1A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 27 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15349 El proyecto de presupuesto para 2027 será clave para los inversionistas. Barclays prevé un déficit de 3% del PIB, pero duda de su viabilidad por las rigideces del gasto, los subsidios y la incertidumbre sobre minería y el Canal. El Gobierno anticipa un aumento moderado del presupuesto. VEA 2B La guerra mueve una red de reclutadores y empresas que captan exmilitares y civiles mediante ofertas de altos salarios y beneficios. Testimonios, entrevistas y expertos revelan cómo opera este negocio, que envía combatientes al conflicto entre Rusia y Ucrania. VEA 4A Barclays pone el foco en el presupuesto de 2027 La ruta del millonario negocio de la guerra Hoy por hoy En materia fiscal, el Gobierno ha identificado varios de los problemas que limitan la elaboración del presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha insistido en que las rigideces impuestas por leyes especiales reducen el margen de maniobra del Estado y ha reconocido que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación resulta difícil de cumplir. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción sigue existiendo un vacío. Hasta ahora no se ha presentado a la Asamblea Nacional ninguna iniciativa para revisar esas normas. Hay una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Ministerio de Economía sostiene que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación es fiscalmente difícil de sostener, el Ministerio de Educación continúa enfrentando problemas de ejecución. Antes de debatir cuánto más gastar, el país también merece discutir cómo gastar mejor. La discusión no puede limitarse al tamaño del presupuesto; también debe abarcar la capacidad de convertir los recursos disponibles en resultados. El presupuesto de 2027 será la oportunidad para demostrar que los diagnósticos también pueden convertirse en reformas. Vivir + Cómo se recuperan los manglares 5B Panorama Cannabis medicinal gana terreno 7A Economía Copa Airlines y el Canal buscan talento para crecer 1B El cuartel que pasó de ser obra pública a obra secreta Rolando Rodríguez B. [email protected] La Policía Nacional publicó a principios del año pasado en Panamá Compra una Solicitud de Información (SDI) paLa Policía Nacional publicó en Panamá Compra el costo de referencia y los detalles del nuevo cuartel de Chitré. Meses después, el Gobierno declaró confidencial la licitación para construir esa misma obra. ¿Qué cambió? ra conocer, entre las empresas interesadas, el costo de demoler y construir el nuevo cuartel de la 6.ª Zona Policial de Herrera, en Chitré. El llamado público de esta solicitud reveló de una de las empresas interesadas que el costo de la obra sería de $8.83 millones. La SDI incluyó los detalles de la demolición, construcción y equipamiento, pero, meses después, el Consejo de Gabinete declaró confidencial esta contratación, alegando seguridad nacional. La contradicción es que buena parte de la información que ahora se busca proteger es pública en Panamá Compra, ya que la SDI no fue declarada confidencial. La Prensa solicitó explicaciones al director de la institución, Jaime Fernández, quien prometió responder, pero no lo hizo. En su lugar, envió un comunicado del Ministerio de Seguridad en el que defendió la confidencialidad y aseguró que el proceso es transparente y mantiene los controles legales, administrativos y financieros. VEA 2A Sub-20 Panamá cae ante Canadá en su debut Cortesía/Fepafut Luis Guerra. Gabriel Rodríguez José González Pinilla [email protected] En entrevista con La Prensa, el magistrado Luis Guerra anunció que el Tribunal Electoral presentará las reformas electorales a la Asamblea entre el 15 y el 31 de agosto. Además, cuestionó el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reformas Electorales al considerar que el consenso político no puede desplazar el criterio técnico del Tribunal, defendió reducir el subsidio político y adelantó preparativos para las elecciones de 2029. VEA 3A ENTREVISTA Principal río de Boquete enfrenta contaminación Luis Guerra pone en duda el modelo de la Comisión de Reformas Electorales El Ministerio de Ambiente confirmó contaminación microbiológica en el río Caldera por concentraciones elevadas de coliformes fecales que limitan su uso recreativo. La entidad mantiene dos procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales, descarta un escenario similar al de los ríos La Villa y Estivaná en Azuero, y reforzará el monitoreo y la fiscalización de la cuenca. VEA 6A UI UNIDAD INVESTIGATIVA La selección Sub-20 debutó con una derrota 3-0 ante Canadá en el Campeonato Sub-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). El equipo nacional no pudo romper el orden defensivo canadiense e inició con un revés su camino en el Grupo C, que también integran Honduras y Jamaica. El torneo otorga cuatro cupos al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y una plaza para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. VEA 4B
2A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 En Panamá no existe la presencia del Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia. Así lo aseguró ayer el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, luego de publicaciones de la revista colombiana Semana, las cuales aseguran que en suelo panameño se refugian capos del Clan del Golfo - la mayor organización criminal de ese país - y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El medio extranjero atribuyó esta información a fuentes de inteligencia del país sudamericano. “Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, declaró Ábrego, en el programa Debate Abierto. Agregó que las autoridades panameñas tiene una “coMinistro Ábrego niega presencia del Clan del Golfo y guerrilleros en el país DECLARACIONES municación directa con 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia, igual que hay fuentes como Ameripol o la Combifron”, la Comisión Binacional Fronteriza de ambos países. Ábrego recordó que durante años Panamá fue “el área de descanso de la guerrilla colombiana y los grupos paramilitares”, lo que “produjo grandes alteraciones en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala”. Agregó que con las labores realizadas por la fuerza pública a comienzos de la década de 2010, se logró garantizar que ya no haya campamentos de la guerrilla colombia y de paramilitares” El jueves pasado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que miembros del Clan del Golfo estarían huyendo a Panamá. Sede policial de Chitré, en la provincia de Herrera. Archivo El cuartel policial que cambió de estatus: de público a secreto Rolando Rodríguez B. [email protected] Flor Cogley L. [email protected] Documentos publicados en Panamá Compra revelan el precio de referencia y los detalles técnicos de la construcción del nuevo cuartel de Chitré, aunque el Consejo de Gabinete decidió declarar confidencial la licitación para ejecutar la obra. El 27 de febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) publicó en Panamá Compra una Solicitud de Información (SDI) para el estudio, diseño, demolición, construcción y equipamiento de la estación sede de la 6ª Zona Policial de Herrera, ubicada en Chitré, provincia de Herrera. Ese acto fue público y de allí se podía obtener un precio de referencia para esta obra. No obstante, el pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete rechazó la posibilidad de