1A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 11 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15317 Hoy por hoy En el gobierno pasado (20192024) se dieron decenas de contratos para digitalizar procesos gubernamentales. Bastó el análisis de uno solo para darnos cuenta de que estos procesos pueden estar plagados de corrupción, sin contar con que debemos hacernos algunas preguntas sobre este asunto. ¿Era necesario digitalizar todos esos servicios o solo fueron negocios hechos a la medida para que algunos allegados al poder se llenaran de plata del Estado mediante la extorsión, las coimas o asuntos que pueden aún ser más graves? ¿Han sido procesos limpios, llevados a concurso, o solo fueron mecanismos para simular una legalidad inexistente? ¿Quiénes son realmente los beneficiarios finales de todas esas empresas y sociedades que se dedican a los negocios en línea con el Estado? El examen de la concesión del revisado vehicular digital merece ser investigado a fondo, no solo porque es un negocio que identificó la persona más allegada al exvicepresidente de la pasada Administración, sino por sus altos costos, y por si en verdad se actuó o se actúa con prudencia al permitir que bases de datos completas de personas, expedientes y documentación sensible sean manejadas por empresas privadas, porque, en el afán de enriquecerse, pueden poner en peligro a personas, bienes e información invaluable. El incidente Araúz-Mayorga deja mal parado a Panamá 10A Deportes Joaquín Beleño y la literatura sobre el Canal 8A Ellas.pa Rogelio Chiari: de ‘diseñador penoso’ a activista 6B Empresario que donó a campaña de Cortizo figura en proyecto investigado Riad Salim El Hayek Tony aparece vinculado al proyecto turístico de Punta Chame hoy investigado por presuntos daños ambientales. VEA 6A Revisado digital, el negociazo de un socio inesperado Rolando Rodríguez B. [email protected] Jean Paul De Janon Arias, el “socio incidental” inesperado de la empresa 3Tech Latin America, Corp. —para el deUna disputa arbitral millonaria revela los beneficios obtenidos por el socio incidental del proyecto para digitalizar el revisado vehicular de la ATTT. sarrollo de un software para el revisado vehicular digital de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)— recibió cientos de miles de dólares derivados de la concesión que recibió 3Tech, tras haber invertido únicamente $275 mil de un total de $450 mil que debía abonar como inyección inmediata para desarrollar el proyecto. De Janon y 3Tech pactaron que este último empezaría los pagos del “royalty” a Panama Dynamics antes de que esta diera su primer abono para financiar el proyecto para digitalizar el revisado vehicular de la ATTT. Así, Panama Dynamics —la empresa de De Janon— recibió ocho pagos entre el momento en que empezó a funcionar el proyecto y la fecha de su primer desembolso de inversión. Es decir, entre julio y agosto de 2023, Panama Dynamics recibió unos $73 mil, mientras que 3Tech recibió $25 mil de su contraparte el Expocomer 2026 La vitrina comercial de las Américas Expocomer 2026 abrió ayer en el Centro de Convenciones Amador como una de las principales vitrinas comerciales de las Américas, con cerca de 30 países participantes y unas 600 empresas expositoras. La feria reúne a compradores e inversionistas internacionales y aspira a superar los $200 millones en transacciones, consolidando al país como plataforma regional de negocios. VEA 1B Alexander Arosemena En el juicio por presuntos sobrecostos en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz, el Ministerio Público sostiene que Federico Suárez tenía conocimiento y control sobre los contratos del MOP. Según la fiscalía, su cargo le permitía influir en las decisiones de contratación dentro de un esquema que, presuntamente, infló los costos y generó pagos ilegales. VEA 4A AUDIENCIA Naviera china Cosco deja de operar en Balboa Cancillería dice que Panamáno firmó ningún acuerdo en Miami ¿Por qué la fiscal considera responsable a Pepe Suárez? La naviera china Cosco Shipping suspendió sus operaciones en el puerto de Balboa, en medio de cambios en la concesión portuaria y ajustes en rutas marítimas. VEA 1B La Cancillería informó que en el evento Escudo de las Américas en Miami no se firmó documento alguno, pero 12 países acordaron cooperar contra el crimen internacional, especialmente narcotráfico. GEPOLÍTICA Y NEGOCIOS EXPLICACIÓN UI UNIDAD INVESTIGATIVA 1 de septiembre de 2023. Esto significa que el abono que Panama Dynamics hacía cada mes a 3Tech —de $25 mil— estaba por debajo de las ganancias que recibía de la concesión. Literalmente, De Janon podía costear su inversión en el proyecto con las ganancias que recibía cada mes de 3Tech. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 José Gabriel Carrizo (Izq.) y Luis Acevedo Ureña. Tomado de internet Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital Rolando Rodríguez B [email protected] Una disputa arbitral por millones de dólares sacude el negocio para digitalizar el revisado vehicular de la ATTT, donde aparecen sociedades vinculadas al entorno familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo. El negocio identificado por el abogado Luis Acevedo Ureña —para digitalizar el revisado vehicular— en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) atraviesa un momento difícil. Los socios —impuestos o no— libran una disputa arbitral en la que hay millones de dólares en juego. El socio “incidental” y secreto es una sociedad representada por Jean Paul De Janon Arias, yerno de un tío del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo. Pero De Janon ha ido un poco más allá con su suegro, Ignacio Carrizo Araúz, el tío del exvicepresidente Carrizo. En mayo de 2018, ambos inscribieron una sociedad denominada Promotora Icaco, S.A., que, de acuerdo con sus escrituras de constitución, se creó principalmente para la “explotación de bienes raíces, venta de tierras y propiedades de todo tipo…”. De Janon es el tesorero de esta sociedad. En septiembre de 2018, Promotora Icaco solicitó un préstamo a la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., que le entregó $100 mil, pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, no precisadas. Posteriormente, la misma cooperativa le otorgó un nuevo crédito por otros $200 mil, trámite que inscribió en el Registro Público el propio De Janon. Aunque es una sociedad familiar (todos sus miembros se apellidan De Janon), salvo el agente residente, hay una persona que no es directamente de la familia: Ignacio Carrizo, el tío del exvicepresidente. El arbitraje La Prensa envió a De Janon un cuestionario que, según dijo, le aconsejaron no responder. No obstante, advirtió que el negocio con Promotora Icaco no tiene nada que ver con el tema del acuerdo de inversión con 3Tech Latin America. También afirmó no conocer, de manera directa o por referencia, a Luis Acevedo, el exoperador del exvicepresidente Gaby Carrizo, en cuya “agenda” de negocios con el Estado se encontraba la digitalización del revisado vehicular, negocio del que una sociedad de De Janon —Panama Dynamics Int.