1A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 20 de abril de 2026 - Año 45 - Nº 15357 Hoy por hoy El juicio que inicia hoy por el caso de la “máquina pinchadora” no solo reabre un expediente judicial; también vuelve a poner en evidencia una deuda pendiente con la verdad. Han pasado más de 12 años desde que se denunció el uso ilegal de equipos estatales para interceptar comunicaciones de opositores, dirigentes sociales y ciudadanos en general. El tiempo, lejos de cerrar heridas, ha operado como un aliado de la impunidad que rodea estos hechos. Lejos de aclarar lo ocurrido, ha erosionado pruebas, diluido responsabilidades y debilitado la confianza en la justicia. No hay mayor controversia sobre la existencia de las escuchas ni sobre la participación de quienes operaban el sistema. Lo que falta —y probablemente seguirá faltando— es una reconstrucción completa de cómo y por orden de quién se ejecutó esta práctica. La expectativa de que los acusados aporten detalles es baja, sobre todo por las conexiones políticas que rodean su defensa. Esa ausencia de verdad no es neutra. Refuerza la sospecha de que no se trató de hechos aislados, sino de un engranaje estatal. Cuando el poder se utiliza para vigilar al ciudadano, el daño trasciende lo judicial: erosiona la democracia. Ellas.pa Clima y fertilidad, ¿se relacionan? 6B ‘Flag football’: Al final Panamá se quedó con la plata 5B Deportes Panorama ¿Qué pasará con el paquete de reformas electorales? 3A Economía Reanudan licitación para renovar la Plaza 5 de Mayo 2B ‘El Presidente tiene la última palabra’: Brea Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PLAFORMAS DIGITALES El Decreto 10 del 16 de abril de 2026 desató críticas y presión multisectorial, llevando la decisión final al presidente José Raúl Mulino, en un escenario marcado por tensiones. En medio de las críticas y de la decisión del Ejecutivo de revisar a partir de hoy el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, la regulación de las plataformas digitales de transporte ha escalado a un tema de alto voltaje político. A este escenario se suma la reacción a este medio del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrrestre (ATTT), Nicolás Brea, quien, al defender la medida, subrayó que “el presidente tiene la última palabra”, dejando la decisión final en manos del mandatario. Lo que se presentó como un intento de ordenar un mercado en expansión terminó generando cuestionamientos de usuarios, conductores y sectores empresariales, que advierten riesgos en su aplicación. La exigencia de certificados de operación y la obliLuz verde a templos con fondos públicos, pero con reglas La Procuraduría de la Administración determinó que los municipios pueden invertir fondos del IBI en infraestructura religiosa, siempre que exista consulta ciudadana y alineación con planes distritales. VEA 2A Crudo venezolano se encamina a una recuperación gradual La recuperación petrolera de Venezuela, impulsada por la flexibilización de sanciones, proyecta mayores precios y producción, mientras abre oportunidades logísticas y financieras para Panamá. VEA 1B Biomuseo Décima Marcha por la Ciencia La décima Marcha por la Ciencia reunió a investigadores, estudiantes y familias en el Biomuseo, en Amador, para promover la ciencia como motor sostenible del país. La jornada incluyó exhibiciones, charlas y actividades interactivas, destacando la importancia de basar decisiones públicas en evidencia científica y fortalecer el vínculo entre conocimiento y sociedad. Cortesía: Senacyt gación de vincularse con prestatarias han reavivado el debate sobre si el país está trasladando las reglas del sistema tradicional a un modelo alternativo. Según datos disponibles, existen más de 80 mil certificados de operación distribuidos en unas 1,200 prestatarias, lo que evidencia el peso de este esquema. “A todas luces, esto se perfila como un negocio para las prestatarias del transporte”, señaló el diputado Nefatlí Jaén. VEA 4A La muerte de una madre y su recién nacida por tuberculosis en Panamá evidencia fallas en la atención materna y en el acceso oportuno a servicios de salud. El caso, documentado en la revista Pediatric Pulmonology, expone retrasos en el diagnóstico, escasos controles prenatales y brechas persistentes en regiones vulnerables. Especialistas advierten que la enfermedad, aunque prevenible y tratable, sigue siendo una amenaza cuando el sistema sanitario no logra llegar a tiempo. VEA 8A SALUD PÚBLICA Muerte por tuberculosis revela fallas en atención Tras 12 años, Ronny Rodríguez y William Pittí enfrentan juicio por equipo de escuchas Tras permanecer 12 años prófugos, Ronny Rodríguez y William Pittí comparecen a juicio -a partir de las 9:00 a.m. de este lunes- por la desaparición de equipos usados para escuchas ilegales durante el gobierno de Ricardo Martinelli, en un caso que revive denuncias de espionaje y cuestionamientos sobre la demora en la justicia. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Tanto los gobiernos locales como el Ejecutivo han destinando recursos públicos a la mejora de iglesias en los últimos años.. Archivo Procuraduría avala uso de fondos públicos en templos religiosos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES La respuesta de la Procuraduría de la Administración surge tras una consulta elevada por la Asociación de Municipios de Panamá. En un reciente pronunciamiento que clarifica el alcance del uso de los fondos de descentralización, la Procuraduría de la Administración determinó que los gobiernos locales pueden invertir legalmente recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en proyectos de infraestructura religiosa. La respuesta, emitida el 30 de marzo de 2026, surge tras una consulta elevada por la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), interesada en conocer si la mejora de templos y centros de culto encaja dentro de las competencias de inversión pública local permitidas por el marco legal vigente. El sustento jurídico de esta decisión se encuentra en la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015. Específicamente, el artículo 112E de dicha normativa habilita de forma explícita el uso de estos recursos para la “construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, artísticas y religiosas”, validando así este tipo de obras dentro del catálogo de inversiones permitidas en el marco legal de la descentralización. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el uso de estos fondos públicos no es discrecional y exige el cumplimiento estricto de la participación ciudadana. Según el artículo 136-D de la citada ley, la “consulta ciudadana” es un requisito indispensable para que los proyectos sean seleccionados, lo que asegura que las obras respondan a las necesidades reales de los residentes. Esto implica que la mejora de una infraestructura religiosa no puede ser una decisión unilateral del alcalde o del representante de corregimiento, sino que debe contar con el respaldo y la aprobación previa de la comunidad. Además del respaldo comunitario, los proyectos deben estar alineados con los instrumentos de planificación territorial y con el Plan Estratégico Distrital. La Procuraduría enfatizó que la Autoridad de Descentralización juega un rol clave como ente responsable de coordinar, evaluar y monitorear la ejecución de estas obras. En conclusión, la entidad consideró que es jurídicamente viable la ejecución de estos proyectos, siempre que mantengan un carácter comunitario, cultural o social. No obstante, el procurador encargado, José Alberto Álvarez Valdés, aclaró que este criterio constituye una opinión consultiva orientadora para los servidores públicos y no representa un pronunciamiento de fondo ni una posición vinculante definitiva. El debate Con anterioridad, y en un intento por cerrar espacios a la discrecionalidad en el uso de fondos públicos, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) emitió una directriz dirigida a alcaldes y representantes de corregimiento, en la que fija límites claros sobre el uso de recursos provenientes del IBI y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) en proyectos vinculados a infraestructuras religiosas. El lineamiento se sustenta en el manual de procedimientos de la Contraloría General de la República, que obliga a verificar que toda inversión pública se ejecute exclusivamente en predios propiedad del Estado. En consecuencia, la AND dejó claro que estos fondos no pueden destinarse a terrenos privados, cerrando así una práctica que había generado cuestionamientos. La restricción apunta a asegurar que las obras financiadas con recursos públicos permanezcan como patrimonio colectivo y no terminen beneficiando intereses particulares. El meollo del asunto radica en que, en algunos casos, los terrenos sobre los cuales se construyen estas estructuras son donados por residentes de la comunidad, es decir, siguen siendo de carácter privado. Se trata de una situación similar a la de muchos centros escolares del país, que operan sobre terrenos particulares y que, en la práctica, pueden tardar décadas en ser traspasados formalmente al Estado. El comunicado enviado por la AND a los gobiernos locales también señala que la Conferencia Episcopal Panameña, tras reuniones sostenidas con la entidad, coincidió en que los fondos de descentralización deben priorizar el impacto comunitario por encima de la infraestructura eclesiástica. Además, estableció que no se permitirá la ejecución de obras en propiedades de la Iglesia sin la autorización expresa de su representación legal, lo que introduce un filtro adicional de control. Tras permanecer 12 años prófugos, los exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Ronny Rodríguez y William Pittí comparecerán hoy lunes a juicio por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de equipos adquiridos por la administración del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (20092014) para efectuar escuchas telefónicas ilegales. En diciembre de 2014 el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo), pero no fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y accedieron a presentarse a juicio. El equipo fue comprado durante la administración de Martinelli a la empresa MLM Protección por un valor de $13.4 millones que, según la investigación del Ministerio Público, era operado por Rodríguez y Pittí en un cuarto del edificio 150 del CSN ubicado en Quarry Heights. El equipo fue adquirido a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), que en esa época estaba dirigido por Giacomo Tamburelli (fallecido), quien recibió una condena de 10 años de prisión por este caso. En este proceso también fue condenado el exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, pero un fallo de la Sala Penal de la Corte revocó dicha sanción. El caso Tras la derrota del partido Cambio Democrático (CD), manejado por Martinelli, en las elecciones de mayo de 2014, un testigo protegido aseguró que Rodríguez y Pittí recibieron órdenes de desaparecer los equipos usados por el CSN para espiar a unas 150 personas que eran adversas al gobierno. Los agentes Júbilo Graell y Javier Quiroz narraron en detalle toda la operación que implicó el traslado de la máquina desde el edificio 150 en Ancón —sede del CSN— hasta las oficinas del supermercado Super 99 de Monte Oscuro, y afirmaron que fue la última vez que vieron el equipo. GraellyQuirozdeclararon que su entonces jefe, Ronny Rodríguez —Didier—, les ordenó transportar el aparato, para lo cual usaron un vehículo que estaba a su disposición: una Toyota Hilux blanca. Durante la investigación El juicio por la pérdida de la máquina pinchadora comienza este lunes ESPIONAJE ILEGAL desarrollada por el Ministerio Público, nunca se pudieron recuperar los equipos que, según varios testigos, fueron usados para escuchar a dirigentes políticos, sindicalistas, miembros de la sociedad civil y estudiantes opositores al gobierno. El próximo 29 de abril, Rodríguez y Pittí deberán enfrentar un segundo juicio, esta vez por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. En este caso, el Juzgado Primero Liquidador fijó un edicto y notificó a los 15 querellantes sobre la fecha del juicio, para que comparezcan al proceso y sus abogados puedan presentar pruebas. En el edicto No. 278, fijado el pasado 26 de marzo, el juzgado notificó al asesor presidencial Miguel Antonio Bernal; a la exdiputada Zulay Rodríguez y su esposo Álvaro Testa; al dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens; y al expresidente Ernesto Pérez Balladares. En la lista de querellantes también figuran la secretaria general del PRD, Balbina Herrera; el también perredista Francisco Sánchez Cárdenas; Bernabé Pérez; el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el exdirector del CSN, Rolando López; la dirigente magisterial Yadira Pino; el abogado Rosendo Rivera; y el periodista Rubén Polanco. Asimismo, aparecía el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, pero su abogado, Franklin Amaya, envió una nota al juzgado en la que asegura que el ministro no es parte de ese caso. Moltó compareció como testigo de la Fiscalía en el juicio seguido al expresidente Martinelli por este caso, en el que fue declarado no culpable. Juan Manuel Díaz [email protected] William Pittí y Ronny Rodríguez. Plumilla elaborada con IA a partir de fotos FE DE ERRORES En la nota titulada ‘Solo 78 planes de estudios universitarios presentados en el 2025 han sido aprobados’, publicada el 11 de abril de 2026, se informó que “el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, advirtió que el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 52 de 2015 (que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria) y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado retrasos de entre uno y tres años en la aprobación de programas académicos. Esta situación, señaló, genera incertidumbre en el sector y coloca a Panamá en desventaja frente a otros países de la región”. Se debió precisar que esa información fue dada a conocer por el expresidente de la Auppa en septiembre de 2025 en una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino.
