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1A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 8 de junio de 2026 - Año 45 - Nº 15405 Hoy por hoy El conflicto de interés en el que se involucran algunos funcionarios de este y de todos los gobiernos es tan sorprendente como insólito. Pareciera que no saben reconocer una situación semejante, ni aunque se les explique con ilustraciones y ejemplos. Sencillamente, perdieron la brújula o decidieron botarla. Tal es el caso del actual ministro de Salud, quien no encuentra nada malo en ser él quien firme y tramite una gestión de cobro o adjudique procesos de compra a una empresa en la que, según él, ya no es accionista ni toma decisiones. Sí lo fue durante unos 30 años, hasta que renunció a su junta directiva justo antes de convertirse en ministro, para luego —solo cuatro meses después— adjudicarle una compra de casi medio millón de dólares. Y, como si fuera poco, el mes pasado fue él quien se ocupó personalmente de tramitar el mayor pago que el Ministerio de Salud le haya hecho a esa empresa en los últimos años: más de $700 mil. Si el ministro no ve en ello un claro conflicto de interés, ¿qué más no ha observado, ya sea por ceguera intelectual o por ignorancia deliberada? En todo caso, alguien debería explicarle al ministro qué es un conflicto de interés. Nacer sin melanina en el país del sol 5B Vivir + Mundo Perú cuenta votos; ajustado resultado entre Fujimori y Sánchez 2A Economía Copa prevé más tráfico de pasajeros en América Latina 2B Unachi solicitó $118 millones para el presupuesto de 2027 Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas prevé asignarle solo $72 millones para funcionamiento en 2027, la Unachi aprobó solicitar un presupuesto de $118.8 millones, alegando que debe enfrentar deudas acumuladas, obligaciones laborales y necesidades de inversión. VEA 1B Minsa compra a empresa ligada al ministro Boyd Rolando Rodríguez B. [email protected] La empresa Bio Materiales, S.A., fundada en 1992 por el actual ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y de cuya La empresa Bio Materiales, S.A. obtuvo al menos dos contrataciones del Ministerio de Salud por un monto combinado de $1.2 millones. junta directiva se desvinculó semanas antes de asumir el cargo en 2024, ha obtenido al menos dos contratos con el Ministerio de Salud (Minsa) por un total de $1.2 millones. Entre ellos figura una licitación por $488,800 para suministrar e instalar equipos odontológicos y otra compra de 32 sillas dentales por $717,760. La Prensa tuvo acceso a una carta en la que se remitía al ministro una gestión de cobro a favor de la empresa para su firma. Aunque Boyd aseguró que ya no mantiene participación accionaria ni funciones de dirección en la sociedad, no explicó qué ocurrió con sus acciones. Consultado sobre un posible conflicto de interés, el ministro sostuvo que comprende los cuestionamientos, pero afirmó que los procesos de contratación se manejan “con apego a la ley” y bajo controles administrativos y técnicos, sin responder de forma directa a las preguntas planteadas. VEA 2A Clásico Presidente Gratia Plena y Takao brillaron en jornada hípica Durante la jornada 97 del Clásico Presidente de la República, que se realizó ayer en el Hipodrómo Presidente Remón, y fue ganado por el ejemplar Takao, Basilio Fernández, gerente de Operaciones de Corprensa (izq.), entregó el trofeo del Handicap La Prensa-Mi Diario a Manuel Grimaldo, propietario de la yegua Gratia Plena, ganadora de esta carrera, con la monta de Josué Osorio. El presidente José Raúl Mulino, no asistió al evento, convirtiéndose en su primera ausencia, a este Clásico.VEA8A Anel Asprilla Fiscal Digna Castillo. Juan Manuel Díaz La fiscal anticorrupción Digna Castillo afirmó que el destino de $41.4 millones transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entre 2019 y 2024 a través del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS) sigue sin poder determinarse, debido a la falta de facturas, recibos y otros documentos que justifiquen el uso de los fondos. Las investigaciones han revelado proyectos inconclusos o inexistentes, y han derivado en la imputación de 97 personas en 41 casos. Además, la AND ha detectado presuntas irregularidades por $320 millones en la denominada descentralización paralela, mientras que las 334 denuncias presentadas ante el Ministerio Público involucran a 257 juntas comunales, 37 municipios y unos $213 millones bajo investigación. VEA 4A DESCENTRALIZACIÓN 51 diputados suplentes siguen en la planilla legislativa pese a fallo de la Corte Suprema Sin facturas ni registros: el misterio de $41.4 millones Una revisión de las planillas de la Asamblea Nacional revela que 51 de los 71 diputados suplentes reciben salario como asistentes, asesores o técnicos parlamentarios, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia estableLEGISLATIVO UI UNIDAD INVESTIGATIVA ció que solo deben percibir emolumentos cuando ocupen la curul. La práctica se mantiene en todas las bancadas, incluida la del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, cuyo suplente figura en la planilla con un salario de $2,000 mensuales. VEA 6A

2A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, fue accionista de una empresa que ahora recibe del Minsa los mayores contratos de sus últimos cinco años. Alexander Arosemena Minsa hace compras a empresa que estuvo vinculada al ministro Rolando Rodríguez B. [email protected] La Prensa documentó, al menos, dos de esos procesos de compra, siendo Boyd —cirujano dental de profesión— titular del Minsa. Las compras suman $1 millón 212 mil, entre 2024 y 2026. Una empresa en la que fue accionista durante 28 años y de la que se desvinculó dos semanas antes de tomar posesión el actual ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha estado participando en procesos de compras en el Ministerio de Salud (Minsa), donde ha logrado adjudicarse varios. Se trata de la sociedad llamada Bio Materiales, S.A., que le vende al Estado servicios, equipos e insumos de odontología. La Prensa ha podido documentar, al menos, dos de esos procesos de compra, siendo Boyd —cirujano dental de profesión— titular del Minsa. Estas dos compras del Minsa a la empresa aludida suman hasta ahora $1 millón 212 mil en total, entre 2024 y 2026. Bio Materiales, S.A. fue constituida por el hoy ministro en 1992. Al momento de crearla, figuraban como dignatarios Waldo Ávila (presidente), Fernando Boyd Galindo (secretario), Graciela Carrizo de Boyd (tesorera) y Enelda Díaz de Ávila (vocal). El 13 de junio de 2024, poco antes de la toma de posesión del actual