1A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 3 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15676
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3A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 3 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15676 Hoy por hoy En Panamá, los partidos políticos no solo compiten por el poder: también tienen la capacidad de modificar desde la Asamblea las reglas bajo las cuales compiten sus adversarios. Esa ventaja resulta especialmente preocupante cuando las reformas electorales buscan dificultar la participación de quienes optan por la libre postulación. Los partidos cuentan con estructuras permanentes, financiamiento público, organización territorial y facilidades para presentar candidatos. Los independientes deben recoger firmas, construir sus propias estructuras y enfrentar restricciones que periódicamente intentan endurecerse. El resultado de ese desequilibrio empieza a ser evidente. Otro movimiento ciudadano, Vamos, ha decidido convertirse en partido para poder competir bajo reglas menos desventajosas. El sistema termina empujando hacia la partidización precisamente a quienes surgieron como alternativa a ella. El Tribunal Electoral eliminó algunas de las barreras impulsadas por los partidos, pero la Asamblea puede restituirlas. Ese es el verdadero problema: no es la democracia la que cierra los espacios de participación, sino una partidocracia electoral aferrada al statu quo, que utiliza su poder para modificar las reglas, preservar sus privilegios y terminar secuestrando el sistema que debería garantizar una competencia en igualdad de condiciones. Vivir + Variantes genéticas sobre la personalidad 8B Heron y Saavedra, abanderados de la delegación de Panamá 7B Deportes Panorama Desestiman demanda contra poderes del contralor 8A Economía Alejandro Betancourt, el ‘bolichico’ multimillonario 4B Partidos e independientes medirán fuerzas en la Asamblea por las reglas electorales rumbo a 2029 ‘CÓDIGO ELECTORAL’ Eliana Morales Gil [email protected] El primer escenario de la disputa fue la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Allí, los partidos políticos lograron imponer propuestas que endurecían las condiciones para la libre postulación, entre ellas impedir que los candidatos independientes se agruparan en listas en los circuitos plurinominales. También consiguieron elevar del 2% al 3% de los votos válidos el umbral pa- ‘Laptops’, con menos memoria de la exigida Aleida Samaniego C. [email protected] MEDUCA El pliego establecía 512 GB, pero los docentes recibieron ‘laptops’ con 250 GB y una memoria USB adicional para completar la capacidad requerida. Durante la sustentación del presupuesto del Meduca ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se conoció que las laptops entregadas a docentes tienen 250 GB de almacenamiento interno, aunque el pliego exigía 512 GB. Funcionarios explicaron que los equipos incluyen adicionalmente una memoria USB de 250 GB. La compra contempla 54,000 comFiscal frena intento de censura contra ‘La Prensa’ La fiscal Katia Atencio rechazó imponer medidas cautelares contra La Prensa y Rolando Rodríguez solicitadas por Vicente Carretero. Advirtió que limitar publicaciones periodísticas sin justificación objetiva, necesaria y proporcional supondría una intensa restricción a la libertad de prensa. VEA 8A Una fiscal cercana al presidente frente al desafío de la independencia DESIGNACIÓN Eliana Morales Gil [email protected] María Eugenia Pérez de Preciado llega a la Fiscalía General Electoral con una larga trayectoria en la justicia electoral y el desafío de demostrar su independencia. Ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional reconoció que el presidente José Raúl Mulino es su vecino, pero aseguró que esa cercanía no condicionará sus decisiones. Pérez, quien ya había sido designada para el mismo cargo por el expresidente Juan Carlos Varela, asumirá una institución cuestionada históricamente por su bajo perfil, poca independencia y escasos casos de alto impacto. VEA 4A María Pérez de Preciado. Catín dice que recibió presiones para firmar acuerdo con EUA En las postrimerías de su gestión, Ricaurte Vásquez reveló que recibió presiones para que la ACP firmara una declaración conjunta con Estados Unidos durante la visita de Pete Hegseth. El Gobierno completó la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminal de Panamá, tras comprar la participación privada restante por $191.7 millones, operación que será financiada con créditos y dividendos futuros de la empresa. VEA 2B Estado completa la compra de Petroterminal por $191.7 millones La Asamblea celebró sus 120 años con música, baile y fuegos artificiales, mientras el pleno no sesionó y el ruido de la fiesta obligó a interrumpir varias veces una sustentación en la Comisión de Presupuesto. VEA 8A Asamblea Nacional: para la fiesta sí hubo quorum ra constituir y mantener un partido político. Pero el Tribunal Electoral (TE) modificó parte del tablero: eliminó la prohibición de las listas independientes y otras restricciones, aunque mantuvo el aumento del 2% al 3%. Ahora la disputa se traslada a la Asamblea Nacional. El primer filtro será la Comisión de Gobierno, presidida por Benicio Robinson, quien ya cuestionó las reglas que favorecieron a los independientes en 2024 y advirtió que ahora tendrán que jugar bajo reglas partidarias. VEA4A Presupuesto de 2027 putadoras por más de $28 millones en total. VEA 6A $3,757.4 Cantidad en millones de dólares del presupuesto total del Meduca para 2027 $2,312.2 Monto en millones de dólares destinado a funcionamiento. Para inversiones quedan $1,445.1 millones. El nuevo pulso de las reglas electorales LISTAS DE INDEPENDIENTES Prohibir que los candidatos por libre postulación se agrupen en listas en los circuitos plurinominales. UMBRAL PARA LOS PARTIDOS Elevar del 2% al 3% de los votos válidos el umbral para constituir y mantener un partido político. FIRMAS PARA INDEPENDIENTES Considerar como renuncia tácita al partido que uno de sus miembros respaldara con su firma una candidatura por libre postulación. LO QUE IMPUSIERON LOS PARTIDOS Eliminó la restricción 2% - 3% DECISIÓN DEL TE Eliminó la restricción DECISIÓN DEL TE Mantuvo el aumento DECISIÓN DEL TE El documento, que contemplaba un mecanismo de compensación para el tránsito de buques de guerra estadounidenses, fue finalmente firmado el 8 de abril de 2025 por Hegseth y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. VEA 1B
