1A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 25 de junio de 2026 - Año 45 - Nº 15321 Hoy por hoy La salida de Nicaragua de la OEA no elimina las preocupaciones que durante años han motivado denuncias sobre el deterioro de las libertades, los derechos humanos y las instituciones democráticas en ese país. La democracia no depende de la membresía formal en un organismo internacional; depende del respeto a principios cuya vigencia trasciende fronteras. La advertencia formulada esta semana por Costa Rica en la Asamblea General añade una dimensión adicional. San José expresó preocupación por la presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones como Hamás y Hezbolá, además de alertar sobre actividades vinculadas a la minería ilegal en zonas fronterizas. Más allá de la controversia diplomática, el mensaje es claro: los problemas de gobernanza y seguridad rara vez permanecen confinados dentro de un solo territorio. Panamá conoce bien esa realidad. Treinta años después del atentado contra Alas Chiricanas, aún persisten deudas de justicia. La experiencia demuestra que las amenazas transnacionales, el extremismo y la impunidad no respetan fronteras. Ignorar una crisis porque ocurre fuera de una organización o detrás de una frontera no la hace desaparecer; solo aumenta el riesgo de que sus consecuencias terminen alcanzando a toda la región. Vivir + El Congreso Panamericano de 1926 5B OEA: denuncian presencia de terroristas en Nicaragua 4A Panorama Panorama Barajan una fórmula para frenar a Shirley Castañedas 6A Economía Cae el precio del crudo y bajan los combustibles 1B Cárceles: más de $667 millones en dos años Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO Entre 2024 y 2026, el Mingob, dirigido por Dinoska Montalvo, ha centrado su presupuesto en nuevas cárceles y alimentos para privados de libertad. Desde que asumió el cargo en julio de 2024, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha impulsado contratos y proyectos penitenciarios por cerca de $667 millones, convirtiendo al sistema carcelario en uno de los principales focos de inversión pública. La cifra incluye $275 millones en contratos de alimentación y otros $392 millones destinados a la construcción de nuevos centros penitenciarios. Las mayores partidas corresponden a licitaciones para alimentar a los privados de libertad en Panamá, Colón y Chiriquí. Sin embargo, estos contratos han generado cuestionamientos por la escasa competencia y la concentración de adjudicaciones en un reducido grupo de empresas. El Consorcio Alimentando Panamá, que atiende a cerca del 80% de la población penitenciaria, acumula pagos superiores a $300 millones desde 2012. Los $667 millones comprometidos equivalen a más de cuatro veces el presupuesto anual asignado al Mingob para 2026, que ronda los $150 millones. Sin embargo, la comparación tiene matices: buena parte de estos recursos corresponde a contratos de alimentación y proyectos de infraestructura que se ejecutarán y pagarán durante varios años. VEA 2A Brasil asegura el liderato y recupera a su estrella Brasil goleó 3-0 a Escocia, aseguró el liderato del Grupo C y recuperó a Neymar. Suiza venció 2-1 a Canadá, Bosnia derrotó 3-1 a Catar y Marruecos superó 4-2 a Haití. VEA 4B Terremoto en Venezuela Pánico e incertidumbre Dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieron Venezuela, causando daños materiales, apagones y evacuaciones preventivas. Las autoridades declararon el estado de emergencia y pidieron a la población permanecer en espacios abiertos. Con cortes de energía en varias ciudades y el temor a nuevas réplicas, millones de venezolanos afrontaban una noche de incertidumbre. EFE
2A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 En el país hay más de 20 mil privados de libertad. Archivo Entre crisis y contratos: $667 millones en cárceles en dos años Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO La cifra surge de $275 millones para alimentación de privados de libertad y $392 millones para la construcción de nuevos centros penitenciarios en el país. En medio de constantes controversias, como la reciente fuga de 195 reos, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se ha caracterizado, desde su llegada al cargo el 1 de julio de 2024, por impulsar contratos y proyectos penitenciarios por cerca de $667 millones, situando al sistema carcelario entre los principales focos de inversión pública del Estado. La cifra surge de la combinación de $275 millones destinados a la alimentación de privados de libertad y $392 millones proyectados para la construcción de nuevos centros penitenciarios en distintas regiones del país. La mayor partida corresponde a los contratos de alimentación para las cárceles de Panamá, Colón y Chiriquí. Solo la licitación para los centros penitenciarios de la provincia de Panamá alcanza los $209.6 millones por un período de seis años. A ello se suman $33.6 millones para Colón y cerca de $32 millones para Chiriquí. En conjunto, estos contratos representan una de las mayores erogaciones del Estado en servicios penitenciarios y han generado cuestionamientos sobre la limitada competencia entre los oferentes y la concentración de adjudicaciones en un reducido número de empresas. Las licitaciones En el caso del acto público de Panamá, el Ministerio de Gobierno adjudicó la licitación al Consorcio Alimentando Panamá, S.A., sin formular ninguna objeción, pese a que la propuesta presenta una inconsistencia clave: ofrece porciones de 90 gramos de carne cruda, cuando el pliego —respaldado por los criterios del Ministerio de Salud— exige 90 gramos de carne cocida. Esto implica que, al considerar la merma natural del proceso de cocción, el contratista entregaría una cantidad inferior a la requerida. En el caso de esta licitación, nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá —ahora bajo el nombre de Consorcio Panameño de Alimentación Colón— obtuvo la mejor calificación y le fue adjudicado el contrato, a pesar de un reclamo presentado por otro competidor: el Consorcio C&J Food Services Panamá. Este reclamo se basa precisamente en la irregularidad antes mencionada. Es