1A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 15 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15321 Hoy por hoy Durante los últimos 25 años, las cifras oficiales indican que entre 50 y 70 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida ahogadas al intentar cruzar los peligrosos ríos o quebradas de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela o regresar a sus hogares. Esta cifra conmovedora es solo un reflejo de la crisis sistemática que enfrenta la región. Los casos más recientes ocurrieron el año pasado con dos niñas que lamentablemente perdieron la vida. Es una crisis donde el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo mortal debido al abandono estatal, la marginación étnica y la falta de infraestructura básica. Como siempre, cuando ocurre la tragedia, las autoridades saltan a dar soluciones. El Ejecutivo prometió la construcción de 100 zarzos. El MOP informa que trabajará en 50 zarzos en la primera fase, con un costo de $18 millones. Ese monto contrasta con otro de mayor cuantía, como los $50 millones adicionales que aumentará el subsidio electoral. Mientras, las comunidades más apartadas siguen esperando la infraestructura que salvaría vidas. Es hora de actuar, y rápido, porque se aproximan las lluvias, y esa población vulnerable espera la respuesta para que ninguna vida más se pierda por la negligencia del Estado. Fuente: Elaboración propia - IMDb Agencia EFE Jessie Buckley Rose Byrne Kate Hudson Renate Reinsve Emma Stone Timothée Chalamet Leonardo DiCaprio Ethan Hawke Michael B. Jordan Wagner Moura Elle Fanning Inga Ibsdotter Amy Madigan Wunumi Mosaku Teyana Taylor Benicio del Toro Jacob Elordi Delroy Lindo Sean Penn Stellan Skarsgard Premios Óscar 98.ª edición ‘Hamnet’ ‘If I Had Legs I’d Kick You’ ‘Song Sung Blue’ ‘Sentimental Value’ Bugonia’ ‘Marty Supreme’ ‘One Battle After Another’ ‘Blue Moon’ ‘Sinners’ 'O Agente Secreto' ‘Sentimental Value’ ‘Sentimental Value’ ‘Weapons’ ‘Sinners’ ‘One Battle After Another’ ‘One Battle After Another’ ‘Frankenstein’ ‘Sinners’ ‘One Battle After Another’ ‘Sentimental Value’ Globo de Oro Óscar obtenidos previamente SAG Critics' Choice Awards BAFTA 2017 2016 2024 2001 2004 2009 Irlanda Australia EE.UU. Noruega EE.UU. EE.UU. / Francia EE.UU. EE.UU. EE.UU. Brasil EE.UU. EE.UU. EE.UU. Reino Unido Noruega Puerto Rico Australia Reino Unido EE.UU. Suecia Galardones en la actual temporada de premios Ellas.pa Hoy se celebran los Premios Oscar 5B Lo que no se vio del partido entre Chiriquí y Colón 1B Deportes Panorama Ampliación del corredor de las playas iniciará el 16 de marzo 4A ADEMÁS Colapsa puente vehicular en Capira 5A Subsidio electoral: ¿Gasto necesario o un despropósito? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROCESO ELECTORAL El monto en los últimos 30 años en organización de elecciones y subsidio a partidos suma $592.9 millones. En los últimos 30 años, el financiamiento público de la política en Panamá ha aumentado exponencialmente, con un total de $366 millones destinados solo a la organización de elecciones entre 1994 y 2024. Además, entre 1999 y 2024, el subsidio a los partidos políticos alcanzó 226.9 millones de dólares. A pesar de estos recursos, Magaly Castillo, representante de la sociedad civil que participó en las primeras Comisiones de Reformas Electorales desde 1997 y el exfiscal electoral, Giovanni Olmos cuestionan la eficacia del sistema. Castillo destaca que el financiamiento público ha crecido hasta convertirse en un esquema excesivo que no está generando mejoras visibles en el sistema político. Igualmente advierte la falta de control sobre el financiamiento privado. Por su parte, Olmos su- MOP solicita fondos para construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé El Ministerio de Obras Públicas (MOP) acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar recursos destinados a la construcción de 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, con una inversión de $18.2 millones. Estos puentes colgantes peatonales permitirán que al menos 17,000 estudiantes crucen ríos peligrosos y quebradas, como las que cobraron la vida de Melanie y Kimberlin en octubre de 2025. VEA 4A La muerte de Habermas: Un adiós al pensador de la democracia INTELECTUAL El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció ayer sábado a los 96 años, según confirmó su editorial en Alemania, Suhrkamp. “Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muer- Jürgen Habermas. EFE Panamá, rezagada en almacenaje de energía con baterías,pese a caída de precios Aunque los precios de las baterías han disminuido un 75% en los últimos años, Panamá avanza lentamente en la adopción de tecnologías de almacenamiento energético, con un mercado residencial y comercial en crecimiento. VEA 7A to hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa”, señalaron desde Suhrkamp, cita EFE. Le invitamos a leer el análisis de Daniel Zovatto donde revisa la trayectoria de uno de los filosofos más influyentes de la política contemporánea. VEA 6A Feria Internacional de David 10 días de exposición, gastronomía y cultura La Feria Internacional de David, en su versión 69, fue inaugurada el 12 de marzo con actividades culturales, comerciales y agropecuarias. En la inauguración participó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Se espera que al menos 300,000 personas visiten el evento durante los 10 días de feria. Anel Asprilla/Cortesía braya que “es un despropósito que los beneficios sigan aumentando”, mientras el país enfrenta problemas de seguridad, agua potable, manejo de residuos y pobreza. En la última sesión de la Comisión de Reformas Electorales, José Isabel Blandón propuso reducir el financiamiento al 0.75%, pero la mayoría lo rechazó. El modelo sigue sin cambios, manteniendo el 1% de los ingresos del Estado para financiar partidos. