11A La Prensa Panamá, jueves 3 de septiembre de 2026 portuarias que se avecina, no se necesita ser adivino ni malintencionado para sospechar y entender razonablemente que algo turbio se pretendía ocultar con la entrada en vigencia de esta resolución, puesto que resulta muy difícil aceptar que a la AMP, con un sano propósito, se le ocurriera esta idea de restringir durante una década el acceso público a información sobre concesiones, licencias, investigaciones administrativas y documentación comercial, contractual y técnica, sin importarle lo dispuesto en la actual Ley de Transparencia. Por otro lado, aunque a oídos del pueblo panameño suena bien que el presidente Mulino se haya pronunciado a favor de la transparencia al manifestar su aparente rechazo al contenido y alcance de dicha resolución, tampoco resulta fácil de entender cómo es que el presidente Mulino no estaba enterado del contenido de esta resolución a lo largo de estos seis meses transcurridos desde su aprobación hasta la reciente promulgación en la Gaceta Oficial, tomando en cuenta que la junta directiva de la AMP la preside Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, y está integrada, además, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y, nada más ni nada menos, el propio contralor general de la República, Anel Flores. Al parecer, nadie escarmienta por caLa escala también importa al regular Proyecto 226 La reciente solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá al presidente José Raúl Mulino para vetar el Proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos obligatorios a jubilados y pensionados, introduce un elemento que merece trascender esta discusión particular: la escala de una empresa importa. La CCIAP ha señalado correctamente que, para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio representa una reducción directa de ingresos, mientras planilla, energía, alquileres, insumos, financiamiento e impuestos continúan existiendo. Una obligación que una gran empresa puede absorber o distribuir entre miles de transacciones puede afectar seriamente la viabilidad de una operación pequeña. Ese razonamiento no debería limitarse a los descuentos a jubilados. El mismo principio debe aplicarse cuando diseñamos regulaciones para producir alimentos, contratar trabajadores, cumplir requisitos ambientales, tramitar permisos o desarrollar actividades agroindustriales. Panamá necesita regulación. Particularmente en alimentos, nadie sensato debería argumentar en contra de la inocuidad, la trazabilidad o la protección del consumidor. La discusión relevante es otra: ¿para alcanzar esos objetivos, todas las empresas deben necesariamente cumplir exactamente los mismos procedimientos, asumir los mismos costos y enfrentar las mismas cargas administrativas? Una planta industrial que procesa decenas de miles de unidades diariamente dispone de departamentos de calidad, asuntos regulatorios, abogados y personal administrativo. Una pequeña agroindustria rural puede tener cinco, siete o diez colaboradores y una o dos personas encargadas simultáneamente de producir, administrar, vender y cumplir con las autoridades. Exigir exactamente los mismos procesos administrativos a ambas no necesariamente produce mayor seguridad. En ocasiones, solamente produce mayor costo. Aquí aparece una palabra que deberíamos incorporar con mayor frecuencia en nuestra política pública: proporcionalidad. Regularproporcionalmentenosignificareducirestándares. Significa mantener el objetivo y ajustar el mecanismo utilizado para alcanzarlo según variables objetivas como riesgo, volumen, complejidad, historial de cumplimiento y escala. Un alimento de alto riesgo producido sin controles adecuados debe fiscalizarse independientemente del tamaño de quien lo fabrica. Pero tampoco parece razonable que un producto elaborado durante años bajo la misma formulación y proceso, con historial satisfactorio, deba enfrentar automáticamente los mismos requisitos que un producto nuevo o una instalación con antecedentes de incumplimiento. El concepto tampoco es novedoso. Las mejores políticas públicas distinguen entre actividades precisamente porque sus riesgos y capacidades son diferentes. La discusión abierta por la CCIAP ofrece, entonces, una oportunidad. Si consideramos injusto trasladar indiscriminadamente una obligación económica a todas las empresas sin evaluar su capacidad para absorberla, deberíamos aplicar esa misma lógica cuando el Estado diseña sus regulaciones. Esto resulta particularmente importante para Panamá si realmente deseamos desarrollar nuestras mipymes, nuestra producción agropecuaria, la agroindustria