decir, sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón incumplió el pliego de cargos porque entregaría una cantidad de carne inferior a la requerida por el Estado. Finalmente, las advertencias del reclamo no fueron tomadas en cuenta. El Consorcio Alimentando Panamá, S.A. suministra alimentos a cerca del 80% de la población penitenciaria delpaís,almantenercontratos en las provincias de Panamá, Colón y Bocas del Toro. En conjunto, el Estado le ha pagado más de $300 millones desde 2012, consolidando una posición dominante en la prestación de este servicio dentro del sistema penitenciario. Construcción de cárceles De forma paralela, el Ministerio de Gobierno tiene en su agenda tres nuevos centros penitenciarios, dentro de un plan de expansión del sistema carcelario valorado en $392 millones. Una de estas obras se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), una modalidad que el Ejecutivo ha comenzado a utilizar para financiar infraestructura de gran escala. “¿Que si es una inversión fuerte? Sí. Porque el país lo necesita”, justificó, en su momento, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en medio de una coyuntura marcada por la crisis del sistema penitenciario, el hacinamiento en los centros carcelarios y la reciente fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, un episodio que reactivó el debate sobre la seguridad interna del sistema. La funcionaria explicó que el ministerio afina los detalles para publicar en los próximos días el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo modalidad APP. Esta infraestructura tendrá un costo aproximado de $130 millones y capacidad para albergar a unas 2,000 personas privadas de libertad, y estará ubicada en las inmediaciones del complejo La Joya, en el corregiPanorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Respuesta de los encuestados (%) Infografía: LP - Fuente: Panamá Compra Licitaciones de alimentación penitenciaria Total: $275 millones Panamá: $209.6 millones Colón: $33.6 millones Chiriquí: $32 millones miento de Las Garzas. En paralelo, el pasado 8 de junio el Ministerio de Gobierno lanzó la licitación para el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, un proyecto con precio de referencia de $177.2 millones que se desarrollará en el sector de Divisa, corregimiento de Los Canelos, en la provincia de Herrera. El recinto tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad y contará además con espacios para 450 custodios, así como pabellones diferenciados según el nivel de peligrosidad de la población penitenciaria y áreas de formación en oficios como construcción y plomería. Sin embargo, el proyecto ha generado oposición en la zona. El alcalde de Santa María, Iván De León, aseguró que la comunidad rechaza la construcción del penal por su impacto social y ambiental, al estar cerca de centros educativos como el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas, además de los ríos Cañazas y Santa María. “Divisa es la puerta de entrada a la región de Azuero y no debería convertirse en el ‘patio trasero’ de la península”, cuestionó, mientras el Concejo Municipal solicitó una reunión con la ministra Montalvo para intentar alcanzar un acuerdo. Estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura también protestaron contra este proyecto. Mientras el Gobierno defiende los proyectos como respuesta al hacinamiento y la fuga de 195 reos en La Joyita, las licitaciones han generado dudas sobre la competencia y la concentración de contratos. Con alrededor de $667 millones comprometidos, el sistema penitenciario se consolida como uno de los principales focos de gasto público, en medio de cuestionamientos sobre prioridades, transparencia y la persistencia de la crisis carcelaria. Aaron “Ronny” Mizrachi aseguró que recibió fondos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht porque un familiar se lo pidió, pero “maldita sea la hora en que hice ese favor”. Mizrachi hizo estos señalamientos a la juez Baloisa Marquínez, que finalmente lo enjuició por presunto blanqueo de capitales ligado a esta trama de sobornos. El juicio duró apenas unas pocas horas: todo (apertura, testimonios, alegatos, etc...) se desarrollo este miércoles 24 de junio. La juez Marquínez advirtió que el resultado será dado a conocer en la sentencia que todavía debe emitir sobre el juicio a los otros imputados de Odebrecht, que se celebró del 12 de enero al 27 de febrero pasado. Mizrachi se salvó de ser enjuiciado aquella vez, porque en aquel momento estaba en firme un fallo de septiembre de 2025 del Primer Tribunal Superior de Justicia, que le concedió un amparo de garantías constitucionales y anuló los cargos en su contra. Posteriormente, el 3 de febrero pasado, la decisión del Primer Tribunal Superior fue revocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró que Mizrachi debía comparecer, como lo había dispuesto la juez Marquínez en su auto de llamamiento a juicio, fechado el 4 de abril de 2025. La trazabilidad La fiscal Thalia Palacios, quien estuvo a cargo de los alegatos, aseguró que durante la investigación se logró establecer que Mizrachi recibió fondos de origen ilicito de sociedades ligadas a Odebrecht, cuyo beneficiario final eran el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Martinelli Berrocal -que es cuñado de Mizrachi- fue enjuiciado por esta causa a principios de año. Sus hijos -que ya estuvieron presos en Nueva York por conspirar para blanquear las coimas de Odebrecht utilizando el sistema financiero estadounidense- están imputados, pero deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia, ya que son diputados del Parlacen. La fiscal detalló que cuando se analizaron las respuestas de las asistencias internacionales se comprobó que sociedades satélites de Odebrecht enviaron fondos a Caribbean Holding Ltd., la cual pertenece a Mizrachi. Odebrecht, en su acuerdo de colaboración con la justicia, aportó documentos que revelaron órdenes de pago en beneficio de Caribbean Holding Services Ltd por un total de $1.4 millones. Según la investigación, Mizrachi, padre del alcalde Mayer Mizrachi, posteriormente transfirió los fondos a Importadora