8A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 La Corte Suprema de Justicia no admitió una segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por miembros de la coalición Vamos contra los superpoderes otorgados al contralor general de la República a través de la Resolución N.° 3126-2025-Leg/ PJ, de 23 de septiembre de 2025. La primera demanda de Vamos contra este reglamento fue presentada el 15 de octubre de 2025 y rechazada en febrero de 2026 por el Pleno de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez. Ahora, en un edicto fijado ayer, 1 de septiembre, y bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García, el Pleno también decidió no admitir una segunda demanda presentada por varios diputados de Vamos. En esta ocasión, el rechazo de la demanda de inconstitucionalidad se funLa Corte rechaza una segunda demanda contra superpoderes del contralor DECISIÓN JUDICIAL damenta en el artículo 384 del Código Judicial, en el que se establecen los requerimientos necesarios para la admisión de una demanda. Entre estos requerimientos se encuentra la exposición ordenada de los hechos concretos que sirven de fundamento a las pretensiones, redactados en forma clara, precisa y cronológica, en la medida de lo posible. Los diputados de Vamos Janine Prado Castaño, Yamireliz Chong, Luis Enrique Duke Walker y Alexandra Brenes presentaron el recurso aduciendo que el nuevo reglamento de la Contraloría vulnera los artículos 280 y 281 de la Constitución, ya que, mediante la resolución impugnada, la Contraloría General estableció la potestad de dictar medidas precautorias en casos de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La presidenta Shirley Castañedas junto al diputad Manuel Cohen. Elysée Fernández Fiesta en la Asamblea: medallas, orquesta, baile y fuegos artificiales José González Pinilla [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO El pleno legislativo tuvo una sesión especial para homenajear a tres personas, incluyendo a la primera dama Maricel de Mulino. En 2023, cada medalla Justo Arosemena, de plata y bañada, en oro costó $1,600. Los diputados celebraron el 1 de septiembre los 120 años de la instalación de la primera Asamblea Nacional en el istmo con una fiesta bailable que se extendió hasta entrada la noche y que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales. La jornada inició con la presentación de una orquesta de música integrada por agentes del Sistema de Protección Institucional (SPI). La agrupación interpretó canciones tropicales sobre una tarima colocada frente a la fachada principal del Palacio Justo Arosemena. Funcionarios e invitados coreaban desde sus asientos las canciones que interpretaba la agrupación, mientras varios diputados se acomodaban en primera fila. Otros se movieron por la pista de baile; ahí estaba toda la junta directiva: la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas; el primer vicepresidente, Manuel Cohen, y el segundo vicepresidente, Manuel Chen. Cuando el conjunto entonó las notas de la canción La bilirrubina, de Juan Luis Guerra y 4.40, Castañedas y Cohen saltaron a la pista. “Saquen a su pareja”, instaba el animador. Poco después se unió, por insistencia de Castañedas, el secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado, quien buscó como pareja de baile a la diputada oficialista Lilia Batista. Sonaba entonces la canción de La Sonora Dinamita Oye, abre tus ojos . No muy lejos, en la primera fila de asientos, estaban el abogado y asesor legislativo José Rigoberto Acevedo, quien aún llevaba colgada en el cuello la Medalla Justo Arosemena que había recibido una hora antes en el hemiciclo, y el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Elías Castillo. Para esa hora, alrededor de las 6:00 p.m., la primera dama, Maricel de Mulino, quien también recibió la Medalla Justo Arosemena en el mismo acto solemne que el abogado Acevedo, ya se había retirado del lugar. En la celebración se presentaron conjuntos folclóricos, grupos de baile y la banda independiente Centenario. También cantó el tipiquero Abdiel Núñez, quien es suplente de la diputada Yuzaida Marín, de RM. Mientras la fiesta continuaba, algunas comisiones de la Asamblea mantenían su jornada regular de trabajo. En la de Presupuesto estaba sustentando el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien en varias ocasiones tuvo que suspender momentáneamente su intervención, porque la algarabía y los fuegos artificiales impedían que los demás escucharan lo que él decía. En el pleno, en tanto, no hubo sesión ordinaria. Castañedas y sus vicepresidentes no regresaron a dirigir la