— inesperadamente se convirtió en inversionista y socio incidental de la empresa que originalmente recibió la concesión de la ATTT. Como en anteriores ocasiones, tampoco Acevedo quiso responder un cuestionario que este medio le envió la semana pasada. En una carta que envió De Janon a La Prensa elmismo día que recibió el cuestionario, advirtió lo siguiente: “… Me reservo expresamente el derecho de proceder judicialmente contra el medio de comunicación que usted representa, en caso de que se publique una noticia que afecte, menoscabe o interfiera con la imparcialidad que debe rodear a los árbitros antes de la emisión del correspondiente laudo arbitral, particularmente cuando ello ocurra mediante publicaciones mediáticas sensacionalistas, sesgadas o construidas sobre insinuaciones carentes de sustento, lamentablemente propias del diario que usted representa”. La amenaza se debe a que, dado que Eric Barrios, presidente de 3Tech Latin America —que obtuvo la concesión del revisado vehicular digital de la ATTT—, se negó a seguir pagándole a la empresa de De Janon el “royalty” generado por cada revisado, este último acudió al Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), donde, desde noviembre de 2025, se ventila el caso. De Janon reclama a 3Tech el pago de $2 millones. Los pagos El negocio con la ATTT consiste en que por cada transacción o revisado se generaría una comisión para 3Tech de $2.40, pero, tras la intervención de Panama Dynamics —la empresa de De Janon que financiaría el proyecto de digitalizar el revisado vehicular—, esa cantidad se redujo a casi la mitad: $1.30 para 3Tech y $1.10 para Panama Dynamics, que eventualmente cedió sus derechos a una sociedad extranjera. La sociedad que ahora posee los derechos de Panama Dynamics en este negocio con la ATTT es Marine Capital Partners, Ltd., una offshore de Islas Vírgenes Británicas que, desde noviembre de 2024, empezó a recibir los pagos de 3Tech en una cuenta en MMG Bank. En total, entre las dos sociedades mencionadas, De Janon recibió de 3Tech poco más de $1 millón, entre julio de 2023 y mayo de 2025, cuando Barrios decidió no pagar más. ¿Cuánto había aportado Panama Dynamics como socio accionista al proyecto? El acuerdo pactado era que 3Tech podía pedir hasta $1.4 millones, pero la inyección inicial de capital de Panama Dynamics sería de $450 mil, a razón de $50 mil mensuales. Para julio de 2024, su aporte sumaba apenas $275 mil de los $450 mil prometidos. El 14 de marzo de 2025, ocho meses antes de proceder con el pleito arbitral, abogados de 3Tech le enviaron una carta a De Janon que buscaba “la cancelación de los montos adeudados desde hace más de un año a 3Tech Latin America, Corp., es decir, la suma […] de $175,000.00; refiérase a la cláusula tercera del contrato de inversión, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas”. Esa carta también destacaba que, si no pagaba en ese término, “les instamos a buscar los mecanismos que nos lleven, de manera amigable, a rescindir el acuerdo de inversión y asociación incidental suscrito entre ambos”. Obviamente, no hubo acuerdo ni pagos de parte y parte. Todo terminó en el CeCAP, donde 3Tech también reclama a las empresas de De Janon casi $1.2 millones. La versión de Barrios La Prensa envió un cuestionario a Eric Barrios, pero el empresario accedió a una entrevista presencial, tras responder parcialmente algunas interrogantes por escrito. Admitió que conoce a Acevedo desde hace aproximadamente 20 años, ya que él hacía los trámites legales para el registro de marcas para una firma de contadores. Para entonces, precisó Barrios, Acevedo trabajaba con un contador: Silverio Bonilla, cuyas oficinas ahora ocupa el abogado. Según Barrios, Acevedo también se le acercó para ofrecerle ayuda con el refrendo de la Contraloría para la concesión de la ATTT, que obtuvo cuatro meses después: el 22 de marzo de 2023. Acevedo —según Barrios— también facilitó una cita entre él y Sertracen, empresa que compitió con 3Tech en el proceso de adjudicación del revisado vehicular digital de la ATTT. Barrios aseguró que no conoce a Pía Soto, la oficial de cumplimiento de Balboa Factoring que firmó la carta promesa de financiamiento del proyecto de revisión vehicular digital. Esta abogada está ligada a Acevedo: intervino en la creación de, al menos, cuatro sociedades que hoy controla el antiguo operador de Gaby Carrizo. La ‘negociación’ Barrios narró que a sus oficinas acudieron De Janon y otra persona, llamada Manuel Araúz, para hablar del contrato con la ATTT, y que el primero le dijo que quería ser socio del proyecto hasta en un 40% (aunque terminó en casi el 46%). Contó que se le acercaron después del acto de licitación y antes de la adjudicación formal del contrato de la ATTT para ofrecerse como financiadores del proyecto. Barrios fue enfático: “Yo no necesitaba nada de ellos”, pero ellos tenían el poder para que el contrato fuera adjudicado a su favor o, por el contrario, podían hacer que perdiera la oportunidad con la ATTT, afirmó. Aunque les dijo que el desarrollo del proyecto era de su empresa, De Janon y su acompañante insistieron en que querían el 40%. Por si no sonaba convincente, De Janon comentó que estaba casado con la hija de un tío del entonces vicepresidente de la República. Barrios entendió. Le dijo entonces que, si quería ser socio, debía poner capital, narro el empresario. Fue entonces —dijo Barrios— cuando surgió el “acuerdo de inversión y asociación incidental”, firmado por De Janon y Barrios el 18 de noviembre de 2022, cuatro días después de que 3Tech recibiera la concesión de la ATTT. Para mayo de 2025, Barrios había desembolsado a las sociedades de De Janon poco más de $1 millón, mientras que los desembolsos de su contraparte apenas alcanzaban el 61% del total de la inyección inicial pactada. Los pagos de 3Tech a De Janon empezaron en julio de 2023, sumando un total de poco más de $1 millón, mientras que los pagos de Panama Dynamics a 3Tech empezaron en septiembre del mismo año, pero se detuvieron en julio de 2024. Para esta fecha, los desembolsos de 3Tech a De Janon rondaban casi $800 mil, aunque sus pagos se extendieron 10 meses más para Panama Dynamics: hasta mayo de 2025, con otros $235 mil. Según Barrios, cuando comunicó que no seguiría pagando, hubo un cambio de discurso. Le dijeron que habían sido