2B La Prensa Panamá, lunes 20 de julio de 2026 Economía & Negocios El sistema e-Tax fue manipulado para generar y movilizar créditos fiscales fraudulentos. Imagen generada con IA La banca defiende solidez tras fraude en DGI y exige sanciones Reyna Katiuska Hernández [email protected] REACCIONES La Superintendencia de Bancos aseguró que mantiene una supervisión constante sobre las entidades que operan en la plaza bancaria. La CCIAP dice que la credibilidad de la DGI está en juego. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se pronunciaron tras conocerse los hallazgos de una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI), que concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank para compensar obligaciones tributarias entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones consideradas improcedentes e ilegítimas. Ante el impacto del caso, investigado por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Pandora, la SBP aseguró que BAC International Bank mantiene una sólida posición financiera y que cumple ampliamenteconlosrequisitosregulatorios. El regulador indicó que los índices de liquidez y solvencia de la entidad superan los mínimos exigidos por la Ley Bancaria y recordó que el banco es el segundo más grande del país, con activos por $14.3 mil millones y un patrimonio neto de $4.2 mil millones. La Superintendencia también afirmó que mantiene una supervisión permanente sobre todas las entidades del sistema bancario y exhortó a la población a atender únicamente la información oficial, desestimando rumores difundidos en redes sociales u otros medios. Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) respaldó las investigaciones que realizan la DGI y el Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades relacionadas con los créditos fiscales. El gremio sostuvo que cualquier hecho que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe investigarse con rigor, respeto al debido proceso y estricto apego a la ley. La ABP recordó que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legales cuya creación, administración y certificación corresponde exclusivamente a la DGI. En ese sentido, consideró indispensable esclarecer cualquier anomalía en los procesos de emisión y validación para preservar la seguridad jurídica de las empresas que adquirieron estos instrumentos y proteger la estabilidad del centro bancario panameño. También destacó que las entidades financieras operan bajo estrictos controles regulatorios y mecanismos permanentes de debida diligencia. Las investigaciones de la Operación Pandora apuntan a una presunta red integrada por funcionarios, intermediarios y sociedades que habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para generar y movilizar créditos fiscales fraudulentos. BAC ha sostenido que adquirió esos créditos de buena fe y que, al momento de las transacciones, estos figuraban registrados y validados oficialmente en el sistema de la administración tributaria. Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que el fraude con los créditos fiscales no solo provocó un perjuicio económico estimado en al menos $40 millones para el Estado, sino que también comprometió la credibilidad de la Dirección General de Ingresos y debilitó la confianza en la institucionalidad tributaria del país. A través de su espacio La Cámara Opina, el gremio empresarial exigió que las autoridades identifiquen y sancionen a todos los responsables, recuperen los recursos públicos y desmantelen las redes que participaron en el esquema. “Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe y sancionar a quienes resulten responsables. Sin privilegios. Sin encubrimientos. Sin excusas. Caiga quien caiga”, señaló la organización presidida por Aurelio Barría Pino. La Cámara destacó que la auditoría de la DGI evidenció que $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos serían improcedentes e ilegítimos, una situación que, a su juicio, trasciende el daño patrimonial. El gremio alertó que cuando los registros del Estado pierden confiabilidad también se deterioran la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá. También expresó preocupación por la incertidumbre sobre la situación tributaria de contribuyentes cuyos pagos pudieron ser alterados o utilizados dentro del esquema fraudulento. Por ello, instó a la DGI a reconstruir cada operación realizada, identificar a las posibles víctimas y responsables, y aclarar la condición fiscal de todas las personas y sociedades afectadas. A juicio del gremio, si el sistema e-Tax fue manipulado para alterar pagos reales, eliminar la trazabilidad y fabricar créditos con apariencia legítima, el país enfrenta una grave vulneración de su institucionalidad tributaria.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==