que esta licitación fuera transparente. La declaró confidencial. Una SDI es un procedimiento formal que le permite a la entidad solicitante –en este caso, la Policía Nacional, una dependencia del Minseg– investigar, entre posibles proveedores interesados, el valor real aproximado de una obra, innovaciones, tiempos de entrega y condiciones que ofrecen los proveedores, etc. Esta información sirve, a su vez, para redactar un pliego de cargos en una licitación y evitar, de esta manera, que el Estado tenga que pagar de más por los contratos que adjudica. Este mecanismo fomenta, además, la transparencia, pues los proveedores conocen las necesidades del Estado. Pero, adicionalmente, el acto es de acceso público, como en este caso: SDI-33337, en Panamá Compra. El resultado de este acto no es vinculante, pues se hace solo con fines informativos para la entidad que lo solicita, sin que ello signifique, consecuentemente, un compromiso de contratación para las partes. El SDI-33337 permanecía accesible en Panamá Compra, pese a que el acto público para convocar la construcción del cuartel de Chitré ahora es secreto. Y no fue la administración pasada la que pidió el SDI, sino la misma que ahora solicitó al Gabinete que declarara secreta la contratación de estos servicios de construcción y demolición. Los detalles de la construcción proporcionados en la SDI están en la propuesta pública que, aparentemente, la Policía Nacional olvidó ocultar a la ciudadanía. De haberse declarado confidencial la SDI, los ciudadanos habrían sido privados de conocer detalles de la obra, como cuánto cuesta el letrero que indicaría qué se construye en el terreno; el costo de contar con los servicios de inspectores residente y de seguridad laboral; el costo de los permisos de construcción, o el costo del desarrollo total de los planos. Tampoco se habría sabido cuánto cuesta la demolición de la estructura actual y la disposición del caliche resultante de la demolición, el costo de la estructura (fundaciones, vigas antisísmicas, muro perimetral) o el valor de las losas. No se conocería cuánto cuesta cada piso del edificio o el precio de la acometida sanitaria. Si la SDI también se hubiese decretado secreta por el Gabinete, habría sido prohibido conocer el precio de instalar el equipo de aire acondicionado o la confección e instalación del escudo de la Policía Nacional en la fachada del nuevo edificio: $4 mil 500, o iluminar las letras del nombre de la entidad -“Policía Nacional”-: $1,900. En total, el proyecto de demolición y construcción del cuartel con las características propuestas fue valorado en $8,830,130.88; casi $8.9 millones. Claro que este costo podría variar, aunque no tanto si la intención de la Policía Nacional, a través de la SDI, era conocer el costo real aproximado de la obra con el propósito de elaborar los pliegos de cargos de la licitación. Pero si la pretensión era que el precio fuera secreto, la Policía fue negligente al olvidar ocultar la SDI. Y si la información no era secreta en 2025, ¿por qué ahora sí lo es? ¿Cómo puede afectar a la seguridad del Estado conocer el costo de la obra, el precio de referencia de esta o el nombre de la compañía a la que se le adjudicará, o mediante qué proceso se convoca este acto: contratación directa o concurso de precios? ¿O es que hay otro precio de referencia? Y, si así fuera, ¿de dónde salió ese precio? La Prensa envió el jueves por la noche un cuestionario al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para conocer las respuestas a varias de estas interrogantes. Fernández prometió darle curso y enviar sus respuestas el pasado viernes, pero no contestó. En lugar de ello, el pasado sábado remitió una nota de prensa sobre las licitaciones que fueron declaradas confidenciales, en la que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, asegura que estas “mantienen todos los controles legales, administrativos y financieros establecidos por la ley, así como la fiscalización de la Contraloría General de la República”. A pesar de que se le pidió responder preguntas que nada tienen que ver con la seguridad nacional, y de que el acto de contratación es ahora secreto, el ministro insistió en que estos procesos son transparentes. La confidencialidad –dijo– “es un mecanismo legal destinado a proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional”. Pero parece que Ábrego ignoraba que fue la propia Policía Nacional la que, en un acto público, solicitó información para construir ese cuartel, archivo que era público en Panamá Compra, al menos, hasta antes de redactarse esta noticia. Los feminicidios en Panamá subieron un 86 % en el primer semestre de este año al sumar 13, frente a los siete del mismo período del año anterior, mientras que los casos de tentativa de feminicidio lo hicieron en 89 % y totalizaron 17 casos. Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) consultadas ayer por EFE, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, un 14 % más que las siete del primer semestre de 2025. La mayoría de los casos ocurrieron en la zona metropolitana y sus cercanías, con tres feminicidios en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital; tres en el distrito de San Miguelito, una zona marcada por altos índices de violencia, y dos en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la ciudad. Asimismo, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como San Miguelito registraron la mayor cantidad de intentos de feminicidios con cuatro, tres y dos, Feminicidios en Panamá aumentan un 86 % en el primer semestre de 2026 ESTADÍSTICAS respectivamente. Seis de las muertes violentas de mujeres tuvieron lugar en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en la provincia occidental de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica. La mayoría de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 44 años (9), mientras que casi la mitad de todos los casos (6) se perpetró con un arma de fuego. Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del MP, ocurrido en marzo. EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Activistas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia con que se comenten. Archivo Ministro Frank Ábrego. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Panorama Luis Guerra, magistrado del Tribunal Electoral, en entrevista con ‘La Prensa’. Gabriel Rodríguez El TE intentará revivir las listas de candidatos independientes José González Pinilla [email protected] ENTREVISTA El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, informó que en agosto próximo la entidad llevará a la Asamblea Nacional el paquete de reformas electorales para su consideración. El paquete de reformas electorales ya tiene fecha de llegada a la Asamblea Nacional. Será en la segunda quincena de agosto, así lo reveló el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra. El proyecto de ley está en su última revisión y circula actualmente entre los despachos de los tres magistrados que integran el TE: Guerra, Narciso Arellano y Alfredo Juncá. “Calculamos que para mediados del mes de agosto, entre el 15 de agosto al 31 de agosto, lo estaremos presentando”, dijo Guerra en entrevista con La Prensa. La propuesta es el resultado del proceso de discusión que durante un año llevó adelante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), aunque Guerra cuestionó duramente el funcionamiento de ese foro y planteó que el propio Tribunal Electoral debería asumir en el futuro la revisión