1A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 11 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15333 Hoy por hoy La nueva Ley 543 de 2026 parte de un objetivo legítimo: ofrecer al consumidor información precisa y transparente sobre lo que compra. Diferenciar los productos sucedáneos de los originales, identificar el país de origen de los alimentos e impedir que una carne descongelada sea comercializada como fresca son medidas que fortalecen el derecho del consumidor a tomar decisiones informadas. En un mercado cada vez más complejo, la transparencia nunca debería verse como un obstáculo. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan para garantizar una buena ley. La nueva norma impone obligaciones logísticas y de reorganización cuyo costo seguramente no será absorbidoporelcomerciante.Lomás probable es que, tarde o temprano, termine trasladándose al precio de los alimentos, precisamente cuando el costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. A ello se suma que la ley fue aprobada sin consultar a los sectores que deberánimplementarla.Unalegislación que modifica la operación de miles de comercios debió construirse mediante el diálogo entre autoridades, productores, distribuidores y consumidores. La transparencia beneficia a todos. De lo contrario, una ley concebida para proteger al consumidor podría terminar afectando, paradójicamente, su bolsillo. Vivir+ Cuatro patas en busca de vida 4B La Federación y Christiansen siguen las negociaciones 8A Deportes Panorama Estos son los primeros nombramientos de Castañedas 3A ADEMÁS ATTT desarrolla plataforma digital para taxis 4A Las cuentas ‘canasta’ de la trama fiscal Juan Manuel Díaz Yolanda Sandoval [email protected] E.TAX El exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI narró en la audiencia de ayer cómo operaba la red que manipuló el E-Tax. La declaración del exjefe de Cuentas Corrientes de la Dirección General de Ingresos (DGI), Eduardo Silvestre, reveló la estructura de una red integrada por funcionarios, abogados, contadores y particulares que habría utilizado accesos al sistema E-Tax 2.0 para alterar registros de pagos legítimos y crear saldos inexistentes que luego eran vendidos a empresas para reducir obligaciones tributarias y desviar créditos fiscales falsos. Según su testimonio, la organización empleaba cuentas bancarias denominadas “canastas” para recibir los montos sustraídos y luego distribuirlos entre sus integrantes. La operación fue descubierta en septiembre Productos nacionales, importados y de imitación serán separados La Ley 543 del 7 de julio de 2026 obligará a supermercados, tiendas y otros comercios a identificar y separar los productos sucedáneos, importados y nacionales en sus estanterías y neveras. Fiscalía revela bienes y movimientos bajo investigación y deja detenido a Noriel Araúz El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado y quedó detenido preventivamente por orden de una juez de garantías, por no poder justificar la procedencia de $1.3 millones durante su gestión entre 2019 y 2024. VEA 3A Inglaterra EFE de 2024, cuando las autoridades detectaron vulnerabilidades en el sistema eTax pero se estima que la red habría manipulado el sistema durante al menos cinco años. Estos elementos fueron presentados ayer durante la audiencia para imputar cargos a 16 personas detenidas en la Operación Pandora. No obstante, hasta ahora la investigación vincularía a 31. VEA 2A Sigue la fiesta del mundial Partidos para la jornada de hoy Noruega Argentina Suiza 8:00 pm vs 4:00 pm vs España gana a Bélgica y va contra Francia España dominó ayer el duelo ante Bélgica (2-1), con los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, y se verá con Francia en las semifinales de la Copa Mundial 2026. Ahora, las dos selecciones, viejas rivales, se verán las caras el próximo 14 de julio, en Dallas. VEA 8A La norma establece que los artículos de imitación deberán llevar un letrero visible con la advertencia “Producto Sucedáneo o de Imitación” y que los productos cárnicos importados no podrán ser descongelados para venderse como frescos nacionales. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 Durante años, una red integrada por funcionarios, abogados, tramitadores y ejecutivos del mundo financiero habría encontrado la forma de manipular movimientos tributarios reales para convertirlos en créditos fiscales fraudulentos, que le han generado un hueco de al menos $40 millones al Estado. ¿Cómo fue que esto sucedió en las narices de la Dirección General de Ingresos (DGI), la oficina del gobierno encargada de la administración, recaudación y fiscalización de los impuestos? Las investigaciones apuntan a que esto se habría estado desarrollando durante al menos cinco años. La trampa se descubrió en el 2024, en septiembre. La fórmula no requería abrir una caja fuerte ni mover dinero en efectivo. Bastaba con tener acceso al sistema informático de la DGI, conocer sus vulnerabilidades y aprovechar la ausencia de controles para transformar esos pagos legítimos en créditos fiscales falsos que luego podían ser vendidos y utilizados para reducir obligaciones tributarias de quienes los compraban. Al inicio de este periodo gubernamental, las nuevas autoridades de ingresos habrían notaron que el sistema tributario electrónico ( e-Tax ) carecía de medidas de seguridad básicas. Descubrieron que de forma intencional, se había eliminado sistemáticamente los controles de trazabilidad, permitiendo que cualquier persona con claves realizara movimientos anónimos sin dejar registro de quién, cuándo o desde dónde se accedía. Esa puerta abierta permitió que usuarios con claves de acceso pudieran modificar información tributaria sin dejar una huella clara. El sistema dejó de contar con una cadena de custodia digital capaz de determinar quién había hecho una modificación y cuándo ocurrió. La operación se concentró principalmente en el área de cuenta corriente de la DGI, una dependencia donde se registran los pagos, saldos y movimientos de los contribuyentes. Según las investigaciones, desde allí se podían alterar los registros que luego servirían para construir créditos fiscales inexistentes. La maniobra seguía una La ruta de los créditos brujos y la operación Pandora FRAUDE ruta definida. Primero, la red identificaba pagos reales efectuados por grandes empresas años atrás. En algunos casos, se trataba de transacciones con más de una década de antigüedad. Eran pagos legítimos que habían ingresado al Estado, pero que, mediante modificaciones dentro del sistema, podrían desaparecer del historial tributario del contribuyente original. Al borrar la boleta o registro del pago, el dinero quedaba en una especie de vacío digital. Ese saldo era entonces trasladado dentro del sistema a empresas utilizadas como intermediarias, conocidas dentro de la estructura como “empresas canasta” o compañías de papel. Con esos movimientos se creaban créditos fiscales que aparentaban tener un origen legítimo, aunque no contaban con el proceso que exige