4A La Prensa Panamá, sábado 14 de marzo de 2026 Panorama Casi nunca abren la boca y si lo hacen, la trascendencia de sus ideas provoca un largo bostezo. Pero, cuando se trata de plata, posiblemente no dirán las cosas más inteligentes, pero el escándalo que arman llega hasta el palomar del Palacio de las Garzas. No hace mucho pasó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los padrastros de la patria se rasgaron las vestiduras porque no hay plata para sus sinvergüenzuras. El propietario de la finca denominada Chitré, diputado Manuel Cohen –de Cambio Democrático–, dijo que es una “vergüenza” carecer, no de los $12 millones que se autoaprobaron los diputados para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino de los $50 millones que ellos requieren para cubrir todas –todas– sus necesidades. Es como si un mensajero acudiera a una entrevista de trabajo y cuando el patrón le pregunta ¿cuáles son sus aspiraciones salariales?, el candidato responde: Son $3 mil para cubrir mis necesidades más urgentes. Es obvio que el resultado de esa entrevista será que en los siguientes minutos el candidato al puesto conocerá personalmente el interior de un tubo. Pero, en cambio, los diputados sí reciben la plata, sin importar si lo que hacen sirve de algo. Y esa es nuestra gran desgracia. Luego dio su discurso el hijo de su santidad Benicio Robinson (PRD), que después de dilapidar quién sabe cuántas de sus preciosas células cerebrales, su padre no halló mejor forma de eternizar su herencia que llamar al vástago con su nombre. Así que, siguiendo los pasos de su sabio padre, trató de justificar un aumento del presupuesto para los diputados. Para ello nos dio un poderoso argumento, muy díficil de rebatir: Ellos –los de la planilla de funcionarios transitorios de la Asamblea– “han trabajado para que los diputados ocupemos nuestras curules”. O sea que hay que premiarlos porque, sin ellos, no hubiésemos sido bendecidos con lumbreras como Robinson o Cohen. No creo que eso sea clientelismo puro y duro. Es solo la definición de una frase acuñada por nuestras divinidades legislativas: “Qué hay pa’ mi”. “Si tu consigues los votos para mí, yo te doy en compensación un contratito en la Asamblea cuando sea diputado”. Y, a propósito, ¿en qué rama laboral te desempeñas? Bueno, yo soy analista de movilidad y cumplimiento de entregas en entornos corporativos y gubernamentales. ¿Eres mensajero? Sí, pero esa palabra es la acepción vulgar. Sin nosotros no hay mensajes y Ud. sabe que sin la mensajería no hay Gobierno. Entonces, hay que darles $12 millones o no podremos presumir del lujo de tener como diputados a criaturas tan honestas, capaces, trabajadoras y comprometidas. Y, en medio de la prolija y elegante locuacidad del presidente de la Cámara de Lores solicitando el dinero para satisfacer sus necesidades electoreras, su majestad Jorge Herrera nos dice que lo que está pidiendo solo alcanzará hasta la primera mitad del año. O sea que antes de que termine 2026, habría nuevas solicitudes de mameyes, porque ese biyuyo –el de $12 millones– no alcanzará. Y una cosa más: debemos estar agradecidos, porque Su Majestad había solicitado, no $12 millones, sino $57 millones, pero en su sabiduría, el MEF le dio una fracción de lo solicitado: solo para lo prioritario. ¿Y de dónde saldrán esos $12 millones? Fácil: Del Ejecutivo. En fin, siguiendo con el argumento de nuestras lumbreras legislativas, hay que premiar a todo seguidor que haya trabajado para su respectiva campaña. Cada diputado tiene que darle incentivos a los miembros de su equipo de campaña para garantizar que trabajen en la próxima. Y si eso cuesta $12 millones o $60 millones o $100 millones, pues que así sea. Lo importante es tenerlos animados y comprometidos. Es simple lógica electorera. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al proyecto. Yaritza Mojica 58 comercios ocupan la servidumbre en trazado de ampliación de vía España Yaritza Mojica [email protected] PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA El titular de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que además de esos 58 negocios que están dentro del trazado del proyecto, hay otros 300 que ocupan parcialmente la servidumbre. Un total de 58 comercios se encuentran dentro de la servidumbre pública de la vía España, específicamente del área donde se desarrollará el proyecto de ampliación de esta importante arteria vial, mientras que otros 300 negocios ocupan parcialmente ese espacio. La información fue confirmada por el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade. Se trata del “Proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, impulsado por el MOP y adjudicado al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings. La iniciativa ha generado incertidumbre entre cientos de propietarios