ruralylosalimentosartesanales. Confrecuenciahablamosdeemprendimiento,producción nacional y generación de empleo en el interior del país. Pero una microempresa no se fortalece solamente mediante financiamiento o capacitación. También necesita un entorno regulatorio que reconozca su realidad operacional. Eso requiere pasar de una lógica de “un requisito para todos” a una regulación inteligente basada en riesgo y escala. La pregunta correcta no debería ser cuánto podemos flexibilizar para una pequeña empresa. Debería ser: ¿cuál es el nivel de regulación necesario para alcanzar adecuadamente el objetivo público en cada caso? Esa diferencia parece semántica, pero cambia completamente la conversación. Proteger a consumidores, trabajadores, adultos mayores y al ambiente son objetivos legítimos. También lo es preservar un tejido empresarial capaz de generar empleo, producir y competir. No tenemos por qué escoger entre ambos. Una regulación bien diseñada puede hacer las dos cosas. Y para conseguirlo debemos comenzar reconociendo algo muy sencillo: la escala importa. Vamos mantiene su esencia en defensa de la buena política Independientes Quizá esté en un sistema que habla de ampliar la participación ciudadana mientras el statu quo clientelista establece condiciones que pueden hacer cada vez más difícil competir fuera de las estructuras partidarias. ¿Qué alternativa le queda a un movimiento que nació de la democracia? ¿Quedarse fuera, aferrado a una identidad independiente que podría terminar dejándolo sin capacidad real de competir? ¿O entrar al sistema para tener las mismas herramientas y, desde allí, intentar cambiarlo? Vamos escogió la segunda opción. Y no es una decisión cómoda. Convertirse en partido implica riesgos. El primero es que quienes confiaron en Vamos puedan preguntarse si el movimiento está abandonando sus principios. La respuesta tendrá que darse con hechos. Porque convertirse en partido no puede significar convertirse en “otro partido más”. Si Vamos termina reproduciendo el clientelismo, las imposiciones y las estructuras cerradas que durante años han generado desconfianza, habrá perdido la razón fundamental por la que nació. Pero si logra construir una organización transparente, democrática, abierta a sus bases y capaz de seleccionar candidatos por mérito y compromiso, entonces la transformación tendrá otro significado: ser partido no es una derrota de la independencia. Es la estrategia que toca implementar para defenderla. Hay quienes dirán que Vamos está entrando al sistema que criticó. Yo prefiero hacer otra pregunta: ¿qué es más útil para Panamá, permanecer fuera observando cómo otros deciden las reMiguel Ángel Campos Ningún río crece con agua limpia Concesiones portuarias Independientemente de que la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) haya decidido finalmente derogar la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado viernes 28 de agosto, y que fue aprobada el 5 de marzo de 2026 —hace seis meses—, lo actuado en su momento por la actual junta directiva de la AMP no da margen para hacerla merecedora ahora del beneficio de la duda, puesto que la absurda, nefasta y evidente pretensión original de restringir a los panameños durante 10 años el acceso a la información sobre concesiones portuarias guarda una muy evidente y estrecha relación con el hecho de que la vigencia de los contratos otorgados por 18 meses para la administración temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se organiza la convocatoria para la administración futura de estos puertos, vence en julio del próximo año. Por ende, lo concerniente al proceso de licitación y otorgamiento de las nuevas concesiones para la administración futura de estos puertos por los próximos 30 años está muy próximo a realizarse (2027), y a ello se suman también los proyectos portuarios de Corozal y Telfers, en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente. En otras palabras, en medio de este congestionado dossier de concesiones beza ajena, ya que, pese a la fresca evidencia de desaciertos similares perpetrados en contra de los sagrados intereses de la nación panameña en esta entidad del Estado por parte del gobierno anterior, y que, por cierto, mantienen encarcelado al exadministrador de la AMP Noriel Araúz, todo indica que la turbiedad del agua aún persiste por estos lares. De tal manera, y debido a que no estamos ante la ocurrencia de una ingenua y casual metida de pata común y silvestre, no basta con que la junta directiva de la AMP, ante el rechazo ciudadano de semejante arbitrariedad, oportunamente denunciada por los medios de comunicación, haya reconsiderado y finalmente desistido de la adopción de