4A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández La reforma electoral entra al terreno de los partidos Eliana Morales Gil [email protected] PROYECTO DE LEY El Tribunal Electoral retiró varias trabas a los independientes, pero la reforma que definirá las elecciones de 2029 llega ahora a una Asamblea dominada por partidos. Si bien el Tribunal Electoral (TE) eliminó algunas de las trabas que empujaron los partidos políticos para dificultarle el camino a los independientes, el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral se enfrentará a un obstáculo determinante: la Comisión de Gobierno, instancia que preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, un opositor declarado de las candidaturas independientes. Robinson se frota las manos. Cuenta los días para debatir los proyectos. Son dos: el 699, que dicta las reglas del juego para las elecciones generales de 2029, y el que reconfigura los circuitos electorales. Este último toca directamente a Bocas del Toro, su provincia: el proyecto divide el actual circuito 1-1, que hoy elige dos diputados, en dos circuitos uninominales, uno para Changuinola y otro para el resto de la provincia. Esta es la Comisión La Comisión de Gobierno la integran nueve diputados, pero la mayoría responde a partidos políticos. Robinson y Raphael Buchanan, del PRD; Luis Eduardo Camacho y Alaín Cedeño, de Realizando Metas; Julio De la Guardia, de Cambio Democrático; Ariana Coba, del Partido Panameñista, y Osman Gómez, de Alianza. Solo dos integrantes, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, responden a la bancada independiente Vamos, agrupación política que acaba de decidir que se convertirá en partido, precisamente porque las reformas impulsadas por los partidos políticos han ido cerrando el camino a las candidaturas independientes. Ese reparto de fuerzas convierte la comisión en un filtro decisivo para quienes impulsaron las trabas que el Tribunal Electoral ya rechazó. Robinson, cuya curul estuvo en el centro de un litigio en 2024 por supuesta violación al tope de gastos, no supera que en esos comicios 20 diputados llegaran a la Asamblea a través de la libre postulación. Lo recordó esta semana en medio de una sesión de la Comisión de Credenciales, cuando interrogaban a la fiscal electoral designada. Afirmó que el TE se extralimitó al autorizar, por decreto y apenas dos o tres meses antes de las elecciones de 2024, que los independientes se agruparan en listas para aprovechar el voto plancha, una histórica estrategia de los partidos. Sostuvo que ese cambio “de última hora” tomó a los partidos por sorpresa y les costó entre 11 y 13 diputados. Advirtió, además, que los independientes que hoy ocupan esas curules saben bien cómo llegaron, y que la página se volteó, pues ahora también jugarán bajo las reglas de un partido. El día clave El magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, presentó el proyecto 699 la noche del 31 de agosto, y omite algunas de los artículos impulsados por los partidos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Los magistrados descartaron la renuncia tácita al partido para quien firmara por un independiente y la prohibición de que se agruparan en listas en los circuitos plurinominales. El diputado de Vamos Jorge Bloise advirtió que sin esas listas, la mitad de los diputados independientes actuales no habría resultado electa en 2024. El texto, sin embargo, mantiene el aumento del umbral para constituir o mantener un partido, del 2% al 3% de los votos válidos, y elimina la propia CNRE. En medio de ese revuelto escenario se discutirán las reformas electorales. ‘A su imagen y semejanza’ Para el abogado Rodrigo Noriega, el desenlace es previsible: “El diputado Robinson hará las reformas electorales a su imagen y semejanza, lo que le convenga a la partidocracia”. Aun así, destacó el gesto del TE al sanear la propuesta “de los sesgos antidemocráticos aprobados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales”, y recordó que la última palabra no la tiene la Asamblea, ya que si el Ejecutivo refrenda la reforma, la Corte Suprema de Justicia hará una segunda revisión. El diputado de Vamos Roberto Zúñiga coincide en el diagnóstico. “Fueron los mismos partidos que hoy están representados en la Comisión de Gobierno quienes introdujeron esos artículos abusivos o discriminatorios contra las candidaturas independientes, y harán lo mismo ahora que venga la reforma y se abra el debate”, vaticinó. “Estoy seguro de que presentarán eso para tratar de evitar que los candidatos independientes puedan postularse en igualdad de condiciones que los partidos políticos”, añadió. A la medida de los intereses Sobre el margen real de acción de la Asamblea, fue escéptico: “Al final del día, se hace un trabajo, se entrega a la Asamblea y ya la Asamblea hace lo que le dé la gana. Va a ser muy difícil que podamos cambiar algo dentro de esa reforma. La reforma la presentan supuestamente los expertos en la materia electoral, pero los diputados la modifican a su antojo”. Aun así, adelantó que su bancada no cederá: “Vamos a defender a toda costa la independencia y vamos a mantenernos verticales en ese punto: que se reconozca la participación de las candidaturas independientes, que se traten con igualdad de condiciones, que no sea únicamente todo para los partidos, porque eso es prácticamente lo que hoy nos ha obligado a hacernos un partido político”. María Eugenia Pérez de Preciado, la designada fiscal general electoral, tiene una hoja de vida que muestra una larga trayectoria en la justicia electoral. Pero hay un detalle que no pasó desapercibido en medio de su paso por la Comisión de Credenciales, el organismo de la Asamblea Nacional que recomendó al pleno legislativo su ratificación en el cargo, y que no guarda relación con su trayectoria académica o profesional: su cercanía al presidente de la República, José Raúl Mulino. “El señor presidente es mi vecino”, respondió cuando el diputado Augusto Tuto Palacios le preguntó si tenía algún grado de afinidad o de consanguinidad con alguien del Ejecutivo. Acto seguido, aseguró que esa relación no comprometería su imparcialidad en la toma de decisiones. “Mi compromiso con la nación es tener una fiscalía imparcial, objetiva, efectiva. No importa a quién involucre una investigación (...). No soy de las personas que se desvía por nada”, respondió Pérez cuando la diputada Patsy Lee le preguntó cómo haría para garantizar la independencia de una investigación, dado que el Ejecutivo primero la nombró suplente del magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, y ahora la coloca en la Fiscalía General Electoral (FGE). Pérez llega al cargo en medio del debate por las reglas del próximo proceso electoral. La Asamblea discutirá durante los próximos días el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral, en un escenario en el que los partidos políticos empujan ventajas para los comicios generales de 2029. Varela la había designado Pérez de Preciado estuvo a punto de llegar a la FGE. Juan Carlos Varela, presidente de la República entre 2014-2019, la nominó para reemplazar a Eduardo Peñaloza. Pero la Asamblea nunca la ratificó. Este tema también gravitó en la Comisión de Credenciales durante la noche del pasado martes 1 de septiembre. Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le preguntó si tenía “su corazoncito violentado” porque aquella vez el Legislativo nunca la llamó para el proceso de ratificación. Ella negó que eso le afectara. Reconoció que su designación, en ese momento, se produjo a pocos meses de las elecciones de 2019 y cuando estaba por terminar la gestión de Varela, que, por desgaste y peleas internas, tenía poca influencia en la Asamblea. Ella lo sabía, pero contó que “no iba a decirle no a la patria”. “Yo me enteré por los periódicos que fue nombra- ‘El señor presidente es mi vecino’, los nexos con el poder de la nueva fiscal electoral RATIFICACIÓN do el doctor [Dilio] Arcia”, contó después. A Arcia lo designó Laurentino Cortizo, quien reemplazó a Varela en julio de 2019. En agosto de ese año, el nombramiento de Arcia ya estaba en la Asamblea y fue ratificado sin mayor cuestionamiento. Y precisamente ahora ella reemplazará a Arcia, un PRD de tuerca y tornillo, que falleció en septiembre de 2025. Varela celebró la escogencia de Pérez. Pero Robinson también le preguntó a la elegida “si es verdad que ella no gusta de los perredés”. Pérez lo negó. Afirmó que no era una perseguidora. El diputado Raphael Buchanan, también del PRD, insistió con este tema. Aseguró que la FGE es una entidad que se ha usado para “perseguir” a detractores políticos “de X o Y” gobierno y preguntó si su despacho se prestaría para eso. “No rotundo”, manifestó la fiscal designada. La entidad que recibe Para conocedores de los temas electorales, la FGE es actualmente una entidad casi en la sombra. Su bajo perfil público contrasta con las atribuciones que le da la Constitución: puede investigar y perseguir delitos electorales por iniciativa propia, sin esperar una denuncia. Pero históricamente ha sido señalada como una fiscalía con poca independencia, atada a cuotas políticas y con pocos casos de alto perfil resueltos. La Fiscalía General Electoral fue creada por el Decreto de Gabinete N.° 2 de 1972 y está consagrada en el artículo 144 de la Constitución. Su mandato es salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta de los funcionarios en materia electoral y perseguir los delitos y las contravenciones electorales. Debe actuar de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia previa, y con las mismas facultades de instrucción que un fiscal del Ministerio Público. Opera de forma coordinada con el Tribunal Electoral y cuenta con fiscalías electorales en las provincias. Con Pérez en la FGE, queda ahora por conocer quién será el suplente del magistrado Arellano. El Ejecutivo no ha dado pistas al respecto. Eliana Morales Gil [email protected] María Eugenia Pérez Cattaruzzo de Preciado. Elysée Fernández Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
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6A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ‘CHANTIN’. Faltan cuatro días para la toma de posesión de Ilya de Marotta, pero todavía no ha podido hacer un recorrido por la que será su residencia oficial, en el cerro Ancón, a partir del próximo lunes. Cuál es el misterio… SUB. Hablando de misterios de la transición administrativa del Canal, a estas alturas todavía se desconoce quién será el nuevo subadministrador. Uno de los que suena más que una maraca es Francisco Ruiz Miranda, quien ya estuvo en la ronda de candidatos valorados por la junta directiva de la ACP para el cargo de administrador. Ruiz Miranda, que no trabaja actualmente en la ACP, es especialista en desarrollo marítimo y logístico. Ojalá esa no sea la excusa para sentar a algún amiguito. LUNCH. Ayer, en un salón de La Fragata, almorzaban el contralor Anel Flores y la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. ¿De qué tema podrían hablar estos dos apocalípticos personajes? ¿De la planilla? PASADO. José Rigoberto Acevedo, uno de los homenajeados con la medalla Justo Arosemena, labora en la Asamblea desde el año 2007, pero antes, en los 90, fue destituido como juez penal. En un órgano lo expulsan y en otro lo condecoran. SOLIDARIDAD. Aurelio Mejía, director de Presupuesto hasta el pasado 10 de agosto, reapareció en la Asamblea como parte de la comitiva que acompañó al nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, en su sustentación. Mejía ahora es asesor de Vega. Cuesta creer que esto sea casualidad. FORMACIÓN. El exdiputado de Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, acudió al Tribunal Electoral a presentar la solicitud para inscribir un partido que se llamará Fuerza Renovadora. SeVentura Vega, ministro de Educación, durante la sustentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. Elysée Fernández ¿Dónde están los 512 GB de las ‘laptops’? Meduca reconoce fallas Aleida Samaniego C. [email protected] FONDOS PÚBLICOS El director de Informática Educativa del Meduca, Roberto Espino, dijo que las ‘laptops’ tienen 250 GB de almacenamiento interno y otros 250 GB en una memoria USB, aunque el pliego establecía 512 GB. El Ministerio de Educación (Meduca) está entregando a los docentes laptops con 250 gigabytes (GB) de almacenamiento interno, pese a que el pliego de cargos establecía una capacidad de 512 GB. La diferencia fue expuesta este miércoles 2 de septiembre durante la sustentación del presupuesto del Meduca ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando el diputado independiente Jhonatan Vega pidió al ministro de Educación, Ventura Vega, y a su equipo explicar las especificaciones técnicas de los equipos. El director de Informática Educativa del Meduca, Roberto Espino, confirmó que las laptops tienen 250 GB de almacenamiento interno y explicó que la capacidad restante se completa con una memoria USB. “Está fragmentado en un disco duro interno de 250 GB y una memoria, un pendrive, de 250 GB”, explicó Espino. La explicación generó cuestionamientos del diputado Vega, quien puso en duda que una memoria externa pueda considerarse equivalente a los 512 GB de almacenamiento establecidos en las especificaciones técnicas. “¿Por qué tenemos que fragmentarlo? Porque no es lo mismo”, planteó el diputado. Espino señaló que este es uno de los aspectos que actualmente se encuentran bajo revisión. Almacenamiento bajo revisión Durante la sesión, Espino detalló que las laptops cuentan, entre otras características, con pantalla de 14 pulgadas Full HD, 16 GB de memoria RAM DDR5, cámara web, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y puertos USB-C y USBA. Ante una pregunta del diputado, confirmó que el contrato establecía 512 GB, mientras que los equipos entregados cuentan con 250 GB de almacenamiento interno y una memoria USB adicional. Por ahora, no existe una conclusión oficial que determine que los equipos incumplen el contrato. Lo confirmado durante la comparecencia es que la capacidad de almacenamiento interno señalada por el funcionario no coincide con los 512 GB establecidos en el pliego. 