de las reglas electorales. El Plagel ya está en marcha Aunque formalmente el Plan General de Elecciones (Plagel) para los comicios de 2029 será anunciado el 2 de junio de 2027, el Tribunal Electoral decidió adelantar algunos de sus trabajos internos para preparar el proceso con mayor anticipación. Guerra, quien coordina el Plagel, explicó que ya trabajan ocho comisiones, entre ellas las relacionadas con reclutamiento, finanzas, tecnología y organización de los centros de votación. Una de las tareas que considera clave es la captación de ciudadanos que integrarán las corporaciones electorales. Es decir, las mesas de votación. El TE calcula que necesitará cerca de 33 mil personas para desempeñar esas funciones. Y es que para 2029 se proyectan unas 8,123 mesas de votación, frente a las 7,500 que funcionaron en las pasadas elecciones de 2024. El magistrado explicó que el reclutamiento debe hacerse con suficiente antelación porque, después de capacitar a los ciudadanos, algunos partidos políticos les ofrecen un estipendio mayor para que trabajen con ellos durante la jornada electoral. Por esa razón, el TE busca reclutar una cantidad superior a la necesaria para contar con una reserva que les permita sustituir a quienes finalmente decidan irse con las organizaciones políticas. El Tribunal también estudia aumentar el pago que reciben los miembros de mesa. En los comicios de 2024, las personas que se inscribieron recibieron una remuneración de $80. En 2019 fue de $50. El magistrado Guerra considera que debe existir un incremento porque, aunque no se trata propiamente de un salario, sí constituye un reconocimiento por el trabajo realizado durante la jornada electoral, que en algunos casos son hasta 24 horas. Otra de las medidas bajo análisis es establecer turnos distintos para la votación y el escrutinio en los circuitos plurinominales y en algunos circuitos uninominales con alta población. La idea, dijo, es evitar que los miembros de mesa que comienzan su jornada desde las primeras horas de la mañana permanezcan trabajando hasta la madrugada contando votos. Un primer grupo se encargaría del proceso de votación y, después del cierre de las mesas, otro equipo asumiría el escrutinio. Guerra considera que la medida puede contribuir a reducir el cansancio de los funcionarios electorales y, por tanto, a garantizar mayor precisión en el conteo. “Algunos entran a las 5 de la mañana y prácticamente le están dando la vuelta al reloj”, sostuvo. Tecnología y ciberseguridad La tecnología será otro de los componentes que el Tribunal Electoral pretende preparar con anticipación. Guerra explicó que las compras y contrataciones tecnológicas para las elecciones de 2029 deben definirse entre finales de 2027 y 2028, debido a que los equipos y sistemas disponibles actualmente pueden quedar desfasados para entonces. “Queremos llevar tecnología de punta al proceso electoral panameño”, aseguró. El magistrado también advirtió sobre los desafíos que representan la inteligencia artificial, la desinformación y los ataques cibernéticos durante un proceso electoral. Según Guerra, el Tribunal recibe miles de intentos de penetración de sus sistemas informáticos y, por ello, realiza ejercicios de seguridad con empresas especializadas antes de cada elección. Para 2029, además, el TE deberá enfrentar el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar contenido falso utilizando imágenes o voces de candidatos y funcionarios. Guerra recordó que ya en las elecciones de 2024 se intentó utilizar la voz del entonces magistrado Eduardo Valdés Escoffery mediante contenido manipulado. Un presupuesto de $134 millones El magistrado informó que el presupuesto global del Tribunal para 2027 asciende a $134 millones, incluyendo los $21 millones destinados a la primera fase de preparación del proceso electoral de 2029. Esos $21 millones ya fueron sustentados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobados, pese al escenario de recortes presupuestarios. De ese monto, cerca de $7 millones corresponden a tecnología. El resto contempla actividades como reclutamiento, giras de cedulación y otros trabajos vinculados con la preparación de los comicios. Guerra considera que tecnología y reclutamiento serán dos de los principales componentes de gasto de cara a 2029. Críticas al papel de la CNRE Sobre el proceso de reformas electorales, Guerra expresó una opinión crítica sobre el papel que desempeñó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. A su juicio, la CNRE perdió parte de la función que tuvo durante los primeros años de la democracia panameña. “Para mí, la Comisión Nacional de Reformas Electorales dejó de cumplir su rol o su papel que en el pasado lo tenía con la naciente democracia postinvasión”, aseveró. Cuestionó que durante un año se discutieran propuestas en reuniones semanales que, en ocasiones, consideró estériles, mientras los partidos políticos mantienen la mayoría dentro de la comisión. El magistrado planteó que, después de las elecciones de 2029, el Tribunal Electoral debería hacer una evaluación de lo ocurrido durante el proceso y determinar qué reglas deben modificarse. “Tenemoslainiciativalegislativa, vamos allá y lo presentamos”, sostuvo, al defender que el TE utilice directamente su facultad constitucional para proponer cambios electorales. El 1% del subsidio político Uno de los puntos que más preocupa a Guerra es el porcentaje utilizado para calcular el subsidio electoral. Actualmente, el subsidio político pre y poselectoral asciende a unos $109 millones. Con el 1% previsto para las elecciones de 2029, esa cifra podría elevarse a aproximadamente $159 millones. El Tribunal Electoral planteó en la mesa de la CNRE reducir el porcentaje a 0.5%, lo que llevaría el subsidio a unos $80 millones. Durante el debate también se propuso una fórmula intermedia de 0.75%, con un monto estimado de entre $115 millones y $116 millones. Ninguna de esas propuestas fue aceptada en la CNRE, en su mayoría por los partidos políticos entre ellos el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y se mantuvo el 1%. Guerra cuestionó que en un país con necesidades sociales y económicas se pretenda elevar de esa manera el financiamiento público destinado a los partidos políticos y a los aspirantes por libre postulación. “Dispararnos a 159 millones de dólares es delicado”, sostuvo. El magistrado aclaró que el Tribunal no está imponiendo esa reducción en el proyecto que presentará, pero sí la defenderá durante los debates en el legislativo. Será la Comisión de Gobierno que recibirá el proyecto para su primer debate. Dicha comisión quedó en manos del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Según explicó, los partidos han funcionado con los recursos actuales y, con un porcentaje de 0.75%, tendrían un incremento que permitiría cubrir sus actividades y programas. La decisión final, sin embargo, estará en manos de la Asamblea Nacional. La disputa por las listas de los independientes Otro de los temas más controversiales de la reforma es la posibilidad de que los candidatos de libre postulación puedan presentar listas para el cargo de diputados en circuitos plurinominales. La CNRE aprobó que los electores podrán votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político o seleccionar uno o varios aspirantes dentro de esa misma lista. Pero, en el caso de la libre postulación, el voto será estrictamente individual, permitiendo escoger únicamente a un candidato, sin posibilidad