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El Código Electoral establece que el Estado debe destinar a cada elección general una suma equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el financiamiento público de partidos políticos y candidatos. Elysée Fernández El costo de la política: al menos $592 millones entre elecciones y subsidios Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROCESO ELECTORAL Las cifras del financiamiento —que incluyen la organización de las elecciones y el subsidio a los partidos— revelan la magnitud de los recursos destinados al sistema político: $366 millones en gasto de organización de la contienda electoral y al menos $226.9 en subsidio electoral. La Comisión de Reformas Electorales cerró sus sesiones ordinarias en medio de un nuevo debate sobre el financiamiento de la política. En ese escenario surge una pregunta inevitable: ¿cuánto le cuesta la democracia y qué resultados ha dejado ese gasto? La respuesta no es simple, pero datos del Tribunal Electoral permiten aproximarse a una cifra. Las cifras sobre financiamiento público —que abarcan tanto la organización de las elecciones como el subsidio a los partidos— revelan la magnitud de los recursos destinados, durante las últimas décadas, al funcionamiento del sistema político. Por ejemplo, en los últimos siete procesos electorales (1994-2024), el Estado panameño ha destinado 366 millones de dólares a la organización de las elecciones, un monto que refleja el crecimiento sostenido de estos recursos en las últimas décadas, y que abarca únicamente la organización de los comicios. Es decir, no incluye los subsidios a los partidos políticos. En 1994, el Estado destinó 14.6 millones de dólares para las elecciones; en 1999 la cifra aumentó a 27.4 millones, y en 2004 alcanzó 32.7 millones. El incremento continuó en 2009, con 38.7 millones, y en 2014 subió a 55.8 millones. Para los comicios de 2019, el monto escaló a 87.8 millones, hasta llegar a 109 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento cercano al 647 % en tres décadas. El subsidio A la cifra anterior hay que agregar que, entre 1999 y 2024, el subsidio electoral en Panamá ha representado una carga significativa para las finanzas públicas. De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, en estos 25 años el Estado ha destinado al menos 226.9 millones de dólares para financiar a los partidos políticos que logran mantenerse vigentes después de cada elección. Este monto incluye tanto el financiamiento preelectoral, destinado a apoyar las campañas antes de los comicios, como el poselectoral, que se distribuye posteriormente según los votos obtenidos y para el funcionamiento de los partidos. El Código Electoral establece que el Estado debe destinar a cada elección general una suma equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, recursos que se utilizan exclusivamente para el financiamiento público de partidos políticos y candidatos. El debate Para Magaly Castillo, representante de la sociedad civil que participó en las primeras Comisiones de Reformas Electorales desde 1997, el debate sobre el financiamiento político surgió hace más de tres décadas como una respuesta a la influencia del dinero privado en la política. No obstante, Castillo considera que el modelo actual se ha desviado de ese objetivo inicial. A su juicio, el financiamiento público ha crecido hasta convertirse en un esquema excesivo que no está generando mejoras visibles en el sistema político. “Hemos pasado a un financiamiento público realmente exorbitante, que no nos está dando a cambio nada o muy poco”, señaló. Según explicó, uno de los compromisos implícitos de ese modelo era fortalecer la transparencia política y establecer límites más estrictos al financiamiento privado, algo que —según sostiene— no se ha materializado. “A cambio del financiamiento público queríamos mayor control del financiamiento privado, límites a los gastos de campaña y un seguimiento real al origen de los fondos, pero eso no se ha dado”, afirmó. Castillo también advirtió que la falta de controles efectivos mantiene abierto el riesgo de que recursos ilícitos ingresen a la política. “Los partidos siguen en crisis y el riesgo de que el dinero del narcotráfico se meta en la política continúa. Yo no he visto controles suficientes para evitarlo”, manifestó. En su opinión, el financiamiento estatal debía traducirse en partidos más transparentes, mayor capacitación interna y reglas claras sobre el uso de los recursos. “El financiamiento público tenía que devolverle a la ciudadanía más democracia, más control y mejores partidos. Si eso no ocurre, hay que preguntarse para qué está sirviendo todo ese dinero”, concluyó. Críticas al modelo El exfiscal electoral Giovanni Olmos advirtió que el modelo actual debe revisarse con mayor rigor. Recordó que estos recursos surgieron en un contexto histórico particular, tras la invasión de 1989, cuando algunos partidos estaban en proceso de reorganización y se consideró necesario apoyar su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo, con el paso del tiempo el mecanismo se ha distorsionado. “En su momento se entendía que debía existir algún financiamiento para los partidos políticos, pero hoy me parece un despropósito que estos beneficios se sigan aumentando”, afirmó, al señalar que el país enfrenta problemas urgentes en áreas como seguridad, agua potable, manejo de residuos y pobreza. Olmos también cuestionó que el Estado destine recursos a organizaciones políticas mientras persisten denuncias de corrupción y deficiencias en los servicios públicos. A su juicio, el financiamiento debería reducirse significativamente y limitarse a un porcentaje mínimo estrictamente vinculado al proceso electoral. La cronología El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Roberto Troncoso, explicó que esta discusión se remonta a los inicios del Foro Ciudadano por las Reformas Electorales, surgido tras una reorganización de distintos sectores de la sociedad civil, incluidos el empresarial, el académico y el laboral. Troncoso señaló que una de las principales preocupaciones durante la aprobación de este modelo fue el papel de los partidos en la distribución de los fondos entre sus candidatos, lo que podía generar desigualdades internas si las dirigencias favorecían a determinadas figuras. A su juicio, el financiamiento público ha contribuido a reducir la influencia del dinero privado en la política, una práctica que históricamente distorsionaba la democracia al generar compromisos entre donantes y candidatos. No obstante, reconoció que el crecimiento de estos recursos mantiene abierto el debate sobre si el porcentaje actual debe mantenerse. En la recta final de las discusiones en la Comisión de Reformas Electorales esta semana, el representante del Partido Panameñista ante la comisión, José Isabel Blandón, planteó reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% de los ingresos corrientes del Estado. Finalmente, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los partidos políticos (cuatro votos a favor y siete abstenciones). Solo recibió el respaldo del Partido Panameñista, Movimiento Otro Camino, los representantes de libre postulación y el delegado de los trabajadores en la comisión. Con esa decisión, el esquema de financiamiento público permanece sin cambios en el 1% de los ingresos corrientes del Estado. Partidos políticos/ En millones de dólares Infografía: LP - Fuente: Tribunal Electoral Lo gastado en subsidio electoral 6.1 8.9 8.0 11.9 13.4 20.0 27.9 41.6 45.8 43.3 1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024 PREELECTORAL POSTELECTORAL
