1A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 10 de junio de 2026 - Año 45 - Nº 15307 Hoy por hoy Poco a poco el país va conociendo por qué la Unachi se convirtió en un cuartel de invierno político del PRD y personal. La creación de una AIP para captar y administrar fondos bajo una estructura controlada por personas cercanas a la exrectora Etelvina Medianero aporta nuevas piezas al rompecabezas. También explica por qué el diputado Raúl Pineda lideró y defendió la reforma legal que permitió la reelección de la rectora, consolidando un modelo de poder cuestionado por denuncias de nepotismo, conflictos de interés y manejo discrecional de recursos. La AIP, además de captar fondos de maestrías, posgrados y otros programas, cobraba un 10% de comisión y estaba integrada por familiares y allegados de la exrectora y actores políticos vinculados al PRD. Con la investigación del Ministerio Público sobre la AIP, salen a la luz los vínculos políticos, familiares y administrativos que moldearon la gestión universitaria en los últimos años. La pregunta central es clara: ¿por qué hubo tanto interés en proteger este modelo y sus mecanismos de control de fondos? Los desafíos de empresas familiares y las generaciones 2B Economía De Klinsmann a Carrasquilla La casa mundialista de la Sele Tres décadas después de recibir a la Alemania de Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus, el Nottawasaga Resort de Alliston, Canadá, alberga a la selección de Panamá, que debutará el 17 de junio ante Ghana tras el inicio del Mundial mañana 11 de junio. Entre los jugadores que se preparan en el complejo se destacan Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Aníbal Godoy y Cecilio Waterman. VEA 8A Documental sobre la Cruzada Civilista Proteger la libertad requiere instituciones fuertes Al conmemorarse el 39 aniversario de la fundación de la Cruzada Civilista, se presentó ayer el documental ‘La Cruzada Civilista por la Justicia, la Libertad y la Democracia’. Durante la actividad se realizó un conversatorio con cuatro panelistas: Lina Vega (tercera en la foto), de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; y los fundadores de la Cruzada, Aurelio Barría (centro), Gilbert Mallol y Manuel Cambra (derecha), moderado por Rita Vásquez (izquierda), integrante de la junta directiva de Corprensa. Los participantes coincidieron en que, aunque Panamá ha preservado las libertades conquistadas por aquel movimiento ciudadano, todavía enfrenta el desafío de consolidar instituciones sólidas capaces de protegerlas plenamente. VEA 6A Alexander Arosemena El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental categoría III para ampliar y rehabilitar la carretera Omar Torrijos, una obra de $105.7 millones. Sin embargo, condicionó su ejecución al cumplimiento de medidas especiales de protección ambiental, monitoreo arqueológico y supervisión permanente debido a la cercanía del proyecto con el Parque Nacional Camino de Cruces. VEA 1B Luz verde a la carretera, pero con lupa en Camino de Cruces La caja política de los fondos de la Unachi Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS La AIP de la Unachi, creada por la exrectora y vinculada a Raúl Pineda, centralizó fondos y proyectos. L a Asociación de Interés Público (AIP) creada por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) durante la gestión de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas quedó bajo escrutinio luego de que el Ministerio de Educación remitiera información al Ministerio Público para que evalúe si existen elementos que ameriten una investigación. La organización, constituida en 2023 para captar y administrar recursos de programas, proyectos, maestrías y posgrados, cobraba una comisión del 10% por la gestión de esos fondos. La información obtenida revela una estructura integrada por funcionarios universitarios cercanos a la exrectora, dirigentes vinculados al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y personas relacionadas con figuras de peso político en Chiriquí. El caso también aporta nuevas claves para entender el respaldo político que recibió la administración de Medianero de Bonagas, incluida la reforma legal impulsada por el diputado Raúl Pineda que permitió su reelección. La investigación abre interrogantes sobre gobernanza, conflictos de interés, manejo de recursos y mecanismos de control dentro de la principal universidad pública chiricana. VEA 2A BAC pasa a ser el segundo banco más grande de l país Tras completar la integración de Multibank, BAC se convirtió en el segundo banco más grande de Panamá por activos y cartera de crédito, con al menos $45 mil millones en activos combinados. Con la integración, los activos, sucursales y operaciones de Multibank pasan a BAC Panamá. La operación, que tomó unos seis meses de preparación, fortalece el peso de Panamá dentro del grupo regional y marca una nueva etapa de crecimiento para BAC. VEA 3B
2A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 La exrectora Etelvina Medianero de Bonagas y la vicerrectora administrativa Rosa Moreno de Araúz. Al fondo, el diputado Raúl Pineda. Archivo La Unachi-AIP y el entramado de poder de la exrectora Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Meduca puso en conocimiento del Ministerio Público información sobre el manejo de fondos de la organización para que evalúe una posible investigación. La Asociación de Interés Público Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi-AIP), creada en 2023 durante la administración de la polémica exrectora Etelvina Medianero de Bonagas para captar y gestionar fondos de programas y proyectos vinculados a la casa de estudios superiores, está bajo el escrutinio de las autoridades. El Ministerio de Educación (Meduca) puso en conocimiento del Ministerio Público información relacionada con el manejo de fondos de la organización, a fin de que esa entidad determine si existen elementos que ameriten una investigación. La creación de las asociaciones de interés público (AIP) está regulada por ley y, de hecho, varias universidades y centros de investigación del país cuentan con una. En el caso de la Unachi-AIP, esta fue creada en diciembre de 2023 y, según sus críticos, la entonces rectora Etelvina Medianero de Bonagas aseguró un amplio control sobre su estructura de gobernanza. La AIP captó fondos provenientes de donaciones privadas y de mecanismos de autogestión, entre ellos los ingresos generados por maestrías, posgrados y otros programas académicos. Por