1A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 12 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15318 Hoy por hoy En la comisión de Gobierno de la Asamblea se discute un proyecto de ley que pretende endurecer las reglas sobre réplicas de las personas que se sientan afectadas por noticias inexactas o agraviantes en los medios, a fin de exigir rectificaciones. Cuando se trata de casos como esos, los medios deben corregir. Pero cuando un funcionario o ciudadano ha sido contactado de antemano para dar su versión y no quiere hacerlo, surge una pregunta inevitable: ¿se supone que luego el medio debe darle la misma prominencia, en el mismo espacio donde apareció la noticia, si decide replicar después sin haber respondido a las preguntas formuladas por el periodista? Ellas.pa Hollywood: Cuando el cine levanta el Óscar 4B Panorama Así concluyó la audiencia de las secuelas de Odebrecht 6A Concesionario y funcionario a la vez en la Autoridad Marítima de Panamá Poco antes de ingresar como inspector náutico a la Autoridad Marítima de Panamá, Jean Paul De Janon Arias obtuvo una concesión de fondo de mar para operar un muelle en isla Contadora, con potencial para actividades turísticas y comerciales. VEA 7A CSS enfrenta más presión ante menor empleo formal Aleida Samaniego C. [email protected] La población cubierta por la Caja de Seguro Social (CSS) alcanzó 2 millones 819 mil 622 personas al cierre de 2025, impulsada principalmente por el crecimiento de dependientes y pensionados, mientras SEGURIDAD SOCIAL El menor ritmo de nuevos asegurados y el aumento de la población sin cobertura reflejan la desaceleración del empleo formal. El golpe a la CSS. el aumento de asegurados activos fue más limitado. Aunque el número de asegurados creció en 2025 en más de 12 mil personas de forma global, hubo una caída en los asegurados activos o que cotizan. Al presentar el informe del estado real de la CSS ante la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el director, Dino Mon afirmó que esto refleja el debilitamiento del mercado laboral formal. Explicó que los asegurados nuevos que ingresaron incorporaron más dependientes “que no cotizan y solo reciben beneficios”. Se sumaron 5 mil 978 nuevos dependientes para un total 1 millón 311 mil beneficiarios de la institución. Igualmente el número de jubilados aumentó 24% al pasar de 338 mil en 2024 a 352 mil en 2025. Pese a la situación Mon aseguró que la CSS está cumpliendo con el pago a todos los jubilados. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó una tasa de desempleo de 10.4%, hasta septiembre de 2025. VEA 1B La izquierda entrega el poder a la derecha Histórico giro de timón en el gobierno de Chile José Atonio Kast (al centro), la nueva presidenta de la cámara alta, Paulina Nuñez (a la izquierda) y el presidente saliente Gabriel Boric (a la derecha), participan ayer en la ceremonia de investidura, en Valparaíso (Chile). Kast asumió la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el panameño José Raúl Mulino. EFE/Adriana Thomasa La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre acoso judicial, presiones económicas y un clima institucional que puede afectar el ejercicio del periodismo en Panamá, pese a que el país subió al séptimo lugar del Índice Chapultepec de libertad de expresión y se mantiene en la categoría de “baja restricción”. El informe menciona demandas millonarias, presiones desde el poder político y uso selectivo de publicidad estatal como factores que inciden en el entorno mediático. Paralelamente, ayer en la Comisión de Gobierno avanzó un proyecto de reforma al derecho a réplica. VEA 2A SIP alerta sobre el acoso judicial contra los medios Treinta y dos países, entre ellos Estados Unidos, acordaron liberar reservas estratégicas de petróleo en la mayor intervención coordinada de la historia para contener el alza del crudo provocada por la guerra Liberación histórica de reservas de petróleo para frenar el alza del crudo en Irán. La decisión busca estabilizar los mercados energéticos y aliviar la presión sobre los combustibles. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ya supera los $3.50 por galón tras once días consecutivos de aumento, lo que ha intensificado la preocupación por el impacto económico. VEA 2B Eso parece abusivo. El proyecto incluso establece que la respuesta del agraviado puede ser “razonablemente mayor”, según las circunstancias, restándole margen de decisión al medio y ordenando dónde debe publicarse la réplica. Pero hay un problema más profundo. Cuando una ley obliga a los medios a publicar versiones que no forman parte de su propio proceso informativo, termina limitando el derecho de informar. No se trata solo de corregir errores, sino de imponer un relato que puede diluir el efecto de la noticia. El resultado es que la información pierde fuerza y el lector queda ante dos versiones contrapuestas, preguntándose a cuál creerle. Si van a dar lecciones de moralidad, empiecen en su propia casa.
2A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que preside Luis Eduardo Camacho. Elysée Fernández Cedeño y otros avalan cambios al derecho a réplica en los medios Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] COMISIÓN DE GOBIERNO La iniciativa del diputado de MOCA, Ernesto Cedeño, redefine las condiciones para publicar rectificaciones, exige igual prominencia que la información original y establece reglas específicas para prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate una reforma al derecho a réplica que introduce cambios sustanciales a la Ley 22 de 2005. La iniciativa redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones. La propuesta, impulsada por el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, modifica el artículo 2 de esa norma con el objetivo de precisar las condiciones bajo las cuales las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes pueden exigir rectificaciones en los medios de comunicación. Una de las principales diferencias entre el texto actual y la propuesta es el criterio de visibilidad que debe tener la réplica. Mientras la norma vigente establece que la rectificación debe contar con “el mismo espacio” que la información cuestionada, la reforma añade el requisito de que tenga también la misma prominencia, lo que implicaría garantizar un nivel similar de exposición o relevancia editorial. La propuesta también elimina una cláusula presente en la redacción anterior que condicionaba la extensión de la réplica a la “disponibilidad del medio”. En la versión reformada, ese criterio desaparece y se mantiene únicamente la posibilidad de que la respuesta sea “razonablemente mayor”, según las circunstancias del caso, lo que en la práctica reduce el margen de decisión editorial de los medios. Tipos de medios Otro cambio relevante es que el nuevo texto introduce reglas específicas según el tipo de medio de comunicación. En la prensa escrita, la rectificación deberá publicarse en la misma página donde apareció la información original; en radio y televisión deberá difundirse en el mismo horario y espacio; y en los medios digitales deberá colocarse en la misma sección o área en la que se divulgó la noticia cuestionada. La reforma