1A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 17 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15323 Hoy por hoy El cierre de las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional no resuelve el problema de fondo que ha marcado durante años al Legislativo: el uso ineficiente de fondos públicos para sostener estructuras administrativas cuya utilidad nunca quedó claramente demostrada. Según explicó el presidente de la Asamblea, los funcionarios que trabajaban en esas oficinas han sido reubicados en otras entidades públicas, incluidas juntas comunales y alcaldías. Pero trasladar personal de un lugar a otro no corrige el problema si los salarios continúan pagándose desde una planilla que aparentemente excede las necesidades reales de la institución. El cierre de esas oficinas, lejos de zanjar el debate, deja claro algo más profundo: si podían desaparecer sin afectar el funcionamiento del Legislativo, entonces muchas de esas plazas nunca fueron indispensables. Además, surgen preguntas inevitables. ¿Qué funciones concretas desempeñarán ahora esos funcionarios en instituciones que ya cuentan con estructuras administrativas propias? ¿Quién supervisará su trabajo? La discusión no debería centrarse en dónde trabajan ahora, sino en si el dinero público está siendo utilizado con responsabilidad. Ellas .pa Premios Oscar: Plumas, destellos y glamur 5B Sub-17 femenina inicia su lucha por un cupo 8A Deportes Quién recibe primero las vacunas: el dilema que divide al mundo En Ginebra, los países negocian el nuevo acuerdo sobre pandemias de la OMS, que busca garantizar acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras emergencias. VEA 6A Asamblea solo reubicó su planilla en otras entidades Eliana Morales Gil [email protected] Durante años se criticó el costo de la planilla legislativa y el tamaño de algunas de sus estructuras administrativas, entre ellas las oficinas FONDOS PÚBLICOS El cierre de las oficinas de participación ciudadana no disipó las dudas sobre el destino del personal ni sobre el tamaño de la planilla legislativa. de participación ciudadana que operaban en distintas provincias del país. Como respuesta a esos cuestionamientos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, prometió eliminarlas. Ahora el propio Herrera confirmó que esas oficinas ya no existen. Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto, el jefe del Legislativo aseguró que todos esos locales fueron clausurados y que el personal que laboraba en ellos fue reubicado en otras entidades públicas, incluidas juntas comunales, alcaldías y otras dependencias del Estado. La medida, sin embargo, abrió nuevas interrogantes en el Legislativo sobre el destino de esos funcionarios, el control de sus funciones y la situación administrativa de trabajadores que siguen en la planilla de la Asamblea, aunque prestan servicios fuera de la institución. VEA 2A La Yeguada ¿Quién prendió el fuego? Las llamas avanzan sobre los bosques de la reserva forestal La Yeguada, en Veraguas, donde brigadistas, bomberos y voluntarios combaten un incendio que ya ha afectado más de 100 hectáreas. Autoridades investigan si el fuego fue provocado y buscan identificar a los responsables. El Ministerio de Ambiente informó que ofrecerá una recompensa a quien proporcione información del delito ambiental. Cortesía: MiAmbiente $4.4 millones deberán pagar el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón, el empresario Cristóbal Salerno y la empresa Cobranzas del Istmo, según una condena del Tribunal de Cuentas por lesión patrimonial al Estado. El fallo se vincula a irregularidades en un contrato firmado en 2010 para gestionar el cobro de impuestos morosos. Auditorías detectaron recaudaciones retenidas, comisiones indebidas y pagos duplicados. Parte del dinero fue recuperado mediante devoluciones y comisos, aunque el perjuicio económico no se cubrió completamente. VEA 4A COBRANZAS DEL ISTMO Un proyecto de ley que debilita la persecución del delito El precio del crudo presiona al alza los boletos de avión Condena millonaria contra Cucalón y Salerno Impedir que el Ministerio Público apele sentencias absolutorias, como propone el diputado Luis Eduardo Camacho, debilitaría la persecución penal y favorecería la impunidad. VEA 4A El conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del combustible de aviación presionan los costos de las aerolíneas, que advierten de posibles aumentos en los precios de los boletos. VEA 1B ANÁLISIS GUERRA
2A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 El Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional en Calidonia. Archivo Sin oficinas, pero con planilla: el destino del personal de participación ciudadana Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, confirmó que todas las oficinas de participación ciudadana fueron cerradas y que su personal fue reubicado en otras entidades públicas. Las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, según Jorge Herrera, presidente de ese órgano del Estado, ya no existen. Todas cerraron. Así lo contó Herrera durante la última sesión de la Comisión de Presupuesto, reunión que se desarrolló el jueves 12 de marzo. Ante los diputados, el jefe del Legislativo contó que la institución clausuró cada uno de esos locales en el país y reubicó a su personal en otras entidades públicas. El tema encendió el debate El asunto entró a la agenda de la Comisión de Presupuesto porque la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, pidió detalles sobre el destino de esos funcionarios. “¿Cuántas (oficinas) siguen abiertas hasta la fecha?”, preguntó. “Ninguna”, respondió Herrera. Entonces la diputada le lanzó otra pregunta: “¿Qué ha pasado con el personal que laboraba en esas oficinas?”. “Muchos han ido a instituciones públicas, muy pocos a juntas comunales y a alcaldías, para que no se esté especulando que se está protegiendo a nadie. Y esos funcionarios le rinden informes a los directores provinciales de las diferentes instituciones que representan”, narró. También contó que esas oficinas fueron cedidas a fundaciones que atienden a jóvenes y niños. Enseguida, Prado pidió información sobre los convenios. “Ya hay bastante avance en los mismos. A través de Recursos Humanos, a través de la Oficina de Participación Ciudadana acá de la Asamblea, se están haciendo los convenios respectivos”, respondió Herrera. Para la diputada Prado, el tema encarna un problema administrativo, pues la institución paga salarios a trabajadores que hoy prestan servicios en juntas comunales, escuelas u otras dependencias donde el Legislativo no ejerce supervisión directa. Prado planteó una salida sencilla: si el personal trabaja en esas entidades, dijo, lo correcto sería trasladarlo formalmente a sus planillas. ‘Sensibilidad social’ Herrera defendió la decisión con un argumento distinto. Habló de “sensibilidad social”. Según explicó, cerca del 90% de los funcionarios pertenece a la carrera legislativa y muchos enfrentan situaciones