1A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 14 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15320 Hoy por hoy El cierre de las sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales dejó una señal inquietante sobre el papel que ha jugado la mayoría de los partidos políticos tradicionales en la discusión del financiamiento político. Mientras el país enfrenta un escenario de austeridad y restricciones presupuestarias, la mayoría de los representantes de partidos tradicionales optó por mantener intacto el subsidio electoral, equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado. La única propuesta para reducir ese porcentaje —planteada por el Partido Panameñista— fue rechazada, tras la abstención de la mayoría de los partidos. El resultado es claro, ya que si el esquema se mantiene, las elecciones de 2029 podrían costar cerca de $50 millones adicionales. Destinar esa suma a la política, en medio de múltiples necesidades y carencias sociales, resulta difícil de justificar. Solo como referencia, el presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ronda los $8 millones, es decir, solo una pequeña fracción de lo que recibirían los partidos políticos. Con ese aumento del subsidio electoral podrían financiarse cinco o seis presupuestos de una institución dedicada a proteger a niños vulnerables. La decisión, más que una reforma, parece la defensa del statu quo. Y esa es la prioridad, su prioridad. Panorama Cuba promete garantías a panameños detenidos 5A Unos 58 comercios invaden la servidumbre de la vía España 4A Panorama Panorama 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación 6A Economía Martínez-Acha: Detención de buques es parte de la ‘rutina’ 2B Tensión en Ormuz favorece al Canal La ruta sería alternativa para el paso de LNG Las tensiones en Medio Oriente, especialmente en el estrecho de Ormuz — por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial—, podrían alterar rutas energéticas y aumentar el tránsito por el Canal de Panamá. Según el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez, el Canal se convierte en una ruta atractiva para el transporte de LNG y otras cargas energéticas. VEA 1B Subsidio electoral de 2029 aumentaría $49.6 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Si se mantiene el esquema actual de financiamiento público a los partidos políticos equivalente al 1% de los ingresos corrientes del EsFONDOS PÚBLICOS Con la fórmula existente, el financiamiento a los partidos políticos costará $158.6 millones, unos $49.6 millones más que los $109 millones de los comicios de 2024. tado, el monto del subsidio electoral para 2029 se elevaría a $158.6 millones, unos $49.6 millones más que los $109 millones asignados para los comicios de 2024. Durante las discusiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se planteó reducir el subsidio al 0.75%, propuesta presentada por José Isabel Blandón, con lo que el monto bajaría a cerca de $118.9 millones. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada luego que la mayoría de los partidos se abstuvieran, por lo que el financiamiento público se mantendrá en el 1%, mecanismo que hace que el subsidio electoral aumente automáticamente. El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, recordó que los acuerdos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales deben ser revisados antes de convertirse en proyecto de ley. VEA 2A Mariano Bula reabre en Colón Rivera lanza en la reapertura Tras casi 10 años sin sede, el estadio Roberto Mariano Bula de Colón reabrió sus puertas ayer luego de una reconstrucción que elevó la inversión final a cerca de $36 millones, más del doble del contrato inicial de $15.5 millones. La inauguración reunió a figuras como el exlanzador panameño Mariano Rivera, quien realizó un lanzamiento simbólico evocando su época con los Yankees de Nueva York, junto a leyendas colonenses como Julio Dely Valdés y Jorge Dely Valdés. El estadio tiene capacidad para 5,000 aficionados. VEA 4B Carlos Vidal-Endara El cierre del estrecho de Ormuz eleva el precio del crudo. EFE El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer 3.1% y cerró en 98.71 dólares el barril, acercándose nuevamente a los 100 dólares y acumulando un alza semanal de 8.6%, en niveles no vistos desde 2022. El repunte ocurre en medio de la tensión en Medio Oriente tras la orden de Irán de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. El cierre del estrecho de Ormuz ha elevado la incertidumbre en los mercados energéticos. Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada podría presionar aún más los precios del crudo y encarecer los costos de transporte y combustible a nivel global. VEA 7A Y 3B MERCADO Minsa y CSS preparan compra de medicamentos Contraloría destina $3 millones a seguro privado Precio del barril de WTI llegó ayer a 98.71 dólares El Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social y tres hospitales regentados por patronatos preparan una compra conjunta de medicamentos para mejorar el abastecimiento. Las convocatorias para los actos públicos de contratación se prevén para abril, con el fin de negociar mejores precios y asegurar fármacos esenciales. VEA 3A El pago de seguros privados con fondos públicos volvió al debate durante una sesión de la Asamblea Nacional, tras revelarse una partida de $3 millones para pólizas de 3,984 funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá. VEA 6A PÓLIZAS