3A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026
4A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 Panorama Foto de archivo de estudiantes en Cerro Algodón, Chichica, en la comarca Ngäbe Buglé. Alexander Arosemena 17 mil niños en riesgo y la promesa de 100 puentes zarzo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA EDUCATIVO Funcionarios del MOP acudieron a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a pedir fondos para construir 50 de estos puentes colgantes para que los estudiantes de las regiones Kodri, Ñökribo y Nedrini de la comarca Ngäbe Buglé caminen a sus escuelas de forma segura. Melanie y Kimberlin tenían cinco y ocho años cuando el camino de regreso a casa dejó de ser un juego de risas y mochilas colgando del hombro. Era octubre de 2025 y la lluvia llevaba días cayendo sobre las montañas de la comarca Ngäbe Buglé, hinchando quebradas y oscureciendo los senderos de tierra. Aquella tarde, las dos niñas avanzaban juntas por la vereda que serpentea entre lomas cuando el riachuelo que debían cruzar creció de repente. La corriente bajó turbia y violenta. No hubo tiempo para correr. El agua las arrastró y el silencio del monte terminó donde empezaron los gritos. Murieron ahogadas. La tragedia se regó por la comarca como un eco doloroso que parecía repetirse de generación en generación. En las comunidades indígenas, donde los ríos suelen ser el único puente entre la casa y la escuela, la muerte de las niñas volvió a abrir una herida vieja: la de caminos que se vuelven trampas cuando llegan las lluvias y la de un abandono que los pobladores denuncian desde hace décadas. No era solo la historia de dos pequeñas estudiantes; era el reflejo de un riesgo cotidiano que hoy enfrentan al menos 17 mil niños que deben cruzar ríos y quebradas para llegar a sus aulas en esa zona indígena. En Cascabel, un pequeño caserío aferrado a las colinas de la comarca Ngäbe Buglé, los vecinos se reunieron para despedirlas. El cielo seguía cargado de lluvia y el suelo era un lodazal donde las botas se hundían al caminar. En medio del patio comunitario, dos ataúdes blancos resaltaban entre el barro. Las precipitaciones de esos días —alimentadas por el impacto indirecto del huracán Melissa en el Caribe— habían dejado caminos rotos y afluentes desbordados, el mismo paisaje que días antes había sellado el destino de las dos niñas. Debate lejos de las montañas Cinco meses después, el recuerdo de las niñas volvió a aparecer, esta vez lejos de la montaña y del ruido de los ríos. En la ciudad de Panamá, en una sala de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Obras Públicas llegó a pedir recursos para levantar decenas de zarzos, puentes colgantes peatonales pensados precisamente para evitar tragedias como la de Cascabel. La encargada de explicar el proyecto fue la subdirectora nacional de Estudios y Diseños del MOP, Karen Caballero, quien detalló la primera fase de un programa destinado a mejorar el acceso peatonal en comunidades apartadas de la comarca Ngäbe Buglé. Los zarzos, explicó, son estructuras colgantes sostenidas por apoyos en ambos extremos, diseñadas para permitir que estudiantes y residentes crucen ríos y quebradas sin tener que desafiar la corriente. El plan inicial contempla la construcción de 50 puentes colgantes distribuidos en tres regiones de la comarca: Kodri, Ñökribo y Nedrini. Según la funcionaria, estas estructuras servirán como puntos seguros de paso en territorios donde la ausencia de puentes obliga a los habitantes —y sobre todo a los niños— a cruzar ríos a pie, una práctica que se vuelve peligrosa cuando llegan las lluvias. En la región de Kodri se prevé levantar 12 zarzos en los distritos de Ñurum y Muná. En Ñökribo se construirán nueve, ubicados en Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa Catalina. La mayor concentración estará en Nedrini, donde se proyectan 29 estructuras en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima, zonas donde los ríos se convierten en barreras naturales para quienes caminan hacia las escuelas. Los números Los números que acompañan el proyecto revelan la magnitud del problema. La obra suma 2,750 metros lineales de puentes colgantes y una inversión estimada de $18.2 millones. De concretarse, beneficiaría directamente 43 escuelas y a más de 17 mil estudiantes, los mismos que hoy se ven obligados a enfrentar ríos crecidos para llegar a clases. Caballero recordó además que en las dos administraciones anteriores (20142019) y (2019-2024) apenas se construyeron 20 zarzos en toda la comarca. El nuevo plan prevé 50 puentes en la fase inicial y otros 50 en una segunda etapa, lo que permitiría alcanzar cerca de 100 centros educativos en las comarcas indígenas. Para ejecutar las obras, los 50 puentes de la primera fase fueron agrupados en paquetes asignados a diferentes empresas constructoras. Cada compañía deberá levantar cinco zarzos en zonas cercanas entre sí, lo que significa que al menos 20 empresas construirán los puentes. Se trata de una estrategia pensada para facilitar el traslado de materiales y maquinaria en territorios donde los caminos son escasos y la geografía complica cualquier obra. Pero, más allá de los números y de las tablas presentadas en la comisión, hubo un momento en que la discusión regresó al origen del proyecto. La funcionaria recordó la muerte de dos niñas en Cascabel, el hecho que encendió la alarma sobre los riesgos que enfrentan los estudiantes en la comarca. Fotografías y videos mostrados durante la exposición revelaban la fuerza de los ríos y la precariedad de los senderos. En esas imágenes, entre agua turbia y piedras resbalosas, parecía repetirse la misma escena que en octubre de 2025 convirtió el camino a la escuela en una tragedia. Los trabajos del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo carretera Panamericana El Espino–Sajalices y Variante Campana”, que se desarrollará en la provincia de Panamá Oeste y busca mejorar la movilidad hacia el interior del país, comenzarán mañana, según lo anunció el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La entidad informó que las labores comenzarán este lunes 16 y tendrán una duración aproximada de dos años y medio. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque no se descarta que se habiliten jornadas nocturnas si es necesario, previo aviso a los usuarios. La intervención se llevará a cabo en la vía Panamericana, entre El Espino (La Chorrera) y Sajalices (Capira), específicamente en el tramo ubicado después del autódromo, que corresponde aproximadamente del kilómetro 0 al kilómetro 19. Durante la ejecución de la obra se habilitarán desvíos temporales; sin embargo, se mantendrá un carril habilitado en cada sentido de circulación para garantizar la continuidad del tránsito vehicular en la zona. El MOP indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial, por lo que exhortó a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas para mantener una circulación segura. Detalles del proyecto La obra será ejecutada por Constructora Meco, S.A., que se adjudicó el contrato por un monto de $228,451,693.00. El proyecto contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles, desde la entrada de Hacienda Los Calderones, en La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame. También contempla la ampliación de puentes vehiculares, la construcción de intercambiadores y retornos, así como la rehabilitación y construcción de nuevos puentes peatonales. Obras de ampliación del corredor de las playas iniciarán el 16 de marzo PROYECTO VIAL El proyecto se desarrollará en tres tramos principales: Primer tramo que conecta La Chorrera (Los Calderones) con Capira, con una extensión de 10.10 kilómetros. Contará con tres carriles por sentido, lo que permitirá mejorar significativamente el flujo vehicular en la zona. En tanto, el segundo tramo se extiende entre Capira (Banco Nacional – Quesos Chela), con una longitud de 2.00 kilómetros. Este segmento incluye tres carriles por sentido y vías marginales, adaptándose a una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, que es para zonas urbanas con mayor densidad comercial. Mientras que el último tramo se desarrollará entre Capira y la entrada a Campana, manteniendo tres carriles por sentido, y estará diseñado para una velocidad de 80 kilómetros por hora, favoreciendo, según las autoridades, el tránsito fluido hacia el interior del país. Yaritza Mojica [email protected] Variante Loma Campana: así quedaría la ampliación del corredor de las playas. Cortesía/MOP Gobierno dice que evalúa medidas para tema del agua pero no precisa cuáles AGUA POTABLE Yaritza Mojica [email protected] Pasados 10 meses desde el inicio de la crisis por falta de agua potable en la región de Azuero, y tras la renuncia de Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), autoridades del Ejecutivo visitaron Chitré, en la provincia de Herrera, desde donde reiteraron las acciones que se ejecutan para tratar de mejorar el abastecimiento del recurso. El ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac explicó que fue designado por el presidente José Raúl Mulino para coordinar acciones que permitan enfrentar la crisis no solo en Azuero, sino en el país. “Quiero ser muy honesto y claro. El problema del agua es una situación nacional; Nos preocupa muchísimo y sabemos que en Azuero llevamos ya varios meses con dificultades en el suministro”, señaló el ministro. e indicó que en las últimas semanas se han realizado reuniones con el equipo técnico del Idaan en la capital para evaluar medidas inmediatas que permitan mejorar la distribución del agua, mientras avanzan proyectos como la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras. No detalló las medidas que tomarán. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, Antonio Tercero González detalló que en la provincia de Los Santos se trabaja en la habilitación de 29 pozos, mientras que en Herrera se perforan cuatro nuevos pozos, con el objetivo de inyectar más agua a la red de distribución y mejorar el flujo hacia las comunidades. Estas acciones ya estaban en desarrollo. “Hoy arrancamos con el plan y vamos a darle seguimiento semana tras semana al problema aquí en Azuero y a nivel nacional”, aseguró Orillac y anunció reuniones con Economía y Finanzas la próxima semana para el tema del financiamiento.
5A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 Panorama Fotografía de archivo, de 2012, del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien falleció ayer, a los 96 años . EFE Habermas y sus lecciones sobre la crisis democrática del s. XXI Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La tesis central de su primer libro sigue siendo extraordinariamente actual: la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en elecciones libres, sino también en la existencia de una esfera pública donde los ciudadanos puedan deliberar racionalmente sobre los asuntos colectivos. La muerte de Jürgen Habermas ayer, a los 96 años, marca el final de una de las trayectorias intelectuales más influyentes de la filosofía política contemporánea. Pero su desaparición tiene también un significado profundamente simbólico: ocurre en un momento en que las democracias del mundo enfrentan una crisis del debate público que él dedicó toda su vida a estudiar. En una época marcada por la híper polarización política, la fragmentación informativa y la expansión de la desinformación, pocas obras resultan hoy tan relevantes como la suya. Habermas fue, quizá como ningún otro pensador de su generación, el gran teórico de una idea fundamental: que la democracia depende de la calidad del diálogo público. Nacido en 1929 en Gummersbach, Alemania, perteneció a una generación profundamente marcada por la experiencia del totalitarismo. Adolescente durante el nazismo, fue testigo del colapso moral y político de su país. Esa experiencia marcaría toda su obra. Mientras algunos pensadores del siglo XX respondieron al trauma de la guerra y del totalitarismo con escepticismo hacia la razón o hacia la modernidad, Habermas tomó el camino contrario. Su proyecto intelectual se orientó a