4A La Prensa Panamá, miércoles 11 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PENA. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, retiró el proyecto que penaliza el uso de máscaras y capuchas en las manifestaciones porque se le olvidó anotar el artículo indicativo. Es decir, en la redacción del documento no se incluyeron aquellas disposiciones que se van a reformar o eliminar. En el Mingob hay 26 asesores y 64 abogados y asistentes de abogado, pero ni uno pudo revisar el proyecto antes de enviarlo a la Asamblea. CASTIGO. Por cierto, aquella propuesta busca imponer penas de dos a seis años de prisión a los encapuchados que, en medio de una protesta, atenten contra la vida, la integridad o el patrimonio de los demás. Seis años de cárcel es más de lo que ha cumplido Martinelli como parte de su condena por blanqueo de capitales. PATADA.El canciller Martínez Acha se disculpó por la deportación del exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el pasado viernes en Tocumen durante una escala. El canciller culpó a la “aplicación automática de procedimientos de inmigración con base en informaciones de los sistemas automatizados de alerta”. Martins fue ministro de Comunicación entre 2007 y 2010, durante el segundo mandato de Lula. La pregunta es si alguna vez tuvo algún tipo de alerta o requerimiento, pero ahora se encuentra entre los beneficiados por la amnesia judicial acaecida en Brasil a partir del retorno de Lula y de la que algunos tratan de beneficiarse incluso en Federico Suárez, ex ministro de Obras Públicas durante la gestión de Ricardo Martinelli. Elysée Fernández Fiscalía pide condena para Suárez por sobrecostos en obras viales Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA La fiscalía sostiene que hubo control político y empresarial en contratos inflados de obras viales, pero no logró probar que la comisión evaluadora conociera el esquema. El momento llegó. La fiscal superior Ruth Morcillo pidió condena contra el exministro de Obras Públicas Federico Suárez y el empresario Marcelo de la Rosa durante la fase de alegatos finales del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli. En contraste, la fiscalía solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora que participó en los procesos de licitación. Todo ocurrió en la jornada del martes 10 de marzo, en la segunda semana del juicio por la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz. Los argumentos de la fiscalía La petición del Ministerio Público se sustenta en un análisis que distingue dos niveles de responsabilidad dentro del expediente. Según la fiscalía, las pruebas reunidas permiten atribuir conocimiento y control sobre los contratos a funcionarios de mayor jerarquía dentro del Estado y a uno de los empresarios vinculados con la ejecución de las obras. En cambio, ese mismo estándar probatorio no logró acreditar que los miembros de la comisión evaluadora conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, permitió generar los sobrecostos detectados en los proyectos. El juicio se desarrolla desdeel2demarzoapuertascerradas en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales, bajo la dirección de la jueza Águeda Rentería. Durante estas audiencias se examinan dos proyectos emblemáticos del programa de infraestructura vial ejecutado entre 2009 y 2014: la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambas obras formaron parte del Plan Maestro de Ordenamiento Vial impulsado durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. La investigación judicial analiza el costo final de los contratos, la estructura de los precios y las decisiones administrativas que permitieron adjudicar y ejecutar los proyectos. El proceso busca determinar si las condiciones bajo las cuales se aprobaron los contratos permitieron la inclusión de costos inflados que terminaron afectando las finanzas del Estado. Durante la presentación de los alegatos finales, la fiscal Morcillo explicó que el Ministerio Público evaluó la conducta de cada acusado a partir de dos criterios fundamentales del derecho penal: el conocimiento del hecho y el dominio de la decisión que permitió ejecutar los contratos cuestionados. Bajo ese enfoque, la fiscalía sostiene que el exministro Suárez tenía la capacidad de influir directamente en las decisiones relacionadas con los proyectos y en la estructura contractual que finalmente fue aprobada. En el caso del exministro Suárez, el Ministerio Público considera que el conjunto de pruebas incorporadas al proceso permite inferir que conocía la estructura contractual que infló los costos de las obras. La fiscalía argumenta que el cargo que ocupaba dentro del Ministerio de Obras Públicas le otorgaba control sobre los proyectos y sobre las decisiones estratégicas vinculadas con su contratación. La acusación también se apoya en antecedentes derivados de investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Ese escándalo de corrupción internacional reveló prácticas de pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones y contratos inflados. A partir de ese patrón, los fiscales revisaron diversos proyectos de infraestructura en los que participaron grandes constructoras y evaluaron si las estructuras de costos permitían generar fondos adicionales que pudieran ser utilizados para pagos ilegales. Según la fiscalía, el sobreprecio detectado en los contratos investigados no constituye un hecho aislado. La acusación sostiene que el incremento artificial de los costos formaba parte de un mecanismo que permitía a las empresas disponer de recursos adicionales para financiar sobornos o comisiones ilegales. Bajo esa hipótesis, los proyectos analizados responderían a un modelo de contratación que facilitaba la generación de fondos para prácticas de corrupción. La acusación también incluyó al empresario Marcelo de la Rosa, vinculado a la empresa Louis Berger Group. Para el Ministerio Público, las pruebas permiten ubicarlo dentro de la dinámica contractual que facilitó la ejecución de los contratos con precios por encima de los valores razonables de mercado. La fiscalía sostiene que su participación en los procesos contractuales lo coloca dentro del esquema que permitió ejecutar los proyectos bajo condiciones cuestionadas. El caso de la comisión evaluadora El análisis de la conducta de los miembros de la comisión evaluadora condujo a una conclusión distinta. La