ha sido condenado, a diferencia del resto de los reos que se encuentran en Coiba. Además, detalló que en la isla de Coiba solo hay internos condenados por delitos de pandillerismo, tráfico de drogas y homicidio, mientras que Salazar, Lee y Lynch están imputados por delitos contra la administración pública y no tienen condena. En el programa Debate Abierto, transmitido el pasado domingo por Telemetro Canal 13, Ábrego expresó que Lee, Salazar y Lynch solicitaron ser trasladados a un sector de la cárcel Nueva Esperanza donde se ubica una de las pandillas más poderosas de la provincia de Colón. El ministro de Seguridad puntualizó que los tres habían recibido algún tipo de amenaza y que, ante ese escenario, se decidió trasladarlos a la cárcel del Senan ubicada en Coiba. Ábrego reconoció que en Coiba se mantienen detenidas 29 personas consideradas cabecillas de las principales pandillas que operan Asamblea insiste y aprueba polémica ley de arrecifes coralinos LEGISLATIVO Getzalette Reyes [email protected] El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer −por insistencia− el proyecto de ley No. 571, que modifica las normas de protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas. La votación quedó de la siguiente forma: 50 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. El aval de este proyecto se dio pese a la objeción por inexequibilidad (la incompatibilidad de una disposición legal con la Constitución) presentada por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Hay que recordar que el polémico proyecto de ley fue presentado por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson. en el país y que su traslado a esa cárcel obedece a que en la isla no existe señal telefónica ni hay población, con lo que se busca reducir la posibilidad de que impartan órdenes a los miembros de sus organizaciones. Según Ábrego, el objetivo es eliminar la comunicación entre los líderes de las pandillas y evitar que sigan controlando sus actividades desde la cárcel. No obstante, indicó que a los reos se les permite comunicarse de manera digital con sus abogados y familiares. Lee, Lynch y Salazar se encuentran bajo investigación por el presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El exalcalde Lee fue imputado por el delito de peculado por hechos relacionados con su gestión como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón. La fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la AND para la ejecución de programasdeinteréssocial, por un monto de $1 millón. Mientras tanto, Lynch y Salazar también son procesados por el presunto manejo irregular de $6 millones provenientes de fondos de la descentralización y destinados a obras sociales.
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