4A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández La reforma electoral entra al terreno de los partidos Eliana Morales Gil [email protected] PROYECTO DE LEY El Tribunal Electoral retiró varias trabas a los independientes, pero la reforma que definirá las elecciones de 2029 llega ahora a una Asamblea dominada por partidos. Si bien el Tribunal Electoral (TE) eliminó algunas de las trabas que empujaron los partidos políticos para dificultarle el camino a los independientes, el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral se enfrentará a un obstáculo determinante: la Comisión de Gobierno, instancia que preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, un opositor declarado de las candidaturas independientes. Robinson se frota las manos. Cuenta los días para debatir los proyectos. Son dos: el 699, que dicta las reglas del juego para las elecciones generales de 2029, y el que reconfigura los circuitos electorales. Este último toca directamente a Bocas del Toro, su provincia: el proyecto divide el actual circuito 1-1, que hoy elige dos diputados, en dos circuitos uninominales, uno para Changuinola y otro para el resto de la provincia. Esta es la Comisión La Comisión de Gobierno la integran nueve diputados, pero la mayoría responde a partidos políticos. Robinson y Raphael Buchanan, del PRD; Luis Eduardo Camacho y Alaín Cedeño, de Realizando Metas; Julio De la Guardia, de Cambio Democrático; Ariana Coba, del Partido Panameñista, y Osman Gómez, de Alianza. Solo dos integrantes, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, responden a la bancada independiente Vamos, agrupación política que acaba de decidir que se convertirá en partido, precisamente porque las reformas impulsadas por los partidos políticos han ido cerrando el camino a las candidaturas independientes. Ese reparto de fuerzas convierte la comisión en un filtro decisivo para quienes impulsaron las trabas que el Tribunal Electoral ya rechazó. Robinson, cuya curul estuvo en el centro de un litigio en 2024 por supuesta violación al tope de gastos, no supera que en esos comicios 20 diputados llegaran a la Asamblea a través de la libre postulación. Lo recordó esta semana en medio de una sesión de la Comisión de Credenciales, cuando interrogaban a la fiscal electoral designada. Afirmó que el TE se extralimitó al autorizar, por decreto y apenas dos o tres meses antes de las elecciones de 2024, que los independientes se agruparan en listas para aprovechar el voto plancha, una histórica estrategia de los partidos. Sostuvo que ese cambio “de última hora” tomó a los partidos por sorpresa y les costó entre 11 y 13 diputados. Advirtió, además, que los independientes que hoy ocupan esas curules saben bien cómo llegaron, y que la página se volteó, pues ahora también jugarán bajo las reglas de un partido. El día clave El magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, presentó el proyecto 699 la noche del 31 de agosto, y omite algunas de los artículos impulsados por los partidos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Los magistrados descartaron la renuncia tácita al partido para quien firmara por un independiente y la prohibición de que se agruparan en listas en los circuitos plurinominales. El diputado de Vamos Jorge Bloise advirtió que sin esas listas, la mitad de los diputados independientes actuales no habría resultado electa en 2024. El texto, sin embargo, mantiene el aumento del umbral para constituir o mantener un partido, del 2% al 3% de los votos válidos, y elimina la propia CNRE. En medio de ese revuelto escenario se discutirán las reformas electorales. ‘A su imagen y semejanza’ Para el abogado Rodrigo Noriega, el desenlace es previsible: “El diputado Robinson hará las reformas electorales a su imagen y semejanza, lo que le convenga a la partidocracia”. Aun así, destacó el gesto del TE al sanear la propuesta “de los sesgos antidemocráticos aprobados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales”, y recordó que la última palabra no la tiene la Asamblea, ya que si el Ejecutivo refrenda la reforma, la Corte Suprema de Justicia hará una segunda revisión. El diputado de Vamos Roberto Zúñiga coincide en el diagnóstico. “Fueron los mismos partidos que hoy están representados en la Comisión de Gobierno quienes introdujeron esos artículos abusivos o discriminatorios contra las candidaturas independientes, y harán lo mismo ahora que venga la reforma y se abra el debate”, vaticinó. “Estoy seguro de que presentarán eso para tratar de evitar que los candidatos independientes puedan postularse en igualdad de condiciones que los partidos políticos”, añadió. A la medida de los intereses Sobre el margen real de acción de la Asamblea, fue escéptico: “Al final del día, se hace un trabajo, se entrega a la Asamblea y ya la Asamblea hace lo que le dé la gana. Va a ser muy difícil que podamos cambiar algo dentro de esa reforma. La reforma la presentan supuestamente los expertos en la materia electoral, pero los diputados la modifican a su antojo”. Aun