reconstruir normativamente la democracia y a demostrar que la razón —cuando se ejerce en condiciones de diálogo libre e igualitario— puede convertirse en una fuente de legitimidad política. Integrante de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort, junto a pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, Habermas heredó la tradición de la teoría crítica, pero la condujo hacia un nuevo horizonte. Si sus predecesores habían desarrollado una crítica profunda de la racionalidad instrumental y del capitalismo moderno, él buscó rescatar el potencial emancipador de la razón. Su libro La transformación estructural de la esfera pública (1962) se convirtió rápidamente en un clásico. En él analizó el surgimiento de la esfera pública burguesa en la Europa moderna: ese espacio intermedio entre el Estado y la sociedad donde los ciudadanos debaten asuntos de interés común. La tesis central de ese trabajo sigue siendo hoy extraordinariamente actual: la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en elecciones libres, sino también en la existencia de una esfera pública donde los ciudadanos puedan deliberar racionalmente sobre los asuntos colectivos. Esta idea sería desarrollada con mayor profundidad en su obra monumental Teoría de la acción comunicativa (1981). Allí Habermas introdujo una distinción que se volvería central en su pensamiento: la diferencia entre racionalidad instrumental —orientada al éxito y al control— y racionalidad comunicativa — orientada al entendimiento. Para Habermas, las sociedades modernas enfrentan un riesgo permanente: que los sistemas del poder y del dinero —el Estado burocrático y el mercado— terminen colonizando el “mundo de la vida”, es decir, los espacios donde se forman los valores, las identidades y las normas compartidas. Cuando eso ocurre, advertía, la democracia comienza a deteriorarse. Estas ideas influyeron profundamente en la teoría política contemporánea y dieron origen a una de las corrientes más influyentes de las últimas décadas: la democracia deliberativa, que sostiene que la legitimidad política surge del intercambio racional de argumentos entre ciudadanos libres e iguales. La esfera pública y la revolución digital Sin embargo, el mundo actual plantea desafíos que ni siquiera Habermas pudo anticipar plenamente. La esfera pública que él describió hace más de seis décadas ha sido profundamente transformada por la revolución digital. Las redes sociales, los algoritmos y las plataformas tecnológicas han fragmentado el espacio público, creando entornos informativos cada vez más polarizados y emocionalmente intensos. El debate público ya no se organiza necesariamente alrededor de argumentos, sino muchas veces alrededor de identidades, emociones y dinámicas virales. Paradójicamente, estas transformaciones han hecho que el pensamiento de Habermas resulte aún más relevante. Su obra nos recuerda que la democracia no puede sostenerse únicamente en procedimientos formales o en reglas institucionales. Requiere también una cultura política basada en la deliberación pública, el respeto por el argumento y la disposición a escuchar razones distintas de las propias. Este fue el núcleo de su proyecto intelectual durante más de seis décadas. Habermas fue también uno de los últimos grandes representantes de una figura cada vez más escasa: la del intelectual público. A lo largo de su vida intervino activamente en debates centrales de la Alemania contemporánea, desde la reunificación hasta el futuro de la integración europea. Defendió con firmeza el proyecto europeo, al que veía como un experimento histórico para trascender el nacionalismo que devastó el continente en el siglo XX. También alertó sobre los riesgos del populismo, la erosión institucional y la degradación del debate público. Reflexión final En un mundo cada vez más dominado por la confrontación política y el deterioro de la conversación democrática, la obra de Jürgen Habermas deja una lección fundamental. La democracia —sostenía— no es simplemente un conjunto de instituciones ni un procedimiento electoral. Es, ante todo, una práctica permanente de diálogo público. Una sociedad democrática es aquella en la que los ciudadanos están dispuestos a escuchar razones distintas de las propias, revisar sus convicciones y buscar acuerdos posibles. Puede parecer una idea simple. Pero en el clima político actual, esa simplicidad resulta casi revolucionaria. Durante más de seis décadas, Habermas defendió una convicción profundamente ilustrada: que la legitimidad democrática no nace de la fuerza ni de la manipulación, sino de algo mucho más exigente y frágil —la fuerza del mejor argumento y no del argumento del más poderoso. En una época marcada por el ruido, la polarización y la degradación del debate público, su legado nos recuerda algo esencial: que la democracia vive de ciudadanos que dialogan. Y que la política, en su forma más noble, comienza siempre con una conversación. El autor es director y editor de Radar Lata, 360. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que un puente vehicular sobre el río Perequeté colapsó la tarde de ayer. El accidente se registró en la vía que comunica al corregimiento de Villa del Carmen, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste y, según el MOP, el incidente ocurrió cuando un camión de carga intentaba cruzar la estructura, pese a que el puente tenía señalización visible que establecía una restricción de carga máxima de 10 toneladas. La estructura de acero, de un solo carril, se desplomó debido al peso del camión articulado más la carga que transportaba que, de acuerdo a primeros reportes, era algún tipo de grano. También se indicó que ya existía una recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) para prohibir el paso de equipo pesado por este puente, debido a que la infraestructura no tenía la capacidad de soporte para este tipo de vehículos articulados. El puente tenía al menos 50 años de haber sido construido. Según los reportes preliminares, no se registraron victimas fatales. Personal técnico del MOP se trasladó al área para realizar las evaluaciones correspondientes y coordinar las acciones necesarias ante esta situación. También se apersonó al lugar personal del Sinaproc, que acordonó el perímetro con señalización de vía ceColapsa puente vehicular en Capira; el conductor no acató advertencia de peso ACCIDENTE rrada. Durante la tarde de ayer se colocarían muros tipo Jersey como medida de seguridad para conductores y residentes del sector. El cierre de este paso afecta directamente las comunidades de La Trinidad, El Cacao, Ciricito Arriba, Ciricito Abajo, Los Chorros, Nuevo Paraíso, Arenas Blancas, La Bonga Arriba y La Bonga Abajo, las cuales utilizan esta vía como ruta principal de acceso. Actualmente existe una vía alterna que permite el tránsito de vehículos livianos. Se trata de la Calle Central, ubicada aproximadamente en el kilómetro 9.5 de la Carretera Panamericana, tomando como referencia el sector de La Espiga. Sin embargo, esta ruta no es apta para el paso de camiones de producción ni de transporte de carga pesada. La entidad informará oportunamente sobre las acciones que se adopten tras las evaluaciones técnicas que se mantienen en curso. Yaritza Mojica [email protected] Puente sobre el río Perequeté después del accidente. Tomadas de RRSS