familiares complejas, entre ellas enfermedades graves. Por esa razón, añadió, la administración optó por permitir que permanezcan en sus provincias y laboren desde instituciones locales. “Yo soy de los diputados que atiende a su gente los fines de semana. Hace unos cuatro o cinco meses llegó a mi oficina una señora de una provincia. Ese día yo tenía unas 300 personas esperando. Cuando llegué, a las 6:45 de la mañana, ella fue la primera a la que atendí. Después me enteré de que había llegado desde las 11 de la noche para apartar un cupo. Si yo fuera doctor, estaría por las nubes”, relató. El diputado contó que, al escucharla, le preguntó de dónde venía. “Me dijo que era de tal provincia. Le respondí que yo no soy diputado de ese circuito. Entonces me explicó: ‘Diputado, usted fue quien me trasladó a la capital. Yo soy funcionaria de Participación Ciudadana’”. Según el relato, la mujer le contó que su hija está enferma y que además tiene una niña de tres años bajo su custodia porque el padre nunca se hizo cargo. “Yo nada más me eché para atrás y pensé: ‘Dios, ¿por qué me ponen estas pruebas?’”, dijo. El diputado agregó que la mujer le pidió comprender “la parte social y moral” del caso. El presidente de la Asamblea también aseguró que los trabajadores deben cumplir jornadas de ocho horas y entregar informes a los directores provinciales de las entidades donde prestan servicios. También adelantó que la institución prepara convenios para formalizar esa relación laboral. ¿Cuántos son? ¿Cuántos funcionarios de Participación Ciudadana hay? Hasta el momento se desconoce la cifra. En mayo de 2025, el contralor Anel Flores dijo que en Chitré, provincia de Herrera, por ejemplo, había 36 funcionarios en esas oficinas. “¿Qué hacen? Nadie sabe”, expresó en ese momento, y agregó que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más. En Veraguas, según información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por la diputada Prado, había 59 personas. ‘La voz de la comunidad’ El cierre de esas oficinas, sin embargo, no logró consenso dentro del hemiciclo. Benicio Robinson hijo, suplente de su padre Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lamentó la desaparición de esos espacios. Los describió como “la voz latente en la comunidad” y advirtió que algunos sectores buscan eliminarlos para quedarse con los puestos de trabajo asociados a esas estructuras. También elogió la forma en que Herrera ha manejado el tema frente a lo que llamó visiones “retrógradas”. Desde otra orilla, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, cuestionó la medida. Recordó que la participación ciudadana suele presentarse como un instrumento de transparencia y preguntó por qué la Asamblea decide cerrar justamente esos espacios. Las dudas legales Para el abogado Rodrigo Noriega, el cambio abre interrogantes legales y administrativas. Noriega explicó que, cuando se eliminaron estas oficinas, el Legislativo debió formalizarlo mediante algún instrumento jurídico, como una resolución de la junta directiva o del pleno. Ese mismo documento, añadió, tendría que definir el destino del personal que trabajaba en esas sedes. El abogado cuestionó además la situación de los funcionarios que pertenecen a la carrera legislativa pero ahora prestan servicios en otras entidades. “Si son funcionarios de carrera legislativa, están obligados a dar sus servicios en la Asamblea Nacional”, advirtíó. A su juicio, el esquema también puede crear conflictos institucionales. La Asamblea, recordó, tiene la función de fiscalizar la ejecución del presupuesto y las políticas públicas del Ejecutivo. “¿Cómo voy a fiscalizar programas del gobierno si tengo personal nombrado en esas mismas entidades?”, preguntó. El abogado advirtió además que esos funcionarios deberían responder administrativamente tanto a la Asamblea, que paga sus salarios, como a las instituciones donde trabajan, lo que exige controles formales de asistencia y desempeño. Más allá del debate político, Noriega considera que el tema revela un problema mayor: un posible exceso de personal en la planilla legislativa. “Es sumamente preocupante, porque da la impresión de que la Asamblea tiene más personal del que necesita y busca fórmulas para mantenerlo en la planilla”, concluyó. Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) denunciaron presuntas irregularidades en la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto que maneja la institución. De acuerdo con Edith Rivera y Lely Miranda, el proceso para aprobar el presupuesto debe iniciar con la redacción de un documento denominado “Proyecto de Presupuesto”, que debe ser presentado y aprobado por cada una de las facultades. Según señalaron, este procedimiento no se respeta. Rivera explicó las autoridades omiten el primer paso del proceso y presentan directamente el presupuesto ante el Consejo Administrativo y el Consejo General. Después, el documento es enviado al Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde termina convirtiéndose en ley. Las declaraciones de la docente fueron ofrecidas en el programa Noticias 180 Minutos. A juicio de las docentes, este procedimiento dificulta el trabajo de las facultades, ya que al no ser tomadas en cuenta en la elaboración del presupuesto, se ignoran las necesidades de los profesores y de los estudiantes. Rivera también señaló que, aunque la Unachi ha recibido presupuestos de hasta 10 millones de dólares en rubros específicos, muchos docentes desconocen el destino real de esos fondos. “Tenemos profesores con sobrecarga laboral”, expresó Rivera. Explicó que esta situación afecta principalmente a los docentes contratados a tiempo parcial: “A profesores a los que solo se les pagan 12 horas les asigDocentes alertan que presupuesto de la Unachi carece de aval de facultades DENUNCIA nan hasta 30 horas de trabajo; todo esto para que la universidad pueda ahorrar”. La docente añadió que cuestionaron directamente a la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, sobre el tema y que esta les respondió que ese es un asunto que debe tratarse con cada decanato y no con su despacho. Rivera también mencionó que, aunque existe el término “anteproyecto de presupuesto”, este no es definitivo y suele sufrir modificaciones sin consulta previa. Rivera indicó que el tema fue planteado en el marco del Consejo de Gabinete Logístico realizado recientemente en Barú y encabezado por el presidente José Raúl Mulino. Según dijo, en ese momento se les informó que serían atendidos por el contralor general, Anel Flores. La docente señaló que ya enviaron una nota formal al número y despacho proporcionados, pero tras esperar varias semanas, aún no reciben respuesta. No obstante, manifestó que esperan ser recibidos próximamente. Asimismo, advirtió que visitarán la Asamblea Nacional para alertar a la Comisión de Presupuesto sobre la situación. Alis Fernández [email protected] Sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026