2A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Narciso Arellano, Rubén González, Juan Aversa y Magda Ceballos, presidente, secretario, subsecretario y abogada de la CNRE, respectivamente. Cortesía/TE Reducción del subsidio electoral no prospera; aún así el monto crecerá Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SUBSIDIO ELECTORAL Este financiamiento equivale al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Para 2029 sube $49.6 millones. El cierre de las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) dejó al descubierto el tamaño del financiamiento público de la política: si se mantiene el esquema actual, las elecciones de 2029 podrían costar $158.6 millones, es decir, $49.6 millones más que los $109 millones asignados en 2024. El financiamiento público de los partidos es uno de los temas más polémicos de las reformas electorales. Mientras algunos sectores lo consideran excesivo en un contexto de contención del gasto público, otros lo defienden como una herramienta clave para garantizar la organización de los comicios y la competencia entre las fuerzas políticas. Actualmente, este financiamiento equivale al 1% de los ingresos corrientes del Estado, un mecanismo que sostiene gran parte de la actividad política en los procesos electorales. Bajo esta fórmula, el monto tiende a aumentar en cada elección, ya que se calcula en función de los ingresos del Estado, que por lo general crecen con el paso de los años. Los escenarios El tema del financiamiento público no es nuevo dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Meses atrás ya había sido objeto de discusión, aunque se optó por dejarlo para el tramo final de las sesiones debido a la sensibilidad política que genera. En ese momento, algunas propuestas planteaban reducir el porcentaje del 1% al 0.50% de los ingresos corrientes del Estado. En la recta final de las discusiones, el representante del Partido Panameñista ante la comisión, José Isabel Blandón, planteó reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% de los ingresos corrientes del Estado. Sin embargo, incluso con ese ajuste, las proyecciones indican que el subsidio electoral superaría en cerca de $9 millones el monto asignado para las elecciones de 2024. Ante el debate sobre el costo del financiamiento político, la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral presentó tres proyecciones para mostrar cómo variaría el monto según el porcentaje que se mantenga. Si se conserva el 1% de los ingresos corrientes del Estado, el financiamiento para las elecciones de 2029 alcanzaría unos $158.6 millones, muy por encima de los $109 millones asignados en 2024. De ese total, cerca de $79.3 millones se destinarían al periodo preelectoral y $73.7 millones al financiamiento poselectoral. Si el porcentaje se redujera al 0.75%, como propuso Blandón, el financiamiento para 2029 se ubicaría en aproximadamente $118.9 millones. Aun así, la cifra sería unos $9.9 millones mayor que la asignada en el quinquenio electoral actual. Un tercer escenario plantea reducir el financiamiento al 0.50%, lo que situaría los recursos disponibles para 2029 en alrededor de $79.3 millones, es decir, $29.6 millones menos que el monto actual. El resultado final Finalmente, la propuesta de Blandón de reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% fue rechazada por la mayoría de los partidos políticos (cuatro votos a favor y siete abstenciones). Solo recibió el respaldo del Partido Panameñista, Movimiento Otro Camino, los representantes de libre postulación y el delegado de los trabajadores en la comisión. Con esa decisión, el esquema de financiamiento público permanece sin cambios en el 1% de los ingresos corrientes del Estado. Al ser consultado, Blandón subrayó que el subsidio electoral representó en su momento un avance para el sistema democrático panameño. “Nosotros estamos a favor del financiamiento público. Cuando se estableció significó un adelanto en el sistema electoral panameño”, afirmó, al tiempo que señaló que este mecanismo debe mantenerse, explicarse mejor ante la ciudadanía y someterse a una fiscalización más rigurosa. Según Blandón, el objetivo principal de este modelo es reducir la influencia del dinero privado en la política y evitar que la actividad electoral dependa exclusivamente de donaciones particulares. No obstante, el dirigente panameñista advirtió que el crecimiento proyectado del subsidio electoral resulta difícil de justificar en el contexto actual del país. Recordó que Panamá enfrenta numerosas necesidades sociales y presupuestarias, por lo que un aumento significativo del financiamiento político podría generar rechazo ciudadano. “En un país como el nuestro, donde hay tantas necesidades, es como una bofetada que los partidos tengamos $49 millones más”, sostuvo. Otras opiniones El diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos, cuestionó el aumento proyectado del financiamiento público electoral y reiteró que su propuesta era reducirlo de forma drástica. Según explicó, el esquema actual provoca que el monto crezca de manera automática con cada elección. “Nosotros propusimos reducirlo a la mitad, al 50%, porque el financiamiento público electoral es el 1% del presupuesto del año anterior, y por lógica ese número siempre va a ir aumentando”, afirmó el político, quien aportó que el subsidio electoral ha crecido de forma desproporcionada en las últimas décadas. También el diputado señaló que, aunque algunas propuestas planteaban ajustes menores —como la reducción al 0.75% sugerida por otros sectores—, la mayoría de los partidos optó por mantener el 1%, lo que, según advirtió, provocará un aumento de más de $40 millones en el financiamiento público. “Eso no es lo que fortalece la democracia; no se trata de darle más plata al sistema”, concluyó. Por su parte, el representante de los trabajadores en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Exonobel Quintero, señaló que, aunque apoyó la propuesta de Blandón, también defendió la importancia del financiamiento público como un mecanismo para proteger la transparencia de los procesos electorales. A su juicio, reducir demasiado estos recursos podría abrir la puerta a una mayor influencia del dinero privado en las campañas. Siguiente paso El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, recordó que las decisiones adoptadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales aún deben pasar por un proceso de revisión institucional antes de convertirse en proyecto de ley. Explicó que el documento final será remitido al Tribunal Electoral, que tendrá la responsabilidad de revisarlo antes de enviarlo a la Asamblea Nacional. “El proyecto final de lo que se dé aquí lo envía al Tribunal Electoral, y si hay