Ricamar (empresa propiedad ‘Maldita sea la hora en que hice ese favor’, dice Aaron Mizrachi en el juicio de Odebrecht BLANQUEO de Martinelli) y al expresidente Juan Carlos Varela. Varela también está imputado, pero -al igual que los hermanos Martinelli Linares- debe ser proceso por la Corte porque es parlamentario centroamericano. Solo un testigo El único testigo que se presentó en el juicio de este miércoles fue la perito contable Maribel Tuñón, por parte de la defensa. Tuñón, quien fue interrogada por Basilio González, del equipo de abogados de Mizrachi, aseguró que Caribbean Holding recibió dineros de sociedades ligada a Odebrecht, que -según ella- eran donaciones para la campaña del partido Cambio Democrático (CD). La perito alegó que Mizrachi no obtuvo ningún provecho o beneficio; solo facilitó que las donaciones se entregaran para la campaña política y no cobró nada por eso. La fiscalía tenía dos testigos (Yara Campos y el perito Antonio Lin), pero no acudieron al acto. Lin es un un contador público autorizado (CPA), ya jubilado, que por 12 años trabajó en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. El pasado 28 de enero, declaró en el juicio que se celebraba en aquel momento, con la juez Marquínez. Habla la defensa El abogado Basilio González sostuvo que la fiscalía no pudo probar la supuesta participación de su cliente en el esquema de blanqueo de capitales armado por Odebrecht. Además, presentó dos incidentes: uno de prescripción de la acción penal y otro por una supuesta falta de competencia. En sus alegatos, González mencionó que los hechos atribuidos a su cliente se cometieron en el año 2009 y que han transcurrido más de 13 años desde que la fiscalía lo indagó. También detalló que los hechos investigados están enmarcados en la esfera electoral, por lo que en todo caso su cliente debió ser procesado por el Tribunal Electoral (TE). Para González, las acusaciones de la fiscalía carecen de un sustentó real, ya que los análsis contables demuestran que su cliente no obtubo provecho en estas transacciones. Mizrachi habla Ronny Mizrachi, en una breve declaración, aseguró a la juez que Caribbean Holding Ltd se dedica a actividades comerciales con empresas caribeñas. Nunca fue su intención utilizarla en actividades ilícitas, sostuvo. Mizrachi aseguró que esos dineros los recibió para hacer un favor. “No fundé esa empresa para hacer faude o travesuras”, exclamó y luego se sentó. Nunca indicó quién le pidió el favor. La juez tampoco se lo preguntó. Tampoco hizo falta. Juan Manuel Diaz [email protected] Aaron Mizrachi (der.) y dos familiares, durante el receso en el juicio que se le sigue por el caso Odebrecht. Gabriel Rodríguez
3A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026
4A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PROTECCIÓN DIVINA. El presidente de la Asamblea y aspirante a la reelección, Jorge Herrera, participó ayer en las patronales de San Juan Bautista, en Aguadulce, con su suplente y su familia. Ahora es cuando más debe rezar. No importa si lo hace solo o acompañado. CHARADA. Los cancilleres de Panamá y China se reunieron hace un mes, el pasado 26 de mayo, en Nueva York. Ahí supuestamente acordaron resolver sus diferencias mediante un “diálogo constructivo”. Al día siguiente, hubo seis buques retenidos en puertos chinos, cinco de los cuales llevaban bandera panameña. Y el 28 de mayo ocurrió lo mismo: cuatro de las cinco embarcaciones detenidas en China navegaban con bandera panameña. Si no se hacen las cosas como el gigante asiático quiere, vienen las represalias. OFERTA. Ahora que el PRD anda diciendo que podría tener candidato propio para la presidencia de la Asamblea, ¿a quién van a postular? Siempre son los mismos: Benicio, Pineda, Bolota… Es como escoger entre un dolor de cabeza, de espalda o de muela. LLAMADO. El Tribunal Superior de Elecciones de Unachi emitió una circular para recordar a las autoridades universitarias que la ley orgánica les prohíbe participar en campañas proselitistas o promover candidaturas. No respetan ni sus propias normas. PLATAL. Más sobre los gastos de la asamblea de la OEA. Las tarimas cosManuel Tovar (izq.), canciller de Costa Rica. OEA: Costa Rica alerta sobre Hamás y Hezbolá en Nicaragua Eliana Morales Gil [email protected] REUNIÓN La Asamblea General aprobó una declaración sobre la situación nicaragüense y una serie de resoluciones sobre salud mental, discapacidad, telecomunicaciones, cooperación y fortalecimiento institucional. La situación de Nicaragua dominó buena parte de la primera sesión plenaria de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebró hasta ayer en Panamá. El tema adquirió mayor relevancia luego de que Costa Rica denunciara la presunta presencia en territorio nicaragüense de fuerzas militares rusas y de organizaciones consideradas terroristas, como Hamás y Hezbolá, y advirtiera sobre los riesgos que ello representa para la seguridad regional. Durante el debate sobre la situación nicaragüense, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó la preocupación de su país por lo que calificó como una “persistente y creciente presencia” de estos actores en Nicaragua. Según afirmó, esta situación constituye una amenaza para la estabilidad de Centroamérica y se suma a otros problemas de seguridad que afectan a la región. “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y creciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá”, señaló el jefe de la diplomacia costarricense. Tovar reveló además que apenas un día antes de su intervención, las autoridades de su país detuvieron a varias personas presuntamente vinculadas al grupo Hamás, en una operación que consideró una muestra de la necesidad de reforzar la vigilancia frente a amenazas transnacionales. El canciller también alertó sobre el crecimiento de actividades asociadas a la minería ilegal en zonas cercanas a la frontera con Nicaragua. Según explicó, esta práctica genera daños ambientales, pérdidas económicas y riesgos para la salud pública, además de convertirse en una fuente de inseguridad para las comunidades fronterizas. Las declaraciones del representante costarricense