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7A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 Panorama El muelle construido en Isla Contadora por la empresa Marina Contadora Holding, presidida por Jean Paul De Janon. Días después de que la concesión para esta infraestructura fuera oficializada en Gaceta Oficial, De Janon fue nombrado inspector náutico en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la misma entidad que otorgó el contrato. Foto tomada de Marina Contadora (Instagram) Los nexos de un pariente de Gaby Carrizo con la AMP y la ATTT Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Diez días antes de ser nombrado inspector náutico en la AMP, Jean Paul De Janon obtuvo una concesión marítima en Contadora y luego se vinculó al proyecto del revisado vehicular. Poco antes de ser nombrado “inspector náutico” –con salario de $2,500 mensuales en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el 14 de febrero de 2020– el hoy empresario Jean Paul De Janon Arias obtuvo una concesión de fondo de mar para reconstruir y operar un muelle en isla Contadora. El contrato de concesión fue publicado en Gaceta Oficial el 4 de febrero de 2020, apenas 10 días antes de que se formalizara el ingreso de De Janon a la planilla de la AMP. De acuerdo con la AMP, los inspectores náuticos tienen entre sus funciones supervisar embarcaciones, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y fiscalizar operaciones en puertos, marinas y muelles. En ese contexto, el nombramiento de De Janon en ese cargo resulta particularmente relevante, ya que en esa misma época figuraba como presidente y representante legal de una empresa favorecida con una concesión expedida por su nuevo empleador. La AMP le concedió el contrato de concesión No. A2002-2019 a Marina Contadora Holding, S.A., que le permitiría el uso 836.5 metros cuadrados de ribera y fondo marino en Contadora –en el archipiélago de Las Perlas–. De Janon figura como presidente y representante legal de la mencionada sociedad, mientras que en representación de la AMP, firmó el contrato el administrador encargado, Tomás Ávila. El acuerdo de concesión – pactado a 20 años– fue suscrito el 16 de mayo de 2019 y refrendado el mismo día por el entonces contralor, Federico Humbert (2015-2019). Marina Contadora Holding, inscrita en agosto de 2016 en el Registro Público, tiene como directivos y dignatarios a miembros de su familia (Gabriela Arias de De Janon y Phillipe De Janon Arias). Pagos mínimos El contrato con Marina Contadora Holding establece un pago mensual al Estado de 25 centavos por metro cuadrado en el área concesionada. Ello supone que en el primer año de vigencia del contrato, la AMP habría recibido $2 mil 510. Para el final de la concesión –tras leves incrementos anuales– la sociedad tendría que haber pagado al Estado un total de $83 mil, de acuerdo con sus cálculos. A cambio de la concesión, la empresa se comprometió a invertir $373 mil, que incluye destinar $14 mil como un “aporte a proyectos sociales de la AMP”, que no se detallan. El contrato establece que si la concesionaria planea desarrollar otras actividades complementarias o relacionadas con el objeto original del contrato, debe solicitar autorización previa a la AMP. Y, aunque este medio no halló registros públicos de permisos semejantes, en redes sociales vinculadas a Marina Contadora se promociona desde la venta de galletas y bebidas alcohólicas, hasta la prestación de servicios asociados al muelle. Vínculos De Janon ha sido objeto de una reciente investigación periodística de este medio que reveló que es “socio incidental” e inversionista en un proyecto de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para digitalizar el revisado vehicular. El empresario lo logró al asociarse brevemente con 3Tech Latin America, Corp., concesionaria original de la ATTT en el proyecto de digitalización del revisado vehicular. De ese modo, De Janon controla dos concesiones importantes con dos entidades del Estado (la AMP y la ATTT), a través de Marina Contadora Holding y Panama Dynamics Int., respectivamente. De acuerdo con representantes de 3Tech, la aceptación de asociación de Panama Dynamics a este proyecto no fue voluntaria, aunque se firmó un acuerdo en ese sentido para supuestamente inyectar financiamiento al proyecto de parte de Panama Dynamics, representada por De Janon. De Janon es esposo de María Carolina Carrizo Arauz, prima hermana del exvicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo. María Carolina es hija de Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente. Este lazo familiar, precisamente, salió a relucir de parte de De Janon cuando, según el presidente de 3Tech, Eric Barrios, se negaba a recibir a Panama Dynamics como socio en el proyecto con la ATTT. Así, Panama Dynamics se convirtió en socio inversionista para el desarrollo de una plataforma tecnológica del revisado vehicular de la ATTT. Esta sociedad fue constituida en 2019, bajo el nombre original de Rent Contadora, S.A., dedicada inicialmente al alquiler de carritos de golf y equipos también en isla Contadora. Gracias al acuerdo pactado con 3Tech, De Janon recibiría casi la mitad de los beneficios: $1.10 de los $2.40 de comisión que cobraría 3Tech por cada revisado vehicular. El préstamo De Janon y su suegro, Ignacio Carrizo –tío del exvicepresidente Gaby Carrizo– constituyeron en mayo de 2018 una sociedad llamada Promotora Icaco, S.A. En septiembre de 2020, esta sociedad solicitó y recibió un préstamo de $100 mil de la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, que no fueron precisadas en la escritura de préstamo. Este préstamo de $100 mil fue garantizado con una finca que pertenece a Canal View, S.A., una sociedad integrada –una vez más– por miembros de la familia De Janon. La finca –ubicada en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé– fue comprada en $12 mil por Canal View y tiene una extensión de 8.7 hectáreas. Originalmente, la finca era un lote nacional baldío, adjudicado –en septiembre de 2019– por solo $54 a un particular (Amador Torres López), gracias a la gestión de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Solo