ellos los que habían conseguido el contrato y que, por lo tanto, el negocio les pertenecía; que, si no pagaba, le cerrarían las puertas a la concesión. También afirmó que fue amenazado con el secuestro de sus bienes y oficinas; que le quitarían todo. Incluso — dijo Barrios— le dijeron que perdería o que bloquearían los contratos que mantiene 3Tech con otras instituciones del Estado. Las amenazas fueron más allá, relató a La Prensa. De Janon alegaba que tenía poder en el actual Gobierno, que conocía a los hijos del presidente José Raúl Mulino. La Prensa le preguntó a De Janon (en aquel cuestionario que se negó a responder) si, efectivamente, él o alguien de su familia es amigo de los Mulino y si tenía contacto cercano con algún familiar del gobernante. Solo se limitó a emitir amenazas contra este medio. El caso se ventila actualmente en arbitraje. Barrios es representado por la firma Fábrega Molino, uno de cuyos socios es el abogado Jorge Molina Mendoza, actual presidente de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). A su vez, las sociedades de De Janon son representadas por Jorge Luis Lau, de la firma Lau & Dudley. La Prensa preguntó a Barrios cómo los demás podían obtener un porcentaje de su concesión y este respondió que la fuente de poder de ellos era el entonces vicepresidente Gaby Carrizo. Y, precisamente, fue durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024) que De Janon obtuvo una plaza de trabajo como servidor público: desde inicios de 2020, laboró para la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como “inspector náutico”, con un salario de $2,500 al mes. Esta nota continuará. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026
4A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PENA. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, retiró el proyecto que penaliza el uso de máscaras y capuchas en las manifestaciones porque se le olvidó anotar el artículo indicativo. Es decir, en la redacción del documento no se incluyeron aquellas disposiciones que se van a reformar o eliminar. En el Mingob hay 26 asesores y 64 abogados y asistentes de abogado, pero ni uno pudo revisar el proyecto antes de enviarlo a la Asamblea. CASTIGO. Por cierto, aquella propuesta busca imponer penas de dos a seis años de prisión a los encapuchados que, en medio de una protesta, atenten contra la vida, la integridad o el patrimonio de los demás. Seis años de cárcel es más de lo que ha cumplido Martinelli como parte de su condena por blanqueo de capitales. PATADA.El canciller Martínez Acha se disculpó por la deportación del exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el pasado viernes en Tocumen durante una escala. El canciller culpó a la “aplicación automática de procedimientos de inmigración con base en informaciones de los sistemas automatizados de alerta”. Martins fue ministro de Comunicación entre 2007 y 2010, durante el segundo mandato de Lula. La pregunta es si alguna vez tuvo algún tipo de alerta o requerimiento, pero ahora se encuentra entre los beneficiados por la amnesia judicial acaecida en Brasil a partir del retorno de Lula y de la que algunos tratan de beneficiarse incluso en Federico Suárez, ex ministro de Obras Públicas durante la gestión de Ricardo Martinelli. Elysée Fernández Fiscalía pide condena para Suárez por sobrecostos en obras viales Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA La fiscalía sostiene que hubo control político y empresarial en contratos inflados de obras viales, pero no logró probar que la comisión evaluadora conociera el esquema. El momento llegó. La fiscal superior Ruth Morcillo pidió condena contra el exministro de Obras Públicas Federico Suárez y el empresario Marcelo de la Rosa durante la fase de alegatos finales del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli. En contraste, la fiscalía solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora que participó en los procesos de licitación. Todo ocurrió en la jornada del martes 10 de marzo, en la segunda semana del juicio por la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz. Los argumentos de la fiscalía La petición del Ministerio Público se sustenta en un análisis que distingue dos niveles de responsabilidad dentro del expediente. Según la fiscalía, las pruebas reunidas permiten atribuir conocimiento y control sobre los contratos a funcionarios de mayor jerarquía dentro del Estado y a uno de los empresarios vinculados con la ejecución de las obras. En cambio, ese mismo estándar probatorio no logró acreditar que los miembros de la comisión evaluadora conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, permitió generar los sobrecostos detectados en los proyectos. El juicio se desarrolla desdeel2demarzoapuertascerradas en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales, bajo la dirección de la jueza Águeda Rentería. Durante estas audiencias se examinan dos proyectos emblemáticos del programa de infraestructura vial ejecutado entre 2009 y 2014: la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambas obras formaron parte del Plan Maestro de Ordenamiento Vial impulsado durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. La investigación judicial analiza el costo final de los contratos, la estructura de los precios y las decisiones administrativas que permitieron adjudicar y ejecutar los proyectos. El proceso busca determinar si las condiciones bajo las cuales se aprobaron los contratos permitieron la inclusión de costos inflados que terminaron afectando las finanzas del Estado. Durante la presentación de los alegatos finales, la fiscal Morcillo explicó que el Ministerio Público evaluó la conducta de cada acusado a partir de dos criterios fundamentales del derecho penal: el conocimiento del hecho y el dominio de la decisión que permitió ejecutar los contratos cuestionados. Bajo ese enfoque, la fiscalía sostiene que el exministro Suárez tenía la capacidad de influir directamente en las decisiones relacionadas con los proyectos y en la estructura contractual que finalmente fue aprobada. En el caso del exministro Suárez, el Ministerio Público considera que el conjunto de pruebas incorporadas al proceso permite inferir que conocía la estructura contractual que infló los costos de las obras. La fiscalía argumenta que el cargo que ocupaba dentro del Ministerio de Obras Públicas le otorgaba control sobre los proyectos y sobre las decisiones estratégicas vinculadas con su contratación. La acusación también se apoya en antecedentes derivados de investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Ese escándalo de corrupción internacional reveló prácticas de pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones y contratos