10A La Prensa Panamá, lunes 20 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. inmediatos en precios, mercados y cadenas de suministro. En ese contexto, Panamá posee una ventaja poco discutida en el debate público: su capacidad para convertirse en un centro aún más relevante para el comercio, la energía y la logística global. No se trata únicamente de tránsito marítimo, sino de servicios financieros, almacenamiento, redistribución y, eventualmente, infraestructura energética. Una idea que ha surgido en distintos círculos estratégicos es la posibilidad de desarrollar infraestructura energética que conecte océanos o facilite el transporte de recursos, como gas o combustibles, mediante sistemas logísticos más eficientes. Un proyecto de este tipo —sea un corredor energético, infraestructura de almacenamiento o incluso un futuro gasoducto regional— solo sería viable bajo una condición fundamental: confianza institucional. Aquí es donde la filosofía de la libertad económica aporta una perspectiva útil al debate nacional. El desarrollo económico sostenible no surge de la planificación centralizada ni de grandes burocracias, sino de instituciones que permitan a las personas invertir, innovar y competir libremente. Países que han entendido esto —desde Singapur hasta Estonia— han demostrado que la estabilidad jurídica, la baja intervención estatal y el respeto a la propiedad privada generan ecosistemas donde el capital global encuentra refugio y oportunidades. Panamá ya posee varios de esos atributos. Su economía abierta, su sistema dolarizado y su tradición comercial han permitido que el país se convierta en un nodo financiero y logístico para América Latina. Sin embargo, mantener y ampliar esa posición requiere resistir una tentación constante en la Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Vivienda: entre el acceso restringido y el potencial de crecimiento Construccción En Panamá, el acceso a la vivienda ya no es solo un desafío social: es una restricción estructural. Hoy, cerca de siete de cada diez panameños no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir una vivienda. En términos prácticos, esto significa que amplios segmentos de la población, incluida buena parte de la clase media, están quedando fuera del mercado formal. No se trata de una percepción. Es una tendencia que se agrava. Hogares con ingresos por debajo de B/.900, e incluso hasta B/.1,000 mensuales, enfrentan barreras crecientes para acceder a una vivienda nueva. Y cuando el acceso se restringe, no solo se afecta a las familias: se compromete una de las bases del crecimiento económico. En el debate público reciente, ha ganado terreno una narrativa que presenta la vivienda como una presión fiscal o un costo que debe contenerse. Pero los datos apuntan en otra dirección. La vivienda, y en particular la construcción, es uno de los motores más potentes de la economía panameña. Cada balboa invertido en el sector genera B/.2.34 en actividad económica y B/.0.24 en ingresos fiscales. A la inversa, por cada dólar que no se invierte, la economía pierde cerca de B/.2.35. Esto implica que frenar la construcción no es neutro: la recaudación directa que se busca proteger puede verse ampliamente superada por pérdidas en otros ingresos, estimadas en más de B/.131.5 millones, con un impacto cercano al 1.6% del PIB. El efecto es aún más visible en el empleo. Más de 150,000 personas dependen directamente del sector construcción, y en algunas provincias del interior esta actividad representa hasta el 20% de la economía local. Cuando se desacelera, el empleo no encuentra sustitutos equivalentes: se desplaza hacia sectores más informales, con ingresos que pueden rondar los B/.300 mensuales. El resultado es una caída en los ingresos, mayor vulnerabilidad y presión social. A esto se suma un elemento crítico: el acceso a la vivienda es altamente sensible a los costos de entrada. Medidas como el impuesto de transferencia del 2% introducen una barrera directa, al tratarse de un pago inicial no financiable. En la práctica, esto puede significar más de 10 meses adicionales, y hasta casi tres años en los segmentos más bajos, para lograr el ahorro necesario. También implica la pérdida de cientos de créditos en el corto plazo y más de mil en el mediano plazo. No estamos hablando de ajustes marginales. Estamos hablando de exclusión. El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera el déficit habitacional, estimado en 180,000 viviendas. Cuando el mercado formal se contrae, esa brecha no se mantiene: se amplía. Y lo hace con mayor intensidad en el interior del país, donde las oportunidades son más limitadas. La discusión, por tanto, no debería centrarse en una falsa dicotomía entre recaudar o crecer. La evidencia muestra que restringir el acceso a la vivienda termina debilitando ambos objetivos. Menos vivienda formal implica menos construcción, menos empleo, menor consumo y, en última instancia, menor recaudación. La política de vivienda no es un asunto técnico aislado. Es una decisión estratégica sobre el tipo de país que se quiere construir: uno que amplía oportunidades, fortalece su clase media y dinamiza su economía, o uno que, gradualmente, las restringe. La evidencia está sobre la mesa. La decisión, también. La necesidad de un Pacto Constituyente Debate fundamental una comunidad, en el que se consigna la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente. Como se observa, este no es cualquier acuerdo ni cualquier pacto, ya que se trata de un pacto político en el que ha de quedar claramente consignada la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente que tiene como finalidad la aprobación de una nueva Constitución. Por eso, ese pacto político se le puede denominar como un Pacto Constituyente, al representar el acuerdo político en el que se aprueba ejercer el poder constituyente originario para refundar el país de que se trate. Debe ser producto de ese Pacto Constituyente, por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea constituyente que ha de aprobar la nueva Constitución, así como la creación y adopción de las reglas en las cuales se van a escoger los integrantes de dicha Asamblea, el número de constituyentes que la conformarán, el tiempo con el que contará la Asamblea constituyente para aprobar la nueva