gobierno, Boyd renunció a sus cargos en esa sociedad. El ministro, que era vicepresidente y secretario en la directiva de Bio Materiales, S.A., fue reemplazado en esos cargos en la misma reunión de accionistas en la que presentó su renuncia. Fue sustituido por Waldo Ignacio Ávila Díaz. La presidencia la mantuvo Waldo Ávila, al igual que Darvin Saucedo Serracín, quien siguió como director de la sociedad. La renuncia de Boyd fue inscrita en el Registro Público el 18 de junio de 2024, doce días antes de tomar posesión como ministro de Estado. Sin dar detalles ni pruebas de ello, Boyd aseguró a este medio que no mantiene participación accionaria, propiedad ni funciones de dirección en Bio Materiales, S.A. Boyd no mencionó qué hizo con su participación accionaria en esa empresa. Las ventas Bio Materiales, S.A. es un habitual proveedor del Estado. Ha participado en docenas de procesos para la venta de equipos e insumos, principalmente odontológicos. En los últimos cinco años ha tenido un par de ventas que han sobrepasado los $100 mil o los $200 mil. En 2023 registró su venta más alta hasta entonces, según el sitio Panamá Compra en Cifras. Se trató de una transacción de $460 mil por proveer equipos para la Universidad de Panamá. Pero el 12 de noviembre de 2024 —cuando el ministro tenía poco más de cuatro meses en el cargo—, el Minsa convocó a una licitación compuesta de dos renglones: el suministro e instalación de 17 equipos dentales completos (sillas para realizar procedimientos dentales y accesorios) y el suministro e instalación de 15 unidades de succión dental. Dicho equipo iba destinado a clínicas del Minsa en las regiones Metropolitana, Panamá Norte, Veraguas, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí y Panamá Este. El precio de referencia combinado de ambos rubros era de $499 mil. Solo se presentaron dos oferentes: además de Bio Materiales, S.A., otra habitual proveedora llamada Denti Clínica, S.A., que solo ofertó en el renglón de las sillas dentales. El Minsa concedió la licitación de ambos renglones a Bio Materiales, S.A. por un monto total de $488 mil 800, probablemente, en ese entonces, la mayor venta de los últimos años de Bio Materiales, S.A. al Estado. Específicamente, en el renglón de sillas dentales, la diferencia de precios entre ambas empresas fue de solo $1,275, siendo la oferta de Bio Materiales de $355 mil 300 y la de Denti Clínica, S.A. de $356 mil 575. Del segundo proceso de compra adjudicado a Bio Materiales, S.A. no hay mucha información. Solo la contenida en una carta a la que este medio ha tenido acceso parcial a través de una fuente anónima. Se trata de la compra de 32 sillas para procedimientos dentales por parte del Minsa por un monto de $717 mil 760. Es, básicamente, un equipo semejante al que vendió al Estado en 2024. La carta —No. 0817-DNF—, fechada el pasado 26 de mayo, fue dirigida al ministro Boyd “para su consideración y firma”, para lo cual “remitimos expediente original y copia de la gestión de cobro 5200002692 a favor de la empresa Bio Materiales, S.A.”. La misiva indicaba que la compra del equipo “ha sido revisada, evaluada y aprobada, cumpliendo con todos los trámites administrativos correspondientes”. En otras palabras, Boyd debía firmar una gestión de cobro de una empresa a la que estuvo vinculado públicamente durante casi 30 años y de la que se separó hace apenas dos años. Preguntas y evasivas La Prensa envió un cuestionario al ministro en el que se le preguntó si había delegado en otras autoridades del Minsa sus funciones cuando se ha tratado de una adjudicación de compras a su antigua empresa. Boyd no respondió la pregunta. Dijo que “los procesos de contratación son tramitados por las instancias técnicas, administrativas y legales competentes del Ministerio, conforme a los procedimientos establecidos en la ley y los controles institucionales aplicables”. La Prensa preguntó también sobre las compras del Minsa mayores de $100 mil a Bio Materiales, S.A. desde que él asumió el mando de la institución. Tampoco respondió el cuestionamiento. Dijo, en cambio, que ha solicitado “a las instancias correspondientes suministrar la información oficial y verificable contenida en los registros institucionales y del sistema de compras públicas”. En otro cuestionamiento sobre la compra de $717 mil en equipos odontológicos — que parece ser la mayor de todas las ventas de Bio Materiales, S.A. al Estado panameño en los últimos cinco años—, el ministro tampoco dio una respuesta precisa. A pesar de que en este caso se le remitió el expediente completo para que él firmara personalmente la gestión de cobro de esta empresa, Boyd dio a este medio una respuesta tan obvia como elusiva: esta compra —dijo— “consta en los expedientes administrativos correspondientes y puede ser verificada en los registros institucionales y del sistema oficial de compras públicas”. ¿Cree que no hay un conflicto de interés si usted interviene de cualquier forma en estos procesos de compra del Minsa con una empresa a la que estuvo ligado durante casi 30 años?, preguntó este medio a Boyd en referencia a las compras descritas. Boyd, una vez más, eludió dar una respuesta directa. “Entiendo —escribió a La Prensa— que puedan surgir cuestionamientos cuando existe una relación profesional previa con una empresa. Precisamente por ello, considero fundamental que todo proceso del Ministerio se maneje con absoluta transparencia, institucionalidad y apego a la ley. Las contrataciones responden a procedimientos administrativos y técnicos sujetos a controles y fiscalización, y no a decisiones de carácter personal”. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La candidata derechista Keiko Fujimori se mantenía, al cierre de esta edición, por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez con una ventaja de 5.02 puntos porcentuales al alcanzar el 25.27% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Tras haberse contabilizado una cuarta parte de los votos emitidos en esta jornada electoral, Fujimori recibe el 52.51% de los votos válidos al obtener 2,608,002 papeletas, en contraposición al 47.49% de Sánchez, que registra 2,358,628 apoyos. Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde la líder del partido fujimorista Fuerza Popular tiene más apoyo, mientras que Sánchez, escudero y representante del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse. Los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios revelan un ajustado resultado que se definirá por unos pocos miles de votos, al igual que sucedió en las dos elecciones anteriores, donde Fujimori se quedó a las puertas de la Presidencia por apenas 40,000 votos. De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50.7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49.3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50.5 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49.4%. El primero da una diferencia de 1.4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce Perú cuenta votos; ajustado resultado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez COMICIOS ese margen a apenas 1.06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección. Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años. Incidencias La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Electoral Especial le levantaron un acta de observación a Roberto Sánchez por llevar el sombrero, símbolo distintivo de la campaña del exmandatario Pedro Castillo (actualmente detenido por delitos de conspiración). La ley prohíbe hacer proselitismo político al momento de sufragar, y llevarlo puesto dentro del centro de votación fue considerado un acto de propaganda indebida. Sánchez llevó el heredado sombrero durante toda su campaña electoral. Por su parte, el presidente delJuradoNacionaldeElecciones, Roberto Burneo, negó tajantemente “cualquier narrativa de fraude” y agregó que las incidencias reportadas están “canalizadas adecuadamente”. EFE. LIMA, PERÚ Roberto Sánchez y Keiko Fujimori acudieron a votar. EFE UI UNIDAD INVESTIGATIVA

3A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026

4A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] THE NANNY. El embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, volvió a las andadas. En abril pasado, acompañó a Jessica Canto -integrante del círculo inmediato del loco- a la presentación de su novela autobiográfica en Bogotá. El año pasado, el presidente Mulino lo reprendió públicamente luego de que circularan unas fotografías en las que se le apreciaba con el expresidente en una fiesta. “Te quiero lejos de ahí”, dijo el presidente aquella vez. ¿Lo regañará ahora también o habrá que esperar la próxima vez que se deje ver en público con el bebé? DEFENSA. Por cierto, Canto es la abogada de la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez. Tiene sentido que Vásquez busque como defensora a alguien que ha probado que sabe cómo mantenerse fuera del alcance del sistema judicial. GUARIDA.Este lunes se hace efectiva la renuncia de Etelvina de Bonagas y se reúne el Consejo General Universitario de la Unachi para formalizar la designación de un rector encargado. Imagínense si un día Gatúbela se marchara de Ciudad Gótica. ¿Qué sería lo siguiente? Pues que se encuentren el Joker, el Pingüino y el Acertijo para decidir quién queda al mando. Recórcholis, Batman… AUSENCIA. El presidente Mulino no acudió al Clásico Presidente, ayer, en el hipódromo Remón. O tenía jet lag o prefirió ahorrarse la rechifla. DELEGACIÓN. Ante la ausencia de Mulino, el ministro Juan Carlos Orillac entregó el trofeo al ganador del Clásico Presidente. También estaban los ministros del MOP y de Salud, el contralor Anel Flores y diputados de RM, como Camacho, ShirAdónde se fue la plata de la descentralización paralela Juan Manuel Díaz C. [email protected] DILIGENCIAS Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron en 2025, tras recibir los primeros informes de auditoría de la Contraloría General de la República. El destino de $41.4 millones otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entre 2019 y 2024, a través del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), es un misterio. Así lo afirma la fiscal anticorrupción Digna Castillo, quien explica que en muchas de las diligencias hechas hasta la fecha por su despacho no se han encontrado facturas, recibos ni documento alguno que justifique el destino de estos recursos que debieron ser utilizados para aliviar las carencias de comunidades y dar asistencia a familias necesitadas. La pandemia de covid-19 se convirtió en la excusa perfecta para el manejo oscuro de millones de dólares que supuestamente fueron entregados para solventar una situación de emergencia nacional y que, paradójicamente, se desconoce adónde fueron a parar. Fue un esquema en el que el dinero fue transferido a gobiernos locales controlados por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático y sus aliados. El PDIS de la AND comenzó a operar y a transferir recursos en el año 2021, en la administración de Laurentino Cortizo (20192024). El programa, que ha sido denominado descentralización paralela, operó hasta 2024. La fiscal Castillo explicó que hasta ahora su despacho ha recibido un total de 72 informes de auditoría y en 50 de ellos se han detectado juntas comunales con algún tipo de lesión patrimonial que debe ser objeto de investigación. Castillo fundamenta su aseveración en que durante las investigaciones vinculadas a esas auditorías no se ha ubicado documentación que detalle el destino de los fondos: es decir, no existe nada que justifique la entrega del dinero, solo se ubican los cheques cobrados por funcionarios o empresarios a quienes supuestamente se asignaron proyectos. También explicó que cuando se hacen inspecciones judiciales a los proyectos, la mayoría están inconclusos o nunca se realizaron. Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 97 personas en 41 casos que se mantienen abiertos, pero estas cifras pueden aumentar significativamente, ya que ese despacho ha recibido un total de 334 denuncias. Entre esos 97 imputados hay representantes y exrepresentantes de corregimiento, tesoreros, extesoreros y particulares que, en su mayoría, no han podido justificar el destino del dinero entregado a través de la descentralización paralela. La fiscal Castillo detalló que en estos expedientes o carpetillas existe una multiplicidad de situaciones, desde fondos que supuestamente fueron entregados para ayudas sociales, otros que fueron asignados a proyectos comunitarios o para manejo de las mismas juntas comunales, para contratación o pago de personal sin sustento. A lo largo de la investigación, la fiscalía también ha encontrado que, en ocasiones, los fondos eran enviados a comunidades que no pertenecían al corregimiento al cual supuestamente estaban destinados, es decir, que no había un control ni supervisión sobre estos recursos. La trazabilidad de los fondos indica que parte del dinero de la descentralización paralela se destinó a la adquisición de bienes y uso personal. Hubo juntas comunales, como la Belisario Porras, a la que se destinaron hasta $8 millones. Solo en este caso la fiscalía sostiene que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios de la junta comunal recibieron 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, respectivamente, por montos que iban desde $130 mil, $117 mil, $107 mil y $86 mil, por supuestos servicios prestados a la Junta Comunal de Belisario Porras. La auditoría sostiene que $7 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los que no existe registro alguno. La fiscalía sostiene que no hay documentos que sustenten esos desembolsos. La fiscal destacó que en algunos casos existen acercamientos para alcanzar acuerdos de pena, pero que ello está condicionado a la devolución del dinero entregado por parte del Estado y el reconocimiento del delito. Manifestó que el Ministerio Público ha destinado un equipo de funcionarios y personal técnico para la realización de estas investigaciones. Datos oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin algún tipo de sustento a través del PDIS, conocido como la descentralización paralela. Las 334 denuncias presentadas ante el Ministerio Público hasta la fecha, por el presunto mal uso de fondos, involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios en todo el país, y el monto investigado supera los $213 millones. La AND trabaja en la recopilación de más información que entregará al Ministerio Público sobre las anomalías encontradas en el manejo de la descentralización paralela. Digna Castillo, fiscal anticorrupción. Juan Manuel Díaz ley, Chello, etc. Por cierto, el candidato de RM para la presidencia de la Asamblea es Shirley, no Camacho. Para los efectos, en la práctica es lo mismo. BÚSQUEDA. Todavía hay 21 evadidos de La Joyita que no han podido ser recapturados y la Policía Nacional incrementó la recompensa -de $500 a $1,000- por información que permita la recaptura. Lástima que eso solo aplica para los prófugos de La Joyita. Representantes de corregimiento imputados Al 4 de junio de 2026 / Cifras en dólares Río Hato (Coclé,Antón) Ibeth Navas PRD 2,040.00 Guayabito (Panamá Oeste, San Carlos) Isaías Amores CD Quebrada de Piedra (Chiriquí, Tolé) Ceferino Rodríguez CD 50,000.00 Tolé cabecera (Chiriquí, Tolé) Guillermo Santamaría PRD 830,000.00 Los Cerros de Paja (Herrera, Los Pozos) Ernesto Barrera PRD 210,000.00 Juan D. Arosemena (Panamá Oeste, Arraiján) Isaac Figueroa PRD 200,000.00 Parita cabecera (Herrera, Parita) Alexander Batista PRD 160,000.00 Salud (Colón, Chagres) Eugenio Delgado PRD 4,650,908.00 Cristóbal Este (Colón, Colón) Yoel Rodríguez PRD 5,037,149.00 Chepo (Panamá, Panamá) Ceferino Frías PRD 330,000.00 La Trinidad (Panamá Oeste, Capira) Luis Arversio González Panameñista 120,000.00 Gatuncito (Veraguas, Santa Fe) Natividad Urriola CD 20,000.00 Chepo (Herrera, Las Minas) Luis Murillo PRD 25,000.00 Peñas Chatas (Herrera, Ocú) María Marín de Pimentel PRD 125,000.00 Capellanía (Coclé, Natá) Ceferino González PRD 155,000.00 El Higo (Veraguas, Las Palmas) Alejandro González PRD 121,000.00 Barrio Sur (Colón, Colón) Rolando Alexis Lee PRD 545,000.00 Villa Rosario (Panamá Oeste, Capira) Carlos Montenoir Rodríguez CD 395,000.00 Bisvalles (Veraguas, La Mesa) Euclides Mendoza CD 60,000.00 Boró (Veraguas, La Mesa) Jorge Alberto Barría CD 1,147,000.00 Volcán (Chiriquí, Tierras Altas) Juan Carlos Lezcano PRD 179,554.00 Burunga (Panamá Oeste, Arraiján) Antonio Atencio CD 100,000.00 Carate (Los Santos, Las Tablas) Paulino Abdiel Domínguez PRD 435,000.00 Belisario Porras (Panamá, San Miguelito) César A. Caballero PRD 6,681,700.00 Chiriquí (Chiriquí, David) Jorge Omar Montenegro Panameñista 130,000.00 Cristóbal (Colón, Colón) Edgar Góndola PRD 340,000.00 Calidonia (Veraguas, Soná) Tomás Soto CD Solano (Chiriquí, Bugaba) José Morales PRD 300,000.00 Pacora (Panamá, Panamá) Hugo Henríquez PRD 2,455,000.00 Dolega (Dolega, Chiriquí) Francia Elena Rojas PRD 740,000.00 Campana (Panamá Oeste, Capira) Nelson García CD 90,000.00 Nueva Gorgona (Panamá Oeste, Chame) Mirian Bernal PRD 305,000.00 Las Garzas (Panamá, Panamá) Noel Camargo PRD 690,000.00 Arosemena (Panamá Oeste, La Chorrera) Mario Enrique Jaén PRD 1,044,990.00 Coclé (Coclé, Penonomé) Gustavo Márquez CD 100,000.00 San Juan (Colón, Colón) Iván Tejada CD 815,000.00 San Juan (Chiriquí, San Lorenzo) Dionicio Rodríguez PRD 191,652.00 David cabecera (Chiriquí, David) Jorge Montenegro Vallarino PRD 4,977,602.00 Amelia Denis de Icaza (Panamá, San Miguelito) Nicolás Antonio Barrios PRD 4,079,241.00 Barrio Norte (Colón, Colón) Jairo Salazar PRD 14,106,003.00 San Francisco (Panamá, Panamá) Carlos Pérez Herrera PRD 304,789.00 Bugaba (Chiriquí, Tierras Altas) Edilsa Gómez de Camarena CD 49,730.00 Infografía: La Prensa-Fuente: Ministerio Público * Montos estimados sacados de la base de datos de la descentralización Programa de desarrollo e interés social JUNTA COMUNAL PARTIDO *MONTO RECIBIDO REPRESENTANTE 2014-2019 Apede: Gestión del agua debe ser prioridad nacional La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que la crisis del agua en Panamá no responde a la falta de disponibilidad del recurso, sino a problemas estructurales de gobernanza, planificación y ejecución. El tema fue abordado durante el Foro de Ambiente 2026, donde se destacó que, pese a que el país cuenta con una de las mayores reservas de agua de la región, miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades diarias de abastecimiento. Durante el evento se recalcó que en Panamá se pierden diariamente entre 120 y 130 millones de galones de agua por fugas y deficiencias en la infraestructura. El gremio también advirtió en un comunicado que el cambio climático agrava el escenario, con periodos de sequía más prolongados y menor previsibilidad en las precipitaciones, lo que exige decisiones estratégicas de largo plazo. Entre los proyectos señalados como clave se encuentra el de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, la Apede enfatizó que ninguna obra de infraestructura será suficiente sin una reforma integral de la gestión del recurso. Ante esta situación, el sector privado plantea la necesidad de avanzar hacia una visión integral del recurso hídrico, fortalecer la gobernanza, modernizar la gestión, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las inversiones respondan a una estrategia nacional. Por último, el sector privado reiteró su llamado a la corresponsabilidad en el uso del agua, promoviendo prácticas de eficiencia, reutilización y protección de cuencas. APEDE Getzalette Reyes [email protected] Miles de panameños sufren la escasez de agua. Archivo