inflados. A partir de ese patrón, los fiscales revisaron diversos proyectos de infraestructura en los que participaron grandes constructoras y evaluaron si las estructuras de costos permitían generar fondos adicionales que pudieran ser utilizados para pagos ilegales. Según la fiscalía, el sobreprecio detectado en los contratos investigados no constituye un hecho aislado. La acusación sostiene que el incremento artificial de los costos formaba parte de un mecanismo que permitía a las empresas disponer de recursos adicionales para financiar sobornos o comisiones ilegales. Bajo esa hipótesis, los proyectos analizados responderían a un modelo de contratación que facilitaba la generación de fondos para prácticas de corrupción. La acusación también incluyó al empresario Marcelo de la Rosa, vinculado a la empresa Louis Berger Group. Para el Ministerio Público, las pruebas permiten ubicarlo dentro de la dinámica contractual que facilitó la ejecución de los contratos con precios por encima de los valores razonables de mercado. La fiscalía sostiene que su participación en los procesos contractuales lo coloca dentro del esquema que permitió ejecutar los proyectos bajo condiciones cuestionadas. El caso de la comisión evaluadora El análisis de la conducta de los miembros de la comisión evaluadora condujo a una conclusión distinta. La fiscalía examinó la función que desempeñó ese grupo dentro de los procesos de licitación pública. Los integrantes de la comisión tenían la responsabilidad de revisar las propuestas presentadas por las empresas participantes y asignar puntajes técnicos y económicos que permitieran determinar cuál oferta resultaba más conveniente. Sin embargo, el Ministerio Público no logró acreditar que esas personas conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, permitió pactar contratos con sobreprecio. La fiscal explicó que el expediente no contiene evidencia que demuestre que los evaluadores participaron en acuerdos irregulares ni que supieran que las empresas y los funcionarios involucrados habrían alterado el proceso de licitación. Ese vacío probatorio llevó a la fiscalía a solicitar la absolución de María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Según el Ministerio Público, la participación de estos funcionarios se limitó a la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas que concursaban en las licitaciones. La investigación también incluye el antecedente de una condena obtenida mediante un acuerdo de pena. En esa etapa del proceso, el exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge “Churro” Ruiz, aceptó responsabilidad penal dentro del caso. Ese acuerdo forma parte del conjunto de elementos que la fiscalía presentó durante el juicio para reconstruir la dinámica administrativa que rodeó la ejecución de los proyectos. La trama El expediente también recoge testimonios de excolaboradores de la empresa FCC que describieron ante la fiscalía el funcionamiento de un presunto esquema de pagos ilegales. Eugenio del Barrio y Julio Casla declararon que se habrían pagado coimas equivalentes al 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas durante el período 2009-2014 para proyectos de reordenamiento vial en la ciudad de Panamá. Según sus testimonios, su entonces superior, Avelino Acero, se reunió con el exministro Suárez y les habría transmitido que, para que el Estado pagara deudas relacionadas con proyectos anteriores, las empresas debían entregar una comisión del 10%. Ese porcentaje, según la versión presentada en el expediente, también se aplicaría a nuevos proyectos adjudicados durante ese período. De acuerdo con esos testimonios, esa práctica también habría involucrado a otras empresas constructoras que participaban en proyectos de infraestructura en el país, entre ellas Odebrecht y el consorcio ICA-MECO. Las constructoras habrían sostenido reuniones en las oficinas de Odebrecht ubicadas en el edificio Torres de las Américas, donde supuestamente se distribuyeron los principales proyectos del programa de reordenamiento vial. Según los relatos presentados ante la fiscalía, FCC habría asumido los tramos I y II de la vía Brasil; el consorcio ICA-MECO habría ejecutado los trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht habría quedado a cargo del proyecto del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá. Durante esos encuentros, siempre según los testimonios, se habría indicado a los representantes de cada empresa la cifra que debían incluir en sus ofertas para presentar montos similares en las licitaciones, además del pago del 10% correspondiente a la presunta coima. Las auditorías de la Contraloría Otro pilar de la acusación lo constituyen las auditorías elaboradas por la Contraloría General de la República. Esos informes analizaron la estructura de los contratos, los costos de los materiales y los gastos asociados a la ejecución de las obras. Los auditores concluyeron que los proyectos presentaban precios por encima de los valores razonables de mercado. En el caso de la remodelación del Casco Antiguo, el informe identificó un sobreprecio de $51.4 millones. En la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, el monto alcanzó $47.3 millones. Las auditorías también evaluaron factores técnicos relacionados con los gastos directos e indirectos de las obras, los costos administrativos y los factores multiplicadores utilizados para calcular los precios finales. Según la fiscalía, esos análisis permitieron cuantificar el impacto económico de las decisiones adoptadas durante la ejecución de los contratos. Durante el juicio, los auditores comparecieron como testigos y ratificaron el contenido de sus informes ante el tribunal. El expediente también incluye peritajes adicionales que examinan el precio razonable de los materiales y de los servicios contratados. La fiscalía sostiene que la coincidencia entre las auditorías, los peritajes técnicos y los antecedentes derivados del caso Odebrecht constituye un marco probatorio suficiente para establecer que los contratos se ejecutaron con costos inflados. El expediente forma parte de una investigación más amplia que revisa múltiples proyectos de infraestructura vinculados con grandes constructoras que operaron en el país durante la última década. Esa investigación comenzó en 2017, cuando las autoridades panameñas iniciaron el rastreo del impacto local del esquema de corrupción revelado por el caso Odebrecht. La etapa final Los alegatos de la fiscalía marcan la etapa final del proceso judicial. Este miércoles le corresponde a la defensa presentar sus argumentos ante la juez Rentería. El tribunal evaluará las pruebas incorporadas al expediente antes de emitir un fallo sobre la responsabilidad penal de los acusados. En Panamá, el delito de peculado está tipificado en el artículo 338 del Código Penal y contempla penas de 4 a 10 años de prisión para el servidor público que se apropie o permita la apropiación de bienes o fondos del Estado bajo su administración. Cuando el perjuicio económico supera los $100,000, la ley prevé la modalidad agravada, con penas que pueden alcanzar entre 8 y 15 años de cárcel. En el caso que se discute en este juicio, las auditorías de la Contraloría detectaron presuntos sobrecostos que superan los $90 millones en dos proyectos, una cifra que ubica el proceso dentro del rango de peculado agravado. Panamá. OLÉ. La Asamblea insiste en aprobar el proyecto que objetó el Ejecutivo, que crea el patronato del Festival del Toro Guapo en Antón. Les encanta perder el tiempo con iniciativas de dudosa relevancia. El estadio Mariano Bula no lo han inaugurado y ya están inventando una ley para crearle un patronato.
