6A La Prensa Panamá, sábado 7 de marzo de 2026 La solicitud de un traslado de partida por $1.2 millones, presentada por funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), generó cuestionamientos el jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá. La discusión giró en torno a la contratación de servicios de asesoría legal para revisar concesiones vigentes y preparar futuras adjudicaciones en el sector marítimo. Durante la sesión, el director de Finanzas de la AMP, Francisco Escoery, explicó que la institución busca reforzar la partida destinada a “otros servicios comerciales y financieros” para contratar asesoría especializada. “Queremos reforzar con $1.2 millones la partida para la contratación de servicios de asesoría legal, principalmente para la revisión de concesiones vigentes y para prepararnos para realizar una contratación bien estructurada de las concesiones que vengan en el futuro”, sostuvo. Según explicó el director de Finanzas, la reprogramación presupuestaria permitiría a la AMP contar con respaldo técnico para enfrentar los desafíos del sector marítimo. “Con estos recursos buscamos prepararnos para encarar los desafíos que ya conocemos y también los imponderables que puedan surgir”, afirmó ante los diputados. Los cuestionamientos No obstante, la solicitud despertó interrogantes en la comisión. La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, cuestionó la necesidad de contratar asesoría externa cuando la institución cuenta con un departamento jurídico propio. “Mi primera pregunta es si la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, planteó la diputada durante el intercambio con los funcionarios. Ante la consulta, Esco- ery confirmó que la entidad sí dispone de un equipo jurídico interno. “Sí, la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, respondió el funcionario, quien precisó que alrededor de 20 abogados laboran actualmente en esa área y que están especializados en asuntos vinculados al sector marítimo. El debate se intensificó cuando Prado cuestionó si el contrato de asesoría externa correspondía a una renovación o a una nueva contratación. Según la diputada, el documento remitido a la comisión señalaba que se trataba de “la renovación por 12 meses del servicio de asesoría legal”. El representante de la AMP rechazó esa interpretación y sostuvo que actualmente no existe un contrato vigente que deba renovarse. “No tenemos una renovación en firme. Lo que buscamos es contar con los fondos para contratar una empresa que realice esta consultoCon 20 abogados en planilla, la AMP pidió millones para asesoría externa ASAMBLEA NACIONAL ría”, aclaró. La discrepancia La discrepancia entre el documento oficial y la explicación ofrecida en la comisión generó preocupación entre los diputados. Prado advirtió que el detalle podría tener implicaciones legales en el trámite presupuestario. “Si la nota habla de renovación y aquí se nos dice que no es una renovación, sino un contrato nuevo, entonces yo no puedo apoyar el traslado de partida porque legalmente no es viable”, expresó la diputada durante la sesión. Finalmente, el traslado fue retirado por los funcionarios de la AMP para presentarlo nuevamente con las correcciones propuestas por los diputados, quienes insistieron en la necesidad de precisar la naturaleza del contrato antes de tomar una decisión sobre los fondos solicitados. Otros traslados A diferencia de la AMP, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá avaló varios traslados de partida a otras entidades. Entre ellos, aprobó una asignación de $420 mil a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), recursos que serán utilizados para el desarrollo e implementación de la Red Nacional de Multiservicios, una iniciativa que busca ampliar la conectividad y la interoperabilidad de los servicios digitales del gobierno. La solicitud fue sustentada por el administrador general de la entidad, Adolfo Fábrega. Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron un traslado de $1.6 millones a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Investigación y cumplir compromisos con investigadores. Asimismo, se dio luz verde a $3.1 millones para la Autoridad de Pasaportes de Panamá, destinados al suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo de chips de última generación y el mantenimiento del sistema de emisión. A estas aprobaciones se sumó un traslado de $3 millones solicitado por el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, fondos que serán utilizados para la compra de arroz que se venderá en ferias en todo el país. Enfermeras y técnicos en enfermería objetan la propuesta de lley y afirman que su formación académica es sólida y está debidamente regulada. Cortesía Enfermeras rechazan proyecto que daría idoneidad a