28 mil ‘laptops’ entregadas y ningún pago El cuestionamiento sobre las especificaciones se produce mientras el contrato para adquirir 54 mil laptops para docentes, por más de $28 millones, también está bajo revisión. El ministro de Educación informó que IS Group, S.A. ha entregado alrededor de 28 mil equipos y aseguró que Meduca no ha realizado ningún pago hasta este momento. “Todavía no hemos desembolsado ningún emolumento”, afirmó. A la situación se suma una adenda al contrato que contemplaba una extensión de 75 días y un incremento de aproximadamente $234,956. El titular de Educación confirmó que la Contraloría General de la República devolvió la adenda, al considerar que no era viable. El ministro explicó que, además de la auditoría de la Contraloría, existe una actuación relacionada con el proceso en la Procuraduría General de la Nación. Añadió que esperará los resultados de ambas instancias antes de tomar una decisión sobre el futuro del contrato. “Una vez hay una opinión, la que sea, de estas dos entidades, yo inmediatamente voy a actuar”, manifestó. El ministro también reconoció que el proyecto deberá ser reevaluado. “Tenemos que reevaluar todo y ver los tiempos que nos quedan también”, indicó. Luis Duke cuestiona la prioridad de la compra El diputado independienJuan Manuel Díaz [email protected] Tribunal de Apelaciones mantiene detención provisional de Bernardo Meneses JUSTICIA El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención provisional del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción por la distribución y manejo de auxilios económicos. En una audiencia realizada en la mañana de ayer, los magistrados Gladys Moreno, Julisa Saturno y Raúl Urriola desestimaron la petición presentada por la defensa de Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya. Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal Azucena Aizpurúa alegó que en este caso se debe mantener la detención provisional de Meneses, ya que como director del Ifarhu tenía la responsabilidad del manejo de los fondos asignados a esa entidad para ayudar a estudiantes de escasos recursos. Además, planteó que la defensa del imputado no aportó indicios nuevos que debiliten la investigación del Ministerio Público, por lo que las medidas cautelares aplicadas en primera instancia deben mantenerse. Además de este caso de peculado y corrupción, Meneses mantiene sendas investigaciones por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. En el caso de peculado, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Meneses irregularidades en el manejo de $51 millones en auxilios económicos que en ocasiones fueron entregados a personas con alto poder adquisitivo y que no calificaban para estos beneficios. guramente será otra sucursal de RM. DRAMA. El diputado Eduardo Vásquez, quien preside la Comisión de Presupuesto, dijo que las sustentaciones se han convertido “en el nuevo Netflix o novela”. Si se refiere a que, gracias a lo que sucede en esa comisión, están surgiendo hechos que antes eran impensables, tiene toda la razón. Pero, ¿acaso eso es malo? Que se prepare, porque la temporada está empezando. te Luis Duke planteó un cuestionamiento distinto al de Jhonatan Vega. Durante la sustentación, preguntó al ministro por qué el Meduca destina más de $28 millones a laptops cuando existen necesidades de infraestructura en escuelas y colegios a nivel nacional. “¿Cuál es la narrativa que tiene el Meduca para invertir más de 28 millones de dólares en laptops cuando existen otras prioridades?”, preguntó Duke. El diputado sostuvo que los recursos públicos son limitados y que existen centros educativos que requieren atención. Duke resumió su posición con una comparación: “Uno no se muda a la casa con los muebles y sin tener techo ni paredes”. Ventura Vega defiende la tecnología El ministro defendió la incorporación de tecnología al sistema educativo y sostuvo que los estudiantes deben prepararse para desenvolverse en un entorno cada vez más digital. También destacó la importancia de la conectividad a internet para aprovechar estas herramientas y mencionó la evaluación PISA, que incorpora componentes relacionados con el uso de tecnología. No obstante, ante los cuestionamientos, el titular de la cartera reconoció que el proyecto debe ser reevaluado y que su administración deberá determinar los pasos a seguir una vez se conozcan las conclusiones de las entidades que revisan el proceso. La discusión sobre las laptops se dio durante la sustentación de la vista presupuestaria de la institución para 2027. Aunque la recomendación final del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorga un techo fiscal global superior al monto que había solicitado la entidad educativa. La recomendación del MEF no solo eleva el monto global planteado por Meduca, sino que también cambia la composición del presupuesto. El incremento se concentra en inversión, mientras que el gasto de funcionamiento queda por debajo de lo solicitado por la institución. Solicitado por el Meduca Recomendado por el MEF $2,338.3 millones $2,312.2 millones Funcionamiento Solicitado por el Meduca Recomendado por el MEF $1,315.8 millones $1,445.1 millones Inversión Recomendado sin PIB $361.6 millones Total solicitado por el Meduca para 2027 Total recomendado por el MEF $3,654.2 millones $3,757.4 millones Resumen del presupuesto del Meduca para el 2027 Fuente: Presupuesto General del Estado 2027
7A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026
