4A La Prensa Panamá, lunes 8 de junio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] THE NANNY. El embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, volvió a las andadas. En abril pasado, acompañó a Jessica Canto -integrante del círculo inmediato del loco- a la presentación de su novela autobiográfica en Bogotá. El año pasado, el presidente Mulino lo reprendió públicamente luego de que circularan unas fotografías en las que se le apreciaba con el expresidente en una fiesta. “Te quiero lejos de ahí”, dijo el presidente aquella vez. ¿Lo regañará ahora también o habrá que esperar la próxima vez que se deje ver en público con el bebé? DEFENSA. Por cierto, Canto es la abogada de la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez. Tiene sentido que Vásquez busque como defensora a alguien que ha probado que sabe cómo mantenerse fuera del alcance del sistema judicial. GUARIDA.Este lunes se hace efectiva la renuncia de Etelvina de Bonagas y se reúne el Consejo General Universitario de la Unachi para formalizar la designación de un rector encargado. Imagínense si un día Gatúbela se marchara de Ciudad Gótica. ¿Qué sería lo siguiente? Pues que se encuentren el Joker, el Pingüino y el Acertijo para decidir quién queda al mando. Recórcholis, Batman… AUSENCIA. El presidente Mulino no acudió al Clásico Presidente, ayer, en el hipódromo Remón. O tenía jet lag o prefirió ahorrarse la rechifla. DELEGACIÓN. Ante la ausencia de Mulino, el ministro Juan Carlos Orillac entregó el trofeo al ganador del Clásico Presidente. También estaban los ministros del MOP y de Salud, el contralor Anel Flores y diputados de RM, como Camacho, ShirAdónde se fue la plata de la descentralización paralela Juan Manuel Díaz C. [email protected] DILIGENCIAS Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron en 2025, tras recibir los primeros informes de auditoría de la Contraloría General de la República. El destino de $41.4 millones otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entre 2019 y 2024, a través del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), es un misterio. Así lo afirma la fiscal anticorrupción Digna Castillo, quien explica que en muchas de las diligencias hechas hasta la fecha por su despacho no se han encontrado facturas, recibos ni documento alguno que justifique el destino de estos recursos que debieron ser utilizados para aliviar las carencias de comunidades y dar asistencia a familias necesitadas. La pandemia de covid-19 se convirtió en la excusa perfecta para el manejo oscuro de millones de dólares que supuestamente fueron entregados para solventar una situación de emergencia nacional y que, paradójicamente, se desconoce adónde fueron a parar. Fue un esquema en el que el dinero fue transferido a gobiernos locales controlados por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático y sus aliados. El PDIS de la AND comenzó a operar y a transferir recursos en el año 2021, en la administración de Laurentino Cortizo (20192024). El programa, que ha sido denominado descentralización paralela, operó hasta 2024. La fiscal Castillo explicó que hasta ahora su despacho ha recibido un total de 72 informes de auditoría y en 50 de ellos se han detectado juntas comunales con algún tipo de lesión patrimonial que debe ser objeto de investigación. Castillo fundamenta su aseveración en que durante las investigaciones vinculadas a esas auditorías no se ha ubicado documentación que detalle el destino de los fondos: es decir, no existe nada que justifique la entrega del dinero, solo se ubican los cheques cobrados por funcionarios o empresarios a quienes supuestamente se asignaron proyectos. También explicó que cuando se hacen inspecciones judiciales a los proyectos, la mayoría están inconclusos o nunca se realizaron. Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 97 personas en 41 casos que se mantienen abiertos, pero estas cifras pueden aumentar significativamente, ya que ese despacho ha recibido un total de 334 denuncias. Entre esos 97 imputados hay representantes y exrepresentantes de corregimiento, tesoreros, extesoreros y particulares que, en su mayoría, no han podido justificar el destino del dinero entregado a través de la descentralización paralela. La fiscal Castillo detalló que en estos expedientes o carpetillas existe una multiplicidad de situaciones, desde fondos que supuestamente fueron entregados para ayudas sociales, otros que fueron asignados a proyectos comunitarios o para manejo de las mismas juntas comunales, para contratación o pago de personal sin sustento. A lo largo de la investigación, la fiscalía también ha encontrado que, en ocasiones, los fondos eran enviados a comunidades que no pertenecían al corregimiento al cual supuestamente estaban destinados, es decir, que no había un control ni supervisión sobre estos recursos. La trazabilidad de los fondos indica que parte del dinero de la descentralización paralela se destinó a la adquisición de bienes y uso personal. Hubo juntas comunales, como la Belisario Porras, a la que se destinaron hasta $8 millones. Solo en este caso la fiscalía sostiene que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios de la junta comunal recibieron 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, respectivamente, por montos que iban desde $130 mil, $117 mil, $107 mil y $86 mil, por supuestos servicios prestados a la Junta Comunal de Belisario Porras. La auditoría sostiene que $7 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los que no existe registro alguno. La fiscalía sostiene que no hay documentos que sustenten esos desembolsos. La fiscal destacó que en algunos casos existen acercamientos para alcanzar acuerdos de pena, pero que ello está condicionado a la devolución del dinero entregado por parte del Estado y el reconocimiento del delito. Manifestó que el Ministerio Público ha destinado un equipo de funcionarios y personal técnico para la realización de estas investigaciones. Datos oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin algún tipo de sustento a través del PDIS, conocido como la descentralización paralela. Las 334 denuncias presentadas ante el Ministerio Público hasta la fecha, por el presunto mal uso de fondos, involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios en todo el país, y el monto investigado supera los $213 millones. La AND trabaja en la recopilación de más información que entregará al Ministerio Público sobre las anomalías encontradas en el manejo de la descentralización paralela. Digna Castillo, fiscal anticorrupción. Juan Manuel Díaz ley, Chello, etc. Por cierto, el candidato de RM para la presidencia de la Asamblea es Shirley, no Camacho. Para los efectos, en la práctica es lo mismo. BÚSQUEDA. Todavía hay 21 evadidos de La Joyita que no han podido ser recapturados y la Policía Nacional incrementó la recompensa -de $500 a $1,000- por información que permita la recaptura. Lástima que eso solo aplica para los prófugos de La Joyita. Representantes de corregimiento imputados Al 4 de junio de 2026 / Cifras en dólares Río Hato (Coclé,Antón) Ibeth Navas PRD 2,040.00 Guayabito (Panamá Oeste, San Carlos) Isaías Amores CD Quebrada de Piedra (Chiriquí, Tolé) Ceferino Rodríguez CD 50,000.00 Tolé cabecera (Chiriquí, Tolé) Guillermo Santamaría PRD 830,000.00 Los Cerros de Paja (Herrera, Los Pozos) Ernesto Barrera PRD 210,000.00 Juan D. Arosemena (Panamá Oeste, Arraiján) Isaac Figueroa PRD 200,000.00 Parita cabecera (Herrera, Parita) Alexander Batista PRD 160,000.00 Salud (Colón, Chagres) Eugenio Delgado PRD 4,650,908.00 Cristóbal Este (Colón, Colón) Yoel Rodríguez PRD 5,037,149.00 Chepo (Panamá, Panamá) Ceferino Frías PRD 330,000.00 La Trinidad (Panamá Oeste, Capira) Luis Arversio González Panameñista 120,000.00 Gatuncito (Veraguas, Santa