1A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 20 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15342 Hoy por hoy La decisión del Estado de rescindir el contrato de concesión de la principal arrendataria de isla Naos representa un paso en la dirección correcta, aunque llegue con un retraso difícil de justificar. Han transcurrido 24 años desde que la concesionaria recibió estos terrenos con el compromiso de desarrollar un proyecto, solo para terminar incumpliendo sus obligaciones contractuales. La medida administrativa finalmente adoptada demuestra que los contratos públicos no deberían ser inmunes al escrutinio. Sin embargo, el país no debe conformarse con que sea recuperado el terreno dado en concesión. El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los incumplimientos tengan consecuencias económicas. Si existen cánones pendientes o cualquier otra obligación insatisfecha, es imprescindible el pago íntegro de lo adeudado, incluyendo los intereses que procedan e, incluso, las compensaciones que la ley permita reclamar por los perjuicios ocasionados por la ocupaciónimproductivade uno de nuestros predios públicos con mayor potencial de desarrollo turístico, justo en la entrada de una de las siete maravillas del mundo moderno. Corregir ese error es positivo, pero la verdadera señal de firmeza será demostrar que quien quebranta un contrato con el Estado tendrá que asumir consecuencias reales y completas. Vivir + El desafío de envejecer con buena salud 5B Lionel Scaloni, con la voz quebrada: ‘Y me duele’ 8A Deportes Panorama Denuncian falta de insumos en el Complejo y Ciudad de la Salud 5A Economía Mercado de valores crece en el primer semestre 1B Estado rescinde contrato de concesión en isla Naos Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Naos Harbour Island Inc. perdió su contrato de concesión por presuntos incumplimientos. La empresa impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, mientras el gobierno revisa todas las concesiones de la calzada de Amador. Naos Harbour Island Inc. perdió su contrato de concesión en isla Naos luego de que la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) resolviera rescindirlo por presuntos incumplimientos contractuales. La empresa confirmó que impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y sostiene que la controversia se centra en una dación en pago suscrita con el Estado en 2018, cuya ejecución aseCaso Pandora: SBP defiende la fortaleza del sistema bancario CRÉDITOS FISCALES La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) reaccionaron a la auditoría de la Dirección General de Ingresos (DGI), que concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones consideradas improcedentes e ilegítimas. La SBP defendió la solidez de BAC y del sistema bancario, al asegurar que la entidad mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios. La ABP, por su parte, respaldó las investigaciones que adelantan la DGI y el Ministerio Público, e insistió en que el proceso debe desarrollarse con rigor, respeto al debido proceso y la presunción de inocencia VEA 2B gura que el actual gobierno se ha negado a concretar. Además, rechaza el monto de la deuda que le reclama la UABR por concepto de renta básica. La decisión forma parte del proceso de revisión integral que el Estado desarrolla sobre las concesiones de la calzada de Amador, donde se evalúan las inversiones comprometidas, el cumplimiento de las obligaciones económicas y contractuales, así como el uso de terrenos ganados al mar y otros bienes revertidos para determinar si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas. VEA 6A España destrona a Argentina y levanta la Copa por segunda vez UI UNIDAD INVESTIGATIVA España volvió a reinar en el fútbol mundial al conquistar su segunda Copa del Mundo, 16 años después de Sudáfrica 2010. La derrota dejó a Lionel Messi entre lágrimas en lo que apunta a ser su despedida de los Mundiales, mientras Rodri fue elegido mejor jugador del torneo y Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro como máximo artillero, VEA 8A
2A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Juan Manuel Díaz [email protected] Baloisa Martínez, jueza en el caso Odebrecht. Archivo Baloisa Martínez lo hizo bien; Martinelli sufre revés en la CSJ CASO ODEBRECHT La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó que la juez Baloisa Marquínez no vulneró las garantías fundamentales del expresidente Ricardo Martinelli al decidir continuar, en enero pasado, con el juicio por el caso Odebrecht sin gestionar una asistencia judicial para que comparecieran varios testigos brasileños solicitados por su defensa. La decisión consta en un fallo divulgado el pasado 13 de julio, mediante el cual el máximo tribunal resolvió un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Carlos Carrillo, integrante del equipo defensor de Martinelli. La CSJ sostuvo que el recurso pretendía convertir el amparo en una tercera instancia para revisar una decisión adoptada por la juez de primera instancia, cuando este mecanismo solo permite examinar posibles violaciones de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. El fallo, bajo la ponencia del magistrado Carlos Alberto Reyes, señala que, tras analizar los argumentos de la defensa, no encontró elementos suficientes para concluir que existiera un acto potencialmente lesivo de los derechos fundamentales del expresidente. También indicó que los abogados no explicaron de manera adecuada el concepto de la presunta violación atribuida a Marquínez, por lo que decidió no admitir el amparo. La defensa alegó que el juzgado debió tramitar una asistencia judicial para lograr la comparecencia de Mónica Moura y João Santana, con el fin de repreguntarlos sobre declaraciones rendidas ante la fiscalía. Además, sostuvo que tampoco pudo interrogar nuevamente a otros testigos brasileños vinculados al expediente. Durante el juicio, Moura declaró que negoció con Martinelli, en el Palacio de las Garzas, una estrategia para la campaña presidencial de José Domingo Arias en 2014. Según su testimonio, el acuerdo ascendía a 21 millones de dólares: 16 millones serían pagados por Odebrecht, 4.5 millones por Cambio Democrático y 500 mil dólares fueron entregados por Martinelli en un maletín. El juicio concluyó el 27 de febrero. La fiscal Ruth