de voto por lista ni de marcar a más de un aspirante independiente. Guerra, sin embargo, confirmó que el proyecto que el Tribunal Electoral llevará a la Asamblea contempla que los independientes puedan hacer listas. Resulta que el bloque que representa a los de libre postulación han sostenido que esa posibilidad de frenarles la presentación de listas vulneraría un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Reconoció que existe esa discusión, pero indicó que el Tribunal decidió incluir la propuesta y que corresponderá a la Asamblea Nacional decidir sobre ella. Parlacen: una papeleta con cientos de rostros Las elecciones de 2029 también traerán un cambio significativo en la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por mandato de la Corte Suprema de Justicia, los 20 representantes que le corresponden a Panamá deberán ser escogidos mediante voto popular, de la misma manera en que se eligen los diputados de la Asamblea Nacional. Guerra advirtió que esto podría producir una papeleta de gran tamaño. Cada partido podría postular hasta 20 candidatos. Si se suman los partidos políticos existentes, los que están en formación y eventuales candidaturas por libre postulación, la papeleta podría llegar a tener alrededor de 300 rostros. “Vamos a tener una papeleta con 300 rostros”, dijo el magistrado. El conteo de los votos del Parlacen será, además, el último de la jornada electoral. Primero se escrutarán las papeletas para presidente, diputados, alcaldes y representantes, y finalmente se procederá con la elección de los representantes ante el Parlamento Centroamericano. La razón, explicó Guerra, es práctica: se trata de una papeleta extensa y su conteo requerirá más tiempo. “Le corresponderá a la ciudadanía el día ese elegir a sus 20 diputados que lo representen en el Parlamento”, afirmó.
4A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Panorama PISCO SOUR. Parece que el sueldo de Mulino viene con viaje incorporado: esta quincena le toca ir a Lima, Perú, para la toma de posesión de Keiko Fujimori. Con este ya son 27 viajes y 25 meses de gobierno. Quizá por tanta viajadera el país tiene los mismos problemas que tenía cuando tomó posesión. HORMIGUITA. El pasado viernes, la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, encabezó un operativo de limpieza en las instalaciones de ese órgano, para sacar toda la basura y el caliche acumulado. Con todos los emplanillados que tienen ahí, ¿ni uno podía encargarse de eso? IRONÍA. Benicio advirtió que no permitirá que la compra de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) se maneje “entre cuatro paredes ni de espaldas al país”. Lo dice él, que es uno de los padres del “cuartito” de la Comisión de Presupuesto. TIC TAC... En cuatro días culmina el plazo que otorga la Constitución al Ejecutivo para presentar el proyecto de presupuesto general del Estado para 2027. En 2024, el MEF lo presentó casi al terminar la legislatura, el 8 de octubre, pero lo retiró el 10 y lo volvió a presentar el 15 de ese mismo mes. Como se empeñaron en aprobarlo a la carrera, ni siquiera completaron las vistas presupuestarias. Ojalá hayan escarmentado. SUEÑO. El presidente Mulino ha dicho que la Constituyente será el gran legado de su gobierno, un tema que, sin embargo, estuvo ausente de su discurso del 1 de julio. Debería pensar en gesReclutas del ejército ucraniano participan en un ejercicio de entrenamiento táctico. EFE El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFLICTO MILITAR Testimonios obtenidos por La Prensa sobre el reclutamiento para la guerra entre Rusia y Ucrania revelan que todo inicia en redes sociales y termina con contratos militares y supuestos altos salarios. La guerra tiene un mercado que opera lejos del frente de batalla. Mientras los soldados ocupan las trincheras, detrás de ellos se mueve una red de reclutadores, intermediarios y empresas que ha convertido el alistamiento militar en un negocio. El conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que también participan panameños, forma parte de esa industria. Testimonios obtenidos por La Prensa y el análisis de Eric Estrada, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y exintegrante de las Fuerzas Especiales de Panamá, describen una ruta que comienza con mensajes en redes sociales, continúa con la captación de aspirantes y termina con la firma de contratos que los envían a zonas de combate. El incentivo es económico: bonos, salarios y promesas de muchos beneficios. En un breve ejercicio periodístico, este diario intercambió mensajes con presuntos reclutadores que buscan, preferentemente, personas con experiencia en los estamentos de seguridad para incorporarlas a los ejércitos de Rusia y Ucrania. En el caso del reclutador, la oferta consiste en un supuesto programa sin costo, con un bono de hasta $30,000 tras la firma del contrato, un salario mensual de $2,500, traslado gratuito a ese país y la posibilidad de obtener la nacionalidad después de un año de servicio. El propio reclutador advierte que quienes acepten “van es para la guerra”. Estrada explicó que basado en su experiencia detrás de ese esquema operan empresas privadas que captan personal militar y civil para incorporarlo a zonas de guerra, como ocurre actualmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este mecanismo responde a la figura de los llamados “ejércitos proxy”, mediante la cual un Estado delega el reclutamiento y la contratación de combatientes en compañías privadas. “Las potencias contratan una empresa multinacional para que reclute gente y trabaje para el país. Si ocurre una situación conflictiva, el Estado puede decir que no tiene nada que ver porque son ejércitos privados”, explicó. A su juicio, este modelo también evita que los países expongan a sus propios ciudadanos en el frente de batalla. La experiencia Desde su experiencia como militar, el exdirector de Senafront cuestionó ese sistema y aseguró que contradice el deber de quienes integran las fuerzas de seguridad. “Nosotros nos debemos al país y a la nación. Hacer este tipo de grupos especializados para trabajar para otro país, entre paréntesis mercenarios, no debe ser”, afirmó. Estrada reveló que conoce de primera mano las consecuencias de ese fenómeno. Señaló que varios excompañeros de las Fuerzas Especiales panameñas abandonaron el servicio para enrolarse en empresas militares privadas atraídos por salarios de entre $2,500 y $3,000 mensuales. Según dijo, al menos cinco de ellos murieron en la actual guerra, aunque la Cancillería, de momento, ha oficializado solo un deceso. El exjefe de Senafront también afirmó que las empresas reclutadoras obtienen importantes ganancias económicas por cada combatiente captado. Según explicó, mientras al recluta se le ofrecen entre $2,500 y $3,000, las compañías pueden recibir alrededor de $7,000 por cada incorporación. “Se quedan con $4,000. Es una suma de dinero exorbitante por los muchachos que van a ir al frente de combate”, sostuvo. Añadió que, cuando ejercía funciones, recibió solicitudes para reclutar personal, pero siempre se negó. A juicio de Estrada, los reclutadores buscan principalmente a exintegrantes de unidades élite para reducir costos de entrenamiento, aunque también captan jóvenes sin experiencia militar. “Buscan un capital humano altamente preparado técnica, táctica y operacionalmente”, explicó. Sin embargo, añadió que también incorporan civiles desempleados o en situación de vulnerabilidad, muchas veces por recomendación