4A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 Panorama Desde hace meses, la politóloga y comunicadora social Sabrina Bacal no puede escribir, informar, reportar o mencionar por sus nombres a miembros de una familia enquistada en el poder y con antecedentes que son una verdadera vergüenza. El Ministerio Público le ha prohibido hacerlo, simplemente porque así le fue solicitado a una fiscal que, sin miramientos, le concedió el deseo. Ahora Sabrina tiene una prohibición que le impide expresarse libremente. Si esto no es censura previa, si no es un ataque a la libertad de prensa y de expresión, si no es una flagrante violación de los derechos humanos, me pregunto entonces qué es. ¿Por qué ordenar una medida tan restrictiva y abusiva? ¿Acaso pesan más los caprichos de Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano, ambos recientemente sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como la Lista Clinton? Pareciera que tienen más peso los deseos de Ramón Carretero, un sujeto que suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público en el caso Odebrecht, a cambio de su exclusión de la lista de acusados, además de devolver $1 millón. Y ni hablemos de su cercana relación con Nicolás Maduro. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de coartar libertades que, además, son parte intrínseca del ser humano, por lo que no es necesario pedir permiso a nadie para expresarse. Pero en Panamá algunas autoridades creen que es un derecho que se puede quitar, olvidando que no es un derecho, sino una libertad. Por más que intenten callar, sencillamente no podrán impedir —ni verbalmente ni por escrito— que alguien piense y lo comente, aunque sí cercenan libertades cuando esas personas tienen el poder de difundir sus pensamientos y opiniones de forma masiva. Esos son a los que hay que callar. No veo la necesidad de proteger a personas con valores y antecedentes de los que ellas mismas se avergüenzan, porque eso es lo que pretenden: no quieren que nadie se entere. Pero han de vivir con su embarazoso pasado —y presente—. Y si no les gusta, pueden comerse sus hígados con tomate y cebolla, porque jamás podrán borrarlo, por más prohibición que ordenen las autoridades. No pueden obligar al sol a ocultarse a mediodía solo porque hace calor. Tampoco podrán silenciar a todos los que quieran hablar de esos personajes, porque sería una labor titánica, imposible de realizar, aunque buscan callar a aquellos que pueden llegar más lejos por su credibilidad. El Ministerio Público debe recapacitar sobre medidas como estas o la Asamblea Nacional debe prohibir estos abusos, so pena de sanciones severas, porque esto no es más que censura. No puedo creer que el procurador general de la Nación sea un simple espectador —invitado de piedra— en este triste espectáculo que afecta aún más la maltrecha imagen del país, porque actos como estos no pasan inadvertidos fuera de nuestras fronteras. Y mucho menos que el país esté dispuesto a sacrificar su imagen democrática por gente a la que persigue su abyecto pasado y ahora su presente. Si lo que los Carretero Napolitano buscan es el favor del poder, ya lo tienen, pero no pretendan que olvidaremos por decreto. Es absurdo y no es nada pragmático, porque después de ingresar a la Lista Clinton, después de figurar en el expediente del caso de corrupción más grande de la historia panameña y latinoamericana, después de confesar y devolver plata al Estado, ¿de veras creen que callando a una comunicadora social los recordaremos como si fueran la nueva versión de Belisario Porras? ¡Por favor! Es más probable que los recordemos como la renovada banda del Choclito en lugar de ciudadanos serios y ejemplares. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] El Órgano Judicial suscribió, el año pasado, las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es un compromiso de defensa de las libertades de prensa y de información. iStock Bacal podrá seguir informando sobre los Carretero Napolitano Mónica Palm [email protected] LIBERTAD DE PRENSA En la audiencia, la fiscal no se opuso a la suspensión de la orden que ella misma dictó hace cuatro meses, luego que los Carretero Napolitano alegaran la supuesta existencia de una campaña en su contra. La juez de garantías América Vergara revocó una “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano, que impedía que la periodista Sabrina Bacal informara sobre las actividades de ambos. La orden estaba vigente desde el pasado 6 de noviembre, cuando fue dictada por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado. Mela estuvo presente en una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales, solicitada por Eduardo Guevara, abogado de Bacal, que se celebró ayer. Para asombro de los presentes, la fiscal no se opuso a la suspensión de la orden que ella misma dictó hace cuatro meses, luego de que los Carretero Napolitano alegaran la supuesta existencia de una campaña en