2A La Prensa Panamá, martes 17 de marzo de 2026 El Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional en Calidonia. Archivo Sin oficinas, pero con planilla: el destino del personal de participación ciudadana Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, confirmó que todas las oficinas de participación ciudadana fueron cerradas y que su personal fue reubicado en otras entidades públicas. Las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, según Jorge Herrera, presidente de ese órgano del Estado, ya no existen. Todas cerraron. Así lo contó Herrera durante la última sesión de la Comisión de Presupuesto, reunión que se desarrolló el jueves 12 de marzo. Ante los diputados, el jefe del Legislativo contó que la institución clausuró cada uno de esos locales en el país y reubicó a su personal en otras entidades públicas. El tema encendió el debate El asunto entró a la agenda de la Comisión de Presupuesto porque la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, pidió detalles sobre el destino de esos funcionarios. “¿Cuántas (oficinas) siguen abiertas hasta la fecha?”, preguntó. “Ninguna”, respondió Herrera. Entonces la diputada le lanzó otra pregunta: “¿Qué ha pasado con el personal que laboraba en esas oficinas?”. “Muchos han ido a instituciones públicas, muy pocos a juntas comunales y a alcaldías, para que no se esté especulando que se está protegiendo a nadie. Y esos funcionarios le rinden informes a los directores provinciales de las diferentes instituciones que representan”, narró. También contó que esas oficinas fueron cedidas a fundaciones que atienden a jóvenes y niños. Enseguida, Prado pidió información sobre los convenios. “Ya hay bastante avance en los mismos. A través de Recursos Humanos, a través de la Oficina de Participación Ciudadana acá de la Asamblea, se están haciendo los convenios respectivos”, respondió Herrera. Para la diputada Prado, el tema encarna un problema administrativo, pues la institución paga salarios a trabajadores que hoy prestan servicios en juntas comunales, escuelas u otras dependencias donde el Legislativo no ejerce supervisión directa. Prado planteó una salida sencilla: si el personal trabaja en esas entidades, dijo, lo correcto sería trasladarlo formalmente a sus planillas. ‘Sensibilidad social’ Herrera defendió la decisión con un argumento distinto. Habló de “sensibilidad social”. Según explicó, cerca del 90% de los funcionarios pertenece a la carrera legislativa y muchos enfrentan situaciones familiares complejas, entre ellas enfermedades graves. Por esa razón, añadió, la administración optó por permitir que permanezcan en sus provincias y laboren desde instituciones locales. “Yo soy de los diputados que atiende a su gente los fines de semana. Hace unos cuatro o cinco meses llegó a mi oficina una señora de una provincia. Ese día yo tenía unas 300 personas esperando. Cuando llegué, a las 6:45 de la mañana, ella fue la primera a la que atendí. Después me enteré de que había llegado desde las 11 de la noche para apartar un cupo. Si yo fuera doctor, estaría por las nubes”, relató. El diputado contó que, al escucharla, le preguntó de dónde venía. “Me dijo que era de tal provincia. Le respondí que yo no soy diputado de ese circuito. Entonces me explicó: ‘Diputado, usted fue quien me trasladó a la capital. Yo soy funcionaria de Participación Ciudadana’”. Según el relato, la mujer le contó que su hija está enferma y que además tiene una niña de tres años bajo su custodia porque el padre nunca se hizo cargo. “Yo nada más me eché para atrás y pensé: ‘Dios, ¿por qué me ponen estas pruebas?’”, dijo. El diputado agregó que la mujer le pidió comprender “la parte social y moral” del caso. El presidente de la Asamblea también aseguró que los trabajadores deben cumplir jornadas de ocho horas y entregar informes a los directores provinciales de las entidades donde prestan servicios. También adelantó que la institución prepara convenios para formalizar esa relación laboral. ¿Cuántos son? ¿Cuántos funcionarios de Participación Ciudadana hay? Hasta el momento se desconoce la cifra. En mayo de 2025, el contralor Anel Flores dijo que en Chitré, provincia de Herrera, por ejemplo, había 36 funcionarios en esas oficinas. “¿Qué hacen? Nadie sabe”, expresó en ese momento, y agregó que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más. En Veraguas, según información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por la diputada Prado, había 59 personas. ‘La voz de la comunidad’ El cierre de esas oficinas, sin embargo, no logró consenso dentro del hemiciclo. Benicio Robinson hijo, suplente de su padre Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lamentó la desaparición de esos espacios. Los describió como “la voz