de exmilitares que ya forman parte de esas redes de reclutamiento. Frente a este escenario, Estrada consideró que el Estado panameño debe asumir un papel más activo para advertir sobre los riesgos de las ofertas. El caso Dubai El reclutamiento de panameños para operaciones militares en el extranjero no es un fenómeno nuevo. En 2012, se conoció que decenas de exmiembros de los estamentos de seguridad de Panamá y Colombia fueron captados para integrar una fuerza paramilitar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mediante ofertas de altos salarios gestionadas por intermediarios y empresas privadas. Aunque aquella misión estaba destinada a proteger infraestructura estratégica y controlar disturbios, el caso dejó al descubierto un modelo de reclutamiento internacional que hoy vuelve a cobrar vigencia con la captación de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Rodrigo Ballesteros contó a La Prensa que en 2012 fue entrevistado para integrar un grupo que sería enviado a Dubái con la misión de proteger a jeques e instalaciones petroleras y participar en operaciones militares. Sin embargo, desistió al descubrir que, aunque el salario ofrecido era de $7,000 mensuales, la agencia reclutadora retenía la mitad como comisión, por lo que él recibiría únicamente $3,500 al mes. “No era rentable para mí. Me ofrecían un contrato por varios años, pero ellos se quedaban con la mitad de los ingresos”, relató Ballesteros a este medio. La nueva realidad Camilo Florez, un panameño que asegura haber combatido en Ucrania en favor de la causa de este país, sostiene que su caso es distinto al de otros compatriotas que han viajado al conflicto. Según explicó, no fue reclutado por intermediarios, sino que decidió trasladarse por iniciativa propia, respaldado por una trayectoria previa como contratista militar privado en distintos escenarios internacionales. “Yo no fui reclutado, yo mismo fui”, afirmó. Florez relató que su decisión de hacer pública su experiencia responde al incremento de casos de panameños que viajan a la guerra y a la necesidad de advertir sobre los riesgos que, según él, enfrentan quienes aceptan ese tipo de ofertas. “Hay que poner un alto a esto. Hay muchos engaños y la idea es ayudar para que los panameños ya no vayan para allá o, por lo menos, tomen conciencia”, expresó. Añadió que su propósito no es decirle a las personas qué decisión tomar, sino compartir “la realidad” que asegura haber vivido durante su permanencia en Ucrania. Aunque insistió en que quienes viajan al conflicto suelen hacerlo por decisión propia, Florez advirtió que los principales engaños comienzan una vez los extranjeros llegan al país y firman un contrato. Según su versión, a muchos les ofrecen labores técnicas, como mecánicos, conductores de vehículos blindados u operadores de drones, pero posteriormente son enviados al frente de combate. También aseguró que existen incumplimientos en el pago de los salarios prometidos. El episodio crítico Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando, según afirma, recibió bajo su mando a 23 combatientes extranjeros, a quienes inicialmente se les había prometido un período de entrenamiento. “Se les había prometido 45 días de entrenamiento y, una vez firmaron un contrato a las cuatro de la tarde, a las siete de la noche me dieron la instrucción de enviarlos al frente de batalla en siete días”, relató. Aseguró que advirtió a sus superiores de que muchos de esos reclutas no estaban preparados para combatir. “Les dije que esas personas iban a morir porque muchos iban para médicos o para operar drones y se les estaban violando todos sus derechos. Me respondieron: ‘Esto es el ejército; aquí solamente se cumplen órdenes’”, recordó. El antecedente en Panamá fue el caso de Dante. En una investigación publicada recientemente por La Prensa, este panameño relató cómo, tras viajar a Europa, fue contactado por personas que le ofrecieron una oportunidad económica que terminó llevándolo a incorporarse al bando ruso. Su historia dejó al descubierto que el reclutamiento de panameños para la guerra ya había comenzado y abrió interrogantes sobre las redes que operan detrás de ese proceso. El fenómeno del reclutamiento ha sido documentado por medios internacionales. La BBC, en un reportaje, describió cómo Rusia ha ampliado el reclutamiento de extranjeros mediante redes de intermediarios, ofertas de empleo, promesas de altos salarios y beneficios migratorios. La normativa Para el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, uno de los principales obstáculos para perseguir este tipo de reclutamiento radica en que las ofertas no suelen originarse en territorio panameño, sino desde el extranjero, a través de plataformas digitales y redes sociales. A ello se suma que, en la mayoría de los casos, quienes aceptan viajar lo hacen de manera voluntaria, lo que limita la capacidad de actuación de las autoridades, ya que la legislación panameña no prohíbe de forma expresa que un ciudadano se incorpore a un ejército extranjero. La Cancillería de Panamá informó que mantiene identificados a 15 panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania. De ese total, la entidad indicó que uno falleció mientras participaba en la guerra, mientras que los demás casos continúan bajo seguimiento consular, en la medida en que las circunstancias lo permiten. tionar los problemas inminentes antes de soñar con legados. DESPLIEGUE. El Órgano Judicial ha costeado una valla gigantesca simplemente para promover el lema: “La justicia avanza con un nuevo modelo de gestión civil”. ¿En qué contribuye semejante gasto en publicidad? ¿Acaso la justicia va a avanzar más o menos rápido por una valla? Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026
6A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Panorama Vista general del área del río Caldera en Boquete, tierras altas de Chiriquí. Alexander Arosemena Dos focos de contaminación en el río Caldera en Boquete Aleida Samaniego C. [email protected] RECURSOS HÍDRICOS Aunque la calidad físico-química del agua se mantiene dentro de los parámetros permitidos, la contaminación microbiológica representa un riesgo sanitario en algunos puntos y obliga a reforzar la vigilancia ambiental. El río Caldera, uno de los principales recursos naturales de Boquete, provincia de Chiriquí, presenta dos puntos de afectación vinculados a descargas de aguas residuales. El Ministerio de Ambiente (Miambiente) confirmó los hallazgos y mantiene abiertos dos procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales relacionados con estas afectaciones. La información surge de dos documentos oficiales emitidos por la institución. El primero corresponde a la nota DIVEDA-079-2026, del 4 de mayo de 2026, firmada por la directora nacional de Verificación del Desempeño Ambiental, Marilyn García, en respuesta a una solicitud presentada el 30 de marzo de 2026 por la organización ciudadana Boquete se Cuida. El segundo es el Memorando DRCH No. 02172026, del 18 de junio de 2026, elaborado por la Dirección Regional de Miambiente en Chiriquí y remitido a la Dirección Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental. En este documento se detallan las inspecciones realizadas en la cuenca y el estado de los procesos administrativos. Contaminación microbiológica, el principal problema En la respuesta oficial de mayo, Miambiente informó que los monitoreos realizados en el río Caldera muestran un Índice de Calidad de Agua (ICA) entre 69 