1A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 7 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15313 La cara del ‘Escudo de las Américas’ enla cumbre de Trump La ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos encabeza el Escudo de las Américas en la cumbre hemisférica impulsada por Donald Trump. José Raúl Mulino es uno de los 12 presidentes invitados. No estarán México, Colombia y Brasil. Kristi Noem. EFE Juez levanta medida que limitaba el derecho a informar La juez de garantías América Vergara revocó la orden de protección que impedía a la periodista Sabrina Bacal informar sobre Roberto y Ramón Carretero Napolitano. VEA 4A Funeral de Jesse Jackson El último adiós a un símbolo de los derechos civiles El mundo despidió ayer en Chicago, Estados Unidos, al reverendo Jesse Jackson (1941-2026), uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y colaborador cercano de Martin Luther King Jr. En el funeral participaron figuras políticas como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, Joe Biden y Barack Obama; así como la exvicepresidenta Kamala Harris. Clinton dijo que Jackson “sabía empujar muy bien hacia el cambio” mientras Obama describió al dos veces aspirante a la Presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, como alguien que “instintivamente entendió que el éxito individual no es nada a menos que todo el mundo sea libre”. Hoy por hoy La reciente decisión judicial que dejó sin efecto la restricción que impedía a la periodista Sabrina Bacal informar sobre los hermanos Carretero Napolitano merece una reflexión más amplia que el caso puntual. El debate no se limita a una controversia entre particulares. Lo que estuvo en juego fue el principio esencial de que, en una democracia, la libertad de informar no puede ser limitada mediante mecanismos que se asemejen a la censura previa. Las instituciones no son infalibles. Los errores o excesos pueden ocurrir. Lo importante es que existan mecanismos que permitan revisarlos y corregirlos. En este caso, la intervención de un juez de garantías permitió reexaminar una medida que generó preocupación entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión. Ese proceso de revisión es precisamente lo que fortalece el Estado de derecho. Cuando el sistema judicial corrige decisiones que afectan libertades fundamentales, no se debilita: se legitima, porque en esa rectificación se materializa el Estado de derecho. La democracia se sostiene, en buena medida, sobre esa capacidad institucional de rectificar. Ellas.pa Lo que debes saber del implante subdérmico 5B Panamá desperdicia oportunidades 4B Deportes Panorama Mulino designa a unanueva directora de la Senniaf 2A Economía CK Hutchison alega que Panamá ‘ignora’ sus reclamos 1B Material minero expuesto genera alerta ambiental Reyna Katiuska Hernández [email protected] El cuarto informe de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá, elaborado por SGS y publicado por el Ministerio de Ambiente, reporta un avance de 66.37% en la verificación del cumplimiento AUDITORÍA El cuarto informe de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá reporta un avance de 66.37% y advierte que materiales a la intemperie podrían generar drenaje ácido y liberar metales a aguas cercanas. ambiental, legal y operativo del proyecto en Donoso. El documento advierte que material minero de “mediana y baja ley” extraído y expuesto a la intemperie podría generar drenaje ácido, con riesgo de liberar metales a aguas superficiales y subterráneas. También identifica limitaciones en el monitoreo de vida acuática y vacíos en la trazabilidad de información biológica. Pese a ello, se registran áreas de cumplimiento en mantenimiento geotécnico y uso del suelo. El informe final, con los hallazgos consolidados, se presentará en abril en 14 tomos técnicos que evaluarán pasivos ambientales y cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. VEA 5A La Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) solicitó a la la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) investigar los aumentos recurrentes en planes de telefonía, internet y televisión aplicados por Tigo y Cable & Wireless. Aunque los incrementos fueron notificados a los usuarios, el regulador busca determinarsiafectanlalibre competencia en el mercado. VEA 1B CONSUMIDOR ASEP pide investigar aumentos de Tigo y C&W
2A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a la abogada Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio de cuestionamientos a la institución por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer, cuenta con experiencia vinculada al área, informó la Presidencia. Durante su trayectoria profesional laboró en el Ministerio Público como funcionaria de instrucción sumarial en delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado Civil, relacionados con casos de violencia doméstica y maltrato al menor. “La designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas. Además, fue vicecónsul en Miami y asesora legal de la Caja de Seguro Social”, destacó la Presidencia. Cárdenas es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio. La designación ocurre mientras la Senniaf enfrenta un proceso de revisión institucional. La entidad anunció que iniciará una investigación sobre los hechos relacionados con el Centro Mulino designa a Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf CRISIS de Atención Integral (CAI) de Tocumen y realizará inspecciones en ese albergue y en otros centros de la institución. La medida fue solicitada por la junta directiva de la Senniaf tras una serie de evaluaciones sobre el funcionamiento de la entidad, según informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dirigido por Beatriz Carles, quien también preside la junta directiva de la institución. Según la nota oficial, las inspecciones han documentado hallazgos relacionados con las condiciones de infraestructura y la prestación de servicios de cuidado y atención en los albergues. El caso cobró relevancia pública luego de que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentara en febrero una denuncia tras detectar presuntas irregularidades en el albergue del Senniaf en Tocumen. Federico Suárez, uno de los principales