la normativa tributaria: una auditoría, una revisión formal y una resolución administrativa que reconociera el crédito. La red habría convertido así pagos reales del Estado en activos digitales falsos que luego podían ser comercializados. El siguiente paso era colocar esos créditos en el mercado. Empresas y entidades con obligaciones tributarias adquirían estos saldos para utilizarlos como compensación frente a la DGI y pagar menos impuestos de manera irregular. Dentro de esta estructura aparecen ejecutivos de una institución financiera, cuya participación es investigada por la adquisición y utilización de estos créditos fiscales fraudulentos en repetidas ocasiones. Aparentemente se trataría de un patrón dentro de la red. En otros casos, a través de sociedades fantasmas ofrecían a terceros -que no formaban parte de la red- la posibilidad de comprar créditos fiscales que aparentaban ser legítimos y que permitían reducir sus obligaciones con la administración tributaria. La operación estaba diseñada para generar confianza. Los documentos que respaldaban los créditos incluían información que simulaba provenir de la autoridad tributaria, con resoluciones y registros que aparentaban validar su existencia. Esa fachada de legalidad habría permitido que empresas formales adquirieron estos créditos creyendo que realizaban una operación financiera permitida y respaldada por la institucionalidad. Estas compañías son consideradas víctimas dentro del esquema y ahora se ven obligadas a emprender acciones legales, tanto penales como civiles, contra quienes les vendieron los documentos falsos. Hasta ahora, la investigación ha llevado a la detención de 31 personas, entre ellos abogados, exfuncionarios de la DGI y representantes del sector privado. Ayer, 10 de julio, se convocó una audiencia ante un juez de garantías para imputar cargos a 16 personas presuntamente vinculadas a la red, quienes fueron aprehendidas el pasado miércoles como parte del operativo denominado Operación Pandora. Las autoridades aprehendieron durante la operación Pandora a 16 personas. Cortesía/Policía Nacional Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax Juan Manuel Díaz C. [email protected] Juan Manuel Díaz C. Yolanda Sandoval [email protected] CORRUPCIÓN Integrantes de la red, capturados en la operación Pandora, entre los que hay funcionarios y exfuncionarios de la DGI, enfrentan cargos por delitos de estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales. La red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes. Esto quedó acreditado con la declaración del exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, Eduardo Silvestre, quien relató a la fiscalía cómo estaba diseñada la operación para desviar los montos asignados a los créditos fiscales. De acuerdo con la declaración de Silvestre, algunos funcionarios de la DGI con acceso a la plataforma E-Tax 2.0 se encargaban de alterar los correos electrónicos de los contribuyentes y los representantes legales de las empresas, y se los asignaban a terceras personas. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pudo establecer que la red criminal tenían cuentas bancarias que utilizaban como “canastas”, en la que se depositaban los fondos sustraídos ilegalmente, que luego se depositaban en bancos de la localidad y, por último, se repartían entre los integrantes de la red. Bonay International Holding y Bonay Investments Inc. eran las titulares de las cuentas canastas. Bonay International Holding es una sociedad inscrita el 20 de junio de 2011 y tiene como sus directivos y dignatarios a Cira Elizabeth Marín (presidenta), Abraham Ferro Montilla (tesorero), Kelving Alexis Ríos Montilla (secretario) y Ana Chiquinquirá Mejías Puentes (subtesorera). La mayoría de estos nombres se repite en la otra sociedad: Cira Marín, presidenta; Kelving Ríos, secretario, y Abraham Ferro, director. Las dos sociedades tienen el mismo agente residente: Apriori Abogados y Asesores, una firma creada en 2021 que tiene como socios a Jercovick Joyner y Madelaine Idalis Rojas De León. El exfuncionario de la DGI, Eduardo Silvestre, declaró que sostenía reuniones con una tal Rina Mildred Arza en un café en la exclusiva urbanización Santa María, para discutir las cesiones de crédito que se realizarían. La fiscalía también tuvo acceso al teléfono de Silvestre, en donde se ubicaron conversaciones de texto con funcionarios de la DGI en las que se coordinaban las cesiones de créditos fiscales. En las comunicaciones examinadas por la fiscalía hay conversaciones sobre acreditaciones de los fondos a favor de Héctor Luna y Juan Omar Palacios, ambos funcionarios de la DGI. La fiscalía planteó que otros funcionarios (Angelina Rodríguez, Dayra López, Elodia De León, Juana Chog, Vielka Sáez, Luco González y Marlis Caballero) también tenían participación en la red. La fiscalía detalló que algunos congelaban las boletas de pago de los contribuyentes y luego se las asignaban a terceros. Karen Lorena Pitty, presidenta y representante legal de la sociedad Master Eco Green, recibió -según Silvestre- tres transferencias (por $10.8 millones, $714 mil y $10.6 millones) que totalizan más de $22.1 millones, entre 2024 y 2025. Mientras que el abogado Jercovick Joiner, de Apriori Abogados y Asesores, habría recibido dos transferencias por casi $11 millones (una por $6.9 millones y otra por $4 millones), y depositó en sus cuentas la suma de $240 mil, según las investigaciones y el testimonio de Silvestre. También la fiscalía alegó que Cira Marín, de las sociedades Bonay Intl. Investment y Bonay Intrernational Holding, recibió transferencias por $4 millones. Todos estos argumentos fueron expuestos ayer viernes 10 de julio, en una audiencia ante un juez de garantías, convocada para imputar cargos a 16 personas que son parte de la red, las cuales fueron aprehendidas el pasado miércoles como parte del operativo denominado Pandora. La exjefa de Cobranzas de la DGI fue arrestada en marzo. Cortesía/Ministerio Público Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 Panorama Una adolescente de 17 años resultó herida con un impacto de bala en el tórax, ayer en la mañana, luego de que sujetos desconocidos emboscaran el vehículo en el que se transportaba hacia su centro educativo. El violento incidente se registró en la comunidad de San Martín, en el sector de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal. La menor de edad viajaba en el asiento de pasajeros de un automóvil sedán de color azul, el cual era conducido por su tío, informó Telemetro. Según los datos suministrados por las fuentes policiales, dos delincuentes saMenor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela en Pedregal VIOLENCIA lieron sorpresivamente de unos matorrales y abrieron fuego directamente contra el vehículo en marcha. La joven fue trasladada a la Policlínica J.J. Vallarino, en Juan Díaz, para que recibiera atención médica urgente. De acuerdo al informe, la joven se encuentra bajo observación y su condición de salud es estable. Unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público se desplazaron tanto a la escena del crimen en Rana de Oro como al centro médico para iniciar las investigaciones correspondientes. La primera hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque de los sicarios iba dirigido al conductor del automóvil. Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, el 1 de julio de 2026. Alexander Arosemena Estos son los primeros nombramientos de Castañedas Eliana Morales Gil [email protected] Martha Vanessa Concepción [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La nueva presidenta ratificó e incorporó funcionarios con trayectoria en administraciones del PRD y otros partidos en direcciones clave como Recursos Humanos, Presupuesto y Asesoría Legal, mientras crece la expectativa por el futuro de la planilla legislativa. Los primeros nombramientos de Shirley Castañedas en la estructura administrativa de la Asamblea Nacional apuntan a la continuidad de las redes de poder que han sobrevivido a los cambios de junta directiva. En las direcciones con mayor influencia sobre el manejo interno del Legislativo, como Recursos Humanos y Presupuesto, la nueva presidenta ha optado por mantener o incorporar funcionarios con trayectoria en administraciones anteriores y vínculos políticos que trascienden las bancadas. En la Dirección de Recursos Humanos nombró a Leila Chan de Quintero, quien hasta junio pasado figuraba en la planilla legislativa con el cargo de asesora técnica especializada, con un salario de $5,000. Chan de Quintero, de acuerdo con los registros de la Asamblea, entró a la institución el 3 de enero de 2017, cuando el perredista Rubén De León era el presidente de ese poder del Estado. En el Palacio Justo Arosemena afirman que tiene buena relación con las fracciones de Realizando Metas (RM), el partido oficialista, y sus aliados Cambio Democrático (CD) y el PRD. Chan de Quintero reemplaza a Marielus De León Nieto, nombrada por Jorge Herrera. Como subjefe de ese departamento, la nueva presidenta de la Asamblea nombró a Ricardo Álvarez, quien tenía el puesto de jefe de Planillas con un salario de $1,500. Álvarez está en la Asamblea desde 1985. Castañedas también ratificó a Zuly López como jefa de Presupuesto, quien actualmente devenga un sueldo de $5,000, al igual que a Ceila Peñalba como directora de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos, quien también gana un salario de $5,000 y otros $1,500 en gastos de representación. Peñalba llegó a la Asamblea en julio de 2024 con la presidencia de Dana Castañeda, diputada oficialista, y se mantuvo en el periodo de Jorge Herrera, quien concluyó su gestión al frente de la presidencia de la Asamblea el pasado 30 de junio. Como subdirector de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones designó a José Acevedo. Mientras que José Ricardo Muñoz, periodista de trayectoria en la televisión y la radio, es el nuevo director de Comunicaciones. Muñoz sustituye a Edwin Cedeño, quien ocupó ese cargo en las directivas de Dana Castañeda y Jorge Herrera. La llegada de la nueva administración también se refleja en los espacios físicos de la Asamblea. En los pasillos y oficinas por estos días hay movimientos constantes, por ejemplo, se reubican puestos de trabajo, se desocupan despachos, llegan nuevos funcionarios y se reorganizan equipos. El relevo político además de alterar el organigrama, también transforma la dinámica cotidiana de una institución que, con cada nueva junta directiva, vuelve a acomodar sus piezas. La planilla y la política La expectativa de la ciudadanía y de algunos diputados está ahora en qué va a ocurrir con la planilla de la Asamblea. Hasta junio pasado había 3,247 funcionarios, de acuerdo con la plataforma de transparencia de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, todos con la categoría “permanente”. En salarios, esto representa $73.8 millones al año. De ellos, 1,672 hombres eran hombres (51.5%) y 1,575 mujeres (48.5%). De esos 3,247 funcionarios, 77 ganaban el tope salarial de $5,000. Además, 796, o el 24.5% de la planilla, ingresaron a partir de julio de 2024, cuando inició el actual periodo constitucional 2024-2029. Estos nombramientos representaban una masa salarial de $1.34 millones mensuales, unos $16 millones al año. Solo en 2026 entraron 194 funcionarios, que cuestan $314 mil al mes. La lista completa con las designaciones de la nueva jefa del Legislativo probablemente se conocerá en agosto próximo. Facturas pendientes Castañedas llegó con los votos de los diputados que representan a los partidos tradicionales en el Legislativo, como el PRD, CD y RM, entre otros. El PRD, partido de gobierno en el quinquenio 2019-2024, abultó la planilla de la Asamblea no solo en ese periodo, sino también entre 2014 y 2019, cuando esta agrupación política tenía la bancada más grande y controlaba este poder del Estado. En abril de 2025, los registros de la Contraloría revelaron que el PRD tenía una planilla que costaba $1.2 millones por mes, con al menos 700 funcionarios. En el despacho del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, había 145 personas, lo que le costaba al Estado $261,225 al mes. Algunos apuestan a que los nombramientos perredistas y otros que podrían venir tendrán oxígeno en la presente gestión. Sus primeras designaciones, funcionarios con trayectoria en administraciones anteriores y buenas relaciones con todas las bancadas que la eligieron, no apuntan en la dirección contraria. Por ahora, la depuración de la planilla, la promesa que cada directiva hereda y ninguna cumple, sigue en la lista de pendientes. El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado, luego de que una auditoría forense de la Contraloría advirtiera que el exfuncionario no podía justificar la procedencia de $1.3 millones. La imputación fue declarada por la juez de garantía Irene Cedeño, quien además ordenó su detención preventiva, durante una audiencia celebrada ayer, dos días después de la aprehensión de Araúz en el aeropuerto de Tocumen, cuando llegaba al país desde Asunción, Paraguay. La detención fue dictada ante el riesgo de fuga, ya que la fiscalía anticorrupción informó a la juez que Araúz se encontraba tramitando una residencia temporal Paraguay, supuestamente por motivos laborales. Igualmente, que en varias ocasiones se intentó notificarle del proceso seguido en su contra, pero nunca se presentó. César Ruiloba, abogado de Araúz, replicó que su cliente se encontraba en Paraguay, como consultor en el desarrollo de un proyecto portuario en el río Paraná. Así inició la jornada... Araúz, quien es arquitecto naval, llegó a la sala de audiencia cerca de las 9:00 a.m., esposado y custodiado por agentes policiales. Las fiscales anticorrupción Janisbeth Malek y Patricia Herrera explicaron a la juez que el informe de auditoría encontró que, mientras fue adminisNoriel Araúz fue imputado por presunto enriquecimiento injustificado INVESTIGACIÓN trador de la AMP (20192024), Araúz recibió ingresos por $1.3 millones, pero registró