cuestiones que van en contra de la ley o de la Constitución, el Tribunal Electoral va a enderezar el proyecto hacia la Asamblea Nacional”, señaló. Además pidió a los diputados actuar con responsabilidad al momento de discutir las reformas. Los activistas que buscaban sacar de la alcaldía de Colón a Diógenes Galván mediante un proceso de revocatoria de mandato no lograron reunir las firmas requeridas. El Tribunal Electoral (TE) confirmó que el proceso fracasó: en un plazo de 120 días calendario solo se recolectaron 305 firmas de respaldo (0.58%), de un total de 52,149 firmas necesarias para avanzar con la solicitud de revocatoria. La última fecha para recoger las más de 52 mil firmas venció el pasado 11 de marzo. La iniciativa contra Galván fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del Círculo de Periodistas de Colón, junto a otro grupo de personas. Galván fue electo alcalde de Colón en las elecciones de 2024, por libre postulación. El TE informó que la resolución con el número de firmas de respaldo alcanzadas dentro de la solicitud de revocatoria contra Galván fue publicada en el Boletín Electoral N.° 5997 de ayer. Revocatoria contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván, no se concreta ELECCIONES 2024 Dicha resolución, advirtió la entidad, puede ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles. “Con el cierre del proceso contra el alcalde del distrito de Colón, culminaron formalmente los intentos de revocatoria de mandato impulsados contra distintas autoridades electas por la libre postulación en todo el país, sin que ninguna de estas iniciativas ciudadanas lograra alcanzar la cantidad de firmas necesaria para avanzar a la siguiente etapa”, destacó el Tribunal Electoral. Entre las figuras que enfrentaron estos procesos sin éxito estuvieron los alcaldes Mayer Mizrachi, del distrito de Panamá, y Stefany Peñalba, de Arraiján, así como la diputada de la coalición Vamos, Paulette Thomas. José González Pinilla [email protected] Diógenes Galván, alcalde de Colón. Archivo
3A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama La convocatoria para la compra se abriría en el mes de abril. Cortesía CSS y Minsa preparan compra conjunta de medicamentos Yaritza Mojica [email protected] SISTEMA DE SALUD La estrategia contempla que cada institución realizará el pago directamente a los proveedores, en tanto que la planificación se ejecuta de forma conjunta para definir cantidades, establecer precios de referencia y convocar a las empresas interesadas. El proceso para la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los patronatos de tres hospitales públicos de tercer nivel avanza en su fase preparatoria, y se espera que las convocatorias para los actos públicos de contratación se publiquen durante el mes de abril. Así lo confirmó el director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, quien explicó que la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos trabaja en la coordinación entre las entidades participantes para definir los detalles técnicos y administrativos del proceso, que busca garantizar el abastecimiento de fármacos en hospitales y centros de salud del país. Durante la reunión de ayer, se abordó la fase relacionada con la elaboración de los pliegos de cargos, la homologación con los proveedores y la definición de las cantidades de medicamentos que cada institución adquirirá. En esta compra conjunta participarán el Minsa, la CSS y los patronatos del Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital José Domingo de Obaldía, con el objetivo de adquirir medicamentos esenciales para la atención de los pacientes en el sistema público de salud. “La intención es que en las próximas semanas se realicen los actos públicos de contratación a través del portal Panamá Compra, en los que podrán participar empresas debidamente constituidas en el país y autorizadas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas”, explicó Conte. El funcionario detalló que una comisión técnica integrada por médicos y farmacéuticos ya concluyó la fase de evaluación de los fármacos prioritarios. ¿Cómo será el proceso de compra? La estrategia contempla que cada institución realizará el pago directamente a los proveedores; sin embargo, la planificación se ejecuta de forma conjunta para definir cantidades, establecer precios de referencia y convocar a las empresas interesadas en participar en el proceso de contratación. “Lo que hacemos es reunirnos como instituciones, establecer la cantidad que necesitamos y fijar un precio de referencia. Luego se convoca a las empresas autorizadas para participar en el acto público”, señaló. El funcionario indicó que, una vez adjudicadas las compras, los proveedores tendrán plazos de entrega de entre 30 y 60 días, aunque podrán realizar entregas parciales mientras se completan los trámites administrativos y contractuales de cada institución. La compra conjunta se basa en el principio de economía de escala, lo que permite negociar mejores precios al adquirir mayores volúmenes de medicamentos. Conte señaló que, en experiencias anteriores, este mecanismo generó ahorros de hasta 22 millones de dólares para el Estado. Entre los medicamentos que se incluirán en el proceso se encuentran tratamientos para enfermedades crónicas, antibióticos, fármacos para pacientes con cáncer y medicamentos especializados como el factor VIII, utilizados en diversas terapias hospitalarias. El director de Medicamentos e Insumos adelantó que las convocatorias para estos actos públicos podrían realizarse durante el mes de abril, con el objetivo de acelerar el abastecimiento de fármacos en los hospitales y centros de salud del país. Además de esta estrategia, el Minsa también prevé utilizar nuevos mecanismos de contratación, como la subasta en reversa, un sistema en el que los proveedores compiten reduciendo sus precios durante el proceso de compra, lo que permitiría obtener medicamentos a costos más bajos para el Estado. La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos fue instalada el 15 de octubre de 2025 y creada mediante el Decreto EjecutivoNo.20del19deseptiembre de 2025. Está integrada por el Minsa, la CSS, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