5A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 Panorama Diputada Shirley Castañedas. Archivo CD evita dar línea y RM ve oportunidad en las grietas de la ‘alianza’ LEGISLATIVO José González Pinilla [email protected] A pocas semanas para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (2026-2027), el bloque que hace un año logró imponerse ante la candidatura oficialista ya muestra grietas. Y en los pasillos del Palacio Justo Arosemena ya hay quienes apuestan a que esa posible fractura podría abrirle la puerta al partido en gobierno Realizando Metas (RM) para recuperar la presidencia del Legislativo. La señal más reciente llegó desde Cambio Democrático (CD). Su presidenta, Yanibel Ábrego, evitó comprometer a la bancada con una candidatura específica, pero admitió que percibe una inclinación de sus diputados hacia el candidato oficialista. “No hemos tirado línea porque es prematuro”, dijo Ábrego la noche del viernes durante una actividad de su partido en David, Chiriquí. “Sin embargo, vemos una tendencia de nuestros diputados a apoyar al candidato de gobierno”, aseguró. Mientras tanto, en en la bancada RM las conversaciones avanzan. El diputado Ronald De Gracia confirmó que el colectivo aún no define si respaldará la candidatura de Shirley Castañedas o de Luis Eduardo Camacho, pero adelantó que ya iniciaron acercamientos con otras bancadas para calcular apoyos. José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, considera que el panorama es muy distinto al que existía hace un año, cuando una alianza de diputados independientes, panameñistas, miembros de CD y de la bancada mixta cerró filas para derrotar a la candidata Shirley Castañedas, por RM, y apoyada por el Partido Revolucionario Democrático. “Yo sí creo que el resquebrajamiento del bloque opositor es lo que podría beneficiar en esta ocasión una candidatura de los colegas de RM”, aseguró en el programa Debate Abierto. #RealidadAutismo TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO. ESEPSA EMPRESA ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A., CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA La Junta de Directores de la EMPRESA ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A., de acuerdo en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a la Asamblea General de Accionistas, que habrá de celebrarse por medios virtuales desde la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día Jueves 18 de junio de 2026, en primera convocatoria, desde las doce y quince de la tarde (12:15 p.m.), para deliberar y resolver sobre el siguiente: ORDEN DEL DIA • Mensaje del Presidente de la Sociedad. • Presentación del Informe y aprobación del Informe de Gestión de la Sociedad. • Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025. • Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026. • Lo que propongan los accionistas. La Junta Directiva ha autorizado a la Secretaria de la Sociedad para determinar los ajustes pertinentes a la fecha y hora de la Asamblea. Agradecemos a los señores Accionistas escribir a [email protected], para coordinar la entrega de los accesos virtuales a la Asamblea. FRANCISCO ANTONIO BUSTIO Presidente de la sociedad EDECHI EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA La Junta de Directores de la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A., de acuerdo en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a la Asamblea General de Accionistas, que habrá de celebrarse por medios virtuales desde la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día Jueves 18 de junio de 2026, en primera convocatoria, desde las diez y quince de la mañana (10:15 a.m.), para deliberar y resolver sobre el siguiente: ORDEN DEL DIA • Mensaje del Presidente de la Sociedad. • Presentación del Informe y aprobación del Informe de Gestión de la Sociedad. • Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025. • Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026. • Lo que propongan los accionistas. La Junta Directiva ha autorizado a la Secretaria de la Sociedad para determinar los ajustes pertinentes a la fecha y hora de la Asamblea. Agradecemos a los señores Accionistas escribir a [email protected], para coordinar la entrega de los accesos virtuales a la Asamblea. JOSÉ GARCIA SANLEANDRO Presidente de la sociedad

6A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 La Alcaldía de Panamá retomó el proyecto para la construcción de parques de bolsillo en la ciudad. Hace unas semanas, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, declaró desierta la licitación pública por mejor valor, luego de que la única empresa participante no entregara toda la documentación requerida en el pliego de cargos. Sin embargo, el pasado 2 de junio, el municipio lanzó nuevamente el proceso de contratación, con un precio de referencia de $1.075 millones. La presentación de propuestas está prevista para hoy lunes 8 de junio a las 10:00 a.m. El proyecto contempla la construcción de 10 parques de bolsillo distribuidos en los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz, como parte de una primera fase orientada a recuperar espacios urbanos remanentes o subutilizados. Se tiene programado que el primero de estos parques esté en la entrada del corregimiento de Calidonia. Ocupará un espacio de un poco más de 500 metros cuadrados, según datos de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá. En la actualidad, en ese espacio se ubica un parador fotográfico con el nombre del corregimiento y a su alrededor hay un amplio espacio cubierto de asfalto. Los parques de bolsillo, explicó la Alcaldía, son microespacios públicos de acceso comunitario que surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como una alternativa de bajo costo ante la escasez de reMunicipio vuelve a licitar proyecto de parques de bolsillo por $1.07 millones ÁREAS VERDES cursos. En el caso de Panamá, el municipio sostiene que estas intervenciones buscan atender problemas de movilidad y del entorno urbano asociados al crecimiento acelerado de la ciudad, marcado por un modelo “centrado en el automóvil”, que ha dejado áreas sin uso en intersecciones, bordes de calles e isletas vehiculares. De acuerdo con el pliego de cargos, las zonas seleccionadas presentan condiciones recurrentes como aceras inexistentes o discontinuas, obstáculos en los espacios peatonales, falta de sombra, escasa vegetación, deficiente iluminación pública y ausencia de infraestructura adecuada para el manejo de aguas pluviales. Acto fallido En la primera licitación, celebrada el pasado 12 de mayo, la única propuesta fue presentada por la empresa Educational Furniture & Technology, S.A., que ofertó un monto similar al precio de referencia establecido por el municipio. No