Constitución, así como disponer llevar a cabo un referéndum para que sea el pueblo el que decida si quiere o no la nueva Constitución aprobada en un inicio por la Asamblea constituyente. Rigoberto González Montenegro Panamá ante un mundo incierto: libertad económica como ventaja estratégica Logística En momentos de incertidumbre global, los países pequeños tienen dos opciones: cerrarse al miedo o abrirse a las oportunidades. La historia demuestra que las naciones que prosperan no son necesariamente las más grandes o las más ricas en recursos naturales, sino aquellas que comprenden cómo aprovechar su posición estratégica mediante instituciones abiertas, comercio y libertad económica. Panamá ha sido, durante más de un siglo, un ejemplo de cómo la geografía puede convertirse en prosperidad cuando se combina con reglas claras y apertura al mundo. El Canal de Panamá no es solo una obra de ingeniería; es una plataforma logística que conecta economías, reduce costos de transporte y facilita el intercambio global. Por esta vía transita aproximadamente el 6% del comercio marítimo mundial, lo que demuestra la relevancia estratégica del país dentro de la economía global. Hoy, el comercio mundial atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Tensiones geopolíticas en rutas energéticas clave, como el Estrecho de Ormuz, recuerdan lo frágil que puede ser el sistema que sostiene el flujo de energía y mercancías alrededor del planeta. Cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ese estrecho, por lo que cualquier conflicto o interrupción tiene efectos política: la de regular en exceso, gravar la inversión o introducir incertidumbre institucional. Cuando el mundo enfrenta tensiones energéticas, guerras comerciales y conflictos geopolíticos, los inversionistas buscan algo muy simple: seguridad y reglas claras. Un país pequeño que ofrezca esas condiciones puede atraer proyectos que transformen su economía durante décadas. Desde esta perspectiva, el rol del Estado no es dirigir la economía ni escoger ganadores y perdedores. Su función es mucho más simple, pero también más exigente: garantizar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y permitir que los mercados descubran oportunidades. Si Panamá logra mantener ese equilibrio, puede beneficiarse enormemente de las transformaciones que hoy sacuden al comercio global. Nuevas rutas logísticas, centros energéticos, servicios financieros especializados y plataformas tecnológicas podrían consolidar al país como uno de los nodos más importantes del hemisferio. La historia económica demuestra que los grandes avances suelen surgir en momentos de cambio. Para Panamá, el desafío no es reinventarse, sino profundizar aquello que ya ha demostrado funcionar: apertura, libertad económica y vocación global. En un mundo cada vez más fragmentado, esas ideas no son solo principios filosóficos. Son, también, una estrategia de desarrollo. Opinión EL AUTOR es presidente de Convivienda y exministro de Economía y Finanzas. EL AUTOR es amigo de la Fundación Libertad. EL AUTOR es exprocurador general de la Administración. Norberto Delgado Durán Es por todo lo anterior por lo que se hace necesario contar con ese Pacto Constituyente. La legitimidad del proceso constituyente que se pretenda llevar a cabo dependerá, sin duda alguna, de la existencia o no de ese Pacto Constituyente. En fin, si lo que se va a ejercer es el poder constituyente originario, ha de ser el titular de ese poder, el pueblo, el que ha de fijar las reglas en las cuales se pondrá en marcha dicho poder, todo lo cual ha de quedar así consensuado en un Pacto Constituyente. Como se sabe, desde hace un año se ha estado llevando a cabo todo un proceso de alfabetización constitucional con miras a crear conciencia con respecto a la necesidad de contar con una nueva Constitución. Se trata de una labor ciudadana de gran relevancia. Con ello se busca que la ciudadanía conozca de qué trata una Constitución y cómo se llega a ésta. Ha sido y es un proceso de gran significado democrático. Pues bien, ahora de lo que se trata es que el titular del poder constituyente originario, el pueblo, se manifieste y decida cómo ha de llevarse a cabo el proceso constituyente por medio del cual se busca aprobar la nueva Constitución que requiere Panamá. Y para que esto se dé es por lo que se ha de convocar a ese gran Pacto Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos, por más que cuente con legitimidad democrática, puede tomar por sí solo decisiones que competen al titular del poder constituyente originario. Es este el que debe tomar las grandes decisiones; es a este al que corresponde determinar las distintas etapas del proceso constituyente. Por tanto, la pregunta a formular y responder sería, parafraseando la letra de la canción: ¿Pacto Constituyente para cuándo? La puesta en marcha de un proceso constituyente no es cualquier cosa. Por lo mismo, hablar y debatir con respecto a lo que implica un proceso constituyente no es hablar ni debatir sobre cualquier cosa. Esto es así porque hablar y debatir sobre lo que implica un proceso constituyente es hablar y debatir sobre el proceso que tiene como objetivo aprobar una Constitución, es decir, la norma suprema de un país. Esto va a tener mayor importancia si se tiene presente que todo proceso constituyente que tenga como propósito aprobar una Constitución, existiendo previamente otra, implica y conlleva una ruptura constitucional. Y, como es obvio, esa ruptura constitucional también va a implicar la ruptura del orden constitucional previsto y regulado en la Constitución que se va a derogar para ser reemplazada por la nueva Constitución. Por eso, reiteramos, hablar y debatir sobre un proceso constituyente no es cualquier cosa. De ahí la importancia que adquiere la existencia de un Pacto Constituyente. Pero, ¿qué significa un Pacto Constituyente? Este trata del pacto político al que llegan y acuerdan todas las fuerzas políticas y todos los grupos sociales representativos de Adrián Castillo Un proceso constituyente exige un pacto político amplio que legitime sus reglas, actores y objetivos, garantizando que la voluntad popular guíe la aprobación de una nueva Constitución. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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