gastos por $2.3 millones. Ese excedente no fue debidamente justificado, por lo que la Contraloría remitió el informe al Ministerio Público. Las fiscales también le contaron a la juez que Araúz acumuló un abultado patrimonio, con inmuebles en los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo y Amelia Denis de Icaza; también en la provincia de Chiriquí. Los bienes acumulados También le encontraron un automóvil marca Lexus, valorado $159 mil, y una camioneta Toyota 4Runner. Además es el benificiario final de Naf Services y también tiene participación en Panama Naval Services e Inmobiliaria Brady. La aprehensión de Araúz fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que se encontraba fuera del país. Finalmente fue capturado el pasado miércoles por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el aeropuerto de Tocumen, cuando retornó en un avión procedente de Asunción. Juan Manuel Díaz [email protected] El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, llega a las oficinas del SPA, donde tuvo lugar la audiencia. Anel Asprilla El Ministerio Público investiga. Cortesía
4A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 Panorama La plataforma también permitirá incorporar métodos de pago digitales. Elysée Fernández Nueva plataforma para taxis está en desarrollo en la ATTT Yaritza Mojica [email protected] TRANSPORTE PÚBLICO Un sistema de geolocalización permitirá solicitar carreras desde el celular, mejorar la seguridad y ofrecer mayor transparencia en las tarifas. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) trabaja en una plataforma tecnológica que permitirá solicitar taxis desde un teléfono celular y asignar carreras mediante geolocalización, con miras a modernizar el transporte selectivo en Panamá. Nicolás Brea, director de la ATTT, explicó que se trata de una plataforma similar a los sistemas utilizados por otras aplicaciones de movilidad. La iniciativa busca incorporar a conductores que cumplan con ciertos requisitos relacionados con las condiciones del vehículo, historial de servicio y calidad de atención al usuario. Brea indicó que, inicialmente, el uso de la plataforma será voluntario para los taxistas que deseen integrarse a esta modalidad y que cumplan con los parámetros que establecerá la entidad. “Es una plataforma tecnológica que representa un paso hacia la modernización del transporte selectivo. El pasajero podrá solicitar el servicio y el conductor más cercano, mediante georreferenciación, podrá aceptar la carrera”, explicó el funcionario. El director de la ATTT señaló que uno de los principales beneficios del sistema será la trazabilidad del servicio, ya que los usuarios podrán conocer previamente la identidad del conductor, las características del vehículo, la vigencia del seguro y la prestataria a la que pertenece. De igual forma, el conductor tendrá información del pasajero y del destino del traslado. La plataforma también permitirá incorporar métodos de pago digitales mediante tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y establecer tarifas de manera más transparente, evitando negociaciones entre conductores y usuarios al momento de definir el costo del viaje. Revisión de tarifas y actualización del sistema Además, el director de la ATTT señaló que las tarifas del transporte selectivo requieren una revisión, debido a que actualmente se encuentran desactualizadas. La última revisión de las tarifas de las carreras de taxi se realizó en 2011. Sin embargo, reconoció que los usuarios demandan primero mejoras en la calidad del servicio antes de considerar ajustes en los precios. “Es una realidad que las tarifas han quedado desfasadas, pero también debemos garantizar un mejor servicio para los usuarios”, manifestó Brea. Como parte de este proceso de modernización, la ATTT desarrolla una actualización de la información sobre la cantidad real de taxis que operan en el país, debido a que existen certificados de operación vigentes, pero no todos los vehículos se mantienen activos. Asimismo, la institución prepara un nuevo proceso de entrega de placas para mejorar la identificación de los taxis que circulan oficialmente. Según datos de la autoridad, a nivel nacional existen más de 47 mil vehículos con certificado de operación de taxis; no obstante, menos de 30 mil unidades estarían ofreciendo actualmente el servicio de transporte selectivo. Con respecto a la propuesta de la plataforma digital, la entidad contempla que los vehículos que ingresen al sistema cumplan con condiciones específicas, entre ellas una antigüedad máxima, buen estado físico, conductor con licencia vigente y otros criterios orientados a garantizar la seguridad y calidad del servicio. La ATTT indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para actualizar el transporte selectivo y ofrecer nuevas herramientas tanto a los usuarios como a los conductores de taxis en Panamá. EFE. TOKIO, JAPÓN Toshimitsu Motegi, ministro de Exteriores de Japón. EFE El ministro de Exteriores de Japón visitará Panamá a inicios de agosto DIPLOMACIA El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, planea viajar a México, Panamá, Ecuador y Colombia a principios de agosto para fortalecer la cooperación económica, avanzaron ayer fuentes oficiales a EFE. Motegi planea visitar estos cuatro países latinoamericanos a principios de agosto y mantener encuentros con sus homólogos de cada uno de ellos, según fuentes oficiales que pidieron el anonimato, en el marco de los esfuerzos por reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos. Según la agencia de noticias Jiji, se prevé que el jefe de la diplomacia nipona se reúna con funcionarios del Gobierno mexicano y con empresarios para ampliar la inversión de empresas japonesas. Su visita llega apenas un mes después de que Motegi y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, acordaran reforzar su cooperación energética y económica ante la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como su impacto en los precios del combustible. Por otro lado, según Jiji, Motegi también reafirmará la cooperación bilateral en el funcionamiento estable del Canal de Panamá, vía marítima clave para la logística. El pasado lunes, el presidente José Raúl Mulino recibió a representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático. La Presidencia informó que coincidieron en impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón, y que los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos. En cuanto a Ecuador, las conversaciones podrían centrarse en la cooperación en materia de recursos y energía, mientras que en Colombia el ministro podría acudir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, organizada para el 7 de agosto. En los últimos meses, Tokio ha buscado fuentes alternativas de suministro energético, especialmente de petróleo, ya que Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de esta región. Desde entonces, las autoridades japonesas han llevado a cabo contactos con países de Oriente Medio, Asia Central y Latinoamérica, así