2A La Prensa Panamá, lunes 27 de julio de 2026 En Panamá no existe la presencia del Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia. Así lo aseguró ayer el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, luego de publicaciones de la revista colombiana Semana, las cuales aseguran que en suelo panameño se refugian capos del Clan del Golfo - la mayor organización criminal de ese país - y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El medio extranjero atribuyó esta información a fuentes de inteligencia del país sudamericano. “Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, declaró Ábrego, en el programa Debate Abierto. Agregó que las autoridades panameñas tiene una “coMinistro Ábrego niega presencia del Clan del Golfo y guerrilleros en el país DECLARACIONES municación directa con 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia, igual que hay fuentes como Ameripol o la Combifron”, la Comisión Binacional Fronteriza de ambos países. Ábrego recordó que durante años Panamá fue “el área de descanso de la guerrilla colombiana y los grupos paramilitares”, lo que “produjo grandes alteraciones en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala”. Agregó que con las labores realizadas por la fuerza pública a comienzos de la década de 2010, se logró garantizar que ya no haya campamentos de la guerrilla colombia y de paramilitares” El jueves pasado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que miembros del Clan del Golfo estarían huyendo a Panamá. Sede policial de Chitré, en la provincia de Herrera. Archivo El cuartel policial que cambió de estatus: de público a secreto Rolando Rodríguez B. [email protected] Flor Cogley L. [email protected] Documentos publicados en Panamá Compra revelan el precio de referencia y los detalles técnicos de la construcción del nuevo cuartel de Chitré, aunque el Consejo de Gabinete decidió declarar confidencial la licitación para ejecutar la obra. El 27 de febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) publicó en Panamá Compra una Solicitud de Información (SDI) para el estudio, diseño, demolición, construcción y equipamiento de la estación sede de la 6ª Zona Policial de Herrera, ubicada en Chitré, provincia de Herrera. Ese acto fue público y de allí se podía obtener un precio de referencia para esta obra. No obstante, el pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete rechazó la posibilidad de que esta licitación fuera transparente. La declaró confidencial. Una SDI es un procedimiento formal que le permite a la entidad solicitante –en este caso, la Policía Nacional, una dependencia del Minseg– investigar, entre posibles proveedores interesados, el valor real aproximado de una obra, innovaciones, tiempos de entrega y condiciones que ofrecen los proveedores, etc. Esta información sirve, a su vez, para redactar un pliego de cargos en una licitación y evitar, de esta manera, que el Estado tenga que pagar de más por los contratos que adjudica. Este mecanismo fomenta, además, la transparencia, pues los proveedores conocen las necesidades del Estado. Pero, adicionalmente, el acto es de acceso público, como en este caso: SDI-33337, en Panamá Compra. El resultado de este acto no es vinculante, pues se hace solo con fines informativos para la entidad que lo solicita, sin que ello signifique, consecuentemente, un compromiso de contratación para las partes. El SDI-33337 permanecía accesible en Panamá Compra, pese a que el acto público para convocar la construcción del cuartel de Chitré ahora es secreto. Y no fue la administración pasada la que pidió el SDI, sino la misma que ahora solicitó al Gabinete que declarara secreta la contratación de estos servicios de construcción y demolición. Los detalles de la construcción proporcionados en la SDI están en la propuesta pública que, aparentemente, la Policía Nacional olvidó ocultar a la ciudadanía. De haberse declarado confidencial la SDI, los ciudadanos habrían sido privados de conocer detalles de la obra, como cuánto cuesta el letrero que indicaría qué se construye en el terreno; el costo de contar con los servicios de inspectores residente y de seguridad laboral; el costo de los permisos de construcción, o el costo del desarrollo total de los planos. Tampoco se habría sabido cuánto cuesta la demolición de la estructura actual y la disposición del caliche resultante de la demolición, el costo de la estructura (fundaciones, vigas antisísmicas, muro perimetral) o el valor de las losas. No se conocería cuánto cuesta cada piso del edificio o el precio de la acometida sanitaria. Si la SDI también se hubiese decretado secreta por el Gabinete, habría sido prohibido conocer el precio de instalar el equipo de aire acondicionado o la confección e instalación del escudo de la Policía Nacional en la fachada del nuevo edificio: $4 mil 500, o iluminar las letras del nombre de la entidad -“Policía Nacional”-: $1,900. En total, el proyecto de demolición y construcción del cuartel con las características propuestas fue valorado en $8,830,130.88; casi $8.9 millones. Claro que este costo podría variar, aunque no tanto si la intención de la Policía Nacional, a través de la SDI, era conocer el costo real aproximado de la obra con el propósito de elaborar los pliegos de cargos de la licitación. Pero si la pretensión era que el precio fuera secreto, la Policía fue negligente al olvidar ocultar la SDI. Y si la información no era secreta en 2025, ¿por qué ahora sí lo es? ¿Cómo puede afectar a la seguridad del Estado conocer el costo de la obra, el precio de referencia de esta o el nombre de la compañía a la que se le adjudicará, o mediante qué proceso se convoca este acto: contratación directa o concurso de precios? ¿O es que hay otro precio de referencia? Y, si así fuera, ¿de dónde salió ese precio? La Prensa envió el jueves por la noche un cuestionario al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para conocer las respuestas a varias de estas interrogantes. Fernández prometió darle curso y enviar sus respuestas el pasado viernes, pero no contestó. En lugar de ello, el pasado sábado remitió una nota de prensa sobre las licitaciones que fueron declaradas confidenciales, en la que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, asegura que estas “mantienen todos los controles legales, administrativos y financieros establecidos por la ley, así como la fiscalización de la Contraloría General de la República”. A pesar de que se le pidió responder preguntas que nada tienen que ver con la seguridad nacional, y de que el acto de contratación es ahora secreto, el ministro insistió en que estos procesos son transparentes. La confidencialidad –dijo– “es un mecanismo legal destinado a proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional”. Pero parece que Ábrego ignoraba que fue la propia Policía Nacional la que, en un acto público, solicitó información para construir ese cuartel, archivo que era público en Panamá Compra, al menos, hasta antes de redactarse esta noticia. Los feminicidios en Panamá subieron un 86 % en el primer semestre de este año al sumar 13, frente a los siete del mismo período del año anterior, mientras que los casos de tentativa de feminicidio lo hicieron en 89 % y totalizaron 17 casos. Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) consultadas ayer por EFE, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, un 14 % más que las siete del primer semestre de 2025. La mayoría de los casos ocurrieron en la zona metropolitana y sus cercanías, con tres feminicidios en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital; tres en el distrito de San Miguelito, una zona marcada por altos índices de violencia, y dos en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la ciudad. Asimismo, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como San Miguelito registraron la mayor cantidad de intentos de feminicidios con cuatro, tres y dos, Feminicidios en Panamá aumentan un 86 % en el primer semestre de 2026 ESTADÍSTICAS respectivamente. Seis de las muertes violentas de mujeres tuvieron lugar en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en la provincia occidental de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica. La mayoría de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 44 años (9), mientras que casi la mitad de todos los casos (6) se perpetró con un arma de fuego. Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del MP, ocurrido en marzo. EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Activistas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia con que se comenten. Archivo Ministro Frank Ábrego. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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