su contra. “En esta audiencia, el Ministerio Público manifestó no oponerse a la solicitud presentada por la defensa. En consecuencia, la juez de garantías decidió revocar la medida de protección cuestionada”, señaló Guevara. Guevara expuso ante la juez Vergara que la orden de la fiscal es inconstitucional, incumple los estándares nacionales e internacionales y limita el libre ejercicio del periodismo, al imponer restricciones a la labor de Bacal, quien además es articulista de La Prensa, analista política y expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP). “Esta decisión tiene enormes implicaciones en materia de protección a la libertad de expresión, que contiene dos dimensiones: el derecho a informar, por supuesto, pero también a la ciudadanía de ser informada sobre asuntos de interés público”, remarcó. La orden de protección (ahora suspendida) también imponía restricciones a la labor periodística del venezolano Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, el sitio Praxis y otros. Todos han sido querellados por los Carretero por presunta calumnia e injuria. La abogada de los Carretero, Marcela Araúz, estuvo presente en la audiencia y se opuso a dejar sin efecto la medida, alegando que sus clientes no son personalidades públicas, por lo que no había que escribir o informar sobre sus actividades empresariales. Aquí es importante resaltar que los Carretero han sido importantes contratistas del Estado y han estado acusados en casos de alto perfil, como el de las coimas de Odebrecht. Adicional, en diciembre pasado, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Ni uno de los Carretero acudió a la audiencia; Bacal, quien actualmente está en el extranjero, siguió el desarrollo de la misma vía Zoom. La orden de protección había sido cuestionada por organizaciones que defienden el libre ejercicio del periodismo, como el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y de Información y el CNP, que en un comunicado conjunto advirtieron que la actuación de la fiscal Mela representaba una amenaza inédita para la profesión y desvirtúa la naturaleza de las normas de protección, un recurso legal diseñado para proteger a las víctimas vulnerables de actos de violencia. A ambos gremios les sorprendía, además, porque el Órgano Judicial suscribió, el año pasado, las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es un compromiso de defensa de las libertades de prensa y de información. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también había hecho un llamado a las autoridades panameñas a dejar sin efecto de forma inmediata la orden de protección. “Usar medidas de protección judicial para amordazar el periodismo de investigación es una violación flagrante de los estándares internacionales de libertad de expresión”, advirtió Jose Zamora, director regional para las Américas del CPJ. “El poder judicial panameño debe garantizar que la ley no se utilice para proteger a figuras públicas del escrutinio”. Henry Cárdenas [email protected] Mulino y su esposa llegaron ayer a Miami. Archivo El presidente Mulino llega a Miami para la cumbre ‘Escudo de las Américas’ DIPLOMACIA REGIONAL El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó ayer a la ciudad de Miami para participar hoy en la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump. Mulino viajó acompañado del canciller, Javier Martínez Acha. El encuentro regional tiene como escenario el Trump National Doral, el campo de golf del presidente estadounidense — un complejo de unas 320 hectáreas con cerca de 600 habitaciones—, y que a su vez será el lugar de hospedaje de los 12 presidentes de la región que asistirán. El objetivo de la cumbre, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. La Presidencia de la República reiteró que los mandatarios buscarán definir políticas conjuntas y acciones dirigidas a encaminar la prosperidad económica y la seguridad regional frente a problemas como el narcotráfico y las organizaciones criminales. Mulino, quien viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participará en la jornada de trabajo de este sábado en donde se acordarán acciones conjuntas por parte de los países de la región. Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia no ha bía dado la lista completa de la comitiva oficial que acompaña a Mulino. Para la cita de hoy, confirmaron su asistencia los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre. Todos ellos son cercanos ideológicamente a Trump. En cambio, no fueron invitados los líderes de las dos mayores economías de Latinoamérica, Brasil y México, gobernados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, ni el presidente colombiano, Gustavo Petro. Se trata, por tanto, de una especie de foro paralelo a la Cumbre de las Américas, el encuentro de jefes de Estado organizado desde 1994 por la OEA, cuya primera reunión se celebró precisamente en Miami.
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