imputados. Elysée Fernández Fiscalía sustenta que el delito de peculado ya está acreditado Eliana Morales Gil [email protected] Alis Fernández José González Pinilla [email protected] PRESUNTO PECULADO En el cuarto día del juicio por presunto peculado en el Casco Antiguo y la avenida Domingo Díaz, la fiscal Thalia Palacios explicó que la fiscalía busca acreditar la responsabilidad individual de los acusados. Testigos en el estrado, fiscalía tomando nota y nueve imputados al fondo de la sala. Así transcurrió el cuarto día del juicio por el presunto peculado en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la avenida Domingo Díaz, una jornada en la que los expertos de la defensa explicaron ante el tribunal cómo operan los procesos de contratación pública y cuál es el rol que cumplen las comisiones evaluadoras en proyectos de infraestructura. La defensa sube al estrado La jornada arrancó a las 9:00 a.m. con la exposición de los testigos convocados por los abogados defensores. Uno de ellos fue Juan Jesús Cedeño, testigo técnico requerido por Abril Arosemena, defensora de Juan Manuel Vásquez, quien fue miembro de la comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas. Cedeño es director legal de la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. y especialista en contrataciones públicas y derecho administrativo. También declaró como testigo técnico en el juicio del caso Odebrecht, el proceso del que se desprende esta causa. Durante su testimonio, Cedeño respondió preguntas sobre la figura del contratante, fue consultado sobre quién fija los precios de una obra y ahondó sobre el rol de la comisión evaluadora. Manifestó que esta comisión no puede salirse de los criterios que el contratante le establece. También le preguntaron si la Contraloría General de la República cuenta con personal para establecer precios de obras. Sobrecostos por encima de los $98 millones Los proyectos en el centro del debate son grandes obras públicas. Según la Contraloría, el presunto sobreprecio en el Casco Antiguo asciende a $51.4 millones y a $47.3 millones en la ampliación de la Avenida Domingo Díaz. El primero fue adjudicado a Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); el segundo, al consorcio Ica-Meco. Parte de la teoría de la Fiscalía Especial Anticorrupción descansa sobre el informe de auditoría de la Contraloría que determinó supuestos sobrecostos en los precios de esas obras. ‘El delito ya se da por sentado’ Mientras la defensa construía su relato desde el estrado, la fiscal Thalia Palacios habló con La Prensa durante el receso del mediodía y fue contundente: para el Ministerio Público, el delito de peculado ya está acreditado. Lo que viene ahora es demostrar la responsabilidad penal individual de cada imputado. “A juicio del Ministerio Público y con el auto de llamamiento de la juez tenemos un delito acreditado y que ya se da por sentado. Lo que nos corresponde en esta fase es acreditar ese conocimiento o la vinculación de responsabilidad penal que acarrea cada una de las personas que está siendo investigada”, señaló Palacios. Sobre el sustento probatorio, la fiscal explicó que el Ministerio Público no descansa en una sola evidencia. “Tenemos que hacer una valoración en conjunto de todos los elementos de convicción, no solamente el audito forense que ha presentado la Contraloría General de la República, sino también declaraciones juradas que han rendido personas, inclusive información que se ha pedido a otras instituciones públicas, también algunas pruebas trasladadas que constan dentro de la investigación”, detalló. Palaciostambiénserefirió al papel que jugaron los testigos expertos en la jornada. “Han dado explicaciones al tribunal relacionadas a cómo se dan los procedimientos de las contrataciones públicas, específicamente en temas como los proyectos de reordenamiento vial, y han expuesto cómo funcionaban las comisiones evaluadoras y cómo se daban los temas de financiamientos”, describió. El deber de garante de las comisiones Sobre las comisiones evaluadoras, la fiscal fue precisa al definir su responsabilidad dentro del proceso. “La comisión evaluadora es la encargada de verificar que se cumpla con todos los requerimientos técnicos para cada uno de los proyectos, y esto ellos ejercen un deber de garante en atención a la ley de contrataciones”, afirmó. Consultada sobre qué cargos enfrentan los miembros de esas comisiones, Palacios indicó que “el Ministerio Público imputó cargos por delitos de peculado”, y adelantó que los detalles sobre la participación de cada imputado se expondrán durante los alegatos. Los alegatos arrancan el martes La Fiscalía estima iniciar esa fase la próxima semana. “Los alegatos deberíamos estar iniciándolos el día martes, que debe empezar fiscalía”, dijo Palacios. En esa etapa, el Ministerio Público tendrá que explicarle al tribunal el grado de conocimiento que tenía cada uno de los acusados. “El Ministerio Público deberá explicarle al tribunal cuál es el conocimiento que tenían cada una de estas personas con la comisión del delito, que al final da con el delito de peculado que hemos estimado”, precisó. Lecciones para el país Al cierre de la entrevista, la fiscal reflexionó sobre las lecciones que deja el proceso para el país en materia de contratación pública. “Nos deja varias lecciones, sobre todo en la forma en que nuestras instituciones deben organizarse de manera interna para no permitir que se puedan dar manejos de los costos estimados o de los precios que tienen cada uno de los proyectos”, dijo. Y añadió: “definitivamente hay muchos retos en materia de contratación pública que deben ser aplicados dentro de la transparencia y rendición de cuentas que tenemos como país”. Habla un defensor Mientras que Rosendo Miranda, abogado del acusado Federico José “Pepe” Suárez, que fue ministro de Obras Públicas en los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), se mostró confiado en que los testimonios de esta etapa permitirán aclarar decisiones administrativas que, a su juicio, la fiscalía interpreta erróneamente como actos delictivos. “Un grupo de 10 personas enfrentó restricciones de su libertad y medidas cautelares severas. Mi cliente sufrió detención preventiva. Eso dista de ser justicia, pero confiamos en encontrar la verdad en este estrado”, declaró Miranda antes de ingresar a la sala. Además de Suárez, también están acusados Jorge “Churro” Ruiz, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Lilibeth Cárdenas Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Thalia Palacios. Archivo