latente en la comunidad” y advirtió que algunos sectores buscan eliminarlos para quedarse con los puestos de trabajo asociados a esas estructuras. También elogió la forma en que Herrera ha manejado el tema frente a lo que llamó visiones “retrógradas”. Desde otra orilla, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, cuestionó la medida. Recordó que la participación ciudadana suele presentarse como un instrumento de transparencia y preguntó por qué la Asamblea decide cerrar justamente esos espacios. Las dudas legales Para el abogado Rodrigo Noriega, el cambio abre interrogantes legales y administrativas. Noriega explicó que, cuando se eliminaron estas oficinas, el Legislativo debió formalizarlo mediante algún instrumento jurídico, como una resolución de la junta directiva o del pleno. Ese mismo documento, añadió, tendría que definir el destino del personal que trabajaba en esas sedes. El abogado cuestionó además la situación de los funcionarios que pertenecen a la carrera legislativa pero ahora prestan servicios en otras entidades. “Si son funcionarios de carrera legislativa, están obligados a dar sus servicios en la Asamblea Nacional”, advirtíó. A su juicio, el esquema también puede crear conflictos institucionales. La Asamblea, recordó, tiene la función de fiscalizar la ejecución del presupuesto y las políticas públicas del Ejecutivo. “¿Cómo voy a fiscalizar programas del gobierno si tengo personal nombrado en esas mismas entidades?”, preguntó. El abogado advirtió además que esos funcionarios deberían responder administrativamente tanto a la Asamblea, que paga sus salarios, como a las instituciones donde trabajan, lo que exige controles formales de asistencia y desempeño. Más allá del debate político, Noriega considera que el tema revela un problema mayor: un posible exceso de personal en la planilla legislativa. “Es sumamente preocupante, porque da la impresión de que la Asamblea tiene más personal del que necesita y busca fórmulas para mantenerlo en la planilla”, concluyó. Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) denunciaron presuntas irregularidades en la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto que maneja la institución. De acuerdo con Edith Rivera y Lely Miranda, el proceso para aprobar el presupuesto debe iniciar con la redacción de un documento denominado “Proyecto de Presupuesto”, que debe ser presentado y aprobado por cada una de las facultades. Según señalaron, este procedimiento no se respeta. Rivera explicó las autoridades omiten el primer paso del proceso y presentan directamente el presupuesto ante el Consejo Administrativo y el Consejo General. Después, el documento es enviado al Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde termina convirtiéndose en ley. Las declaraciones de la docente fueron ofrecidas en el programa Noticias 180 Minutos. A juicio de las docentes, este procedimiento dificulta el trabajo de las facultades, ya que al no ser tomadas en cuenta en la elaboración del presupuesto, se ignoran las necesidades de los profesores y de los estudiantes. Rivera también señaló que, aunque la Unachi ha recibido presupuestos de hasta 10 millones de dólares en rubros específicos, muchos docentes desconocen el destino real de esos fondos. “Tenemos profesores con sobrecarga laboral”, expresó Rivera. Explicó que esta situación afecta principalmente a los docentes contratados a tiempo parcial: “A profesores a los que solo se les pagan 12 horas les asigDocentes alertan que presupuesto de la Unachi carece de aval de facultades DENUNCIA nan hasta 30 horas de trabajo; todo esto para que la universidad pueda ahorrar”. La docente añadió que cuestionaron directamente a la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, sobre el tema y que esta les respondió que ese es un asunto que debe tratarse con cada decanato y no con su despacho. Rivera también mencionó que, aunque existe el término “anteproyecto de presupuesto”, este no es definitivo y suele sufrir modificaciones sin consulta previa. Rivera indicó que el tema fue planteado en el marco del Consejo de Gabinete Logístico realizado recientemente en Barú y encabezado por el presidente José Raúl Mulino. Según dijo, en ese momento se les informó que serían atendidos por el contralor general, Anel Flores. La docente señaló que ya enviaron una nota formal al número y despacho proporcionados, pero tras esperar varias semanas, aún no reciben respuesta. No obstante, manifestó que esperan ser recibidos próximamente. Asimismo, advirtió que visitarán la Asamblea Nacional para alertar a la Comisión de Presupuesto sobre la situación. Alis Fernández [email protected] Sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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