3A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Panorama Comisión de Reformas Electorales 2026. Cortesía/TE TE no enviará aún reformas: aguarda la nueva legislatura José González Pinilla [email protected] REGLAS DEL JUEGO 2029 El proyecto de reformas electorales avanza, pero su trámite dependerá del nuevo equilibrio político en la Asamblea y de quién controle la Comisión de Gobierno, ahora liderada por Luis Eduardo Camacho. Al cumplirse mes desde que concluyeran las discusiones en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el paquete de modificaciones al Código Electoral aún no ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional. ¿La razón? Aunque el Tribunal Electoral (TE) confirmó que el documento ya se encuentra en fase de análisis técnico, la institución ha optado por esperar un escenario político más favorable antes de remitir formalmente el proyecto de ley al Órgano Legislativo. De acuerdo con el TE, actualmente “una comisión técnica está analizando todo el paquete de reformas electorales para luego remitirlo al Pleno del Tribunal Electoral para su revisión y estudio”. Dicho pleno está integrado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá. Solo después de esa etapa, la institución tiene previsto proceder con la presentación del documento ante el Palacio Justo Arosemena. Sin embargo, el envío no ocurrirá de inmediato, sino en la próxima legislatura (a partir del 1 de julio de 2026), cuando se instale una nueva junta directiva en el Parlamento, confirmó el TE. La decisión también ocurre en medio de cambios institucionales. Hace apenas unos días, la Asamblea eligió como nuevo magistrado del TE al abogado Jaime Barroso, exmiembro del Partido Panameñista, quien asumirá el cargo a partir de enero de 2027. Votaron a favor de Barroso la bancada oficialista Realizando Metas —partido de Ricardo Martinelli—, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Revolucionario Democrático y tres diputados de la bancada independiente Vamos: Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego. Aunque su entrada será posterior, el movimiento marca un reacomodo dentro del propio Tribunal en momentos en que se terminan de afinar las reglas del sistema electoral. A la vez, el Tribunal parece estar calculando el pulso político del Legislativo. Actualmente, el diputado panameñista Jorge Herrera preside la Asamblea Nacional, pero en el inicio del tercer año de sesiones ordinarias el 1 de julio deberá escogerse una nueva junta directiva. El periodo legislativo es de cinco años, por lo que la elección de esa directiva es considerada por diversos sectores del país como determinante para definir la agenda política y legislativa de lo que resta del quinquenio. La decisión de esperar tendría implicaciones directas en la ruta del proyecto en la Asamblea. Si el documento se presenta en la siguiente legislatura, podría coincidir con un cambio en la presidencia de la Comisión de Gobierno, actualmente encabezada por el diputado Luis Eduardo Camacho (RM), instancia clave para el primer debate de las reformas. Esa comisión será el primer filtro para un paquete de cambios al Código Electoral que, por lo general, suele generar fricciones entre partidos políticos, independientes y la sociedad civil organizada. Durante el cierre de la CNRE, el pasado 12 de marzo, el magistrado del TE, Narciso Arellano, insistió en que la intención de la entidad es remitir un proyecto que refleje en gran medida el consenso alcanzado en la mesa de discusión, pero advirtió que no enviarán propuestas que sean contrarias a la Constitución o a fallos judiciales. “La intención es que lo que salga de esta mesa sea lo que se lleve como proyecto a la Asamblea”, expresó Arellano. Sin embargo, reconoció la realidad política del trámite legislativo: “Al final en la Asamblea van a hacer ustedes mismos lo que van a decidir, y eso me lo han dicho ustedes también bastantes veces”, dijo ante la mesa, en la que están presentes representantes de los partidos y del legislativo. El magistrado también dejó claro que el TE no está dispuesto a respaldar artículos que puedan ser cuestionados jurídicamente. “No vamos a mandar nada que sea ilegal, inconstitucional o contrario a una sentencia de una Corte Suprema”, dijo, al tiempo que señaló que el margen de coincidencia entre lo que se discute en la CNRE, lo que el TE presenta y lo que finalmente aprueba la Asamblea ha ido disminuyendo con el paso de los años. El paquete de reformas incluye temas sensibles que han generado debate desde el inicio del proceso. Entre los puntos señalados por actores como el diputado Jorge Bloise se encuentran la figura de la renuncia tácita para quienes firman en respaldo a candidaturas por libre postulación, cambios al mecanismo de votación en circuitos plurinominales y la reducción o no del financiamiento público electoral —que en las próximas elecciones podría ser de $158.6 millones, es decir, $49.6 millones más que los$109 millones asignados en 2024—. También está el fuero electoral, la revocatoria de mandato y el nuevo proceso para la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para las próximas elecciones de 2029, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara en 2025 como inconstitucional el modelo anterior por considerarlo antidemocrático y contrario a la Carta Magna.