esta labor cobraba una comisión del 10%. La organización En este caso, la presidenta de la AIP es Rosa Moreno Araúz, vicerrectora administrativa de la Unachi; el vicepresidente es Eldis Barnes, de la Universidad de Panamá; el secretario era Pedro Rojas, también de la Unachi (murió hace un año); el tesorero es Gerardo Araúz, del Club de Leones de David; y el vocal es Virgilio Sousa, del Ministerio de Educación. Moreno Araúz y Rojas formaban parte del círculo de confianza de la exrectora, mientras que Barnes preside otra AIP en la que Medianero de Bonagas ocupa el cargo de vocal. En otras palabras, ambos coinciden en dos juntas directivas. Por su parte, Sousa fue nombrado por el expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) como director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) durante la pasada administración. Cabe recordar que clanes familiares vinculados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que gobernó el país entre 2019 y 2024, convirtieron a la Unachi en un “cuartel de invierno”, con nombramientos políticos. Otro aspecto que llama la atención es que los estatutos de la AIP permiten reemplazar periódicamente a todos los miembros de la junta directiva, con excepción de la presidenta. Rosa Moreno Araúz, vicerrectora administrativa de la Unachi y una de las funcionarias más influyentes durante la gestión de Medianero de Bonagas, también ha estado vinculada a una de las figuras políticas más poderosas del PRD. Moreno Araúz es tía de Isis León Araúz, esposa del diputado perredista Raúl Pineda. Esa relación familiar cobró relevancia pública cuando el legislador salió en defensa de la administración universitaria frente a las denuncias de nepotismo, conflictos de interés y presuntas irregularidades que rodearon a la casa de estudios superiores. Además fue uno de los dirigentes que defendió la reelección de la rectora de la Unachi en 2022. Como se recordará, la Unachi contrató a Zappe, empresa ligada a familiares de Pineda, por $135,000 para proveer servicios de fumigación y control de plagas en todas sus instalaciones, debido a “reportes de roedores, murciélagos y otras plagas”, por tres años (2024, 2025 y 2026), tres veces al año, salvo en la cafetería, donde la fumigación sería mensual. Esto incluyó también a los centros regionales de la universidad en Chiriquí Oriente, Puerto Armuelles, Tierras Altas y la extensión de Boquete. Consulta legal Entre las principales funciones de esta AIP figuran la captación de fondos, la identificación de fuentes de financiamiento, la gestión de recursos para el desarrollo educativo y la prestación de apoyo técnico a la universidad. Por estas labores, la asociación cobra una comisión del 10% por cada programa o proyecto que administra. En agosto de 2024, el profesor de la Unachi Félix Estrada Kapell dirigió una carta formal al entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que solicitó una consulta sobre la legalidad de la creación de la Unachi-AIP. Entre sus principales inquietudes figuraban la legalidad de que Moreno de Araúz presidiera la organización mientras ejercía como vicerrectora administrativa y la facultad de la entidad para cobrar un 10 % por la administración de fondos provenientes del presupuesto de la propia universidad. Estrada Kapell también puso la lupa sobre los mecanismos de gestión de los recursos destinados a la investigación. En su consulta cuestionó si los investigadores estaban obligados a canalizar los fondos de sus proyectos a través de la Unachi-AIP y, en consecuencia, asumir el pago de un porcentaje sobre los recursos asignados. Para el académico, era necesario aclarar si esa práctica tenía sustento legal y si la asociación estaba facultada para imponer cargos administrativos sobre recursos destinados a la actividad científica. En su respuesta, el procurador evitó pronunciarse sobre el fondo de las interrogantes. González señaló que las competencias de la Procuraduría de la Administración se limitan al ámbito jurídico-administrativo del Estado y que emitir criterios sobre la legalidad de actos administrativos ya materializados podría exceder las facultades que le confiere la ley. Añadió que un análisis de esa naturaleza podría constituir un pronunciamiento prejudicial sobre asuntos cuya competencia corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 206 de la Constitución. Otras AIP En el ámbito universitario, una de las asociaciones de interés público más relevantes es el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá. La entidad funciona como un vehículo administrativo y financiero para la ejecución de proyectos en áreas como recursos hídricos, logística, bioinformática y tecnologías de la información, con el propósito de facilitar la captación de fondos y fortalecer la capacidad investigativa de la educación superior panameña. Su modelo de gobernanza descansa en una junta directiva de composición amplia, encabezada por el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá e integrada por representantes de instituciones estatales, como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), así como por representantes de gremios empresariales. En materia de control, el CEMCIT-AIP distingue entre recursos públicos y privados. Los fondos provenientes del Estado están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, mientras que los ingresos obtenidos mediante autogestión o donaciones se administran bajo mecanismos propios de transparencia y rendición de cuentas. Cabe mencionar que, aunque la Contraloría mantenía personal de fiscalización dentro de la Unachi, algunos de esos funcionarios terminaron ocupando posiciones dentro de la estructura administrativa de la institución. Uno de los casos más representativos es el de Guillermina Martínez, actual jefa de Recursos Humanos, quien entre 2021 y 2023 ejerció como responsable de control fiscal de la Contraloría en la propia universidad. A raíz de esta situación, una de las decisiones adoptadas por el contralor Anel Flores fue retirar a los fiscalizadores asignados a la Unachi y centralizar en la sede regional de la Contraloría, en David, la revisión y el refrendo de los contratos relacionados con la universidad. 