esta medida; es necesario y conveniente, además, conocer quién o quiénes asumirán la responsabilidad de este fallido y, no por ello, menos deleznable intento de pretender seguir haciendo más de lo mismo a espaldas del pueblo panameño. Por otro lado, si el presidente Mulino en verdad desconocía los intríngulis de esta resolución gestada por los miembros de la junta directiva de la AMP y su administrador, entonces deberá empezar a preocuparse por tener que enfrentar, como presidente de la República, un problema mayor durante el tiempo que le queda de su gestión, ya que el control político y administrativo de su gobierno —al igual que le pasó a Cortizo— estaría dando así las primeras graves señales o muestras de debilitamiento y falta de compromiso y lealtad por parte de su equipo de trabajo, para desgracia suya y nuestra, de ser así. EL AUTOR es empresario agroindustrial e impulsor de un ecosistema lácteo panameño. EL AUTOR es escritor y pintor. EL AUTOR es diputado de la República y subjefe de la bancada Vamos. Richard M. Bennett Alfaro glas o entrar al juego partidista con la intención de cambiarlo? La política no se transforma desde las graderías. Para cambiar leyes hay que tener diputados. Para transformar instituciones hay que tener representación. Para modificar las reglas del juego hay que tener fuerza política. Y precisamente allí está el desafío. Vamos no puede pedirle al ciudadano que confíe simplemente porque alguna vez fue una coalición de independientes. Tendrá que ganarse nuevamente esa confianza. Tendrá que demostrar que sus dirigentes no buscan una plataforma personal, que sus estructuras no serán utilizadas para repartir puestos y que sus candidatos responderán a los ciudadanos, no al pequeño grupo de una cúpula. Y tendrá que demostrar algo todavía más importante: que puede tener poder sin arrimarse al poder, porque ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestra política. Vamos tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede ser diferente. No porque se convierta en partido, sino porque puede demostrar que un partido también puede hacerse de otra manera. La democracia no se fortalece eliminando opciones. Se fortalece ampliándolas. Por eso, la transformación de Vamos debe verse más allá de sus propias filas. Es también una discusión sobre qué clase de democracia queremos construir. Vamos decidió entrar al terreno donde quieren obligarlo a competir. Ahora tendrá que demostrar que puede jugar con las reglas del sistema sin convertirse en aquello contra lo que nació. Porque la verdadera independencia no consiste en estar fuera. Consiste en entrar, tener la oportunidad de cambiar las cosas y, aun teniendo poder, no olvidar por qué se entró: la buena política sí es posible. Hay algo profundamente paradójico en la política panameña: durante años se habló de darle más poder al ciudadano y permitir que personas sin el respaldo de una maquinaria partidista pudieran competir. Cuando algunos independientes demostraron que era posible hacerlo, comenzaron a cambiar las reglas del juego. Vamos nació precisamente de esa necesidad. En 2024, los panameños demostraron que querían algo diferente. Candidatos de libre postulación lograron conquistar espacios importantes en la Asamblea Nacional sin depender de las estructuras tradicionales de los partidos. No fue solamente un resultado electoral. Fue un mensaje contundente: el ciudadano quería nuevas opciones. En la Comisión de Reformas Electorales, la partidocracia clientelista aprobó un paquete de propuestas que eliminaban las opciones de competir para la libre postulación. El Tribunal Electoral, al presentar su propuesta de reformas ante la Asamblea Nacional de Diputados, eliminó del proyecto todas las propuestas que imponían restricciones a la libre postulación, pero lo que se apruebe siempre dependerá de la voluntad del clientelismo partidista que por décadas se ha enquistado en el poder. Por eso, la discusión sobre las condiciones en que competirán los independientes está lejos de haber terminado. Vamos ha tomado una decisión que puede parecer contradictoria: convertirse en partido político. Pero la verdadera contradicción no está en la Coalición. Vamos no se rindió: decidió entrar al terreno donde quieren obligarlo a competir. La derogación de la polémica resolución de la AMP no despeja las interrogantes sobre su origen, propósito y responsables de aprobarla inicialmente. Joaquín González J. La transformación de Vamos en partido plantea el desafío de competir dentro del sistema político sin reproducir las prácticas que precisamente nació cuestionando. Opinión
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