8A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad eclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cia. No participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A estos se suma Perú, cuya ausencia tal vez se explica por su calendario electoral inmediato, y los gobiernos democráticos centristas de Uruguay y Guatemala, así como los regímenes autoritarios de izquierda: Cuba, Nicaragua e incluso la nueva chica buena del barrio, Venezuela. Tremendo escudo, en el que Brasil, Canadá y México —quienes, con excepción de Estados Unidos, constituyen las tres economías más grandes del continente y cuyas superficies representan aproximadamente una tercera parte del macizo continental americano— no fueron convocados. La paradoja es mayúscula. La cumbre proclamó como eje central la lucha contra el narcotráfico y los carteles criminales de la región. Sin embargo, quedaron excluidos precisamente los países más críticos en ese drama: México, epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos; Colombia, donde se concentra la producción global de cocaína; Perú, tercer productor mundial; y Brasil, principal potencia militar del hemisferio sur, sin cuya participación cualquier arquitectura de seguridad hemisférica es, en el mejor de los casos, decorativa. Con esta cumbre, el crimen organizado dejó de ser abordado como un asunto de salud pública, policial o judicial para convertirse en una “amenaza terrorista transnacional” que, bajo esa lógica, solo puede enfrentarse con estrategias de exterminio militar. Una estrategia que, sin los actores clave, nace muerta. Para Panamá, el episodio adquirió diLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuando el Derecho se debilita, el Estado se rinde Formación jurídica disciplinaria será suficiente si los más capaces siguen eligiendo otro camino. La democracia no es un sistema que se administra solo: requiere de personas que la defiendan con convicción y con las herramientas precisas. Esas herramientas son jurídicas. Por eso Panamá necesita, con urgencia real, que sus mentes más brillantes quieran ser abogados: no por herencia familiar ni por cálculo político, sino porque han entendido que renunciar al Derecho es, en el fondo, renunciar a la república. Cada generación de juristas mediocres que toleramos es una generación de instituciones más frágiles. Y una democracia que pierde a sus mejores abogados no los pierde a ellos: se pierde a sí misma. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Panamá enfrenta una paradoja preocupante: mientras más abogados produce, menos respeto institucional parece tener el Estado de Derecho. No es una coincidencia. Es el resultado de décadas de deterioro silencioso en la formación jurídica, un proceso que ha convertido una de las carreras más nobles e influyentes del sistema democrático en una opción accesible para cualquiera, exigente para pocos y transformadora para casi nadie. El problema comienza en las aulas. El pénsum académico de las facultades de Derecho en Panamá ha experimentado una involución sistemática. Cursos que antes exigían rigor analítico, dominio del razonamiento lógico-jurídico y lectura intensiva de doctrina y jurisprudencia han sido Nivia Rossana Castrellón El petate de las Américas Política exterior El pasado 7 de marzo, en un lujoso resort Trump de Miami, el presidente de Estados Unidos condujo la cumbre denominada “Escudo de las Américas”. El nombre evoca fortaleza y unidad continental. La realidad del encuentro, sin embargo, resultó ser todo lo contrario: un escaparate de sumisión voluntaria, donde trece mandatarios de Centro y Suramérica y el Caribe acudieron como “invitados de honor” a su propia humillación. El denominador común de los asistentes no era difícil de identificar. Los países presentes comparten una corriente de pensamiento que privilegia el mercado sobre el Estado, el capital financiero sobre el capital social y la fuerza militar sobre el derecho internacional como mecanismo de resolución de conflictos. En otras palabras, fue, como lo calificó con crudeza el legislador mexicano Ricardo Monreal, una cumbre de mandatarios de la derecha latinoamericana alineados con el proyecto MAGA, dispuestos a operar como correa de transmisión del neoimperialismo en el hemisferio occidental, evocando los peores reflejos del intervencionismo de la era de Theodore Roosevelt. Pero lo más revelador de quiénes asistieron fueron los que brillaron por su ausenmensiones especialmente amargas. El presidente Mulino viajó a Doral acompañado de la primera dama en un contexto de máxima presión estadounidense sobre el Canal. Y allí, ante las cámaras del mundo, se vio compelido a reír y festejar los desprecios de su locuaz anfitrión hacia el logro histórico más sagrado del pueblo panameño: la soberanía plena sobre su territorio y su Canal, conquistada con sangre, sudor y décadas de lucha. Quizás era demasiado exigir que el presidente panameño se negara a asistir, sopesando las amenazas y represalias que ese gesto podría acarrear. Pero lo que no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia es que la bochornosa experiencia se normalice, se repita o, peor aún, sea presentada como un éxito diplomático. El “Escudo de las Américas” no es un escudo. Es, como ya le llaman con justicia creciente, el petate de las Américas: una plataforma construida sobre la dócil aquiescencia de gobiernos pequeños que, atrapados entre el miedo a las represalias y la afinidad ideológica con Washington, han olvidado que la dignidad nacional no es un bien negociable. No es necesario imaginar qué habrían dicho los mártires del 9 de enero de 1964 ante semejante espectáculo. El verdadero escudo de nuestra región no se fragua en un resort de Miami. Se construye con soberanía, con autonomía y, cuando es necesario, con la valentía de decir: “¡No más!”