Morcillo pidió condenas para 16 de los 21 procesados. La juez también deberá resolver incidentes de nulidad, prescripción y la situación de Aaron Mizrachi Malca, juzgado por separado. Vista general del edificio anexo de la Asamblea. Las luminarias quemadas y el techo desprendido. Cortesía Tres contratos directos para reparar edificios de la Asamblea José González Pinilla [email protected] FONDOS PÚBLICOS Se trata de la reparación del palco de prensa, del techo del edificio que alberga las oficinas de los diputados y el sistema eléctrico. El monto total es de $604,766. Son tres los contratos directos que avaló recientemente la Asamblea Nacional para trabajos de reparación y adecuación de su sede. El monto: $604,766. La Dirección de Infraestructura y Servicios Generales de la Asamblea, a cargo de Ayerim Benítez, detalló que las obras son en tres puntos. El primero se ejecutó recientemente. Se trata de la rehabilitación integral del pasillo del palco de prensa del Pleno Legislativo y del techo y cielo raso del pasillo del Salón Azul del viejo edificio, cuyo costo asciende a $280,339. Es el contrato de mayor cuantía. El palco de prensa presentaba condiciones de deterioro asociadas principalmente a filtraciones de agua, desgaste del sistema de piso, afectaciones en el cielo raso y exposición de elementos estructurales a posibles procesos de corrosión, detalló Benítez. Mientras que el área correspondiente al pasillo del Salón Azul presentaba deterioro en el sistema de cubierta y cielo raso. La empresa seleccionada para esas labores de restauración fue Innovación Arquitectónica, S.A., cuyo representante legal es Claudio Ariel Obregón. La Asamblea sustentó el contrato excepcional con base en la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006. “Se considera necesaria la contratación de una empresa con experiencia comprobada y capacidad técnica para atender este tipo de intervención especializada”, dice el informe de la Dirección de Infraestructura. Los trabajos, sin embargo, no están concluidos al cien por ciento. En el área intervenida todavía quedan paredes por resanar. Techo deteriorado en el edificio de los diputados El segundo contrato, por $205,445.99, fue adjudicado para la rehabilitación del cielo raso de gypsum de la plazoleta ubicada en el edificio anexo al Palacio Justo Arosemena, donde funcionan los despachos de los 71 diputados. Desde hace varios meses, parte del techo de esa estructura, construida hace unos 15 años, se ha desprendido a pedazos. Como medida preventiva, el área permanece acordonada con cinta de seguridad para evitar que algún funcionario o visitante resulte herido. Ese edificio alberga los despachos de los 71 diputados. Su construcción fue adjudicada en 2010 a Constructora Corcione y Asociados, S.A., al proponer un precio de $19.2 millones; sin embargo, su precio final se disparó a $29.2 millones. Según Benítez, el cielo raso existente en la plazoleta ha sufrido un deterioro progresivo debido a filtraciones de agua provenientes del techo, las cuales afectaron significativamente tanto la estructura metálica que soporta el sistema de gypsum como las propias láminas de gypsum. Indicó que, además, el diseño original del área no contempló la instalación de pasarelas técnicas para el requeridas para la correcta ejecución del proyecto”. El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la orden de proceder. Modernización del sistema eléctrico El tercer contrato directo asciende a $118,981 y es para el suministro e instalación de cableado eléctrico y tableros de distribución para el edificio anexo. Según la Dirección de Infraestructura, la infraestructura eléctrica de ese edificio presenta limitaciones operativas debido a equipos con configuración monofásica, capacidad insuficiente de distribución, desgaste por uso prolongado y una distribución interna que no responde a las necesidades actuales de carga del área administrativa. Estas condiciones, señala el informe técnico, han provocado inestabilidad en los circuitos, sobrecargas y deficiencias en el suministro eléctrico. Benítez explicó que se requiere el suministro e instalación de un tablero de distribución de energía trifásico de 400 A, la instalación de breakers (interruptores automáticos) tipo I-Line, la desinstalación del tablero existente, así como el tendido de cableado para cinco tableros nuevos y existentes, y la sustitución de interiores de tableros. La empresa seleccionada para colocar todo ese sistema nuevo fue Servicios de Ingeniería Vacor, cuyo representante legal es Óscar Xavier Andrade Villalta. En la justificación de la contratación, Benítez sostuvo que la intervención era “técnica y administrativamente viable”, debido a la urgencia operativa de modernizar el sistema eléctrico del edificio. mantenimiento de las luminarias, debido a que la altura entre el piso de la plazoleta y las láminas de gypsum es de aproximadamente 18 metros. “Se ha imposibilitado el reemplazo de bombillos; desde que estos se quemaron, no se han podido reemplazar, ya que no contamos con los accesos ni equipos necesarios para el cambio, lo que ha dejado sin funcionamiento todos los puntos de iluminación. Todas las lámparas instaladas están obsoletas, afectando la iluminación del edificio y el confort visual de los espacios”, explicó. La ejecución del proyecto, indicó, busca rehabilitar de manera integral la infraestructura afectada, reemplazar todos los componentes del sistema de gypsum, realizar un estudio para determinar si se pueden incorporar las pasarelas y tener vías de acceso a esta área. También pretenden renovar las luminarias por unas más modernas. La obra fue adjudicada a Thompson Construction, S.A., cuyo representante legal es Raúl Eduardo Arias Arias. En su informe, la Dirección de Infraestructura alegó que “resulta técnica, operativa y administrativamente viable contratar una empresa especializada que aporte la experiencia, el personal idóneo, los equipos, materiales y garantías Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026