Fe) Natividad Urriola CD 20,000.00 Chepo (Herrera, Las Minas) Luis Murillo PRD 25,000.00 Peñas Chatas (Herrera, Ocú) María Marín de Pimentel PRD 125,000.00 Capellanía (Coclé, Natá) Ceferino González PRD 155,000.00 El Higo (Veraguas, Las Palmas) Alejandro González PRD 121,000.00 Barrio Sur (Colón, Colón) Rolando Alexis Lee PRD 545,000.00 Villa Rosario (Panamá Oeste, Capira) Carlos Montenoir Rodríguez CD 395,000.00 Bisvalles (Veraguas, La Mesa) Euclides Mendoza CD 60,000.00 Boró (Veraguas, La Mesa) Jorge Alberto Barría CD 1,147,000.00 Volcán (Chiriquí, Tierras Altas) Juan Carlos Lezcano PRD 179,554.00 Burunga (Panamá Oeste, Arraiján) Antonio Atencio CD 100,000.00 Carate (Los Santos, Las Tablas) Paulino Abdiel Domínguez PRD 435,000.00 Belisario Porras (Panamá, San Miguelito) César A. Caballero PRD 6,681,700.00 Chiriquí (Chiriquí, David) Jorge Omar Montenegro Panameñista 130,000.00 Cristóbal (Colón, Colón) Edgar Góndola PRD 340,000.00 Calidonia (Veraguas, Soná) Tomás Soto CD Solano (Chiriquí, Bugaba) José Morales PRD 300,000.00 Pacora (Panamá, Panamá) Hugo Henríquez PRD 2,455,000.00 Dolega (Dolega, Chiriquí) Francia Elena Rojas PRD 740,000.00 Campana (Panamá Oeste, Capira) Nelson García CD 90,000.00 Nueva Gorgona (Panamá Oeste, Chame) Mirian Bernal PRD 305,000.00 Las Garzas (Panamá, Panamá) Noel Camargo PRD 690,000.00 Arosemena (Panamá Oeste, La Chorrera) Mario Enrique Jaén PRD 1,044,990.00 Coclé (Coclé, Penonomé) Gustavo Márquez CD 100,000.00 San Juan (Colón, Colón) Iván Tejada CD 815,000.00 San Juan (Chiriquí, San Lorenzo) Dionicio Rodríguez PRD 191,652.00 David cabecera (Chiriquí, David) Jorge Montenegro Vallarino PRD 4,977,602.00 Amelia Denis de Icaza (Panamá, San Miguelito) Nicolás Antonio Barrios PRD 4,079,241.00 Barrio Norte (Colón, Colón) Jairo Salazar PRD 14,106,003.00 San Francisco (Panamá, Panamá) Carlos Pérez Herrera PRD 304,789.00 Bugaba (Chiriquí, Tierras Altas) Edilsa Gómez de Camarena CD 49,730.00 Infografía: La Prensa-Fuente: Ministerio Público * Montos estimados sacados de la base de datos de la descentralización Programa de desarrollo e interés social JUNTA COMUNAL PARTIDO *MONTO RECIBIDO REPRESENTANTE 2014-2019 Apede: Gestión del agua debe ser prioridad nacional La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que la crisis del agua en Panamá no responde a la falta de disponibilidad del recurso, sino a problemas estructurales de gobernanza, planificación y ejecución. El tema fue abordado durante el Foro de Ambiente 2026, donde se destacó que, pese a que el país cuenta con una de las mayores reservas de agua de la región, miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades diarias de abastecimiento. Durante el evento se recalcó que en Panamá se pierden diariamente entre 120 y 130 millones de galones de agua por fugas y deficiencias en la infraestructura. El gremio también advirtió en un comunicado que el cambio climático agrava el escenario, con periodos de sequía más prolongados y menor previsibilidad en las precipitaciones, lo que exige decisiones estratégicas de largo plazo. Entre los proyectos señalados como clave se encuentra el de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, la Apede enfatizó que ninguna obra de infraestructura será suficiente sin una reforma integral de la gestión del recurso. Ante esta situación, el sector privado plantea la necesidad de avanzar hacia una visión integral del recurso hídrico, fortalecer la gobernanza, modernizar la gestión, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las inversiones respondan a una estrategia nacional. Por último, el sector privado reiteró su llamado a la corresponsabilidad en el uso del agua, promoviendo prácticas de eficiencia, reutilización y protección de cuencas. APEDE Getzalette Reyes [email protected] Miles de panameños sufren la escasez de agua. Archivo
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