fiscalía examinó la función que desempeñó ese grupo dentro de los procesos de licitación pública. Los integrantes de la comisión tenían la responsabilidad de revisar las propuestas presentadas por las empresas participantes y asignar puntajes técnicos y económicos que permitieran determinar cuál oferta resultaba más conveniente. Sin embargo, el Ministerio Público no logró acreditar que esas personas conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, permitió pactar contratos con sobreprecio. La fiscal explicó que el expediente no contiene evidencia que demuestre que los evaluadores participaron en acuerdos irregulares ni que supieran que las empresas y los funcionarios involucrados habrían alterado el proceso de licitación. Ese vacío probatorio llevó a la fiscalía a solicitar la absolución de María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Según el Ministerio Público, la participación de estos funcionarios se limitó a la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas que concursaban en las licitaciones. La investigación también incluye el antecedente de una condena obtenida mediante un acuerdo de pena. En esa etapa del proceso, el exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge “Churro” Ruiz, aceptó responsabilidad penal dentro del caso. Ese acuerdo forma parte del conjunto de elementos que la fiscalía presentó durante el juicio para reconstruir la dinámica administrativa que rodeó la ejecución de los proyectos. La trama El expediente también recoge testimonios de excolaboradores de la empresa FCC que describieron ante la fiscalía el funcionamiento de un presunto esquema de pagos ilegales. Eugenio del Barrio y Julio Casla declararon que se habrían pagado coimas equivalentes al 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas durante el período 2009-2014 para proyectos de reordenamiento vial en la ciudad de Panamá. Según sus testimonios, su entonces superior, Avelino Acero, se reunió con el exministro Suárez y les habría transmitido que, para que el Estado pagara deudas relacionadas con proyectos anteriores, las empresas debían entregar una comisión del 10%. Ese porcentaje, según la versión presentada en el expediente, también se aplicaría a nuevos proyectos adjudicados durante ese período. De acuerdo con esos testimonios, esa práctica también habría involucrado a otras empresas constructoras que participaban en proyectos de infraestructura en el país, entre ellas Odebrecht y el consorcio ICA-MECO. Las constructoras habrían sostenido reuniones en las oficinas de Odebrecht ubicadas en el edificio Torres de las Américas, donde supuestamente se distribuyeron los principales proyectos del programa de reordenamiento vial. Según los relatos presentados ante la fiscalía, FCC habría asumido los tramos I y II de la vía Brasil; el consorcio ICA-MECO habría ejecutado los trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht habría quedado a cargo del proyecto del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá. Durante esos encuentros, siempre según los testimonios, se habría indicado a los representantes de cada empresa la cifra que debían incluir en sus ofertas para presentar montos similares en las licitaciones, además del pago del 10% correspondiente a la presunta coima. Las auditorías de la Contraloría Otro pilar de la acusación lo constituyen las auditorías elaboradas por la Contraloría General de la República. Esos informes analizaron la estructura de los contratos, los costos de los materiales y los gastos asociados a la ejecución de las obras. Los auditores concluyeron que los proyectos presentaban precios por encima de los valores razonables de mercado. En el caso de la remodelación del Casco Antiguo, el informe identificó un sobreprecio de $51.4 millones. En la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, el monto alcanzó $47.3 millones. Las auditorías también evaluaron factores técnicos relacionados con los gastos directos e indirectos de las obras, los costos administrativos y los factores multiplicadores utilizados para calcular los precios finales. Según la fiscalía, esos análisis permitieron cuantificar el impacto económico de las decisiones adoptadas durante la ejecución de los contratos. Durante el juicio, los auditores comparecieron como testigos y ratificaron el contenido de sus informes ante el tribunal. El expediente también incluye peritajes adicionales que examinan el precio razonable de los materiales y de los servicios contratados. La fiscalía sostiene que la coincidencia entre las auditorías, los peritajes técnicos y los antecedentes derivados del caso Odebrecht constituye un marco probatorio suficiente para establecer que los contratos se ejecutaron con costos inflados. El expediente forma parte de una investigación más amplia que revisa múltiples proyectos de infraestructura vinculados con grandes constructoras que operaron en el país durante la última década. Esa investigación comenzó en 2017, cuando las autoridades panameñas iniciaron el rastreo del impacto local del esquema de corrupción revelado por el caso Odebrecht. La etapa final Los alegatos de la fiscalía marcan la etapa final del proceso judicial. Este miércoles le corresponde a la defensa presentar sus argumentos ante la juez Rentería. El tribunal evaluará las pruebas incorporadas al expediente antes de emitir un fallo sobre la responsabilidad penal de los acusados. En Panamá, el delito de peculado está tipificado en el artículo 338 del Código Penal y contempla penas de 4 a 10 años de prisión para el servidor público que se apropie o permita la apropiación de bienes o fondos del Estado bajo su administración. Cuando el perjuicio económico supera los $100,000, la ley prevé la modalidad agravada, con penas que pueden alcanzar entre 8 y 15 años de cárcel. En el caso que se discute en este juicio, las auditorías de la Contraloría detectaron presuntos sobrecostos que superan los $90 millones en dos proyectos, una cifra que ubica el proceso dentro del rango de peculado agravado. Panamá. OLÉ. La Asamblea insiste en aprobar el proyecto que objetó el Ejecutivo, que crea el patronato del Festival del Toro Guapo en Antón. Les encanta perder el tiempo con iniciativas de dudosa relevancia. El estadio Mariano Bula no lo han inaugurado y ya están inventando una ley para crearle un patronato.
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