4A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez B. [email protected] TERROR. La semana pasada circularon imágenes de la supuesta información hackeada —o secuestrada— de la Caja de Seguro Social (CSS). La publicación se habría hecho en la deep web, aunque también hubo rumores de que la CSS pagó por recuperar la data. Ni una ni otra son buenas noticias, si es que ocurrieron, pero la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de todo el Gobierno quedó plenamente demostrada. Sin embargo, lo que realmente pondría a temblar a los funcionarios es lo que le pasó al computador de Jimmy Papadimitriu cuando era ministro de Martinelli. El alcance de ese hackeo llegó hasta bancos de Andorra. HIPOTECAS. Y, hablando del expresidente condenado por blanqueo de capitales, un comentario suyo en “X” revela su complacencia con la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, lo que hace pensar que ese era su candidato, hecho que se confirmó con el apoyo en bloque de su bancada en la Asamblea Nacional. Ahora le debemos no uno, sino dos funcionarios de alto perfil: Ángela Russo (Defensoría del Pueblo) y Jaime Barroso. Ambos llegan con sus puestos hipotecados. ¿Dudas? Que Mulino lo niegue. ACLARACIÓN. En su comentario, el prófugo quiso hacer una suerte de emulación de la ceremonia de muerte que llevaban a cabo los samuráis para recuperar el honor perdido. Aunque harakiri y seppuku significan lo mismo, el ritual tradicional —solo para sacarlo de su ignorancia— es el seppuku, y no se hace con un sable —seguramente refiriéndose a la katana—, sino con una daga, que el samurái coloca debajo de su katana. Su ridículo esfuerzo para fastidiar no serviría ni para hacer comedia en el kabuki. JUGADA. Aunque en Panamá no ha trascendido, en Chile es un escándalo. Se trata de la designación — por parte del presidente José Antonio Kast— del nuevo embajador de Chile en Panamá, Ricardo Rincón. Numerosas publicaciones en redes sociales afirman que este individuo enfrenta o enfrentó procesos por violencia familiar o, específicamente, por agredir a su pareja. Dicen, además, que es una movida genial, pues Rincón va al país donde Kast es señalado como poseedor de estructuras para evadir impuestos en Chile. Y, como este es el paraíso de la sinvergüenzura, Rincón no tendrá problemas en El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea. LP Brea insiste en que era necesario regular plataformas digitales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] POLÉMICA Más de 80 mil certificados y unas 1,200 prestatarias reavivan el debate sobre un sistema cuestionado, donde el acceso al servicio se ha convertido en un negocio millonario. El Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 nació, aparentemente, como una medida técnica para regular las plataformas tecnológicas de transporte, pero en pocos días se convirtió en una bola de nieve de críticas y presiones. El descontento de conductores, empresarios y usuarios escaló hasta el Ejecutivo, lo que obligó al presidente José Raúl Mulino —quien firmó la norma— a anunciar su revisión este lunes. “No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, afirmó, en un intento por contener la creciente polémica. La Prensa consultó al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, para conocer qué hay detrás de esta medida, quien defendió el alcance de la iniciativa como una herramienta para “poner orden” en un mercado que, a su juicio, ha crecido sin controles claros en los últimos años. También se le preguntó sobre los planteamientos del mandatario, y Brea remarcó la jerarquía institucional: “El presidente es mi jefe y tiene la última palabra”. Aun así, insistió en que el contenido del decreto está sustentado en un proceso técnico previo. El funcionario planteó que el objetivo central de la regulación es corregir distorsiones en el mercado sin afectar el modelo de negocio de las plataformas. “Lo que se busca es algo bueno”, sostuvo, antes de advertir sobre una expansión descontrolada del sector. “Tenemos más de 18 plataformas ilegales. Y lo peor de todo es que esas plataformas… las autoridades del tránsito no saben ni quiénes son”, señaló. La saturación del mercado En ese contexto, Brea alertó sobre una “saturación” del mercado que, según explicó, ha reducido los ingresos de los conductores y ha generado riesgos operativos. “Empezó bien, pero ya tenemos una saturación”, indicó. A su juicio, un exceso de oferta no necesariamente mejora el servicio: “En el mercado del transporte… entre más oferta hay, no es mejor”, afirmó, aludiendo a una competencia que presiona los precios a la baja. El director de la ATTT rechazó que el decreto esté dirigido contra las plataformas digitales. “La ley no va contra las plataformas… el decreto va a ajustar el transporte a lo que está en la ley”, explicó. Para ilustrar su argumento, comparó la situación con la apertura de un negocio sin permisos: “Es como si mañana yo abriera un periódico sin ningún tipo de regulación”, dijo, en referencia a la necesidad de reglas claras para todos los actores. Uno de los ejes de la normativa es la exigencia de certificados de operación para los conductores, bajo el argumento de que el transporte público debe estar regulado. “Las plataformas no ejercen el transporte… lo ejerce el conductor”, precisó Brea. En ese sentido, defendió que el registro permitirá identificar a quienes prestan el servicio y garantizar estándares mínimos de seguridad. “Las certificaciones son para el control del propio usuario, para que sepa a qué prestataria o a qué plataforma debe llamar en caso de queja”, agregó. Además, dejó claro el alcance de su rol dentro del debate: “Yo le estoy hablando técnicamente de las razones por las cuales la ATTT tiene que regular”, insistió, al tiempo que reiteró que la decisión final recae en el Ejecutivo. Las polémicas prestatarias El cuestionado decreto introduce una serie de requisitos para regular a los vehículos que operan como taxi de lujo mediante plataformas tecnológicas, pero dos elementos concentran la mayor controversia: la exigencia de un certificado de operación y la obligación de contar con el aval de una prestataria. Estos puntos han generado debate, principalmente porque las prestatarias son actores ampliamente conocidos —y cuestionados— dentro del sistema tradicional de transporte en el país. De acuerdo con el artículo 2, todo vehículo deberá obtener un certificado de operación, lo que en la práctica implica su incorporación formal al esquema regulado del transporte público. A esto se suma la necesidad de estar respaldado por una organización de transporte autorizada en la zona donde operará. Para los críticos del decreto, esta disposición podría replicar dinámicas del modelo tradicional, donde las prestatarias han tenido un rol dominante. De hecho, en 2020, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un hábeas data presentado por el exdiputado independiente Gabriel Silva, el cual ordenó al entonces director de la ATTT, Miguel Martínez, entregar información referente a la asignación de los cupos de taxis, los certificados del transporte público en el país y las prestatarias. A raíz de ello, se pudo conocer que había más de 80 mil certificados de operación repartidos entre transporte selectivo, buses, colegiales, rutas internas, servicio de turismo y de lujo, aglutinados en unas 1,200 empresas o prestatarias. Una de las principales polémicas del sistema tradicional radica en la carga económica que termina asumiendo el conductor, quien debe pagar miles de dólares a la concesionaria para acceder a un certificado de operación que, en origen, esta última obtiene gratuitamente de la ATTT. Este desfase ha convertido, por ejemplo, el cupo de taxi en un bien transable dentro de un mercado paralelo: en la capital, su valor puede oscilar entre los $1,000 y $1,800. Pero el valor aumenta