4A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] HUMO. La alarma contra incendios de la Asamblea no está funcionando. Según el diputado Jorge Herrera, el mantenimiento de ese sistema no está previsto en el presupuesto correspondiente a 2026, por lo que solicitó un traslado de partida extraordinario. ¿Por qué no incluyeron ese renglón? Seguramente que con un par de promotores comunitarios menos tendrían los fondos necesarios para mantener las alarmas funcionando. A CORRER. Los servicios de agua, aseo, electricidad, telefonía e internet tampoco fueron contemplados en el presupuesto anual del Legislativo. Herrera confesó que estos gastos fueron incluidos parcialmente, solo para los primeros meses del año. Ese presupuesto lo elaboró y sustentó Herrera. A él le correspondía reservar los fondos para pagar eso. ¿Por qué no lo hizo? CRUSTÁCEO. Según reportes internacionales, el nieto y guardaespaldas del presidente cubano Raúl Castro, apodado El Cangrejo, ha sostenido reuniones con representantes del gobierno estadounidense a fin de resolver las históricas diferencias entre ambos países. Seguramente lo veremos menos por Panamá. GOTA FRÍA. Paulette Thomas sorprendió a un cisterna en momentos en que se abastecía de un hidrante en Curundú. La diputada quedó patidifusa cuando el chofer del camión le mostró una nota de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Oeste, en la que informaba al Idaan sobre la recolección de 250 mil galones de agua, pero en Luis Eduardo Camacho es el impulsor de la iniciativa. Archivo Cuando quedan en evidencia los intereses que se defienden Rigoberto González Montenegro ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Un proyecto de ley que busca impedir al Ministerio Público apelar sentencias absolutorias reabre el debate sobre la impunidad, la persecución penal y la responsabilidad institucional. Existen unas reglas que permiten, conforme lo dispone la ley, que, ocurrido un hecho que puede constituir delito, este sea investigado. Dicha investigación tendrá como propósito, básicamente, determinar si tal hecho constituye, en efecto, un delito, así como identificar quién o quiénes han participado en la comisión de este hecho penalmente reprochable. A eso se le llama, en términos generales, una investigación penal. A la institución o autoridad a la que se le atribuya esta labor o misión se le dota, con ese fin, de una serie de mecanismos legales necesarios a fin de que pueda cumplir con tan importante responsabilidad. ¿Por qué es importante esta función? Porque la sociedad requiere que esas conductas no queden impunes, que quienes hayan cometido alguna conducta penal no sigan actuando como si nada hubiese ocurrido, sobre todo cuando, producto del delito en el que participaron, se han podido beneficiar al obtener bienes o dineros, a veces grandes sumas, en detrimento de terceros que se convierten en víctimas de dichos hechos delictivos. En Panamá, la responsabilidad de investigar los delitos le corresponde al Ministerio Público. Es decir, y como lo dispone el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución, al Ministerio Público compete “perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales”. Esa labor no es fácil, nunca ha sido fácil. Y no es fácil porque quien comete un delito no se queda en el lugar, en la escena del crimen —dirían los expertos— esperando a que llegue la policía y los investigadores para entregarse a las autoridades, ni deja su dirección para que lo vayan a buscar a su residencia. Es por eso que el fiscal del Ministerio Público que ha de llevar la investigación está obligado a recabar los elementos necesarios y suficientes para convencer al juez correspondiente, más allá de toda duda razonable, como se dice, en cuanto a la existencia del hecho punible y la responsabilidad de sus autores. Y cuando el fiscal está convencido de haber comprobado el delito y sus autores, es la razón por la cual ha de contar con la posibilidad de impugnar una sentencia cuando un juez, por ejemplo, emite una sentencia absolutoria a favor de quienes el fiscal ha pedido una condena. Una y otra responsabilidad —la de investigar y exigir una condena— están íntimamente relacionadas con las funciones del Ministerio Público. Resultaría contradictorio que un fiscal que puede y debe investigar un delito, llegado el momento, no pueda apelar una sentencia mediante la cual se absuelva a quienes han sido investigados y juzgados. Por el contrario, que un fiscal no pueda recurrir una sentencia absolutoria equivale a promover la impunidad; es permitir que quienes han cometido un delito de corrupción se queden con los dineros mal habidos; que quienes han estafado, robado, maltratado o causado lesiones a otra persona, entre otros muchos delitos, no solamente queden impunes, sino que se burlen de sus víctimas. Es por eso que a un fiscal no se le debe privar de la posibilidad de apelar una sentencia absolutoria, ni impedirle recurrir ante el tribunal superior que revisará la absolución para que este conozca del caso y pueda revertir, cuando proceda, tal decisión. Lo que debe quedar claro es que en la justicia penal el problema no es el Ministerio Público, sino evitar que los delitos queden impunes, sobre todo cuando se trate de delitos relacionados con la apropiación de fondos públicos y quienes se beneficiaron de ellos continúen como si nada hubiera ocurrido. Eso sería a lo que daría lugar proyectos de ley como el presentado recientemente por el diputado Luis Eduardo Camacho ante la Asamblea Nacional, por medio del cual se pretende modificar el Código Procesal Penal para declarar inapelables “las sentencias absolutorias dictadas en primera instancia y limitar la capacidad del Ministerio Público y de la querella para recurrirlas”. Promover leyes como esas sería aplaudido, desde luego, por quienes quieren ver un Ministerio Público limitado, restringido y obstaculizado en sus funciones de perseguir los delitos y exigir las condenas correspondientes. Es más que probable que quienes presentan proyectos de ley como esos desconozcan que lo que impidió que el homicidio en perjuicio del Dr. Hugo Spadafora no quedara impune se debió a que el Fiscal Superior con sede en Chiriquí de aquel entonces contó con la vía procesal que le permitió promover una solicitud para que el sobreseimiento definitivo emitido a favor de los partícipes y autores de dicho crimen fuera revisado ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que este alto tribunal decidiera, previa revocatoria del sobreseimiento, la reapertura de la investigación que había quedado inconclusa. Lo paradójico de todo esto es que los mismos que ahora promueven leyes para restringir al Ministerio Público e impedirle presentar un recurso contra una sentencia absolutoria son los mismos que hace poco sostenían que el Ministerio Público no necesitaba de más leyes para combatir la corrupción. Habrase visto. Juan Manuel Díaz [email protected] Luis Cucalón y Cristóbal Salerno. Archivo Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial JUSTICIA El Tribunal de Cuentas condenó al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Enrique Cucalón, al empresario Cristóbal Salerno y a la empresa Cobranzas del Istmo al pago de $4.4 millones. A través de una sentencia dada a conocer el pasado 12 de febrero, y que lleva la firma de los magistrados Álvaro Visuetti, Pablo Chen Vallarino y Rainier del Rosario Franco, el tribunal declaró responsables patrimonialmente a Cucalón, Salerno y Cobranzas del Istmo por haber lesionado los fondos del Estado mediante un manejo irregular y negligente de recursos económicos públicos, a través de la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2010 entre la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas y Cobranzas del Istmo para gestionar el cobro de impuestos morosos. La empresa Cobranzas del Istmo, propiedad de Salerno, fue contratada por la DGI como gestor de cobros por morosidad por un monto de $29.5 millones, pero una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la empresa incurrió en serias irregularidades en el cobro de las morosidades, entre ellas recaudaciones retenidas que no fueron pagadas, otras que se cancelaron por montos menores y en las que la empresa recibió igualmente las comisiones correspondientes. También se acreditó que Cobranzas del Istmo cobró comisiones que no se ajustaban a los porcentajes acordados en el contrato, recibió pagos de comisiones por morosidades no gestionadas y que hubo duplicidad en la cancelación de dichas comisiones. En este caso, Salerno acordó la devolución de un total de $20.6 millones, pero dicho monto no alcanzó a cubrir la totalidad de la lesión patrimonial ocasionada por los cobros irregulares realizados por Cobranzas del Istmo. Luego, a través del comiso de una serie de cuentas vinculadas a Cucalón, se logró la recuperación de otros $6.6 millones, quedando un monto líquido de $2.2 millones, al que se sumaron intereses que arrojaron el saldo final de $4.4 millones. El tribunal también dispuso la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los procesados hasta el monto de la sanción impuesta. En septiembre de 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Cucalón y a Salerno a 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, tras considerar que participaron en un esquema complejo de lavado de dinero, el cual no solo involucró el manejo de fondos ilícitos, sino que también incluyó acciones destinadas a su inserción en el mercado financiero nacional. Esta sentencia se encuentra pendiente de resolver un recurso de casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentado por la defensa de Cucalón y Salerno. Previamente, en 2018, ese mismo juzgado declaró penalmente responsable a Cucalón como autor de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, imponiéndole una pena de 96 meses de prisión, y validó un acuerdo de pena de 48 meses para Salerno, que a su vez fue reemplazado por una multa, como parte del proceso seguido por irregularidades en el cobro de impuestos morosos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo. Chorrera. Así cualquiera tiene un negocio de cisternas. PATALETA. PPC ahora reclama que el Estado panameño no ha dado respuesta al arbitraje que presentó ante la Cámara de Comercio Internacional y que ni siquiera ha designado abogados. Cuando ellos ignoraban a Panamá, era bueno. Pero ahora que es al revés, son unas víctimas.
5A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 El diputado Jorge I. Bloise, la ministra de Educación, Lucy Molinar; y la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides. Archivo Paralización del Coneaupa afecta procesos de acreditación Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Entre los expedientes pendientes se encuentran evaluaciones institucionales y procesos de acreditación de programas académicos que deben ser resueltos por el Coneaupa. La calidad de la educación superior en Panamá enfrenta un nuevo escollo burocrático. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional advirtió sobre la paralización de los procesos de evaluación y acreditación universitaria que tramita el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), situación que podría afectar el funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad académica en el país. La alerta fue planteada en una carta enviada el 9 de marzo por el presidente de la comisión legislativa, el diputado Jorge I. Bloise, a la ministra de Educación, Lucy Molinar. En la misiva, Bloise manifestó su “grave preocupación” por lo que describe como un patrón de inactividad en el consejo responsable de supervisar y acreditar las instituciones y programas universitarios en Panamá. El detonante: la cancelación de la sesión El conflicto se originó tras la cancelación de la sesión ordinaria de febrero de 2026 del Coneaupa. De acuerdo con el documento enviado por la comisión, el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) remitió observaciones a la convocatoria de la reunión pocos días antes de su celebración. Estas observaciones estaban relacionadas con aspectos administrativos, como el plazo de convocatoria, la numeración de la sesión y la redacción del orden del día. En una comunicación enviada el 4 de febrero, el viceministerio administrativo encargado del Meduca, Luis Antonio Herrera, señaló a la secretaria ejecutiva de Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides que la convocatoria debía cumplir con el plazo mínimo de cinco días hábiles de anticipación, tal como establece el reglamento interno del organismo. También observó inconsistencias en la identificación de la sesión —que aparecía con numeraciones distintas— y pidió corregir la agenda, incluyendo de forma clara las actas pendientes de aprobación. Para los diputados, se trataba de elementos formales que podían subsanarse sin necesidad de suspender la reunión. “Estas observaciones no justificaban la cancelación”, señala Bloise, al advertir que el consejo debía atender una agenda cargada de expedientes pendientes. Un día después, el 5 de febrero, el Coneaupa respondió al ministerio indicando que acogía las observaciones y procedería a realizar las correcciones correspondientes, entre ellas la identificación correcta de la sesión como Sesión Ordinaria II-2026 y la inclusión completa de las actas que debían aprobarse. El consejo también explicó que algunas inconsistencias administrativas respondían a limitaciones operativas internas, entre ellas la falta de personal administrativo suficiente para atender todos los procesos. Mora acumulada La Comisión de Educación sostiene que el Coneaupa mantiene más de 50 asuntos pendientes de resolución, de los cuales al menos 30 corresponden a expedientes que datan de finales de 2024. Según el diagnóstico planteado en la comunicación oficial, esta acumulación evidencia que la inactividad del organismo no es un problema reciente, sino un patrón que se ha repetido durante 2024, 2025 y lo que va de 2026. Entre los expedientes