1B La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA CK Hutchison actualiza su arbitraje contra Panamá La empresa matriz de PPC anunció la presentación de un ‘suplemento’ ante la Cámara de Comercio Internacional. Acusa a Panamá de haber ‘expropiado’ sus operaciones portuarias. Imagen del puerto de contenedores de Balboa, otrora operado por PPC y que ahora está en manos de APMT Panama, filial de Maersk. Alexander Arosemena Mónica Palm [email protected] CK Hutchison Holding Limited, matriz de Panama Ports Company (PPC), está ampliando su reclamo contra el Estado panameño, luego de perder la gestión de los puertos Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en la costa atlántica). El holding anunció la presentación de un “suplemento” (“supplement”) ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), 31 días después de haber comenzado un arbitraje contra la República de Panamá, a quien acusa de haber “expropiado” sus operaciones portuarias. En todo momento, el gobierno panameño ha rechazado los señalamientos de expropiación y sostiene que el desalojo de PPC es consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que, el 29 de enero de 2026, declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que adoptó el contrato de concesión pactado entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y PPC, empresa en la que el Estado panameño tiene una participación accionaria de 10%. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 23 de febrero. Ese mismo día, el Ejecutivo firmó la concesión temporal de ambos puertos: el de Balboa fue adjudicado a APMT Panama (filial de Maersk) y el de Cristóbal a TIL Panama, brazo portuario de MSC. Ambas concesiones son por 18 meses, periodo durante el cual la AMP convocará a una licitación para encontrar operadores definitivos. Según las reglas del ICC, cuando la parte demandante presenta un “supplement” en un arbitraje, significa que está añadiendo o actualizando su notificación inicial de disputa con nueva información, hechos, alegaciones, respuestas o reacciones. En otras palabras, es una ampliación o actualización de la primera notificación que se presentó, la cual puede incluir detalles adicionales que no fueron advertidos en la notificación inicial o nuevos elementos relacionados con el conflicto. El “notice of dispute” (aviso de disputa) es el primer paso formal en el proceso de arbitraje, donde la parte demandante informa a la otra parte que existe una controversia que podría ser resuelta mediante arbitraje. En el caso de PPC, este aviso ocurrió el 3 de febrero pasado. Este aviso generalmente incluye una descripción del conflicto, las alegaciones de la parte demandante y la base legal de la disputa. En su comunicado de ayer, CK Hutchison se quejó porque el Estado panameño ha “ignorado” sus comunicaciones. Este señalamiento ha sido rechazado tajantemente por el presidente José Raúl Mulino, quien contó que a partir del momento en que se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de PPC, en febrero de 2025, sostuvo varias reuniones con PPC, incluso en Washington y Nueva York. Incluso mencionó que en una de esas reuniones participó un funcionario del gobierno de China, que reprochó que nadie consultó al Partido Comunista de China cuando el fondo BlackRock anunció la compra (ahora fallida) de los social urgente”, de Balboa y Cristóbal, poco después de la publicación en la Gaceta Oficial del fallo de inconstitucionalidad de la CSJ. Poco después, esa ocupación fue dejada sin efecto, cuando la AMP firmó las concesiones temporales con APMT y TIL. ACCIONES LEGALES EN ICC 43 puertos operados por CK Hutchison en todo el mundo, incluyendo los dos de Panamá. CK Hutchison apuntó en su comunicado que “ha tomado nota de varios comentarios inexactos por parte del Estado de Panamá relacionados con la compañía y PPC, los cuales han agravado aún más la situación”. Asimismo, ha informado que solicitó una “reconsideración” del Decreto Ejecutivo 23 del 23 de febrero de 2026, en el que el presidente José Raúl Mulino ordenó la “ocupación temporal, por motivo de interés Reyna Katiuska Hernández [email protected] ASEP pide investigar a empresas telefónicas por aumentos recurrentes TELECOMUNICACIONES La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) informó ayer que hizo una solicitud formal a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que inicie una investigación a las empresas telefónicas ante los aumentos recurrentes de precios aplicados a diversos planes de servicios. La ASEP indicó que las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios. Se resalta que el mercado de telecomunicaciones en Panamá está diseñado bajo un esquema de libre competencia, por lo que las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector. Según la ASEP, si bien estas empresas han cumplido con comunicarle a los clientes dichos incrementos con una anticipación mínima de 30 días, es necesario que la Acodeco evalúe si los incrementos aplicados por las empresas telefónicas en períodos similares podrían estar afectando la libre y leal competencia en el mercado. Panamá tiene un mercado de telefonía móvil con cerca de 6.12 millones de líneas activas a mediados de 2025. Además, la mayor parte de las conexiones funcionan sobre tecnología LTE, en un entorno donde crece el consumo de datos móviles y serSe advierte que, de persistir estas situaciones, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley. vicios de valor agregado. En este mercado, Tigo y +Móvil se reparten los consumidores. La entidad reguladora de los servicios públicos recordó que, como parte de su fiscalización continua, realizó el pasado 21 de febrero inspecciones a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá, en las que se detectaron deficiencias en procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios. Reiteró que entre los aspectos observados se encuentran la obligación de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes. Algunas fechas de la concesión 1997 La administración de Ernesto Pérez Balladares pactó el contrato entre el Estado y PPC y otorgó a esta última la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal por 25 años, con opción de renovación automática. 2021 Bajo el gobierno de Laurentino Cortizo se extendió la concesión (renovación automática) hasta 2047, sin una renegociación formal. 30/07/25 El contralor de la República presentó una demanda ante la Sala Tercera de la CSJ, en la que solicita la nulidad del contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC. 29/01/26 El Pleno de la CSJ declaró que es inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y PPC, al resolver una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor general de la República, Anel Flores. 23/02/26 El gobierno emitió un decreto ejecutivo, mediante el cual el Estado ordenó la ocupación temporal de los bienes muebles y activos de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.71 253.16 Elevación sobre el nivel del mar en pies
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==