10 días después del motín y la fuga masiva ocurridos en La Joyita, las circunstancias que rodean la muerte de tres privados de libertad siguen sin esclarecerse. Los familiares de Virgilio A. Magallón, Didio Javier Magallón y Benedicto Mendoza aseguran que desconocen quiénes mataron a sus parientes y afirman que todavía no han recibido informes oficiales sobre las causas de sus fallecimientos. Los fallecidos, todos residentes en Panamá Oeste, fueron señalados por las autoridadescomovinculadosa una filial de la pandilla Bagdad que opera en Arraiján. Familiares de las víctimas, que pidieron no ser identificados para esta nota, expresaron su frustración por la falta de información oficial. Aseguran que sus familiares presentaban heridas compatibles con disparos de armas de fuego de alto calibre, pero no cuentan con informes de necropsia que certifiquen la causa de la muerte. La información que manejan proviene únicamente de redes sociales y medios de comunicación sobre la recaptura de los prófugos. Algunos internos recapturados relatan que se escucharon varias detonaciones dentro de la cárcel y que todos corrieron para salvar sus vidas, sin conocer quiénes realizaron los disparos. Durante una serie de requisas realizadas tras la fuga, las autoridades decomi- ¿Cómo murieron tres reos en medio de la fuga? Familiares exigen información LA JOYITA saron 10 armas de fuego y 82 municiones. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional mantienen una investigación administrativa para establecer la posible relación de los custodios y agentes de turno con los hechos, aunque hasta ahora solo se ha reemplazado al comisionado Luis García, responsable de la seguridad penitenciaria de La Joyita. No se ha confirmado si existe investigación penal contra el funcionario. En cuanto a los privados de libertad, el Ministerio Público ha imputado cargos a 147 recapturados y ha logrado 21 sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena, que oscilan entre 36 y 47 meses de prisión. Actualmente, las autoridades buscan a 18 prófugos restantes, ofreciendo una recompensa de 1,000 dólares a quienes aporten información sobre su paradero. Juan Manuel Díaz [email protected] Las autoridades investigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita. Cortesía Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Panorama Dorindo Vega Moreno, representante del corregimiento de la 24 de Diciembre. Captura de video del Concejo de Panamá Partidos políticos se vuelven a imponer en el Concejo de Panamá Juan Manuel Díaz [email protected] GOBIERNO LOCAL Con el respaldo de 18 concejales, Dorindo Vega fue elegido presidente del Concejo de Panamá. Kira Ponce asumirá la vicepresidencia hasta diciembre. Los partidos políticos con representación en el Concejo de Panamá volvieron a cerrar filas y eligieron al representante de la 24 de Diciembre, Dorindo Vega Moreno, como nuevo presidente de esa instancia para el período julio y diciembre de 2026. Vega, miembro de Realizando Metas (RM), obtuvo 18 votos de los 23 representantes de corregimiento presentes en la sesión. Su elección fue respaldada por representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Movimiento Otro Camino (Moca), Partido Panameñista, Molirena y RM. Mientras, el bloque independiente postuló a Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo, quien obtuvo solo cinco votos. La nueva junta directiva se completó con la elección de Kira Ponce, representante de Santa Ana y miembro del PRD, como vicepresidenta del Concejo. La postulación La candidatura de Vega fue presentada por la representante de Ancón, Yamireth Batista (Moca), quien destacó la experiencia del edil y aseguró que su gestión será “conciliadora”. Tras la votación, Vega agradeció el respaldo recibido y dijo que su elección demuestra que el trabajo conjunto produce resultados. “Hoy queda plasmado que la unidad y el trabajo en conjunto tienen logros. Vamos a asumir este reto con mucho respeto”, manifestó. La elección volvió a evidenciar la correlación de fuerzas dentro del pleno municipal, donde los representantes de partidos mantienen una mayoría que les permite controlar la junta directiva frente a la bancada independiente. ‘Los puestos se ganan’ La representante de El Chorrillo, Keira Navarro (RM), defendió la legitimidad del resultado de la elección y lanzó un mensaje dirigido a quienes cuestionan el funcionamiento del Concejo. “Los puestos no se designan ni se asignan; se ganan voto a voto. La política es el arte de sumar y no de restar”, sostuvo mientras dirigía su mirada hacia al bloque de los independientes. Agregó que el resultado refleja una decisión democrática tomada por la mayoría de los concejales y rechazó las críticas sobre supuestas irregularidades en los procesos de votación. Navarro también defendió la transparencia de las actuaciones del Concejo y pidió evitar narrativas que, a su juicio, deterioran la imagen de esa entidad. Su reacción es debido a los cuestionamientos de representantes independientes, quienes plantean que se debe modernizar el reglamento interno del Concejo Municipal y reformar prácticas que consideran obsoletas. Uno de los principales promotores de esos cambios ha sido Ismael Atencio, representante de Ernesto Córdoba Campos, quien postuló la candidatura de Luis Pérez y ha insistido en la necesidad de actualizar el reglamento interno, vigente desde hace más de tres décadas. La representante Yamireth Batista también salió al paso de las críticas formuladas por los independientes sobre la aprobación de acuerdos y proyectos en el pleno. “En este recinto no hay una sola bancada. Somos representantes de distintos partidos que, mediante conversaciones y conciliaciones, hemos logrado acuerdos en beneficio de los 26 corregimientos”, aseguró. Batista defendió además el trabajo previo que realizan las diferentes comisiones del Concejo y rechazó que las decisiones se adopten sin análisis. “Aquí todo pasa por reuniones previas donde se discuten los temas antes de llegar al pleno. Venimos con conocimiento de causa sobre lo que se va a aprobar”, dijo durante la sesión. Sin embargo, el representante de Juan Díaz, David Bernal, quien es independiente, sostuvo que es momentos de impulsar reformas profundas dentro del organismo municipal. Durante su intervención, Bernal felicitó a Vega por su elección, pero aprovechó para advertir que el principal desafío de la nueva administración será modernizar la institución. “El Consejo Municipal tiene que preguntarse si está preparado para los cambios que requiere la ciudad. Las adecuaciones son evidentes y necesarias”, manifestó. Bernal insistió en que el reglamento interno debe ser reformado para que el Concejo pueda responder de manera más eficiente a los retos de la capital. “Los problemas de pobreza, desigualdad y desarrollo que enfrenta la ciudad requieren un Concejo con mayores capacidades para gestionar acuerdos. Con el reglamento actual será muy difícil responder a esas necesidades”, sostuvo.