pendientes se encuentran evaluaciones institucionales y procesos de acreditación de programas académicos que deben resolverse por el consejo. Para la comisión legislativa, la falta de sesiones regulares del organismo puede generar consecuencias que trascienden el ámbito administrativo. Impacto en el sistema universitario El documento advierte que la paralización del Coneaupa podría provocar varios efectos en el sistema de educación superior panameño. Entre ellos se mencionan la paralización de procesos de acreditación institucional y de programas académicos; la incertidumbre jurídica para estudiantes, docentes y profesionales que dependen de estos procesos para validar su situación académica; el incumplimiento de los plazos legales para emitir resoluciones; el deterioro de los estándares de calidad universitaria; y riesgos para el reconocimiento internacional de títulos panameños. En medio de este contexto, la rectora de la Universidad Panamericana (UPAM), Damaris Candanedo, confirmó recientemente a La Prensa que esta universidad está operando con normalidad, pese a que el Meduca canceló de forma definitiva su permiso de funcionamiento. El Decreto Ejecutivo No. 5 del 26 de febrero de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino y por la ministra de Educación, establece el cierre de la universidad tras detectar “faltas graves y persistentes” a la normativa que regula la educación superior en el país. El documento fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial No. 30471-A. Según el Meduca, entre las irregularidades detectadas figuran incumplimientos en el proceso de acreditación institucional, deficiencias académicas y la reiterada falta de cumplimiento de los estándares exigidos por el Coneaupa. El decreto también señala que la universidad no ha logrado acreditarse desde 2012. A pesar de ello, figura entre las instituciones que más abogados ha graduado en el país. El marco legal La preocupación legislativa también se sustenta en lo establecido en la Ley 52 de 2015 de Panamá, norma que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esta ley establece que el Coneaupa debe celebrar al menos una sesión ordinaria mensual para atender los procesos de acreditación y evaluación de la educación superior. El reglamento interno del propio consejo también refuerza esta obligación. En su carta, Bloise solicitó que el Coneaupa convoque con la mayor brevedad posible la Sesión Ordinaria II-2026, con el objetivo de evacuar la carga de expedientes acumulados y restablecer la regularidad de las reuniones del organismo. La comisión también instó al Meduca a contribuir al funcionamiento normal del consejo y a evitar acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. El objetivo —según el documento— es garantizar que el sistema de acreditación universitaria en Panamá continúe siendo “robusto, funcional y confiable”. Hasta el momento, el Meduca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos planteados por la comisión legislativa. Con anterioridad, la ministra de Educación, reconoció que el Coneaupa atraviesa una etapa crítica que debe corregirse con urgencia y planteó la necesidad de introducir reformas legales para reactivar y fortalecer el sistema de acreditación universitaria del país. “Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar”, afirmó Molinar al referirse a la situación interna del organismo encargado de velar por la calidad de la educación superior. Antecedente A finales de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación ordenó la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades dentro del Coneaupa. La reunión había sido convocada por la ministra Molinar con el objetivo inicial de separar e investigar a la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides. Sin embargo, al final, se acordó abrir una investigación, dado que las decisiones en cuestión fueron adoptadas por el pleno del organismo. Luego de un par de intentos por separar a Terrientes, el 19 de noviembre de 2025 Molinar encabezó una reunión extraordinaria del Coneaupa que concluyó sin la apertura de una investigación disciplinaria contra la secretaria ejecutiva del organismo. El pleno rechazó, por mayoría, los cinco puntos que buscaban sustentar su separación del cargo mientras se desarrollaba un proceso administrativo en su contra. La sesión se extendió por varias horas y estuvo marcada por un ambiente de tensión, cuestionamientos éticos, criterios legales encontrados y una profunda división entre los miembros del pleno. Al cierre del debate, ninguna de las propuestas logró los votos necesarios para iniciar una investigación formal. “La neutralidad y la soberanía del Canal de Panamá deben estar por encima de cualquier duda. Esta es la opinión de la gran mayoría de los estados del mundo y también la opinión de Alemania. Además, dentro de las Naciones Unidas, Panamá es un socio fiable”. Así se expresó el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, tras su arribo a Panamá ayer, en lo que fue una primera parada de una gira que lo llevará a Guatemala y México con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con países de la región. “Queremos fortalecer nuestra asociación”, manifestó Steinmeier. “América Latina no es ningún patio trasero de nadie, es un gran espacio con su propia historia y su independencia. Y Panamá es un importante socio económico y comercial para nosotros aquí en la región”, declaró. Steinmeier, quien fue recibido por el ministro de Presidente de Alemania reafirma respaldo a la neutralidad del Canal DIPLOMACIA Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha a su llegada al aeropuerto, se reunió con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas. “El Canal de Panamá es una de las rutas más importantes para la navegación del transporte marítimo”, reconoció Steinmeier. Según la oficina del jefe de Estado germano, el foco de la gira “estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores”. Además de “promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales”. Reina Katiuska Hernández [email protected] Steinmeier se reunió ayer con el presidente José Raúl Mulino. Cortesía/Presidencia