4A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama Casi nunca abren la boca y si lo hacen, la trascendencia de sus ideas provoca un largo bostezo. Pero, cuando se trata de plata, posiblemente no dirán las cosas más inteligentes, pero el escándalo que arman llega hasta el palomar del Palacio de las Garzas. No hace mucho pasó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los padrastros de la patria se rasgaron las vestiduras porque no hay plata para sus sinvergüenzuras. El propietario de la finca denominada Chitré, diputado Manuel Cohen –de Cambio Democrático–, dijo que es una “vergüenza” carecer, no de los $12 millones que se autoaprobaron los diputados para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino de los $50 millones que ellos requieren para cubrir todas –todas– sus necesidades. Es como si un mensajero acudiera a una entrevista de trabajo y cuando el patrón le pregunta ¿cuáles son sus aspiraciones salariales?, el candidato responde: Son $3 mil para cubrir mis necesidades más urgentes. Es obvio que el resultado de esa entrevista será que en los siguientes minutos el candidato al puesto conocerá personalmente el interior de un tubo. Pero, en cambio, los diputados sí reciben la plata, sin importar si lo que hacen sirve de algo. Y esa es nuestra gran desgracia. Luego dio su discurso el hijo de su santidad Benicio Robinson (PRD), que después de dilapidar quién sabe cuántas de sus preciosas células cerebrales, su padre no halló mejor forma de eternizar su herencia que llamar al vástago con su nombre. Así que, siguiendo los pasos de su sabio padre, trató de justificar un aumento del presupuesto para los diputados. Para ello nos dio un poderoso argumento, muy díficil de rebatir: Ellos –los de la planilla de funcionarios transitorios de la Asamblea– “han trabajado para que los diputados ocupemos nuestras curules”. O sea que hay que premiarlos porque, sin ellos, no hubiésemos sido bendecidos con lumbreras como Robinson o Cohen. No creo que eso sea clientelismo puro y duro. Es solo la definición de una frase acuñada por nuestras divinidades legislativas: “Qué hay pa’ mi”. “Si tu consigues los votos para mí, yo te doy en compensación un contratito en la Asamblea cuando sea diputado”. Y, a propósito, ¿en qué rama laboral te desempeñas? Bueno, yo soy analista de movilidad y cumplimiento de entregas en entornos corporativos y gubernamentales. ¿Eres mensajero? Sí, pero esa palabra es la acepción vulgar. Sin nosotros no hay mensajes y Ud. sabe que sin la mensajería no hay Gobierno. Entonces, hay que darles $12 millones o no podremos presumir del lujo de tener como diputados a criaturas tan honestas, capaces, trabajadoras y comprometidas. Y, en medio de la prolija y elegante locuacidad del presidente de la Cámara de Lores solicitando el dinero para satisfacer sus necesidades electoreras, su majestad Jorge Herrera nos dice que lo que está pidiendo solo alcanzará hasta la primera mitad del año. O sea que antes de que termine 2026, habría nuevas solicitudes de mameyes, porque ese biyuyo –el de $12 millones– no alcanzará. Y una cosa más: debemos estar agradecidos, porque Su Majestad había solicitado, no $12 millones, sino $57 millones, pero en su sabiduría, el MEF le dio una fracción de lo solicitado: solo para lo prioritario. ¿Y de dónde saldrán esos $12 millones? Fácil: Del Ejecutivo. En fin, siguiendo con el argumento de nuestras lumbreras legislativas, hay que premiar a todo seguidor que haya trabajado para su respectiva campaña. Cada diputado tiene que darle incentivos a los miembros de su equipo de campaña para garantizar que trabajen en la próxima. Y si eso cuesta $12 millones o $60 millones o $100 millones, pues que así sea. Lo importante es tenerlos animados y comprometidos. Es simple lógica electorera. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al proyecto. Yaritza Mojica 58 comercios ocupan la servidumbre en trazado de ampliación de vía España Yaritza Mojica [email protected] PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA El titular de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que además de esos 58 negocios que están dentro del trazado del proyecto, hay otros 300 que ocupan parcialmente la servidumbre. Un total de 58 comercios se encuentran dentro de la servidumbre pública de la vía España, específicamente del área donde se desarrollará el proyecto de ampliación de esta importante arteria vial, mientras que otros 300 negocios ocupan parcialmente ese espacio. La información fue confirmada por el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade. Se trata del “Proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, impulsado por el MOP y adjudicado al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings. La iniciativa ha generado incertidumbre entre cientos de propietarios de negocios, incluidos los de la vereda gastronómica afroantillana de Río Abajo, luego de que la empresa contratista entregara una nota de desocupación de la servidumbre. En la comunicación titulada “Solicitud de liberación de servidumbre” se indica que el área debe estar totalmente despejada a más tardar el 30 de marzo, y el argumento que se aduce es que los negocios están asentados en servidumbre pública. Dueños de locales comerciales, fondas, restaurantes, quioscos de verduras, lava autos, ferreterías, entre otros, tendrían que desocupar las áreas. Los 58 negocios que están dentro de la servidumbre pública se encuentran ubicados desde la vía Fernández de Córdoba hasta la vía Cincuentenario, sectores en los que se desarrollará la obra. Los otros 300 establecimientos ocupan parcialmente áreas como estacionamientos, patios o accesos. Según Andrade, la obra no tomará terrenos adicionales, ya que la servidumbre vial en ese sector es de aproximadamente 40 metros de ancho y pertenece al Estado. Advirtió que “el hecho de que pequeños comerciantes hayan operado durante años en esa zona no significa que el terreno les pertenezca, pues se trata