incorpora, además, un requisito adicional para los medios digitales y audiovisuales: la rectificación deberá estar acompañada de un cintillo visible o de un mensaje grabado que indique expresamente que se trata del ejercicio del derecho a réplica. Este elemento no estaba contemplado en la redacción anterior de la norma. De hecho, algunos diputados, como Janine Prado, de la coalición Vamos, se refirieron a la “irresponsabilidad”, sobre todo en medios digitales y redes sociales, que muchas veces no cuentan con responsables o dueños identificables, por lo que consideraron que la normativa debía alcanzar también a estas plataformas. En términos operativos, estas disposiciones implicarían una regulación más detallada sobre la forma en que los medios deben gestionar las rectificaciones. En particular, obligarían a los medios a mantener espacios o secciones permanentes para la publicación de réplicas. La propuesta mantiene, por otra parte, la posibilidad de que una publicación parcial o defectuosa de la rectificación dé lugar a acciones ante los tribunales por violación de este derecho. Sin embargo, introduce una cláusula adicional que establece que el representante legal del medio podrá quedar exento de responsabilidad si demuestra que ofreció al afectado el espacio y la oportunidad para ejercer su derecho a rectificación. Dueños de medios Cabe mencionar que la propuesta original presentada por Cedeño establecía que el dueño del medio de comunicación que sirvió para difundir la información o referencia cuestionada sería responsable subsidiario del comunicador social por todos los perjuicios ocasionados a los afectados en caso de incumplimiento en la publicación de la rectificación dentro del plazo establecido. No obstante, esta disposición fue eliminada durante las modificaciones realizadas en la comisión. Tras cerrar el período de consideraciones, la comisión procedió a votar artículo por artículo el proyecto, incluyendo una modificación al título de la iniciativa, que ahora establece que la norma modifica el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, relativa a la prohibición de sanciones por desacato y a la regulación del derecho a réplica, rectificación o respuesta. Con el respaldo de los nueve comisionados, la propuesta quedó aprobada en primer debate y lista para su discusión en el pleno legislativo. Panamá se ubicó en el séptimo lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, al alcanzar 63,42 puntos y situarse en la categoría de “baja restricción” para el ejercicio de la libertad de prensa en la región. El resultado representa un leve avance respecto a la medición anterior, al subir una posición dentro de de este ranking que evalúa las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en 23 países. El informe detalla que en la Dimensión A: Ciudadanía informada y libre de expresarse, Panamá obtuvo 18,10 puntos de un máximo de 30. En la Dimensión B: Actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, el país registró 22,92 de 40, siendo esta la calificación más baja y la única ubicada en la categoría “en restricción”. En la Dimensión C: Control de medios y periodismo, el país alcanzó 22.40 de 30 puntos. El análisis también señala que, entre los factores que influyen en las limitaciones a la libertad de expresión, el entorno del poder Ejecutivo ejerce la mayor incidencia, seguido por el poder Legislativo. En cambio, la menor influencia en las dimensiones evaluadas se observa en la relacionada con la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas. De acuerdo con el estudio, publicado el 10 de marzo, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se han registrado en Panamá prácticas que afectan el clima de libertad de prensa. Entre ellas menciona mecanismos de presión económica, como la asignación selectiva de publicidad estatal, así como discursos confrontativos hacia medios críticos desde sectores del poder político. El documento también advierte que desde el ámbito legislativo se han promovido iniciativas que podrían endurecer las sanciones por delitos como la calumnia, lo que, según el informe, puede derivar en intentos de criminalizar el disenso. Acoso judicial y mal uso de la publicidad estatal erosionan la libertad de expresión INDICE DE CHAPULTEPEC En el plano judicial, el índice menciona demandas millonarias y procesos que implican el secuestro de bienes contra medios de investigación, medidas que —de acuerdo al análisis— pueden convertirse en herramientas de presión financiera contra el periodismo. Aunque el informe destaca que Panamá no enfrenta una crisis tan severa como la observada en otros países de la región, advierte sobre una “erosión silenciosa pero persistente” de la libertad de prensa, en un contexto que describe como de fragilidad democrática y presión institucional. El reporte de la SIP también señala que algunas conferencias de prensa del Ejecutivo han evidenciado actitudes confrontativas y trato desigual hacia periodistas independientes, lo que —según el análisis— puede fomentar autocensura y un clima de temor que afecta el debate público. En general, este nuevo ranking del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las Américas “registra un deterioro de alcance dramático en las condiciones de estos derechos comunicacionales en el hemisferio”, señalando que el promedio global “descendió a 47,10 puntos, el nivel más bajo registrado en las seis ediciones del barómetro”, con Nicaragua y Venezuela como los países más restrictivos, “Sin Libertad de Expresión”. José González Pinilla [email protected] Ernesto Cedeño Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Vetan proyecto de extensión de horarios en centros desalud El presidente José Raúl Mulino objetó el proyecto de ley 19, que buscaba extender los horarios de atención en los centros de salud públicos del país. La iniciativa, presentada por el diputado Betserai Richards, pretendía ampliar la disponibilidad de servicios médicos más allá del horario regular. Sin embargo, el Ejecutivo devolvió la propuesta a la Asamblea Nacional argumentando que presenta vacíos legales, problemas de técnica legislativa y carece de un estudio sobre su impacto fiscal y operativo. La decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud. El ministro Fernando Boyd Galindo explicó que ampliar los horarios de atención implica una planificación compleja que requiere personal médico y administrativo adicional, además de recursos para seguridad, limpieza, transporte y funcionamiento de las instalaciones. Según indicó, establecer por ley horarios extendidos de forma general podría generar dificultades operativas si no se toman en cuenta las capacidades reales del sistema de salud. Boyd también señaló que el Ministerio ya aplica horarios extendidos en distintos puntos del país según la demanda de atención. Actualmente, alrededor de 119 centros de salud operan con este modelo en determinadas regiones. EJECUTIVO Aleida Samaniego C. [email protected] Fernando Boyd Galindo. Cortesía