significativamente en las provincias. Por ejemplo, puede alcanzar hasta $70 mil en Los Santos y Herrera; en Panamá Oeste oscila entre $10 mil y $30 mil; y en Veraguas ronda los $60 mil. En el caso de los cupos de buses, el precio es aún mayor, lo que convierte este sistema en un negocio de millones de dólares. A raíz de esto, diputados como Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, han cuestionado el decreto, señalando que el instrumento podría beneficiar económicamente a los prestadores del servicio. “Este decreto, a mi juicio, es para darle billete grueso a la prestataria”, sostuvo. Lo mismo hizo el diputado de Vamos, Neftalí Zamora, quien subrayó que, a todas luces, esto será un “negocio para las prestatarias del transporte”. De hecho, a inicios de gobierno, Zamora presentó un proyecto de ley para regular a las prestatarias o concesionarias, pero no recibió apoyo en el Legislativo. Otras exigencias Por otra parte, la nueva normativa establece condiciones técnicas y de calidad para los vehículos, como mantener buenas condiciones físicas y mecánicas, contar con aire acondicionado y cinturones de seguridad, y no superar los siete años de antigüedad. También fija una capacidad mínima de cinco pasajeros y máxima de siete, en un intento por estandarizar el servicio dentro de la categoría de taxi de lujo. El decreto, además, obliga a los vehículos a portar identificación visible —incluyendo calcomanías de la plataforma y la prestataria, así como una placa oficial con nomenclatura “TL”— y a mantener pólizas de seguro vigentes que cubran tanto a pasajeros como a terceros. Sin embargo, el foco del debate público se mantiene en la certificación y el vínculo con las prestatarias, vistos por algunos sectores como un posible traslado de las reglas del sistema tradicional a las plataformas digitales. José González Pinilla [email protected] Crecen las críticas a decreto del Gobierno Las críticas contra el Decreto Ejecutivo No. 10, que regula las plataformas digitales de transporte como Uber, continúan acumulándose desde el ámbito político y ciudadano, en medio de señalamientos de que la norma favorece a las prestatarias y limita la libre competencia. Desde la Asamblea Nacional, el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, calificó la medida como un retroceso y advirtió que no responde a las nuevas dinámicas del sector. En la misma línea, Juan Diego Vásquez sostuvo que el problema no son las plataformas tecnológicas, sino el modelo de intermediación que ha dominado el transporte selectivo en Panamá, al que atribuye prácticas que restringen la competencia. El exdiputado y exministro de Trabajo Luis Ernesto Carles también cuestionó el contenido del decreto y pidió su derogación, al considerar que protege intereses vinculados al sistema tradicional. A estas críticas se sumó el exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ovigildo Herrera, quien señaló que el modelo de cupos ha estado históricamente controlado por grupos de poder. En redes sociales, el rechazo también ha sido contundente. El ciudadano Juan Escudero calificó la normativa como una imposición que institucionaliza la intermediación al obligar a los conductores a operar bajo prestatarias, lo que — según su planteamiento— introduce costos adicionales y limita la independencia del trabajador. Los cuestionamientos coinciden en que el decreto reproduce elementos del sistema tradicional, ahora bajo la figura de “Taxi de Lujo” (TL), y establece requisitos que elevan las barreras de entrada, como licencias específicas y condiciones de registro. recibir el plácet. SILENCIO. Aquella reunión del Consejo Judicial convocada por el procurador, Luis Carlos Gómez Rudy, tras la irrupción de Bolo Flores en una diligencia judicial con auditores de la Contraloría, sí se llevó a cabo, aunque con notables ausencias —como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia—, pero de ahí no salió una sola palabra. Hubo un tímido intento de comunicado, indicando lo grave de la acción de Flores, pero la iniciativa murió en la cuna. Tras este silencio, ¿acaso no es más apropiado llamarle al Consejo del Sepulcro Judicial?
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8A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Imagen de los pulmones de madre e hija. Cortesía Tuberculosis: una muerte que no debió ocurrir en Panamá Aleida Samaniego C. [email protected] ESTUDIO CIENTÍFICO El fallecimiento de una madre y su bebé por tuberculosis revela brechas en atención prenatal, diagnóstico tardío y desigualdades persistentes en el acceso a salud. Una enfermedad que muchos consideran superada sigue cobrando vidas en Panamá. Un caso clínico publicado en marzo pasado en la revista científica Pediatric Pulmonology documentó la muerte de una madre y de su recién nacida por tuberculosis. La investigación, iniciada en 2018 por especialistas del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) y del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, advierte que una infección prevenible y tratable aún encuentra terreno fértil allí donde el sistema sanitario llega tarde. Los datos analizados fueron recopilados retrospectivamente a partir de registros médicos hospitalarios generados durante la atención clínica habitual. El informe omitió toda información identificable de la paciente para preservar su confidencialidad. El reporte, titulado ‘Un caso de tuberculosis gestacional y congénita: una doble transmisión vertical fatal’, no solo describe una emergencia médica extrema, sino que también evidencia brechas persistentes en el acceso a servicios de salud, controles prenatales, diagnóstico oportuno y seguimiento en regiones apartadas del país. La historia refleja cómo una enfermedad controlable puede volverse mortal cuando se combina con pobreza, distancia geográfica y atención tardía. La paciente era una mujer de la etnia ngäbe buglé, de 40 años, residente en Almirante, Bocas del Toro. Tenía un embarazo de 28 semanas cuando llegó en estado crítico al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí, centro de referencia para casos complejos. Durante un mes presentó fiebre, dolor abdominal irradiado hacia la espalda, debilidad generalizada y alteraciones neurológicas. Estos síntomas ameritaban una evaluación médica urgente; sin embargo, solo acudió a dos controles prenatales durante toda la gestación. Al ingresar al hospital, su condición se deterioró rápidamente. Sufrió un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de resucitación e intubación. Posteriormente, los estudios confirmaron tuberculosis miliar, una forma grave en la que la bacteria se disemina por el torrente sanguíneo hacia múltiples órganos, además de signos compatibles con meningitis. Pese al inicio del tratamiento antituberculoso y al manejo intensivo, evolucionó hacia shock