coincidieron con la discusión y posterior aprobación de una declaración de la Asamblea General sobre Nicaragua, en la que los Estados miembros expresaron preocupación por el deterioro de la democracia y de los derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El documento aprobado por la OEA condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los actos de tortura denunciados por organismos internacionales. Asimismo, exige la liberación inmediata de las personas detenidas injustamente y reclama el respeto a libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad religiosa y la participación política. La declaración también solicita la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella por razones políticas y pide garantías para el retorno seguro de los miles de nicaragüenses que han salido al exilio en los últimos años. Uno de los apartados hace referencia a la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera mientras permanecía bajo custodia estatal. Los países miembros solicitaron mantener el seguimiento de este caso y exhortaron al gobierno nicaragüense a retomar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y reconsiderar su salida de la OEA. Durante el debate, varias delegaciones respaldaron la resolución como una señal de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los organismos interamericanos encargados de monitorear la situación en Nicaragua. Más allá del caso nicaragüense, la Asamblea General aprobó un amplio paquete de resoluciones relacionadas con el desarrollo social, la cooperación regional y el funcionamiento institucional del organismo hemisférico. Uno de los acuerdos más destacados fue la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad y de su respectivo programa de acción. La medida busca dar continuidad a los esfuerzos para eliminar barreras y ampliar la participación de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social de los países del continente. Los Estados miembros también conmemoraron el trigésimo aniversario del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), entidad encargada de coordinar iniciativas de cooperación en áreas como educación, turismo, ciencia, tecnología y desarrollo económico. La Asamblea dedicó además una resolución especial al vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana, instrumento adoptado en 2001 que reconoce la democracia representativa como un derecho de los pueblos y una obligación de los gobiernos de la región. En materia institucional, los delegados aprobaron modificaciones al estatuto y al reglamento de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), al tiempo que reafirmaron el papel estratégico de este organismo en el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación en las Américas. Otra de las decisiones relevantes fue la aprobación del programa presupuesto de la OEA para 2027, documento que establece las prioridades operativas y financieras de la organización para el próximo año. Asimismo, se aprobaron reformas al estatuto del Tribunal Administrativo de la OEA, responsable de resolver controversias laborales dentro del organismo, y una resolución destinada a fortalecer la gestión y el seguimiento de los mandatos adoptados por los órganos políticos de la organización. La agenda también incluyó iniciativas vinculadas al desarrollo integral, con énfasis en la cooperación regional para impulsar el crecimiento económico, la innovación, la reducción de desigualdades y el desarrollo sostenible. La salud mental ocupó igualmente un espacio importante en las deliberaciones. Los países aprobaron una resolución que promueve acciones coordinadas entre distintas instituciones públicas para mejorar la atención de la salud mental y fortalecer su incorporación en las políticas nacionales de salud. En el ámbito humanitario, los Estados miembros respaldaron medidas para fortalecer el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales, crisis humanitarias y otras situaciones que requieran apoyo regional. La OEA celebra esta Asamblea General en Ciudad de Panamá en paralelo a las actividades por el bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826. Las sesiones son presididas por el canciller panameño Javier Martínez Acha, quien ha destacado la importancia de fortalecer el diálogo hemisférico en un contexto marcado por desafíos democráticos, sociales y de seguridad que afectan a la región. Eliana Morales Gil [email protected] Christopher Landau, Cortesía OEA Estados Unidos pide respuestas de la OEA ante amenazas regionales Estados Unidos aprovechó la tribuna de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Panamá, para reclamar una organización más efectiva frente a las amenazas que afectan la democracia y la seguridad en el hemisferio. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, sostuvo que el principal desafío de la OEA no es la falta de reuniones o declaraciones, sino la escasez de resultados concretos. “El pueblo de esta región no está esperando nuestra retórica; está esperando nuestros resultados”, afirmó al exhortar a los Estados miembros a demostrar la utilidad y capacidad de respuesta del organismo. Durante su intervención, Landau destacó el respaldo de la OEA a la misión internacional de seguridad en Haití, señalando que esa decisión facilitó posteriormente una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para enfrentar a las pandillas que controlan amplias zonas del país. No obstante, advirtió que la operación requiere mayores recursos para evitar un nuevo deterioro de la situación haitiana. El funcionario también centró parte de su discurso en Bolivia, donde defendió la legitimidad del gobierno electo de Rodrigo Paz y condenó los intentos de desestabilización mediante actos violentos. A su juicio, la OEA debe reaccionar con firmeza cuando grupos opositores buscan revertir resultados electorales por vías extrainstitucionales. Washington dirigió además críticas a los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Landau calificó a Cuba como un “Estado fallido” y cuestionó la ausencia de elecciones libres durante más de seis décadas. Sobre Nicaragua, sostuvo