8A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 La Corte Suprema de Justicia no admitió una segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por miembros de la coalición Vamos contra los superpoderes otorgados al contralor general de la República a través de la Resolución N.° 3126-2025-Leg/ PJ, de 23 de septiembre de 2025. La primera demanda de Vamos contra este reglamento fue presentada el 15 de octubre de 2025 y rechazada en febrero de 2026 por el Pleno de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez. Ahora, en un edicto fijado ayer, 1 de septiembre, y bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García, el Pleno también decidió no admitir una segunda demanda presentada por varios diputados de Vamos. En esta ocasión, el rechazo de la demanda de inconstitucionalidad se funLa Corte rechaza una segunda demanda contra superpoderes del contralor DECISIÓN JUDICIAL damenta en el artículo 384 del Código Judicial, en el que se establecen los requerimientos necesarios para la admisión de una demanda. Entre estos requerimientos se encuentra la exposición ordenada de los hechos concretos que sirven de fundamento a las pretensiones, redactados en forma clara, precisa y cronológica, en la medida de lo posible. Los diputados de Vamos Janine Prado Castaño, Yamireliz Chong, Luis Enrique Duke Walker y Alexandra Brenes presentaron el recurso aduciendo que el nuevo reglamento de la Contraloría vulnera los artículos 280 y 281 de la Constitución, ya que, mediante la resolución impugnada, la Contraloría General estableció la potestad de dictar medidas precautorias en casos de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La presidenta Shirley Castañedas junto al diputad Manuel Cohen. Elysée Fernández Fiesta en la Asamblea: medallas, orquesta, baile y fuegos artificiales José González Pinilla [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO El pleno legislativo tuvo una sesión especial para homenajear a tres personas, incluyendo a la primera dama Maricel de Mulino. En 2023, cada medalla Justo Arosemena, de plata y bañada, en oro costó $1,600. Los diputados celebraron el 1 de septiembre los 120 años de la instalación de la primera Asamblea Nacional en el istmo con una fiesta bailable que se extendió hasta entrada la noche y que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales. La jornada inició con la presentación de una orquesta de música integrada por agentes del Sistema de Protección Institucional (SPI). La agrupación interpretó canciones tropicales sobre una tarima colocada frente a la fachada principal del Palacio Justo Arosemena. Funcionarios e invitados coreaban desde sus asientos las canciones que interpretaba la agrupación, mientras varios diputados se acomodaban en primera fila. Otros se movieron por la pista de baile; ahí estaba toda la junta directiva: la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas; el primer vicepresidente, Manuel Cohen, y el segundo vicepresidente, Manuel Chen. Cuando el conjunto entonó las notas de la canción La bilirrubina, de Juan Luis Guerra y 4.40, Castañedas y Cohen saltaron a la pista. “Saquen a su pareja”, instaba el animador. Poco después se unió, por insistencia de Castañedas, el secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado, quien buscó como pareja de baile a la diputada oficialista Lilia Batista. Sonaba entonces la canción de La Sonora Dinamita Oye, abre tus ojos . No muy lejos, en la primera fila de asientos, estaban el abogado y asesor legislativo José Rigoberto Acevedo, quien aún llevaba colgada en el cuello la Medalla Justo Arosemena que había recibido una hora antes en el hemiciclo, y el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Elías Castillo. Para esa hora, alrededor de las 6:00 p.m., la primera dama, Maricel de Mulino, quien también recibió la Medalla Justo Arosemena en el mismo acto solemne que el abogado Acevedo, ya se había retirado del lugar. En la celebración se presentaron conjuntos folclóricos, grupos de baile y la banda independiente Centenario. También cantó el tipiquero Abdiel Núñez, quien es suplente de la diputada Yuzaida Marín, de RM. Mientras la fiesta continuaba, algunas comisiones de la Asamblea mantenían su jornada regular de trabajo. En la de Presupuesto estaba sustentando el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien en varias ocasiones tuvo que suspender momentáneamente su intervención, porque la algarabía y los fuegos artificiales impedían que los demás escucharan lo que él decía. En el pleno, en tanto, no hubo sesión ordinaria. Castañedas y sus vicepresidentes no regresaron a dirigir la discusión y los pocos que quedaban en sus curules, principalmente independientes, entendieron que era mejor retirarse. Homenajeados La Medalla Justo Arosemena es una de las máximas condecoraciones que realiza el Órgano Legislativo. En 2023, por ejemplo, recibieron esta distinción el acordeonista y compositor de música típica, Osvaldo Ayala. También el médico Doménico Melillo y el abogado Edgar Zachrisson. Para ese año, de acuerdo a un informe de la Asamblea, cada medalla de plata, bañada en oro y con un peso de aproximado de 45.1 gramos, con tamaño de 9 centímetros de largo y 7.5 de ancho, costó $1,600. Mientras que en el 2021 la recibieron el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz; el exdiputado Denis Arce; el historiador Álvaro Menéndez Franco, y la exjefa nacional de Enfermería, Eusebia de Copete, considerada una de las heroínas nacionales de la pandemia respiratoria. Para el año 2019 la recibieron Alfredo Berrocal y Argelia Tello Burgos. También la exdiputada Susana Richa de Torrijos; el cantante, acordeonista y compositor panameño Daniel Dorindo Cárdenas; el arquitecto Julio Rovi Fong; el sacerdote Domingo Escobar Chávez, y el abogado Silvio Guerra Morales. Y antes que ellos, en el 2017, el médico Adán Ríos, el abogado Carlos Bolívar Pedreschi, la abogada Aura Emérita Guerra de Villalaz, el exlegislador Jacobo Salas y los exministros Adolfo Ahumada y Mario Julio Galindo. Con Maricel de Mulino sería la primera vez que se le entrega la medalla a la esposa del presidente de la República. La fiscal de circuito de atención primaria, Katia Atencio, se negó a imponer medidas cautelares para impedir que el diario La Prensa y su subdirector asociado Rolando Rodríguez investiguen e informen sobre las actividades empresariales de Vicente Carretero Napolitano. Atencio advirtió que en las publicaciones de Rodríguez no hay elementos que constituyan actos de intimidación, hostigamiento, represalia o presión contra Carretero y que en las notas periodísticas ni siquiera se le menciona, ya que hacen referencia “a una persona distinta”: su hermano Ramón. “Imponer una medida que pudiera limitar o condicionar la publicación de información por parte de periodistas supondría una restricción particularmente intensa de la libertad de prensa, sin que exista, al momento de resolver, una justificación objetiva suficiente para considerarla necesaria y proporcional”, señaló la fiscal en un escrito del 25 de agosto de 2026, en el que contesta a Carretero. Las medidas cautelares fueron solicitadas por Marcela Araúz, abogada de Carretero, dentro de una querella penal contra Rodríguez y Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por la presunta comisión de los delitos de calumnia e injuria. La fiscal argumentó que las medidas de protección no pueden convertirse en un instrumento para restringir derechos fundamentales que no guarden relación directa, necesaria y proporcional con la situación de riesgo que se pretende prevenir. Recalcó que el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio, disponiendo que el ejercicio de este