6A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 Anel Asprilla ‘Lo de los pueblos debajo del lago Gatún es uno de los grandes mitos de la Zona del Canal’ Simón Tejeira ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Marixa Lasso es una historiadora especializada en América Latina y el istmo de Panamá. Su trabajo se enfoca en cómo se construyen las narrativas del pasado y en recuperar relatos que quedaron fuera de la versión oficial. Marixa, si yo voy a bucear al lago Gatún y voy lo suficientemente profundo, ¿me voy a encontrar con un pueblo inundado? Eso de la inundación de los pueblos debajo del lago Gatún es uno de los grandes mitos de la historia de la Zona del canal. Cuando yo empecé esta investigación, yo juraba que los buzos veían torres de iglesias cuando se metían debajo del lago. No es cierto. Incluso puedes ir a las ruinas de Cruces y están sobre el agua, cerca de Gamboa. Es decir, los pueblos sí fueron abandonados, mas no inundados. Exacto. La zona del canal es muchísimo más grande que el lago Gatún y estaba llena de pueblos, campos de cultivos, personas y negocios que nunca fueron inundados. Y, sin embargo, fueron eliminados. ¿Los espantó el agua? No los espantó el agua, fue una decisión. En 1912, el gobierno de Estados Unidos tiene un debate interno: ¿qué queremos en la Zona del Canal? ¿Una zona poblada o despoblada? Algunos, como Gorgas, decían que no había ningún problema sanitario ni de seguridad. Otros, sin embargo —y fueron los que ganaron—, decían que no querían casas pobres, no querían negros, no querían panameños, no querían lo que ellos llamaban gente indeseable. Hay una orden ejecutiva del presidente Taft, de 1912, que ordena la despoblación de la Zona del Canal. O sea, no era un problema de seguridad. No era ni un problema de seguridad ni de salud, según la máxima autoridad sanitaria del Canal. Supongo que ya había gente viviendo en los pueblos que estaban establecidos ahí, desde hace mucho tiempo antes. Por supuesto. Panamá había sido una zona de tránsito desde el siglo XVI. Surgieron montones de poblados con los caminos de Cruces, el Camino Real y el río Chagres. Esos poblados crecen con el ferrocarril y después con el canal francés. Para cuando inicia la construcción del Canal, esta era una zona urbana con municipalidades muy antiguas. Tienes que imaginártelos, los más grandes — como Emperador, Nuevo Gatún y Gorgona—, como pequeñas versiones de Panamá y Colón. Con inmigrantes de todas partes, casas de inquilinato, negocios, comercios, hasta bancos. Había estructuras gubernamentales establecidas ahí. Alcaldes, claro que sí. Al principio, Estados Unidos los mantiene. Pero empiezan conflictos porque los alcaldes se tomaron en serio su posición de defender a los pobladores y se opusieron a algunas decisiones del Isthmian Canal Commission. Entonces los eliminan. Quedan los poblados, pero ahora se llaman distritos administrativos, bajo la jurisdicción de la compañía. Ese Gorgona que mencionas, ¿no tiene nada que ver con el Gorgona de la playa? Sí, muchísimo. Cuando se toma la decisión de despoblar, envían a las personas de Gorgona a fundar un pueblo modelo en Nueva Gorgona. Pero imagínate: estás en el medio de todo, lleno de comerciantes y agricultores con ese mercado transístmico, y los mandas lejísimo. Ese pueblo no prospera. Es como desraizar una planta de permacultura que se formó sola y ponerla en otro pedazo de tierra donde tal vez ni siquiera pueda crecer. Exacto. Lo que describen es que estaban todos los comerciantes con las tiendas llenas y sin nadie a quien venderle. Entonces, ¿quedan bajo la jurisdicción de la compañía? Sí. Y con todos los pueblos hicieron lo mismo: la orden es la orden. Tienen que salir todos, eliminan los pueblos que ya estaban y después se crean otros que van a ser los pueblos de la compañía del canal. ¿Hubo algún tipo de resistencia? ¿La gente se quería quedar? La gente no se quería ir, eso nos queda muy claro. Hay documentos de campesinos que volvían a sus cultivos y no los querían dejar. Pero resistencia fuerte no la encontré. Hay quejas y comentarios de personas del gobierno diciendo que hasta cuándo iban a usar el Canal de excusa para seguir pidiendo tierras. Los protagonistas de esa época sabían que la mayoría de las personas expulsadas no estaban en tierras que se necesitaran para el Canal. Entonces, claramente estas tierras no se iban a inundar. ¿De dónde viene este mito? El primero en formalizar el mito fue Gil Blas Tejeira con su libro Los pueblos perdidos. ¡Mi tío! Tu tío. Pero no es culpa de él, porque él recoge un mito que ya está. Creo que la despoblación fue tan rápida como una inundación y estuvo asociada al lago porque sí ocurrió al mismo tiempo. Además, en las crónicas del Isthmian Canal Commission, lo que se publica deja de hablar de la orden de despoblación y empieza a hablar solo de la inundación. Los mitos no se inventan: se simplifica algo complejo en una gran narrativa. Hubo algo que me dijiste antes de empezar la entrevista que resonó conmigo: que el mito es como una manera de procesar ese evento traumático. Un evento muy traumático. Para el censo de 1912 había 62,000 personas allí, cuando todo Chiriquí tenía 57,000. De repente, en uno o dos años, todo el mundo tiene que salir: los comerciantes con sus negocios, la gente desmantelando sus casas, abandonando sus cultivos. ¿Y hay memoria en las personas desplazadas? ¿Todavía recuerdan cosas de esa época? Quedan memorias de personas a quienes se las contaron sus abuelos. Fui a entrevistar personas en Nuevo Chagres y recordaban historias de lo que había pasado. Pero queda en lo local, en lo familiar, no en la memoria nacional. En la memoria nacional queda condensado como esa inundación. ¿Por qué es importante no irnos con la narrativa de la inundación? Por dos motivos. Primero, borra lo compleja que era la infraestructura urbana. Los miles de trabajadores que vinieron a construir el Canal no fueron albergados por casas del Isthmian Canal Commission: la mayoría vivieron en casas construidas por capitalistas panameños. El mito borra esa participación nuestra en la construcción del Canal. Segundo, nos hace pensar que fue inevitable, que había que escoger entre los poblados y el Canal. Cuando eso no fue así. Se utilizó una decisión técnica para ocultar lo que fueron decisiones políticas y sociales. La inundación como justificación para cosas que tal vez no querían decir abiertamente. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera tomado la decisión contraria? Esa posibilidad fue muy real. Si los que estaban a favor de mantener la zona poblada hubieran ganado el debate, Gorgona hubiera quedado donde hoy está Gamboa. Lo que hoy es Balboa hubiera seguido siendo La Boca, el pueblo panameño en la boca del Canal. Y hubiéramos tenido una ciudad de Panamá muy distinta, más integrada a la zona transístmica, como lo había estado históricamente. E imagínate que esos pueblos centenarios como Gorgona y Chagres todavía estuvieran allí. Bueno, entré imaginándome una iglesia debajo del agua y ahora salgo imaginándome ciudades enteras donde antes estaban. Gracias, Marixa. Un placer conversar contigo.
7A La Prensa Panamá, domingo 15 de marzo de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Panamá pierde terreno en almacenamiento de energía La caída del 75% en el precio de las baterías de litio impulsa su uso en hogares, hoteles y comercios, mientras el país define las reglas para su integración en plantas de generación. El almacenamiento energético en Panamá avanza lentamente y depende de regulaciones pendientes. Archivo Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Mientras el mundo acelera la incorporación de baterías para almacenar energía y respaldar la expansión de las fuentes renovables, en Panamá esa tecnología avanza a dos velocidades. Por un lado, crece con fuerza en hogares, comercios, hoteles y proyectos aislados, impulsada por la caída de precios y la necesidad de un suministro más estable. Por otro, en la generación eléctrica a gran escala, el país aún espera una reglamentación detallada para despejar vacíos técnicos, comerciales y operativos que frenan nuevas inversiones. La brecha es significativa. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en 2024 que el almacenamiento energético deberá multiplicarse por seis hacia 2030 para triplicar la capacidad renovable. Las baterías se perfilan como la tecnología dominante en esa expansión. Sin embargo, en Panamá ya existen pasos regulatorios para algunos usos, pero no para todos. En 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aprobó procedimientos para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías en el sistema principal de transmisión y para clientes finales con carga crítica. Esta normativa permite conectar estos sistemas a la red para almacenar energía durante períodos de baja demanda o alta generación, y liberarla cuando el sistema la necesite. Además, se reconoce su potencial para mejorar la estabilidad de la red y facilitar la integración de fuentes renovables. A pesar de estos avances, el reglamento de operación y las metodologías necesarias para definir la participación de estas baterías en la generación aún están pendientes. En abril de 2024, la ASEP aprobó cambios en las reglas comerciales del mercado mayorista para permitir que los sistemas de almacenamiento complementaran el cálculo de la potencia firme en las centrales renovables. Sin embargo, la resolución dejó claro que aún se necesita una actualización en el reglamento de operación, que detalla aspectos clave como la remuneración, los requisitos técnicos y las condiciones de participación. Durante la consulta pública previa, las empresas advirtieron que sin estos detalles, el riesgo para los inversionistas sería elevado. Este vacío regulatorio impactó una licitación eléctrica. En julio de 2024, se suspendió el proceso de contratación de potencia y energía a largo plazo, al considerar que los pliegos no eran suficientemente claros para garantizar competencia efectiva, transparencia ni mejores precios. Las observaciones de las empresas apuntaron precisamente a la falta de especificaciones sobre el sistema de almacenamiento mediante baterías. El tema sigue en construcción. El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, sostiene que la política del país es introducir el almacenamiento de energía “de forma ordenada”. A pesar de los avances en distribución, transmisión y algunos aspectos de generación, admitió que en el área de generación hace falta una regulación más detallada. Se está trabajando en ello con el Centro Nacional de Despacho y la Comisión de Política Energética, con el objetivo de convocar una licitación de renovables con almacenamiento en 2028. Sin embargo, Rodríguez reconoció que los detalles aún no existen y espera que salgan entre este año y mediados del próximo. Desde el sector privado, la percepción es que Panamá se está quedando atrás en un tema donde el resto del mercado ya ha avanzado. Rafael Jaén Williamson, presidente de la comisión de energía de Apede, considera que el almacenamiento ya debería estar en marcha con una regulación más definida. A su juicio, no es una novedad, sino una herramienta que el sistema eléctrico panameño necesitará para acompañar el crecimiento de las fuentes renovables no convencionales. Además, advirtió que en muchos países la inversión privada suele avanzar más rápido que la capacidad de también permiten administrar la demanda, reducir picos de consumo y evitar cargos adicionales en la factura eléctrica. El uso comercial también ha crecido rápidamente. Muchas empresas están instalando baterías para “peak shaving”, es decir, almacenar energía y liberarla durante los picos de demanda, reduciendo así el costo por demanda. El retorno de inversión en proyectos con baterías, antes de ocho años, ahora se encuentra entre cuatro y cinco