2A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Tanto los gobiernos locales como el Ejecutivo han destinando recursos públicos a la mejora de iglesias en los últimos años.. Archivo Procuraduría avala uso de fondos públicos en templos religiosos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES La respuesta de la Procuraduría de la Administración surge tras una consulta elevada por la Asociación de Municipios de Panamá. En un reciente pronunciamiento que clarifica el alcance del uso de los fondos de descentralización, la Procuraduría de la Administración determinó que los gobiernos locales pueden invertir legalmente recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en proyectos de infraestructura religiosa. La respuesta, emitida el 30 de marzo de 2026, surge tras una consulta elevada por la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), interesada en conocer si la mejora de templos y centros de culto encaja dentro de las competencias de inversión pública local permitidas por el marco legal vigente. El sustento jurídico de esta decisión se encuentra en la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015. Específicamente, el artículo 112E de dicha normativa habilita de forma explícita el uso de estos recursos para la “construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, artísticas y religiosas”, validando así este tipo de obras dentro del catálogo de inversiones permitidas en el marco legal de la descentralización. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el uso de estos fondos públicos no es discrecional y exige el cumplimiento estricto de la participación ciudadana. Según el artículo 136-D de la citada ley, la “consulta ciudadana” es un requisito indispensable para que los proyectos sean seleccionados, lo que asegura que las obras respondan a las necesidades reales de los residentes. Esto implica que la mejora de una infraestructura religiosa no puede ser una decisión unilateral del alcalde o del representante de corregimiento, sino que debe contar con el respaldo y la aprobación previa de la comunidad. Además del respaldo comunitario, los proyectos deben estar alineados con los instrumentos de planificación territorial y con el Plan Estratégico Distrital. La Procuraduría enfatizó que la Autoridad de Descentralización juega un rol clave como ente responsable de coordinar, evaluar y monitorear la ejecución de estas obras. En conclusión, la entidad consideró que es jurídicamente viable la ejecución de estos proyectos, siempre que mantengan un carácter comunitario, cultural o social. No obstante, el procurador encargado, José Alberto Álvarez Valdés, aclaró que este criterio constituye una opinión consultiva orientadora para los servidores públicos y no representa un pronunciamiento de fondo ni una posición vinculante definitiva. El debate Con anterioridad, y en un intento por cerrar espacios a la discrecionalidad en el uso de fondos públicos, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) emitió una directriz dirigida a alcaldes y representantes de corregimiento, en la que fija límites claros sobre el uso de recursos provenientes del IBI y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) en proyectos vinculados a infraestructuras religiosas. El lineamiento se sustenta en el manual de procedimientos de la Contraloría General de la República, que obliga a verificar que toda inversión pública se ejecute exclusivamente en predios propiedad del Estado. En consecuencia, la AND dejó claro que estos fondos no pueden destinarse a terrenos privados, cerrando así una práctica que había generado cuestionamientos. La restricción apunta a asegurar que las obras financiadas con recursos públicos permanezcan como patrimonio colectivo y no terminen beneficiando intereses particulares. El meollo del asunto radica en que, en algunos casos, los terrenos sobre los cuales se construyen estas estructuras son donados por residentes de la comunidad, es decir, siguen siendo de carácter privado. Se trata de una situación similar a la de muchos centros escolares del país, que operan sobre terrenos particulares y que, en la práctica, pueden tardar décadas en ser traspasados formalmente al Estado. El comunicado enviado por la AND a los gobiernos locales también señala que la Conferencia Episcopal Panameña, tras reuniones sostenidas con la entidad, coincidió en que los fondos de descentralización deben priorizar el impacto comunitario por encima de la infraestructura eclesiástica. Además, estableció que no se permitirá la ejecución de obras en propiedades de la Iglesia sin la autorización expresa de su representación legal, lo que