derecho no Fiscal rechaza los intentos de Carretero para impedir que ‘La Prensa’ investigue JUSTICIA puede estar sujeto a previa censura”. En su decisión, la fiscal plantea que la libertad de información, constitucionalmente protegida, no puede ser equiparada automáticamente con actos de intimidación, hostigamiento o represalia, fundamento de la solicitud presentada por la abogada de Carretero. “Aceptar que toda publicación periodística que una persona considere falsa, agraviante o psicológicamente perjudicial constituye, por ese solo hecho, un acto de hostigamiento susceptible de generar una prohibición o restricción judicial”, podría producir un efecto de censura, resaltó la fiscal. La existencia de una querella penal por un presunto delito contra el honor no convierte automáticamente en ilícita toda publicación posterior realizada por los periodistas querellados. En su querella penal, Carretero alega que las publicaciones de La Prensa son difamatorias e intimidatoria, ya que sus ingresos no provienen de contratos suscritos con los gobiernos de Cuba y Venezuela. El 11 de diciembre de 2025, Ramón Carretero fue incluido en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de Estados Unidos, por sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Poco después, el 19 de diciembre, Vicente y Roberto Carretero, hermanos de Ramón también fueron listados. Juan Manuel Díaz [email protected] Vicente Carretero y Rolando Rodríguez Fotocomposicón de LP Anel Flores LP Panorama
9A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 $3.1 millones para una universidad con una matrícula de 85 estudiantes Aleida Samaniego C. [email protected] PRESUPUESTO Diputados cuestionaron la baja ejecución presupuestaria, el aumento de varias partidas y los nombramientos, mientras la UAPI proyecta ampliar su oferta académica y su personal. La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) cuenta con 85 estudiantes y no tiene sede propia. Aun así, tiene un presupuesto recomendado de $3.1 millones para 2027, un aumento de 54.7% con respecto al presupuesto aprobado para la vigencia fiscal actual. El aumento en la asignación estatal, sustentado por el rector de la UAPI, Demetrio Santamaría Montezuma, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, fue cuestionado por los bajos niveles de ejecución registrados en 2026. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas citadas durante la sesión, a la fecha la UAPI ha ejecutado 7.6% del presupuesto de funcionamiento y 3.6% del de inversión. La administración universitaria atribuyó parte de la baja ejecución a una auditoría de la Contraloría iniciada en 2025. Santamaría afirmó que varias compras y servicios figuran como compromisos o reservas, pero no han podido concretarse como pagos. Los diputados independientes Jonathan Vega, Luis Duke y Yamirelis Chong cuestionaron distintos aspectos del presupuesto y pidieron explicaciones sobre los bienes y servicios efectivamente adquiridos. Vega criticó al rector porque, a su juicio, no manejaba algunos datos relacionados con la ejecución presupuestaria y remarcó que los resultados de la universidad son “cero” tanto en inversión como en funcionamiento. Vega también cuestionó la forma en que Santamaría llegó a la rectoría de la UAPI. El diputado mostró una nota dirigida a la entonces ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y firmada por el exdiputado Ricardo Santos, en la que este recomendaba a Santamaría para ocupar el cargo de rector. Sostuvo que la recomendación evidenciaba una influencia política en la educación y cuestionó que Santamaría hubiera obtenido la rectoría pese a, según afirmó, haber recibido la evaluación más baja durante el proceso de selección. La universidad plantea utilizar los recursos adicionales para ampliar su oferta académica, aumentar la planta de docentes y administrativos y extender sus operaciones a otros territorios indígenas. Para 2027 proyecta pasar de 22 a 47 docentes y de 18 a 33 administrativos, así como llevar de dos a cuatro las licenciaturas. En cuanto a la matrícula, aspira a alcanzar 350 estudiantes, frente a los 85 actuales. Entre las nuevas carreras planteadas figuran programas relacionados con ciencias agropecuarias y salud. Una de las partidas que llamó la atención fue la de telecomunicaciones. Para 2027 se proyectan $150,000 frente a unos $29,000 en 2026. El responsable de tecnología explicó que la universidad cuenta actualmente con una conexión de unos 5 megabytes y que el servicio tiene un costo anual cercano a $48,000. La intención es ampliar la conectividad a los centros donde se desarrollan actividades académicas. También aumenta la partida para combustible, de $40,000 en 2026 a $55,000 en 2027, pese a que la institución tiene solo un vehículo propio. Santamaría explicó que el Meduca había proporcionado inicialmente dos vehículos, pero posteriormente solicitó la devolución de uno. Ante las limitaciones de movilidad, algunos funcionarios han tenido que asumir gastos de traslado con recursos propios. El presupuesto contempla unos $1.1 millones para servicios personales, que incluyen salarios y prestaciones, frente a aproximadamente $789,000 en 2026, como parte del crecimiento previsto de la plantilla. Otra partida cuestionada fue la de servicios comerciales y financieros, que ronda los $548,000. Funcionarios de la universidad explicaron que más de $300,000 estarían vinculados a contrataciones relacionadas con educación superior y los nuevos programas. La explicación generó preguntas de los diputados, debido a que el presupuesto también contempla recursos para el pago de docentes dentro de la partida de servicios personales. En cuanto a las autoridades, el presupuesto incluye $6,000 mensuales, más $2,000 en gastos de representación, para el rector. Santamaría indicó que no ha recibido esos pagos mientras se desarrolla la revisión de la Contraloría. La UAPI no cuenta con campus propio. Opera en espacios facilitados por la Gobernación de la comarca Ngäbe Buglé y en centros educativos de Hato Chamí, Peña Blanca y Llano Tugri. La construcción de una sede propia forma parte de un proyecto estimado previamente en unos $11 millones. Santamaría explicó que el proyecto fue declarado desierto al inicio de la actual administración y posteriormente incorporado al banco de proyectos del Meduca. La institución fue creada mediante la Ley 288 del 10 de marzo de 2022 y tiene entre sus objetivos contribuir a reducir la migración de estudiantes hacia otras zonas del país. Al cierre de la sustentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, pidió al rector presentar el próximo año un plan que refleje con mayor claridad el beneficio de los recursos solicitados para los estudiantes y la comunidad indígena. Vásquez expresó preocupación por la auditoría y los nombramientos y recordó que los recursos públicos deben traducirse en resultados concretos. Presupuesto 2026 Presupuesto 2027 Funcionamiento Inversión $1,520,000 $2,610,000 $511,901 $542,615 Comparativa presupuestaria de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) FUENTE: Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) +$1,090,000 +$30,714 Variación Variación Total de presupuesto 2026: $2.04 millones 2027: $3.1 millones Cifras en millones de dólares Panorama