5A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 Turistas en el Casco Antiguo. Yaritza Mojica Casco Antiguo: auge turístico exige más seguridad e infraestructura Yaritza Mojica [email protected] TURISMO El incremento de turistas en el Casco Antiguo apunta a que se requiere mayor seguridad, mejores servicios públicos y coordinación institucional para proteger el sector. Un aproximado de un millón de turistas visita cada año el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, lo que ha llevado a empresarios del sector a solicitar mayor seguridad, mejores servicios públicos y una mayor coordinación institucional para sostener el crecimiento turístico en la zona. Con ese objetivo, representantes de la Asociación de Restaurantes, Bares y Hoteles del Casco Antiguo (Arhca) se reunieron el martes 10 de marzo con autoridades y representantes comunitarios, con el fin de coordinar acciones entre el sector privado y las instituciones públicas para fortalecer el desarrollo turístico y prevenir que problemas de seguridad afecten la actividad económica del área. Durante el encuentro, propietarios de negocios describieron la situación que se vive en el corregimiento de San Felipe. Algunos comerciantes indicaron que, mientras los turistas recorren las calles del centro histórico, en ocasiones se escuchan balaceras en sectores cercanos al área patrimonial, hechos que — según señalaron— se registran con mayor frecuencia durante los fines de semana. El empresario mexicano Mario Sánchez, propietario de un bar en el Casco Antiguo, afirmó que es necesario aplicar medidas de seguridad más rigurosas. Según explicó, la presencia de carteristas, robos a turistas y episodios de violencia en zonas cercanas genera preocupación entre visitantes y comerciantes, lo que puede afectar tanto la imagen del área como las inversiones. Sánchez aseguró que incluso tuvo que cerrar un local ubicado en la calle 7 debido a la delincuencia. A su juicio, cuando los turistas escuchan disparos o observan cintas de precaución en zonas cercanas, la percepción de seguridad del lugar se deteriora, lo que provoca que algunos visitantes opten por abandonar el área antes de lo previsto. El empresario también consideró que, además de reforzar la presencia policial, es necesario impulsar programas sociales que integren a comunidades cercanas como El Chorrillo y Santa Ana. Según indicó, el deterioro de escuelas, parques y espacios comunitarios limita las oportunidades para los jóvenes y puede contribuir al aumento de problemas sociales en el entorno del centro histórico. Por su parte, el representante del corregimiento de San Felipe, Mario Kennedy, advirtió sobre el incremento de hurtos, robos y la presencia de pandillas en sectores cercanos al Casco Antiguo. Explicó que uno de los principales obstáculos para enfrentar estos delitos es la falta de denuncias formales por parte de las víctimas. “El carterista roba, pero la gente no pone la denuncia. Si no hay denuncia, no hay caso”, afirmó. Kennedy señaló que las calles 11 y 12 figuran entre los puntos más sensibles en materia de seguridad, especialmente en zonas de amortiguamiento donde la presencia policial es menor. También advirtió que se han registrado asaltos a mano armada en los que las víctimas han sido despojadas de teléfonos celulares. Para el presidente de Arhca, Gasparín Belándria, el crecimiento del turismo en el Casco Antiguo beneficia a hoteles, restaurantes, comercios y vendedores informales. Sin embargo, este incremento también plantea nuevos desafíos en materia de infraestructura y seguridad. Entre las solicitudes del gremio figuran la instalación de más baños públicos, cámaras de videovigilancia, mayor presencia policial y una mejor coordinación institucional para responder al aumento de visitantes. Datos de la Alcaldía de Panamá indican que entre marzo y diciembre de 2025, con las actividades del programa Casco Peatonal, se registró un movimiento aproximado de 700 mil visitantes en diez jornadas organizadas en el centro histórico. Sobre los hechos de violencia reportados en áreas cercanas, Belándria explicó que muchos de estos incidentes ocurren fuera del perímetro turístico, aunque reconoció que afectan la percepción de seguridad del área. Por su parte, el secretario ejecutivo del Ministerio de la Presidencia, Adolfo Pérez Araris, informó que el Gobierno analiza estos temas en la Comisión del Casco Antiguo y Centro Histórico, un espacio interinstitucional destinado a coordinar acciones para atender las problemáticas del sector.
6A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 El Ministerio de Ambiente ordenó la paralización del proyecto. Cortesía Caso ambiental en Punta Chame salpica a donante de campaña de Cortizo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO TURÍSTICO Las autoridades imputaron a siete personas por presuntos delitos ambientales vinculados al desarrollo del proyecto “Casa Club de Playa”, actualmente paralizado por orden del Ministerio de Ambiente. En las costas de Punta Chame, en la provincia de Panamá Oeste, el ambicioso proyecto turístico denominado “Casa Club de Playa”, promovido por la sociedad Megamar Corp., se encuentra hoy en el centro de una compleja trama legal, ambiental y administrativa que ha encendido las alarmas de las autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron esta semana en la imputación de siete personas por su presunta vinculación con la extracción ilegal de arena y con daños ambientales asociados al desarrollo del proyecto inmobiliario y turístico. