8A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ha puesto de nuevo en el epicentro de la atención mundial. Lo que de sobra sabíamos —que no era un demócrata— el dictador lo confesó sin ambages urbi et orbi (ante todo el mundo), y ahora ni quienes quisieran ayudarle, sutil o inocentemente, podrán hacerlo. La junta directiva de sus diputados aprieta botones ha informado, mediante un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, que se reunirá con el Consejo Supremo Electoral para darle forma legal a sus “mandatos”, expresados durante su discurso en conmemoración del 47.º aniversario de la revolución. Seguro que Ortega ha quedado traumado tras haber perdido abrumadoramente en tres elecciones libres: la primera, en 1990, frente a mi madre, Violeta Barrios de Chamorro; la segunda, frente a Arnoldo Alemán, en 1996; y la tercera, frente a don Enrique Bolaños, en 2001. Si ganó, aunque apretadamente, con el 38 % de los votos en 2006, fue por la división de la oposición democrática, particularmente de los liberales. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La Finca Ortega-Murillo y la lluvia imperturbable del mundo Absolutismo Hay momentos en la historia en los que el lenguaje de la ciencia política resulta insuficiente para nombrar la realidad. Calificar a Nicaragua como un «régimen autoritario» es un eufemismo: lo que ha ocurrido es la consumación de una expropiación territorial y humana. La República ha sido borrada del registro del derecho público para inscribirse, en el registro catastral del absolutismo, como la Finca Ortega-Murillo. Desde la perspectiva del derecho público, un Estado requiere tres elementos constitutivos — población, territorio y gobierno conducido bajo el principio de soberanía y orientado al bien común—, conforme a los criterios formulados en la Convención de Montevideo de 1933. Cuando el poder deja de ser público y se convierte en el dominio patrimonial de una familia, el Estado se desnaturaliza. El desmantelamiento institucional y las recientes reformas a la Constitución Política —que institucionalizan la copresidencia y someten los poderes públicos a una sola voluntad— han consumado la disolución formal de la res publica. El Estado ya no existe; solo existe el patrimonio. En esta realidad, el despojo no se limita a tierras, empresas y recursos: alcanza la condición humana. Al privar masivamente de su nacionalidad a opositores, académicos, religiosos y periodistas —declarándolos apátridas y confiscando sus bienes—, el régimen ha transformado a los ciudadanos en moradores sometidos al capricho de los nuevos propietarios. Ante esta metamorfosis surge una interrogante inevitable: si Nicaragua ya no es un Estado, sino una propiedad particular, ¿pueden los demás países mantener relaciones diplomáticas y permitir que esta hacienda continúe ocupando un escaño en los organismos internacionales como si nada hubiera cambiado? La respuesta del derecho y de la ética es negativa: la comunidad internacional debe deslegitimar sus credenciales y actuar en consecuencia. El mundo, sin embargo, asiste a la tragedia con la inercia hipócrita del «control efectivo». Cancillerías y países vecinos contemplan la ruina de la democracia nicaragüense «como quien ve llover esperando que escampe», al amparo de una prudencia diplomática que roza la complicidad. Se olvida una lección fundamental de la historia continental: el contagio del absolutismo es real. Consolidar una hacienda privada en el corazón del istmo sienta un precedente funesto para la seguridad jurídica y la estabilidad de toda la región. Nicaragua no es una finca ni sus ciudadanos son siervos de la gleba. Mientras el mundo aguarde a que escampe bajo el alero de la indiferencia, la Finca seguirá extendiendo sus cercas y recordando que la libertad regional se desmorona cuando se tolera la esclavitud del vecino. Cuando la burocracia convierte la honestidad en una desventaja competitiva Trámites nalidad legítima. El problema comienza cuando los requisitos indispensables quedan enterrados bajo certificaciones, formularios, renovaciones y otros trámites cuya relación con el riesgo que se pretende evitar no siempre resulta evidente. La consecuencia puede ser, incluso, exactamente contraria al objetivo de la regulación. La persona que no puede asumir el procedimiento no necesariamente deja de producir, sino que se resigna a permanecer en la informalidad. El Estado conserva la norma, pero pierde la posibilidad de supervisar el producto. En teoría, protege al consumidor; en la práctica, empuja la actividad hacia un espacio donde el control es todavía menor. No se trata de proponer un país sin controles ni de adoptar como política el “dejar hacer, dejar pasar”. Lo que debe discutirse es para qué se regula y si cada requisito responde, como mínimo, a estas preguntas: ¿qué riesgo evita?, ¿qué derecho protege? o ¿qué información indispensable aporta? Incluso si eliminar ciertas regulaciones resulta demasiado traumático, existe un punto de partida más modesto: hacer que cumplirlas sea comprensible. La digitalización no consiste en colocar un formulario en internet y mantener intacta la peregrinación entre instituciones. Debe permitir conocer, en un solo lugar, la norma vigente, los requisitos, el costo, el plazo de respuesta y la autoridad responsable. También exige que el Estado interAlexis Martínez Scigliani Ortega: ¡el Rey soy yo! Dictadura “El Rey soy yo. Nada de elecciones, ni siquiera simuladas o robadas, como las de Maduro y las mías propias de tiempos pasados. Ordeno a mi corte que redacte las leyes respectivas para darle una envoltura legal a mis