4A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PARTE.El MEF se ha constituido como querellante en la causa penal por la manipulación del sistema e-Tax de la DGI. Si el MEF no está influenciando en el rumbo de la investigación del Ministerio Público, su participación en el proceso es una buena señal, porque podría indicar que están dispuestos a que caiga quien tenga que caer. HINCHA. El alcalde Mayer Mizrachi fue uno de los testigos del triunfo de España. Estuvo en el estadio de New Jersey, para la final del Mundial de Fútbol, vistiendo una camiseta de la selección de Panamá. Ojalá esta vez no se haya llevado una banca. METICHE. Algo que no puede faltar en la rebatiña que ocurre cada mes de julio en la Asamblea, es Benicio Robinson. Ahora se ha empecinado en presidir la Comisión de Presupuesto. La última vez que se sentó en ese puesto, ahí se quedó por siete años (de 2018 a 2024). Ahora que están revisando el reglamento interno de la Asamblea deberían introducir una modificación para impedir la reelección inmediata en las comisiones. REBATIÑA. Pero como la gula no tiene exclusividad, a Benicio le ha surgido un nuevo contrincante directamente de las entrañas de RM: Nelson Jackson. Y si no se deciden pronto, va a quedar Chello. En el camino ya quedó atragantado Eduardo Vásquez, de CD. Lo malo es que en medio de tanta voracidad, el menú lo pagamos nosotros… PROFE. Una comisión que aparentemente si está lista para ser instalada, es la de Educación. Su presidente será Bolota, quien ha sido docente de la Nocturna Oficial de Colón, La formación médica inicia en las aulas y se consolida en los hospitales. El internado se realiza para obtener la idoneidad y posteriormente el médico puede optar por especializarse. Elysée Fernández Así funciona el examen de certificación básica en medicina Aleida Samaniego C. [email protected] NUEVOS MÉDICOS 160 preguntas, cuatro horas, vigilancia de más de 40 personas (médicos) y un sistema que bloquea cualquier intento de copiar. Solo el aspirante al internado conoce las preguntas. Nadie más. Frente a la pantalla de una computadora, el postulante a una plaza de internado dispone de un máximo de cuatro horas para responder 160 preguntas que pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante años de formación. No puede consultar libros, apuntes ni navegar por internet. Tampoco puede abrir otra aplicación en su equipo. Mientras avanza el examen, las preguntas solo aparecen en su pantalla: nadie en Panamá conoce su contenido antes ni después de la evaluación. Ese nivel de confidencialidad forma parte del modelo con el que se aplica el Examen de Certificación Básica en Medicina, una evaluación obligatoria para todos los egresados de medicina de universidades públicas y particulares. La prueba volvió a ocupar el centro del debate este año, luego de que la convocatoria de enero de 2026 registrara un bajo porcentaje de aprobación. Los resultados reactivaron la discusión sobre la calidad de la formación médica, el aumento de la nota mínima para aprobar y los estándares que deben cumplir quienes están a punto de incorporarse al sistema de salud. Sin embargo, más allá de las cifras, pocos conocen cómo se organiza esta evaluación, quién elabora las preguntas y qué mecanismos existen para garantizar la transparencia del proceso. Requisito obligatorio antes de los pacientes El Examen de Certificación Básica en Medicina constituye uno de los últimos pasos de la formación profesional. Aprobarlo es indispensable para participar en la adjudicación de plazas de internado médico en el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), mediante el proceso conocido como “viva voz”. El internado representa la etapa en la que el egresado de medicina comienza a atender pacientes bajo la supervisión de médicos especialistas y pone en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. Completar el internado constituye uno de los requisitos indispensables para obtener la idoneidad que autoriza el ejercicio de la medicina en Panamá. Por ello, aprobar el Examen de Certificación Básica en Medicina no solo permite acceder a una plaza de internado, sino que también representa un paso fundamental en el proceso que debe cumplir todo médico antes de ejercer la profesión de manera independiente. En consecuencia, el examen busca determinar si el futuro médico posee las competencias mínimas necesarias para iniciar esa fase de formación clínica. Su obligatoriedad está establecida en la Ley 43 del 21 de julio de 2004 del Minsa, modificada por la Ley 32 del 3 de junio de 2008, que creó el régimen de certificación y recertificación de los profesionales, especialistas y técnicos de la salud en el país. La legislación establece que el sistema de certificación tiene como objetivo evaluar las competencias académicas, científicas, técnicas y éticas de quienes ingresan al sistema sanitario, además de promover su actualización permanente. El artículo 16 dispone que el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, ente adscrito al Minsa, en coordinación con la Universidad de Panamá, debe organizar la aplicación del examen antes del inicio del internado médico. Asimismo, la norma establece que la evaluación debe realizarse al menos tres veces al año o con mayor frecuencia cuando la cantidad de aspirantes así lo requiera. Las preguntas no se elaboran en Panamá Uno de los aspectos menos conocidos del proceso es que el examen no es elaborado por ninguna institución panameña. Las 160 preguntas son confeccionadas por el National Board of Medical Examiners (NBME) de Estados Unidos, organización reconocida internacionalmente por desarrollar evaluaciones para estudiantes y profesionales de medicina. El doctor Alfredo Matos, expresidente del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, explicó que el banco de preguntas permanece bajo la custodia exclusiva del NBME. “Nadie en Panamá tiene acceso a las preguntas antes ni después del examen”, señaló. Esto significa que ni el Consejo Interinstitucional, ni la Universidad de Panamá,nielMinsa,nilaCSSconocen el contenido de la evaluación. Los aspirantes únicamente visualizan las preguntas cuando el examen comienza oficialmente. La metodología utilizada corresponde al International Foundations of Medicine (IFOM), desarrollado por el NBME para medir los conocimientos fundamentales de estudiantes próximos a graduarse en diferentes países. Examen digital con estrictas medidas de seguridad Desde mayo de 2024, la prueba dejó de aplicarse en papel y pasó a realizarse completamente de manera digital. De acuerdo con Matos, días antes del examen cada aspirante recibe por correo