. Opinión EL AUTOR es médico salubrista. LA AUTORA es abogada y ciudadana. reemplazados, en muchos casos, por contenidos superficiales, metodologías memorísticas y una proliferación de carreras aceleradas que ofrecen el título sin la formación que este debería representar. El resultado es una generación de egresados que conocen los artículos, pero no entienden el espíritu de la ley. Cuando esa misión se diluye, cuando los mejores jóvenes prefieren la ingeniería, la medicina o los negocios porque perciben que el Derecho ha perdido prestigio y exigencia, el sistema completo se empobrece. No porque la abogacía sea superior a otras profesiones, sino porque, sin juristas de alto calibre comprometidos con la institucionalidad, las democracias se vuelven vulnerables. Las leyes las escriben abogados. Las interpretan jueces que fueron abogados. Las defienden o atacan fiscales y litigantes que pasaron por las mismas aulas que hoy producen egresados con una formación deficiente. El deterioro de la abogacía en Panamá no es un accidente administrativo. Es el síntoma de una sociedad que dejó de exigirle a quienes debían custodiar sus instituciones. Y los síntomas ignorados se convierten en enfermedades crónicas. Mientras el título valga más que la formación, mientras el oportunismo rinda más que la integridad, y mientras los mejores sigan eligiendo otro camino, el Estado seguirá debilitándose — no por asalto, sino por abandono—. Panamá no perderá su democracia de golpe. La perderá en silencio, párrafo a párrafo, sentencia a sentencia, en cada aula de Derecho que forma técnicos donde debía forjar guardianes de nuestra institucionalidad democrática y defensores del ejercicio ético del derecho. El Derecho no es, ni puede ser, una herramienta neutral para gestionar contratos o resolver disputas privadas. El abogado es, por definición constitucional y por vocación histórica, el custodio del orden democrático. Su función más elevada no reside en los tribunales civiles ni en las notarías: reside en la defensa activa del equilibrio de poderes, en la garantía irrenunciable de los derechos fundamentales, en la transparencia del Estado y en el acceso a la justicia para quienes menos tienen. Esa es la diferencia entre un técnico jurídico y un jurista. Panamá necesita urgentemente más de los segundos. Recuperar esa misión exige reformas concretas e impostergables. Las universidades panameñas deben asumir, de una vez por todas, que la carrera de Derecho exige una reforma curricular sin concesiones: filosofía del derecho, derecho constitucional comparado, argumentación jurídica, ética profesional y clínicas de litigio tienen que ser columna vertebral, no adornos opcionales. El Estado y el Órgano Judicial, por su parte, deben robustecer los mecanismos de habilitación profesional. Y la sociedad civil y los colegios profesionales tienen una deuda pendiente: elevar los estándares deontológicos y hacer que el ejercicio irresponsable o corrupto de la abogacía tenga un costo real, público y reputacional. Pero ninguna reforma curricular, ningún examen más exigente, ninguna sanción Juan Antonio Casas Zamora El deterioro de la formación jurídica en Panamá amenaza el Estado de Derecho y exige reformas profundas para recuperar el rigor, la ética y la vocación institucional. Legalidad y prejuicios Trenzas Cuando se creó el Resuelto 887 AL del 23 de marzo de 2023, este obligó a los centros educativos públicos y privados a adecuar sus reglamentos internos, otorgando un período de seis meses para ello. Sin embargo, han pasado tres años y ninguno ha acatado el mandato de la norma. Ahora son los mismos directivos que han incurrido en desacato quienes nos señalan como desobedientes a las reglas y, por tanto, indisciplinados. No hemos violado ninguna norma, ni cometido delito alguno, más allá de mostrar con orgullo y legalidad nuestro cabello afro como símbolo de identidad y dignidad. No portamos doble tono, rayas ni diseños; solo afro natural y rizado. Solo anhelamos continuar nuestros estudios en una escuela que sea escenario de convivencia pacífica e igualdad, donde las miradas prejuiciosas y acusadoras de directivos, inspectores y docentes no nos hagan sentir delincuentes. Algunos adeptos a nuestra causa, en silencio, nos sugieren no transitar por los pasillos para evitar situaciones. Pero ¿por qué ocultarnos? No hemos hecho nada malo más que portar nuestro pelo afro, nuestro pelo “malo”, como lo tildan algunos. Somos negros, pero no somos chicos malos; por el contrario, somos estudiantes estudiosos, esforzados y respetuosos. Somos pobres, pero soñamos en grande. No entendemos, entonces, por qué los directivos de nuestra escuela se han ensañado con nosotros, prohibiéndonos participar en programas de becas internacionales y usando sus influencias para impedir que seamos beneficiados por programas de responsabilidad social empresarial. Qué triste resulta cuando se atenta contra nuestro futuro. Luego, incluso el presidente nos augura un futuro como delincuentes. Los adultos no imaginan el barullo de pensamientos y sentimientos que sus palabras y acciones hirientes nos provocan al caer la noche, cuando estamos en la cama. ¡No lo entendemos! Es el cabello que Dios nos dio y lo portamos con orgullo porque Dios no hace basura y, aunque algunos piensen que es feo, malo o antihigiénico, Dios dispuso que creciera hacia el cielo. “Yo no hablo con perigones”, “tu cabello mancha el uniforme”, “¿estamos en guerra o en paz?”, “mira a mi hijo, se ve guapo con su corte”, “mi cabello es mejor que el de ustedes”. Estas palabras fueron pronunciadas por directivos y una docente contra nosotros. No creemos que sean justas, pero no guardamos rencor, solo silencio. De las autoridades educativas regionales tan solo recibimos mofa e intimidación: “al cumplir 18 años serán expulsados”. No hemos infringido ninguna regla. ¿Acaso el mencionado Resuelto no otorga legalidad al porte del cabello afro natural o rizado? ¿Acaso, dentro de la jerarquía jurídica, los reglamentos internos de los centros educativos no son de rango inferior respecto de la Constitución, las leyes y los resueltos? En suma, la legalidad está más que comprobada y los prejuicios más que injustificados. No es victimismo: es la historia real, reciente, vivida por Maykel y Kelvin. EL AUTOR es docente. Saúl Cortéz Chifundo Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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