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4A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RECHAZO. El gerente del BNP, Javier Carrizo, solicitó el veto al proyecto de ley que propone el reconocimiento administrativo de las deudas que ya han prescrito. Ernesto Cedeño, proponente de esta iniciativa, sostiene que Carrizo quiere favorecer a las empresas de cobro que compran las carteras morosas de bancos y financieras. Si la ley ya establece que esas deudas están prescritas, ¿por qué el BNP tendría algún problema con la forma en que sean declaradas? FIESTO. Martinelli cumplió 74 años el pasado miércoles y lo celebró con una fiesta en el Gun Club de Bogotá. Debería tener prohibido el ingreso a instalaciones con nombres así. GRÚA. Cosco Shipping Lines, si acaso, representa el 5% del movimiento en el puerto de Balboa. Así que si suspenden o no sus servicios en esa terminal, seguramente la afectación será mucho menor de lo que aparenta. FEUDOS. Los diputados no solo continúan depredando recursos a través de planillas abultadas, aumentos de presupuesto y oficinas VIP, sino que también siguen con la manía de crear nuevas circunscripciones. Ahora es Isaac Mosquera quien propone crear el corregimiento de Punta Alegre, en Darién, sin aportar un sustento técnico que avale la iniciativa. Si hicieran una lista de los proyectos que tienen una utilidad real, ésta sería bien corta. DUDAS. Ahora resulta que el Senniaf solo administra 5 de junio de 1946. Graduación de Jimmy Carter de la Academia Naval de los Estados Unidos, Annapolis, Maryland. Rosalynn Carter y Lillian Carter colocando sus barras. Cortesía El granjero de maní y la historia humana detrás de los tratados Torrijos-Carter José Alejandro Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA La historia de Jimmy Carter y Omar Torrijos muestra cómo una decisión política, arriesgada y controvertida, permitió cerrar una herida histórica en torno al Canal de Panamá. James Earl Carter Jr. O “Jimmy”, como le decían de cariño, creció en la finca de maní de su padre en Georgia, Estados Unidos. Jimmy escuchó las historias de discriminación racial y compartió con afrodescendientes que trabajaban y vivían cerca, lo que moldeó su visión. En casa, su mamá defendía abiertamente el movimiento de los derechos civiles para los afroamericanos. Al crecer, se enlistó en la academia naval. Pero mientras subía de rango, le informaron que su padre había muerto. Renunció, y se bajó del submarino, para volver a la finca de maní y encargarse. Estando ahí, se unió al comité de educación para mejorar las escuelas afroamericanas, lo cual le costó amenazas e intentos de sabotear su negocio. Ahí entendió que el problema no era educativo… era político. Así que se postuló y logró ser senador y después gobernador. En su discurso inicial dijo: “Ninguna persona pobre, del campo, débil o negra debe cargar el peso adicional de ser privada de oportunidades en educación, trabajo o, simplemente, justicia”. En 1976 logró ganar las elecciones presidenciales y llegó a la Casa Blanca. El general Omar Torrijos, jefe del gobierno militar tras el golpe de 1968, trabajaba intensamente para lograr que la comunidad internacional respaldara la transferencia del Canal y la Zona a Panamá. Consiguió el apoyo de 13 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, impulsó la Declaración de Panamá firmada en Isla Contadora por cuatro países latinoamericanos. Y en la cumbre de los países no alineados, Panamá logró una resolución con 83 países. Torrijos, el canciller Juan Antonio Tack, el embajador ante Naciones Unidas, Aquilino Boyd y el equipo diplomático panameño convencieron a la mayoría de los líderes del mundo que a Panamá le asistía la razón. Carter tenía una gran empatía por la lucha panameña para eliminar el tratado Hay-Bunau Varilla, el acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar el Canal y la Zona. Llegó a escribir en su diario que era obvio que Estados Unidos había “engañado” a los panameños. Así que ordenó dar prioridad al conflicto del Canal de Panamá. El 27 de enero de 1977, las autoridades estadounidenses acordaron reanudar las conversaciones sobre el canal, reafirmar los principios Tack-Kissinger y concluir un tratado. Reunió un equipo de negociadores y viajaron a Panamá en varias ocasiones para negociar el tratado en la Isla Contadora. Sin embargo, solo el 8% de los estadounidenses aprobaba un nuevo tratado con Panamá y lo critiraban por estar nego- ciando con un dictador, refirién- dose a Torrijos. Incluso, para este tiempo, habían secuestrado a la dirigente estudiantil, Rita Wald, de 17 años, que era una activista en contra de los tratados y del régimen. En Estados Unidos, Carter se reúne con el embajador panameño, Gabriel Lewis Galindo, en el Salón Oval. Carter le dijo que para que el Senado aprobara el tratado del canal, necesitaba incluir un tratado de neutralidad, y que había que hacerlo rápido. De esa manera, después de varias rondas de negociaciones, anuncian públicamente que lograron un acuerdo para 2 tratados: el del canal y el de neutralidad. Pasarían a la historia como los tratados Torrijos-Carter. El primero le otorgaría a Panamá el control completo del Canal y de la zona a partir del 31 de diciembre de 1999, y el segundo aseguraría que el Canal siguiera funcionando en tiempos de paz o de guerra para todos los países por igual, aunque permitiría a Estados Unidos intervenir en caso de amenaza y que sus buques de guerra pudieran pasar gton, Jimmy Carter firmó junto a Torrijos los tratados que devolvían la soberanía del Canal a Panamá. Torrijos comparó las acciones de Carter con “lanzarse de un avión sin paracaídas” debido al riesgo político que implicaban. Jimmy Carter es testimonio de que las decisiones correctas a veces son las más difíciles. Sabía que firmar esos tratados le costaría popularidad, aliados e incluso elecciones. Y aun así los firmó. Nunca fue panameño. No tenía familia ni amigos en el istmo, ni hablaba español. Pero sí entendió nuestro dolor. Así como vio la injusticia contra los afroamericanos y decidió enfrentarla, también asumió como propia la injusticia histórica cometida contra Panamá. Más allá de devolvernos el Canal, nos devolvió algo aún más poderoso: la esperanza de que todavía existen políticos (y granjeros de maní) capaces de usar el poder para hacer lo correcto, por encima de lo conveniente. Omar Torrijos y Jimmy Carter en 1977. Archivo dos de los 48 albergues infantiles y de adolescentes que hay en todo el país. El Mides atiende cuatro y el resto (lo que representa el 87.5% del total) está en manos de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué el Senniaf padece tantos problemas si solo administra dos? Qué triste que lo único que tienen que hacer no lo hagan bien o se lo endosen a otro. primero. El 12 de agosto de 1977, Carter envió una carta al Congreso (que incluye al Senado). El presidente subrayó que los tratados eran esenciales para la seguridad nacional y contaban con el respaldo unánime de la Junta de jefes militares. Carter se enfrentó a una opinión pública hostil y a críticos, como su siguiente contrincante presidencial, Ronald Reagan. El 6 de septiembre de 1977, un día antes de la ceremonia oficial, Carter recibió a Torrijos en la Casa Blanca y le expresó que los nuevos tratados son “lo correcto, lo justo y lo decente”. El 7 de septiembre de 1977, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en WashinYOUTUBE Escanea el código QR y accede a los episodios