de terrenos bajo jurisdicción del MOP”. No obstante, el ministro adelantó que mantiene conversaciones con el Municipio de Panamá para coordinar la posible “relocalización de los comerciantes” que operan dentro de la franja de servidumbre. El MOP también está efectuando reuniones con los representantes de los corregimientos aledaños al proyecto —Parque Lefevre y Río Abajo—, así como con la empresa contratista. De hecho, la reubicación es la principal opción que solicitan los dueños de los locales de comida de la vereda afroantillana de Río Abajo. José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, expresó su preocupación, ya que muchos de los negocios tienen décadas de funcionamiento. “Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de 600 dueños de locales desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó. Los comerciantes han señalado que hasta el momento no se ha concretado un acercamiento formal con las autoridades del MOP. “No están ofreciendo opciones de reubicación, reconocimiento económico ni indemnización. Todos pagamos impuestos, declaramos renta y operamos de forma casi totalmente legal. Aquí nadie ha invadido nada”, sostuvo. MOP reconoce “fallas en la comunicación” El proyecto de ampliación de la Vía España abarcará 5.8 kilómetros, desde la vía Fernández de Córdoba hasta la vía Cincuentenario, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, bajo la modalidad de contrato llave en mano. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar, ya que el contrato aún no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá y continúa en proceso administrativo. Mientras este proceso se completa, Andrade aseguró que próximamente sostendrán encuentros con comerciantes del sector, aunque no preciso una fecha. Con respecto a la marcación y tala de árboles, el ministro también reconoció que hubo fallas iniciales en la comunicación del proyecto, especialmente tras la tala de algunos árboles antes de que se completara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II, que debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente). Sobre este tema, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fue claro al señalar que no se podrá talar “un solo árbol” hasta contar con un EIA debidamente aprobado por las autoridades ambientales. “El proyecto de vía España no puede talar un solo árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambiental terminado. No lo tiene todavía y hemos notificado a la empresa que no puede proceder con el trabajo hasta que no tenga su estudio debidamente aprobado, incluyendo una consulta ciudadana”, declaró Navarro el pasado 4 de marzo. Reorganización del sistema de paradas Como parte del desarrollo del proyecto también se incluirá un carril exclusivo para el sistema de transporte público operado por MiBus. La iniciativa contempla la reorganización del sistema de paradas de autobús, que actualmente supera las 30 estaciones a lo largo de la vía España. Con la intervención, se reducirán a 13 paradas, lo que permitirá mejorar la movilidad y reducir en más de media hora los tiempos de traslado de los usuarios del transporte público. La obra también incluirá aceras más amplias (de hasta tres metros), soterramiento del cableado eléctrico, ampliación de áreas verdes, nuevos parques y mejoras en el sistema pluvial, especialmente en zonas que registran inundaciones durante la temporada de lluvias. Según Andrade, una vez concluido el proyecto, el corredor experimentará una renovación urbana que aumentará el valor comercial y urbano del sector, beneficiando tanto a residentes como a propietarios de negocios ubicados en la zona, así como a los más de 82 mil usuarios del sistema de transporte público. Así se encuentran muchas áreas desde la vía España hasta la avenida Cincuentenario. Yaritza Mojica
5A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel, hablando en La Habana (Cuba). EFE Cuba promete garantías a panameños detenidos; el canciller prevé visitarlos Reyna Katiuska Hernández Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROCESO El mandatario cubano afirmó que a los 10 panameños se les garantiza un proceso legal, que han tenido contacto con sus familiares y recibieron una visita del embajador de Panamá en Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una rueda de prensa desde la Habana ayer, que los 10 ciudadanos panameños detenidos en La Habana por presuntos actos de propaganda contra el orden constitucional han reconocido su participación en los hechos y han proporcionado información a las autoridades durante el proceso investigativo. Durante una intervención pública, el mandatario cubano indicó que los panameños están siendo sometidos a un proceso con garantías legales. “Han sido detenidos también 10 ciudadanos panameños que están siendo procesados con todas las garantías”, afirmó Díaz-Canel, quien añadió que los detenidos “han tenido contacto con sus familiares, atención consular y una visita del embajador de Panamá en Cuba”. El presidente cubano sostuvo además que la investigación continúa y que, según las autoridades, los implicados han colaborado con las indagaciones. “Han reconocido su culpabilidad y han dado información de quién los reclutó, bajo qué circunstancias y con qué propósitos”, señaló. De acuerdo con Díaz-Canel, los detenidos también habrían proporcionado los nombres de otras personas vinculadas al caso, lo que forma parte de las pesquisas en curso. “Todo eso también está en investigación”, añadió. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, reaccionó tras las declaraciones del presidente de Cuba. Martínez-Acha dijo a los medios de comunicación que el embajador panameño en Cuba ya visitó a los 10 ciudadanos detenidos y confirmó que se encuentran en condiciones adecuadas mientras reciben asistencia consular y legal. El diplomático también expresó su intención de viajar próximamente a La Habana para reunirse con los connacionales y con las autoridades cubanas. “Nuestro embajador ya ha ido a verlos; se encuentran en condiciones apropiadas, están detenidos y se está brindando la cooperación consular y la asistencia legal. He manifestado mi intención de visitarlos y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana para mostrarles apoyo personalmente y conversar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, respetando la soberanía de Cuba, solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos”, señaló. Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por la defirmó el Ministerio del Interior de Cuba, que los acusa de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional, un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano. De acuerdo con la versión oficial, los implicados habrían colocado mensajes considerados subversivos en distintos puntos de la capital. Según versiones de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, un grupo de 20 personas viajó a la isla, de las cuales 16 tenían la tarea de pintar consignas y cuatro se encargarían de distribuir ayuda humanitaria en distintas provincias; 10 de ellos fueron arrestados por las autoridades cubanas. tención de los panameños, quienes, según versiones de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC), habrían viajado a la isla para realizar grafitis con mensajes políticos y entregar ayuda humanitaria. Los 10 ciudadanos panameños fueron detenidos el 28 de febrero, según con-
6A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama La Línea 3 del metro, que se desarrolla en Panamá Oeste, alcanzó un nuevo avance en su construcción con la energización del viaducto, un proceso que marca el inicio de la activación del sistema eléctrico necesario para el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria y la futura circulación de los trenes en fase de pruebas. Este procedimiento consiste en activar la línea de media tensión de 34.5 kilovoltios (kV), la cual alimentará los sistemas eléctricos del viaducto y permitirá avanzar hacia las pruebas operativas del sistema. Según la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. (MPSA), se trata de una etapa clave para la puesta en marcha del servicio, ya que prepara el sistema para el movimiento de los trenes en el tramo elevado. Para la Línea 3 se adquirieron 26 trenes tipo monorriel, procedentes de la fábrica de Hitachi, en Kasado, Japón. Concluyen cableado eléctrico del viaducto de la Línea 3 del metro PANAMÁ OESTE La empresa también emitió una advertencia de seguridad, debido a que la energización representa una fase crítica y de alto riesgo eléctrico. Por ello, el acceso a las áreas donde se realizan estos trabajos está estrictamente restringido al personal autorizado, ya que ingresar sin permiso puede poner en peligro la vida. El director de proyectos de MPSA, Carlos Cedeño, explicó que también se desarrollan trabajos importantes en el área del viaducto. Indicó que en Ciudad del Futuro los trenes ya han superado pruebas estáticas y que próximamente iniciarán los primeros movimientos hacia la línea principal. Según detalló, estos desplazamientos iniciales se realizarán en el tramo entre las estaciones Ciudad del Futuro y Vista Alegre, y se estima que comiencen a partir del mes de mayo. Paralelamente, el proyecto continúa con los retoques finales en estructuras metálicas y acabados en el tramo comprendido entre Vista Alegre y Panamá Pacífico, añadió Cedeño. El tramo elevado de la Línea 3 del metro registra un avance de entre el 81% y el 84% a inicios de 2026. Además, reporta más del 97% de las vigas de rodaje instaladas y un 98% de avance en los patios y talleres de Ciudad del Futuro. Esta obra busca transformar la movilidad de miles de residentes de Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país. El contralor general de la República, Anel Flores, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional. Captura de pantalla Contraloría destina $3 millones a seguros de salud, vida y accidentes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yaritza Mojica [email protected] FONDOS PÚBLICOS En la Asamblea Nacional circulan al menos tres propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado. El uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado, una práctica que con frecuencia genera cuestionamientos sobre la gestión del gasto público, volvió a la palestra esta semana durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En medio de la sustentación de un crédito adicional solicitado por la Contraloría General de la República, los diputados formularon preguntas sobre una partida millonaria destinada a cubrir pólizas de accidentes, salud y vida para casi cuatro mil funcionarios. El contralor Anel Flores compareció ante la comisión acompañado del subcontralor Omar Castillo y del secretario general Ventura Vega para explicar el destino de los recursos. Según la exposición oficial, el crédito adicional busca fortalecer la operatividad de la institución y atender compromisos técnicos pendientes. Dentro de la distribución planteada, se asignan $6.2 millones a la Dirección de Administración y Finanzas; $2.4 millones, al área de Tecnología; y $5.9 millones, a Recursos Humanos. A esto se suman $6.6 millones para el Instituto Nacional de Estadística y Censo, $2.6 millones para el programa de inversiones y otros recursos destinados a direcciones con mayores necesidades. Los detalles Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, centró parte de sus preguntas en una partida de $3 millones destinada a una póliza colectiva para 3,984 funcionarios de la Contraloría. Flores explicó que el contrato fue adjudicado a la compañía Palig y que la institución también solicitó $308,481 adicionales para saldar una deuda pendiente con la aseguradora Mapfre, que anteriormente prestaba el servicio. “Ojalá no tuviésemos que tenerlo; ojalá contáramos con servicios de salud nacionales que nos permitieran evitarlo. Sin embargo, es una realidad que tenemos hoy día”, afirmó el contralor ante los diputados. Flores reconoció que resulta “incongruente” que el Estado tenga que financiar este tipo de coberturas mientras existe un sistema público de salud. No obstante, sostuvo que se trata de una necesidad práctica mientras