séptico y falla multiorgánica. Falleció tres días después del parto. La bebé nació mediante cesárea de emergencia con apenas un kilogramo de peso y requirió ventilación mecánica desde sus primeras horas. Días después, los análisis confirmaron meningitis tuberculosa, evidencia de transmisión vertical, es decir, contagio de madre a hija durante el embarazo o el parto. La recién nacida falleció a los 12 días. Los especialistas advirtieron que este tipo de transmisión, aunque poco frecuente, conlleva un alto riesgo de mortalidad neonatal. Una enfermedad silenciosa que aún persiste La epidemióloga e investigadora principal del estudio, Ericka Ferguson, advirtió que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública en Panamá, especialmente en zonas rurales e indígenas, donde su diagnóstico suele ser tardío debido a la inespecificidad de sus síntomas. “Primero hay que sospecharla para poder diagnosticarla”, explicó la investigadora, al señalar uno de los principales desafíos frente a esta enfermedad. Entre los signos de alerta mencionó tos persistente por más de dos semanas, pérdida de peso sin causa aparente, sudoración nocturna, debilidad, fatiga o tos con sangre. Ferguson subrayó que el embarazo es una etapa de especial vulnerabilidad, debido a cambios inmunológicos que pueden modificar la respuesta del organismo ante infecciones como la tuberculosis. En el posparto, estas manifestaciones pueden volverse más intensas. Ferguson recordó además que la enfermedad puede transmitirse al bebé durante la gestación o el parto, aunque un tratamiento oportuno reduce significativamente ese riesgo. Desigualdad territorial y barreras de acceso Por su parte, el investigador Amador Goodridge explicó que la tuberculosis sigue siendo endémica en Panamá y que muchas personas la padecen sin saberlo, ya que puede permanecer latente o presentar síntomas inespecíficos. La enfermedad se transmite por vía aérea y representa un mayor riesgo para personas con sistemas inmunológicos debilitados, pacientes con enfermedades crónicas, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en puerperio. Goodridge señaló que en comunidades indígenas y rurales persisten condiciones que favorecen su propagación y dificultan el tratamiento, entre ellas pobreza, desnutrición, hacinamiento, alta movilidad poblacional y barreras geográficas para acceder a centros de salud. A esto se suma la baja adherencia al tratamiento, que puede extenderse por seis meses o más y requiere supervisión constante. Su abandono incrementa el riesgo de complicaciones, transmisión y resistencia bacteriana. También advirtió que factores socioculturales influyen en la búsqueda de atención médica, ya que en muchas comunidades la medicina tradicional es el primer recurso, lo que puede retrasar el diagnóstico. Respuesta del sistema de salud Ambos especialistas coincidieron en que el caso evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta sanitaria. Se propone capacitar al personal de atención primaria para detectar la enfermedad en fases tempranas, acercar pruebas diagnósticas a comunidades remotas y reforzar el seguimiento de pacientes. También se recomienda garantizar la vacunación con BCG en recién nacidos, especialmente en áreas donde no siempre se nace en instalaciones de salud. Goodridge destacó además la importancia de la investigación científica y social para comprender las causas del abandono del tratamiento y mejorar la articulación entre medicina tradicional y sistema formal de salud. Más allá del caso clínico A nivel global, la tuberculosis continúa entre las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas. En mujeres en edad reproductiva aumenta el riesgo de complicaciones como parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. En Panamá, aunque la incidencia es menor que en otros países de la región, persisten desigualdades territoriales importantes, especialmente en provincias como Bocas del Toro, muestran los informes del Ministerio de Salud (Minsa) La muerte de esta madre y su hija no solo refleja una falla clínica, sino también una brecha estructural en el acceso equitativo a la salud. En Panamá, el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) —un tratamiento que previene la infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)— forma parte de las políticas públicas de salud. Sin embargo, su implementación aún enfrenta barreras relacionadas con la información, el acceso y la percepción del riesgo entre la población. De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), actualmente existen 12 centros de salud en el país que ofrecen este tratamiento de manera gratuita, distribuidos en nueve regiones del país. Entre estos figuran instalaciones en la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Coclé y Panamá Norte. La PrEP consiste en la administración de dos medicamentos antirretrovirales antes de una posible exposición al virus. Su objetivo es impedir que el VIH se establezca en el organismo. Según la Organización Mundial de la Salud, su efectividad puede alcanzar hasta el 99% cuando se utiliza de forma adecuada. Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/sida del Minsa, explicó que este tratamiento está dirigido PrEP, la pastilla para prevenir el VIH: dónde conseguirla gratis en Panamá SALUD principalmente a personas con alto riesgo de adquirir el virus. “Se orienta a quienes tienen múltiples parejas sexuales y no utilizan preservativo de manera constante”, señaló. También incluye a poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero y trabajadoras sexuales. A pesar de su disponibilidad, la cobertura del programa aún es limitada. Desde su implementación, más de 3,000 personas han sido beneficiadas, mientras que actualmente unas 1,800 se mantienen inscritas en el esquema de prevención, según datos oficiales. El contexto epidemiológico mantiene la relevancia de este tipo de estrategias. Durante 2025, el Minsa reportó 1,750 nuevos casos de VIH en el país, con mayor concentración en la Región Metropolitana y en la comarca Guna Yala. De estos, aproximadamente 1,300 corresponden a hombres. En total, unas 24,400 personas viven con VIH en Panamá, de las cuales cerca de 22,000 reciben tratamiento antirretroviral. Para las autoridades sanitarias, estos datos reflejan la necesidad de fortalecer tanto la prevención como el diagnóstico temprano. El Minsa insiste en que, aunque la PrEP representa una herramienta eficaz, no sustituye otras medidas de protección. El tratamiento no previene infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, clamidia, herpes, tricomoniasis o sífilis, por lo que se recomienda mantener el uso del preservativo. Asimismo, Chávez reitera el llamado a la población sexualmente activa a realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año. Un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento de forma temprana, mejorar la calidad de vida y reducir la transmisión del virus. Aleida Samaniego C. [email protected] Bacteria Tuberculosis: una enfermedad curable que aún requiere atención La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Se trata de una enfermedad prevenible y curable. La enfermedad tuberculosa suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata. EN GENERAL, LAS PERSONAS INFECTADAS NO SE SIENTEN ENFERMAS NI TRANSMITEN EL BACILO, Y SOLO UNA PEQUEÑA PROPORCIÓN ENFERMA Y PRESENTA SÍNTOMAS. Los bebés y los niños tienen un riesgo mayor de contraer la enfermedad si se infectan. GRUPO DE MAYOR RIESGO SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN PANAMÁ ENTENDIENDO LA ENFERMEDAD 2024 2025 2,156 2,044 CASOS NOTIFICADOS CASOS ACUMULADOS La incidencia de tuberculosis en Panamá registra una reducción sostenida durante el último año. Los bacilos tuberculosos pueden multiplicarse en el organismo y afectar a varios órganos. Infografía: LP - Fuente: Minsa/OPS
