2A La Prensa Panamá, jueves 25 de junio de 2026 En el país hay más de 20 mil privados de libertad. Archivo Entre crisis y contratos: $667 millones en cárceles en dos años Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO La cifra surge de $275 millones para alimentación de privados de libertad y $392 millones para la construcción de nuevos centros penitenciarios en el país. En medio de constantes controversias, como la reciente fuga de 195 reos, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se ha caracterizado, desde su llegada al cargo el 1 de julio de 2024, por impulsar contratos y proyectos penitenciarios por cerca de $667 millones, situando al sistema carcelario entre los principales focos de inversión pública del Estado. La cifra surge de la combinación de $275 millones destinados a la alimentación de privados de libertad y $392 millones proyectados para la construcción de nuevos centros penitenciarios en distintas regiones del país. La mayor partida corresponde a los contratos de alimentación para las cárceles de Panamá, Colón y Chiriquí. Solo la licitación para los centros penitenciarios de la provincia de Panamá alcanza los $209.6 millones por un período de seis años. A ello se suman $33.6 millones para Colón y cerca de $32 millones para Chiriquí. En conjunto, estos contratos representan una de las mayores erogaciones del Estado en servicios penitenciarios y han generado cuestionamientos sobre la limitada competencia entre los oferentes y la concentración de adjudicaciones en un reducido número de empresas. Las licitaciones En el caso del acto público de Panamá, el Ministerio de Gobierno adjudicó la licitación al Consorcio Alimentando Panamá, S.A., sin formular ninguna objeción, pese a que la propuesta presenta una inconsistencia clave: ofrece porciones de 90 gramos de carne cruda, cuando el pliego —respaldado por los criterios del Ministerio de Salud— exige 90 gramos de carne cocida. Esto implica que, al considerar la merma natural del proceso de cocción, el contratista entregaría una cantidad inferior a la requerida. En el caso de esta licitación, nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá —ahora bajo el nombre de Consorcio Panameño de Alimentación Colón— obtuvo la mejor calificación y le fue adjudicado el contrato, a pesar de un reclamo presentado por otro competidor: el Consorcio C&J Food Services Panamá. Este reclamo se basa precisamente en la irregularidad antes mencionada. Es decir, sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón incumplió el pliego de cargos porque entregaría una cantidad de carne inferior a la requerida por el Estado. Finalmente, las advertencias del reclamo no fueron tomadas en cuenta. El Consorcio Alimentando Panamá, S.A. suministra alimentos a cerca del 80% de la población penitenciaria delpaís,almantenercontratos en las provincias de Panamá, Colón y Bocas del Toro. En conjunto, el Estado le ha pagado más de $300 millones desde 2012, consolidando una posición dominante en la prestación de este servicio dentro del sistema penitenciario. Construcción de cárceles De forma paralela, el Ministerio de Gobierno tiene en su agenda tres nuevos centros penitenciarios, dentro de un plan de expansión del sistema carcelario valorado en $392 millones. Una de estas obras se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), una modalidad que el Ejecutivo ha comenzado a utilizar para financiar infraestructura de gran escala. “¿Que si es una inversión fuerte? Sí. Porque el país lo necesita”, justificó, en su momento, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en medio de una coyuntura marcada por la crisis del sistema penitenciario, el hacinamiento en los centros carcelarios y la reciente fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, un episodio que reactivó el debate sobre la seguridad interna del sistema. La funcionaria explicó que el ministerio afina los detalles para publicar en los próximos días el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo modalidad APP. Esta infraestructura tendrá un costo aproximado de $130 millones y capacidad para albergar a unas 2,000 personas privadas de libertad, y estará ubicada en las inmediaciones del complejo La Joya, en el corregiPanorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Respuesta de los encuestados (%) Infografía: LP - Fuente: Panamá Compra Licitaciones de alimentación penitenciaria Total: $275 millones Panamá: $209.6 millones Colón: $33.6 millones Chiriquí: $32 millones miento de Las Garzas. En paralelo, el pasado 8 de junio el Ministerio de Gobierno lanzó la licitación para el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, un proyecto con precio de referencia de $177.2 millones que se desarrollará en el sector de Divisa, corregimiento de Los Canelos, en la provincia de Herrera. El recinto tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad y contará además con espacios para 450 custodios, así como pabellones diferenciados según el nivel de peligrosidad de la población penitenciaria y áreas de formación en oficios como construcción y plomería. Sin embargo, el proyecto ha generado oposición en la zona. El alcalde de Santa María, Iván De León, aseguró que la comunidad rechaza la construcción del penal por su impacto social y ambiental, al estar cerca de centros educativos como el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas, además de los ríos Cañazas y Santa María. “Divisa es la puerta de entrada a la región de Azuero y no debería convertirse en el ‘patio trasero’ de la península”, cuestionó, mientras el Concejo Municipal solicitó una reunión con la ministra Montalvo para intentar alcanzar un