10A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ma, exigir procedimientos de debida diligencia o establecer obligaciones de reporte. Todo ello es importante, pero corresponde al ámbito de la supervisión. Sin embargo, la regulación debe ir mucho más allá. Panamá necesita una ley integral que defina jurídicamente qué es un activo digital, establezca sus distintas categorías y determine qué autoridad será competente para supervisar cada una de ellas de acuerdo con su naturaleza. Asimismo, debe contemplar un régimen de licencias para aquellas empresas que deseen desarrollar negocios basados en activos digitales dentro del país. No todos los activos digitales son iguales. Un depósito tokenizado no presenta las mismas características jurídicas que un token representativo de valores, un activo inmobiliario tokenizado o un activo virtual utilizado como medio de intercambio. Pretender regularlos bajo un único enfoque sería desconocer la evolución que ha experimentado esta industria durante la última década. La buena noticia es que Panamá no necesita reinventar su estructura institucional. Contamos con un sistema de supervisión financiera sólido y especializado, donde las distintas superintendencias y las demás autoridades sectoriales poseen la experiencia necesaria para supervisar actividades financieras complejas. Lo que hace falta es Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Del resentimiento al odio: ‘medias verdades en la sociedad’ Democracia El escenario político actual atraviesa una escalada de sucesos mediatizados a través de grupos sociales, políticos, económicos y religiosos afines a un nuevo líder, caudillo o influencer, lo que genera un ecosistema inundado de desinformación que golpea directamente a la sociedad, que termina cayendo en narrativas alimentadas por el rencor y las medias verdades. Panamá no escapa a esta tendencia global, ya que lo que antes se discutía en las esquinas o en los debates tradicionales de opinión hoy se procesa en el laboratorio digital de las redes sociales, donde las medias verdades rinden más dividendos políticos que la honestidad. Nos encontramos ante una preocupante mutación del debate público: la transición del resentimiento social justificado, provocado por años de desigualdad, promesas rotas y clientelismo, hacia un odio sistemático dirigido a todo el que piense diferente. Nuestra realidad nacional nos muestra un país de profundas paradojas, toda vez que, mientras los indicadores macroeconómicos intentan proyectar estabilidad, las calles reflejan una creciente desconfianza institucional. Temas críticos como el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS), los debates en la Asamblea, la gestión del agua del Canal de Panamá o los retos de la juventud son secuestrados por discursos incendiarios. Ya no se busca resolver los problemas de raíz; lo que importa es el aplauso fácil en redes, la descalificación del rival y el uso de la polarización como una herramienta de control. Hoy Panamá parece estar sumergida en una especie de política del espectáculo o show mediático, que ha terminado por anular la madurez cívica. Los nuevos mesías digitales e influencers de la política, más que presentar propuestas serias y posibles soluciones, parecieran vivir de la frustración de la gente, sacando provecho de ello. Construyen enemigos imaginarios para evitar rendir cuentas y dividir el tejido social, encerrando a los ciudadanos en burbujas ideológicas donde la verdad pasa a un segundo plano y lo único que importa es la lealtad ciega, además de los likes monetizados. En mi opinión, hoy Panamá se encuentra en una encrucijada donde el mayor desafío no es solo fiscal o económico, sino democrático. Si permitimos que el odio y las verdades a medias sigan dictando la agenda del país, terminaremos destruyendo los puentes necesarios para lograr consensos reales. Es momento de apagar el ruido de las pantallas y exigir un debate con altura, sustancia y, sobre todo, con la honestidad que el futuro de nuestra nación merece. Justificación torrijista del paso expedito Canal de Panamá mente posible, sin trabas, con tramitación simplificada y, en caso de emergencia, ponerse a la cabeza de la fila de las naves a fin de transitar rápidamente por el Canal”. Abramos un paréntesis para explicar que, en relación con los casos de “necesidad o emergencia” que se les presenten a las naves de los Estados Unidos de América para atravesar el Canal, señala el Entendimiento tres (3) que “la determinación sobre la ‘necesidad o emergencias’, para que cualquier nave de guerra o nave auxiliar de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América vaya a la cabeza de la fila de naves con el fin de transitar rápidamente por el Canal de Panamá, será hecha por la nación que opere la nave”. Por ello se comprenden, entonces, las manifestaciones del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense en torno a la Enmienda dos (2), cuando, al recomendar su aprobación, dijo: “El significado de la enmienda recomendada al artículo VI es igualmente claro. Esta disposición —extraída al pie de la letra de la Declaración de Entendimientos— confiere a las naves de guerra y naves auxiliares de los Estados Unidos el derecho a ir ‘a la cabeza de la fila’ en una ‘emergencia’. Qué constituye una emergencia, y cuándo existe, es para los Estados Unidos y los Estados Unidos solos lo determinan. Esta disposición podría difícilmente ser más explícita”. El derecho de paso expedito que se ha otorgado a las naves de guerra y naves auxiliares norteamericanas con base en el artículo VI del Tratado, la Declaración de Entendimientos del 14 de octubre de 1977 y la Enmienda dos (2), como normas interpretativas, fue justificado por el general Omar Torrijos al explicar que, allá por el año 1969, siendo él jefe de Zona Militar en la ciudad de Colón, le tocó presenciar actos vandálicos, inmorales y escandalosos promovidos Julio Ernesto Linares Regular para supervisar o regular para innovar Activos digitales En 2027 Panamá volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como es natural, gran parte de la discusión nacional se ha concentrado en fortalecer el marco de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese objetivo es indispensable. Sin embargo, existe