4A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Panorama DESAFÍO. El expresidente Pérez Balladares le pidió a Willy Cochez, autor del libro Dinero sucio, las pruebas que lo vinculan a actos de corrupción en la concesión que su gobierno otorgó a Cable & Wireless. Cochez replicó que Pérez Balladares no debe haber leído bien su libro, ya que nunca se refirió al contrato con la telefónica, sino a la condonación de una deuda con Refinería Panamá. Parece que están dispuestos a batirse en duelo y solo falta que escojan las armas. HEREDEROS. Los estudiantes de Unachi sostienen que el vicerrector encargado, Pedro González, es parte del equipo de trabajo de Etelvina de Bonagas; por tanto, es una extensión de su gestión. Para colmo, entre los candidatos que han surgido para participar en la eventual elección del rector hay varios vicerrectores que fueron parte del establishment, como Olga Cano y Jorge López. Sucede en Venezuela, sucede en la Unachi… EFEMÉRIDE. Santa Fe de Veraguas conmemoró ayer los 55 años de la desaparición forzada del sacerdote Héctor Gallego. Prohibido olvidar. REQUISA. En lo que va del año, la Policía Nacional ha incautado 1,349 drones en distintos centros penitenciarios del país. Pareciera que hay más drones en las cárceles panameñas que en la guerra de Ucrania. MUTIS. Por cierto, el presidente Mulino sigue guardando silencio sobre la fuga de casi 200 reos La Joyita atiende a 4,801 reos, cuando la capacidad apenas soporta a 1,944 personas. Cortesía Siete días después de la fuga en La Joyita, licitan cárcel de $177 millones Yolanda Sandoval [email protected] CENTRO PENITENCIARIO El proyecto se desarrollará en Divisa, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 privados de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios. La fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, que dejó al descubierto un sistema penitenciario donde los reclusos operaban con cientos de teléfonos celulares, routers, antenas wifi, armas de fuego, municiones y drogas, parece haber acelerado los planes del Ministerio de Gobierno para licitar la construcción de una nueva cárcel en el interior del país. La masiva fuga se registró el 1 de junio. Siete días después, el 8 de junio, se publicó en el portal de PanamaCompra el pliego de condiciones para la licitación pública por $177.2 millones para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales. El tamaño de la obra la colocaría entre los cuatro centros penitenciarios más grandes del país y plantearía la posibilidad de redistribuir la sobrepoblación que en este momento exisTambién se habilitarán talleres para formación en electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura. En materia de seguridad, el pliego exige una infraestructura diseñada para minimizar riesgos de fuga y fortalecer el control interno. El perímetro estaría protegido por muros de concreto armado de entre cinco y seis metros de altura, complementados con cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles. El sistema tecnológico incorporaría cámaras inteligentes con capacidad para reconocimiento facial, detección de armas, monitoreo de movimientos sospechosos y seguimiento automatizado. Las grabaciones deberán conservarse por un mínimo de 45 días. Asimismo, se instalarían escáneres corporales completos, detectores de metales, equipos de rayos X para inspección de objetos, controles biométricos para el personal e identificación mediante códigos QR para visitantes. Indican que el complejo también dispondrá de inhibidores de señal celular y sistemas de detección de drones, dos elementos que cobran relevancia tras los hallazgos realizados recientemente en La Joyita. Requisitos Las empresas interesadas deberán acreditar experiencia en proyectos de alta complejidad. Entre los requisitos figura haber ejecutado al menos dos contratos superiores a los $100 millones y tres proyectos relacionados con infraestructura de seguridad, como cárceles, instalaciones militares o edificios gubernamentales de acceso restringido. La visita obligatoria al terreno está programada para el 23 de junio, mientras que la recepción de propuestas se realizará el 23 de julio. El contrato contempla 36 meses de construcción y otros 36 meses de mantenimiento, para un total de 72 meses, equivalentes a seis años. Juan Manuel Díaz [email protected] Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Archivo Corte mantiene reducción de refrendo a San Miguelito,impuesto por la Contraloría DESECHOS La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, perdió una batalla legal luego de que la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra una resolución de la Contraloría General de la República que redujo a $1,000 el límite para la delegación de refrendo en actos relacionados con el manejo de bienes y fondos públicos de ese municipio. A través del edicto 769, colgado este martes en la Secretaría de la Corte, se informa a las partes de la decisión asumida por el Pleno, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez Reyes. La resolución de la Contraloría, que fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 20 de enero, establece que coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en ese distrito podrán refrendar documentos hasta $1,000, monto que anteriormente se encontraba fijado en $50,000. En el edicto no se detallan los fundamentos de la Corte para no admitir el amparo presentado por la alcaldesa Hernández, pero la decisión mantiene vigente la resolución expedida por la Contraloría. La Resolución 150-DNFG, del 16 de enero de 2026, “por la cual se aprueban delegaciones de refrendo que ejercerán servidores de la Dirección Nacional de Fiscalización General”, lleva la firma del contralor Anel Flores. En esa resolución, también se dispuso que las planillas ya no se procesarán en San Miguelito, sino en la sede central de la Contraloría. Hernández también presentó ante la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte una demanda de nulidad contra la Resolución 1 del 13 de enero de 2026, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Domiciliario, por la cual se le autoriza la recolección de basura en el distrito de San Miguelito. En esa demanda, Hernández sostiene que la resolución viola el artículo 11 de la Ley 