3A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026
4A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 Panorama Desde hace meses, la politóloga y comunicadora social Sabrina Bacal no puede escribir, informar, reportar o mencionar por sus nombres a miembros de una familia enquistada en el poder y con antecedentes que son una verdadera vergüenza. El Ministerio Público le ha prohibido hacerlo, simplemente porque así le fue solicitado a una fiscal que, sin miramientos, le concedió el deseo. Ahora Sabrina tiene una prohibición que le impide expresarse libremente. Si esto no es censura previa, si no es un ataque a la libertad de prensa y de expresión, si no es una flagrante violación de los derechos humanos, me pregunto entonces qué es. ¿Por qué ordenar una medida tan restrictiva y abusiva? ¿Acaso pesan más los caprichos de Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano, ambos recientemente sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como la Lista Clinton? Pareciera que tienen más peso los deseos de Ramón Carretero, un sujeto que suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público en el caso Odebrecht, a cambio de su exclusión de la lista de acusados, además de devolver $1 millón. Y ni hablemos de su cercana relación con Nicolás Maduro. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de coartar libertades que, además, son parte intrínseca del ser humano, por lo que no es necesario pedir permiso a nadie para expresarse. Pero en Panamá algunas autoridades creen que es un derecho que se puede quitar, olvidando que no es un derecho, sino una libertad. Por más que intenten callar, sencillamente no podrán impedir —ni verbalmente ni por escrito— que alguien piense y lo comente, aunque sí cercenan libertades cuando esas personas tienen el poder de difundir sus pensamientos y opiniones de forma masiva. Esos son a los que hay que callar. No veo la necesidad de proteger a personas con valores y antecedentes de los que ellas mismas se avergüenzan, porque eso es lo que pretenden: no quieren que nadie se entere. Pero han de vivir con su embarazoso pasado —y presente—. Y si no les gusta, pueden comerse sus hígados con tomate y cebolla, porque jamás podrán borrarlo, por más prohibición que ordenen las autoridades. No pueden obligar al sol a ocultarse a mediodía solo porque hace calor. Tampoco podrán silenciar a todos los que quieran hablar de esos personajes, porque sería una labor titánica, imposible de realizar, aunque buscan callar a aquellos que pueden llegar más lejos por su credibilidad. El Ministerio Público debe recapacitar sobre medidas como estas o la Asamblea Nacional debe prohibir estos abusos, so pena de sanciones severas, porque esto no es más que censura. No puedo creer que el procurador general de la Nación sea un simple espectador —invitado de piedra— en este triste espectáculo que afecta aún más la maltrecha imagen del país, porque actos como estos no pasan inadvertidos fuera de nuestras fronteras. Y mucho menos que el país esté dispuesto a sacrificar su imagen democrática por gente a la que persigue su abyecto pasado y ahora su presente. Si lo que los Carretero Napolitano buscan es el favor del poder, ya lo tienen, pero no pretendan que olvidaremos por decreto. Es absurdo y no es nada pragmático, porque después de ingresar a la Lista Clinton, después de figurar en el expediente del caso de corrupción más grande de la historia panameña y latinoamericana, después de confesar y devolver plata al Estado, ¿de veras creen que callando a una comunicadora social los recordaremos como si fueran la nueva versión de Belisario Porras? ¡Por favor! Es más probable que los recordemos como la renovada banda del Choclito en lugar de ciudadanos serios y ejemplares. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] El Órgano Judicial suscribió, el año pasado, las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es un compromiso de defensa de las libertades de prensa y de información. iStock Bacal podrá seguir informando sobre los Carretero Napolitano Mónica Palm [email protected] LIBERTAD DE PRENSA En la audiencia, la fiscal no se opuso a la suspensión de la orden que ella misma dictó hace cuatro meses, luego que los Carretero Napolitano alegaran la supuesta existencia de una campaña en su contra. La juez de garantías América Vergara revocó una “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano, que impedía que la periodista Sabrina Bacal informara sobre las actividades de ambos. La orden estaba vigente desde el pasado 6 de noviembre, cuando fue dictada por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado. Mela estuvo presente en una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales, solicitada por Eduardo Guevara, abogado de Bacal, que se celebró ayer. Para asombro de los presentes, la fiscal no se opuso a la suspensión de la orden que ella misma dictó hace cuatro meses, luego de que los Carretero Napolitano alegaran la supuesta existencia de una campaña en su contra. “En esta audiencia, el Ministerio Público manifestó no oponerse a la solicitud presentada por la defensa. En consecuencia, la juez de garantías decidió revocar la medida de protección cuestionada”, señaló Guevara. Guevara expuso ante la juez Vergara que la orden de la fiscal es inconstitucional, incumple los estándares nacionales e internacionales y limita el libre ejercicio del periodismo, al imponer restricciones a la labor de Bacal, quien además es articulista de La Prensa, analista política y expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP). “Esta decisión tiene enormes implicaciones en materia de protección a la libertad de expresión, que contiene dos dimensiones: el derecho a informar, por supuesto, pero también a la ciudadanía de ser informada sobre asuntos de interés público”, remarcó. La orden de protección (ahora suspendida) también imponía restricciones a la labor periodística del