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las inspecciones realizadas en el área permitieron identificar múltiples anomalías, entre ellas la ejecución de obras fuera de las zonas previamente aprobadas, la afectación directa de manglares y de áreas utilizadas como sitios de desove de tortugas marinas, así como la remoción de arena en sectores costeros protegidos. Las autoridades advirtieron que estas intervenciones habrían alterado ecosistemas altamente sensibles del litoral, lo que motivó la apertura de un proceso judicial contra los implicados. Cronología La historia de este desarrollo comenzó formalmente el 28 de septiembre de 2016, cuando la sociedad Megamar Corp. obtuvo la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I mediante la resolución DRPO-AEIARES-IA-186-2016. En los documentos que reposan en el Ministerio de Ambiente aparece como representante legal en aquel entonces Riad Salim El Hayek Tony. El permiso otorgado se limitaba a una hectárea específica dentro de una finca de más de 22 hectáreas, destinada a infraestructura básica como restaurante, piscina y áreas de atención al usuario. Aunque el estudio de impacto ambiental fue aprobado, el proyecto no se desarrolló en ese momento. No fue sino hasta 2022 cuando los promotores enviaron una nota al Ministerio de Ambiente en la que manifestaban su interés de reactivar la obra. Ante esta solicitud, la entidad les informó que el estudio ambiental se mantenía vigente y que cualquier modificación al proyecto debía ser notificada previamente a la institución. Este último episodio ocurrió durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024). En ese contexto aparece un elemento que añade otra dimensión al caso: en los registros de donaciones de campaña del exmandatario, reportados ante el Tribunal Electoral y divulgados en su momento por este medio, figuraba como donante Riad Salim El Hayek Tony, mismo quien en 2016 se desempeñaba como representante legal de Megamar Corp. Según los registros del Tribunal Electoral, la donación fue canalizada a través de dos sociedades: Luna Brillante S.A., que aportó 135 mil dólares, y Megapolis Investment Group Inc., con una contribución por el mismo monto. Ambas empresas estaban presididas por Riad Salim El Hayek Tony. Las irregularidades Tres años después, es decir, el 7 de mayo de 2025, aparece un nuevo representante legal de la sociedad, Patrocinio Boza, quien presentó una solicitud de modificación del estudio original. El objetivo era ampliar la oferta del club mediante la adición de 12 cabañas de lujo, cada una con su propio baño y jacuzzi, así como adecuaciones para personas con discapacidad, con la intención de transformar el concepto inicial en un complejo de hospedaje más robusto. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando los técnicos del Ministerio de Ambiente realizaron una inspección de campo el 4 de agosto de 2025. Durante el recorrido, el personal del Departamento de Verificación del Desempeño Ambiental constató que el promotor no solo planeaba las modificaciones, sino que ya había iniciado trabajos de movimiento de tierra, relleno y nivelación en el sitio. El hallazgo más crítico de la inspección fue la discrepancia geográfica: el área donde se ejecutaban las obras no coincidía con el polígono aprobado en 2016. Mediante el uso de equipos de alta precisión se determinó que el promotor se había excedido de los límites legales, realizando actividades en terrenos que no contaban con ninguna herramienta de gestión ambiental vigente ni con evaluación de impacto previa. Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente ordenó la paralización inmediata y temporal del proyecto. La entidad subrayó que el desarrollo de actividades sin viabilidad ambiental representa un riesgo directo para el ecosistema costero y constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos originalmente por la empresa. Los informes técnicos de geomática reforzaron la ilegalidad de las obras al verificar los puntos GPS en el terreno. El análisis reveló que los trabajos se estaban desplazando hacia zonas de playa y arena natural que se encuentran fuera de la zona de influencia directa aprobada, invadiendo espacios que debieron permanecer protegidos según la normativa de 2016. La gravedad La gravedad del caso llevó a las autoridades a ordenar la compulsa de copias al Ministerio Público, con el fin de que se investigara la posible comisión de delitos ambientales tipificados en el Código Penal, elevando el conflicto de una disputa administrativa a un proceso judicial de mayor envergadura. El desenlace administrativo ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando la Dirección Regional de Panamá Oeste emitió la resolución DRPO-SEIARECH-005-2025. En este acto administrativo, el Ministerio de Ambiente decidió rechazar de plano la solicitud de modificación del EsIA, al considerar que los cambios propuestos generaban nuevos impactos en áreas no evaluadas y fuera del alcance legal del proyecto original. Actualmente, el proyecto “Casa Club de Playa” permanece paralizado y bajo la sombra de la responsabilidad penal. En una audiencia de garantías múltiple celebrada el pasado 8 de marzo en Panamá Oeste, la jueza de garantías Ruth Aizpú legalizó la aprehensión de siete personas y dio por formulada la imputación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Mientras tanto, en el Ministerio de Ambiente continúan los procesos administrativos y la entidad ha ordenado la paralización indefinida de la obra. Este medio intentó contactar a los dos representantes legales de la empresa a los números telefónicos consignados en el estudio de impacto ambiental, es decir, Riad Salim El Hayek Tony y Patrocinio Boza; sin embargo, ninguno respondió a las llamadas. En la actualidad, la estructura directiva de Megamar Corp. está encabezada por Boza, quien figura como director, presidente, tesorero, secretario y suscriptor de la sociedad. En la junta directiva también aparece Carolina El Hayek Farfud, quien se desempeña como agente residente y directora de la sociedad. La lista de directivos se completa con Edma El Hayek Farfud, en calidad de directora, mientras que Silverio Cedeño figura como suscriptor de la compañía, según los registros societarios disponibles. Después de la censura Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] participar en transacciones vinculadas a prácticas de corrupción”. No son mis palabras, son las del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y han sido reproducidas y analizadas por numerosos medios internacionales. El papel de Ramón Carretero en el entramado económico de Maduro llegó hasta la portada del The New York Times. Pero a los hermanos Carretero Napolitano no se les ocurre intentar silenciar a nadie en los Estados Unidos. Saben que no pueden. Lo hacen en Panamá porque pueden. Y ese es precisamente el precedente que no podemos ignorar. No es la primera vez —y presumo que