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo, el cual establece que: “en las reuniones de la Junta Directiva, en las que se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios de un distrito en particular, el alcalde de ese distrito tendrá el derecho de participar, con voz, pero sin voto”, y que ella no fue convocada a dicha reunión. El conflicto tuvo su génesis cuando el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, anunciaron que dicha entidad, encargada de la recolección de basura en el distrito de Panamá, iniciaría la prestación del servicio en San Miguelito a partir del pasado 19 de enero, pese a que aún se estaba a la espera del refrendo de la Contraloría. de La Joyita, el pasado 1 de junio. Raro, raro... MOVIDA. Varios diputados de Vamos están dispuestos a hacer una alianza a favor de la reelección de Jorge Herrera. Una de las vicepresidencias sería para Jorge Bloise. Así de nefasta es la sola idea de que RM y Shirley puedan lograr la presidencia de la Asamblea a partir del 1 de julio. Tal Cual Mónica Palm [email protected] te en La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron los 195 reclusos, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual. El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios. De acuerdo con el pliego de condiciones, la cárcel incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control. Se contempla que contará con una escuela de aproximadamente 1,300 metros cuadrados.
5A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Héctor Brands, exdiputado del PRD. Archivo Declaran causa compleja la pesquisa contra Brands Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN La Fiscalía Anticorrupción obtuvo una prórroga de cuatro meses para concluir pesquisas sobre movimientos bancarios, celulares, computadoras y otros dispositivos incautados. El juez de garantías, Rodrigo Chiari, declaró como causa compleja la investigación seguida al exdiputado Héctor Brands y a otras ocho personas, entre ellas miembros de su grupo familiar, y concedió otros cuatro meses adicionales a la Fiscalía para concluir la investigación. Durante una audiencia realizada este martes, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el juez Chiari acogió la petición presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los argumentos de justificación de la Fiscalía para pedir una extensión del tiempo de investigación se encuentran la existencia de una multiplicidad de diligencias por realizar, entre ellas el análisis de celulares decomisados a varios de los imputados, quienes se rehusaron a entregar sus contraseñas para poder revisar su contenido. La fiscal anticorrupción, Elizabeth Ortega, alegó que, al igual que sucede con los celulares, existen varias laptops y otros dispositivos electrónicos que no han podido ser revisados. Además, planteó que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aún tienen pendientes múltiples diligencias por realizar, las cuales deben ser incorporadas a la investigación. También, en su intervención, la fiscal explicó que se ha solicitado información de diversos bancos de la localidad sobre la trazabilidad de los fondos manejados por Brands. Además del exdiputado, en este caso también están imputados sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro. También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez. En este caso, la imputación también alcanza a Elvis Enrique Rodríguez y a la esposa de este último, Yoani Vega Rodríguez, quien figura como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions. En estos momentos, el único que permanece con una medida de detención provisional es Héctor Brands, mientras que el resto de los procesados tiene medidas de reporte periódico. Panorama
6A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Panorama Los responsables siguen prófugos tigaciones que inevitablemente podrían alcanzarlos, comprometiendo la credibilidad del proceso. Y del presidente, ni una palabra. Por lo visto, no solo se fugaron 195 reclusos, también se fugó el más elemental sentido de responsabilidad política. Y es que desde su prolongado viaje a la feria marítima en Grecia —con una parada de fin de semana en Italia aún sin explicar— el mandatario consideró más importante grabar un video sobre la mina que dar la cara tras el mayor colapso del sistema penitenciario en la historia del país. Con ese silencio desde las apacibles aguas del Mediterráneo quedaron claras las prioridades de su gobierno. Bien podría decirse que se le salió el cobre. Porque una evasión de esta magnitud no es un accidente. Es la consecuencia de una cadena de irregularidades, tolerancias y encubrimientos por la que muchos deben responder. Los hechos volvieron a poner al descubierto la corrupción que desde hace años carcome el sistema penitenciario. El hallazgo de 400 celulares con antena wifi demuestra hasta qué punto las prisiones han sido convertidas en centros de operaciones del crimen organizado. Desde allí se coordinan actividades vinculadas al narcotráfico, sicariatos, extorsiones, sobornos y las conocidas estafas telefónicas. Nada de eso sería posible sin la colaboración, la permisividad o la indiferencia de funcionarios en distintos niveles de la estructura penitenciaria y de seguridad del Estado. Las cárceles siguen siendo tratadas como depósitos de seres humanos, con niveles de hacinamiento que en algunos casos duplican o triplican su capacidad. Pandilleros conviven con detenidos sin condena y terminan imponiendo su propia ley. Lo ocurrido en La Joyita no revela solo una crisis penitenciaria. Revela el fracaso del Estado para controlar lo que sucede en sus cárceles y proteger a los ciudadanos fuera de ellas. Porque esos 195 reclusos no se evaporaron: escaparon a comunidades, barriadas y carreteras donde miles de panameños quedaron expuestos. A esto se le suman traslados de internos sin respetar los procedimientos, escasez de custodios y reportes de extrañas reuniones entre pandilleros y oficiales de la Policía. ¿Pretenden que videos de reos semidesnudos al estilo Bukele sustituyan las respuestas que el país sigue esperando ante tantas irregularidades? ¿Que la burda escenificación de mano dura nos haga olvidar la corrupción y el descontrol que quedaron al descubierto con esta fuga? Esa pretendida demostración de autoridad difícilmente tapará la manifiesta incompetencia gubernamental que hizo posible este desastre. Y es que la autoridad del Estado no se mide por el tono de los videos producidos durante