como Estados Unidos o Canadá, con el fin de diversificar sus fuentes. Llevo semanas pensándolo. ¿Por qué una persona que enfrenta la posibilidad de tener que ir a la cárcel en Panamá por los delitos que ha cometido –y confesado– pediría un indulto presidencial en Estados Unidos? ¿Qué le hace pensar a esa persona que puede regresar a ese país si primero tiene que sortear una casi segura condena de años de cárcel antes de siquiera pensar en viajar? Primero pensé que eso era llevar la planificación a medidas extremas: estar listo para hacer maletas y regresar a vacacionar al país donde una vez fue condenado. Pero eso es insólito, porque virtualmente uno no tendría cabeza para para planificar semejante escenario sabiendo que primero debe cumplir una condena en prisión. Entonces pensé en otra posibilidad. Pero antes, hay que saber de quién estoy hablando, o más bien, de quiénes. Hace unos días escribí sobre una petición de indulto que hicieron a Donald Trump el año pasado los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares. Se trata de una historia medio truculenta por las circunstancias que rodean este tipo de peticiones al presidente Trump, quien suele sacarle provecho económico hasta sus peores errores. Lo que pretenderían los peticionarios no es una rebaja de pena o una conmutación, sino recuperar ciertos privilegios –como obtener una visa o vivir allá– que ahora le son negados tras haber sido condenados por conspirar para blanquear el dinero de los sobornos de Odebrecht. Fue una confesión en la que también involucraron al santo inocente de su padre, el supuesto blanco de una conjura para dizque fastidiarle su deseo de volver a ser presidente, dice él. Entonces, tras confesar el blanqueo de capitales, algo que indudablemente obra en contra– ¿cómo es que están más preocupados por obtener la visa para regresar a Estados Unidos que purgar una condena en Panamá por sus confesados crímenes? Si introduje un factor inexistente en la ecuación, el resultado de mi teoría siempre estará equivocado. Ahora bien, ¿qué pasa si en la ecuación de ellos no hay condena y, en consecuencia, tampoco hay cárcel? ¿O si, habiendo condena, hay una amnistía o indulgencia del presidente Mulino? ¿Y si resulta que, aprovechando las circunstancias actuales, la Asamblea Nacional pasa una ley de amnistía general, en la que también sean incluidos los que resulten condenados en el caso Odebrecht? ¿Qué pasa si en la última semana de su gestión, Mulino, no teniendo nada que perder, los indulta? La idea de una “puerta giratoria” para sus amigos no es un disparate considerando que esa puerta ya existe y hasta ha girado. No sé con certeza si ya todo está hablado, pero esa petición de los hijos de Martinelli ciertamente es reveladora. El resultado del problema que representa una condena para ellos lo conoceríamos de antemano, pero no sabríamos el cómo: si es por indulto o por amnistía o si es con una de esas mágicas fórmulas que se sacan jueces, magistrados o sus abogados. Hay piezas del rompecabezas que aún no aparecen, pero eso no significa que no existan. En todo caso, sea cual sea la solución del asunto, la justicia sería la víctima una vez más y la impunidad, la victimaria, como siempre. Y hay una posibilidad que, aunque poco probable, no hay que olvidar que una vez funcionó singularmente bien: las embajadas. Obviamente, no les recomiendo la de Nicaragua, aunque el filántropo que huyó a Colombia dejó de todo allí, y con solo un año de uso. Desde hamacas hasta salas de reuniones, ideal para recibir amigos, hacer barbacoas y conspirar. Pero esta vez les recomiendo una embajada que les viene mejor –por su estatus de vida y amistades– y por las respuestas que aún esperan: la de Estados Unidos, donde el amigo Kevin no tendría problemas en recibir a los amigos Trump, perseguidos por la justicia de un país bananero y tercermundista. Allí tendrían la oportunidad de vivir como quieren: en territorio de EU, incluso, sin indulto. Y de vez en cuando podrían recibir a los amigos de papá o a los de ellos. Quizás no tengan los privilegios que tuvieron en la base militar de Guatemala, pero el ICE no los acosará ni los sacarán de la Embajada. Y hasta puede que reciban una gorra de bienvenida al exclusivo club MAGA (Movimiento Americano de Gánsteres Acosados). Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected]
5A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 Panorama El Estado destina unos $50 millones al año para alimentar a los privados de libertad recluidos en las cárceles. Elysée Fernández Proponen ley para que comida de presos se produzca en cárceles Eliana Morales Gil [email protected] ALIMENTACIÓN El anteproyecto cita como referencia el Plan Cero Ocio de El Salvador, además de modelos productivos penitenciarios de Brasil, Costa Rica y España. El diputado Augusto Palacios, del circuito 4-1, Chiriquí, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que crea el Programa para la Producción Alimentaria en los Centros Penitenciarios. La propuesta busca que en las cárceles panameñas cultiven, críen o produzcan parte de la comida que consumen los privados de libertad, en lugar de depender por completo de la alimentación que facilita el gobierno. Palacios, diputado de la bancada Vamos, recordó en su propuesta que en mayo de 2026 Panamá tenía una población penitenciaria de 24,130 personas. De esos, 23,417 hombres y 713 mujeres, según la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esa población, añadió, consume más de 70,000 raciones de comida al día. El Estado destina cerca de $50 millones anuales para alimentarla, unos $5.50 por persona diaria. El costo total por recluso, alimentación, salud, seguridad y administración, ronda los $40 diarios y puede subir hasta $90 cuando hay atención médica especializada. Sin embargo, esta propuesta legislativa no elimina esa obligación estatal. La producción penitenciaria funcionará como complemento, no como sustituto. El texto lo deja explícito: el Estado sigue obligado a garantizar alimentación adecuada, suficiente y balanceada, con o sin cosecha propia. De acuerdo con el documento, la Dirección General del Sistema Penitenciario, bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno, tendrá la rectoría del programa. Pero, coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Salud. La fase piloto se ejecutará en el Centro Penitenciario de Chiriquí. Doce meses después, el Ministerio de Gobierno deberá entregar un informe técnico que mida producción, costos, indicadores de eficiencia e impacto ambiental antes de decidir si el modelo se extiende a otras cárceles del país. El texto habilita varios sistemas de producción: agrícola, pecuario, avícola, acuícola, hidropónico, acuapónico y agricultura protegida. La elección dependerá del clima, la infraestructura, el agua disponible y el presupuesto de cada centro. Los privados de libertad que participen no tendrán contrato ni relación laboral con el Estado. El anteproyecto define su participación como formativa, productiva y