no será la última— que funcionarios se prestan para restringir el derecho que tienen los ciudadanos a la información de carácter público. En 2020 una jueza impidió que el periodista Rolando Rodríguez investigara o publicara la imagen del abogado Janio Lescure en medio de un escándalo judicial internacional. En 2023 la ANTAI multó a La Prensa por publicar una fotografía de Benicio Robinson sin su consentimiento. Quienes ejercen cargos públicos o actúan en el ámbito público no pueden pretender escapar del escrutinio de la sociedad. Los hermanos Carretero Napolitano no son actores privados. Han sido frecuentes y polémicos contratistas del Estado, fueron parte del caso Odebrecht y pertenecen a un poderoso clan familiar con notoria presencia en el actual engranaje gubernamental: desde la embajada de Panamá en Cuba hasta la gerencia de la Zona Libre de Colón. Tras la sanción de la OFAC, el presidente José Raúl Mulino aseguró que su gobierno “no tiene ninguna relación, ni directa ni indirectamente con el señor Ramón Carretero”. Declaraciones puntuales y calculadas, pero que por sí solas no disipan las dudas. Hay familiares de Carretero Napolitano muy cercanos al mandatario que, al menos en apariencia, generan una inquietud legítima entre la ciudadanía. El reciente episodio de la censura solo agrega más elementos a esa sospecha. ¿Acaso se sienten tan protegidos en Panamá que pretenden censurar lo que ha sido noticia en medios internacionales? Uno de los principales aportes del periodismo en una democracia es revelar a la sociedad aquello que, desde el poder, se intenta ocultar. En Panamá lo hemos visto una y otra vez: Odebrecht, New Business, los Panama Papers y los Pandora Papers. Los “Varelaleaks”, el IFARHU, las compras de la pandemia, la prórroga automática a Panama Ports Company, el contrato minero y las conexiones de First Quantum Minerals con el entorno gubernamental. La descentralización paralela —la de Cortizo y la de Mulino—, la Villa Diplomática y los viajes del nieto de Raúl Castro a Panamá. Esta última investigación involucra nuevamente a los Carretero Napolitano. Si la censura se normalizara en nuestro país, muchos de esos temas jamás se habrían conocido. Imaginen que cualquier funcionario o empresario bien conectado pudiera acudir al Ministerio Público para prohibir que se publique información sobre él. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Que el gobierno imponga por decreto la versión oficial de los hechos? Esta columna la estoy escribiendo sin el bozal que me impusieron los hermanos Carretero, gracias a la decisión de una jueza de garantías y el valioso respaldo de ciudadanos, colegas, medios y organizaciones periodísticas nacionales e internacionales. Si no fuera por ello y por la excepcional actuación legal del Dr. Eduardo Guevara, aún estaría censurada. No siempre se cuenta con ese nivel de acompañamiento y apoyo. Si a través de las distintas mordazas —unas más evidentes y otras más sutiles— se continúa restringiendo el derecho que tienen los ciudadanos a la información de carácter público, quedaremos a merced de la abundante propaganda estatal (pagada con nuestros impuestos) y de los discursos preparados por asesores políticos. Una narrativa sin cuestionamientos, sin contrastes y sin rendición de cuentas. Eso es precisamente lo que buscan quienes censuran desde el poder. InfografíaLP -Fuente:Tribunal Electoral y Registro Público LOS MAYORES DONANTES EMPRESA / PERSONA MONTO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Colon Container Terminal / Evergreen International, S.A. $299,000.00 Chang Shin Yie Ueta, Inc. $299,000.00 Leon Shahal Falic Hotelera El Panamá $235,500.00 María Nieves Fernández Viejo Nicolás González Revilla $225,000.00 One Product, Corp. $220,000.00 Víctor Diamond Empresas Eficientes, S.A. $150,000.00 Ramón González Cerdeira Towerbank International, Inc. $150,000.00 Fred Kardonski Luna Brillante, S.A. $135,499.50 Riad Salim El Hayek Tony Megapolis Investment Group, Inc. $135,499.50 Riad Salim El Hayek Tony Gaming & Services de Panamá $110,000.00 Jorge Ibáñez Bernaldo de Quirós Donaciones recibidas por Nito Cortizo Campaña presidencial 2019 $7,513,509.35 Mi rostro apareció en periódicos y redes sociales la semana pasada, pero la noticia no era yo. La noticia era que una fiscal ordenó a periodistas censurar la publicación de información sobre Ramón y Roberto Carretero Napolitano. Se trata de dos empresarios panameños de indudable interés nacional e internacional tras haber sido incluidos en la lista Clinton por “enriquecerse con contratos petroleros del régimen de Nicolás Maduro y Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026
8A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 ‘Gamboa Road Gang’ Cortesía Joaquín Beleño y la literatura sobre el Canal Joaquín J. González ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] MEMORIA DEL PAÍS La obra de Joaquín Beleño convirtió la experiencia canalera en literatura mayor y vinculó memoria, identidad y denuncia en torno a la historia panameña y la Zona del Canal. Joaquín Beleño nació en la ciudad de Panamá el 5 de febrero de 1921, en un cuarto de inquilinato de la calle Mateo Iturralde, en el barrio de Santa Ana. Durante su infancia tuvo que llevar dinero al hogar vendiendo periódicos y limpiando zapatos. Estudió en el Instituto Nacional. Trabajó como peón y brasero en los muelles de la Zona del Canal. En algún momento se dedicó al periodismo, antes de consagrar su vida como escritor. Murió el 5 de febrero de 1988, a la edad de 67 años. Aunque existe gran cantidad de bibliografía, tanto de autores nacionales como extranjeros, sobre el tema del Canal de Panamá en los diferentes géneros —ensayos, historia, cuentos, poemas y novelas—, lo cierto es que corresponde a Joaquín Beleño el mérito literario de ser el creador de lo que hoy conocemos como la “novela canalera”. Nadie como él para describir y recrear, en toda su crudeza, la época colonial que vivimos los panameños durante la presencia de los norteamericanos en la antigua Zona del Canal de Panamá. Además, con el establecimiento formal y académico de este subgénero literario, se consolidó en nuestro país un fructífero y didáctico puente entre la historia, la literatura y el arte. Ciertamente, no es posible entender a Panamá sin la presencia norteamericana paralela a los inicios de nuestra vida republicana y del proceso de construcción de la vía interoceánica, así como de la real existencia de la Zona del Canal. Todo ello forma parte integral de un complejo proceso de evolución histórica que se inicia desde el siglo XV, cuando nuestro istmo, por su posición geográfica, empezó a jugar un papel clave en el tránsito de personas y mercancías