discusión y los pocos que quedaban en sus curules, principalmente independientes, entendieron que era mejor retirarse. Homenajeados La Medalla Justo Arosemena es una de las máximas condecoraciones que realiza el Órgano Legislativo. En 2023, por ejemplo, recibieron esta distinción el acordeonista y compositor de música típica, Osvaldo Ayala. También el médico Doménico Melillo y el abogado Edgar Zachrisson. Para ese año, de acuerdo a un informe de la Asamblea, cada medalla de plata, bañada en oro y con un peso de aproximado de 45.1 gramos, con tamaño de 9 centímetros de largo y 7.5 de ancho, costó $1,600. Mientras que en el 2021 la recibieron el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz; el exdiputado Denis Arce; el historiador Álvaro Menéndez Franco, y la exjefa nacional de Enfermería, Eusebia de Copete, considerada una de las heroínas nacionales de la pandemia respiratoria. Para el año 2019 la recibieron Alfredo Berrocal y Argelia Tello Burgos. También la exdiputada Susana Richa de Torrijos; el cantante, acordeonista y compositor panameño Daniel Dorindo Cárdenas; el arquitecto Julio Rovi Fong; el sacerdote Domingo Escobar Chávez, y el abogado Silvio Guerra Morales. Y antes que ellos, en el 2017, el médico Adán Ríos, el abogado Carlos Bolívar Pedreschi, la abogada Aura Emérita Guerra de Villalaz, el exlegislador Jacobo Salas y los exministros Adolfo Ahumada y Mario Julio Galindo. Con Maricel de Mulino sería la primera vez que se le entrega la medalla a la esposa del presidente de la República. La fiscal de circuito de atención primaria, Katia Atencio, se negó a imponer medidas cautelares para impedir que el diario La Prensa y su subdirector asociado Rolando Rodríguez investiguen e informen sobre las actividades empresariales de Vicente Carretero Napolitano. Atencio advirtió que en las publicaciones de Rodríguez no hay elementos que constituyan actos de intimidación, hostigamiento, represalia o presión contra Carretero y que en las notas periodísticas ni siquiera se le menciona, ya que hacen referencia “a una persona distinta”: su hermano Ramón. “Imponer una medida que pudiera limitar o condicionar la publicación de información por parte de periodistas supondría una restricción particularmente intensa de la libertad de prensa, sin que exista, al momento de resolver, una justificación objetiva suficiente para considerarla necesaria y proporcional”, señaló la fiscal en un escrito del 25 de agosto de 2026, en el que contesta a Carretero. Las medidas cautelares fueron solicitadas por Marcela Araúz, abogada de Carretero, dentro de una querella penal contra Rodríguez y Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por la presunta comisión de los delitos de calumnia e injuria. La fiscal argumentó que las medidas de protección no pueden convertirse en un instrumento para restringir derechos fundamentales que no guarden relación directa, necesaria y proporcional con la situación de riesgo que se pretende prevenir. Recalcó que el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio, disponiendo que el ejercicio de este derecho no Fiscal rechaza los intentos de Carretero para impedir que ‘La Prensa’ investigue JUSTICIA puede estar sujeto a previa censura”. En su decisión, la fiscal plantea que la libertad de información, constitucionalmente protegida, no puede ser equiparada automáticamente con actos de intimidación, hostigamiento o represalia, fundamento de la solicitud presentada por la abogada de Carretero. “Aceptar que toda publicación periodística que una persona considere falsa, agraviante o psicológicamente perjudicial constituye, por ese solo hecho, un acto de hostigamiento susceptible de generar una prohibición o restricción judicial”, podría producir un efecto de censura, resaltó la fiscal. La existencia de una querella penal por un presunto delito contra el honor no convierte automáticamente en ilícita toda publicación posterior realizada por los periodistas querellados. En su querella penal, Carretero alega que las publicaciones de La Prensa son difamatorias e intimidatoria, ya que sus ingresos no provienen de contratos suscritos con los gobiernos de Cuba y Venezuela. El 11 de diciembre de 2025, Ramón Carretero fue incluido en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de Estados Unidos, por sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Poco después, el 19 de diciembre, Vicente y Roberto Carretero, hermanos de Ramón también fueron listados. Juan Manuel Díaz [email protected] Vicente Carretero y Rolando Rodríguez Fotocomposicón de LP Anel Flores LP Panorama
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