ocupacional, sujeta a criterios de conducta, salud y evaluación de riesgos. No podrá usarse como castigo ni como condición para ejercer derechos, y el texto prohíbe expresamente cualquier forma de explotación o trato degradante. A cambio, quienes participen podrán acceder a capacitación técnica en áreas como agricultura sostenible, manejo de plagas, riego, bioinsumos e inocuidad alimentaria, con certificaciones otorgadas por instituciones académicas o técnicas. El Ministerio de Gobierno también podrá firmar convenios con universidades para pasantías de estudiantes de carreras agropecuarias. Si la producción supera lo que consume el propio centro, la ley permite tres destinos: redistribuir el excedente a otras cárceles, donarlo a bancos de alimentos o programas sociales, o venderlo. El dinero de esas ventas alimentará un nuevo Fondo de Autogestión para la Producción Alimentaria Penitenciaria, administrado por el Ministerio de Gobierno y destinado exclusivamente a sostener el programa. El anteproyecto cita como referencia el Plan Cero Ocio de El Salvador, además de modelos productivos penitenciarios en España, Brasil y Costa Rica. Cifras penitenciarias La alimentación en números 24,130 Cantidad de privados de libertad que hay en el país. 70,000 Son las raciones de alimentos que los presos consumen diariamente en las cárceles. $40 Es lo que cuesta alimentar cada día a un privado de libertad.
6A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 Panorama El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de Venezuela denunció ayer que estos detenidos en la prisión de Rodeo I, cerca de Caracas, fueron “golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno” el pasado domingo, cuando los presionaban a volver a sus celdas luego de pasar días en el patio tras el doble terremoto del 24 de junio. “Los familiares reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos personas identificadas por sus familiares como José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz. También denuncian varios heridos por perdigones, personas con golpes visibles y privados de libertad que presentarían síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre”, dijo el Clipp en X. La activista y miembro del Clipp, Andreina Baduel, dijo a EFE que “hubo una arremetida fortísima para obligarlos a volver a sus celdas”. Baduel agregó que las autoridades pretenden “tenerlos encerrados en las celdas a todo riesgo, a pesar de las réplicas” de los terremotos del pasado día 24 que han dejado 3,889 muertos y 16,740 heridos, a la fecha. El Clipp exige una fe de vida de los presos, atención médica urgente, ingreso de abogados de confianza, investigación inmediata, inspección a las cárceles y que los presos no sean obliDenuncian torturas a presos políticos para meterlos en celdas tras sismos gados a permanecer en las celdas. Según explicó Baduel, las denuncias llegaron luego de que un grupo de familiares visitara la prisión ayer. Las visitas en esta prisión solo se realizan viernes, sábado y domingo y constan de un período de 15 minutos, a través de un vidrio y llamada telefónica. Desde los terremotos de hace 16 días, dijo, solo han permitido tres visitas y, según los familiares, en cárceles como El Rodeo o Ramo Verde hay grietas y deterioro en las infraestructuras. Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron el martes que las autoridades han abandonado a los detenidos tras los sismos, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a las estructuras deterioradas. La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, registra 372 presos políticos en Venezuela. Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de las cárceles tras los terremotos. En medio de la desesperación y con la esperanza de que alguien los haya visto, familiares de los desaparecidos hicieron de una reja un mural para fotos y mensajes. Rodolfo Baptista Brito La vida y la solidaridad aún emergen entre el desastre Rodolfo Baptista Brito ESPECIAL PARA LA PRENSA La Guaira, Venezuela EFE. CARACAS, VENEZUELA ENTREGA ESPECIAL En La Guaira los escombros llenan lo que antes eran zonas residenciales y el ruido de las máquinas se alza mientras miles de personas aún esperan recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos. Luisana Arcia, paramédico de la Organización No Gubernamental (ONG) Ángeles de las Vías, llegó a su casa después de 51 horas de trabajo continuo tras el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados que sacudió Venezuela el 24 de junio. Había pasado la jornada atendiendo víctimas en La Guaira, pero al entrar a su vivienda no pudo contener el llanto. Las imágenes de edificios destruidos, personas fallecidas y familias buscando respuestas regresaron a su mente. Nunca había enfrentado una tragedia de esa magnitud. En las primeras horas, mientras pocos rescatistas lograban llegar desde Caracas, familiares, vecinos y allegados removían con sus propias manos los escombros para encontrar sobrevivientes. Quienes quedaron atrapados bajo toneladas de cemento y acero tuvieron que esperar más tiempo. Con los días, Luisana encontró fortaleza en la resiliencia de los afectados y sus compañeros. Recuerda especialmente a Sebastián, un niño de 13 años rescatado en Caribe, Caraballeda, con traumatismo craneoencefálico y síndrome compartimental en ambas piernas. Esperaba encontrar a un niño asustado, pero encontró a alguien que transmitía tranquilidad. “Para mí tú eres un superhéroe, porque te salvaste de esto”, le dijo durante su atención. El traslado de Sebastián desde La Guaira hasta el Hospital Pérez Carreño, en Caracas, fue uno de los momentos más largos para la paramédico. La fuerza de los habitantes de la zona también marcó a los equipos de rescate nacionales e internacionales que llegaron en los días posteriores. Especialistas de al menos 20 países, entre ellos Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, Argentina, España, Turquía e Israel, participaron en las labores humanitarias. De acuerdo con reportes oficiales, al país arribaron 4 mil 338 rescatistas internacionales. Christian Kuperbank, integrante del equipo de “topos” mexicanos, llevaba siete días trabajando en Venezuela cuando decidió detenerse unas horas para descansar. Destacó la solidaridad y resistencia de los venezolanos frente a una tragedia que calificó como terrible. Nelson Santiago, rescatista venezolano proveniente de Acarigua (estado Portuguesa), también resaltó la capacidad de la población para mantener la esperanza. Recordó que durante una búsqueda en un edificio colapsado escucharon golpes metálicos que podían representar una señal de vida. “Cuando tú estás allá adentro y escuchas una señal de vida, uno agarra una fuerza que te lleva a buscar más allá del cansancio”, explicó. En el edificio OPP-33, en Caribe, fueron encontradas entre 15 y 17 personas vivas dentro de una bóveda con alimentos. En otro punto permanecía atrapada una persona sin agua ni comida, una situación que para Santiago representaba un hecho difícil de explicar. También fue rescatada