9A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026
10A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. inmediatos en precios, mercados y cadenas de suministro. En ese contexto, Panamá posee una ventaja poco discutida en el debate público: su capacidad para convertirse en un centro aún más relevante para el comercio, la energía y la logística global. No se trata únicamente de tránsito marítimo, sino de servicios financieros, almacenamiento, redistribución y, eventualmente, infraestructura energética. Una idea que ha surgido en distintos círculos estratégicos es la posibilidad de desarrollar infraestructura energética que conecte océanos o facilite el transporte de recursos, como gas o combustibles, mediante sistemas logísticos más eficientes. Un proyecto de este tipo —sea un corredor energético, infraestructura de almacenamiento o incluso un futuro gasoducto regional— solo sería viable bajo una condición fundamental: confianza institucional. Aquí es donde la filosofía de la libertad económica aporta una perspectiva útil al debate nacional. El desarrollo económico sostenible no surge de la planificación centralizada ni de grandes burocracias, sino de instituciones que permitan a las personas invertir, innovar y competir libremente. Países que han entendido esto —desde Singapur hasta Estonia— han demostrado que la estabilidad jurídica, la baja intervención estatal y el respeto a la propiedad privada generan ecosistemas donde el capital global encuentra refugio y oportunidades. Panamá ya posee varios de esos atributos. Su economía abierta, su sistema dolarizado y su tradición comercial han permitido que el país se convierta en un nodo financiero y logístico para América Latina. Sin embargo, mantener y ampliar esa posición requiere resistir una tentación constante en la Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Vivienda: entre el acceso restringido y el potencial de crecimiento Construccción En Panamá, el acceso a la vivienda ya no es solo un desafío social: es una restricción estructural. Hoy, cerca de siete de cada diez panameños no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir una vivienda. En términos prácticos, esto significa que amplios segmentos de la población, incluida buena parte de la clase media, están quedando fuera del mercado formal. No se trata de una percepción. Es una tendencia que se agrava. Hogares con ingresos por debajo de B/.900, e incluso hasta B/.1,000 mensuales, enfrentan barreras crecientes para acceder a una vivienda nueva. Y cuando el acceso se restringe, no solo se afecta a las familias: se compromete una de las bases del crecimiento económico. En el debate público reciente, ha ganado terreno una narrativa que presenta la vivienda como una presión fiscal o un costo que debe contenerse. Pero los datos apuntan en otra dirección. La vivienda, y en particular la construcción, es uno de los motores más potentes de la economía panameña. Cada balboa invertido en el sector genera B/.2.34 en actividad económica y B/.0.24 en ingresos fiscales. A la inversa, por cada dólar que no se invierte, la economía pierde cerca de B/.2.35. Esto implica que frenar la construcción no es neutro: la recaudación directa que se busca proteger puede verse ampliamente superada por pérdidas en otros ingresos, estimadas en más de B/.131.5 millones, con un impacto cercano al 1.6% del PIB. El efecto es aún más visible en el empleo. Más de 150,000 personas dependen directamente del sector construcción, y en algunas provincias del interior esta actividad representa hasta el 20% de la economía local. Cuando se desacelera, el empleo no encuentra sustitutos equivalentes: se desplaza hacia sectores más informales, con ingresos que pueden rondar los B/.300 mensuales. El resultado es una caída en los ingresos, mayor vulnerabilidad y presión social. A esto se suma un elemento crítico: el acceso a la vivienda es altamente sensible a los costos de entrada. Medidas como el impuesto de transferencia del 2% introducen una barrera directa, al tratarse de un pago inicial no financiable. En la práctica, esto puede significar más de 10 meses adicionales, y hasta casi tres años en los segmentos más bajos, para lograr el ahorro necesario. También implica la pérdida de cientos de créditos en el corto plazo y más de mil en el mediano plazo. No estamos hablando de ajustes marginales. Estamos hablando de exclusión. El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera el déficit habitacional, estimado en 180,000 viviendas. Cuando el mercado formal se contrae, esa brecha no se mantiene: se amplía. Y lo hace con mayor intensidad en el interior del país, donde las oportunidades son más limitadas. La discusión, por tanto, no debería centrarse en una falsa dicotomía entre recaudar o crecer. La evidencia muestra que restringir el acceso a la vivienda termina debilitando ambos objetivos. Menos vivienda formal implica menos construcción, menos empleo, menor consumo y, en última instancia, menor recaudación. La política de vivienda no es un asunto técnico aislado. Es una decisión estratégica sobre el tipo de país que se quiere construir: uno que amplía oportunidades, fortalece su clase media y dinamiza su economía, o uno que, gradualmente, las restringe. La evidencia está sobre la mesa. La decisión, también. La necesidad de un Pacto Constituyente Debate fundamental una comunidad, en el que se consigna la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente. Como se observa, este no es cualquier acuerdo ni cualquier pacto, ya que se trata de un pacto político en el que ha de quedar claramente consignada la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente que tiene como finalidad la aprobación de una nueva Constitución. Por eso, ese pacto político se le puede denominar como un Pacto Constituyente, al