electrónico las credenciales para ingresar a la plataforma. Como parte del protocolo, cada aspirante debe instalar previamente un programa de seguridad en su computadora portátil. Ese software bloquea el funcionamiento de cualquier otra aplicación durante la evaluación e impide abrir navegadores de internet, documentos, archivos o cualquier programa externo. El objetivo es que toda la prueba se responda exclusivamente con los conocimientos del aspirante. La organización recomienda que cada participante utilice su propia computadora portátil. No obstante, dispone de aproximadamente 20 equipos de respaldo para reemplazar cualquier computadora que presente fallas técnicas durante la jornada. Además, el sitio donde se aplica el examen cuenta con una infraestructura preparada para soportar la evaluación, con decenas de conexiones eléctricas distribuidas entre los participantes y un sistema de internet de alta velocidad que garantiza el funcionamiento de la plataforma durante las cuatro horas de duración. Cuatro horas para responder 160 preguntas El examen consta de 160 preguntas de selección múltiple que deben responderse en un máximo de cuatro horas. Las preguntas evalúan conocimientos en seis áreas consideradas esenciales para la práctica médica: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría , Ginecología y Obstetricia, Psiquiatría y Medicina Familiar. Según explicó Matos, los casos clínicos están enfocados principalmente en patologías frecuentes en Panamá. El propósito no es medir la capacidad de memorizar información, sino evaluar el razonamiento clínico y la toma de decisiones frente a situaciones que un médico puede enfrentar durante su práctica. Más de 40 médicos supervisan la evaluación La seguridad del examen no depende únicamente de la tecnología.Durante la aplicación participan más de 40 personas (médicos) encargados de supervisar el desarrollo de la prueba. Su función consiste en verificar que se cumplan las normas del proceso, atender consultas relacionadas con el procedimiento y responder ante cualquier incidencia técnica. No intervienen en el contenido de las preguntas ni ofrecen orientación académica a los participantes. El examen también ha experimentado cambios importantes en los requisitos para aprobar. Hasta mayo de 2025, la nota mínima equivalía aproximadamente al 41%. No obstante, mediante la Resolución No. 1 de mayo de 2025, el Consejo Interinstitucional elevó el puntaje mínimo a 427 puntos, equivalentes al 45%, a partir de agosto. Más tarde, la Resolución No. 02 del 24 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30542 del 9 de junio de 2026, volvió a aumentar el estándar. Desde la tercera convocatoria de 2026, los aspirantes deben obtener 458 puntos, equivalentes al 50% de aprobación. De acuerdo con el Consejo, la medida busca fortalecer la calidad de la formación médica y garantizar que quienes ingresen al internado cuenten con las competencias necesarias para brindar una atención segura a los pacientes. Una prueba que busca un mismo estándar para todos A diferencia de los exámenes finales que aplica cada universidad, el Examen de Certificación Básica en Medicina establece un criterio uniforme para todos los egresados del país, independientemente de la institución donde cursaron sus estudios. El objetivo es que todos los futuros médicos demuestren un mismo nivel mínimo de conocimientos antes de incorporarse al sistema hospitalario. Los resultados obtenidos durante las convocatorias de 2026 reabrieron el debate sobre la formación médicaenPanamáysobreelnivel de exigencia de la prueba. Mientras algunos consideran que el incremento en la nota mínima explica parte del descenso en el porcentaje de aprobados, otros sostienen que los resultados reflejan diferencias en la preparación académica de los estudiantes. Más allá de esa discusión, el examen continúa siendo el principal filtro antes del internado médico. Durante un máximo de cuatro horas y bajo estrictas medidas de seguridad, cada aspirante enfrenta una evaluación cuyo resultado no solo determina si podrá acceder al internado, sino también si podrá continuar el camino hacia la obtención de la idoneidad para ejercer la medicina en Panamá. del Colegio Simón Urbina, de la Universidad del Trabajo y de la Universidad de Panamá. Ser profesor no es un requisito para dirigir esa comisión, pero predicar con el ejemplo sí debiese serlo. Agredir mujeres, subvertir el orden público y defender a convictos desde una curul no son conductas nada educativas. Ojalá que llegue el día que esa comisión se convierta en la de buena educación.
5A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Panorama Los médicos también denuncian la ausencia de medicamentos esenciales para la práctica anestésica. Elysée Fernández Anestesiólogos denuncian falta de insumos en Complejo y Cidelas Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD La CSS plantea que la situación ya fue resuelta y explica que parte de las dificultades estuvieron relacionadas con el cierre temporal de quirófanos en el Complejo Hospitalario. Los especialistas del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, quienes también cumplen jornadas asistenciales en la Ciudad de la Salud (Cidelas), alertaron sobre la falta de medicamentos, insumos y personal de enfermería que, según señalan, está afectando el desarrollo de los procedimientos anestésicos y puede comprometer la seguridad de los pacientes. La situación fue comunicada al jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación, Francisco Vlieg, mediante una carta fechada el pasado 1 de julio, en la que los médicos solicitaron que el problema fuera elevado, con carácter prioritario, a las autoridades administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS). En la nota, los especialistas describen una serie de dificultades que, según explican, se han presentado de manera recurrente en las áreas donde brindan atención, principalmente relacionadas con la disponibilidad de medicamentos esenciales para la práctica anestésica, insumos médicos y personal de enfermería de apoyo. Entre los medicamentos cuya disponibilidad cuestionan figuran la efedrina, la fenilefrina, la dexmedetomidina y la ketamina, fármacos utilizados en diferentes etapas del manejo anestésico, incluido el control hemodinámico de los pacientes, la anestesia