venezolano Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, el sitio Praxis y otros. Todos han sido querellados por los Carretero por presunta calumnia e injuria. La abogada de los Carretero, Marcela Araúz, estuvo presente en la audiencia y se opuso a dejar sin efecto la medida, alegando que sus clientes no son personalidades públicas, por lo que no había que escribir o informar sobre sus actividades empresariales. Aquí es importante resaltar que los Carretero han sido importantes contratistas del Estado y han estado acusados en casos de alto perfil, como el de las coimas de Odebrecht. Adicional, en diciembre pasado, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Ni uno de los Carretero acudió a la audiencia; Bacal, quien actualmente está en el extranjero, siguió el desarrollo de la misma vía Zoom. La orden de protección había sido cuestionada por organizaciones que defienden el libre ejercicio del periodismo, como el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y de Información y el CNP, que en un comunicado conjunto advirtieron que la actuación de la fiscal Mela representaba una amenaza inédita para la profesión y desvirtúa la naturaleza de las normas de protección, un recurso legal diseñado para proteger a las víctimas vulnerables de actos de violencia. A ambos gremios les sorprendía, además, porque el Órgano Judicial suscribió, el año pasado, las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es un compromiso de defensa de las libertades de prensa y de información. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también había hecho un llamado a las autoridades panameñas a dejar sin efecto de forma inmediata la orden de protección. “Usar medidas de protección judicial para amordazar el periodismo de investigación es una violación flagrante de los estándares internacionales de libertad de expresión”, advirtió Jose Zamora, director regional para las Américas del CPJ. “El poder judicial panameño debe garantizar que la ley no se utilice para proteger a figuras públicas del escrutinio”. Henry Cárdenas [email protected] Mulino y su esposa llegaron ayer a Miami. Archivo El presidente Mulino llega a Miami para la cumbre ‘Escudo de las Américas’ DIPLOMACIA REGIONAL El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó ayer a la ciudad de Miami para participar hoy en la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump. Mulino viajó acompañado del canciller, Javier Martínez Acha. El encuentro regional tiene como escenario el Trump National Doral, el campo de golf del presidente estadounidense — un complejo de unas 320 hectáreas con cerca de 600 habitaciones—, y que a su vez será el lugar de hospedaje de los 12 presidentes de la región que asistirán. El objetivo de la cumbre, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. La Presidencia de la República reiteró que los mandatarios buscarán definir políticas conjuntas y acciones dirigidas a encaminar la prosperidad económica y la seguridad regional frente a problemas como el narcotráfico y las organizaciones criminales. Mulino, quien viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participará en la jornada de trabajo de este sábado en donde se acordarán acciones conjuntas por parte de los países de la región. Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia no ha bía dado la lista completa de la comitiva oficial que acompaña a Mulino. Para la cita de hoy, confirmaron su asistencia los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre. Todos ellos son cercanos ideológicamente a Trump. En cambio, no fueron invitados los líderes de las dos mayores economías de Latinoamérica, Brasil y México, gobernados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, ni el presidente colombiano, Gustavo Petro. Se trata, por tanto, de una especie de foro paralelo a la Cumbre de las Américas, el encuentro de jefes de Estado organizado desde 1994 por la OEA, cuya primera reunión se celebró precisamente en Miami.
5A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 Panorama Fotografía de archivo del proyecto de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, en Donoso. EFE Auditoría de la mina de Donoso registra avance del 66.37% Reyna Katiuska Hernández [email protected] COBRE PANAMÁ La auditoría identifica riesgos de drenaje ácido, vacíos en monitoreo ambiental y debilidades documentales, mientras reporta que la fuerza laboral del proyecto superó los 1,600 trabajadores en 2025. El cuarto informe de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá, elaborado por la empresa SGS y publicado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), reporta un avance acumulado de 66.37 % en el proceso de verificación del cumplimiento ambiental, legal, laboral, tributario y operativo del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón. De acuerdo con el documento, con fecha de corte 9 de febrero de 2026, y publicado ayer, el equipo auditor se encuentra en la etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los posibles hallazgos, por lo que los resultados definitivos se presentarán en el informe final de la auditoría previsto para abril. Este proceso busca evaluar los pasivos ambientales futuros y verificar el cumplimiento de 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III. Entre las observaciones preliminares, el informe advierte sobre la presencia de material de mediana y baja ley (nivel de concentración de un mineral en una roca) extraído y no procesado, expuesto a la intemperie, lo que representa un riesgo potencial de generación de drenaje ácido y de aumento de concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas. El drenaje ácido ocurre cuando ciertos minerales reaccionan con el agua y el oxígeno, liberando metales que pueden afectar ríos y ecosistemas cercanos. Isaías Ramos González, uno de los representantes del Centro para la Defensa Ambiental (CIAM), explicó a La Prensa, que ese material puede tratarse de la piedra sacada de los tajos, huecos, y que no fue procesada, por lo que ahora estaría reaccionando con el agua. “La tierra de esa zona tiene alto contenido de azufre. (Queda por decir que el concentrado es hierro, azufre y cobre). Este azufre reacciona y genera ácido que se puede transportar por las lluvias generando