representar el acuerdo político en el que se aprueba ejercer el poder constituyente originario para refundar el país de que se trate. Debe ser producto de ese Pacto Constituyente, por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea constituyente que ha de aprobar la nueva Constitución, así como la creación y adopción de las reglas en las cuales se van a escoger los integrantes de dicha Asamblea, el número de constituyentes que la conformarán, el tiempo con el que contará la Asamblea constituyente para aprobar la nueva Constitución, así como disponer llevar a cabo un referéndum para que sea el pueblo el que decida si quiere o no la nueva Constitución aprobada en un inicio por la Asamblea constituyente. Rigoberto González Montenegro Panamá ante un mundo incierto: libertad económica como ventaja estratégica Logística En momentos de incertidumbre global, los países pequeños tienen dos opciones: cerrarse al miedo o abrirse a las oportunidades. La historia demuestra que las naciones que prosperan no son necesariamente las más grandes o las más ricas en recursos naturales, sino aquellas que comprenden cómo aprovechar su posición estratégica mediante instituciones abiertas, comercio y libertad económica. Panamá ha sido, durante más de un siglo, un ejemplo de cómo la geografía puede convertirse en prosperidad cuando se combina con reglas claras y apertura al mundo. El Canal de Panamá no es solo una obra de ingeniería; es una plataforma logística que conecta economías, reduce costos de transporte y facilita el intercambio global. Por esta vía transita aproximadamente el 6% del comercio marítimo mundial, lo que demuestra la relevancia estratégica del país dentro de la economía global. Hoy, el comercio mundial atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Tensiones geopolíticas en rutas energéticas clave, como el Estrecho de Ormuz, recuerdan lo frágil que puede ser el sistema que sostiene el flujo de energía y mercancías alrededor del planeta. Cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ese estrecho, por lo que cualquier conflicto o interrupción tiene efectos política: la de regular en exceso, gravar la inversión o introducir incertidumbre institucional. Cuando el mundo enfrenta tensiones energéticas, guerras comerciales y conflictos geopolíticos, los inversionistas buscan algo muy simple: seguridad y reglas claras. Un país pequeño que ofrezca esas condiciones puede atraer proyectos que transformen su economía durante décadas. Desde esta perspectiva, el rol del Estado no es dirigir la economía ni escoger ganadores y perdedores. Su función es mucho más simple, pero también más exigente: garantizar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y permitir que los mercados descubran oportunidades. Si Panamá logra mantener ese equilibrio, puede beneficiarse enormemente de las transformaciones que hoy sacuden al comercio global. Nuevas rutas logísticas, centros energéticos, servicios financieros especializados y plataformas tecnológicas podrían consolidar al país como uno de los nodos más importantes del hemisferio. La historia económica demuestra que los grandes avances suelen surgir en momentos de cambio. Para Panamá, el desafío no es reinventarse, sino profundizar aquello que ya ha demostrado funcionar: apertura, libertad económica y vocación global. En un mundo cada vez más fragmentado, esas ideas no son solo principios filosóficos. Son, también, una estrategia de desarrollo. Opinión EL AUTOR es presidente de Convivienda y exministro de Economía y Finanzas. EL AUTOR es amigo de la Fundación Libertad. EL AUTOR es exprocurador general de la Administración. Norberto Delgado Durán Es por todo lo anterior por lo que se hace necesario contar con ese Pacto Constituyente. La legitimidad del proceso constituyente que se pretenda llevar a cabo dependerá, sin duda alguna, de la existencia o no de ese Pacto Constituyente. En fin, si lo que se va a ejercer es el poder constituyente originario, ha de ser el titular de ese poder, el pueblo, el que ha de fijar las reglas en las cuales se pondrá en marcha dicho poder, todo lo cual ha de quedar así consensuado en un Pacto Constituyente. Como se sabe, desde hace un año se ha estado llevando a cabo todo un proceso de alfabetización constitucional con miras a crear conciencia con respecto a la necesidad de contar con una nueva Constitución. Se trata de una labor ciudadana de gran relevancia. Con ello se busca que la ciudadanía conozca de qué trata una Constitución y cómo se llega a ésta. Ha sido y es un proceso de gran significado democrático. Pues bien, ahora de lo que se trata es que el titular del poder constituyente originario, el pueblo, se manifieste y decida cómo ha de llevarse a cabo el proceso constituyente por medio del cual se busca aprobar la nueva Constitución que requiere Panamá. Y para que esto se dé es por lo que se ha de convocar a ese gran Pacto Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos, por más que cuente con legitimidad democrática, puede tomar por sí solo decisiones que competen al titular del poder constituyente originario. Es este el que debe tomar las grandes decisiones; es a este al que corresponde determinar las distintas etapas del proceso constituyente. Por tanto, la pregunta a formular y responder sería, parafraseando la letra de la canción: ¿Pacto Constituyente para cuándo? La puesta en marcha de un proceso constituyente no es cualquier cosa. Por lo mismo, hablar y debatir con respecto a lo que implica un proceso constituyente no es hablar ni debatir sobre cualquier cosa. Esto es así porque hablar y debatir sobre lo que implica un proceso constituyente es hablar y debatir sobre el proceso que tiene como objetivo aprobar una Constitución, es decir, la norma suprema de un país. Esto va a tener mayor importancia si se tiene presente que todo proceso constituyente que tenga como propósito aprobar una Constitución, existiendo previamente otra, implica y conlleva una ruptura constitucional. Y, como es obvio, esa ruptura constitucional también va a implicar la ruptura del orden constitucional previsto y regulado en la Constitución que se va a derogar para ser reemplazada por la nueva Constitución. Por eso, reiteramos, hablar y debatir sobre un proceso constituyente no es cualquier cosa. De ahí la importancia que adquiere la existencia de un Pacto Constituyente. Pero, ¿qué significa un Pacto Constituyente? Este trata del pacto político al que llegan y acuerdan todas las fuerzas políticas y todos los grupos sociales representativos de Adrián Castillo Un proceso constituyente exige un pacto político amplio que legitime sus reglas, actores y objetivos, garantizando que la voluntad popular guíe la aprobación de una nueva Constitución. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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