regional, la analgesia y la atención de situaciones críticas durante el período perioperatorio. Los anestesiólogos señalan que la ausencia de estos medicamentos limita la capacidad de respuesta ante escenarios clínicos que requieren intervenciones inmediatas y puede dificultar la toma de decisiones durante los procedimientos quirúrgicos. Además de los medicamentos, reportaron la falta de insumos necesarios para realizar procedimientos en condiciones adecuadas de seguridad. Entre los materiales mencionados figuran tubos corrugados, alargadores de venoclisis, sistemas de venoclisis libres de aguja de doble puerto, máscaras faciales, cánulas orofaríngeas y nasales de diferentes tamaños, así como catéteres nasales utilizados para la monitorización mediante capnografía. Según los especialistas, estos recursos forman parte del equipo necesario para garantizar una anestesia segura y cumplir con los estándares de calidad establecidos para esta especialidad. En la carta califican de “inaceptable” que, ante la falta de algunos insumos, se recurra a la reutilización de dispositivos cuando, a su juicio, esta práctica no garantiza las condiciones de seguridad requeridas para la atención de los pacientes. Falta de personal de enfermería Los especialistas también expresaron preocupación por la falta de personal de enfermería asignado de manera permanente para apoyar al Servicio de Anestesiología en los quirófanos de Ortopedia de la Ciudad de la Salud. Según explican, tras la salida por vacaciones de una enfermera asignada al área, no han contado con un reemplazo permanente para apoyar procedimientos como bloqueos neuroaxiales, bloqueos periféricos, inducción anestésica y manejo de la vía aérea. Los médicos sostienen que esta situación incrementa la carga asistencial del anestesiólogo y reduce el apoyo disponible durante procedimientos que requieren coordinación entre distintos profesionales de la salud. Aseguran que estas deficiencias han sido reportadas previamente, pero que, hasta la fecha, no se ha logrado establecer una solución definitiva que garantice un suministro continuo de medicamentos e insumos, ni la asignación permanente del recurso humano necesario. También advierten que la persistencia de estas condiciones no solo representa un riesgo para los pacientes, sino que puede exponer a los profesionales a auditorías, investigaciones o procesos médico-legales derivados de eventos adversos ocurridos en un contexto en el que, según señalan, no cuentan con todos los recursos indispensables para ejercer la especialidad de manera segura. Por ello, solicitaron medidas urgentes para restablecer el abastecimiento y garantizar el personal requerido para el funcionamiento del Servicio de Anestesiología, tanto en el Complejo Hospitalario como en la Ciudad de la Salud. CSS: problema ya fue resuelto localmente Consultado sobre esta situación, el director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud de la CSS, Marcos Young, afirmó que el problema “ya fue resuelto localmente”. Explicó que parte de las dificultades estuvo relacionada con el cierre temporal de quirófanos del Complejo Hospitalario, donde la institución inició trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado. Estos trabajos fueron anunciados inicialmente como una intervención temporal; sin embargo, las labores se han extendido más allá del período previsto.. Hasta ahora, la CSS mantiene habilitados únicamente cuatro quirófanos mientras continúan los trabajos de mantenimiento, que comenzaron el pasado 2 de julio. La institución informó que implementó un plan de contingencia para mantener la atención quirúrgica durante este período. De acuerdo con la CSS, las urgencias absolutas continúan siendo atendidas en el Complejo Hospitalario, mientras que otros procedimientos han sido redistribuidos hacia la Ciudad de la Salud y los hospitales Dra. Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos. Sin embargo,los médicos señalan que la situación no se limita al cierre temporal de las salas quirúrgicas, sino que incluye la falta recurrente de medicamentos, insumos esenciales y personal de enfermería. La CSS, por su parte, mantiene que el plan de contingencia permitió continuar con la atención y que las medidas adoptadas buscan asegurar la prestación de los servicios mientras concluyen los trabajos de mantenimiento en el Complejo Hospitalario. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Al escanear el código QR, los usuarios son dirigidos al portal airtagsvigilantes.com. Tomada de mupa.gob.pa AirTags Vigilantes: la plataforma para dar seguimiento a las obras de la Alcaldía TECNOLOGÍA La Alcaldía de Panamá lanzó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan dar seguimiento a las obras ejecutadas con recursos municipales. La iniciativa, denominada AirTags Vigilantes, busca reforzar la transparencia mediante la instalación de señalizaciones con códigos QR en proyectos financiados con impuestos municipales. La propuesta consiste en colocar letreros inspirados en los AirTags de Apple en distintos puntos de la ciudad. Al escanear el código QR, los usuarios son dirigidos al portal airtagsvigilantes.com, donde pueden consultar la ubicación de cada obra y conocer su estado de ejecución. La plataforma reúne proyectos de diversa naturaleza, entre ellos la construcción de puentes, la instalación de paradas de autobús, jornadas de limpieza, programas de siembra de árboles, mejoras tecnológicas, festivales comunitarios, la colocación de tapas plásticas y la creación o renovación de espacios públicos impulsados por la Alcaldía de Panamá. Además de la ubicación de las obras, el sitio web ofrece información sobre el monto invertido en cada proyecto y la cantidad estimada de personas beneficiadas. Con estos datos, la administración municipal busca facilitar el acceso a información sobre el destino de los recursos provenientes de los impuestos municipales. La Alcaldía informó que la plataforma será actualizada de manera progresiva con nuevos proyectos, con el objetivo de ampliar el alcance del sistema de monitoreo ciudadano y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre la inversión pública. La Alcaldía de Panamá concentra su plan de inversiones para 2026 en proyectos relacionados con la recuperación urbana, la infraestructura comunitaria y los espacios públicos. Entre las principales iniciativas figuran la renovación de la zona de 5 de Mayo, la intervención de la avenida 3 de Noviembre y Calle Estudiante, así como la construcción de parques de bolsillo en corregimientos como Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo y Juan Díaz. De acuerdo con el Plan Anual de Obras e Inversiones 2026, la Alcaldía de Panamá destinará $167.7 millones al desarrollo de estos proyectos, de los cuales $155.3 millones corresponden a inversiones de la administración municipal y $12.45 millones a iniciativas ejecutadas por las juntas comunales.
