7A La Prensa Panamá, miércoles 8 de abril de 2026 Panorama Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, y Luis Duke, diputado de la coalición Vamos. Captura de pantalla Críticas cruzadas por proceso del Defensor tensan el pleno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El informe de mayoría presentado por el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, no cumplía con los requisitos del reglamento interno, lo que llevó a suspender la sesión. Al cierre de esta edición,el diputado informó que ya se habían completado las firmas. El proceso para designar al nuevo defensor del Pueblo encendió las tensiones en la Asamblea Nacional la tarde de ayer, cuando el debate escaló más allá de lo político para centrarse en cuestionamientos de legalidad. En medio de un ambiente crispado, los diputados Janine Prado, de la coalición Vamos, y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), coincidieron en advertir que el trámite presenta irregularidades que comprometen su legitimidad. Ambos señalaron que el informe de mayoría, pieza clave en el procedimiento, no cumple con los requisitos establecidos. Según los diputados, el documento carece de las firmas de todos los miembros de la Comisión de Gobierno, lo que, a su juicio, constituye una violación directa al reglamento interno. Esta omisión, sostienen, no solo debilita la validez del proceso, sino que también abre la puerta a posibles impugnaciones, en un momento en que la elección del defensor del Pueblo demanda transparencia y apego estricto a las normas. “Ese informe no tiene la firma de todos”, lamentó el diputado de Vamos, Luis Duke. El debate El diputado Roberto Zúñiga, también de la coalición Vamos, lanzó una de las críticas más contundentes al advertir que el proceso carece de sustento legal. “Se va a discutir la elección del defensor del Pueblo con un informe que ni siquiera tiene las firmas reglamentarias establecidas por ley para que se discuta. Y eso es una ilegalidad, y el país entero tiene que saberlo”, afirmó desde su curul. El artículo 135 del reglamento interno de la Asamblea establece que todo informe, proyecto de ley o de resolución elaborado por una comisión debe presentarse con la firma de todos sus miembros y que, en caso de disenso, los diputados pueden suscribirlo con la anotación “salvo mi voto” o incluso presentar un informe de minoría para su consideración prioritaria en el pleno. El informe presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho no tenía la firma de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno, lo que alimentó los cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento. Zúñiga elevó el tono al señalar directamente a la presidencia del pleno por permitir que el tema avanzara en la agenda. “Se está actuando de forma ilegal, presidente Jorge Herrera. Por favor, recapacite”, reclamó, en medio de interrupciones y llamados al orden. Más cuestionamientos A las críticas se sumaron los diputados Raphael Buchanan, del PRD, y Janine Prado, de Vamos, quienes sustentaron sus objeciones en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea. Ambos recordaron que el artículo 103 establece la obligatoriedad de circular el orden del día antes de cada sesión. “En ninguna de las puertas de este salón han colocado el orden del día y, de manera arbitraria, han incluido el informe de mayoría y un informe de minoría que no cuenta con las firmas reglamentarias”, advirtieron, al tiempo que denunciaron la supuesta violación otro artículo del reglamento, el 135. “Yo, como secretario de la misma, no vi respetado mi derecho a firmar ese documento”, reclamó Buchanan, quien además cuestionó cómo un informe con esas deficiencias llegó a ser incluido en el orden del día. El diputado Benicio Robinson, del PRD, también intervino con un discurso crítico en el que calificó la situación como una falta de respeto hacia el Legislativo. “Es una aberración que hoy estemos discutiendo un orden del día con temas presentados sin las firmas que acreditan la validez del informe”, sostuvo. Robinson apuntó directamente al presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, por haber presentado informes sin cumplir con los requisitos formales. “Debió haber tenido la humildad de retractarse de su irresponsabilidad al presentar la moción”, expresó, dejando ver fracturas incluso dentro de las bancadas. Luego de la polémica, el presidente de la Asamblea declaró un receso para que el informe cumpla con las firmas necesarias. Al cierre de esta edición, el diputado informó que ya se habían completado las firmas. El debate continuará hoy, a las 3:00 p.m. Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Cuatro empresas que confesaron haber pagado coimas hace nueve años siguen acumulando millones en contratos con el Estado. Se trata de Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC, todas señaladas en el caso Blue Apple. En otros países este hecho sería un escándalo: se exigiría dejar de contratar con quienes se enriquecieron indebidamente con los dineros de todos se pediría legislar para impedirlo. En Panamá, en cambio, la repetición anestesia: el predominio de las empresas más deshonestas en las contrataciones públicas se ha vuelto parte del paisaje. Desde que estalló el caso Odebrecht se han presentado varias iniciativas legislativas para impedir que empresas condenadas o salpicadas por la corrupción sigan contratando con el Estado. Todos los intentos han fracasado al tropezar contra el mismo muro: la falta de voluntad política. Más de una década de “armónica colaboración” entre el Ejecutivo y el Legislativo al servicio de la impunidad. Y tampoco hay razones para pensar que eso cambiará ahora. Este es un gobierno que se define como “de empresarios y para empresarios”. Bajo esa lógica, es ilusorio pretender que les pondrá límites con alguna reforma a la Ley de Contrataciones Públicas. Lo prometió el año pasado, pero es altamente improbable que se le cierren las puertas a las empresas corruptas. Por algo, las licitaciones transparentes y competitivas se han vuelto una especie en vías de extinción. Aquí lo único que avanza “con paso firme” es la podredumbre. Pero Mulino no inventó el sistema, solo lo continuó con su estilo. Esta capacidad de aparentar cambios para asegurar la continuidad de la estructura de poder la ilustró, como pocos, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su novela El Gatopardo. Lo hizo la aristocracia siciliana en el siglo XIX y se aplica a la perfección en el Panamá de hoy: son los mismos perfiles de contratistas y contratantes, el mismo modus operandi, los mismos bancos, abogados y aseguradoras. El caso Blue Apple data de los tiempos de su padrino político, Ricardo Martinelli. Luego Juan Carlos Varela aplicó con destacada destreza el manual: pretender que todo cambie, para que nada cambie. Las investigaciones de la Procuraduría de Kenia Porcell en el caso Blue Apple terminaron en acuerdos de “colaboración eficaz” con los dueños de las empresas señaladas, que resultaron ser muy eficaces… pero solo para ellos. Pactaron con el Ministerio Público y se salvaron de ir a la cárcel. La estocada final durante este periodo la dio el propio presidente Varela, que les ofreció a las empresas donar a su programa de construcción de escuelas a cambio de seguir contratando con el Estado. Esta acción abiertamente ilegal e inmoral la justificó con una lógica religiosa: la “corrección fraterna”. Así, un empresario como Carlos Cerdas, dueño de Meco, quedó “bendecido” en Panamá, mientras en su natal Costa Rica continúa enfrentando un proceso penal. Cortizo y Carrizo no buscaron excusas para contratar con los mismos. La empresa Bagatrac fue donante de campaña del PRD y luego acumuló $219 millones en contratos con el MOP. Pero la impunidad también se traslada a los ámbitos político y social. Alberto Jurado, dueño de la empresa, ha sido electo dos veces como representante por la libre postulación en Boquerón, Chiriquí. Además, “Beto Bagatrac” fue el abanderado en la última cabalgata de San José en David. Entre música y fuegos artificiales se trepó a la tarima encabezando la celebración. ¿Habrá alguna imagen más representativa EFE. WASHINGTON, EUA Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE Trump anuncia cese el fuego por dos semanas y el precio del petróleo baja TREGUA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a “la apertura completa, inmediata y segura” de Ormuz. El republicano aseguró que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”. El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”. “Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, escribió Trump. En tanto, el diario israelí Haaretz señaló que “una fuente israelí” que no identificó dijo que Tel Aviv “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo. Pero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en la madrugada de este miércoles de al menos tres ataques sobre su territorio. El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los 100 dólares, y las principales bolsas de Asia abrieron este miércoles al alza, siguiendo al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó casi 16% para ubicarse por debajo de los 100 dólares. de un Estado que baila con la corrupción… y de una sociedad que aprendió a convivir con ella? No hemos cumplido ni dos años del gobierno de José Raúl Mulino y entre Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC ya suman $376 millones en contratos. Hace semanas, el ministro de Economía y Finanzas dijo que en Panamá hablábamos de millones como si nada. Tiene razón. Pero esa costumbre no nació sola: es el resultado de años de contratos directos, sobreprecios y un verdadero contubernio con las empresas corruptas. Una cultura que el gabinete al que pertenece ha continuado con eficacia inquietante. Al final, hay que reconocerlo: en Panamá sí avanzamos “con paso firme”. Lástima que sea para afianzar la corrupción. Por algo decidieron ponerlo hasta en las placas de los carros. Con ‘paso firme’hacia la corrupción
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