un problema”, expresó Ramos González. Sobre el informe, el CIAM afirma que siendo el cuarto mensual carece del núcleo técnico necesario para cumplir el propósito solicitado: diagnosticar pasivos ambientales futuros y verificar el cumplimiento integral previo. Por su parte, Minera Panamá indicó que el procesamiento del material extraído de mediana y baja ley forma parte de las actividades contempladas dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura del proyecto. Además, sostiene que cuando dicho plan fue aprobado en mayo de 2025, esta actividad quedó incluida dentro de las actividades no autorizadas en ese momento, sujetas a la evaluación legal, técnica y ambiental. La empresa dice que, actualmente, se encuentra a la espera de la autorización formal por parte del Ministerio de Comercio e Industrias que permita ejecutar esta actividad. El cuarto informe, publicado por el Ministerio de Ambiente, también identificó limitaciones en el monitoreo de vida acuática, particularmente en la cobertura espacial de zonas consideradas críticas para el manejo hídrico. Además, se reportaron vacíos en la trazabilidad de información biológica, como registros florísticos sin coordenadas precisas ni descripciones metodológicas completas. El informe señala igualmente debilidades en la documentación de soporte, con anexos que no corresponden a la información técnica reportada. En cuanto al monitoreo ambiental, el documento menciona que algunas estaciones de medición de calidad del aire registraron interrupciones en su funcionamiento debido a actos de vandalismo, lo que afectó temporalmente la continuidad de la recolección de datos sobre metales como vanadio y níquel. Pese a estas observaciones, el informe también registra áreas donde se evidenció cumplimiento. Entre ellas se destaca la ejecución sistemática de mantenimiento y control geotécnico en crestas de tajos, caminos, bancos y en el Depósito de Almacenamiento de Roca Estéril (DARE). Asimismo, se constató que las intervenciones en el suelo se han mantenido dentro de las áreas previamente autorizadas, principalmente en el tajo ya abierto, sin nuevas aperturas de frentes de trabajo. El reporte indica además que gran parte de los subprocesos operativos se encuentran actualmente en estado inactivo, debido a la fase de cuido y mantenimiento del proyecto bajo supervisión del Ministerio de Comercio e Industrias. Aumentaron los empleos en la mina En materia laboral, el informe registra que la fuerza laboral reportada a las autoridades de salud se ubicó en 1,581 trabajadores en diciembre de 2024, 1,630 en enero de 2025 y 1,621 entre febrero y marzo de 2025. A mediados de enero, representantes de Cobre Panamá, empresa filial de First Quantum Minerals, informaron que para el procesamiento y exportación de las rocas que habían quedado extraídas antes de que se paralizara el proyecto a finales de noviembre de 2023, tendrían que contratar a unas 700 personas. Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, explicó a La Prensa, en enero pasado, que la autorización otorgada por el Ejecutivo permite procesar más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de 70 mil toneladas de cobre. El 2 de enero, en su discurso en la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino ordenó la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado que quede aún en inventario en la mina de Donoso, al tiempo que aclaró que esta decisión no significa la reapertura ni la reactivación de la actividad minera en el país. El informe final de la auditoría integral está previsto para presentarse en una estructura de 14 tomos temáticos, en los que se detallarán de forma consolidada los hallazgos, análisis técnicos y conclusiones sobre el grado de cumplimiento del proyecto minero con las normas ambientales, legales y operativas vigentes. Fotografía tomada de la cuenta @USNINews en X del Instituto Naval de Estados Unidos. EFE Portaviones USS Gerald Ford cruza el canal de Suez y se acerca a Irán GUERRA CON IRÁN EFE. WASHIGTON, EUA. El mayor portaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que Estados Unidos e Israel iniciaron hace casi una semana contra la república islámica. El Pentágono publicó este viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el mar Rojo. Las fotografías fueron difundidas por el Instituto Naval de Estados Unidos, un portal de noticias militares independiente. El buque es el segundo activo naval de peso que Washington tiene desplegado en la región junto con el portaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo, apoyando también los ataques sobre Irán. El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del mundo; mide 337 metros de largo, desplaza unas 100, 000 toneladas gracias a sus dos reactores nucleares y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves. El desplazamiento se hizo publico después de que el presidente estaodunidense, Donald Trump, indicara hoy en su cuenta oficial de Truth Social que no existirá acuerdo con Irán a menos que haya una “rendición incondicional” por parte de Teherán. Desde los ataques iniciales realizados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, y en los que murió el líder supremo iraní Alí Jameneí, Teherán respondió con bombardeos contra Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. #RealidadAutismo AL EXPONER A SU HIJO A RETOS NUEVOS, ASEGÚRESE DE HACERLO GRADUALMENTE.