6A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Panorama El proyecto Naos Harbour ocupa terrenos concesionados en la calzada de Amador, donde el Estado mantiene una evaluación de los contratos vigentes y de sus obligaciones. Gabriel Rodríguez Estado rescinde contrato a Naos Harbour Island en Amador Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La medida es la primera rescisión conocida dentro de la revisión de las concesiones de Amador. La decisión se produce en medio de una disputa por una deuda millonaria. La evaluación de las concesiones de la calzada de Amador produjo su primera decisión administrativa: el Estado terminó el contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión de Naos Harbour Island Inc., alegando incumplimientos. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) confirmó a La Prensa que había puesto fin a uno de los contratos en isla Naos, pero evitó identificar al concesionario afectado. El subdirector de la UABR, Gilberto Alemán, confirmó que, “en defensa de los intereses del Estado”, la institución resolvió administrativamente la terminación de un contrato por incumplimiento. Alemán tampoco especificó cuáles eran las causales que motivaron esa decisión. Pese a la prudencia de la UABR, Marco Shrem, presidente, secretario y tesorero de Naos Harbour Island Inc., confirmó a La Prensa que se trata de la concesión que obtuvo esta sociedad, hace 24 años. “La resolución [administrativa] fue dada en marzo y está en reclamo en la Corte [Suprema de Justicia]”, manifestó. Se trata de la Resolución No. MEF-RES-2026-1134 de la UABR, una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fechada el 30 de marzo de 2026. La medida constituye la primera rescisión administrativa conocida dentro del proceso de revisión que la UABR desarrolla sobre las concesiones de Amador, una zona de un potencial turístico invaluable, pero en la que durante casi tres décadas se han acumulado proyectos inconclusos, rellenos no autorizados, conflictos entre los inversionistas, deudas con el Estado e incumplimientos contractuales. Disputa por la deuda La Prensa conoció que una de las principales diferencias entre ambas partes está relacionada con el monto que la UABR reclama por concepto de renta básica. Como reveló previamente este medio, la entidad calcula que la morosidad acumulada de las concesiones de la calzada de Amador es de unos $12 millones, de los cuales cerca de $10 millones corresponderían a Naos Harbour Island. Shrem rechazó esa cifra. Según él, la propia UABR notificó anteriormente a su empresa que la deuda es de unos $9 millones. Replica que únicamente reconoce alrededor de $4 millones. La diferencia, afirmó, obedece a interpretaciones distintas sobre las obligaciones económicas derivadas del contrato y a una dación en pago que, según sostiene, el Estado se ha negado a ejecutar. El contrato original, adjudicado el 8 de marzo de 2002 entre la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), hoy UABR, y Naos Island Development Inc., establecía como causal de resolución administrativa la morosidad en el pago de dos mensualidades consecutivas. El contrato fue firmado por el administrador de la ARI en aquella época, Alfredo Arias, y por José Edmond Esses, entonces presidente de Naos Island Development Inc. Aunque Shrem no integraba la junta directiva de Naois Island para esa fecha, participó con un poder especial otorgado por la sociedad inversionista. La junta directiva de la sociedad la completaban Mike Btesh y Ovadia Shrem como tesorero y secretario, respectivamente. La de marzo pasado no sería la primera vez que el Estado rescinde el contrato de concesión del principal inquilino de isla Naos. En 2004, Naos Island se quedó sin contrato, también por incumplimiento. Cuando el Estado quiso ejecutar las fianzas, la aseguradora propuso sacar adelante el proyecto. La ARI aceptó. Pero el titular de la concesión ya no sería Naos Island, sino Naos Harbour Island Inc. También se quedaron con Shrem. En 2008, el Consejo de Gabinete aprobó una segunda adenda que extendió los plazos de ejecución de las obras, modificó las obligaciones económicas e incorporó nuevas infraestructuras al proyecto, entre ellas un rompeolas. La demanda Shrem aseguró que la resolución administrativa de la UABR ya fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Explicó que la controversia también gira en torno a una dación en pago suscrita entre Naos Harbour Island y la UABR -en el gobierno de Juan Carlos Varela- y que -siempre según su versión- el actual gobierno se “niega a ejecutar”. El convenio de dación en pago al que se refiere Shrem fue suscrito en julio de 2018. El documento fijaba en más de $4.3 millones la deuda que Naos Harbour Island mantenía con el Estado, de acuerdo con una certificación de saldo emitida por el área de Finanzas de la UABR al 13 de julio de 2018. Sin embargo, casi un año antes, el 9 de agosto de 2017, el juez ejecutor de la UABR había decretado el secuestro de la administración y los bienes de la sociedad por “incumplir los pagos establecidos en el contrato de concesión y en los acuerdos de pago suscritos el 25 de junio de 2013 y el 3 de junio de 2014”. Como parte del acuerdo, Naos Harbour se comprometía a saldar esa deuda mediante la transferencia al Estado de dos inmuebles ubicadosenNuevoEmperador, distrito de Arraiján, cuyo propietario registral era M.S.E. Investment Corporation, otra sociedad vinculada a Shrem. Las propiedades, valoradas en conjunto en más de $4.7 millones, incluían una finca avaluada por la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas en $1.5 millones y una porción de otra finca valorada en $3.2 millones. El convenio disponía que ambas sociedades realizaran los trámites necesarios