años. En sistemas solares sin baterías, el retorno puede rondar los tres años, lo que hace más atractiva la inversión. Proyecciones y retos en la generación El mercado residencial ha experimentado un crecimiento moderado, pero visible. Jiménez estima que la proporción de clientes con baterías ha pasado del 1% al 10-12%. Este crecimiento se concentra especialmente en el interior, donde la mala calidad del servicio hace que la inversión en baterías sea más atractiva. El tamaño de las instalaciones también ha cambiado. Desde sistemas pequeños para viviendas, hasta grandes contenedores capaces de respaldar proyectos completos. En hoteles de playa, por ejemplo, ya se instalan baterías de megavatios-hora combinadas con paneles solares y generadores de emergencia, con retornos de inversión cercanos a cuatro años y medio. Jiménez cuestiona que Panamá esté dejando el almacenamiento para etapas posteriores del cronograma energético, cuando en otros países ya integran solar y batería como una sola solución en sus licitaciones. En mercados internacionales, la capacidad de las baterías ha aumentado, y su competencia económica con fuentes fósiles es cada vez mayor. Esto no solo es clave para integrar más energía solar y eólica, sino también para ofrecer un suministro más confiable y reducir los costos, especialmente en mini redes solares con baterías. SECTOR ENERGÉTICO legislar y regular. Despliegue en el mercado residencial y comercial A pesar de las demoras en la regulación de la generación, el mercado residencial y comercial ya está adoptando la tecnología. Manuel Jiménez, gerente regional de energía de la Casa de las Baterías, explica que el auge de los últimos cinco años se debe principalmente a la caída en los precios de las baterías. En el pasado, predominaban las baterías de plomo-ácido, con costos elevados y menor densidad energética. Hoy, las baterías de litio, especialmente las de fosfato de hierro-litio, han cambiado el panorama. El precio de las baterías de litio ha caído más del 75% en la última década, lo que ha permitido la viabilidad financiera de aplicaciones que antes no lo eran. Jiménez describe un mercado que comenzó con sistemas aislados en zonas remotas sin conexión a la red, pero que ahora se expande a hoteles, comercios, industrias y viviendas. En áreas como Bocas del Toro y Darién, instalar paneles solares, baterías e inversores resulta más barato que construir la línea de conexión hasta la red eléctrica. Además, la calidad del suministro ha hecho que muchos clientes busquen estabilidad y protección de equipos electrónicos frente a variaciones. Jiménez asegura que hoy el costo promedio de la energía producida por un sistema solar con baterías es aproximadamente la mitad de lo que cuesta comprar electricidad a la distribuidora. Esto está impulsando la adopción de sistemas híbridos, que no solo funcionan como respaldo, sino que El fraccionamiento de los bienes inmuebles Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] sean: i) colindantes, ii) dedicados en la práctica a un uso común, iii) físicamente indivisibles, y iv) cuyo aprovechamiento independiente —residencial, comercial o industrial— resulte imposible, deberán conformar un solo bien inmueble. Lo anterior significa que, desde el año 2009, los bienes inmuebles que en ese momento se encontraban fraccionados sin justificación o sin la debida autorización contaban con un año para realizar los cambios necesarios a fin de constituirse como un solo inmueble en el Registro Público. Esta disposición también aplica a los bienes inmuebles existentes o adquiridos con posterioridad al año 2009. No obstante, la propia norma introdujo una fórmula que permite el fraccionamiento de inmuebles cuando, de buena fe, este se realice por motivos de orden administrativo del propietario, o cuando sea necesario efectuar segregaciones de las fincas para traspasos o para darlas en garantía. Estos propietarios pueden ser personas naturales o jurídicas, o incluso empresas pertenecientes a un mismo grupo económico. En tales casos, si el fraccionamiento tiene como consecuencia que alguno de los bienes inmuebles quede exento del IBI debido a su valor, se requerirá autorización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). La competencia para investigar estos casos corresponde a la Anati, ante la cual el propietario del bien inmueble tendrá derecho a presentar su defensa dentro de un procedimiento administrativo. Una vez concluido dicho procedimiento, la entidad podrá determinar si existe un fraccionamiento de finca no permitido, presumiéndose entonces que todos los bienes inmuebles constituyen uno solo. El afectado por esta medida administrativa tendrá a su disposición todos los medios de defensa e impugnación que permite la Ley 38 de 2000. Sin embargo, siempre he indicado que esta materia debería corresponder al Tribunal Administrativo Tributario, en grado de apelación, ya que se afecta la base imponible del IBI. Esto es tema para otra Ventana Fiscal. En el supuesto de que la decisión de la Anati quede en firme, esta será efectiva a partir del cuatrimestre siguiente a la fecha en que la resolución administrativa quede ejecutoriada. Además, se deberá pagar un recargo del 10% sobre el IBI, aplicable durante el primer año fiscal completo siguiente a la fecha en que quedó firme la resolución que anula el fraccionamiento del inmueble. Cápsula fiscal Una vez finalizado el procedimiento administrativo y cuando la decisión quede en firme, la Anati enviará un informe a la Dirección General de Ingresos (DGI) para que esta aplique lo dispuesto en el artículo 286, numeral 2, del Código de Procedimiento Tributario, relativo a la evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal. Para ello, deberá demostrarse siempre —y respetando el debido proceso— la existencia de una acción dolosa por parte del propietario del bien inmueble. El autor es abogado especializado en materia tributaria. La Ley 49 de 2009 estableció que, para los efectos del valor catastral y, en consecuencia, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los casos de fraccionamiento que tengan como resultado que alguno de los bienes quede exento de este impuesto debido a la reducción de su valor, aquellos inmuebles que EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.25 251.39 Elevación sobre el nivel del mar en pies
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