no se cuente con un servicio sanitario “idóneo y perfecto” para todos los funcionarios. El debate En la Asamblea Nacional circulan al menos tres propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado. El mes pasado, estas iniciativas fueron analizadas en una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke. Durante la reunión se revisó, entre otras, el proyecto de ley 421, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone eliminar del presupuesto estatal las partidas destinadas a pólizas de salud, vida u otros seguros privados para servidores públicos. En la sesión también se examinaron propuestas con objetivos similares impulsadas por los diputados Jairo Salazar y el propio Luis Duke, todas orientadas a impedir que las entidades públicas contraten o utilicen recursos del Estado para este tipo de coberturas. La subcomisión busca unificar las iniciativas en un solo texto, fortalecer la propuesta y llevarla posteriormente a primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa MiBus y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron sus observaciones sobre el alcance de las iniciativas. Opinión técnica El superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Enrique Bandera, envió una nota a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, en la que planteó su posición sobre estas iniciativas. El regulador explicó que su intervención no busca respaldar ni rechazar los proyectos, sino aportar una visión técnica. Señaló que comprende los argumentos de los diputados en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, pero advirtió que también existe preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el sector asegurador. Bandera subrayó además que los seguros privados representan un beneficio relevante para los funcionarios, al ofrecer respaldo económico ante emergencias médicas o fallecimientos y contribuir a la estabilidad de sus familias. A su juicio, más que prohibir este tipo de pólizas, el debate debería centrarse en establecer mecanismos de control y requisitos legales claros para su contratación. En ese sentido, advirtió que eliminar estos seguros podría tener efectos colaterales: no solo afectaría a los funcionarios, sino que también podría incrementar la presión sobre los servicios de salud pública, que ya enfrentan problemas de saturación. Al menos 14 instituciones públicas de Panamá financian, con fondos estatales, seguros privados de salud para sus funcionarios, una práctica que ha reavivado el debate sobre los privilegios dentro del sector público y que representa un gasto superior a $95 millones. Entre las entidades mencionadas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). También integran la lista el Ministerio de Seguridad Pública, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, hasta ayer, 13 de marzo, 795 docentes habían presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial. La salida de estos educadores ocurre en momentos en que algunas escuelas del país aún enfrentan la falta de docentes, situación que ha sido reportada en diferentes regiones educativas durante el inicio del año escolar. Ante este escenario, la institución indicó que ya inició el proceso para designar nuevos maestros y profesores mediante el sistema Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL), mecanismo utilizado para cubrir plazas disponibles en los centros educativos. Según el Meduca, este procedimiento busca garantizar la continuidad del servicio educativo y que los estudiantes puedan contar con sus docentes lo antes posible. La entidad explicó que, aunque se realizan concursos de nombramiento antes del inicio de clases, durante el año escolar también se producen renuncias por jubilación y otras eventualidades que generan nuevas vacantes, como es el caso de las licencias por materni795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026 RECURSOS HUMANOS dad o enfermedad. La institución señaló que estas plazas son atendidas conforme se presentan los casos y reiteró que se mantienen los procesos administrativos para completar los nombramientos pendientes en los centros educativos donde aún faltan educadores. El Meduca solicitó comprensión a la comunidad educativa, mientras se desarrollan los procedimientos necesarios para cubrir las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas del país. Datos de la institución revelan que al inicio del año lectivo se registraron 52,757 docentes en las 16 regiones educativas, distribuidos en las 3,112 escuelas del país. Yaritza Mojica [email protected] El año lectivo comenzó con una población de 52,757 docentes. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama El Gobierno de Venezuela evaluará denuncias relacionadas con posibles violaciones a la libertad de expresión mediante mesas de trabajo que se instalarán el próximo viernes con representantes de medios de comunicación, informó el coordinador del Programa para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas. Villegas encabezó una reunión con representantes de ese programa y de medios públicos y privados, en la que se expusieron denuncias vinculadas con el ejercicio del periodismo, entre ellas la vulnerabilidad de los comunicadores durante coberturas informativas. Según explicó el funcionario, las mesas de trabajo se instalarán el 20 de marzo y analizarán casos relacionados con posibles violaciones a la libertad de expresión y al derecho a informar. También abordarán, según indicó, las complejidades y desafíos de la comunicación social en el país. En el encuentro participaron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas. El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró positivamente la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para promover el diálogo entre distintos sectores. Ruiz señaló que espera que el proceso contribuya a evitar detenciones de periodistas y a fortalecer la existencia de medios independientes y libres. Indicó además que en 2026 se llegó a registrar la detención Venezuela evaluará violaciones a la libertad de expresión con los medios DERECHOS de 38 periodistas, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, según datos del sindicato. El dirigente sindical también mencionó que algunas normas, como la ley contra el odio vigente desde 2017, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel por los llamados delitos de odio, han servido a su juicio de base para vulneraciones a los derechos humanos. Horas antes, una veintena de activistas y periodistas pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones levantar bloqueos a sitios web y detener lo que califican como censura generalizada en internet. Según denuncian, más de 200 dominios permanecen bloqueados. Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, con 7,02 puntos sobre 100, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Trabajadores de rescate iraníes trabajan entre los escombros de edificios residenciales dañados en el centro de Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026. EFE Irán lanza nuevos ataques contra Israel y objetivos de EUA EFE. MADRID, ESPAÑA EFE. CARACAS, VENEZUELA GUERRA EN IRÁN Donald Trump también anunció bombardeos ayer. Dijo que había ‘aniquilado’ los objetivos militares en la isla Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. La Guardia Revolucionaria iraní anunció dos nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, dos semanas después del inicio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En un comunicado recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, el cuerpo de élite iraní aseguró haber disparado contra Beersheba, Navatim y el desierto del Negev en Israel. Posteriormente, informó de más ataques conjuntos con el grupo chií libanés Hizbulá contra el norte del país (Haifa, Galilea y Golan). La Guardia Revolucionaria también dijo haber bombardeado con misiles la base estadounidense Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y haber atacado Al Udeid, la mayor base militar de Washington en Oriente Medio, situada en Catar. El alcance de los ataques todavía no ha trascendido, aunque el Ejército israelí alertó en dos ocasiones que identificó misiles lanzados desde Irán. Posteriormente, aseguró que equipos de emergencia y de rescate estaban “operando en un punto de impacto” en el norte del país. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó haber interceptado al menos ocho drones en las últimas cuatro horas. Por su parte, el Ministerio del Interior de Catar ordenó la evacuación de zonas sin especificar como “medida de precaución temporal” hasta que “la amenaza disminuya”. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron “por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg”, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo. Trump calificó esta isla como “la joya de la corona de Irán” y describió el ataque como uno de los “más poderosos” de la historia ejecutados sobre esta región. Sin embargo, el mandatario dijo que había optado por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico. “Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, advirtió. Hace dos semanas que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Teherán, que terminó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó un conflicto que no ha cesado en la región. Irán ha respondido bombardeando Israel y los países del golfo sin cesar, igual que también se mantienen los ataques contra la república islámica. El conflicto se ha extendido al Líbano, donde Hizbulá, respaldado por Irán, ha lanzado ataques de alcance limitado contra el norte de Israel, mientras que el Estado judío ha respondido con bombardeos sobre el sur del país, además de incursiones terresters, y Beirut, la capital. Desde el inicio de esta guerra, al menos 770 personas han fallecido en Líbano y al menos 12 han perdido la vida en Israel. Además, también han muerto 14 soldados estadounidenses. En Irán, no hay cifras actualizadas del número de víctimas desde el pasado 5 de marzo, cuando las autoridades reportaron 1,230 muertes. Las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo tendrán 14 candidatos, luego de que ayer venciera el plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional. La cifra convierte la contienda de 2026 en la segunda con mayor número de aspirantes desde la Constitución de 1991, solo superada por la de 1994, que tuvo 18 postulaciones. Entre los últimos en inscribirse figuran el excanciller y exembajador en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, acompañado por Luz María Zapata, expresidenta de Asocapitales, y el general retirado Gustavo Matamoros Camacho, quien compite con el aval del Partido Ecologista Colombiano. Más temprano formalizaron sus candidaturas la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, junto al economista Juan Daniel Oviedo; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, con el exdefensor delegado para la salud Leonardo Huerta; y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, que escogió como fórmula vicepresidencial a la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla. Valencia ganó la consulta interpartidista de la dereColombia tendrá 14 candidatos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo PROCESO ELECTORAL cha con 3.23 millones de votos y recibió el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que la candidatura busca recuperar la seguridad. La senadora afirmó que aspira a encabezar un gobierno que integre sectores diversos y convertirse en la primera mujer presidenta del país. López aseguró que su propuesta busca priorizar soluciones para la ciudadanía, mientras Fajardo prometió llevar su campaña a todos los rincones de Colombia. También quedaron definidas otras fórmulas presidenciales, como la del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con la líder indígena Aída Quilcué, y la del abogado Abelardo de la Espriella, acompañado por el exministro José Manuel Restrepo. EFE. BOGOTÁ, COLOMBIA Iván Cepeda llega junto a su formula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcué. EFE El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz. EFE
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