que sus ciudadanos deben gozar de las mismas libertades fundamentales que el resto de los habitantes del continente y afirmó que no debe existir tolerancia hacia regímenes totalitarios. La seguridad hemisférica ocupó otro espacio central en su mensaje. El vicesecretario pidió intensificar la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, al advertir que las organizaciones criminales transnacionales fortalecen su poder a costa de las instituciones democráticas. Finalmente, respaldó las reformas administrativas impulsadas dentro de la OEA, aunque pidió profundizar los cambios, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que reclamó una actuación menos ideológica y más orientada a resultados. Landau cerró reiterando el compromiso de Estados Unidos con la región, pero dejó claro que Washington espera una OEA más enfocada en la acción que en las declaraciones. taron $80,000, pero hubo una que se cotizó por separado y que se utilizó para tomar la foto oficial con los delegados y jefes de Gobierno. Esa costó $15,000. También había una cotización de $25,000 para un almuerzo con las primeras damas, pero, que sepamos, solo vino la de Guatemala. Parece que a esta cumbre solo le faltaron los Cadillacs.
5A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 Panorama Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron enviados a detención provisional por su presunta participación en dos ataques con arma blanca ocurridos con apenas tres días de diferencia en el colegio José Guardia Vega, en la ciudad de Colón. Ambos casos, que mantienen bajo investigación a las autoridades, han reavivado la preocupación por el incremento de la violencia entre estudiantes y la capacidad del sistema educativo para prevenir situaciones de riesgo dentro de los planteles. La medida cautelar fue decretada por un Juzgado Penal de Adolescentes, luego de que la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala lograra la imputación de los menores por tentativa de homicidio. En uno de los expedientes, además, se formuló cargo por robo agravado. Durante las audiencias, la Fiscalía solicitó la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos, peticiones que fueron acogidas por el tribunal, que ordenó la detención provisional mientras continúan las investigaciones. El primer incidente ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años presuntamente atacó con un arma blanca a un estudiante de 15 años dentro del plantel, causándole una herida en el cuello. Tres días después, el 19 de junio, otro estudiante, también de 15 años, habría agredido con arma blanca a un compañero de la misma edad en el mismo centro educativo, generando nuevamente alarma entre estudiantes, docentes y familiares. Uno de los ataques se produjo mientras se desarrollaba una reunión en el colegio con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, funcionarios del Ministerio de Educación, representantes de la Policía Nacional y miembros de la comunidad educativa, lo que aumentó la repercusión pública de los hechos. El vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero, sostuvo que estos episodios son una muestra del deterioro del clima escolar y del aumento de la violencia juvenil. Según explicó, la formación en valores, disciplina y conducta coDos apuñalamientos en tres días sacuden colegio en Colón VIOLENCIA mienza en el hogar y los estudiantes suelen reflejar las dinámicas de sus entornos familiares y sociales. También rechazó que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre los docentes. Montero recordó que el sistema educativo cuenta con mecanismos disciplinarios establecidos en el Decreto 142 de 1997, que contempla sanciones como amonestaciones, suspensiones y expulsiones para faltas graves. Sin embargo, consideró que estas medidas deben aplicarse con mayor firmeza cuando se presentan hechos violentos dentro de los centros educativos. El dirigente también señaló la necesidad de fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, argumentando que los docentes no son especialistas en atención psicosocial y requieren apoyo profesional para atender situaciones complejas relacionadas con la conducta y la salud mental de los estudiantes. Los ataques ocurren en un contexto de aumento de la delincuencia juvenil. Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes registraron 1,998 denuncias por hechos delictivos cometidos por menores de edad en todo el país, un incremento de 21% respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,651 casos. Elcrecimientoesespecialmente notable en los delitos contra la vida y la integridad personal, que pasaron de 264 a 372 denuncias, lo que representa un aumento de 40.9%. También se reportaron incrementos en delitos contra el patrimonio económico y contra la seguridad colectiva. En la provincia de Colón, donde ocurrieron los ataques, las denuncias relacionadas con adolescentes aumentaron de 111 a 129 casos en un año. Paralelamente, las estadísticas muestran un mayor uso de la detención provisional como medida cautelar para menores de edad, además de un incremento en las audiencias de imputación y en las sentencias emitidas por los tribunales especializados. La Procuraduría General de la Nación reiteró que las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad y transparencia, y aseguró que el Ministerio Público ejercerá la acción penal cuando corresponda, conforme a la Constitución y la ley. Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que factores como la violencia intrafamiliar, la exclusión social, la falta de oportunidades, los problemas de salud mental, la pobreza, el consumo de sustancias y la exposición a entornos violentos aumentan el riesgo de conductas agresivas entre adolescentes. José Luis Popi Varela y Eduardo Vásquez. Archivo CD, entre Castañedas y una candidatura de consenso José González Pinilla [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] LEGISLATIVO A seis días de la elección legislativa, Cambio Democrático mantiene en suspenso su voto. La oposición evalúa impulsar a Eduardo Vásquez para frenar la candidatura de Shirley Castañedas. Faltan seis días para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y la bancada de Cambio Democrático (CD) parece tener los votos que decidirán quién presidirá ese órgano del Estado a partir del próximo 1 de julio. Por un lado está la diputada Shirley Castañedas, la candidata de Realizando Metas (RM), el partido en el que milita el presidente de la República, José Raúl Mulino. Ya compitió por el puesto el año pasado, pero perdió (por tres votos) ante el panameñista Jorge Herrera, quien aspira a la reelección. Parte del problema suele ser ese: en la Asamblea, casi siempre las votaciones suelen terminar con un estrecho resultado. El del próximo 1 de julio seguramente sea también así. El problema es que para ganar se necesitan 36 votos y no hay bancadas con una clara mayoría: RM tiene 15 diputados, lo mismo que la coalición independiente Vamos. Luego está el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene 12 diputados; CD y el Panameñista, cada uno con ocho miembros, y Segimos, donde hay tres diputados del Movimiento Otro Camino (Moca) y un independiente. El resto está repartido por ahí y no tiene bancada. Casi todos, de alguna manera u otra, han exteriorizado sus preferencias.... menos CD. Ese silencio podría prolongarse hasta la víspera de la elección. El diputado Gertrudis Rodríguez, de CD, informó a La Prensa que tienen previsto reunirse el próximo lunes o martes para definir si respaldarán a Castañedas, se sumarán a una candidatura “alternativa” o postularán a un candidato propio. Hace un año, votaron por Herrera. “Estamos en los circuitos y no nos hemos podido reunir”, indicó. Los números Todo el mundo pensaba que Castañedas llevaba la delantera por dos razones: el presidente Mulino refrendó su candidatura la semana pasada y se da por hecho que el PRD votará por ella (ya lo hizo el año pasado, cuando perdió), dada su estrecha relación con el jefe de bancada de ese partido, Jairo Salazar. Aunque el pasado martes el PRD circuló una foto de una reunión de la bancada y anunció que todavía no tiene una “posición oficial”, el apoyo de Salazar es total. Según una fuente cercana a ese colectivo, el PRD ha optado por no anunciar todavía su posición debido a que mantiene negociaciones con RM sobre la distribución de espacios clave en las 15 comisiones permanentes de la Asamblea. A Benicio Robinson le encanta la de Presupuesto: la ha presidido en ocho ocasiones. Robinson, además, es el presidente del PRD. Así que, sacando cuentas, Castañedas tendría los votos de los 15 miembros de su bancada, de los 12 del PRD (asumiendo que ninguno se le escape a Salazar), del llanero solitario del Molirena (que se llama Isaac Mosquera) y de dos diputados de Alianza. También contaría con el voto de los independientes Manuel Cheng y Carlos Saldaña, ambos expulsados de la bancada Vamos. Eso da un total de 32 votos. O sea, le faltarían cuatro. Si, de alguna manera, los Panameñistas, Vamos y Seguimos superan sus diferencias, representarían un bloque de 27 diputados. A eso se podría sumar Patsy Lee, del Partido Popular, y el independiente Neftalí Zamora. Con dos diputados pasa lo mismo que con CD: nadie tiene certeza a quién apoyan. Se trata de Eliécer Castrellón, del Partido Popular, y de Manuel Samaniego, quien renunció de Vamos. Castrellón es el segundo vicepresidente de la AN. Y a ese puesto llegó porque el año pasado era parte de la alianza que puso a Herrera en la presidencia. Pronto le dio la espalda a este grupo y no se sabe en qué anda. La disputa por los votos de CD Por todo lo antes descrito, CD es el principal objetivo de las negociaciones. El que se lleva a CD (o a una cantidad significativa de sus diputados), gana. Fuentes legislativas indican que RM ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el diputado de CD, Eduardo Vásquez, continúe presidiendo la Comisión de Presupuesto durante un nuevo período. Vásquez llegó a la Asamblea por primera vez en 2024; es diputado por Capira, el antiguo feudo de Yanibel Ábrego. La comisión —la más grande, con 15 diputados— es considerada la más influyente, ya que aquí se deciden los traslados de partida y se discute el proyecto del presupuesto general del Estado. La propuesta buscaría asegurar el respaldo de al menos una parte de la bancada de CD y permitir que Castañedas alcance los votos necesarios para convertirse en presidenta del Legislativo. El otro bloque, el que quiere impedir que Castañedas gane, estaría dispuesto a ofrecer algo más a Vásquez y CD. Vásquez, el ungido Aunque públicamente la bancada panameñista mantiene viva la aspiración de reelegir a Herrera, ya reconocen que las matemáticas no favorecen su continuidad en el cargo. Ante ese panorama, ha comenzado a tomar con mayor fuerza una alternativa: impulsar una candidatura de consenso encabezada por Vásquez. Dicen que, con eso, hasta Vamos estaría de acuerdo. La propuesta aún se encuentra en etapa de conversaciones. La disputa por la presidencia de la Asamblea recuerda lo ocurrido hace exactamente un año. El 1 de julio de 2025, Herrera derrotó a Castañedas luego de una intensa jornada de negociaciones que se extendió hasta las horas previas a la votación. Herrera obtuvo entonces 37 votos gracias a una alianza conformada por Vamos, el Panameñista, Seguimos, CD y el Partido Popular. Castañedas -en la memoria colectiva del país todavía está aquel momento en que se marchó de la Asamblea al Palacio de las Garzas, para pedir el apoyo presidencial- se quedó corta, con 34 votos. Perdió por una nariz. Por área geográfica Infografía: La Prensa-Fuente: MP Denuncias contra adolescentes Panamá 529 San Miguelito 138 Panamá Oeste 352 Colón 129 Darién 36 Veraguas 109 Coclé 92 Chiriquí 300 Bocas del Toro 198 Los Santos 46 Herrera 69 Total 1,998 El precedente Así se decidió la presidencia en 2025 En 2025, la presidencia de la Asamblea se decidió por apenas tres votos. El panameñista Jorge Herrera derrotó 37-34 a Shirley Castañedas, candidata de RM y respaldada por el PRD. Herrera logró articular una alianza opositora integrada por Vamos, Cambio Democrático, Panameñismo, Partido Popular, Seguimos y la bancada mixta. La elección evidenció una Asamblea fragmentada, sin mayorías propias y con CD como fuerza clave para inclinar la balanza.
