2A La Prensa Panamá, martes 8 de septiembre de 2026 El contralor Anel Flores en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Cortesía de la Asamblea Nacional Contraloría: 601 auditorías se han enviado al Ministerio Público José González Pinilla [email protected] INFORME Las auditorías realizadas por la Contraloría han derivado en cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones, según reveló el contralor Anel Flores. El contralor general de la República, Anel Flores, informó que las auditorías realizadas hasta la fecha por la entidad han derivado en cautelaciones y secuestros preventivos de bienes por cerca de $50 millones. Flores, quien acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de la entidad, explicó que, al asumir el cargo en enero de 2025, encontró 1,091 solicitudes de auditoría pendientes. De ese total, dijo, unas 615 ya fueron evacuadas y 476 permanecen en proceso. A estas se suman 841 nuevas solicitudes recibidas durante 2025 y 2026, de las cuales 601 han sido remitidas al Ministerio Público (MP). Una buena parte de estas investigaciones está relacionada con el manejo de fondos de la descentralización asignados a representantes de corregimiento durante la administración pasada (2019-2024). A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis un total de 72 informes de auditoría relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la denominada descentralización paralela. Dichas investigaciones, indicó la fiscalía, han permitidolaimputacióndecargos a 99 personas, las dos últimas el pasado 7 de agosto. Datos oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin sustento a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). Lesión patrimonial La cifra de las cautelaciones surgió luego de una pregunta del diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, sobre el monto de la posible lesión patrimonial detectada en las auditorías concluidas. Flores advirtió que no es posible establecer con precisión el perjuicio económico total, debido a que en investigaciones de “alto perfil” algunos exfuncionarios presuntamente habrían utilizado testaferros o registrado bienes a nombre de familiares. “Lo que nosotros hemos cautelado, yo creo que estamos llegando a los 50 millones más o menos”, respondió el contralor. Flores también aprovechó el momento para explicar qué entiende por funcionarios de “alto perfil”. Dijo que utiliza esa categoría para referirse a personas que ocuparon cargos con mando y jurisdicción públicamente notorios y que, según las investigaciones, “cambiaron su vida radicalmente” después de entrar y salir del Estado. Sin embargo, indicó que las auditorías de la Contraloría no se limitan a esos casos. “Estamos haciendo auditoría a todo nivel”, sostuvo. Freno a la compra de vehículos Durante la misma sustentación, Flores anunció otra medida relacionada con el control del gasto público: la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las entidades del Estado, salvo aquellos casos que respondan a una “urgencia notoria”. El contralor informó que firmó una nota que será remitida al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y explicó que la decisión busca poner freno a las adquisiciones mientras se analiza cómo el Estado administra y mantiene su flota vehicular. Según Flores, el Estado cuenta con unos 32,000 vehículos, de los cuales calcula que alrededor de 5,000 podrían estar convertidos en chatarra. Atribuyó parte del problema a la falta de talleres y a los trámites burocráticos que retrasan las reparaciones, provocando que automóviles con desperfectos menores permanezcan meses fuera de circulación hasta deteriorarse. Flores indicó que la Contraloría también realiza análisis financieros para determinar si resulta más conveniente para el Estado comprar o alquilar vehículos, tomando en cuenta los costos de mantenimiento, seguros y disponibilidad de las unidades. El tema surgió durante las preguntas de los diputados José Pérez Barboni, Yamireliz Chong y Luis Duke. Chong advirtió sobre diferencias en los precios que distintas instituciones pagan por el alquiler de vehículos similares y cuestionó el uso de automóviles oficiales y de placas encubiertas. Flores aseguró que la Contraloría ha comenzado a reducir estas últimas. Ante una pregunta de Duke sobre si la suspensión sería vinculante para las instituciones, Flores recordó que la Contraloría tiene en sus manos el refrendo de esas adquisiciones. “En efecto, si no se refrenda la compra, no hay contrato de compra”, señaló. “Simplemente no hay carro nuevo”, remarcó. Presupuesto El contralor sustentó un presupuesto para 2027 por el orden de $145 millones. Explicó que inicialmente habían solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de $149.9 millones, pero la recomendación presupuestaria representó un recorte de $4.9 millones. Esa disminución, dijo, afectó principalmente el renglón de funcionamiento. El presupuesto de inversión, de $2.6 millones, se mantuvo “intacto”. Según los datos presentados por Flores, la Contraloría también ha reducido los tiempos de refrendo: de 266 días en 2024 pasaron a 3.5 días. Mientras tanto, el tiempo de las gestiones de cobro pasó de 188 días a 3.8 días. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom 1 diputado 1 diputado Circuitos electorales en Bocas del Toro: ¿Qué cambia? Actualidad 1 circuito plurinominal Con la reforma 2 circuitos uninominales 1-1 1-2 2 diputados Circuitos electorales en Chiriquí: ¿Qué cambia? Actualidad 2 circuitos plurinominales Con la reforma 6 circuitos uninominales 9 diputados 1 circuito plurinominal 4-1 (David) 3 diputados 4-2 (Barú) 4-3 (Bugaba) 4-4 (Alanje y Boquerón) 4-5 (Renacimiento y Tierras Altas) 4-6 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-7 (Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Féliz) 1 diputado por circuito 4 circuitos uninominales 4-2 (Barú) 4-4 (Alanje, Boquerón y Renacimiento) 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-6 (Remedios, San féliz, San Lorenzo y Tolé 4-1 (David): 3 diputados 4-3 (Bugaba y Tierras Altas): 2 diputados La reconfiguración del mapa electoral entrará a discusión en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno convocó a sus miembros para este miércoles 9 de septiembre para el primer debate del proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral (TE) que redibuja los circuitos para la elección de diputados. Los comisionados fueron citados para las 10:00 a.m. en el auditorio Carlo ‘Titi’ Alvarado. Luis Eduardo Camacho, diputado y secretario de la comisión, adelantó que el proyecto de ley 700 sobre los circuitos electorales será el primero en ser discutido, antes de abordar la propuesta de ley 699 que reforma el Código Electoral. La iniciativa del TE, presentada el pasado 31 de agosto, aumenta el número de circuitos de 39 a 41. El numero de diputados se mantiene en 71. El documento establece, además, que habrá 30 circuitos uninominales, seis más que los 26 actuales, y 11 plurinominales. Actualmente existen 13 circuitos plurinominales. El rediseño implica cambios importantes en la representación de varios distritos. En San Miguelito, por ejemplo, que es el circuito 8-2 pasaría de elegir siete diputados a seis. En tanto, el 8-3, que incluye los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, pasaría de cinco a cuatro diputados. El circuito 8-4, integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, también perdería una curul y pasaría de cinco a cuatro diputados. El proyecto sostiene que la Constitución Política obliga a ajustar la distribución de los circuitos con base en la cantidad de electores registrados y no en el número de habitantes. Camacho, quien representa a San Miguelito en la Asamblea, considera que la discusión debe abrirse en el primer debate para que participen todos los sectores, pero cuestiona que los cambios no se apliquen de manera uniforme. Según dijo, existen circuitos que no alcanzan el mínimo de electoComisión de Gobierno inicia debate sobre reconfiguración de circuitos electorales ‘CÓDIGO ELECTORAL’ res requerido y que, a su juicio, deberían fusionarse con otros. “Hay que aplicarlo para todos”, dijo Camacho al referirse a la reorganización de los circuitos. Sobre la otra propuesta que también está en la agenda de la comisión, la reforma al Código Electoral, el diputado adelantó poco, aunque dejó una frase como antesala de lo que vendría: dijo que al proyecto se le aplicará “el bisturí”. La Comisión de Gobierno la preside el diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, quien además es un opositor declarado de las candidaturas de libre postulación. El proyecto 700 de los circuitos toca directamente a Bocas del Toro, su provincia. La iniciativa propone dividir el actual circuito 1-1, que hoy elige dos diputados, en dos circuitos uninominales, uno para Changuinola y otro para el resto de la provincia. Para la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos e integrante de la Comisión de Gobierno, se avecina una discusión importante sobre la propuesta de reconfiguración de los circuitos. Señaló que la Constitución ordena realizar estos ajustes y que las proyecciones y cálculos utilizados por el Tribunal Electoral para redibujar el mapa político deben ser discutidos a fondo. Brenes dijo que, si bien algunos cambios son “consecuentes”, especialmente en San Miguelito, donde se reduce una curul, existen otros que generan dudas, como los circuitos de Bocas del Toro y Chiriquí que pasarían de plurinominales a uninominales. A su juicio, esto podría reducir las opciones para los candidatos independientes, ya que en un circuito plurinominal pueden competir mediante una lista, mientras que en uno uninominal solo se disputa una curul. “Se le está quitando una oportunidad a los candidatos independientes”, dijo. En ese sentido, sostuvo que en la discusión se debe garantizar que todos los aspirantes puedan participar en condiciones de igualdad. “Hay que tratar de que todo el mundo, democráticamente, pueda correr en igualdad de condiciones”, añadió. José González Pinilla [email protected]
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