y 85, lo que ubica la calidad del recurso entre “poco contaminada” y “aceptable”, utilizando como referencia el Decreto Ejecutivo No. 75 del 31 de marzo de 2008, que establece la norma de calidad para aguas continentales de uso recreativo. Los análisis abarcaron parámetros físico-químicos y microbiológicos. La institución indicó que variables como el pH, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno y la turbiedad cumplen, en términos generales, con los criterios establecidos por la normativa ambiental. Sin embargo, advirtió que el principal problema identificado corresponde al componente microbiológico. Según Miambiente, se detectaron concentraciones elevadas de coliformes fecales en distintas estaciones de monitoreo, superando en algunos casos los valores de referencia establecidos en la legislación ambiental. Esto evidencia aportes de origen fecal y representa un riesgo sanitario en determinados puntos del río. El análisis de tendencias muestra, además, incrementos de coliformes fecales en estaciones ubicadas en la zona media de la cuenca, situación que la institución atribuye a presiones de origen humano, aunque aclara que la identificación específica de las fuentes requiere investigaciones técnicas complementarias. Como resultado de estos hallazgos, Miambiente concluye que, aunque existe un cumplimiento general de los parámetros físico-químicos, el incumplimiento del parámetro microbiológico limita el uso del agua para actividades recreativas con contacto directo en las estaciones afectadas. Dos fuentes de afectación identificadas Poco más de un mes después, la Dirección Regional de Miambiente en Chiriquí precisó cuáles son las principales afectaciones detectadas durante las inspecciones efectuadas en los últimos dos años. De acuerdo con el Memorando DRCH No. 0217-2026, la institución identificó dos fuentes puntuales relacionadas con descargas de aguas residuales. La primera corresponde al proyecto “Diseño y construcción del acueducto, la red sanitaria y la planta de tratamiento de aguas residuales de Boquete”, ejecutado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) mediante un contratista. La segunda está relacionada con una descarga proveniente del sistema de tratamiento de un hotel ubicado en el sector de Jaramillo. Según el documento, estas han sido las principales fuentes de afectación detectadas mediante las inspecciones y acciones de fiscalización desarrolladas por la institución. La preocupación por el manejo de las aguas residuales en Boquete no es nueva. En agosto de 2024, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó como un “acto de lesa patria” el vertido de aguas negras de la ciudad de Boquete directamente al río Caldera, al considerar que esta práctica representaba una afectación ambiental para uno de los principales recursos hídricos de la zona. Dos procesos administrativos en curso Miambiente informó que abrió dos procesos administrativos por presuntos incumplimientos ambientales derivados de estas situaciones. El expediente relacionado con el proyecto de Conades se encuentra actualmente en la etapa de Resolución de Admisión de Pruebas, mientras que el proceso correspondiente al hotel continúa su trámite conforme al procedimiento establecido en la legislación ambiental vigente. Mientras se desarrollan ambos procesos, la institución emitió una serie de recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas. En el caso de Conades, solicitó mantener un control permanente de parámetros como el pH, la temperatura, el uso de antiespumantes y los caudales de entrada a la planta de tratamiento. También recomendó ajustar la dosificación de cloro, monitorear el oxígeno del biodigestor para mejorar la eficiencia del tratamiento, evaluar la biodegradabilidad del sistema y corregir los puntos críticos de contaminación identificados durante las inspecciones. Respecto al hotel ubicado en Jaramillo, Miambiente ordenó implementar medidas inmediatas para adecuar el sistema séptico y evitar nuevas descargas de aguas residuales al río Caldera. La empresa respondió que, además de realizar las adecuaciones solicitadas, se encuentra en proceso de incorporarse a la red de captación de aguas residuales de Boquete, con el propósito de dejar de depender exclusivamente de su planta de tratamiento. ¿Existe un riesgo similar al de Azuero? Tras la crisis registrada este año por la contaminación de las fuentes hídricas en la región de Azuero, Miambiente fue consultado sobre la posibilidad de que el río Caldera enfrente una situación semejante. La respuesta institucional fue negativa. Según la entidad, la información técnica disponible indica que ambos escenarios presentan diferencias importantes. Explicó que, a diferencia de Azuero, en Boquete no existe una concentración de agroindustrias porcinas ni de otras actividades similares capaces de generar una carga contaminante comparable. Además, destacó que la subcuenca del río Caldera nace en la región montañosa de Boquete, con elevaciones superiores a los 2,000 metros sobre el nivel del mar, entre ellas los cerros Horqueta (2,352 metros), Azul (2,310), Pata de Macho (2,197), El Pianista (1,600) y Palo Alto (1,772). Estas características hacen que el río tenga un caudal rápido y una oxigenación constante, favoreciendo el arrastre de materiales y reduciendo la sedimentación, factores que, según Miambiente, contribuyen a mantener mejores condiciones ambientales. No obstante, la institución aseguró que continuará realizando inspecciones periódicas, monitoreos de calidad del agua, acciones de fiscalización y seguimiento a los procesos administrativos abiertos, además de exigir la implementación de medidas correctivas para prevenir nuevas afectaciones. El río Caldera forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial, que en la provincia de Chiriquí mantiene vigilancia sobre cuatro cuencas hidrográficas, diez ríos y 37 puntos de monitoreo, cinco de ellos ubicados en esta cuenca. El último muestreo fue realizado durante la estación lluviosa de 2025, mientras que la siguiente está programado para el segundo trimestre de este año. La institución añadió que continuará fortaleciendo el monitoreo, la identificación de fuentes de contaminación y la gestión integral de la cuenca como parte de las acciones para proteger uno de los principales recursos hídricos de Boquete. Río Caldera Río Caldera Río Caldera Río Caldera Provincia: Chiriquí Distrito: Boquete Nace en las faldas del Volcán Barú y recorre el corregimiento de Caldera antes de unirse al sistema hidrográfico del río Chiriquí. Longitud aproximada: 50 kilómetros.