7A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026
8A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. del contenido del propio informe, conviene detenernos a analizar, desinhibidos de prejuicios, las principales aristas o escollos que se vislumbran en los diferentes escenarios planteados para arribar a una decisión final sobre este sensible tema: la conveniencia o no de la reapertura de la mina de Donoso. Empecemos por decir que, aun bajo el supuesto de que el citado informe de auditoría sea un dechado de virtudes en cuanto a honestidad, profesionalismo e imparcialidad en el manejo técnico de la información utilizada por la empresa consultora, dicho informe no pasa de ser una herramienta técnica válida de consulta. De ningún modo puede, ni debe, ser considerado la última y definitiva palabra que determine la voluntad soberana del Estado panameño ante Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Desafíos nacionales ante la baja natalidad en Panamá Demografía cimientos y el envejecimiento poblacional. La experiencia internacional demuestra que la baja natalidad no responde únicamente a factores económicos. Aunque criar hijos implica costos elevados, también influyen factores culturales como la urbanización, la creciente participación femenina en el mercado laboral, la prolongación de los estudios, la maternidad tardía y nuevas formas de realización personal. Limitaciones de las políticas tradicionales Estamos frente a una transformación civilizatoria. Por ello, resulta ingenuo pensar que la tendencia puede revertirse simplemente mediante subsidios o incentivos económicos. La experiencia de Europa, Japón y Corea del Sur demuestra que incluso políticas públicas multimillonarias apenas logran desacelerar parcialmente la caída. La pregunta relevante no es si Panamá volverá a registrar los niveles de natalidad del siglo pasado. Probablemente no. La verdadera pregunta es si estamos preparados para administrar inteligentemente las consecuencias de este cambio. Y es allí donde la discusión adquiere una dimensión estratégica. La demografía como asunto estratégico y de seguridad nacional Así como durante décadas el mundo subestimó los riesgos ambientales y hoy reconoce la necesidad de políticas de sostenibilidad ecológica, Panamá debe comenzar a incorporar la variable demográfica dentro de su planificación nacional de largo plazo. La reducción sostenida de los nacimientos afectará prácticamente todos los sectores del país. Impactará el sistema educativo, que verá disminuir progresivamente su matrícula. Transformará la demanda de servicios de salud, con un aumento de enfermedades crónicas, mayor dependencia funcional y crecientes necesidades geriátricas. También tendrá repercusiones sobre la sostenibilidad general de la seguridad social. Aunque las reformas recientes han introducido ajustes importantes, una economía con menos trabajadores, menor masa Francisco Sánchez Cárdenas De todas maneras la calavera es ñata Decisión sobre la mina A partir del momento en que el pasado 19 de junio se cumplió con la entrega oficial al Gobierno nacional, por parte de la firma multinacional de origen suizo Societé Generale de Surveillance (SGS), del informe de auditoría integral de la empresa minera Cobre Panamá, comenzaron a perfilarse las aristas de una encrucijada que, al parecer, inevitablemente se cierne sobre el país. El extenso documento técnico, compuesto por 15 tomos y más de 20 anexos, fue recibido por la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Ejecutivo, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Ambiente, Juan Carlos Navarro; y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Además, se encuentra a disposición de los ciudadanos para libre consulta en la página web del Ministerio de Ambiente. Ante esta circunstancia, y antes de emitir opinión acerca del fondo del asunto o una decisión de semejantes implicaciones. En todo caso, resulta evidente para buena parte del país que los integrantes de la Comisión de Alto Nivel designada por el presidente Mulino para evaluar dicho informe y emitir conclusiones finales sobre el tema carecen de legitimidad ante amplios sectores de la ciudadanía, debido a declaraciones y acciones previas que han sido interpretadas como muestras de parcialidad. Me refiero específicamente al ministro Moltó, cuando afirmó: “La Corte declaró ilegal el contrato, no a la empresa minera”; al ministro Navarro, por su cambio de postura respecto a diversos temas ambientales; y al ministro Chapman, por su natural inclinación hacia los intereses del sector económico y empresarial al que pertenece. Si, en cambio, el presidente Mulino llegase a considerarse a sí mismo como la autoridad idónea para tomar unilateralmente la decisión final sobre la reapertura o no de la mina y así lo anunciara al país, estaría asumiendo una enorme responsabilidad política. Una decisión de esa magnitud, adoptada sin mayores mecanismos de consulta, podría generar profundas divisiones y reacciones adversas en amplios sectores de la sociedad. Como ciudadano de este país, y ante estos tres escenarios que describen a la calavera ñata por donde se le mire, me parece pruOpinión EL AUTOR es escritor y pintor. EL AUTOR fue ministro de Salud, de Vivienda y director de la CSS. salarial y menor crecimiento de la población económicamente activa limita la capacidad de generar ahorro previsional suficiente y reduce el dinamismo económico que sostiene el sistema de protección social. Asimismo, alterará el mercado laboral y modificará las prioridades políticas y sociales de la nación. En consecuencia, la demografía debe dejar de verse como una simple estadística y comenzar a tratarse como un asunto de seguridad nacional. No se trata de alarmismo. Se trata de planificación. La posición geográfica y la seguridad nacional geográfica Panamá cuenta con una ubicación estratégica que impulsa su economía mediante el Canal, los puertos, la logística, los servicios marítimos, la conectividad aérea, las telecomunicaciones y el comercio internacional. Sin embargo, la geografía no garantiza prosperidad