instrumentadores Yaritza Mojica [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA DE SALUD El proyecto de Ley 255, que busca reconocer la profesión de instrumentadores quirúrgicos, actualmente se analiza en una subcomisión. Los gremios alegan que se crearían conflictos de competencias innecesarias y perjudiciales. El proyecto de ley 255, que busca reconocer y otorgar idoneidad profesional a los instrumentadores quirúrgicos en Panamá, ha generado un intenso debate dentro del sector salud, mientras la iniciativa continúa su análisis en una subcomisión de la Asamblea Nacional. La propuesta legislativa busca regular la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica en Panamá y permitir que estos profesionales puedan desempeñar formalmente funciones dentro de los quirófanos del país. Según la propuesta, el objetivo es reconocer una labor que ya se realiza en hospitales públicos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), así como en centros hospitalarios privados, pero que actualmente no cuenta con un marco legal ni con idoneidad oficial. Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por gremios de enfermería y técnicos en enfermería. La Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa) expresó su rechazo al proyecto, al señalar que podría vulnerar funciones que históricamente han formado parte del ejercicio profesional del personal de enfermería dentro de los salones de operaciones. La directora nacional de Enfermería del Minsa, Eusebia Calderón de Copete, advirtió que el trabajo en quirófano implica una atención integral al paciente y no solo la manipulación de instrumentos. Según explicó, el personal de enfermería posee la formación clínica necesaria para garantizar la seguridad del paciente antes, durante y después de una cirugía. En esta misma línea se mantiene la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate), que sostiene que el proyecto podría provocar conflictos de competencias dentro de los equipos médicos. Su presidenta, Vielka Rosero, ha señalado en medios de comunicación que los técnicos en enfermería han desempeñado tareas de instrumentación durante al menos seis décadas y que una nueva regulación podría afectar la organización del trabajo en los quirófanos. Durante la presentación del proyecto de ley 255, el pasado 20 de enero, en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Felipe de Jesús Ríos, planteó que la enfermería cuenta con más de 125 años de historia, además de una formación académica sólida y debidamente regulada. Ríos destacó que las enfermeras, incluidas las perioperatorias, poseen la preparación y las competencias necesarias para laborar en los salones de operaciones, así como oportunidades de formación a nivel de especialización y posgrado. Asimismo, manifestó en esa ocasión que “el país ya cuenta con perfiles profesionales definidos, por lo que la creación de nuevas regulaciones que dupliquen funciones resulta innecesaria y perjudicial”, al tiempo que hizo un llamado respetuoso al rechazo del proyecto de ley 255. Por su parte, los instrumentadores quirúrgicos rechazan que exista una “guerra laboral” y aseguran que su profesión complementa el trabajo del equipo médico. Argumentan que reconocer su idoneidad permitiría fortalecer la atención especializada y mejorar la organización de los servicios quirúrgicos. Han señalado que por años han buscado una idoneidad para ejercer en Panamá, así como una base legal para que se reconozca la profesión. En Panamá, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) forma a licenciados en instrumentación quirúrgica. Mientras que a nivel privado, en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCYT) se ofrece el técnico en instrumentación quirúrgica, entre otros. De acuerdo con datos mencionados durante el debate legislativo, en el país existen unos 200 instrumentadores quirúrgicos formados que actualmente no cuentan con reconocimiento profesional ni con oportunidades laborales formales dentro del sistema de salud. El proyecto de ley 255, impulsado por el diputado James Acosta, se mantiene actualmente en una subcomisión, en la que varios diputados, entre ellos Yarelis Rodríguez, han sostenido reuniones con distintas asociaciones para escuchar a los actores involucrados. Se estima que estos encuentros continuarán durante las próximas dos semanas y que posteriormente el tema será abordado formalmente en la subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Una vez concluido ese proceso, se elaborará un informe que será entregado al presidente de la comisión, Edwin Vergara, tras lo cual se iniciaría el primer debate del proyecto en la Asamblea Nacional. Sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Cortesía Panorama
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