hacia y desde todas partes del mundo. La obra fundamental de Joaquín Beleño es la novela Gamboa Road Gang (Los Forzados de Gamboa) (1960), con la cual el autor construye una extraordinaria metáfora para representar la situación nacional mediante la figura emblemática de la Cárcel de Gamboa. Dentro de esta cárcel domina la historia el personaje principal, Atá, y su amor por Anabelle Rodney, cuyos padres no aceptan que su hija esté enamorada de un mulato, cuya madre era criada o empleada doméstica en la casa de los Rodney. Por su parte, Atá, condenado falsamente y encerrado en la prisión de Gamboa, está convencido de que un día Anabelle va a revelar la verdad de este amor correspondido, y él podrá ser un hombre libre. En ese sentido, Beleño es el escritor que mejor nos representa y describe la esencia de nuestra identidad a través de la saga de sus más importantes novelas: Luna verde (1941), Gamboa Road Gang (1960), Curundú (1963) y Flor de banana (1965). En todas ellas, Joaquín Beleño describe la nefasta experiencia del colonialismo que ha tocado, por generaciones enteras, la vida de los panameños y que aún amenaza con seguirlo haciendo. Las novelas de Joaquín Beleño son novelas abiertas, que admiten y requieren relecturas al fragor de las nuevas problemáticas que surgen en nuestras relaciones como país con los Estados Unidos. Constituye, por tanto, un sofisma engañoso creer que, con la entrega del Canal a la República de Panamá en 1999, se cerró de manera definitiva un ciclo histórico y no hace falta seguir hablando de ello. Por el contrario, esa visión sesgada, conformista y hasta cierto punto alienada sigue perteneciendo a la nefasta herencia que Beleño supo denunciar a través de sus personajes torcidos, quebrados y desesperados por el racismo y la discriminación rampante de aquella época del “Silver Roll” que nos tocó vivir y que debemos procurar, por todos los medios a nuestro alcance, que no vuelva a repetirse. Finalmente, bajo el entendimiento de que la buena literatura, aunque utiliza la ficción como herramienta o recurso narrativo, no es el resultado de un invento ni solo el producto de la fértil imaginación de un escritor, sino más bien de la reinterpretación de los recuerdos o vivencias propias del autor, o mejor aún, de la investigación previa que este realiza al abordar un tema, es válido y pertinente acotar que la novela Gamboa Road Gang está basada en un hecho de la vida real. Se trata del caso de Lester León Greaves, un panameño encarcelado injustamente en los años 40 en la Cárcel de Gamboa, por los motivos que describe la novela de Beleño. Lester tenía 20 años cuando, el 2 de abril de 1946, el juez Bunk Gardner lo condenó a 50 años en la penitenciaría de Gamboa. La madre de Lester trabajaba como doméstica en la casa de un soldado estadounidense en la Zona del Canal. Fue así como Lester conoció a la hija del militar; se hicieron amigos y, con el pasar de los años, se enamoraron. Pero cuando el militar descubrió el romance de su hija con el joven oriundo del barrio del Marañón, lo denunció y lo mandó arrestar por violación carnal, mientras que la joven fue enviada a Estados Unidos con su familia y no se supo más nada de ella. Durante el juicio, a Lester no se le permitió tener un abogado ni ninguna representación panameña. El joven panameño juró ante la corte que no había violado a nadie, pero de nada le sirvió en su defensa. La Penitenciaría de Gamboa operaba bajo las normas del modelo sureño de Estados Unidos, por lo que a los reclusos se les colocaba una bola de hierro de 18 a 30 libras unida a cadenas de casi 2,5 metros de largo, como forma de castigo y exhibición. La historia cambió de tono cuando la novela de Joaquín Beleño Gamboa Road Gang ganó el Premio Miró en 1960, y el caso Lester se convirtió en una campaña nacional encabezada por Thelma King, entre otros, quienes levantaron su voz en favor de Lester. Dos años después, el 16 de enero de 1962, cuando habían transcurrido 16 años desde su encarcelamiento, el gobernador de la Zona del Canal, William A. Carter, conmutó la condena por órdenes del entonces presidente Kennedy, y así Greaves cruzó la puerta de la libertad, dejando tras de sí un legado de memoria y resistencia. Lester León Greaves falleció en Panamá el 25 de marzo de 2015, a la edad de 89 años. García Márquez y Vargas Llosa: Dos soledades Boom latinoamericano Víctor Álvarez Franco [email protected] No todos los encuentros literarios dejan huella. Algunos, como el que sostuvieron en 1967 Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, se convierten en documentos que enriquecen la historia de la literatura latinoamericana. Ese diálogo quedó recogido en el libro Dos soledades: un diálogo sobre la novela en América Latina (Alfaguara, 2021), cuya lectura permite apreciar la profundidad intelectual de dos escritores que, aun jóvenes, ya proyectaban la grandeza que posteriormente los consagraría. El libro presenta en su primera parte la conversación entre ambos autores, mientras que en la segunda incluye anexos que ayudan a contextualizar el encuentro y a comprender su relevancia en el momento histórico en que se produjo. En este diálogo se cruzandosmanerasdeconcebir la literatura. García Márquez explica cómo su obra se nutre de la memoria familiar y de la tradición oral del Caribe, capaces de transformar lo cotidiano en mito. Vargas Llosa, por su parte, expone una visión más estructural de la novela, en la que la técnica narrativa y la planificación rigurosa desempeñan un papel fundamental. Más allá de la admiración mutua entre los dos escritores, la conversación constituye una verdadera lección sobre el oficio de escribir. Ambos desmontan la idea de que la novela surge únicamente de la inspiración. Detrás de obras como Cien años de soledad hay disciplina, trabajo constante y una profunda reflexión sobre la estructura narrativa. La escritura aparece así como un ejercicio que exige concentración, paciencia y una relación íntima con la memoria, la historia y la imaginación. El diálogo también refleja el espíritu del llamado Boom latinoamericano, movimiento literario que entre las décadas de 1960 y 1970 transformó la narrativa del continente. Junto con autores como Carlos Fuentes y Julio Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa exploraron nuevas formas de contar la realidad latinoamericana y proyectaron sus historias al mundo. El valor de Dos soledades radica en mostrarnos a dos grandes escritores intercambiando ideas con respeto y libertad creativa. Sus palabras recuerdan que toda gran obra literaria nace del esfuerzo, la reflexión y la inevitable soledad del acto de escribir. Joaquín Beleño. Cortesía
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