una niña de cuatro años, quien sobrevivió porque los cuerpos de su madre y abuela la protegieron del impacto de los escombros. La Guaira, uno de los estados más pequeños de Venezuela, enfrentaba una nueva tragedia después del deslave ocurrido en 1999. Aunque Caracas y la entidad costera están separadas por unos 30 kilómetros, la cordillera del Ávila marca una frontera natural entre ambas zonas. Los mayores daños se concentraron en Catia La Mar y Caraballeda. En sectores como Caribe, las construcciones fueron afectadas por las características del terreno, compuesto por depósitos aluviales, arenas y limos que, según expertos, hicieron que el suelo se comportara como “gelatina” durante los movimientos sísmicos. De acuerdo con cifras oficiales, 190 edificios colapsaron en el país y 856 resultaron afectados. Un total de 17 mil 854 personas quedaron sin vivienda. En las calles aparecieron campamentos improvisados, mensajes de familiares buscando desaparecidos y montones de ropa descartada tras saqueos o donaciones. El día de nuestro recorrido, dos semanas después del desastre, La Guaira parecía más organizada. Las carpas donde permanecían los damnificados se mezclaban con los escombros y la preocupación principal era conseguir agua y alimentos. Los habitantes agradecían la ayuda recibida, aunque pedían más productos para niños. En el Casco Colonial de La Guaira, algunas actividades comenzaron a retomarse. Comercios abrieron parcialmente y organizaciones entregaron alimentos y artículos de higiene. También continuaron las muestras de solidaridad mediante la entrega de comida en distintos puntos de la entidad. El terremoto dejó miles de fallecidos, heridos y desaparecidos. En Los Silos, cerca del Puerto de La Guaira, fue instalada una morgue para recibir los cuerpos. Equipos del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y CNE (Consejo Nacional Electoral) participaron en la identificación mediante huellas dactilares, registros fotográficos, evaluación odontológica y pruebas de ADN. Mientras los sobrevivientes buscaban refugio, alimento y seguridad, las mascotas también se convirtieron en víctimas silenciosas. Algunos animales quedaron atrapados o separados de sus familias. Misión Nevado informó el rescate de cientos de perros y gatos que recibían atención veterinaria mientras se buscaban hogares temporales o definitivos. En Catia La Mar, la urbanización Páez concentró otra de las grandes operaciones de rescate. El bloque tres colapsó completamente y los equipos trabajaban entre los restos de una estructura construida en 1955. Vecinos y familiares habían iniciado la búsqueda antes de la llegada de organismos especializados, guiados por los gritos de quienes permanecían atrapados. Aunque el tiempo reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes, los rescatistas mantenían la esperanza. Luisana Arcia destacó la preparación de los equipos nacionales y la tecnología de los grupos internacionales, capaz de detectar señales de vida y evaluar estructuras antes de ingresar. El doctor Miguel Hurtado, del Campamento Humanitario Sanare, recordó que una persona hidratada puede resistir hasta 30 días y que la esperanza nunca debe perderse. En medio de la destrucción, la tragedia también mostró la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la capacidad humana para mantenerse en pie. Para los equipos de emergencia, cada jornada significaba continuar buscando respuestas entre los restos de edificios que alguna vez fueron hogares. Rescatistas, médicos, voluntarios y familiares compartían la misma incertidumbre: encontrar una voz, un movimiento o cualquier señal que permitiera confirmar que alguien seguía con vida. En los sectores más afectados, el trabajo continuó durante días bajo el sol, entre polvo, concreto fracturado y el recuerdo permanente de quienes no lograron salir. A pesar del dolor, la ayuda humanitaria y la colaboración entre distintos países permitieron sostener las labores y acompañar a una población golpeada por una de las peores tragedias recientes de Venezuela. Lo que quedó de un edificio en el sector Caribe, en la parroquia Caraballeda. Rodolfo Baptista Brito Vigilia de familiares de los presos políticos el 7 de julio. EFE PRENSA.COM Escanee el código QR y acceda a más de esta crónica especial desde la zona de desastre.
7A La Prensa Panamá, sábado 11 de julio de 2026 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. gen de mi país. Pero en muy pocas ocasiones los estándares del periodismo han caído tan bajo como en la serie de entregas de su medio sobre el supuesto viaje de alias “Dante” a Rusia y Ucrania. Esta “odisea” parece más un guion de videojuego o película de aventuras que una historia real. Sus detalles clave, entre ellos, siete semanas de “combates callejeros” en Donetsk (ciudad millonaria rusa ubicada a mas de 40 km del frente de batallas), la presencia de montañas cerca de Chernóbil en plena Llanura Europea Oriental protagonistas que salen ilesos de la explosión de una mina antitanque, son fácilmente refutables. Para un medio de trayectoria como lo es La Prensa, debería ser vergonzoso ofrecer absurdidades de esa envergadura a su audiencia. Recuerden que se trata del conflicto bélico mas documentado en la historia humana, con miles de videos grabados diariamente por drones de ambos bandos. Se plantea, entonces la siguiente pregunta: si uno de los periódicos principales de Panamá se permite divulgar tantas falsedades sobre la crisis ucraniana, ¿qué tan verosímiLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La fuerza de las palabras Lectura mienta de reparación que permite que los afectados procesen el trauma y miren con esperanza un futuro compartido. Las palabras se convierten en refugio de supervivencia para sobrellevar la crisis, incluso el dolor de una pérdida. La reconstrucción de ese tejido herido puede darse en un escenario de convivencia a través del lenguaje literario. La lectura en contextos de crisis actúa como un bálsamo que alivia el dolor y disminuye la angustia y ofrece una pausa necesaria para asimilar el daño. Los cuentos y la poesía tienen un poder capaz de simbolizar el sufrimiento; es decir, las palabras permiten a las personas “nombrar lo innombrable” a través de metáforas y ficciones que ayudan a soportar el trauma para que no quede reprimido en el silencio. Pero para que esto suceda se debe contar con protocolos y estrategias de mediación cultural en contextos de emergencias. En noviembre de 2018 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc-Unesco) en colaboración con la Secretaría de Cultura de México, publicaron el libro: “La fuerza de las palabras: Protocolo para una intervención cultural en situaciones de emergencia”. Este documento es un referente que cobra singular importancia en tiempos en que no solo las crisis ambientales y los desastres naturales se han disparado, sino también la violencia de género y doméstica, las emergencias sanitarias y la migración. El docuCarlos Fong ‘La caída de Kiev será la derrota de la ideología