así, adelantó que su bancada no cederá: “Vamos a defender a toda costa la independencia y vamos a mantenernos verticales en ese punto: que se reconozca la participación de las candidaturas independientes, que se traten con igualdad de condiciones, que no sea únicamente todo para los partidos, porque eso es prácticamente lo que hoy nos ha obligado a hacernos un partido político”. María Eugenia Pérez de Preciado, la designada fiscal general electoral, tiene una hoja de vida que muestra una larga trayectoria en la justicia electoral. Pero hay un detalle que no pasó desapercibido en medio de su paso por la Comisión de Credenciales, el organismo de la Asamblea Nacional que recomendó al pleno legislativo su ratificación en el cargo, y que no guarda relación con su trayectoria académica o profesional: su cercanía al presidente de la República, José Raúl Mulino. “El señor presidente es mi vecino”, respondió cuando el diputado Augusto Tuto Palacios le preguntó si tenía algún grado de afinidad o de consanguinidad con alguien del Ejecutivo. Acto seguido, aseguró que esa relación no comprometería su imparcialidad en la toma de decisiones. “Mi compromiso con la nación es tener una fiscalía imparcial, objetiva, efectiva. No importa a quién involucre una investigación (...). No soy de las personas que se desvía por nada”, respondió Pérez cuando la diputada Patsy Lee le preguntó cómo haría para garantizar la independencia de una investigación, dado que el Ejecutivo primero la nombró suplente del magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, y ahora la coloca en la Fiscalía General Electoral (FGE). Pérez llega al cargo en medio del debate por las reglas del próximo proceso electoral. La Asamblea discutirá durante los próximos días el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral, en un escenario en el que los partidos políticos empujan ventajas para los comicios generales de 2029. Varela la había designado Pérez de Preciado estuvo a punto de llegar a la FGE. Juan Carlos Varela, presidente de la República entre 2014-2019, la nominó para reemplazar a Eduardo Peñaloza. Pero la Asamblea nunca la ratificó. Este tema también gravitó en la Comisión de Credenciales durante la noche del pasado martes 1 de septiembre. Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le preguntó si tenía “su corazoncito violentado” porque aquella vez el Legislativo nunca la llamó para el proceso de ratificación. Ella negó que eso le afectara. Reconoció que su designación, en ese momento, se produjo a pocos meses de las elecciones de 2019 y cuando estaba por terminar la gestión de Varela, que, por desgaste y peleas internas, tenía poca influencia en la Asamblea. Ella lo sabía, pero contó que “no iba a decirle no a la patria”. “Yo me enteré por los periódicos que fue nombra- ‘El señor presidente es mi vecino’, los nexos con el poder de la nueva fiscal electoral RATIFICACIÓN do el doctor [Dilio] Arcia”, contó después. A Arcia lo designó Laurentino Cortizo, quien reemplazó a Varela en julio de 2019. En agosto de ese año, el nombramiento de Arcia ya estaba en la Asamblea y fue ratificado sin mayor cuestionamiento. Y precisamente ahora ella reemplazará a Arcia, un PRD de tuerca y tornillo, que falleció en septiembre de 2025. Varela celebró la escogencia de Pérez. Pero Robinson también le preguntó a la elegida “si es verdad que ella no gusta de los perredés”. Pérez lo negó. Afirmó que no era una perseguidora. El diputado Raphael Buchanan, también del PRD, insistió con este tema. Aseguró que la FGE es una entidad que se ha usado para “perseguir” a detractores políticos “de X o Y” gobierno y preguntó si su despacho se prestaría para eso. “No rotundo”, manifestó la fiscal designada. La entidad que recibe Para conocedores de los temas electorales, la FGE es actualmente una entidad casi en la sombra. Su bajo perfil público contrasta con las atribuciones que le da la Constitución: puede investigar y perseguir delitos electorales por iniciativa propia, sin esperar una denuncia. Pero históricamente ha sido señalada como una fiscalía con poca independencia, atada a cuotas políticas y con pocos casos de alto perfil resueltos. La Fiscalía General Electoral fue creada por el Decreto de Gabinete N.° 2 de 1972 y está consagrada en el artículo 144 de la Constitución. Su mandato es salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta de los funcionarios en materia electoral y perseguir los delitos y las contravenciones electorales. Debe actuar de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia previa, y con las mismas facultades de instrucción que un fiscal del Ministerio Público. Opera de forma coordinada con el Tribunal Electoral y cuenta con fiscalías electorales en las provincias. Con Pérez en la FGE, queda ahora por conocer quién será el suplente del magistrado Arellano. El Ejecutivo no ha dado pistas al respecto. Eliana Morales Gil [email protected] María Eugenia Pérez Cattaruzzo de Preciado. Elysée Fernández Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==