7A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Panorama En enero pasado abrió en Panamá la primera farmacia que comercializa, de forma regulada, el cannabis medicinal. Archivo Cannabis medicinal gana terreno: esto cambia para las farmacias Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD TERAPÉUTICA Las farmacias y agencias distribuidoras que deseen comercializar derivados de cannabis medicinal deberán modificar su licencia de operación y cumplir requisitos establecidos por el Minsa. El creciente interés de farmacias y agencias distribuidoras por comercializar derivados de cannabis medicinal llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a establecer nuevos requisitos para los establecimientos que deseen ingresar a este mercado. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas informó, mediante el Comunicado No. 019-DNFD-2026, que los establecimientos que deseen manejar derivados de cannabis medicinal clasificados como sustancias sujetas a control deberán solicitar una modificación de su licencia de operación por aumento de actividad antes de iniciar su comercialización. La medida responde al incremento de solicitudes de empresas interesadas en participar en un mercado que comenzó a desarrollarse tras la aprobación de la Ley 242 de 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá. Nuevos requisitos De acuerdo con la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, las farmacias y agencias distribuidoras deberán contar con una autorización expresa del licenciatario —es decir, la empresa autorizada para fabricar o comercializar estos productos— antes de ofrecerlos al público. Los establecimientos que ya manejan sustancias sujetas a control únicamente deberán presentar un documento notariado que acredite dicha autorización. En cambio, las farmacias y distribuidoras que no manejan este tipo de sustancias deberán cumplir un requisito adicional: someterse a una inspección técnica de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas para verificar que cumplen con las condiciones exigidas por la normativa antes de obtener la autorización correspondiente. La entidad recordó que el Decreto Ejecutivo No.6 de 4 de abril de 2025, que reglamenta la Ley 242, autoriza a los licenciatarios a comercializar productos derivados de cannabis medicinal a través de establecimientos farmacéuticos que cuenten con las licencias correspondientes. Mercado comienza a expandirse Las nuevas disposiciones reflejan el avance de un mercado que, aunque todavía es incipiente en Panamá, comienza a despertar el interés de un mayor número de establecimientos farmacéuticos. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas atribuyó las nuevas disposiciones al aumento del interés de establecimientos por comercializar derivados de cannabis medicinal. Sin embargo, el comunicado no ofrece cifras que permitan dimensionar ese crecimiento. El crecimiento de este sector coincide con el inicio de la comercialización de estos productos en el país. El director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, confirmó recientemente la apertura de la primera farmacia dedicada exclusivamente a la venta de productos relacionados con el cannabis medicinal. Precisó que, en esta primera etapa, el establecimiento comercializará únicamente productos que contengan CBD (cannabidiol), uno de los compuestos naturales derivados de la planta de cannabis que no produce efectos psicoactivos. Agregó que estos productos solo podrán adquirirse bajo prescripción médica, conforme a lo establecido en la legislación vigente. La comercialización de cannabis medicinal en Panamá fue posible tras la aprobación de la Ley 242 de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Mulino viaja hoy a Perú para investidura de Keiko Fujimori El presidente de la República, José Raúl Mulino, viaja hoy, lunes 27 de julio, a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia de investidura, prevista para mañana, 28 de julio, contará con la asistencia de al menos ocho mandatarios latinoamericanos y del rey de España, Felipe VI. Entre los jefes de Estado confirmados figuran Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras) y Mulino. Previo a la toma de posesión, Mulino y la presidenta electa sostuvieron una videollamada en la que coincidieron en la conveniencia de reimpulsar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y comercial entre ambos países. El fujimorismo volverá al poder cerca de 26 años después de que Alberto Fujimori, padre de Keiko, dimitiese por un escándalo de corrupción. TOMA DE POSESIÓN Getzalette Reyes [email protected]
8A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ha puesto de nuevo en el epicentro de la atención mundial. Lo que de sobra sabíamos —que no era un demócrata— el dictador lo confesó sin ambages urbi et orbi (ante todo el mundo), y ahora ni quienes quisieran ayudarle, sutil o inocentemente, podrán hacerlo. La junta directiva de sus diputados aprieta botones ha informado, mediante un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, que se reunirá con el Consejo Supremo Electoral para darle forma legal a sus “mandatos”, expresados durante su discurso en conmemoración del 47.º aniversario de la revolución. Seguro que Ortega ha quedado traumado tras haber perdido abrumadoramente en tres elecciones libres: la primera, en 1990, frente a mi madre, Violeta Barrios de Chamorro; la segunda, frente a Arnoldo Alemán, en 1996; y la tercera, frente a don Enrique Bolaños, en 2001. Si ganó, aunque apretadamente, con el 38 % de los votos en 2006, fue por la división de la oposición democrática, particularmente de los liberales. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La Finca Ortega-Murillo y la lluvia imperturbable del mundo Absolutismo Hay momentos en la historia en los que el lenguaje de la ciencia política resulta insuficiente para nombrar la realidad. Calificar a Nicaragua como un «régimen autoritario» es un eufemismo: lo que ha ocurrido es la consumación de una expropiación territorial y humana. La República ha sido borrada del registro del derecho público para inscribirse, en el registro catastral del absolutismo, como la Finca Ortega-Murillo. Desde la perspectiva del derecho público, un Estado requiere tres elementos constitutivos — población, territorio y gobierno conducido bajo el principio de soberanía y orientado al bien común—, conforme a los criterios formulados en la Convención de Montevideo de 1933. Cuando el poder deja de ser público y se convierte en el dominio patrimonial de una familia, el Estado se desnaturaliza. El desmantelamiento institucional y las recientes reformas a la Constitución Política —que institucionalizan la copresidencia y someten los poderes públicos a una sola voluntad— han consumado la disolución formal de la res publica. El Estado ya no existe; solo existe el patrimonio. En esta realidad, el despojo no se limita a tierras, empresas y recursos: alcanza la condición humana. Al privar masivamente de su nacionalidad a opositores, académicos, religiosos y periodistas —declarándolos apátridas y confiscando sus bienes—, el régimen ha transformado a los ciudadanos en moradores sometidos al capricho de los nuevos propietarios. Ante esta metamorfosis surge una interrogante inevitable: si Nicaragua ya no es un Estado, sino una propiedad particular, ¿pueden los demás países mantener relaciones diplomáticas y permitir que esta hacienda continúe ocupando un escaño en los organismos internacionales como si nada hubiera cambiado? La respuesta del derecho y de la ética es negativa: la comunidad internacional debe deslegitimar sus credenciales y actuar en consecuencia. El mundo, sin embargo, asiste a la tragedia con la inercia hipócrita del «control efectivo». Cancillerías y países vecinos contemplan la ruina de la democracia nicaragüense «como quien ve llover esperando que escampe», al amparo de una prudencia diplomática que roza la complicidad. Se olvida una lección fundamental de la historia continental: el contagio del absolutismo es real. Consolidar una hacienda privada en el corazón del istmo sienta un precedente funesto para la seguridad jurídica y la estabilidad de toda la región. Nicaragua no es una finca ni sus ciudadanos son siervos de la gleba. Mientras el mundo aguarde a que escampe bajo el alero de la indiferencia, la Finca seguirá extendiendo sus cercas y