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6A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 El juicio se desarrolla en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales, en la Corte Suprema de Justicia. Anel Asprilla Termina el juicio con críticas de la defensa al peritaje clave del caso Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA El juicio por presuntos sobrecostos en dos obras viales del gobierno de Ricardo Martinelli concluyó con alegatos de la defensa del exministro Federico Suárez y Marcelo De la Rosa. La última jornada del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli se celebró ayer, miércoles 11 de marzo, con la presentación de los alegatos finales de la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y del empresario Marcelo De la Rosa. Con estas intervenciones concluyó la fase de debate del proceso que se sigue ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, por lo que ahora la juez Águeda Rentería deberá evaluar los argumentos de las partes antes de emitir su decisión. La jornada final se produjo un día después de que la fiscal superior Ruth Morcillo, en representación del Ministerio Público, solicitara condena para ambos imputados. Con esa petición se abrió la fase final del proceso, en la que las defensas intentaron desmontar las pruebas que sustentan la acusación de peculado relacionada con presuntos sobreprecios en las obras investigadas. El caso gira en torno a dos proyectos de infraestructura: la ampliación de la avenida José Domingo Díaz y trabajos de remodelación en el Casco Antiguo. Según la Fiscalía, en ambas contrataciones se habrían incorporado costos inflados que permitieron generar recursos adicionales para el pago de comisiones o sobornos dentro del sistema de contratación pública. En cambio, los abogados de los imputados sostienen que los contratos se ajustaron a la ley y que la acusación descansa en interpretaciones técnicas equivocadas. Uno de los ejes centrales del alegato de la defensa fue la validez del peritaje que sustenta la tesis del sobreprecio. El abogado Rosendo Miranda, defensor de Federico Suárez, afirmó que el informe elaborado por el perito Aristides Hernández constituye la “columna vertebral” de la investigación del Ministerio Público. Sin embargo, cuestionó su legalidad y sostuvo que el trabajo carece de valor probatorio. Según explicó Miranda, el perito habría comenzado a trabajar antes de tomar posesión formal de su cargo, lo que a su juicio vulnera las normas que regulan el ejercicio de funciones públicas. El jurista indicó que Hernández inició labores el 17 de febrero de 2017, mientras que su juramentación se produjo el 3 de abril de ese mismo año. A partir de esa cronología, la defensa sostiene que el informe debe considerarse una prueba ilícita. El abogado citó incluso una opinión de la Procuraduría de la Administración según la cual ningún funcionario puede ejercer funciones antes de juramentarse. Desde esa perspectiva, afirmó que el informe técnico “es totalmente ilegal” y que, al sustentarse en ese peritaje, toda la investigación del Ministerio Público quedaría comprometida. Miranda también cuestionó la tesis de los sobrecostos señalando que distintos informes de auditoría de la Contraloría General de la República revisaron los contratos en diferentes etapas y concluyeron que se ajustaban a la ley. De acuerdo con el defensor, el único documento que habla de sobreprecio es el peritaje de Hernández. “Ni los auditores de la Contraloría hablan de sobrecostos”, afirmó, al señalar que esos informes habrían sido ignorados por la Fiscalía al formular la acusación. Por su parte, la defensa del empresario Marcelo De la Rosa, representada por el abogado Ariel Núñez, centró su argumentación en el papel que desempeñó la consultora Louis Berger durante el proceso de contratación de las obras. Núñez explicó que la firma fue contratada para realizar dos tipos de consultorías: una estimación de los costos de los proyectos y una asesoría técnica a la comisión encargada del proceso de licitación. Según el abogado, ambas tareas se realizaron conforme a los criterios técnicos establecidos y dentro del marco legal panameño. El defensor rechazó que la empresa haya participado en un esquema para manipular los precios. A su juicio, la acusación se apoya en modificaciones que el perito Hernández habría introducido en la estructura del estudio original elaborado por Louis Berger. “El perito Hernández se monta en la estructura del informe de Louis Berger y comienza a cambiar valores”, sostuvo Núñez. Según explicó, el experto modificó porcentajes utilizados para calcular costos indirectos y factores financieros, lo que habría alterado los resultados del análisis. El abogado también presentó una comparación de las cifras utilizadas en el proceso de contratación. De acuerdo con su exposición, Louis Berger estimó el costo histórico del proyecto en 164 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Obras Públicas fijó un precio de referencia de 170 millones. Finalmente, la adjudicación se concretó por 168 millones. A partir de esos datos, Núñez argumentó que las propuestas económicas presentadas durante la licitación superaban las estimaciones iniciales, lo que a su juicio desvirtúa la idea de un sobreprecio irregular. Además, insistió en que el concepto de sobrecosto no implica necesariamente la existencia de un delito. “Sobrecosto no significa ilicitud”, afirmó. Durante su intervención, el abogado también ofreció detalles sobre la trayectoria de su defendido. Explicó que Marcelo De la Rosa, arquitecto argentino de 75 años, fungía como representante legal de Louis Berger en Panamá, pero no era accionista ni beneficiario de la empresa. Su función se limitaba a la representación jurídica de la firma, mientras que los estudios técnicos eran elaborados por equipos especializados de ingenieros y consultores. Núñez señaló además que De la Rosa ha permanecido vinculado al proceso judicial durante ocho años sin poder salir del país, pese a su trayectoria profesional y académica en el ámbito de la consultoría internacional y la docencia universitaria. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene una interpretación distinta de los hechos. En sus alegatos finales, presentados el martes, la fiscal Ruth Morcillo explicó que el análisis del Ministerio Público se basa en dos elementos fundamentales: el conocimiento del hecho y el dominio sobre las decisiones que permitieron ejecutar los contratos investigados. Desde esa perspectiva, la Fiscalía considera que Federico Suárez, como ministro de Obras Públicas durante el período investigado, tenía control sobre las decisiones estratégicas relacionadas con los proyectos. Esa posición de autoridad, según el Ministerio Público, lo ubica dentro del esquema que permitió ejecutar contratos con precios inflados. La acusación también sostiene que los sobrecostos detectados formaban parte de un mecanismo para generar fondos destinados al pago de sobornos o comisiones ilegales dentro del sistema de contratación pública. Según auditorías de la Contraloría citadas por la Fiscalía, la remodelación del Casco Antiguo habría presentado un sobreprecio de 51.4 millones de dólares, mientras que en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz el monto ascendería a 47.3 millones. En cuanto a Marcelo De la Rosa, la Fiscalía argumenta que su rol como representante legal de Louis Berger lo ubica dentro de la dinámica contractual que permitió estructurar los proyectos con precios superiores a los del mercado. No obstante, el Ministerio Público solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora al considerar que no existen pruebas que demuestren que conocían el supuesto esquema que habría generado los sobreprecios. El juicio se desarrolla ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que ha escuchado durante las últimas semanas una extensa presentación de pruebas documentales, testimonios y peritajes técnicos. Concluidos los alegatos finales de las partes, el proceso entra ahora en su fase decisiva. La juez Águeda Rentería deberá analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y las defensas antes de emitir su decisión sobre la responsabilidad penal de los imputados. Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional realizaron un recorrido por las instalaciones del Archivo Nacional, ubicado en la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia, con el propósito de conocer de cerca el trabajo que se realiza para preservar la memoria histórica del país. Durante la visita, los diputados recorrieron distintas áreas del edificio. En el Archivo de Exposición observaron folletos, libros y periódicos originales que documentan diversas etapas de la historia panameña. En el Laboratorio de Conservación y Restauración presenciaron el trabajo especializado que realizan los técnicos para reparar y proteger documentos antiguos, mientras que en el Departamento de Fondos Documentales se encargan de identificar, clasificar, ordenar y foliar los materiales antes de su digitalización, garantizando su acceso a futuras generaciones. Cristian Espinoza, encargado del área de Conservación y Restauración, explicó que en el Archivo Nacional se restauran documentos vinculados a figuras históricas como Vasco Núñez de Balboa, Belisario Porras y Victoriano Lorenzo. También destacó que el archivo conserva las firmas de los presidentes que participaron en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. La directora del Archivo Nacional, Nadia Pérez, subrayó que la institución resguarda documentos que forman parte del patrimonio cultural e histórico del país, incluyendo archivos del periodo colonial. Señaló además que la creación del archivo fue una visión del expresidente Belisario Porras, quien impulsó la construcción de un espacio dedicado a proteger la memoria nacional. El diputado Jorge BloiArchivo Nacional avanza hacia su declaratoria como monumento histórico MEMORIA se calificó la visita como un recorrido fundamental que permite comprender la importancia de destinar recursos para fortalecer la preservación de la historia del país. Durante la jornada, la comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley 516, que declara monumento histórico nacional al edificio del Archivo Nacional. La arquitecta Lilia Zurita, proponente de la iniciativa, explicó que la estructura fue diseñada por el arquitecto peruano Leonardo Villanueva Mayer y es considerada su obra más importante. El edificio destaca además por ser el primero en Panamá construido con concreto armado. Zurita también señaló que en el sótano del archivo se encuentra la segunda máquina a nivel mundial para la desinfección de documentos, mientras que los especialistas que trabajan en la restauración han recibido capacitación en Italia. Fundado en 1912 por Belisario Porras, el Archivo Nacional es la institución encargada de custodiar, organizar y difundir la memoria histórica, política y económica de Panamá. Sus colecciones abarcan documentos desde la época colonial hasta la actualidad y combinan procesos tradicionales de conservación con herramientas tecnológicas para la gestión y digitalización documental. Aleida Samaniego C. [email protected] Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes recorren los Archivos Nacionales de Panamá para conocer los procesos de conservación de documentos históricos. Carlos Endara-Vidal
7A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Panorama El muelle construido en Isla Contadora por la empresa Marina Contadora Holding, presidida por Jean Paul De Janon. Días después de que la concesión para esta infraestructura fuera oficializada en Gaceta Oficial, De Janon fue nombrado inspector náutico en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la misma entidad que otorgó el contrato. Foto tomada de Marina Contadora (Instagram) Los nexos de un pariente de Gaby Carrizo con la AMP y la ATTT Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Diez días antes de ser nombrado inspector náutico en la AMP, Jean Paul De Janon obtuvo una concesión marítima en Contadora y luego se vinculó al proyecto del revisado vehicular. Poco antes de ser nombrado “inspector náutico” –con salario de $2,500 mensuales en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el 14 de febrero de 2020– el hoy empresario Jean Paul De Janon Arias obtuvo una concesión de fondo de mar para reconstruir y operar un muelle en isla Contadora. El contrato de concesión fue publicado en Gaceta Oficial el 4 de febrero de 2020, apenas 10 días antes de que se formalizara el ingreso de De Janon a la planilla de la AMP. De acuerdo con la AMP, los inspectores náuticos tienen entre sus funciones supervisar embarcaciones, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y fiscalizar operaciones en puertos, marinas y muelles. En ese contexto, el nombramiento de De Janon en ese cargo resulta particularmente relevante, ya que en esa misma época figuraba como presidente y representante legal de una empresa favorecida con una concesión expedida por su nuevo empleador. La AMP le concedió el contrato de concesión No. A2002-2019 a Marina Contadora Holding, S.A., que le permitiría el uso 836.5 metros cuadrados de ribera y fondo marino en Contadora –en el archipiélago de Las Perlas–. De Janon figura como presidente y representante legal de la mencionada sociedad, mientras que en representación de la AMP, firmó el contrato el administrador encargado, Tomás Ávila. El acuerdo de concesión – pactado a 20 años– fue suscrito el 16 de mayo de 2019 y refrendado el mismo día por el entonces contralor, Federico Humbert (2015-2019). Marina Contadora Holding, inscrita en agosto de 2016 en el Registro Público, tiene como directivos y dignatarios a miembros de su familia (Gabriela Arias de De Janon y Phillipe De Janon Arias). Pagos mínimos El contrato con Marina Contadora Holding establece un pago mensual al Estado de 25 centavos por metro cuadrado en el área concesionada. Ello supone que en el primer año de vigencia del contrato, la AMP habría recibido $2 mil 510. Para el final de la concesión –tras leves incrementos anuales– la sociedad tendría que haber pagado al Estado un total de $83 mil, de acuerdo con sus cálculos. A cambio de la concesión, la empresa se comprometió a