6A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 La solicitud de un traslado de partida por $1.2 millones, presentada por funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), generó cuestionamientos el jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá. La discusión giró en torno a la contratación de servicios de asesoría legal para revisar concesiones vigentes y preparar futuras adjudicaciones en el sector marítimo. Durante la sesión, el director de Finanzas de la AMP, Francisco Escoery, explicó que la institución busca reforzar la partida destinada a “otros servicios comerciales y financieros” para contratar asesoría especializada. “Queremos reforzar con $1.2 millones la partida para la contratación de servicios de asesoría legal, principalmente para la revisión de concesiones vigentes y para prepararnos para realizar una contratación bien estructurada de las concesiones que vengan en el futuro”, sostuvo. Según explicó el director de Finanzas, la reprogramación presupuestaria permitiría a la AMP contar con respaldo técnico para enfrentar los desafíos del sector marítimo. “Con estos recursos buscamos prepararnos para encarar los desafíos que ya conocemos y también los imponderables que puedan surgir”, afirmó ante los diputados. Los cuestionamientos No obstante, la solicitud despertó interrogantes en la comisión. La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, cuestionó la necesidad de contratar asesoría externa cuando la institución cuenta con un departamento jurídico propio. “Mi primera pregunta es si la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, planteó la diputada durante el intercambio con los funcionarios. Ante la consulta, Esco- ery confirmó que la entidad sí dispone de un equipo jurídico interno. “Sí, la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, respondió el funcionario, quien precisó que alrededor de 20 abogados laboran actualmente en esa área y que están especializados en asuntos vinculados al sector marítimo. El debate se intensificó cuando Prado cuestionó si el contrato de asesoría externa correspondía a una renovación o a una nueva contratación. Según la diputada, el documento remitido a la comisión señalaba que se trataba de “la renovación por 12 meses del servicio de asesoría legal”. El representante de la AMP rechazó esa interpretación y sostuvo que actualmente no existe un contrato vigente que deba renovarse. “No tenemos una renovación en firme. Lo que buscamos es contar con los fondos para contratar una empresa que realice esta consultoCon 20 abogados en planilla, la AMP pidió millones para asesoría externa ASAMBLEA NACIONAL ría”, aclaró. La discrepancia La discrepancia entre el documento oficial y la explicación ofrecida en la comisión generó preocupación entre los diputados. Prado advirtió que el detalle podría tener implicaciones legales en el trámite presupuestario. “Si la nota habla de renovación y aquí se nos dice que no es una renovación, sino un contrato nuevo, entonces yo no puedo apoyar el traslado de partida porque legalmente no es viable”, expresó la diputada durante la sesión. Finalmente, el traslado fue retirado por los funcionarios de la AMP para presentarlo nuevamente con las correcciones propuestas por los diputados, quienes insistieron en la necesidad de precisar la naturaleza del contrato antes de tomar una decisión sobre los fondos solicitados. Otros traslados A diferencia de la AMP, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá avaló varios traslados de partida a otras entidades. Entre ellos, aprobó una asignación de $420 mil a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), recursos que serán utilizados para el desarrollo e implementación de la Red Nacional de Multiservicios, una iniciativa que busca ampliar la conectividad y la interoperabilidad de los servicios digitales del gobierno. La solicitud fue sustentada por el administrador general de la entidad, Adolfo Fábrega. Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron un traslado de $1.6 millones a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Investigación y cumplir compromisos con investigadores. Asimismo, se dio luz verde a $3.1 millones para la Autoridad de Pasaportes de Panamá, destinados al suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo de chips de última generación y el mantenimiento del sistema de emisión. A estas aprobaciones se sumó un traslado de $3 millones solicitado por el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, fondos que serán utilizados para la compra de arroz que se venderá en ferias en todo el país. Enfermeras y técnicos en enfermería objetan la propuesta de lley y afirman que su formación académica es sólida y está debidamente regulada. Cortesía Enfermeras rechazan proyecto que daría idoneidad a instrumentadores Yaritza Mojica [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA DE SALUD El proyecto de Ley 255, que busca reconocer la profesión de instrumentadores quirúrgicos, actualmente se analiza en una subcomisión. Los gremios alegan que se crearían conflictos de competencias innecesarias y perjudiciales. El proyecto de ley 255, que busca reconocer y otorgar idoneidad profesional a los instrumentadores quirúrgicos en Panamá, ha generado un intenso debate dentro del sector salud, mientras la iniciativa continúa su análisis en una subcomisión de la Asamblea Nacional. La propuesta legislativa busca regular la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica en Panamá y permitir que estos profesionales puedan desempeñar formalmente funciones dentro de los quirófanos del país. Según la propuesta, el objetivo es reconocer una labor que ya se realiza en hospitales públicos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), así como en centros hospitalarios privados, pero que actualmente no cuenta con un marco legal ni con idoneidad oficial. Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por gremios de enfermería y técnicos en enfermería. La Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa) expresó su rechazo al proyecto, al señalar que podría vulnerar funciones que históricamente han formado parte del ejercicio profesional del personal de enfermería dentro de los salones de operaciones. La directora nacional de Enfermería del Minsa, Eusebia Calderón de Copete, advirtió que el trabajo en quirófano implica una atención integral al paciente y no solo la manipulación de instrumentos. Según explicó, el personal de enfermería posee la formación clínica necesaria para garantizar la seguridad del paciente antes, durante y después de una cirugía. En esta misma línea se mantiene la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate), que sostiene que el proyecto podría provocar conflictos de competencias dentro de los equipos médicos. Su presidenta, Vielka Rosero, ha señalado en medios de comunicación que los técnicos en enfermería han desempeñado tareas de instrumentación durante al menos seis décadas y que una nueva regulación podría afectar la organización del trabajo en los quirófanos. Durante la presentación del proyecto de ley 