6A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 La covid-19 fue declarada emergencia sanitaria mundial por la OMS el 30 de enero de 2020, declaratoria que fue levantada el 5 de mayo de 2023. Archivo El debate de cómo repartir vacunas en la próxima pandemia Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La OMS impulsa un tratado global para evitar que la próxima pandemia repita la desigualdad en el acceso a vacunas y tratamientos que marcó la respuesta mundial. Cuando la covid-19 golpeó al mundo, la desigualdad quedó al descubierto. Mientras algunos países vacunaban a su población en semanas, otros esperaban meses, incluso años, por dosis y tratamientos que podrían haber salvado vidas. La lección fue clara: la próxima pandemia no puede encontrarnos desprevenidos. Hoy, la mirada internacional se dirige a Ginebra. En las próximas semanas, los países definirán las reglas que determinarán quién tendrá acceso prioritario a vacunas, diagnósticos y tratamientos ante la siguiente crisis sanitaria global. La tensión es palpable: los debates sobre equidad y compromisos vinculantes siguen abiertos, y nadie quiere repetir los errores del 2020. Hasta mayo de 2026, los Estados deben cerrar los detalles del nuevo Acuerdo sobre Pandemias, un tratado impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca garantizar una respuesta más justa, coordinada y efectiva ante futuras emergencias sanitarias. En el corazón de estas negociaciones está un elemento clave: el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios, conocido como PABS. El Anexo PABS: el corazón de la negociación El punto más delicado del tratado es el PABS. Su objetivo es sencillo, pero crucial: asegurar que los países que compartan muestras de virus o información genética reciban acceso oportuno a las vacunas, diagnósticos y tratamientos desarrollados a partir de esos datos. Sin la aprobación de este anexo, que se estableció junto con el tratado en 2025, el acuerdo no puede entrar en vigor. Por eso, a medida que se acercan nuevas rondas de negociaciones, organizaciones de salud pública advierten que algunos actores internacionales aún dudan ante compromisos vinculantes de equidad sanitaria. El temor es evidente: sin reglas claras, se podría repetir lo que ocurrió durante la covid-19. Los países con mayor poder de compra tendrían acceso temprano a vacunas y tratamientos, mientras gran parte del resto del mundo tendría que esperar meses o años para recibir suministros esenciales. El PABS busca resolver uno de los dilemas más visibles de la pandemia: la relación entre el intercambio científico y el acceso a los beneficios derivados de ese conocimiento. Cuando un país detecta un nuevo virus y comparte sus muestras o su secuencia genética con la comunidad internacional, esa información se convierte en la base para desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos. Durante la covid-19, declarada emergencia sanitaria mundial por la OMS el 30 de enero de 2020 y levantada el 5 de mayo de 2023, muchos países que aportaron datos cruciales no fueron los primeros en recibir los productos desarrollados a partir de ellos. El mecanismo que se negocia busca cambiar esa dinámica. La propuesta establece que las empresas farmacéuticas que utilicen muestras o información obtenida a través del sistema global deberán reservar el 20% de su producción en tiempo real durante emergencias sanitarias para distribución a través de la OMS. De ese porcentaje, 10% se donaría a países con mayores necesidades de salud pública y otro 10% se vendería a precios asequibles. A diferencia de mecanismos como COVAX, que funcionaron de manera voluntaria durante la pandemia, el PABS tendría carácter vinculante, con compromisos formales que garanticen una distribución más equitativa. “No se trata solo de producir vacunas; se trata de que todos los países tengan acceso justo y oportuno”, señaló Natasha Dormoi, coordinadora de Aids Healthcare Foundation (AHF) en Panamá. Dormoi advirtió que algunos bloques de países, especialmente dentro de la Unión Europea, mantienen reservas frente a obligaciones estrictas para los fabricantes. Panamá en la escena global Desde Panamá, la negociación se sigue con especial atención. El país cuenta con capacidad de vigilancia epidemiológica, aunque no produce vacunas a gran escala. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) ha expresado su respaldo al mecanismo de distribución equitativa y considera que su aprobación sería clave para fortalecer la preparación ante futuras emergencias sanitarias. El PABS garantizaría a Panamá el acceso al 10% de suministros donados y otro 10% a precios asequibles, una medida que podría significar una garantía real de acceso oportuno a herramientas médicas en situaciones críticas. El país también dispone de capacidades técnicas para detectar, secuenciar y compartir patógenos con potencial pandémico, un componente esencial del sistema de cooperación científica que impulsa la OMS. Estas capacidades se concentran principalmente en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), uno de los centros científicos más importantes de la región. Recientemente, el Gorgas fue designado por la OMS como Centro Colaborador para la Vigilancia Genómica de Patógenos Epidémicos y Pandémicos, un reconocimiento que destaca su trayectoria en el análisis y seguimiento de virus emergentes. Durante emergencias sanitarias, sus laboratorios han desempeñado un papel clave en el monitoreo genético de patógenos y en el intercambio de información con redes científicas internacionales. Especialistas advierten, sin embargo, que mantener y ampliar estas capacidades requiere inversiones sostenidas en capacitación de personal, actualización de equipos de secuenciación y disponibilidad constante de reactivos e insumos de laboratorio. Fortalecer estos componentes permitirá mejorar la detección temprana de amenazas sanitarias y la contribución científica de Panamá a la respuesta global. Un acuerdo histórico En un momento clave para la salud global, Panamá fue una de las 124 naciones que aprobaron el acuerdo internacional histórico impulsado por la OMS durante la 78ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. La decisión busca fortalecer la preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias y reafirma el compromiso del país con el multilateralismo y la cooperación internacional. El acuerdo, resultado de más de tres años de negociaciones marcadas por tensiones geopolíticas y debates sobre equidad en el acceso a vacunas y tratamientos, fue aprobado en mayo de 2025. De los 181 Estados miembros con derecho a voto, 124 votaron a favor, 11 se abstuvieron y 46 no participaron. Panamá estuvo representada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó durante su intervención la importancia del multilateralismo y el papel de la OMS. “Apoyamos todos los esfuerzos encaminados al fortalecimiento y mejora del desempeño de la OMS, para que podamos enfrentar juntos los desafíos que nos depara el futuro”, señaló Boyd Galindo. Además, el tratado establece la Red Global de Logística y Suministros (GSCL Network), que busca evitar el colapso en la distribución de insumos médicos críticos, un problema que se evidenció durante la pandemia de covid-19, indicó. La lección de la covid-19 La covid-19 puso en evidencia profundas desigualdades en el acceso a herramientas médicas esenciales. Durante los primeros meses de vacunación, los países más ricos acapararon las dosis, mientras muchos países de ingresos medios y bajos tuvieron que esperar meses, incluso más de un año, para recibir vacunas. En varias regiones, las campañas de inmunización dependieron de donaciones o mecanismos internacionales que tardaron en consolidarse. El nuevo Acuerdo sobre Pandemias busca corregir estas fallas estructurales, estableciendo