el riesgo de que confundamos la regulación con la supervisión. En los últimos años, tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo han conocido diversas iniciativas relacionadas con los activos digitales. Algunas procuran otorgarles una naturaleza jurídica y establecer reglas claras para su desarrollo; otras se limitan a crear registros de proveedores de servicios de activos virtuales con un enfoque orientado exclusivamente al cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. Si el resultado final es únicamente un registro administrativo para efectos de prevención del lavado de activos, Panamá habrá atendido una exigencia internacional, pero habrá perdido una oportunidad histórica para posicionarse como un centro regional de innovación financiera. Regular activos digitales no puede reducirse a identificar quién opera una plataforuna ley que distribuya claramente las competencias según la naturaleza jurídica del activo digital y de la actividad desarrollada. Ese modelo ofrecería seguridad jurídica a los inversionistas, claridad a los operadores y certeza a los supervisores, sin romper con la arquitectura regulatoria que históricamente ha distinguido a Panamá como centro financiero internacional. El camino corto consiste en crear un registro para cumplir con una recomendación del GAFI. El camino correcto consiste en desarrollar una industria. Mientras diversos países de América Latina avanzan en la creación de marcos regulatorios que buscan atraer inversión, fomentar la tokenización de activos reales y facilitar nuevos modelos de negocio, Panamá corre el riesgo de limitarse a administrar riesgos. Esa visión puede satisfacer una evaluación técnica, pero difícilmente atraerá innovación, talento o capital. Nuestro país cuenta con ventajas competitivas que pocos pueden igualar: un centro bancario internacional consolidado, un mercado de valores en crecimiento, una industria fiduciaria robusta, un Registro Público confiable y una reconocida tradición en servicios financieros. Sobre esa base es posible construir un ecosistema de activos digitales serio, seguro y competitivo. La evaluación del GAFI representa una oportunidad para demostrar que Panamá mantiene un sistema sólido de prevención del delito financiero. Pero también debe convertirse en el punto de partida para una conversación más ambiciosa: cómo construir un marco jurídico moderno que impulse la economía digital y convierta al país en un referente regional de innovación. La regulación del siglo XXI debe cumplir dos funciones simultáneamente: proteger la integridad del sistema financiero y crear las condiciones jurídicas para que la innovación ocurra. Panamá necesita ambas. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es abogado. Héctor Mella Carpanetti por los soldados norteamericanos que, en vista de la demora (paso no expedito) que sufrían las naves estadounidenses al cruzar el Canal, bajaban a tierra, ocasionando toda clase de desórdenes como si se tratara de una diversión. Sobre estas razones que tuvo el general Torrijos para aceptar los derechos de tránsito expedito otorgados por el artículo VI del Tratado de Neutralidad y confirmados por la Enmienda dos (2), ha escrito el doctor Rómulo Escobar Bethancourt: “… porque Torrijos explicó que cuando prestaba servicio en la ciudad de Colón, como jefe militar, en la orilla atlántica del canal, le tocó vivir y sufrir los efectos de la demora, o sea del paso no expedito, en el tránsito de los navíos de guerra por la zanja canalera. Los marinos y soldados bajaban a tierra, se emborrachaban y promovían riñas tumultuosas y escándalos, irrespetaban a todas las mujeres, sin distinción alguna, se negaban a pagar las copas consumidas, golpeaban a los conductores de taxis, despertaban en altas horas de la noche al vecindario y mantenían a las autoridades de policía y militares tanto de Panamá como de la zona del canal, sobre preocupados controlando estos desatinos. Por ello el paso rápido, expedito, de los navíos de guerra era lo mejor para la ciudad de Colón y también para Panamá, situada a la desembocadura del canal en el litoral pacífico”. Definitivamente, aparte de ser totalmente absurdas las razones que se dieron para explicar el derecho de paso expedito que se otorga a las naves de guerra y auxiliares de los Estados Unidos de América a través del Canal, los actos que se atribuyen, en la década del sesenta, a los soldados norteamericanos denotan, sin lugar a dudas, una incapacidad manifiesta por parte de las autoridades policivas panameñas para cumplir con su deber, esto es, mantener el orden público, la tranquilidad y la paz social de los ciudadanos. Peor todavía, cuando, frente a la actitud de aparentes actos vandálicos de los militares norteamericanos, se premió a su país de origen con el paso expedito. La Declaración de Entendimientos, en lo que respecta a la Enmienda dos (2) al Tratado de Neutralidad, es del siguiente tenor: “Al final del primer párrafo del artículo VI insértese lo siguiente: “De conformidad con la Declaración de Entendimiento mencionada en el artículo IV precedente: ‘El Tratado de Neutralidad dispone que las naves de guerra y las naves auxiliares de los Estados Unidos y de Panamá tendrán el derecho de transitar por el Canal de modo expedito. Esto tiene la intención, y así se interpretará, de asegurar el tránsito de esas naves por el Canal lo más rápidamente posible, sin trabas, con tramitación simplificada y, en caso de necesidad o emergencia, ponerse a la cabeza de la fila de las naves a fin de transitar rápidamente por el Canal’”. Por su parte, señala el primer parágrafo del artículo VI: “1. En reconocimiento de las importantes contribuciones de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones, no obstante otras estipulaciones de este tratado tendrán el derecho de transitar el Canal independientemente de su funcionamiento interno, medio de propulsión, origen, destino, armamento o carga. Dichas naves de guerra y naves auxiliares tendrán derecho a transitar el Canal de modo expedito”. La Enmienda dos (2), por lo tanto, lo que hace es explicar el sentido del derecho que el artículo VI del Tratado otorga a las naves de guerra y naves auxiliares de los Estados Unidos de América de “transitar el Canal de modo expedito”, al indicar que dicho tránsito deberá hacerse “lo más rápidaPanamá enfrenta el desafío de cumplir las exigencias del GAFI sin limitar la regulación de activos digitales a controles y registros administrativos. Belisario Castillo Sáenz El paso expedito de naves de guerra estadounidenses por el Canal tuvo una justificación de Torrijos que todavía admite cuestionamientos históricos y jurídicos. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
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