255, el pasado 20 de enero, en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Felipe de Jesús Ríos, planteó que la enfermería cuenta con más de 125 años de historia, además de una formación académica sólida y debidamente regulada. Ríos destacó que las enfermeras, incluidas las perioperatorias, poseen la preparación y las competencias necesarias para laborar en los salones de operaciones, así como oportunidades de formación a nivel de especialización y posgrado. Asimismo, manifestó en esa ocasión que “el país ya cuenta con perfiles profesionales definidos, por lo que la creación de nuevas regulaciones que dupliquen funciones resulta innecesaria y perjudicial”, al tiempo que hizo un llamado respetuoso al rechazo del proyecto de ley 255. Por su parte, los instrumentadores quirúrgicos rechazan que exista una “guerra laboral” y aseguran que su profesión complementa el trabajo del equipo médico. Argumentan que reconocer su idoneidad permitiría fortalecer la atención especializada y mejorar la organización de los servicios quirúrgicos. Han señalado que por años han buscado una idoneidad para ejercer en Panamá, así como una base legal para que se reconozca la profesión. En Panamá, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) forma a licenciados en instrumentación quirúrgica. Mientras que a nivel privado, en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCYT) se ofrece el técnico en instrumentación quirúrgica, entre otros. De acuerdo con datos mencionados durante el debate legislativo, en el país existen unos 200 instrumentadores quirúrgicos formados que actualmente no cuentan con reconocimiento profesional ni con oportunidades laborales formales dentro del sistema de salud. El proyecto de ley 255, impulsado por el diputado James Acosta, se mantiene actualmente en una subcomisión, en la que varios diputados, entre ellos Yarelis Rodríguez, han sostenido reuniones con distintas asociaciones para escuchar a los actores involucrados. Se estima que estos encuentros continuarán durante las próximas dos semanas y que posteriormente el tema será abordado formalmente en la subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Una vez concluido ese proceso, se elaborará un informe que será entregado al presidente de la comisión, Edwin Vergara, tras lo cual se iniciaría el primer debate del proyecto en la Asamblea Nacional. Sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Cortesía Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. corporar a todos los alumnos a la “cultura de lo escrito“, la biblioteca es el escenario donde esa promesa se materializa. El documento denuncia con prudencia que, mientras el mundo demanda sujetos capaces de evaluar y reflexionar sobre la información, muchos sistemas educativos han abandonado sus bibliotecas al voluntarismo individual de docentes o directivos, en lugar de asumirlas como una política de Estado coherente. En Panamá, el caso de las bibliotecas escolares es sin duda uno de los más graves. El abandono es sistemático y, mientras pretendemos modernizar los centros educativos con conectividad a internet y laptops para los estudiantes y el cuerpo docente, nadie parece entender la importancia de las bibliotecas escolares y todo indica que la apuesta por resolver los problemas del aprendizaje desde la tecnología ha olvidado que la lectura de libros y la escritura a mano, son la base de la verdadera educación. Quiero enumerar algunos argumentos sobre la importancia de la biblioteca escolar, basándose en los planteamientos de la publicación del Cerlalc, que defienden la Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Es necesario rodear y cuidar las elecciones en Colombia Polarización yo (Presidencia). Incluso se han llegado a cuestionar los mecanismos de transparencia que se están aplicando, pese a que se calcula que habrá más de seis millones de testigos electorales y vigilancia directa de unos 150 observadores internacionales, incluidas la Unión Europea y el Centro Carter de Estados Unidos. Sería ridículo afirmar que nuestro sistema electoral no tiene muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, la falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de carácter partidista que surge de postulaciones y votaciones de los congresistas. Ello hace que sus decisiones —todas de carácter administrativo— siempre tengan una carga de intereses detrás, y cómo los intentos por reformarlo fracasan legislatura tras legislatura por esa misma razón. Males adicionales han sido imposibles de erradicar, como el trasteo de votos, el clientelismo o la coerción violenta, por mencionar algunos. Ese sistema imperfecto por muchos años ha entregado, empero, resultados aceptados por todos, con correcciones en el camino cuando se han detectado problemas, y esos resultados han mantenido nuestra deFidel Cano Correa El corazón latente de la educación Lectura y ciudadanía En el año 2007 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) publicó el libro: “Por las bibliotecas escolares de Iberoamérica“. El documento surgió como un manifiesto colectivo y urgente frente al desplazamiento histórico que han sufrido estos espacios en las reformas educativas de la región. Hoy, la educación en Panamá pasa por una reforma histórica donde es imprescindible hacer un llamado de atención a las autoridades sobre el papel de las bibliotecas escolares. La publicación del Cerlalc es una hoja de ruta política y pedagógica construida por especialistas de diversos países después de profundas discusiones y reflexiones. Su propósito es claro: posicionar a la biblioteca escolar como una condición necesaria para la calidad educativa y el ejercicio pleno del derecho a la palabra escrita. La biblioteca escolar como el corazón que palpita en la vida de los estudiantes. Desde una perspectiva reflexiva, el documento nos invita a repensar la escuela. Si la misión fundamental de la educación es insal de innovación pedagógica y curricular, porque tiene la posibilidad de crear un ambiente de aprendizaje complejo que apoya el currículo desde un enfoque interdisciplinario. Por eso la biblioteca no debe ser un depósito de libros de textos sin propósito. La presencia del libro en formato de papel debe permitir multiplicar las prácticas