reglas más claras para la cooperación internacional, mejorando la detección temprana de brotes y garantizando acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos. A medida que se acerca la fecha límite de mayo de 2026, la atención mundial se centra en Ginebra. Las decisiones que se tomen allí definirán si el mundo logra establecer reglas más justas para enfrentar la próxima pandemia o si, ante una nueva crisis sanitaria, volverán a repetirse las desigualdades que marcaron la respuesta al covid-19. Panamá se mantiene firme en su compromiso con la cooperación internacional, la ciencia y la equidad como herramientas fundamentales para enfrentar desafíos sanitarios globales. La combinación de su capacidad de vigilancia, el respaldo al PABS y su participación activa en la OMS coloca al país en una posición estratégica para proteger la salud de su población y contribuir al bienestar global, asegurando que, en la próxima pandemia, nadie quede atrás. La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con The New York Times. Según dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores. La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario. Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros Un acuerdo entre EUA y Cuba pasaría por la salida del poder de Díaz-Canel CRISIS de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país. Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría. Trump afirmó ayer que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado. Por su parte, Díaz-Canel confirmó a medios locales que hay contactos con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado. Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, en medio de la profunda crisis energética que la isla atraviesa desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social. EFE. WASHINGTON, EUA Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de Justicia y su decisión sobre el contrato-ley que regulaba la concesión de dos terminales portuarias en ambos extremos del Canal. La incertidumbre jurídica trajo dudas sobre la efectividad del período de transición de 18 meses antes de que se defina una nueva concesión. Mientras el país debatía hacia adentro, el mundo tenía otros retos. En febrero, el estrecho de Ormuz amaneció cerrado al tránsito. Por ese angosto corredor fluye más del 21% del consumo mundial de derivados del petróleo y un tercio del gas natural licuado del planeta. Su cierre no es una estadística abstracta: es la antesala de un encarecimiento en cadena que afecta desde el combustible hasta el precio de los productos en los supermercados de cualquier ciudad del mundo. En marzo, importantes navieras suspendieron sus tránsitos por el Canal de Suez ante el deterioro de la seguridad en las zonas adyacentes. El Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, se convirtió en alternativa obligada: más segura, pero también más larga, más costosa y más lenta. En ese escenario de rutas perturbadas, Panamá emerge como una constante confiable. Las tensiones internacionales generan un aumento esperado en los tránsitos de gas natural licuado con destino a Asia, Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Mea culpa presidencial: Boric y Panamá Responsabilidad política dato ha ofrecido un mea culpa comparable: no ha habido balances autocríticos estructurados ni reconocimientos públicos de errores puntuales en la gestión, ni declaraciones de responsabilidad exclusiva por escándalos, fracasos o promesas incumplidas. Los discursos de despedida han enfatizado los avances del período, la transición democrática, la modernización económica, la devolución del Canal, el crecimiento y la estabilidad, sin entrar en la autocrítica sobre casos emblemáticos, demoras en crisis o errores de gestión. El pasado gobierno, por ejemplo, optó por un tono emotivo de gratitud y resaltó logros frente a dificultades, pero los análisis coincidieron en que fue un mensaje sin autocrítica: no admitió fallos específicos en el manejo de la pandemia, en promesas económicas ni en temas de corrupción o infraestructura. Panamá enfrenta desde hace décadas problemas estructurales profundos: corrupción endémica que erosiona las instituciones, elevada desigualdad social que deja a amplios sectores en situación de vulnerabilidad, deficiencias crónicas en infraestructura y servicios básicos, desafíos en la gestión migratoria y tensiones sociales acumuladas que han debilitado la confianza ciudadana. En este contexto, un reconocimiento público de errores como el realizado por Boric no solo contribuiría a la reconciliación nacional, al sanar heridas históricas y reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados, sino que también ayudaría directamente al pueblo y no al gobierno entrante, al priorizar la honestidad política y la rendición de cuentas por encima de Tomás Cristóbal Alonso El Canal de Panamá y la responsabilidad de un país puente Plataforma logística Busca en cualquier mapa del mundo un punto donde dos océanos plenos —el Atlántico y el Pacífico— estén separados por apenas 82 kilómetros de tierra. No lo encontrarás en ningún otro lugar. Esa singularidad geográfica, combinada con condiciones excepcionales para la navegación, convirtió a Panamá en el eje sobre el que gira buena parte del comercio global. Hoy cerca del 6% del intercambio mundial pasa por nuestras aguas, conectando los mercados del Pacífico asiático con la costa este americana y Europa. El Canal y sus puertos no son solo infraestructura; son la columna vertebral de una plataforma logística de clase mundial. Solo en 2025 se movilizaron 9.9 millones de contenedores de veinte pies equivalentes (TEUs), un crecimiento del 3.6% respecto a 2024, según la Autoridad Marítima de Panamá. El ritmo es más moderado que el salto del 15.1% registrado el año anterior, pero los resultados hablan por sí solos: dos puertos panameños siguen figurando entre los cinco más importantes de América Latina, según el ranking Lloyd’s List One Hundred Ports 2025. 