duradera si no se traduce en capacidades nacionales sólidas. Por ello, propongo incorporar este desafío dentro de un concepto más amplio de Seguridad Nacional Geográfica (SNG): la obligación del Estado de utilizar responsablemente las rentas derivadas de nuestra posición estratégica para garantizar la sostenibilidad económica, social y humana de la nación. Tradicionalmente hemos asociado la seguridad nacional con fronteras, defensa o soberanía. Pero en el siglo XXI también debemos proteger aquellos factores que determinan la viabilidad futura del país. La demografía es uno de ellos. Capital humano y sostenibilidad La baja natalidad va más allá de lo demográfico; constituye un desafío clave para el desarrollo, la seguridad social y la competitividad de Panamá. Los problemas graves suelen surgir sin ruido ni protestas, pero sus consecuencias son profundas y duraderas. La publicación de La Prensa sobre los nacimientos en Panamá destaca una caída acelerada de la natalidad, un fenómeno que requiere atención nacional. Mientras el país se ocupa de asuntos como el agua, el empleo y la seguridad, los nacimientos bajaron de 77 mil en 2018 a menos de 60 mil en 2024, una disminución superior al 22% en apenas seis años. Esta tendencia es estructural, no temporal. El impacto de la transición demográfica Todos esos problemas son reales y deben enfrentarse con urgencia. Sin embargo, existe una paradoja que rara vez forma parte del debate nacional. Resolver los problemas del presente sin atender la sostenida reducción de los nacimientos puede convertirse en un contrasentido histórico. Cuando los efectos más profundos de esta transición demográfica se manifiesten plenamente, podríamos encontrarnos con un país más envejecido, con menos trabajadores, menos contribuyentes, menor dinamismo económico y crecientes dificultades para sostener sus instituciones. En otras palabras, podríamos haber resuelto parte de los desafíos inmediatos sin garantizar la viabilidad del Panamá del futuro. Durante años preocupaba cómo alimentar, educar y emplear a una población en crecimiento. Ahora, muchos países buscan sostener sus economías, servicios y cohesión social frente a la disminución de los naEl extenso documento técnico, compuesto por 15 tomos y más de 20 anexos, fue recibido por la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Ejecutivo, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Ambiente, Juan Carlos Navarro; y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Joaquín González J. La pregunta relevante no es si Panamá volverá a registrar los niveles de natalidad del siglo pasado. Probablemente no. La verdadera pregunta es si estamos preparados para administrar inteligentemente las consecuencias de este cambio. Y es allí donde la discusión adquiere una dimensión estratégica. Existe una analogía esclarecedora: así como hoy entendemos que sin agua no hay Canal, debemos comenzar a comprender que sin capital humano suficiente tampoco habrá capacidad para sostener la economía que depende de nuestra posición geográfica. La demografía es al capital humano lo que la cuenca hidrográfica es al Canal. Sin una población suficiente, capacitada y productiva, ninguna ventaja geográfica puede sostenerse indefinidamente. El reto tecnológico y la productividad El avance tecnológico está transformando el trabajo mediante la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos. Una menor población no necesariamente debilita la economía si aumenta la productividad, pero ello exige transformar profundamente el sistema educativo. Es fundamental formar jóvenes para sectores como la logística inteligente, la ciberseguridad, la biotecnología y los servicios globales, en lugar de prepararlos para empleos que pronto podrían desaparecer. El riesgo real no es tener menos jóvenes, sino educarlos para trabajos que dejarán de existir. La urgencia de una visión a largo plazo La transición demográfica no constituye una crisis inmediata, pero sus efectos acumulativos pueden volverse críticos con el tiempo. Panamá debe iniciar un diálogo nacional sobre población, envejecimiento, tecnología y desarrollo, sin imponer modelos familiares ni visiones ideológicas. El futuro del país dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Ignorar los problemas estructurales solo incrementa sus costos futuros. Por ello, la sostenibilidad poblacional debe incorporarse a la Seguridad Nacional Geográfica. La riqueza de Panamá solo podrá mantenerse si cuenta con suficiente capital humano capacitado para enfrentar los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Los trabajadores, emprendedores, científicos y líderes que necesitará el país dentro de treinta años se están formando hoy. Y una parte de ellos, sencillamente, ya no está naciendo. dente advertir al señor presidente Mulino que ha llegado la hora de demostrar si cuenta con los quilates para convertirse en un estadista y no quedar reducido a un presidente más de los muchos que han pasado por el poder sin dejar huella trascendente. Mire, presidente Mulino: curiosamente coincido con usted en que una decisión como esta no merece ni vale la pena llevarla a consulta y decisión de la Asamblea Nacional. Estoy convencido de que podría resultar peor el remedio que la enfermedad, pues esta institución, debido a los niveles de corrupción, oportunismo y prácticas cuestionables que ha exhibido durante décadas, se ha descalificado ante los ojos de muchos panameños para adoptar una decisión de esta magnitud. En cambio, respetuosamente le propongo que delegue esta responsabilidad directamente al pueblo mediante una consulta popular, ya sea a través de un plebiscito o un referéndum. Si toma ese camino, contará con una legitimidad difícilmente cuestionable. Si, por el contrario, decide decantarse por alguno de los escenarios antes descritos, deberá prepararse para enfrentar las consecuencias políticas y sociales que puedan derivarse de esa decisión. Pido a Dios que le ilumine el camino, señor presidente, a la hora de tomar esta importante decisión. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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