de lectura y escritura, para vincular el hábito de leer con el proyecto educativo de la institución con la vida cultural y social del entorno. Una biblioteca escolar de calidad no solo beneficia a los alumnos; también dignifica al docente porque les ofrece recursos de actualización directos para su enriquecimiento profesional y personal. Así, la biblioteca es un lugar de formación compartida entre bibliotecarios y maestros, se rompe el aislamiento pedagógico y se fortalece la comunidad educativa en su conjunto. La biblioteca escolar es, en palabras de Delia Lerner, el lugar para que la escuela sea realmente una comunidad de lectores que acuden a los textos para comprender el mundo y defender sus posiciones. El desafío del Ministerio de Educación y otras autoridades es, al mismo tiempo, una decisión histórica y una apuesta cultural, de que no podemos hablar de justicia social ni de democracia plena mientras las escuelas carecen de bibliotecas con materiales, acervo, personal y la organización necesarios para que cada niño y joven pueda, finalmente, adueñarse de su propia palabra como ciudadanos de derechos culturales. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es director del diario El Espectador. por ningún motivo, ni de orden público, ni circunstancias derivadas con emergencias de una u otra naturaleza. (...) Se elegirá a un nuevo Congreso y a un nuevo presidente con transparencia e integridad”. Así debe ser. Los ojos del país están con razón sobre la Registraduría y el CNE porque de su idoneidad dependerá en gran parte la tranquilidad democrática que se requiere para que la tradicional sucesión del poder los 7 de agosto cada cuatro años se siga dando sin contratiempos. Pero pasar de ahí a lanzar sospechas sin fundamento fáctico para dejar en el aire la idea de que se está orquestando un fraude mayor es una irresponsabilidad enorme. Nos negamos a aceptar que, como hay quienes lo advierten, esta sea, además, una estrategia planeada para desconocer después los resultados. La ciudadanía debe estar segura de que su Estado, el que permite que como país funcionemos, tiene la suficiente madurez para sortear tanto caudillismo y populismo en esta que tal vez vaya a ser la campaña más polarizante de las últimas décadas. No juguemos con nuestras elecciones, pilar central de nuestra democracia que nos ha permitido tener una serena transición del poder cada cuatro años. Respetando sus resultados, el perfeccionamiento del sistema es todavía posible. Sin reconocerlos, moriría nuestro sistema democrático. Las elecciones se tienen que cuidar, se tienen que defender y, lo más importante, sus resultados se deben respetar como hasta ahora ha pasado. Si bien líneas como estas no deberían ser necesarias en un país democrático como Colombia, el nivel de visceralidad que ha tomado el debate político desde todos los frentes —incluyendo los institucionales— y las amenazas directas a las convocatorias a urnas por parte de los grupos criminales que se niegan a dejar el narcotráfico y otras fuentes ilegales, obligan a insistir en ellas. Los organismos electorales están siendo objeto de ataques desde orillas diversas, con insinuaciones de una supuesta intención de interferir en los resultados que saldrán de las votaciones del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de maEn medio del debate sobre la reforma educativa en Panamá, urge recordar que la biblioteca escolar no es un complemento, sino una condición esencial para formar lectores críticos y ciudadanos. Carlos Fong mocracia funcionando. Hace cuatro años nomás, ese mismo sistema imperfecto permitió una transición significativa del poder para llevar al primer gobierno de izquierda revolucionaria a la Casa de Nariño. Un gobierno al cual ahora parecerían estorbarle esos procedimientos que lo llevaron al poder. Por más que legítimamente se aspire a la continuidad inmediata de ese proyecto de izquierda hoy en el poder, o que otro de derechas quiera recuperar los espacios perdidos en urnas hace cuatro años, esa operatividad electoral que ha sostenido nuestra democracia debe cuidarse. Las oportunidades de mejora no van a surgir de la eliminación del contrario, sino desde la defensa de la democracia misma. Por eso, justo ahora que el país asiste a una reconfiguración de su mapa político y que la ilegalidad ha ganado terreno al punto de generar riesgos electorales en más de 700 municipios, cobra vigencia lo que recientemente dijo el registrador Nacional, Hernán Penagos, al periódico El Espectador: “No hay norma en Colombia que pueda lograr que se suspendan o cancelen las elecciones nacionales; centralidad de la biblioteca en el ecosistema educativo. La biblioteca escolar es garantía de equidad y lucha contra la exclusión. Para un porcentaje alarmante de niños y niñas en Iberoamérica, la escuela es la única oportunidad de acceder a materiales de lectura de calidad. Tener dispositivos electrónicos no está mal. Pero, ¿qué sucederá cuando la laptop se dañe? Sin una biblioteca escolar, se profundiza la brecha entre quienes heredan un “capital cultural” en casa y quienes dependen exclusivamente del Estado para descubrir el valor del universo escrito. La biblioteca escolar es un aliado en la formación de la autonomía del lector. En el aula, la lectura suele estar mediada por la evaluación y el currículo, la biblioteca es ese sitio que permite el desarrollo de la autonomía y fortalece la subjetividad. La libre elección de lecturas y el uso espontáneo del espacio poético permiten que el estudiante pase de “cumplir tareas” a convertirse en un “lector de biblioteca” con gustos y criterios propios. La biblioteca escolar es el motor de la calidad educativa y pensamiento crítico, porque es la instancia para que estudiantes y profesores se conviertan en buscadores críticos de información. En la sociedad actual, donde los algoritmos y la IA influyen sobre la toma de decisiones, y donde la información se ve fragmentada, es vital desarrollar la capacidad de distinguir lo valioso de lo innecesario en diversos soportes, otorgando esa “libertad que arranca del saber“. La biblioteca escolar es un eje transverFundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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