2026 arrancó con señales de que el entorno global se complica. En enero, la atención interna se concentró en la Corte Suprema que se suman a los más de 2.3 millones de barriles que ya cruzan el Canal diariamente. Y el momento no podría ser mejor: los lagos del Canal operan con capacidades óptimas, listos para absorber ese incremento de demanda. Lo que protege esa confianza no es solo la geografía. Es la neutralidad permanente del Canal, un principio que ha sobrevivido crisis hídricas —como la de 2023— y turbulencias geopolíticas, y que sigue siendo el activo más valioso que Panamá ofrece a sus usuarios: previsibilidad en un mundo impredecible. Como panameños, proteger el tránsito pacífico por nuestras aguas no es un gesto diplomático; es una responsabilidad estratégica. Mantener ese liderazgo exige más que neutralidad nominal. Los puertos de Colón y Balboa solo son superados en movimiento de contenedores por el puerto de Santos, en Brasil. Esa posición privilegiada dentro del continente no se sostiene sola: requiere inversión continua en la infraestructura existente e integración con nuevas conexiones aéreas, terrestres y marítimas que amplíen y profundicen nuestra plataforma logística. Pero ninguna infraestructura rinde sin el talento que la opere. El futuro logístico de Panamá depende, en última instancia, de su capital humano. En un siglo XXI marcado por la tecnología, la volatilidad y la interconexión, las alianzas académicas y la capacitación continua no son un lujo: son condición de competitividad. La sostenibilidad del Canal empieza en las aulas. Preparar a quienes heredarán esa responsabilidad es, sin duda, la tarea más urgente que tenemos por delante. Opinión LA AUTORA forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación. EL AUTOR es abogado. cualquier cálculo de imagen o continuidad partidaria. Además, la mayoría de los expresidentes panameños acuden a programas de televisión y a sus redes sociales para ofrecer soluciones una vez fuera del poder, pese a que muchos de los problemas actuales se originaron durante sus mandatos. Estos problemas no nacen de la nada y, en gran medida, fueron creados por la falta de atención a las demandas, necesidades y derechos de la población. Esa diferencia refleja dos estilos políticos y culturales distintos: uno que incorpora la rendición de cuentas personal como parte del cierre democrático, y otro que prioriza la continuidad y la imagen de éxito al dejar el Palacio de las Garzas. Hasta la fecha, Panamá sigue esperando un mea culpa presidencial como el que ofreció Boric. Desde la filosofía del derecho, la diferencia adquiere mayor profundidad. Ronald Dworkin, en El imperio del derecho, sostiene que la integridad del sistema jurídico exige que los gobernantes actúen con coherencia moral y asuman públicamente sus errores para preservar la legitimidad democrática y la confianza ciudadana; un mea culpa como el de Boric sería, en su teoría, un acto de integridad que fortalece el derecho mismo. H. L. A. Hart, en El concepto de derecho, distingue las reglas secundarias de reconocimiento y adjudicación, subrayando que sin mecanismos claros de rendición de cuentas el poder cae en el arbitrio y pierde su carácter normativo. Norberto Bobbio, por su parte, afirma que la responsabilidad política explícita no es una debilidad, sino un requisito esencial para que el derecho cumpla su función de limitar y legitimar el poder. En suma, sin dejar de lado las críticas que puedan hacerse a cualquier gobierno sobre el cumplimiento de sus promesas o la continuidad de políticas, el caso chileno de Boric eligió cerrar su mandato con una autocrítica honesta y específica. Ese gesto encarna principios de integridad, rendición de cuentas y Estado de Derecho; a la larga representa un acto de dignidad y reconocimiento hacia el electorado, y en un país como Panamá, con graves problemas estructurales, podría mejorar la reconciliación nacional y beneficiar directamente a la población. Con el cambio de gobierno en Chile se produjo un gesto pequeño en apariencia, pero de gran significado: al entregar el poder, el presidente saliente Gabriel Boric protagonizó un cierre de mandato inédito en la región: un mea culpa público, claro y detallado. En su última cadena nacional y en una entrevista asumió responsabilidad exclusiva por errores concretos: las demoras en el caso Monsalve —“no hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos que tenía que hacerlo”—, la fallida compra de la casa de Salvador Allende, el fracaso del primer proceso constituyente, al que calificó como “derrota política”, las promesas pendientes como el fin del CAE y la sala cuna universal, y el manejo de los indultos y el caso Convenios. Lo hizo con frases directas como “en ambos casos asumo la responsabilidad” y “es responsabilidad exclusiva mía”, mientras defendía logros generales y se despedía “con la frente en alto y las manos limpias”. Ese gesto generó amplio debate porque rompió con la tradición de balances triunfalistas y se constituyó en un acto de dignidad y reconocimiento hacia el electorado, además de representar honestidad política. Reconocer errores implica admitir que ni los presidentes ni los gobiernos son seres perfectos; equivocarse no es buscar culpables, sino alejarse del falso orgullo. En ese sentido, la autocrítica pública se presenta como un acto de sinceridad y de respeto hacia la ciudadanía. Panamá, en cambio, muestra un panorama radicalmente distinto. Desde la restauración democrática en 1989, ninguno de los expresidentes que completaron su manLa posición geográfica de Panamá y la neutralidad del Canal sostienen una plataforma logística global cuya competitividad dependerá cada vez más de inversión, estabilidad jurídica y capital humano. Eymi Garriga El reconocimiento público de errores por parte del expresidente chileno Gabriel Boric reabre el debate sobre la ausencia de autocrítica presidencial en Panamá desde la restauración democrática. Doña Rosa, mi divisa El oficio de escribir El mismo día que falleció el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique en Lima, moría en Madrid el periodista y escritor español Raúl del Pozo: dos pinchazos en el corazón de lector, arañazos en la piel de escritor. Ese mismo día, por la tarde, recibí un mensaje de un amigo desde Panamá: “Te cuento, mi abuela tiene 96 años y lee tus columnas. Se llama Rosa Samaniego… Felicidades”. Me conmovió saber que al otro lado, doña Rosa, lee lo que escribo. Al día siguiente, el periodista español David Álvarez compartía la primera columna de Raúl del Pozo en el diario El Mundo. Años de grandísima experiencia como cronista y escritor terminaban recalando en el diario que dirigía Pedro J. Ramírez en 1994. En esa primera columna (Una rosa sucia y eterna) escribió lo siguiente, que creo, como David, que aguanta el paso del tiempo: “Lo primero y principal porque tengo lectores. Ellos y mi nombre y mi apellido son mi única industria. (…) Ahora, el que escribe no tiene más abrigo que los lectores”. Raúl del Pozo, entre tantas grandezas, ocupó, tras la muerte de Francisco Umbral, el espacio de su columna en “la última” de El Mundo, tan leída y celebrada entonces, que me pareció una locura aceptar semejante tarea, pero si alguien podía hacer algo grande desde ese vacío literario y periodístico era él, y lo hizo teniendo como “única industria” su nombre, sus apellidos y sus lectores. Le dije a David Álvarez que las palabras de Raúl del Pozo bien pueden ser una divisa para los que de verdad quieran escribir con dignidad y oficio: “Ahora, el que escribe no tiene más abrigo que los lectores”, y es verdad, y yo tengo en doña Rosa mi divisa, mi lectora, y con esa conciencia y el magisterio de Raúl y otros tantos que hacen bien su oficio, aquí y allá, seguiremos escribiendo. A la memoria de Raúl del Pozo, con un abrazo para sus amigos. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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