6A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama La Línea 3 del metro, que se desarrolla en Panamá Oeste, alcanzó un nuevo avance en su construcción con la energización del viaducto, un proceso que marca el inicio de la activación del sistema eléctrico necesario para el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria y la futura circulación de los trenes en fase de pruebas. Este procedimiento consiste en activar la línea de media tensión de 34.5 kilovoltios (kV), la cual alimentará los sistemas eléctricos del viaducto y permitirá avanzar hacia las pruebas operativas del sistema. Según la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. (MPSA), se trata de una etapa clave para la puesta en marcha del servicio, ya que prepara el sistema para el movimiento de los trenes en el tramo elevado. Para la Línea 3 se adquirieron 26 trenes tipo monorriel, procedentes de la fábrica de Hitachi, en Kasado, Japón. Concluyen cableado eléctrico del viaducto de la Línea 3 del metro PANAMÁ OESTE La empresa también emitió una advertencia de seguridad, debido a que la energización representa una fase crítica y de alto riesgo eléctrico. Por ello, el acceso a las áreas donde se realizan estos trabajos está estrictamente restringido al personal autorizado, ya que ingresar sin permiso puede poner en peligro la vida. El director de proyectos de MPSA, Carlos Cedeño, explicó que también se desarrollan trabajos importantes en el área del viaducto. Indicó que en Ciudad del Futuro los trenes ya han superado pruebas estáticas y que próximamente iniciarán los primeros movimientos hacia la línea principal. Según detalló, estos desplazamientos iniciales se realizarán en el tramo entre las estaciones Ciudad del Futuro y Vista Alegre, y se estima que comiencen a partir del mes de mayo. Paralelamente, el proyecto continúa con los retoques finales en estructuras metálicas y acabados en el tramo comprendido entre Vista Alegre y Panamá Pacífico, añadió Cedeño. El tramo elevado de la Línea 3 del metro registra un avance de entre el 81% y el 84% a inicios de 2026. Además, reporta más del 97% de las vigas de rodaje instaladas y un 98% de avance en los patios y talleres de Ciudad del Futuro. Esta obra busca transformar la movilidad de miles de residentes de Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país. El contralor general de la República, Anel Flores, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional. Captura de pantalla Contraloría destina $3 millones a seguros de salud, vida y accidentes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yaritza Mojica [email protected] FONDOS PÚBLICOS En la Asamblea Nacional circulan al menos tres propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado. El uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado, una práctica que con frecuencia genera cuestionamientos sobre la gestión del gasto público, volvió a la palestra esta semana durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En medio de la sustentación de un crédito adicional solicitado por la Contraloría General de la República, los diputados formularon preguntas sobre una partida millonaria destinada a cubrir pólizas de accidentes, salud y vida para casi cuatro mil funcionarios. El contralor Anel Flores compareció ante la comisión acompañado del subcontralor Omar Castillo y del secretario general Ventura Vega para explicar el destino de los recursos. Según la exposición oficial, el crédito adicional busca fortalecer la operatividad de la institución y atender compromisos técnicos pendientes. Dentro de la distribución planteada, se asignan $6.2 millones a la Dirección de Administración y Finanzas; $2.4 millones, al área de Tecnología; y $5.9 millones, a Recursos Humanos. A esto se suman $6.6 millones para el Instituto Nacional de Estadística y Censo, $2.6 millones para el programa de inversiones y otros recursos destinados a direcciones con mayores necesidades. Los detalles Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, centró parte de sus preguntas en una partida de $3 millones destinada a una póliza colectiva para 3,984 funcionarios de la Contraloría. Flores explicó que el contrato fue adjudicado a la compañía Palig y que la institución también solicitó $308,481 adicionales para saldar una deuda pendiente con la aseguradora Mapfre, que anteriormente prestaba el servicio. “Ojalá no tuviésemos que tenerlo; ojalá contáramos con servicios de salud nacionales que nos permitieran evitarlo. Sin embargo, es una realidad que tenemos hoy día”, afirmó el contralor ante los diputados. Flores reconoció que resulta “incongruente” que el Estado tenga que financiar este tipo de coberturas mientras existe un sistema público de salud. No obstante, sostuvo que se trata de una