4A La Prensa Panamá, miércoles 10 de junio de 2026 Panorama DESAFÍO. El expresidente Pérez Balladares le pidió a Willy Cochez, autor del libro Dinero sucio, las pruebas que lo vinculan a actos de corrupción en la concesión que su gobierno otorgó a Cable & Wireless. Cochez replicó que Pérez Balladares no debe haber leído bien su libro, ya que nunca se refirió al contrato con la telefónica, sino a la condonación de una deuda con Refinería Panamá. Parece que están dispuestos a batirse en duelo y solo falta que escojan las armas. HEREDEROS. Los estudiantes de Unachi sostienen que el vicerrector encargado, Pedro González, es parte del equipo de trabajo de Etelvina de Bonagas; por tanto, es una extensión de su gestión. Para colmo, entre los candidatos que han surgido para participar en la eventual elección del rector hay varios vicerrectores que fueron parte del establishment, como Olga Cano y Jorge López. Sucede en Venezuela, sucede en la Unachi… EFEMÉRIDE. Santa Fe de Veraguas conmemoró ayer los 55 años de la desaparición forzada del sacerdote Héctor Gallego. Prohibido olvidar. REQUISA. En lo que va del año, la Policía Nacional ha incautado 1,349 drones en distintos centros penitenciarios del país. Pareciera que hay más drones en las cárceles panameñas que en la guerra de Ucrania. MUTIS. Por cierto, el presidente Mulino sigue guardando silencio sobre la fuga de casi 200 reos La Joyita atiende a 4,801 reos, cuando la capacidad apenas soporta a 1,944 personas. Cortesía Siete días después de la fuga en La Joyita, licitan cárcel de $177 millones Yolanda Sandoval [email protected] CENTRO PENITENCIARIO El proyecto se desarrollará en Divisa, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 privados de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios. La fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, que dejó al descubierto un sistema penitenciario donde los reclusos operaban con cientos de teléfonos celulares, routers, antenas wifi, armas de fuego, municiones y drogas, parece haber acelerado los planes del Ministerio de Gobierno para licitar la construcción de una nueva cárcel en el interior del país. La masiva fuga se registró el 1 de junio. Siete días después, el 8 de junio, se publicó en el portal de PanamaCompra el pliego de condiciones para la licitación pública por $177.2 millones para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales. El tamaño de la obra la colocaría entre los cuatro centros penitenciarios más grandes del país y plantearía la posibilidad de redistribuir la sobrepoblación que en este momento exisTambién se habilitarán talleres para formación en electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura. En materia de seguridad, el pliego exige una infraestructura diseñada para minimizar riesgos de fuga y fortalecer el control interno. El perímetro estaría protegido por muros de concreto armado de entre cinco y seis metros de altura, complementados con cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles. El sistema tecnológico incorporaría cámaras inteligentes con capacidad para reconocimiento facial, detección de armas, monitoreo de movimientos sospechosos y seguimiento automatizado. Las grabaciones deberán conservarse por un mínimo de 45 días. Asimismo, se instalarían escáneres corporales completos, detectores de metales, equipos de rayos X para inspección de objetos, controles biométricos para el personal e identificación mediante códigos QR para visitantes. Indican que el complejo también dispondrá de inhibidores de señal celular y sistemas de detección de drones, dos elementos que cobran relevancia tras los hallazgos realizados recientemente en La Joyita. Requisitos Las empresas interesadas deberán acreditar experiencia en proyectos de alta complejidad. Entre los requisitos figura haber ejecutado al menos dos contratos superiores a los $100 millones y tres proyectos relacionados con infraestructura de seguridad, como cárceles, instalaciones militares o edificios gubernamentales de acceso restringido. La visita obligatoria al terreno está programada para el 23 de junio, mientras que la recepción de propuestas se realizará el 23 de julio. El contrato contempla 36 meses de construcción y otros 36 meses de mantenimiento, para un total de 72 meses, equivalentes a seis años. Juan Manuel Díaz [email protected] Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Archivo Corte mantiene reducción de refrendo a San Miguelito,impuesto por la Contraloría DESECHOS La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, perdió una batalla legal luego de que la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra una resolución de la Contraloría General de la República que redujo a $1,000 el límite para la delegación de refrendo en actos relacionados con el manejo de bienes y fondos públicos de ese municipio. A través del edicto 769, colgado este martes en la Secretaría de la Corte, se informa a las partes de la decisión asumida por el Pleno, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez Reyes. La resolución de la Contraloría, que fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 20 de enero, establece que coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en ese distrito podrán refrendar documentos hasta $1,000, monto que anteriormente se encontraba fijado en $50,000. En el edicto no se detallan los fundamentos de la Corte para no admitir el amparo presentado por la alcaldesa Hernández, pero la decisión mantiene vigente la resolución expedida por la Contraloría. La Resolución 150-DNFG, del 16 de enero de 2026, “por la cual se aprueban delegaciones de refrendo que ejercerán servidores de la Dirección Nacional de Fiscalización General”, lleva la firma del contralor Anel Flores. En esa resolución, también se dispuso que las planillas ya no se procesarán en San Miguelito, sino en la sede central de la Contraloría. Hernández también presentó ante la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte una demanda de nulidad contra la Resolución 1 del 13 de enero de 2026, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Domiciliario, por la cual se le autoriza la recolección de basura en el distrito de San Miguelito. En esa demanda, Hernández sostiene que la resolución viola el artículo 11 de la Ley 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo, el cual establece que: “en las reuniones de la Junta Directiva, en las que se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios de un distrito en particular, el alcalde de ese distrito tendrá el derecho de participar, con voz, pero sin voto”, y que ella no fue convocada a dicha reunión. El conflicto tuvo su génesis cuando el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, anunciaron que dicha entidad, encargada de la recolección de basura en el distrito de Panamá, iniciaría la prestación del servicio en San Miguelito a partir del pasado 19 de enero, pese a que aún se estaba a la espera del refrendo de la Contraloría. de La Joyita, el pasado 1 de junio. Raro, raro... MOVIDA. Varios diputados de Vamos están dispuestos a hacer una alianza a favor de la reelección de Jorge Herrera. Una de las vicepresidencias sería para Jorge Bloise. Así de nefasta es la sola idea de que RM y Shirley puedan lograr la presidencia de la Asamblea a partir del 1 de julio. Tal Cual Mónica Palm [email protected] te en La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron los 195 reclusos, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual. El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios. De acuerdo con el pliego de condiciones, la cárcel incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control. Se contempla que contará con una escuela de aproximadamente 1,300 metros cuadrados.
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