neonazi’ Carta Hemos tornado nota de la publicación, el jueves 9 de julio, de un artículo que se refiere a la conversación telefónica entre el señor Ohigginis Arcia, subeditor de La Prensa, y un Tercer Secretario de la Embajada de Rusia. No obstante, frente a la omisión de ciertas declaraciones importantes del funcionario, así como la insistencia de La Prensa en la veracidad de su “investigación” sin evidencia alguna, nos vemos obligados a recurrir al derecho a réplica para brindar las aclaraciones necesarias. Durante mi carrera diplomática de casi 40 años, he leído muchos reportajes difamatorios que pretendían denigrar la imamas cuidado con estas historias que perjudican la imagen de neutralidad objetividad que debe tener un medio, solo puede ser por alguna buena propina dada”. No tengan la menor duda de que la Embajada de Rusia en Panamá ripostará contundentemente cualquier intento de calumniar a nuestro país y su política exterior. La verdad la justicia están de nuestro lado. La Federación de Rusia no puede seguir tolerando las prácticas discriminatorias genocidas contra millones de personas rusas rusohablantes en Ucrania. A ellos se les prohíbe hablar libremente su idioma, profesar su religión o conservar su cultura desde 2014, por mucho que el Occidente lo prefiera callar. Defender la libre determinación de las nuevas regiones de Rusia y parar la expansión agresiva de la OTAN hacia el este son los objetivos principales de la operación especial rusa. Estas tareas fundamentales serán alcanzadas inevitablemente, aunque sea por la vía diplomática o por la vía militar. La caída del régimen de Kiev, la Cartago del siglo XXI, será una derrota para la ideología antihumana neonazi y el neocolonialismo occidental. Al mismo tiempo, será un triunfo para los proponentes de un nuevo orden mundial multipolar mas justo, equitativo y democrático que todos anhelamos. jViva Rusia! jAbajo el nazismo! Opinión EL AUTOR es embajador de Rusia en Panamá. EL AUTOR es escritor. resguardo emocional, desde la selección de “textos ligeros” —historias diáfanas y contundentes— que abran vías de escape sin abrumar al lector. La labor del mediador está regida por una “ética del cuidado” que exige: La escucha activa para priorizar el silencio y el testimonio del otro antes que la actividad misma; el respeto a la dignidad para evitar frases que minimicen el dolor y no forzar nunca la participación; el autocuidado que permite que el mediador esté emocionalmente estable para poder sostener a otros y reconocer cuándo debe replegarse si la situación le sobrepasa. La intervención cultural basada en la lectura permite que las víctimas no solo sobrevivan al desastre, sino que recuperen su capacidad de ensoñación e imaginación, facultades indispensables para visualizar y construir un nuevo proyecto de vida tras la adversidad. Es vital que las instituciones culturales y organizaciones humanitarias en Panamá se articulen para trabajar en un dossier práctico de asistencia. Además contar con los recursos para la adquisición de materiales de lectura; la materia prima para poder ayudar al prójimo. Es menester convocar a algunas ONG de Ciudad del Saber, como la OEI, donde se pueda hacer conexiones para convocar a voluntarios que quieran ser mediadores de lectura. Los documentos para las capacitaciones existen y se pueden descargar del sitio web del Cerlalc. Solo hace falta que alguien arengue las tropas. Los recientes siniestros que se dieron con dos incendios en la ciudad de Panamá que provocaron que cientos de damnificados quedaran en albergues; además del terremoto en la hermana República de Venezuela, nos impulsan a tocar un tema de especial importancia donde la cultura juega un papel fundamental. En situaciones de emergencia se interviene de manera inmediata con la provisión de alimento, refugio y asistencia médica a las víctimas. Esto, desde luego, es lo más urgente en el momento. Sin embargo, los desastres provocan también una “estela visible y dolorosa” que fractura el espíritu y el tejido social. Es en este triste escenario donde la cultura, desde la lectura y la palabra, asume un rol fundamental para reparar el espíritu. En los albergues la población de niños suele ser numerosa. Niños y niñas afectados emocionalmente con grados de incertidumbre terribles que perturban, no solo el sueño, sino hasta los sueños de futuro. La lectura de un cuento puede ser una herraKonstantin Gavrilov mento sirve para que otros países puedan utilizarlo en la formación de recurso humano para poder acompañar a las personas en momentos difíciles. El protocolo propone el uso de la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas fundamentales para la reparación emocional, la construcción de resiliencia y la reconstrucción del tejido social tras un desastre, basándose en la premisa de que las palabras permiten “nombrar lo innombrable” y proyectar un futuro compartido. También existe otro documento: “Estrategias de mediación de lectura en emergencias”, publicado por el CERLALC en el 2022, como una extensión operativa del protocolo original. Es un recurso que en dos tomos ofrece talleres para profesionalizar a los mediadores de lectura para actuar como enlaces de hospitalidad en contextos de crisis. Aunque tengamos todo el amor del mundo y la empatía nos invada, no basta con echarse una mochila con libros en la espalda. Hay que tener el acervo apropiado (libros), el apoyo logístico de las autoridades, tener claro las medidas para el cumplimiento de los derechos humanos y personal capacitado para intervenir en espacios vulnerables con actividades de mediación. Las actividades colectivas de mediación ayudan a transitar de “narrativas victimizantes” hacia “narrativas empoderantes”, donde la comunidad recupera su capacidad de agencia y reconstruye sus lazos de solidaridad. Esto lo trasmite el mediador desde una serie de estrategias que le permiten brindar hospitalidad y les son sus reportajes materiales analíticos sobre otros temas de relevancia nacional e internacional? Es evidente quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos ensayos que buscan presentar a los soldados rusos como “caníbales” “torturadores” horrorosos, según las fantasías de un tal “Dante”, no corroboradas por ninguna fuente fidedigna que pudiese ser mencionada en las entregas. Es una lástima que los detractores europeos de Rusia, en su afán de contrarrestar mediáticamente los avances irresistibles de nuestros militares en Donbass, fabrican fake news cada vez mas descabellados e incoherentes. Es aun más lamentable que muchos periodistas de Latinoamérica caen en las trampas del Occidente y reproducen sus mentiras, aunque sea por confusión o algún interés financiero particular. En este sentido, es pertinente hacer referencia al comentario del internauta “ceciliol511” sobre el artículo del señor Arcia en la pagina web de La Prensa: “Estimados dueños de este medio. Hay que tener Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. 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