las últimas requisas. Se mide por la capacidad de prevenir que ocurran hechos como estos, por la transparencia para explicar lo sucedido y por la disposición de asumir responsabilidades cuando el sistema falla. Un día después de la fuga del asesino Ventura Ceballos en 2020, los ministros de Seguridad y de Gobierno terminaron fuera del gabinete de Laurentino Cortizo. En contraste, diez días después de la fuga de al menos 195 presos y la muerte de tres reos, los ministros Fránk Ábrego y Dinoska Montalvo siguen cómodamente en sus cargos. Hace seis años, el hoy presidente sostenía que la fuga de Ceballos solo podía explicarse por la “enorme complicidad y la corrupción” y remataba su mensaje en X con un contundente: “No hay excusa”. Si esa era la conclusión cuando escapó un solo reo, ¿cuál es su excusa para la tardía, caótica y débil respuesta gubernamental a la mayor fuga de presos de la historia del país? Diez días después no solo siguen prófugos decenas de reclusos. También siguen sin asumir consecuencias quienes hicieron posible por acción o por omisión que ocurriera una fuga de esta magnitud. Para ellos no parece haber mano dura. Conversatorio por el 39 aniversario de la Cruzada Civilista. En el orden, Rita Vásquez (moderadora), Aurelio Barría, Lina Vega, Gilbert Mallol y Manuel Cambra. Alexander Arosemena Civilistas: la democracia se ganó, pero las instituciones siguen fallando Eliana Morales Gil [email protected] DEMOCRACIA Los protagonistas llaman a fortalecer las instituciones para preservar las libertades conquistadas. Treinta y nueve años después de que miles de panameños salieran a las calles para desafiar a la dictadura militar, varios de los protagonistas de aquella gesta ciudadana coinciden en que Panamá conserva las libertades que ayudaron a conquistar, pero no ha logrado construir instituciones capaces de protegerlas plenamente. Esa fue una de las conclusiones que dejó un conversatorio a propósito de otro aniversario más de la Cruzada Civilista Nacional, el movimiento ciudadano que se convirtió en el principal rostro de la resistencia contra el régimen militar durante los años finales de la dictadura. El panel se desarrolló luego de la presentación del documental La Cruzada Civilista por la Justicia, Libertad y Democracia, reunió a Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y a los fundadores de la Cruzada Civilista Aurelio Barría, Gilbert Mallol y Manuel Cambra. Rita Vásquez, de la junta directiva de La Prensa, lo moderó. La pregunta que abrió el diálogo fue la siguiente: por qué la movilización ciudadana que caracterizó a finales de la década de 1980 parece hoy más distante en una sociedad que, pese a ser más crítica e informada, participa menos en organizaciones cívicas. Antes de responder, Lina Vega recordó a una figura que consideró fundamental para preservar la memoria del movimiento, el empresario Carlos Valencia, a quien le preparó su biografía, publicación que recopiló testimonios y documentos sobre aquel periodo. Vega recordó además que cuando surgió la Cruzada Civilista ella estudiaba en España. Desde Europa participó en redes de apoyo a exiliados panameños y siguió con atención los acontecimientos que llegaban por fax desde Panamá. “Cuando llegaba esa información desde Panamá con lo que estaba pasando era realmente emocionante”, afirmó. Para Gilbert Mallol, intentar comparar a los ciudadanos de 1987 con los de 2026 puede conducir a conclusiones equivocadas porque las circunstancias históricas son radicalmente distintas. “Las circunstancias hacen no solo a las acciones sino también a las personas y a los hechos”, afirmó. A su juicio, la movilización que dio origen a la Cruzada Civilista respondió a una realidad excepcional: una dictadura de 21 años que había restringido libertades fundamentales, eliminado garantías democráticas y concentrado el poder político y militar. Mallol insistió en que la cruzada no surgió de manera espontánea ni aislada. La describió como la culminación de numerosos movimientos y esfuerzos ciudadanos que durante años resistieron al régimen militar. También rechazó la idea de que las nuevas generaciones carezcan del compromiso cívico que mostraron quienes protagonizaron aquellas protestas. “Yo no creo que la juventud de hoy día sea diferente a la juventud de antes”, afirmó. “Si se dieran hechos semejantes, esa misma juventud de hoy día saldrá y defenderá el país”, añadió. ‘Yo estoy frustrado’ Sin embargo, la conversación tomó un tono más crítico cuando Manuel Cambra abordó el estado actual de la política nacional. El exdirigente civilista confesó sentirse profundamente decepcionado con el rumbo que ha seguido el país desde la recuperación de la democracia. “Yo estoy frustrado, políticamente frustrado”, dijo. “Mi frustración llegó a tal punto que después de 35 años de formar un partido político, en abril del año pasado renuncié”, manifestó. No mencionó a qué agrupación política se refería. Cambra atribuyó parte de ese desencanto a la brecha entre los discursos políticos y las actuaciones reales de quienes llegan al poder. A su juicio, las redes sociales han acelerado el desgaste de muchos liderazgos al exponer contradicciones, promesas incumplidas y comportamientos que erosionan la confianza ciudadana. “A veces justa, a veces injustamente. Muchos que se perfilaban como grandes dirigentes han quedado siendo unos charlatanes”, sustentó. Su crítica se concentró especialmente en el sistema de justicia, al que describió como uno de los principales fracasos de la democracia panameña. “La justicia que nosotros estamos viendo ha fracasado completamente”, manifestó. Según Cambra, la percepción de impunidad para los delitos cometidos por personas con poder económico o político ha debilitado la credibilidad institucional y alimentado la frustración ciudadana. Aurelio Barría coincidió en que la democracia panameña enfrenta desafíos que no pueden ignorarse. Aunque destacó que el país mantiene libertades fundamentales y procesos electorales competitivos, advirtió que la tarea de consolidar esas conquistas sigue inconclusa. “Hemos heredado una democracia débil, una democracia que todavía tenemos que mantener y rescatar”, afirmó. Antes del conversatorio, Jorge Molina Mendoza, presidente de Corprensa, saludó al público con un discurso en el que subrayó el papel de la ciudadanía organizada en la recuperación de la democracia y la necesidad de defender las libertades conquistadas hace casi cuatro décadas. “La democracia exige cuidado constante y participación activa”, aseguró. Diez días después de la mayor fuga de presos de la historia de Panamá —al menos 195 reclusos escaparon de La Joyita y tres reos murieron durante los hechos— el país sigue esperando explicaciones integrales y consecuencias proporcionales a la gravedad de lo ocurrido. Ministros y directores continúan en sus cargos mientras avanzan inves-