invertir $373 mil, que incluye destinar $14 mil como un “aporte a proyectos sociales de la AMP”, que no se detallan. El contrato establece que si la concesionaria planea desarrollar otras actividades complementarias o relacionadas con el objeto original del contrato, debe solicitar autorización previa a la AMP. Y, aunque este medio no halló registros públicos de permisos semejantes, en redes sociales vinculadas a Marina Contadora se promociona desde la venta de galletas y bebidas alcohólicas, hasta la prestación de servicios asociados al muelle. Vínculos De Janon ha sido objeto de una reciente investigación periodística de este medio que reveló que es “socio incidental” e inversionista en un proyecto de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para digitalizar el revisado vehicular. El empresario lo logró al asociarse brevemente con 3Tech Latin America, Corp., concesionaria original de la ATTT en el proyecto de digitalización del revisado vehicular. De ese modo, De Janon controla dos concesiones importantes con dos entidades del Estado (la AMP y la ATTT), a través de Marina Contadora Holding y Panama Dynamics Int., respectivamente. De acuerdo con representantes de 3Tech, la aceptación de asociación de Panama Dynamics a este proyecto no fue voluntaria, aunque se firmó un acuerdo en ese sentido para supuestamente inyectar financiamiento al proyecto de parte de Panama Dynamics, representada por De Janon. De Janon es esposo de María Carolina Carrizo Arauz, prima hermana del exvicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo. María Carolina es hija de Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente. Este lazo familiar, precisamente, salió a relucir de parte de De Janon cuando, según el presidente de 3Tech, Eric Barrios, se negaba a recibir a Panama Dynamics como socio en el proyecto con la ATTT. Así, Panama Dynamics se convirtió en socio inversionista para el desarrollo de una plataforma tecnológica del revisado vehicular de la ATTT. Esta sociedad fue constituida en 2019, bajo el nombre original de Rent Contadora, S.A., dedicada inicialmente al alquiler de carritos de golf y equipos también en isla Contadora. Gracias al acuerdo pactado con 3Tech, De Janon recibiría casi la mitad de los beneficios: $1.10 de los $2.40 de comisión que cobraría 3Tech por cada revisado vehicular. El préstamo De Janon y su suegro, Ignacio Carrizo –tío del exvicepresidente Gaby Carrizo– constituyeron en mayo de 2018 una sociedad llamada Promotora Icaco, S.A. En septiembre de 2020, esta sociedad solicitó y recibió un préstamo de $100 mil de la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, que no fueron precisadas en la escritura de préstamo. Este préstamo de $100 mil fue garantizado con una finca que pertenece a Canal View, S.A., una sociedad integrada –una vez más– por miembros de la familia De Janon. La finca –ubicada en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé– fue comprada en $12 mil por Canal View y tiene una extensión de 8.7 hectáreas. Originalmente, la finca era un lote nacional baldío, adjudicado –en septiembre de 2019– por solo $54 a un particular (Amador Torres López), gracias a la gestión de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Solo dos meses después – en diciembre de 2019– este lote baldío fue vendido a Canal View, y en septiembre de 2020, fue hipotecado a favor de la Cooperativa de Pilotos del Canal, a fin de que la sociedad Promotora Icaco, S.A. obtuviera el préstamo de $100 mil. Posteriormente, en diciembre de 2020, el contrato de préstamo con la mencionada cooperativa fue modificado: El monto del préstamo fue elevado a $180 mil, al igual que las garantías. Una vez más, Canal View puso en garantía otra finca que le compró al mismo sujeto: Amador Torres López, luego de que este obtuviera de la Anati –en 2016– este otro terreno baldío, adjudicado únicamente por $174, con una extensión de 28.5 hectáreas. Canal View le pagó a Torres López $28 mil 600 en septiembre de 2016 por ese terreno, y en 2020, la sociedad lo hipotecó para aumentar el monto de su préstamo con la cooperativa. En otras palabras, Canal View pagó unos $40 mil 500 por dos fincas que luego fueron utilizadas para garantizar un préstamo de $180 mil otorgado por la Cooperativa de Pilotos del Canal. ‘Todo fue legal’ Consultado sobre la concesión y su posterior nombramiento en la AMP, visiblemente molesto, De Janon aseguró que esperó cuatro años antes de que se firmara el contrato, el cual – afirmó– lo obtuvo de manera “legal” en mayo de 2019. El empresario intentó justificar su nombramiento en la AMP, pese a ser representante de una empresa concesionaria, al señalar que ocurrió en un periodo gubernamental distinto al de Juan Carlos Varela )2014-2019), periodo en el que obtuvo la concesión para la marina en Contadora. “Eso fue en administraciones distintas”, insistió. De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la Administración del Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo (2019-2024). En relación a las actividades paralelas desarrolladas en el área concesionada en Contadora, De Janon afirmó que ha obtenido los permisos correspondientes para incorporarlas, aunque no precisó cuándo fueron otorgadas. En cuanto a Panama Dynamics y su vinculación con el contrato de digitalización del revisado vehicular, De Janon declinó referirse al tema porque dijo que el caso se ventila en un proceso de arbitraje. Yaritza Mojica [email protected] El retiro de las sillas. Cortesía Comerciantes del Casco apoyan operativos, pero cuestionan la forma ESPACIO PÚBLICO Los comerciantes del Casco Antiguo expresaron su respaldo a los operativos municipales dirigidos a recuperar espacios públicos ocupados sin autorización, aunque solicitaron que estas acciones se ejecuten con mayor coordinación y sensibilidad frente a los visitantes. El planteamiento surge tras intervenciones recientes en plazas y calles del centro histórico, donde funcionarios retiraron mesas, sillas y otros mobiliarios colocados por restaurantes y bares fuera de los límites permitidos. Los empresarios del área coinciden en que el orden urbano y el cumplimiento de las normas son necesarios para preservar el valor patrimonial del Casco Antiguo y garantizar la circulación de peatones. Sin embargo, consideran que algunos procedimientos se realizaron de forma abrupta y en momentos en que había turistas utilizando los espacios, lo que generó incomodidad entre visitantes y comerciantes. Según los representantes del sector, el problema no radica en la aplicación de la normativa, sino en la forma en que se ejecutan los operativos. Cuando las acciones ocurren frente a clientes que están consumiendo o disfrutando del ambiente del lugar, la experiencia turística puede verse afectada. Esto, advierten, puede generar una percepción negativa sobre el destino, especialmente considerando que el Casco Antiguo es uno de los puntos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Los comerciantes señalaron que muchos visitantes desconocen las regulaciones locales y simplemente buscan disfrutar de la oferta gastronómica, cultural y arquitectónica del área. Por ello, pidieron que las autoridades municipales consideren