para formalizar la segregación, el traspaso y la inscripción de los inmuebles a favor de la Nación. Sin embargo, el convenio de dación en pago revisado por La Prensa no hace referencia a una propiedad valorada en aproximadamente $7 millones, como sostiene Shrem. Según el empresario, la transferencia de ese bien quedó suspendida por un traslape registral con el Banco Nacional de Panamá, situación que asegura fue resuelta en mayo de 2024. Una vez solucionado ese inconveniente, afirmó Shrem, la empresa notificó a la UABR que estaba en condiciones de completar el traspaso pactado. Pero en la UABR no ha habido respuesta. “Estamos exigiendo que honren la dación en pago firmada por las partes”, manifestó. Según Shrem, esa controversia forma parte del proceso que actualmente conoce la Corte. Bajo la lupa La terminación del contrato ocurre mientras la UABR adelanta una revisión integral de las concesiones ubicadas en las otras islas que están unidas a la calzada: Punta Culebra, Perico y Flamenco. La mayoría de estos contratos fueron otorgados por un período de 40 años, renovables. Alemán explicó que la institución mantiene auditorías y evaluaciones técnicas para verificar el uso adecuado de los bienes revertidos, el cumplimiento de las inversiones comprometidas y las obligaciones económicas de cada concesionario. Como parte del proceso, también se revisa el uso de terrenos “ganados al mar” y las obras ejecutadas dentro de las distintas parcelas. El funcionario añadió que cada contrato será evaluado de forma individual para determinar las acciones que correspondan, conforme a los hallazgos técnicos y jurídicos obtenidos durante las inspecciones. UI UNIDAD INVESTIGATIVA AM06-5 AM06-7 AM06-6 AM06-9 AM06-10
7A La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Agua: el corazón de los servicios públicos Percepción ciudadana públicos: el agua, la salud y la educación. También buscamos capturar y documentar las actitudes, creencias y opiniones que el panameño de a pie tiene sobre la calidad de estos mismos. Es por eso que buscamos ir más allá de las cifras; queremos capturar las voces de aquellos beneficiados (o quizás, no tan beneficiados) por estos servicios. Con esta intención, se están realizando grupos focales a nivel nacional. Hasta el momento, hemos aprendido, gracias a los testimonios de representantes comunitarios, sobre la situación real que experimentan las comunidades de Llano Tugrí (Ngäbe-Buglé), Aguadulce (Coclé), San Miguelito (Panamá) y Colón (Colón). En la Encuesta de Derechos y Ciudadanía realizada en 2025 por el CIEPS, se entrevistaron a 1,410 panameños a nivel nacional para entender su percepción sobre varios temas relevantes para la ciudadanía, entre ellos los servicios públicos. De esta muestra, el 69% de los panameños califica el funcionamiento de los servicios públicos en su conjunto en Panamá como ‘muy malo’ o ‘malo’. Esto es incluso más Andrea Melgar Opinión LA AUTORA es investigadora del Cieps. significativo entre los adultos mayores que residen en áreas urbanas. Esta encuesta incluyó preguntas sobre diferentes servicios públicos adicionales a los tres ya mencionados. De diez servicios públicos, la salud pública se posicionó entre los tres peores evaluados en Panamá, con evaluaciones negativas del 66%. La educación pública fue evaluada negativamente por el 58% de la muestra. Y el agua, por el 49%. Sin embargo, nuestros grupos focales consistentemente han resaltado la importancia del agua y la precariedad del servicio público de agua en Panamá. Las problemáticas en relación con el agua son variadas a nivel nacional: desde falta de infraestructura hasta enfermedades causadas por la contaminación del suministro de agua, pero una característica común observada en estas cuatro comunidades fue el recurrente problema de suspensión del servicio de agua o, para ponerlo en términos de nuestros colaboradores: “se va el agua”. En todos los grupos focales, los participantes estaban ‘claritos’ de que en Panamá hay agua; el problema es que no la tenemos en nuestros hogares, y existe un justificado descontento al respecto. “El tema del agua es lo más absurdo que yo puedo entender acá. Nosotros vivimos en una isla en donde hay agua por todos lados. Tenemos la potabilizadora de Sabanitas, la de Gatún, la de Chilibre, y todas esas nos rodean, pero la “Sin el agua no hay vida” fue la respuesta directa de un miembro de la comunidad de Llano Tugrí, capital de la comarca Ngäbe-Buglé, cuando le pregunté sobre su experiencia con los servicios públicos de agua, salud y educación. Le había pedido que compartiera cuál de estos tres consideraba más prioritario. Este sentimiento fue compartido por el grupo entero, catorce miembros de la comarca, que afirmaron que sin agua ninguno de los otros dos servicios podría funcionar adecuadamente. “Y si no hay agua, no puedes dar clases en un colegio o universidad, en cualquier parte. Lo más importante es el agua”, añadió otro compañero. Lo mismo dijeron sobre la importancia del agua para la atención en los centros de salud. Desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, posicionándonos como centro de pensamiento, nos interesa explorar y entender las experiencias vividas de la ciudadanía panameña con respecto al uso de estos tres servicios Testimonios ciudadanos y datos del CIEPS muestran que el acceso al agua condiciona la calidad de la salud, la educación y otros servicios públicos. El ciudadano, no el presidente, debe ser el centro de la Constitución Separación de poderes Hay una pregunta que pocas veces se plantea en los debates políticos de América Latina, y menos aún en Panamá: ¿para quién está diseñada la Constitución? La respuesta honesta, si miramos cómo funcionan nuestras instituciones, es incómoda: está diseñada para quien gana el poder, no para quien lo delega. El ciudadano aparece en el preámbulo, en los discursos de toma de posesión y en los afiches de campaña. Pero, en el funcionamiento real del Estado, queda fuera. Eso tiene un nombre en la literatura políEL AUTOR es director de la Fundación Libertad. Carlos Ernesto González Ramírez La cuarta es darle dientes a los órganos de control. La Contraloría, el Ministerio Público y la Defensoría deben tener autonomía real, presupuesto propio y mandatos que no coincidan con el ciclo presidencial. Cuando todos cambian al