obstante, tras evaluar la documentación presentada, la comisión evaluadora concluyó que la empresa no cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, por lo que recomendó declarar desierto el acto público. Diputados Jorge Herrera (sentado) y Eliécer Castrellón Barrios durante una sesión de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Diputados suplentes continúan en planilla como asesores y asistentes José González Pinilla [email protected] José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Una revisión de las planillas del Órgano Legislativo, actualizadas hasta marzo de 2026, revela que 51 de los 71 diputados suplentes reciben un salario. La mayoría de los diputados suplentes de las distintas bancadas continúan en la planilla de la Asamblea Nacional (AN), a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió, mediante un fallo, que los emolumentos de estos funcionarios solo deben otorgarse cuando ocupen la curul. Una revisión de las planillas del Órgano Legislativo, actualizadas hasta marzo de 2026, revela que 51 de los 71 diputados suplentes (71.8%) reciben un salario. Están nombrados en la Asamblea como asistentes técnicos parlamentarios, asistentes administrativos o asesores. En marzo de 2025, La Prensa contabilizó 54 suplentes emplanillados que, además, participaban en las sesiones del pleno legislativo tras ser habilitados por sus principales. Es decir, actualmente hay tres suplentes menos en la planilla que hace un año. Se trata de Carlos Ho, suplente de la diputada Walkiria Chandler, quien devengaba un salario mensual de $2,000 antes de ser expulsado; Daryelis Aponte, suplente del diputado Neftalí Zamora, quien figuraba como asesora legal con un salario de $3,500; y Roberto Barsallo, suplente de Ernesto Cedeño, quien aparecía como asistente técnico parlamentario en condición de personal transitorio. Algunos suplentes han recibido ajustes salariales en comparación con el año pasado. Por ejemplo, Maylín Prince, suplente del diputado independiente Betserai Richards, pasó de ocupar el cargo de Asesor I, con un salario de $2,500, a Asesor II, con una remuneración de $3,000. Al hacer el recuento por bancada, se observa que de los 17 diputados de la coalición Vamos, 11 tienen suplentes en la planilla. En Realizando Metas (RM), la cifra es de 8 de 15. En el Partido Revolucionario Democrático (PRD), 8 de los 12 suplentes figuran como empleados de la Asamblea; mientras que en Cambio Democrático (CD) son 7 de 8. Todos los suplentes de la bancada Panameñista y de la Bancada Mixta (Alianza, Molirena, Partido Popular e independientes) también aparecen en la planilla, una práctica que se mantuvo durante la administración de la diputada de RM, Dana Castañeda (2024-2025). Por su parte, de los cuatro suplentes de la bancada Seguimos (integrada por diputados independientes y del Movimiento Otro Camino), tres figuran como empleados legislativos. Justifica contratación El presidente de la Asamblea, el panameñista Jorge Herrera, mantiene a su suplente dentro de la planilla legislativa. Se trata de Bolívar Escala, nombrado como asistente técnico parlamentario con un salario de $2,000 mensuales. Esta semana se consultó a Herrera sobre la decisión de mantener a los suplentes dentro de la estructura legislativa con salario, pero no respondió. Desde la Asamblea informaron que se encontraba en Estados Unidos participando en una gira oficial En octubre pasado, Herrera —cuyo período concluye el próximo 30 de junio— afirmó que la figura del diputado suplente, como tal, no forma parte de la estructura institucional, “pero sí puede ser un funcionario dentro de la Asamblea”. El diputado reconoció que la Corte fue “muy enfática” al señalar que la figura del suplente no debe aparecer dentro del organigrama institucional. Sin embargo, sostuvo que existe margen para su contratación bajo otras denominaciones. “El fallo manifiesta que el diputado suplente, tipificado dentro del organigrama, no puede aparecer. Pero al final, el suplente es una figura que durante un proceso electoral acompaña al principal”, dijo en aquella ocasión. La Corte, mediante un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, determinó que los suplentes solo recibirían emolumentos cuando ocuparan la curul durante las sesiones ordinarias o extraordinarias. Algunos diputados no habilitaron a sus suplentes durante el último período legislativo. Otros, sin embargo, sí lo hicieron, pese al criterio establecido por la Corte. En abril, por ejemplo, Sara Magallón, suplente del perredista Jairo “Bolota” Salazar, registró un 47% de asistencia al pleno. El mismo porcentaje obtuvo Rosalía Ellis, suplente del panameñista Roberto Archibold. Por su parte, el diputado suplente Benicio Robinson Jr. (PRD), que figura como asesor con salario de $4,300, registró una asistencia de 6%, igual que Bolívar Escala, suplente de Jorge Herrera. El diputado de Vamos, Eduardo Gaitán, habilitó a su suplente, Lydia Caballero, quien alcanzó una asistencia de 35%, según el informe oficial de la Asamblea Nacional. La diputada independiente Yarelis Rodríguez también habilitó a su suplente, José Andrés González, quien registró una asistencia de 24%. También habilitó su suplente el independiente Manuel Samaniego: Nayelis González tuvo asistencia de 29%. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se empiezan a ver los primeros movimientos como resultado de la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas. Hoy, lunes 8 de junio, el mismo día en que se hace efectiva la renuncia de Bonagas, se reunirá el Consejo General Universitario de la Unachi para designar a un rector interino. La Ley 4 de 2006, que reorganiza la Unachi, dispone en su artículo 37 que, cuando se produzca la vacante del cargo de rector, este será reemplazado interinamente —siguiendo este orden de prelación— por el vicerrector académico, el vicerrector de Investigación y Posgrado o el vicerrector administrativo. El vicerrector académico es Jorge Bonilla, pero recientemente se conoció que presentó su renuncia al cargo (no así a la universidad, ya que seguirá como profesor en la Facultad de Derecho). Por tanto, el siguiente en la línea de sucesión es el vicerrector de Investigación y Posgrado, Pedro González. Consejo General de la Unachi se reúne hoy para escoger al rector interino DESIGNACIÓN Bonilla ha sido muy cuestionado luego de que se conociera que, desde su posición como vicerrector, habría influido en el ascenso de su esposa Olivia Candanedo, que es profesora en Unachi. De esta situación es conocedora la ministra de Educación, Lucy Molinar. Hay varias denuncias al respecto en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). No obstante, la Unachi tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de tres meses para elegir al rector que completará el periodo para el que fue elegida Bonagas. El llamado a elecciones ya fue advertido por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen. Se espera que la reunión delConsejoGeneralUniversitario -que hasta ahora preside Etelvina de Bonagas- se dé a partir de las 9:00 a.m. Anteriormente, este cuerpo colegiado se había negado a aceptar la renuncia que la todavía rectora presentó el 11 de mayo pasado a la ministra Molinar. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Reemplazará a Etelvina Medianero de Bonagas. Archivo Imagen que muestra un parque bolsillo. Cortesía/Alcaldía de Panamá Panorama