necesidad práctica mientras no se cuente con un servicio sanitario “idóneo y perfecto” para todos los funcionarios. El debate En la Asamblea Nacional circulan al menos tres propuestas legislativas que buscan prohibir el uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios del Estado. El mes pasado, estas iniciativas fueron analizadas en una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke. Durante la reunión se revisó, entre otras, el proyecto de ley 421, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone eliminar del presupuesto estatal las partidas destinadas a pólizas de salud, vida u otros seguros privados para servidores públicos. En la sesión también se examinaron propuestas con objetivos similares impulsadas por los diputados Jairo Salazar y el propio Luis Duke, todas orientadas a impedir que las entidades públicas contraten o utilicen recursos del Estado para este tipo de coberturas. La subcomisión busca unificar las iniciativas en un solo texto, fortalecer la propuesta y llevarla posteriormente a primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa MiBus y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron sus observaciones sobre el alcance de las iniciativas. Opinión técnica El superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Enrique Bandera, envió una nota a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, en la que planteó su posición sobre estas iniciativas. El regulador explicó que su intervención no busca respaldar ni rechazar los proyectos, sino aportar una visión técnica. Señaló que comprende los argumentos de los diputados en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, pero advirtió que también existe preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el sector asegurador. Bandera subrayó además que los seguros privados representan un beneficio relevante para los funcionarios, al ofrecer respaldo económico ante emergencias médicas o fallecimientos y contribuir a la estabilidad de sus familias. A su juicio, más que prohibir este tipo de pólizas, el debate debería centrarse en establecer mecanismos de control y requisitos legales claros para su contratación. En ese sentido, advirtió que eliminar estos seguros podría tener efectos colaterales: no solo afectaría a los funcionarios, sino que también podría incrementar la presión sobre los servicios de salud pública, que ya enfrentan problemas de saturación. Al menos 14 instituciones públicas de Panamá financian, con fondos estatales, seguros privados de salud para sus funcionarios, una práctica que ha reavivado el debate sobre los privilegios dentro del sector público y que representa un gasto superior a $95 millones. Entre las entidades mencionadas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). También integran la lista el Ministerio de Seguridad Pública, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, hasta ayer, 13 de marzo, 795 docentes habían presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial. La salida de estos educadores ocurre en momentos en que algunas escuelas del país aún enfrentan la falta de docentes, situación que ha sido reportada en diferentes regiones educativas durante el inicio del año escolar. Ante este escenario, la institución indicó que ya inició el proceso para designar nuevos maestros y profesores mediante el sistema Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL), mecanismo utilizado para cubrir plazas disponibles en los centros educativos. Según el Meduca, este procedimiento busca garantizar la continuidad del servicio educativo y que los estudiantes puedan contar con sus docentes lo antes posible. La entidad explicó que, aunque se realizan concursos de nombramiento antes del inicio de clases, durante el año escolar también se producen renuncias por jubilación y otras eventualidades que generan nuevas vacantes, como es el caso de las licencias por materni795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026 RECURSOS HUMANOS dad o enfermedad. La institución señaló que estas plazas son atendidas conforme se presentan los casos y reiteró que se mantienen los procesos administrativos para completar los nombramientos pendientes en los centros educativos donde aún faltan educadores. El Meduca solicitó comprensión a la comunidad educativa, mientras se desarrollan los procedimientos necesarios para cubrir las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas del país. Datos de la institución revelan que al inicio del año lectivo se registraron 52,757 docentes en las 16 regiones educativas, distribuidos en las 3,112 escuelas del país. Yaritza Mojica [email protected] El año lectivo comenzó con una población de 52,757 docentes. Elysée Fernández
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