recordando que la libertad regional se desmorona cuando se tolera la esclavitud del vecino. Cuando la burocracia convierte la honestidad en una desventaja competitiva Trámites nalidad legítima. El problema comienza cuando los requisitos indispensables quedan enterrados bajo certificaciones, formularios, renovaciones y otros trámites cuya relación con el riesgo que se pretende evitar no siempre resulta evidente. La consecuencia puede ser, incluso, exactamente contraria al objetivo de la regulación. La persona que no puede asumir el procedimiento no necesariamente deja de producir, sino que se resigna a permanecer en la informalidad. El Estado conserva la norma, pero pierde la posibilidad de supervisar el producto. En teoría, protege al consumidor; en la práctica, empuja la actividad hacia un espacio donde el control es todavía menor. No se trata de proponer un país sin controles ni de adoptar como política el “dejar hacer, dejar pasar”. Lo que debe discutirse es para qué se regula y si cada requisito responde, como mínimo, a estas preguntas: ¿qué riesgo evita?, ¿qué derecho protege? o ¿qué información indispensable aporta? Incluso si eliminar ciertas regulaciones resulta demasiado traumático, existe un punto de partida más modesto: hacer que cumplirlas sea comprensible. La digitalización no consiste en colocar un formulario en internet y mantener intacta la peregrinación entre instituciones. Debe permitir conocer, en un solo lugar, la norma vigente, los requisitos, el costo, el plazo de respuesta y la autoridad responsable. También exige que el Estado interAlexis Martínez Scigliani Ortega: ¡el Rey soy yo! Dictadura “El Rey soy yo. Nada de elecciones, ni siquiera simuladas o robadas, como las de Maduro y las mías propias de tiempos pasados. Ordeno a mi corte que redacte las leyes respectivas para darle una envoltura legal a mis deseos supremos: que yo y, en mi ausencia, mi numerosa prole gobernemos este país para siempre”. Esta es una traducción de inteligencia, no tan artificial, del mensaje central rodeado de luces tecnicolores, adornadas por tanques desfilando al son de marchas militares y voces estridentes que desafían la más absoluta sordera. Todos se cuadran ante el “comandante presidente” —ya no le llaman “Co”— porque ahora sí se robó totalmente el espectáculo. Muchas gracias, comandante presidente, porque si antes de su acertada intervención en la Plaza La Fe, prometiendo que nunca jamás volverá a haber elecciones en nuestra sufrida Nicaragua, nadie le ponía atención a un país pequeño y sufrido, usted ha encendido todas las luminarias del mundo y lo Desde entonces, Ortega decidió no volver a arriesgar el poder en elecciones libres, competitivas y observadas, llegando al extremo, en 2021, de encarcelar a todos los precandidatos y posibles contendientes. El trauma le duró hasta ahora, cuando, al ver que la oposición en el exilio se organiza en partidos políticos, como Ciudadanos por la Libertad (CxL), de cara a una posible salida electoral, decide anunciar que jamás habrá elecciones en Nicaragua para que nadie pueda quitarle el poder. Craso error, porque quizás pudo haberse salido con la suya organizando un circo electoral que convenciera a los países afines y, en el resto, lograra la indiferencia de la que ha gozado hasta ahora. Es un error que le va a costar caro, porque ha puesto a Nicaragua nuevamente en el mapa geopolítico global. Las reacciones ante lo que equivale a una proclama del Rey no se han hecho esperar. La Asamblea Nacional se dispone a transformar sus deseos en “un muro” de leyes que le quitarán todo vestigio de democracia al sistema político nicaragüense. La oposición tiene ahora, más que nunca, la tarea ineludible de presentar un frente común ante la deriva totalitaria de los codictadores de la nueva Corea del Norte tropical. Opinión EL AUTOR es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. EL AUTOR es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado. LA AUTORA forma parte de la Fundación Libertad. Edgardo Molino Mola cambie la información que ya posee. Solicitar documentos emitidos por otra institución, cuando pueden verificarse internamente, solo traslada al ciudadano el costo de la desconexión estatal. El aviso de operación ilustra bien esta contradicción. Su apertura puede realizarse de forma digital y producir efectos ante otras autoridades. Sin embargo, en el distrito de Panamá, su cancelación no sustituye el procedimiento de cierre ante el municipio. Entrar al sistema puede tomar minutos; salir exige conocer otra ruta y completar gestiones adicionales. Una administración integrada debería permitir cancelar el aviso, consultar lo adeudado, pagar en línea y comunicar el cierre dentro de un mismo procedimiento. Debemos ver los trámites y las regulaciones como instrumentos, no como fines en sí mismos. Nadie realiza un trámite gubernamental por entretenimiento; las personas recurren al Estado porque necesitan trabajar o formalizar un negocio. Bajo esa premisa, la función pública no debería consistir en poner a prueba su resistencia, sino en facilitar un cumplimiento serio, proporcional y verificable. Los sobornos permiten que algunos compren una salida, pero existe un daño menos visible: el que recae sobre quienes se niegan a hacerlo. Cuando cumplir la ley exige contactos, costos desproporcionados o una paciencia extraordinaria, la honestidad comienza a convertirse en una desventaja competitiva. Un Estado que realmente quiera combatir la informalidad y recuperar la confianza ciudadana debe comenzar por revisar si sus procedimientos ayudan a cumplir la ley o simplemente castigan a quienes todavía intentan hacerlo bien. Cuando se habla de burocracia excesiva, la conversación suele conducir a la corrupción. Se afirma que los trámites largos y complejos, así como los requisitos innecesarios, crean el escenario perfecto para los sobornos. No pretendo negar esa realidad, pero quiero enfocarme en otro aspecto que, a mi juicio, resulta aún más importante: el ciudadano honesto que no está dispuesto a pagar, pedir ni aceptar un soborno; aquel que entiende que la corrupción sigue siendo corrupción, aunque se presente como “la única forma” de conseguir que un trámite o procedimiento avance. ¿Qué ocurre con esos ciudadanos? Algunos continúan el trámite, pero lo hacen después de invertir tiempo, dinero y paciencia en descubrir requisitos dispersos en distintas páginas, normas modificadas y oficinas que ofrecen respuestas diferentes. Otros desisten. Algunos permanecen en la informalidad, no necesariamente porque quieran incumplir la ley, sino porque el costo de ingresar al sistema resulta desproporcionado frente al tamaño y al retorno económico de la actividad que desean regularizar. Pensemos en quien elabora, desde su casa, una crema, un jabón o un alimento para venderlo en pequeña escala. Es razonable que el Estado verifique que no se utilicen sustancias tóxicas, que existan condiciones mínimas de higiene y que el consumidor sepa qué está comprando mediante un etiquetado adecuado. Esos controles tienen una fiLas recientes declaraciones de Daniel Ortega reavivan el debate sobre el futuro democrático de Nicaragua y el cierre definitivo de la vía electoral. Pedro Joaquín Chamorro La simplificación de trámites fortalece la formalidad, reduce costos y evita que cumplir la ley termine castigando a los ciudadanos honestos. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. 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