acuerdo. Estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura también protestaron contra este proyecto. Mientras el Gobierno defiende los proyectos como respuesta al hacinamiento y la fuga de 195 reos en La Joyita, las licitaciones han generado dudas sobre la competencia y la concentración de contratos. Con alrededor de $667 millones comprometidos, el sistema penitenciario se consolida como uno de los principales focos de gasto público, en medio de cuestionamientos sobre prioridades, transparencia y la persistencia de la crisis carcelaria. Aaron “Ronny” Mizrachi aseguró que recibió fondos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht porque un familiar se lo pidió, pero “maldita sea la hora en que hice ese favor”. Mizrachi hizo estos señalamientos a la juez Baloisa Marquínez, que finalmente lo enjuició por presunto blanqueo de capitales ligado a esta trama de sobornos. El juicio duró apenas unas pocas horas: todo (apertura, testimonios, alegatos, etc...) se desarrollo este miércoles 24 de junio. La juez Marquínez advirtió que el resultado será dado a conocer en la sentencia que todavía debe emitir sobre el juicio a los otros imputados de Odebrecht, que se celebró del 12 de enero al 27 de febrero pasado. Mizrachi se salvó de ser enjuiciado aquella vez, porque en aquel momento estaba en firme un fallo de septiembre de 2025 del Primer Tribunal Superior de Justicia, que le concedió un amparo de garantías constitucionales y anuló los cargos en su contra. Posteriormente, el 3 de febrero pasado, la decisión del Primer Tribunal Superior fue revocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró que Mizrachi debía comparecer, como lo había dispuesto la juez Marquínez en su auto de llamamiento a juicio, fechado el 4 de abril de 2025. La trazabilidad La fiscal Thalia Palacios, quien estuvo a cargo de los alegatos, aseguró que durante la investigación se logró establecer que Mizrachi recibió fondos de origen ilicito de sociedades ligadas a Odebrecht, cuyo beneficiario final eran el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Martinelli Berrocal -que es cuñado de Mizrachi- fue enjuiciado por esta causa a principios de año. Sus hijos -que ya estuvieron presos en Nueva York por conspirar para blanquear las coimas de Odebrecht utilizando el sistema financiero estadounidense- están imputados, pero deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia, ya que son diputados del Parlacen. La fiscal detalló que cuando se analizaron las respuestas de las asistencias internacionales se comprobó que sociedades satélites de Odebrecht enviaron fondos a Caribbean Holding Ltd., la cual pertenece a Mizrachi. Odebrecht, en su acuerdo de colaboración con la justicia, aportó documentos que revelaron órdenes de pago en beneficio de Caribbean Holding Services Ltd por un total de $1.4 millones. Según la investigación, Mizrachi, padre del alcalde Mayer Mizrachi, posteriormente transfirió los fondos a Importadora Ricamar (empresa propiedad ‘Maldita sea la hora en que hice ese favor’, dice Aaron Mizrachi en el juicio de Odebrecht BLANQUEO de Martinelli) y al expresidente Juan Carlos Varela. Varela también está imputado, pero -al igual que los hermanos Martinelli Linares- debe ser proceso por la Corte porque es parlamentario centroamericano. Solo un testigo El único testigo que se presentó en el juicio de este miércoles fue la perito contable Maribel Tuñón, por parte de la defensa. Tuñón, quien fue interrogada por Basilio González, del equipo de abogados de Mizrachi, aseguró que Caribbean Holding recibió dineros de sociedades ligada a Odebrecht, que -según ella- eran donaciones para la campaña del partido Cambio Democrático (CD). La perito alegó que Mizrachi no obtuvo ningún provecho o beneficio; solo facilitó que las donaciones se entregaran para la campaña política y no cobró nada por eso. La fiscalía tenía dos testigos (Yara Campos y el perito Antonio Lin), pero no acudieron al acto. Lin es un un contador público autorizado (CPA), ya jubilado, que por 12 años trabajó en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. El pasado 28 de enero, declaró en el juicio que se celebraba en aquel momento, con la juez Marquínez. Habla la defensa El abogado Basilio González sostuvo que la fiscalía no pudo probar la supuesta participación de su cliente en el esquema de blanqueo de capitales armado por Odebrecht. Además, presentó dos incidentes: uno de prescripción de la acción penal y otro por una supuesta falta de competencia. En sus alegatos, González mencionó que los hechos atribuidos a su cliente se cometieron en el año 2009 y que han transcurrido más de 13 años desde que la fiscalía lo indagó. También detalló que los hechos investigados están enmarcados en la esfera electoral, por lo que en todo caso su cliente debió ser procesado por el Tribunal Electoral (TE). Para González, las acusaciones de la fiscalía carecen de un sustentó real, ya que los análsis contables demuestran que su cliente no obtubo provecho en estas transacciones. Mizrachi habla Ronny Mizrachi, en una breve declaración, aseguró a la juez que Caribbean Holding Ltd se dedica a actividades comerciales con empresas caribeñas. Nunca fue su intención utilizarla en actividades ilícitas, sostuvo. Mizrachi aseguró que esos dineros los recibió para hacer un favor. “No fundé esa empresa para hacer faude o travesuras”, exclamó y luego se sentó. Nunca indicó quién le pidió el favor. La juez tampoco se lo preguntó. Tampoco hizo falta. Juan Manuel Diaz [email protected] Aaron Mizrachi (der.) y dos familiares, durante el receso en el juicio que se le sigue por el caso Odebrecht. Gabriel Rodríguez
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==