7A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Desde esta perspectiva, las vacunas hacen mucho más que evitar una enfermedad específica. Al prevenir infecciones graves, hospitalizaciones y complicaciones inflamatorias, ayudan a proteger los sistemas biológicos que sostienen nuestra salud a largo plazo. Diversos estudios han comenzado a documentar beneficios adicionales asociados a la vacunación en personas mayores. Se han observado reducciones en el riesgo de hospitalizaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y algunas formas de deterioro cognitivo. Particularmente llamativa es la evidencia emergente que relaciona determinadas vacunas con una menor probabilidad de desarrollar demencia, como la vacuna de herpes zoster. Aunque muchos de estos estudios son observacionales y todavía se requiere investigación adicional para establecer relaciones causales definitivas, los resultados son notablemente consistentes. Diferentes vacunas, administradas en distintos países y poblaciones, parecen asociarse con una mejor preservación de la salud cerebral durante el envejecimiento. La explicación más plausible apunta nuevamente al sistema inmunológico. Cada infección evitada representa una reducción del daño inflamatorio que el organismo tendría que enfrentar. Menos inflamación significa menor estrés sobre los vasos sanguíneos, el cerebro, el corazón y otros órganos vulnerables al paso del tiempo. Además, algunas vacunas parecen inducir fenómenos de “inmunidad entrenada”, mediante los cuales ciertas células inmunológicas desarrollan respuestas más eficientes y equilibradas frente a futuros desafíos. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El país de las leyes sin dientes Prevención tución no tiene el músculo ni el presupuesto para supervisar a los más de 3,600 centros educativos que tiene el país. Para colmo de males, la reglamentación de la ley designa a la dirección de los colegios como receptores de las denuncias de acoso y responsables de su investigación, y es justo aquí donde la cosa se pone escabrosa, ya que los colegios buscan resolver estas situaciones a lo interno, dilatando o incluso evitando que el acoso sea llevado a instancias que sí lo tratarán como el delito que es… a fin de cuentas, los trapos sucios se lavan en casa. Es como si mágicamente el hostigamiento escolar fuese menos serio que los ocurridos en otros entornos solo porque ocurre en la escuela y los involucrados son menores de edad. El acoso no deja de ser menos perverso para la víctima, y aun así, los colegios, se escudan en el derecho a la educación para no expulsar a un agresor. Mientras tanto, todo el golpe físico, emocional y económico lo carga la parte afectada y no hay consecuencias para quien debe haberlas. Digo, no podemos esperar más si en Panamá el incumplimiento de la ley es prácticamente un rito de iniciación. En el caso Susana Lezcano Vacunarse también es rejuvenecer Sistema inmunológico La medicina molecular ha transformado nuestra comprensión del envejecimiento. Hoy sabemos que no basta con contar los años transcurridos desde nuestro nacimiento para definir nuestra edad. Existe una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Dos personas de la misma edad pueden presentar estados de salud radicalmente distintos, dependiendo de factores como las enfermedades acumuladas, la función inmunológica y los hábitos de vida. Para estudiar estos procesos, la ciencia ha desarrollado herramientas conocidas como relojes biológicos. Estos permiten estimar el grado de envejecimiento de células y tejidos mediante marcadores moleculares que reflejan el desgaste acumulado del organismo. Uno de los hallazgos más consistentes es que la inflamación crónica constituye uno de los principales motores del envejecimiento. A medida que envejecemos, el sistema inmunológico experimenta cambios progresivos. Aparece un estado de inflamación persistente de bajo grado que contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, diabetes, fragilidad y muchas otras condiciones asociadas a la edad avanzada. Este proceso puede acelerarse aún más cuando sufrimos infecciones. Las enfermedades infecciosas no siempre terminan cuando desaparecen los síntomas. En muchos casos dejan una huella biológica duradera. La experiencia reciente con covid-19 permitió observar con claridad cómo algunas infecciones pueden desencadenar alteraciones inflamatorias persistentes y acelerar procesos relacionados con el envejecimiento celular. En términos sencillos, un sistema inmunológico mejor preparado puede comportarse de manera más resiliente y menos desgastada con los años. Esto obliga a replantear nuestra visión tradicional de la vacunación en la adultez. Vacunarse ya no debería entenderse únicamente como una medida para evitar una infección estacional o una enfermedad puntual. Puede considerarse también una inversión en el envejecimiento saludable. Vivimos en un mundo donde la expectativa de vida continúa aumentando. El verdadero desafío ya no es solamente vivir más años, sino llegar a ellos con buena salud física, mental y funcional. La longevidad pierde valor cuando está acompañada de enfermedad, dependencia o deterioro cognitivo. Por ello, las estrategias que permiten preservar la función biológica adquieren una importancia creciente. La alimentación saludable, la actividad física, el sueño adecuado y la estimulación cognitiva seguirán siendo pilares fundamentales. Pero la evidencia sugiere que la vacunación también merece un lugar en esa lista. Las vacunas no detienen el paso del tiempo. No eliminan las arrugas ni revierten décadas de envejecimiento. Sin embargo, pueden ayudar a proteger los mecanismos biológicos que determinan cómo envejecemos. Al reducir infecciones, inflamación y daño acumulado, contribuyen a mantener un