deseos supremos: que yo y, en mi ausencia, mi numerosa prole gobernemos este país para siempre”. Esta es una traducción de inteligencia, no tan artificial, del mensaje central rodeado de luces tecnicolores, adornadas por tanques desfilando al son de marchas militares y voces estridentes que desafían la más absoluta sordera. Todos se cuadran ante el “comandante presidente” —ya no le llaman “Co”— porque ahora sí se robó totalmente el espectáculo. Muchas gracias, comandante presidente, porque si antes de su acertada intervención en la Plaza La Fe, prometiendo que nunca jamás volverá a haber elecciones en nuestra sufrida Nicaragua, nadie le ponía atención a un país pequeño y sufrido, usted ha encendido todas las luminarias del mundo y lo Desde entonces, Ortega decidió no volver a arriesgar el poder en elecciones libres, competitivas y observadas, llegando al extremo, en 2021, de encarcelar a todos los precandidatos y posibles contendientes. El trauma le duró hasta ahora, cuando, al ver que la oposición en el exilio se organiza en partidos políticos, como Ciudadanos por la Libertad (CxL), de cara a una posible salida electoral, decide anunciar que jamás habrá elecciones en Nicaragua para que nadie pueda quitarle el poder. Craso error, porque quizás pudo haberse salido con la suya organizando un circo electoral que convenciera a los países afines y, en el resto, lograra la indiferencia de la que ha gozado hasta ahora. Es un error que le va a costar caro, porque ha puesto a Nicaragua nuevamente en el mapa geopolítico global. Las reacciones ante lo que equivale a una proclama del Rey no se han hecho esperar. La Asamblea Nacional se dispone a transformar sus deseos en “un muro” de leyes que le quitarán todo vestigio de democracia al sistema político nicaragüense. La oposición tiene ahora, más que nunca, la tarea ineludible de presentar un frente común ante la deriva totalitaria de los codictadores de la nueva Corea del Norte tropical. Opinión EL AUTOR es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. EL AUTOR es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado. LA AUTORA forma parte de la Fundación Libertad. Edgardo Molino Mola cambie la información que ya posee. Solicitar documentos emitidos por otra institución, cuando pueden verificarse internamente, solo traslada al ciudadano el costo de la desconexión estatal. El aviso de operación ilustra bien esta contradicción. Su apertura puede realizarse de forma digital y producir efectos ante otras autoridades. Sin embargo, en el distrito de Panamá, su cancelación no sustituye el procedimiento de cierre ante el municipio. Entrar al sistema puede tomar minutos; salir exige conocer otra ruta y completar gestiones adicionales. Una administración integrada debería permitir cancelar el aviso, consultar lo adeudado, pagar en línea y comunicar el cierre dentro de un mismo procedimiento. Debemos ver los trámites y las regulaciones como instrumentos, no como fines en sí mismos. Nadie realiza un trámite gubernamental por entretenimiento; las personas recurren al Estado porque necesitan trabajar o formalizar un negocio. Bajo esa premisa, la función pública no debería consistir en poner a prueba su resistencia, sino en facilitar un cumplimiento serio, proporcional y verificable. Los sobornos permiten que algunos compren una salida, pero existe un daño menos visible: el que recae sobre quienes se niegan a hacerlo. Cuando cumplir la ley exige contactos, costos desproporcionados o una paciencia extraordinaria, la honestidad comienza a convertirse en una desventaja competitiva. Un Estado que realmente quiera combatir la informalidad y recuperar la confianza ciudadana debe comenzar por revisar si sus procedimientos ayudan a cumplir la ley o simplemente castigan a quienes todavía intentan hacerlo bien. Cuando se habla de burocracia excesiva, la conversación suele conducir a la corrupción. Se afirma que los trámites largos y complejos, así como los requisitos innecesarios, crean el escenario perfecto para los sobornos. No pretendo negar esa realidad, pero quiero enfocarme en otro aspecto que, a mi juicio, resulta aún más importante: el ciudadano honesto que no está dispuesto a pagar, pedir ni aceptar un soborno; aquel que entiende que la corrupción sigue siendo corrupción, aunque se presente como “la única forma” de conseguir que un trámite o procedimiento avance. ¿Qué ocurre con esos ciudadanos? Algunos continúan el trámite, pero lo hacen después de invertir tiempo, dinero y paciencia en descubrir requisitos dispersos en distintas páginas, normas modificadas y oficinas que ofrecen respuestas diferentes. Otros desisten. Algunos permanecen en la informalidad, no necesariamente porque quieran incumplir la ley, sino porque el costo de ingresar al sistema resulta desproporcionado frente al tamaño y al retorno económico de la actividad que desean regularizar. Pensemos en quien elabora, desde su casa, una crema, un jabón o un alimento para venderlo en pequeña escala. Es razonable que el Estado verifique que no se utilicen sustancias tóxicas, que existan condiciones mínimas de higiene y que el consumidor sepa qué está comprando mediante un etiquetado adecuado. Esos controles tienen una fiLas recientes declaraciones de Daniel Ortega reavivan el debate sobre el futuro democrático de Nicaragua y el cierre definitivo de la vía electoral. Pedro Joaquín Chamorro La simplificación de trámites fortalece la formalidad, reduce costos y evita que cumplir la ley termine castigando a los ciudadanos honestos. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. 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