mismo tiempo que el presidente, el control es una ficción. Y la quinta —quizás la más importante— es crear una Corte Constitucional independiente, separada de la Corte Suprema, con una sola misión: proteger los derechos fundamentales y poner límites al poder. Una corte que no le deba nada a nadie porque fue elegida con criterios técnicos, transparencia y la ciudadanía observando el proceso. Ninguna de estas propuestas es radical. Son el estándar de las democracias que funcionan. Lo radical, en realidad, es seguir tolerando un sistema en el que el ciudadano financia el Estado, elige a sus gobernantes y luego queda excluido de los mecanismos que deberían protegerlo. La Constitución debería ser el contrato entre el Estado y el ciudadano. Hoy, en demasiados países de la región, es el manual de operaciones de quien manda. Es hora de reescribirla. gente en la Transístmica no tiene agua”, comenta un ciudadano colonense. Es cierto, en un país rodeado de agua, donde el dato curioso que nos encanta compartir es que somos el único lugar del mundo donde puedes ver el sol salir sobre el Pacífico y ponerse sobre el Atlántico; donde nos enorgullecemos de nuestro Canal, es una verdadera desgracia que ciudadanos a lo largo de todo el país pasen de horas a días y hasta semanas sin este esencial recurso. ¿Qué dicen estos panameños sobre la salud y la educación? Que todo está conectado; la calidad de uno depende del buen funcionamiento de los demás, especialmente del agua. Miembros de las cuatro comunidades compartieron cómo la falta de agua obstaculiza el acceso a la educación. En Aguadulce y Colón aseguran que el agua los está enfermando. Por supuesto, también se discutieron otras problemáticas propias de estos servicios. Si les gustaría aprender más sobre qué dicen los panameños e investigadores expertos sobre la salud y la educación, así como ahondar en la percepción del agua, los invito a acompañarnos en nuestro Foro Público sobre los Servicios de Agua, Salud y Educación, el 20 de agosto, en la Asamblea Nacional. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca tica: hiperpresidencialismo. Un presidente que concentra, que nombra, que remueve, que blinda. Un Poder Judicial que depende de quien lo designó. Un Ministerio Público que mira de reojo hacia el Ejecutivo. Una Asamblea que —cuando le conviene— le hace la vista gorda al presidente y, cuando no, lo chantajea. Y una Corte Suprema que, a su turno, juzga a los diputados. Todos se deben favores. Nadie responde ante el ciudadano. Este no es un problema de personas. Es un problema de diseño. Y los problemas de diseño tienen solución. La primera es separar de verdad lo que hoy está mezclado. No basta con que la Constitución diga que los poderes son independientes: hay que establecer prohibiciones expresas que cierren las puertas por donde entra la captura institucional. Si el fiscal no puede ser removido por el presidente —aunque sea indirectamente—, no puede ser su empleado. Si los magistrados no pueden ser juzgados por la Asamblea, dejan de deberle favores. La segunda es terminar con el efecto de arrastre electoral. Hoy, cuando un presidente gana con fuerza, arrastra una mayoría legislativa que lo acompaña durante cinco años sin chistar. Un bicameralismo bien diseñado, que mejore la representación y fortalezca la existencia de partidos reales, con una cámara que se renueve a mitad del mandato presidencial, cambia esa ecuación: el ciudadano tiene la posibilidad de corregir el rumbo sin esperar al final del período. Eso es democracia real, no una democracia de cinco en cinco años. La tercera es que los jueces no dependan de a quién le deben el puesto. Mandatos largos, escalonados y seleccionados por mérito, no por cuotas políticas. Un juez que sabe que su cargo no depende del gobierno de turno puede decirle que no al gobierno de turno. Eso es independencia judicial. Sin ella, los derechos son papel. control? No podemos elegir todas nuestras circunstancias, pero sí la manera en que respondemos a ellas. Como escribió Epicteto: «No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede». En esa diferencia comienza un espacio de libertad que nadie puede arrebatarnos. Desde esa convicción imagino una asociación docente distinta. No solo comprometida con la defensa de los derechos laborales, sino también con el crecimiento integral de quienes educan. Porque enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos; también implica formar con el ejemplo. Una organización así impulsaría el aprendizaje permanente, la educación financiera, el bienestar físico y mental, la culLa única revolución que sí podemos dirigir Formación continua Vivimos en una época en la que muchas personas sienten que su vida depende de factores externos: la economía, las decisiones políticas o las oportunidades disponibles. Todo eso influye. Pero también existe una pregunta necesaria: ¿cuánto esfuerzo dedicamos a fortalecer aquello que sí está bajo nuestro de manera silenciosa: cuando alguien decide aprender algo nuevo, cuidar su salud, ordenar sus finanzas, fortalecer su carácter o actuar con mayor integridad. No todos alcanzaremos la misma prosperidad, pero todos podemos aspirar a una vida más consciente, organizada y serena. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero. Pero sí podemos transformar el pequeño territorio que nos corresponde habitar: nuestras decisiones, nuestros hábitos y nuestro ejemplo. Esa es la victoria silenciosa. La única revolución que realmente podemos dirigir. Indhira Londoño tura, la actualización tecnológica, la comunicación y la ética. Ninguna institución puede reemplazar la voluntad de aprender, la disciplina ni el deseo de crecer. No se trata de descalificar a quienes pertenecen a una asociación docente ni de afirmar que existe un único camino. Se trata de reconocer que la responsabilidad personal sigue siendo el principal motor del desarrollo profesional y humano. Quizá nunca tengamos todos los recursos que deseamos ni el reconocimiento que creemos merecer. Pero la dignidad profesional no depende únicamente de las circunstancias externas. Muchas veces la mayor barrera consiste en convencernos de que nada cambiará mientras el entorno no cambie. Los grandes cambios suelen comenzar LA AUTORA es profesora de filosofía.
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