organismo más resiliente y funcional durante más tiempo. Quizás esa sea una de las formas de entender la vacunación en el siglo XXI: con base en la evidencia de la medicina molecular, como una estrategia para preservar la salud biológica, retrasar los procesos asociados al envejecimiento y favorecer una vida más saludable e independiente. En un sentido biológico profundo, vacunarse también es rejuvenecer. Opinión LA AUTORA es directora ejecutiva de CEVAXIN e integrante de la Fundación Ciencia Panamá. LA AUTORA es amiga de la Fundación Libertad particular de la Ley N° 289 de 2022, a pesar de que esta establecía un plazo de 60 días calendario para su reglamentación, tardó más de 26 meses en decretarse. Así como esta ley, hay muchas otras que, a pesar de llegar a la vida jurídica, su capacidad de acción se estanca. Otro ejemplo de esto es el marco jurídico para regular las bibliotecas públicas en Panamá (Ley No. 331 del 24 de octubre de 2022), la cual aun cuando su mandato legal sea válido, la ausencia de reglamentación deja un vacío para definir la capacidad de acción de las entidades y funcionarios que deben hacerla cumplir. Mejor suerte corrió la ley que regula el uso del cannabis en nuestro país, (Ley N° 242 del 13 de octubre de 2021) con la cual las autoridades de salud se tomaron un poco más de 10 meses para reglamentarla, en lugar de los 90 días establecidos... y eso que se trata de una ley para beneficiar a los pacientes. Nos preguntamos por qué nuestros diputados no hacen leyes más útiles, con tanta necesidad que hay en Panamá, por ejemplo, con las leyes anticorrupción y los cambios a los reglamentos en la Asamblea. Pareciera que aquí nadie quiere incomodarse ni incomodar a nadie, así las iniciativas que vemos llegar a ley, son aquellas que menos ampollas causan, pero igual permiten sacarse la foto para el website. Recientemente ocurrió un suceso que involucró a una estudiante menor de edad en una situación de altísima vulnerabilidad, y que se regó como pólvora a través de cuentuchas en redes sociales manejadas por pseudoperiodistas, sin atisbo alguno de ética y normativa de protección al menor. Cada vez que ocurre un hecho como este, y créanme que cuando eres madre de un adolescente te enteras de que ocurre más seguido de lo que como sociedad queremos reconocer, la cháchara digital se enfoca en la ausencia percibida de alguna ley que prevenga y castigue casos de acoso escolar, que es la supuesta génesis de esta situación. Pero resulta que sí tenemos una ley para esto: la Ley N° 289 de 24 de marzo de 2022 “Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en la República de Panamá”. A pesar de sus objetivos, esta ley, igual que muchas otras en nuestro país, no solo se queda en papel, sino que carece de mecanismos contundentes que generen un cambio real. Si bien esta ley designa a la Defensoría del Pueblo para el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones en ella previstas, la realidad es que esta instiDiferentes vacunas, administradas en distintos países y poblaciones, parecen asociarse con una mejor preservación de la salud cerebral durante el envejecimiento. Gabrielle Britton Nos preguntamos por qué nuestros diputados no hacen leyes más útiles, con tanta necesidad que hay en Panamá, por ejemplo, con las leyes anticorrupción y los cambios a los reglamentos en la Asamblea. Violencia escolar: un desafío de todos Educación Cada vez que ocurre un caso de bullying, una agresión entre estudiantes o una situación de violencia dentro de un centro educativo, surge una pregunta recurrente: ¿dónde estaban los docentes? La interrogante es válida, pero también revela una tendencia preocupante: atribuir a la escuela una responsabilidad exclusiva sobre problemas que tienen raíces mucho más profundas y complejas. La violencia que hoy afecta a nuestros niños y adolescentes no nace en el aula. En muchos casos, tiene su origen en entornos familiares conflictivos, en la normalización de conductas agresivas, en el consumo indiscriminado de contenidos violentos en redes sociales, en la falta de supervisión digital y en una creciente pérdida de espacios de diálogo y formación en valores. La escuela recibe diariamente a estudiantes que llegan con distintas realidades emocionales, sociales y familiares. Pretender que el sistema educativo pueda resolver por sí solo todas las manifestaciones de violencia constituye una expectativa poco realista e injusta. Sin embargo, reconocer esta realidad no significa desconocer el papel fundamental de los docentes. Los educadores ocupan una posición privilegiada para detectar señales tempranas de riesgo, promover la convivencia pacífica y activar los mecanismos institucionales de protección cuando sea necesario. Su función es esencial, pero no puede confundirse con la de psicólogos, trabajadores sociales, investigadores o autoridades judiciales. La prevención efectiva de la violencia escolar requiere una verdadera corresponsabilidad social. Las familias son los primeros educadores y tienen la responsabilidad primaria de formar en respeto, empatía y resolución pacífica de conflictos. El Estado debe garantizar recursos, programas de salud mental, orientación especializada y políticas públicas sostenidas. Los medios de comunicación y las plataformas digitales también deben asumir un papel más activo frente a la difusión de contenidos que fomentan la agresión, el odio o la humillación. Por su parte, los centros educativos deben fortalecer la educación socioemocional, los programas de convivencia escolar y los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso, violencia o vulneración de derechos. La respuesta no puede limitarse a sancionar cuando el daño ya ocurrió. Es indispensable construir una cultura preventiva que permita identificar riesgos antes de que se conviertan en tragedias. La violencia escolar no es un problema exclusivo de la educación. Es un reflejo de los desafíos que enfrenta la sociedad en su conjunto. Por ello, la pregunta más importante no debería ser únicamente qué están haciendo los docentes, sino qué estamos haciendo todos para garantizar que nuestros niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, respetuosos y libres de violencia. La protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida. Cuando cada actor cumple su función, la escuela deja de ser un escenario de crisis para convertirse en un verdadero espacio de desarrollo humano, convivencia y esperanza. EL AUTOR es abogado litigante. Carlos Baltazar Lan Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. 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