mecanismos de fiscalización que permitan cumplir la ley sin afectar la experiencia de quienes visitan el centro histórico. Tras los operativos, representantes del sector comercial sostuvieron conversaciones con autoridades municipales para expresar estas preocupaciones. En ese intercambio reiteraron su disposición a cumplir con los reglamentos que regulan el uso del espacio público, pero plantearon la necesidad de mejorar la comunicación entre el municipio y los negocios que operan en el área. Las normas municipales establecen que los establecimientos que deseen utilizar áreas externas —como aceras, plazas o espacios contiguos a sus locales— deben contar con permisos específicos y pagar tarifas relacionadas con el área ocupada. Estas disposiciones buscan ordenar la actividad comercial en el centro histórico y evitar la ocupación irregular de espacios públicos. Las autoridades, por su parte, sostienen que los operativos forman parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de estas reglas. Según explicaron, antes de realizar las intervenciones se llevaron a cabo campañas de orientación dirigidas a los comercios para que regularizaran su situación. No obstante, algunos establecimientos continuaban ocupando espacios sin autorización, lo que motivó la acción de los inspectores. El sector empresarial reconoce la importancia de preservar el orden y el patrimonio del Casco Antiguo, pero insiste en que las medidas deben aplicarse con equilibrio. En su opinión, la coordinación entre autoridades y comerciantes resulta clave para evitar conflictos y, al mismo tiempo, mantener la calidad de la experiencia turística que caracteriza a esta zona histórica de la ciudad. Finalmente, los comerciantes destacaron que el Casco Antiguo concentra una importante actividad económica vinculada al turismo, la gastronomía y el entretenimiento. En ese contexto, consideran que cualquier medida de regulación debe tomar en cuenta tanto la necesidad de cumplir la ley como el impacto que estas acciones pueden tener en la imagen del destino y en la dinámica económica del área. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
8A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad eclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cia. No participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A estos se suma Perú, cuya ausencia tal vez se explica por su calendario electoral inmediato, y los gobiernos democráticos centristas de Uruguay y Guatemala, así como los regímenes autoritarios de izquierda: Cuba, Nicaragua e incluso la nueva chica buena del barrio, Venezuela. Tremendo escudo, en el que Brasil, Canadá y México —quienes, con excepción de Estados Unidos, constituyen las tres economías más grandes del continente y cuyas superficies representan aproximadamente una tercera parte del macizo continental americano— no fueron convocados. La paradoja es mayúscula. La cumbre proclamó como eje central la lucha contra el narcotráfico y los carteles criminales de la región. Sin embargo, quedaron excluidos precisamente los países más críticos en ese drama: México, epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos; Colombia, donde se concentra la producción global de cocaína; Perú, tercer productor mundial; y Brasil, principal potencia militar del hemisferio sur, sin cuya participación cualquier arquitectura de seguridad hemisférica es, en el mejor de los casos, decorativa. Con esta cumbre, el crimen organizado dejó de ser abordado como un asunto de salud pública, policial o judicial para convertirse en una “amenaza terrorista transnacional” que, bajo esa lógica, solo puede enfrentarse con estrategias de exterminio militar. Una estrategia que, sin los actores clave, nace muerta. Para Panamá, el episodio adquirió diLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuando el Derecho se debilita, el Estado se rinde Formación jurídica disciplinaria será suficiente si los más capaces siguen eligiendo otro camino. La democracia no es un sistema que se administra solo: requiere de personas que la defiendan con convicción y con las herramientas precisas. Esas herramientas son jurídicas. Por eso Panamá necesita, con urgencia real, que sus mentes más brillantes quieran ser abogados: no por herencia familiar ni por cálculo político, sino porque han entendido que renunciar al Derecho es, en el fondo, renunciar a la república. Cada generación de juristas mediocres que toleramos es una generación de instituciones más frágiles. Y una democracia que pierde a sus mejores abogados no los pierde a ellos: se pierde a sí misma. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Panamá enfrenta una paradoja preocupante: mientras más abogados produce, menos respeto institucional parece tener el Estado de Derecho. No es una coincidencia. Es el resultado de décadas de deterioro silencioso en la formación jurídica, un proceso que ha convertido una de las carreras más nobles e influyentes del sistema democrático en una opción accesible para cualquiera, exigente para pocos y transformadora para casi nadie. El problema comienza en las aulas. El pénsum académico de las facultades de Derecho en Panamá ha experimentado una involución sistemática. Cursos que antes exigían rigor analítico, dominio del razonamiento lógico-jurídico y lectura intensiva de doctrina y jurisprudencia han sido Nivia Rossana Castrellón El petate de las Américas Política exterior El pasado 7 de marzo, en un lujoso resort Trump de Miami, el presidente de Estados Unidos condujo la cumbre denominada “Escudo de las Américas”. El nombre evoca fortaleza y unidad continental. La realidad del encuentro, sin embargo, resultó ser todo lo contrario: un escaparate de sumisión voluntaria, donde trece mandatarios de Centro y Suramérica y el Caribe acudieron como “invitados de honor” a su propia humillación. El denominador común de los asistentes no era difícil de identificar. Los países presentes comparten una corriente de pensamiento que privilegia el mercado sobre el Estado, el capital financiero sobre el capital social y la fuerza militar sobre el derecho internacional como mecanismo de resolución de conflictos. En otras palabras, fue, como lo calificó con crudeza el legislador mexicano Ricardo Monreal, una cumbre de mandatarios de la derecha latinoamericana alineados con el proyecto MAGA, dispuestos a operar como correa de transmisión del neoimperialismo en el hemisferio occidental, evocando los peores reflejos del intervencionismo de la era de Theodore Roosevelt. Pero lo más revelador de quiénes asistieron fueron los que brillaron por su ausenmensiones especialmente amargas. El presidente Mulino viajó a Doral acompañado de la primera dama en un contexto de máxima presión estadounidense sobre el Canal. Y allí, ante las cámaras del mundo, se vio compelido a reír y festejar los desprecios de su locuaz anfitrión hacia el logro histórico más sagrado del pueblo panameño: la soberanía plena sobre su territorio y su Canal, conquistada con sangre, sudor y décadas de lucha. Quizás era demasiado exigir que el presidente panameño se negara a asistir, sopesando las amenazas y represalias que ese gesto podría acarrear. Pero lo que no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia es que la bochornosa experiencia se normalice, se repita o, peor aún, sea presentada como un éxito diplomático. El “Escudo de las Américas” no es un escudo. Es, como ya le llaman con justicia creciente, el petate de las Américas: una plataforma construida sobre la dócil aquiescencia de gobiernos pequeños que, atrapados entre el miedo a las represalias y la afinidad ideológica con Washington, han olvidado que la dignidad nacional no es un bien negociable. No es necesario imaginar qué habrían dicho los mártires del 9 de enero de 1964 ante semejante espectáculo. El verdadero escudo de nuestra región no se fragua en un resort de Miami. Se construye con soberanía, con autonomía y, cuando es necesario, con la valentía de decir: “¡No más!”