dos meses después – en diciembre de 2019– este lote baldío fue vendido a Canal View, y en septiembre de 2020, fue hipotecado a favor de la Cooperativa de Pilotos del Canal, a fin de que la sociedad Promotora Icaco, S.A. obtuviera el préstamo de $100 mil. Posteriormente, en diciembre de 2020, el contrato de préstamo con la mencionada cooperativa fue modificado: El monto del préstamo fue elevado a $180 mil, al igual que las garantías. Una vez más, Canal View puso en garantía otra finca que le compró al mismo sujeto: Amador Torres López, luego de que este obtuviera de la Anati –en 2016– este otro terreno baldío, adjudicado únicamente por $174, con una extensión de 28.5 hectáreas. Canal View le pagó a Torres López $28 mil 600 en septiembre de 2016 por ese terreno, y en 2020, la sociedad lo hipotecó para aumentar el monto de su préstamo con la cooperativa. En otras palabras, Canal View pagó unos $40 mil 500 por dos fincas que luego fueron utilizadas para garantizar un préstamo de $180 mil otorgado por la Cooperativa de Pilotos del Canal. ‘Todo fue legal’ Consultado sobre la concesión y su posterior nombramiento en la AMP, visiblemente molesto, De Janon aseguró que esperó cuatro años antes de que se firmara el contrato, el cual – afirmó– lo obtuvo de manera “legal” en mayo de 2019. El empresario intentó justificar su nombramiento en la AMP, pese a ser representante de una empresa concesionaria, al señalar que ocurrió en un periodo gubernamental distinto al de Juan Carlos Varela )2014-2019), periodo en el que obtuvo la concesión para la marina en Contadora. “Eso fue en administraciones distintas”, insistió. De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la Administración del Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo (2019-2024). En relación a las actividades paralelas desarrolladas en el área concesionada en Contadora, De Janon afirmó que ha obtenido los permisos correspondientes para incorporarlas, aunque no precisó cuándo fueron otorgadas. En cuanto a Panama Dynamics y su vinculación con el contrato de digitalización del revisado vehicular, De Janon declinó referirse al tema porque dijo que el caso se ventila en un proceso de arbitraje. Yaritza Mojica [email protected] El retiro de las sillas. Cortesía Comerciantes del Casco apoyan operativos, pero cuestionan la forma ESPACIO PÚBLICO Los comerciantes del Casco Antiguo expresaron su respaldo a los operativos municipales dirigidos a recuperar espacios públicos ocupados sin autorización, aunque solicitaron que estas acciones se ejecuten con mayor coordinación y sensibilidad frente a los visitantes. El planteamiento surge tras intervenciones recientes en plazas y calles del centro histórico, donde funcionarios retiraron mesas, sillas y otros mobiliarios colocados por restaurantes y bares fuera de los límites permitidos. Los empresarios del área coinciden en que el orden urbano y el cumplimiento de las normas son necesarios para preservar el valor patrimonial del Casco Antiguo y garantizar la circulación de peatones. Sin embargo, consideran que algunos procedimientos se realizaron de forma abrupta y en momentos en que había turistas utilizando los espacios, lo que generó incomodidad entre visitantes y comerciantes. Según los representantes del sector, el problema no radica en la aplicación de la normativa, sino en la forma en que se ejecutan los operativos. Cuando las acciones ocurren frente a clientes que están consumiendo o disfrutando del ambiente del lugar, la experiencia turística puede verse afectada. Esto, advierten, puede generar una percepción negativa sobre el destino, especialmente considerando que el Casco Antiguo es uno de los puntos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Los comerciantes señalaron que muchos visitantes desconocen las regulaciones locales y simplemente buscan disfrutar de la oferta gastronómica, cultural y arquitectónica del área. Por ello, pidieron que las autoridades municipales consideren mecanismos de fiscalización que permitan cumplir la ley sin afectar la experiencia de quienes visitan el centro histórico. Tras los operativos, representantes del sector comercial sostuvieron conversaciones con autoridades municipales para expresar estas preocupaciones. En ese intercambio reiteraron su disposición a cumplir con los reglamentos que regulan el uso del espacio público, pero plantearon la necesidad de mejorar la comunicación entre el municipio y los negocios que operan en el área. Las normas municipales establecen que los establecimientos que deseen utilizar áreas externas —como aceras, plazas o espacios contiguos a sus locales— deben contar con permisos específicos y pagar tarifas relacionadas con el área ocupada. Estas disposiciones buscan ordenar la actividad comercial en el centro histórico y evitar la ocupación irregular de espacios públicos. Las autoridades, por su parte, sostienen que los operativos forman parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de estas reglas. Según explicaron, antes de realizar las intervenciones se llevaron a cabo campañas de orientación dirigidas a los comercios para que regularizaran su situación. No obstante, algunos establecimientos continuaban ocupando espacios sin autorización, lo que motivó la acción de los inspectores. El sector empresarial reconoce la importancia de preservar el orden y el patrimonio del Casco Antiguo, pero insiste en que las medidas deben aplicarse con equilibrio. En su opinión, la coordinación entre autoridades y comerciantes resulta clave para evitar conflictos y, al mismo tiempo, mantener la calidad de la experiencia turística que caracteriza a esta zona histórica de la ciudad. Finalmente, los comerciantes destacaron que el Casco Antiguo concentra una importante actividad económica vinculada al turismo, la gastronomía y el entretenimiento. En ese contexto, consideran que cualquier medida de regulación debe tomar en cuenta tanto la necesidad de cumplir la ley como el impacto que estas acciones pueden tener en la imagen del destino y en la dinámica económica del área. UI UNIDAD INVESTIGATIVA

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