6A La Prensa Panamá, jueves 12 de marzo de 2026 El juicio se desarrolla en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales, en la Corte Suprema de Justicia. Anel Asprilla Termina el juicio con críticas de la defensa al peritaje clave del caso Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA El juicio por presuntos sobrecostos en dos obras viales del gobierno de Ricardo Martinelli concluyó con alegatos de la defensa del exministro Federico Suárez y Marcelo De la Rosa. La última jornada del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli se celebró ayer, miércoles 11 de marzo, con la presentación de los alegatos finales de la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y del empresario Marcelo De la Rosa. Con estas intervenciones concluyó la fase de debate del proceso que se sigue ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, por lo que ahora la juez Águeda Rentería deberá evaluar los argumentos de las partes antes de emitir su decisión. La jornada final se produjo un día después de que la fiscal superior Ruth Morcillo, en representación del Ministerio Público, solicitara condena para ambos imputados. Con esa petición se abrió la fase final del proceso, en la que las defensas intentaron desmontar las pruebas que sustentan la acusación de peculado relacionada con presuntos sobreprecios en las obras investigadas. El caso gira en torno a dos proyectos de infraestructura: la ampliación de la avenida José Domingo Díaz y trabajos de remodelación en el Casco Antiguo. Según la Fiscalía, en ambas contrataciones se habrían incorporado costos inflados que permitieron generar recursos adicionales para el pago de comisiones o sobornos dentro del sistema de contratación pública. En cambio, los abogados de los imputados sostienen que los contratos se ajustaron a la ley y que la acusación descansa en interpretaciones técnicas equivocadas. Uno de los ejes centrales del alegato de la defensa fue la validez del peritaje que sustenta la tesis del sobreprecio. El abogado Rosendo Miranda, defensor de Federico Suárez, afirmó que el informe elaborado por el perito Aristides Hernández constituye la “columna vertebral” de la investigación del Ministerio Público. Sin embargo, cuestionó su legalidad y sostuvo que el trabajo carece de valor probatorio. Según explicó Miranda, el perito habría comenzado a trabajar antes de tomar posesión formal de su cargo, lo que a su juicio vulnera las normas que regulan el ejercicio de funciones públicas. El jurista indicó que Hernández inició labores el 17 de febrero de 2017, mientras que su juramentación se produjo el 3 de abril de ese mismo año. A partir de esa cronología, la defensa sostiene que el informe debe considerarse una prueba ilícita. El abogado citó incluso una opinión de la Procuraduría de la Administración según la cual ningún funcionario puede ejercer funciones antes de juramentarse. Desde esa perspectiva, afirmó que el informe técnico “es totalmente ilegal” y que, al sustentarse en ese peritaje, toda la investigación del Ministerio Público quedaría comprometida. Miranda también cuestionó la tesis de los sobrecostos señalando que distintos informes de auditoría de la Contraloría General de la República revisaron los contratos en diferentes etapas y concluyeron que se ajustaban a la ley. De acuerdo con el defensor, el único documento que habla de sobreprecio es el peritaje de Hernández. “Ni los auditores de la Contraloría hablan de sobrecostos”, afirmó, al señalar que esos informes habrían sido ignorados por la Fiscalía al formular la acusación. Por su parte, la defensa del empresario Marcelo De la Rosa, representada por el abogado Ariel Núñez, centró su argumentación en el papel que desempeñó la consultora Louis Berger durante el proceso de contratación de las obras. Núñez explicó que la firma fue contratada para realizar dos tipos de consultorías: una estimación de los costos de los proyectos y una asesoría técnica a la comisión encargada del proceso de licitación. Según el abogado, ambas tareas se realizaron conforme a los criterios técnicos establecidos y dentro del marco legal panameño. El defensor rechazó que la empresa haya participado en un esquema para manipular los precios. A su juicio, la acusación se apoya en modificaciones que el perito Hernández habría introducido en la estructura del estudio original elaborado por Louis Berger. “El perito Hernández se monta en la estructura del informe de Louis Berger y comienza a cambiar valores”, sostuvo Núñez. Según explicó, el experto modificó porcentajes utilizados para calcular costos indirectos y factores financieros, lo que habría alterado los resultados del análisis. El abogado también presentó una comparación de las cifras utilizadas en el proceso de contratación. De acuerdo con su exposición, Louis Berger estimó el costo histórico del proyecto en 164 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Obras Públicas fijó un precio de referencia de 170 millones. Finalmente, la adjudicación se concretó por 168 millones. A partir de esos datos, Núñez argumentó que las propuestas económicas presentadas durante la licitación superaban las estimaciones iniciales, lo que a su juicio desvirtúa la idea de un sobreprecio irregular. Además, insistió en que el concepto de sobrecosto no implica necesariamente la existencia de un delito. “Sobrecosto no significa ilicitud”, afirmó. Durante su intervención, el abogado también ofreció detalles sobre la trayectoria de su defendido. Explicó que Marcelo De la Rosa, arquitecto argentino de 75 años, fungía como representante legal de Louis Berger en Panamá, pero no era accionista ni beneficiario de la empresa. Su función se limitaba a la representación jurídica de la firma, mientras que los estudios técnicos eran elaborados por equipos especializados de ingenieros y consultores. Núñez señaló además que De la Rosa ha permanecido vinculado al proceso judicial durante ocho años sin poder salir del país, pese a su trayectoria profesional y académica en el ámbito de la consultoría internacional y la docencia universitaria. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene una interpretación distinta de los hechos. En sus alegatos finales, presentados el martes, la fiscal Ruth Morcillo explicó que el análisis del Ministerio Público se basa en dos elementos fundamentales: el conocimiento del hecho y el dominio sobre las decisiones que permitieron ejecutar los contratos investigados. Desde esa perspectiva, la Fiscalía considera que Federico Suárez, como ministro de Obras Públicas durante el período investigado, tenía control sobre las decisiones estratégicas relacionadas con los proyectos. Esa posición de autoridad, según el Ministerio Público, lo ubica dentro del esquema que permitió ejecutar contratos con precios inflados. La acusación también sostiene que los sobrecostos detectados formaban parte de un mecanismo para generar fondos destinados al pago de sobornos o comisiones ilegales dentro del sistema de contratación pública. Según auditorías de la Contraloría citadas por la Fiscalía, la remodelación del Casco Antiguo habría presentado un sobreprecio de 51.4 millones de dólares, mientras que en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz el monto ascendería a 47.3 millones. En cuanto a Marcelo De la Rosa, la Fiscalía argumenta que su rol como representante legal de Louis Berger lo ubica dentro de la dinámica contractual que permitió estructurar los proyectos con precios superiores a los del mercado. No obstante, el Ministerio Público solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora al considerar que no existen pruebas que demuestren que conocían el supuesto esquema que habría generado los sobreprecios. El juicio se desarrolla ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que ha escuchado durante las últimas semanas una extensa presentación de pruebas documentales, testimonios y peritajes técnicos. Concluidos los alegatos finales de las partes, el proceso entra ahora en su fase decisiva. La juez Águeda Rentería deberá analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y las defensas antes de emitir su decisión sobre la responsabilidad penal de los imputados. Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional realizaron un recorrido por las instalaciones del Archivo Nacional, ubicado en la avenida Perú, en el corregimiento de Calidonia, con el propósito de conocer de cerca el trabajo que se realiza para preservar la memoria histórica del país. Durante la visita, los diputados recorrieron distintas áreas del edificio. En el Archivo de Exposición observaron folletos, libros y periódicos originales que documentan diversas etapas de la historia panameña. En el Laboratorio de Conservación y Restauración presenciaron el trabajo especializado que realizan los técnicos para reparar y proteger documentos antiguos, mientras que en el Departamento de Fondos Documentales se encargan de identificar, clasificar, ordenar y foliar los materiales antes de su digitalización, garantizando su acceso a futuras generaciones. Cristian Espinoza, encargado del área de Conservación y Restauración, explicó que en el Archivo Nacional se restauran documentos vinculados a figuras históricas como Vasco Núñez de Balboa, Belisario Porras y Victoriano Lorenzo. También destacó que el archivo conserva las firmas de los presidentes que participaron en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. La directora del Archivo Nacional, Nadia Pérez, subrayó que la institución resguarda documentos que forman parte del patrimonio cultural e histórico del país, incluyendo archivos del periodo colonial. Señaló además que la creación del archivo fue una visión del expresidente Belisario Porras, quien impulsó la construcción de un espacio dedicado a proteger la memoria nacional. El diputado Jorge BloiArchivo Nacional avanza hacia su declaratoria como monumento histórico MEMORIA se calificó la visita como un recorrido fundamental que permite comprender la importancia de destinar recursos para fortalecer la preservación de la historia del país. Durante la jornada, la comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley 516, que declara monumento histórico nacional al edificio del Archivo Nacional. La arquitecta Lilia Zurita, proponente de la iniciativa, explicó que la estructura fue diseñada por el arquitecto peruano Leonardo Villanueva Mayer y es considerada su obra más importante. El edificio destaca además por ser el primero en Panamá construido con concreto armado. Zurita también señaló que en el sótano del archivo se encuentra la segunda máquina a nivel mundial para la desinfección de documentos, mientras que los especialistas que trabajan en la restauración han recibido capacitación en Italia. Fundado en 1912 por Belisario Porras, el Archivo Nacional es la institución encargada de custodiar, organizar y difundir la memoria histórica, política y económica de Panamá. Sus colecciones abarcan documentos desde la época colonial hasta la actualidad y combinan procesos tradicionales de conservación con herramientas tecnológicas para la gestión y digitalización documental. Aleida Samaniego C. [email protected] Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes recorren los Archivos Nacionales de Panamá para conocer los procesos de conservación de documentos históricos. Carlos Endara-Vidal
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