introduce un filtro adicional de control. Tras permanecer 12 años prófugos, los exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Ronny Rodríguez y William Pittí comparecerán hoy lunes a juicio por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de equipos adquiridos por la administración del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (20092014) para efectuar escuchas telefónicas ilegales. En diciembre de 2014 el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo), pero no fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y accedieron a presentarse a juicio. El equipo fue comprado durante la administración de Martinelli a la empresa MLM Protección por un valor de $13.4 millones que, según la investigación del Ministerio Público, era operado por Rodríguez y Pittí en un cuarto del edificio 150 del CSN ubicado en Quarry Heights. El equipo fue adquirido a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), que en esa época estaba dirigido por Giacomo Tamburelli (fallecido), quien recibió una condena de 10 años de prisión por este caso. En este proceso también fue condenado el exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, pero un fallo de la Sala Penal de la Corte revocó dicha sanción. El caso Tras la derrota del partido Cambio Democrático (CD), manejado por Martinelli, en las elecciones de mayo de 2014, un testigo protegido aseguró que Rodríguez y Pittí recibieron órdenes de desaparecer los equipos usados por el CSN para espiar a unas 150 personas que eran adversas al gobierno. Los agentes Júbilo Graell y Javier Quiroz narraron en detalle toda la operación que implicó el traslado de la máquina desde el edificio 150 en Ancón —sede del CSN— hasta las oficinas del supermercado Super 99 de Monte Oscuro, y afirmaron que fue la última vez que vieron el equipo. GraellyQuirozdeclararon que su entonces jefe, Ronny Rodríguez —Didier—, les ordenó transportar el aparato, para lo cual usaron un vehículo que estaba a su disposición: una Toyota Hilux blanca. Durante la investigación El juicio por la pérdida de la máquina pinchadora comienza este lunes ESPIONAJE ILEGAL desarrollada por el Ministerio Público, nunca se pudieron recuperar los equipos que, según varios testigos, fueron usados para escuchar a dirigentes políticos, sindicalistas, miembros de la sociedad civil y estudiantes opositores al gobierno. El próximo 29 de abril, Rodríguez y Pittí deberán enfrentar un segundo juicio, esta vez por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. En este caso, el Juzgado Primero Liquidador fijó un edicto y notificó a los 15 querellantes sobre la fecha del juicio, para que comparezcan al proceso y sus abogados puedan presentar pruebas. En el edicto No. 278, fijado el pasado 26 de marzo, el juzgado notificó al asesor presidencial Miguel Antonio Bernal; a la exdiputada Zulay Rodríguez y su esposo Álvaro Testa; al dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens; y al expresidente Ernesto Pérez Balladares. En la lista de querellantes también figuran la secretaria general del PRD, Balbina Herrera; el también perredista Francisco Sánchez Cárdenas; Bernabé Pérez; el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el exdirector del CSN, Rolando López; la dirigente magisterial Yadira Pino; el abogado Rosendo Rivera; y el periodista Rubén Polanco. Asimismo, aparecía el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, pero su abogado, Franklin Amaya, envió una nota al juzgado en la que asegura que el ministro no es parte de ese caso. Moltó compareció como testigo de la Fiscalía en el juicio seguido al expresidente Martinelli por este caso, en el que fue declarado no culpable. Juan Manuel Díaz [email protected] William Pittí y Ronny Rodríguez. Plumilla elaborada con IA a partir de fotos FE DE ERRORES En la nota titulada ‘Solo 78 planes de estudios universitarios presentados en el 2025 han sido aprobados’, publicada el 11 de abril de 2026, se informó que “el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, advirtió que el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 52 de 2015 (que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria) y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado retrasos de entre uno y tres años en la aprobación de programas académicos. Esta situación, señaló, genera incertidumbre en el sector y coloca a Panamá en desventaja frente a otros países de la región”. Se debió precisar que esa información fue dada a conocer por el expresidente de la Auppa en septiembre de 2025 en una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino.
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