7A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. por un familiar a la decisión consciente de donar porque alguien, algún día, puede necesitarlo. Ese es el verdadero sentido de conmemorar este mes: reconocer a quienes ya donan voluntariamente y, al mismo tiempo, invitar a más personas sanas a hacerlo de forma periódica y solidaria. Donar sangre no debería verse como un acto extraordinario reservado para momentos dramáticos, sino como una forma concreta de cuidar la vida de otros. Cuando una persona dona sangre, no sabe quién la recibirá. Tal vez sea un niño, una madre, un paciente oncológico, una persona en cirugía, alguien que sufrió un accidente o un adulto mayor. Ese anonimato hace que el acto sea todavía más generoso: se ayuda sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio y sin conocer el rostro de quien se beneficia. Sin embargo, para que más personas donen, no basta con pedirlo. Hay que educar. Persisten mitos, temores y desinformación sobre el proceso. Algunas personas creen que donar debilita, enferma o toma demasiado tiempo. Otras simplemente nunca han recibido una invitación clara, cercana y confiable para hacerlo. La cultura de donación no se impone; se construye con información, confianza y experiencias positivas. También debemos hablarle a los jóvenes. La donación voluntaria empieza mucho antes de cumplir 18 años. Empieza cuando una familia enseña solidaridad, cuando una esLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La planificación urbana como acto político: retos y contradicciones Responsabilidad colectiva están tomadas. Se hacen talleres participativos sabiendo que los presupuestos apenas cubren una fracción de las necesidades identificadas. Se desarrollan planes maestros participativos que luego chocan con normativas obsoletas o intereses económicos poderosos. Esta tensión entre lo que la ciudad necesita y lo que el sistema político-económico permite nos obliga a repensar la planificación. ¿Somos facilitadores de transformación genuina o legitimadores de decisiones ya tomadas? ¿Cómo mantener la esperanza en la planificación participativa cuando los resultados tangibles tardan años? Es necesario construir espacios de honestidad profesional. Reconocer que las herramientas técnicas, por sofisticadas, no sustituyen la necesidad de justicia social y redistribución del poder en las ciudades. Aceptar que la planificación participativa real implica ceder control, compartir decisiones y, a veces, descubrir que las propuestas técnicas no son las más adecuadas para las comunidades que las habitarán. Implica reconocer que trabajar desde la institucionalidad tiene limitaciones, pero también oportunidades: abrir grietas en el sistema, crear precedentes y documentar experiencias exitosas que inspiren políticas futuras. Podemos usar nuestros espacios institucionales para amplificar voces excluidas de las decisiones urbanas. Nuestra generación de planificadores tiene la responsabilidad de documentar fracasos y aciertos de las políticas urbanas actuales. De construir metodologías que integren el conocimiento técnico con la sabiduría popular. De formar a próximas generaciones con una comprensión más profunda de las dimensiones políticas, sociales y ambientales del trabajo territorial. También tenemos la responsabilidad de cuidarDiana E. Xie Cuando Panamá late por sus donantes Día Mundial Cada 14 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Más que una fecha simbólica, es una oportunidad para recordar una verdad esencial: la sangre no se fabrica, no se compra y no aparece cuando la emergencia ya está encima. La sangre solo puede venir de otra persona. En Panamá, muchas familias conocen la donación de sangre en uno de sus momentos más difíciles: cuando un ser querido necesita una cirugía, cuando un paciente con cáncer requiere continuar su tratamiento, cuando una madre enfrenta una complicación obstétrica o cuando una persona accidentada llega a urgencias. En ese instante, la sangre deja de ser un tema lejano y se convierte en una necesidad inmediata. Pero ningún sistema de salud debería depender únicamente de la urgencia. La donación voluntaria de sangre debe dejar de ser una respuesta desesperada y convertirse en una práctica ciudadana, regular e informada. Necesitamos pasar de la reacción a la prevención; del llamado angustiado cuela habla de salud y ciudadanía, cuando una universidad promueve servicio y cuando una empresa entiende que el bienestar de sus colaboradores también puede convertirse en impacto social. En el espíritu de #PanamaLate, este mes nos invita a mirar la donación de sangre como un compromiso de país. No como una campaña aislada, no como una respuesta de emergencia, sino como una causa común que nos recuerda que todos podemos ser parte de la solución. Panamá late cuando un donante decide regalar una parte de sí para salvar vidas. Late cuando una empresa abre sus puertas a una jornada. Late cuando una universidad educa a sus estudiantes. Late cuando una familia conversa sobre la importancia de donar. Late cuando un paciente recibe a tiempo lo que necesitaba para seguir viviendo. La meta no debería ser buscar sangre cuando falta. La meta debería ser que nunca falte. Para lograrlo, necesitamos más información, más confianza, más educación y más participación ciudadana. Este 14 de junio, el mejor homenaje a los donantes voluntarios no es solo agradecerles. Es seguir su ejemplo. Porque cuando una persona dona sangre, Panamá late más fuerte. Opinión EL AUTOR es médico y presidente de la Fundación Sangre Panamá. LA AUTORA es doctora en Geografía Urbana e investigadora del CIEPS. nos. La planificación comprometida con la justicia social puede ser emocionalmente agotadora, sobre todo en contextos con recursos limitados y problemas estructurales profundos. Quienes trabajamos en planificación urbana enfrentamos a diario la tensión entre la urgencia de las necesidades ciudadanas y los tiempos institucionales, entre expectativas comunitarias y recursos disponibles, entre convicciones profesionales y presiones políticas. Esta tensión no es un problema a resolver sino