. Opinión EL AUTOR es médico salubrista. LA AUTORA es abogada y ciudadana. reemplazados, en muchos casos, por contenidos superficiales, metodologías memorísticas y una proliferación de carreras aceleradas que ofrecen el título sin la formación que este debería representar. El resultado es una generación de egresados que conocen los artículos, pero no entienden el espíritu de la ley. Cuando esa misión se diluye, cuando los mejores jóvenes prefieren la ingeniería, la medicina o los negocios porque perciben que el Derecho ha perdido prestigio y exigencia, el sistema completo se empobrece. No porque la abogacía sea superior a otras profesiones, sino porque, sin juristas de alto calibre comprometidos con la institucionalidad, las democracias se vuelven vulnerables. Las leyes las escriben abogados. Las interpretan jueces que fueron abogados. Las defienden o atacan fiscales y litigantes que pasaron por las mismas aulas que hoy producen egresados con una formación deficiente. El deterioro de la abogacía en Panamá no es un accidente administrativo. Es el síntoma de una sociedad que dejó de exigirle a quienes debían custodiar sus instituciones. Y los síntomas ignorados se convierten en enfermedades crónicas. Mientras el título valga más que la formación, mientras el oportunismo rinda más que la integridad, y mientras los mejores sigan eligiendo otro camino, el Estado seguirá debilitándose — no por asalto, sino por abandono—. Panamá no perderá su democracia de golpe. La perderá en silencio, párrafo a párrafo, sentencia a sentencia, en cada aula de Derecho que forma técnicos donde debía forjar guardianes de nuestra institucionalidad democrática y defensores del ejercicio ético del derecho. El Derecho no es, ni puede ser, una herramienta neutral para gestionar contratos o resolver disputas privadas. El abogado es, por definición constitucional y por vocación histórica, el custodio del orden democrático. Su función más elevada no reside en los tribunales civiles ni en las notarías: reside en la defensa activa del equilibrio de poderes, en la garantía irrenunciable de los derechos fundamentales, en la transparencia del Estado y en el acceso a la justicia para quienes menos tienen. Esa es la diferencia entre un técnico jurídico y un jurista. Panamá necesita urgentemente más de los segundos. Recuperar esa misión exige reformas concretas e impostergables. Las universidades panameñas deben asumir, de una vez por todas, que la carrera de Derecho exige una reforma curricular sin concesiones: filosofía del derecho, derecho constitucional comparado, argumentación jurídica, ética profesional y clínicas de litigio tienen que ser columna vertebral, no adornos opcionales. El Estado y el Órgano Judicial, por su parte, deben robustecer los mecanismos de habilitación profesional. Y la sociedad civil y los colegios profesionales tienen una deuda pendiente: elevar los estándares deontológicos y hacer que el ejercicio irresponsable o corrupto de la abogacía tenga un costo real, público y reputacional. Pero ninguna reforma curricular, ningún examen más exigente, ninguna sanción Juan Antonio Casas Zamora El deterioro de la formación jurídica en Panamá amenaza el Estado de Derecho y exige reformas profundas para recuperar el rigor, la ética y la vocación institucional. Legalidad y prejuicios Trenzas Cuando se creó el Resuelto 887 AL del 23 de marzo de 2023, este obligó a los centros educativos públicos y privados a adecuar sus reglamentos internos, otorgando un período de seis meses para ello. Sin embargo, han pasado tres años y ninguno ha acatado el mandato de la norma. Ahora son los mismos directivos que han incurrido en desacato quienes nos señalan como desobedientes a las reglas y, por tanto, indisciplinados. No hemos violado ninguna norma, ni cometido delito alguno, más allá de mostrar con orgullo y legalidad nuestro cabello afro como símbolo de identidad y dignidad. No portamos doble tono, rayas ni diseños; solo afro natural y rizado. Solo anhelamos continuar nuestros estudios en una escuela que sea escenario de convivencia pacífica e igualdad, donde las miradas prejuiciosas y acusadoras de directivos, inspectores y docentes no nos hagan sentir delincuentes. Algunos adeptos a nuestra causa, en silencio, nos sugieren no transitar por los pasillos para evitar situaciones. Pero ¿por qué ocultarnos? No hemos hecho nada malo más que portar nuestro pelo afro, nuestro pelo “malo”, como lo tildan algunos. Somos negros, pero no somos chicos malos; por el contrario, somos estudiantes estudiosos, esforzados y respetuosos. Somos pobres, pero soñamos en grande. No entendemos, entonces, por qué los directivos de nuestra escuela se han ensañado con nosotros, prohibiéndonos participar en programas de becas internacionales y usando sus influencias para impedir que seamos beneficiados por programas de responsabilidad social empresarial. Qué triste resulta cuando se atenta contra nuestro futuro. Luego, incluso el presidente nos augura un futuro como delincuentes. Los adultos no imaginan el barullo de pensamientos y sentimientos que sus palabras y acciones hirientes nos provocan al caer la noche, cuando estamos en la cama. ¡No lo entendemos! Es el cabello que Dios nos dio y lo portamos con orgullo porque Dios no hace basura y, aunque algunos piensen que es feo, malo o antihigiénico, Dios dispuso que creciera hacia el cielo. “Yo no hablo con perigones”, “tu cabello mancha el uniforme”, “¿estamos en guerra o en paz?”, “mira a mi hijo, se ve guapo con su corte”, “mi cabello es mejor que el de ustedes”. Estas palabras fueron pronunciadas por directivos y una docente contra nosotros. No creemos que sean justas, pero no guardamos rencor, solo silencio. De las autoridades educativas regionales tan solo recibimos mofa e intimidación: “al cumplir 18 años serán expulsados”. No hemos infringido ninguna regla. ¿Acaso el mencionado Resuelto no otorga legalidad al porte del cabello afro natural o rizado? ¿Acaso, dentro de la jerarquía jurídica, los reglamentos internos de los centros educativos no son de rango inferior respecto de la Constitución, las leyes y los resueltos? En suma, la legalidad está más que comprobada y los prejuicios más que injustificados. No es victimismo: es la historia real, reciente, vivida por Maykel y Kelvin. EL AUTOR es docente. Saúl Cortéz Chifundo Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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