una característica inherente del trabajo territorial comprometido. Habitarla constructivamente, sin perder la capacidad crítica ni la propositiva, es una habilidad profesional fundamental. Implica desarrollar estrategias para mantener la esperanza sin caer en optimismo ingenuo, ser realistas sobre las limitaciones sin volverse cínicos sobre las posibilidades de transformación. Los retos que enfrentamos no son solo técnicos. Son retos políticos que requieren redistribuir poder, recursos y oportunidades. Son retos culturales que implican transformar cómo entendemos la ciudadanía, los derechos urbanos y la responsabilidad colectiva. Son retos ambientales que obligan a repensar radicalmente la forma de habitar el territorio frente al cambio climático. Como planificadores no podemos resolverlos solos, pero sí contribuir a crear condiciones para que las soluciones emerjan desde procesos colectivos, democráticos y comprometidos con la justicia social. Cada diagnóstico participativo, taller comunitario y plan co-construido es una semilla para las transformaciones que nuestras ciudades necesitan. La ciudad justa que soñamos no llegará por un plan maestro perfecto diseñado por expertos, sino por miles de procesos participativos donde habitantes, técnicos, autoridades y actores sociales participen activamente. ¿Lo bueno? Estos procesos se están dando porque unos cuantos —unos locos— trabajamos para que así sea. Ser joven y trabajar en planificación urbana en Panamá requiere, además de formación técnica, una dosis considerable de resistencia y, reconozcámoslo, haber perdido la cabeza. La realidad que experimentamos diariamente miles de panameños refleja las consecuencias de décadas de desarrollo urbano fragmentado. Esos recorridos de la casa al trabajo no son solo estadísticas de movilidad: son familias separadas por el tiempo, padres y madres que apenas comparten momentos significativos con sus hijos, personas cansadas y solitarias que sostienen la actividad económica del país. Todo esto mientras falta agua potable en muchos hogares y padecemos el calor más intenso de nuestra historia. Trabajar en planificación urbana desde esta realidad es complejo, sobre todo cuando se busca el beneficio colectivo. Desde los gobiernos locales los presupuestos nunca alcanzan para las transformaciones que la ciudad necesita, y a menudo deben elegir entre ser visibles —proyectos mediáticos— o atender comunidades abandonadas que no manejan redes sociales ni generan titulares. Estudiar y planificar el territorio no resulta tan “rentable” políticamente como construir un parque. Y aunque los parques son necesarios, no transforman integralmente el territorio si las necesidades básicas no están cubiertas. Además falta un marco legal adecuado para planificar efectivamente; existen normas dirigidas a sectores específicos pero no a todos los ciudadanos. El mayor problema no es la falta de planificación, sino el limitado entendimiento de qué significa planificar. La planificación urbana es política y no hay espacios neutros para ejercerla. Este contexto implica constantes contradicciones. Se promueven consultas ciudadanas mientras muchas decisiones ya Gabriel Rebollón Desde los gobiernos locales los presupuestos nunca alcanzan para las transformaciones que la ciudad necesita, y a menudo deben elegir entre ser visibles —proyectos mediáticos— o atender comunidades abandonadas que no manejan redes sociales ni generan titulares. El intercambio universitario global Cooperación En las circunstancias actuales de la humanidad, marcadas por una crisis ecológica planetaria, la universidad juega un papel fundamental en el diseño de un futuro humanamente sostenible. En ese sentido, es importante promover el intercambio universitario global con experiencias diversas, más allá de circunscribirse únicamente a Occidente. Con el horizonte de construir un futuro común, las otras experiencias universitarias constituyen un imperativo para salir del cerco eurocentrado. De la misma forma en que la universidad occidental aportó al desarrollo de la humanidad, otras experiencias también pueden hacerlo, enriqueciendo aún más ese horizonte emancipador. No se trata de un intercambio instrumental, en el que estudiantes y profesores participen en actividades conjuntas sin compartir, al menos, un eje fundamental: la disposición a aprender de esas experiencias para construir un horizonte compartido para toda la humanidad y contribuir al diseño de un mundo humanamente sostenible. Desde los proyectos más pequeños hasta los más ambiciosos, aquellos que persigan ese objetivo aportarán ineludiblemente a ese fin superior. La universidad es clave para la construcción de un futuro compartido. Cumple su mejor función cuando aprende de los problemas de las comunidades, diseña soluciones y contribuye a multiplicar sus resultados. Así, aprender de experiencias globales exitosas fortalece ese propósito. Los aprendizajes derivados del intercambio universitario global avanzan en múltiples direcciones, especialmente cuando participan grupos transnacionales. Ya no se trata únicamente del intercambio entre dos naciones, sino de una experiencia más amplia que multiplica perspectivas y enriquece las miradas. Por supuesto, aprenderemos de las experiencias exitosas, pero también de aquellas que fracasaron, para evitar repetir errores. De la misma forma en que la práctica colonialista fracasó en la construcción de un horizonte compartido que no fuera una mera imposición, también los intercambios universitarios desarrollados bajo relaciones desiguales han mostrado sus limitaciones. En este nuevo momento histórico, resulta necesario impulsar un intercambio universitario global basado en el apoyo mutuo, el respeto y la comprensión de las necesidades y particularidades de cada sociedad. La interacción entre lo global y lo local es fundamental, teniendo en cuenta que muchos de los problemas que hoy afectan a una comunidad específica son, en realidad, desafíos planetarios. De allí la importancia de traducir las experiencias exitosas en modelos capaces de adaptarse a distintos contextos. Tejer redes universitarias internacionales que compartan conocimientos, investigaciones y soluciones permitirá enfrentar con mayor eficacia los problemas comunes de la humanidad y avanzar hacia un futuro verdaderamente compartido. EL AUTOR es doctor en filosofía. Abdiel Rodríguez Reyes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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