de negocios, incluidos los de la vereda gastronómica afroantillana de Río Abajo, luego de que la empresa contratista entregara una nota de desocupación de la servidumbre. En la comunicación titulada “Solicitud de liberación de servidumbre” se indica que el área debe estar totalmente despejada a más tardar el 30 de marzo, y el argumento que se aduce es que los negocios están asentados en servidumbre pública. Dueños de locales comerciales, fondas, restaurantes, quioscos de verduras, lava autos, ferreterías, entre otros, tendrían que desocupar las áreas. Los 58 negocios que están dentro de la servidumbre pública se encuentran ubicados desde la vía Fernández de Córdoba hasta la vía Cincuentenario, sectores en los que se desarrollará la obra. Los otros 300 establecimientos ocupan parcialmente áreas como estacionamientos, patios o accesos. Según Andrade, la obra no tomará terrenos adicionales, ya que la servidumbre vial en ese sector es de aproximadamente 40 metros de ancho y pertenece al Estado. Advirtió que “el hecho de que pequeños comerciantes hayan operado durante años en esa zona no significa que el terreno les pertenezca, pues se trata de terrenos bajo jurisdicción del MOP”. No obstante, el ministro adelantó que mantiene conversaciones con el Municipio de Panamá para coordinar la posible “relocalización de los comerciantes” que operan dentro de la franja de servidumbre. El MOP también está efectuando reuniones con los representantes de los corregimientos aledaños al proyecto —Parque Lefevre y Río Abajo—, así como con la empresa contratista. De hecho, la reubicación es la principal opción que solicitan los dueños de los locales de comida de la vereda afroantillana de Río Abajo. José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, expresó su preocupación, ya que muchos de los negocios tienen décadas de funcionamiento. “Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de 600 dueños de locales desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó. Los comerciantes han señalado que hasta el momento no se ha concretado un acercamiento formal con las autoridades del MOP. “No están ofreciendo opciones de reubicación, reconocimiento económico ni indemnización. Todos pagamos impuestos, declaramos renta y operamos de forma casi totalmente legal. Aquí nadie ha invadido nada”, sostuvo. MOP reconoce “fallas en la comunicación” El proyecto de ampliación de la Vía España abarcará 5.8 kilómetros, desde la vía Fernández de Córdoba hasta la vía Cincuentenario, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, bajo la modalidad de contrato llave en mano. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar, ya que el contrato aún no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá y continúa en proceso administrativo. Mientras este proceso se completa, Andrade aseguró que próximamente sostendrán encuentros con comerciantes del sector, aunque no preciso una fecha. Con respecto a la marcación y tala de árboles, el ministro también reconoció que hubo fallas iniciales en la comunicación del proyecto, especialmente tras la tala de algunos árboles antes de que se completara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II, que debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente). Sobre este tema, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fue claro al señalar que no se podrá talar “un solo árbol” hasta contar con un EIA debidamente aprobado por las autoridades ambientales. “El proyecto de vía España no puede talar un solo árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambiental terminado. No lo tiene todavía y hemos notificado a la empresa que no puede proceder con el trabajo hasta que no tenga su estudio debidamente aprobado, incluyendo una consulta ciudadana”, declaró Navarro el pasado 4 de marzo. Reorganización del sistema de paradas Como parte del desarrollo del proyecto también se incluirá un carril exclusivo para el sistema de transporte público operado por MiBus. La iniciativa contempla la reorganización del sistema de paradas de autobús, que actualmente supera las 30 estaciones a lo largo de la vía España. Con la intervención, se reducirán a 13 paradas, lo que permitirá mejorar la movilidad y reducir en más de media hora los tiempos de traslado de los usuarios del transporte público. La obra también incluirá aceras más amplias (de hasta tres metros), soterramiento del cableado eléctrico, ampliación de áreas verdes, nuevos parques y mejoras en el sistema pluvial, especialmente en zonas que registran inundaciones durante la temporada de lluvias. Según Andrade, una vez concluido el proyecto, el corredor experimentará una renovación urbana que aumentará el valor comercial y urbano del sector, beneficiando tanto a residentes como a propietarios de negocios ubicados en la zona, así como a los más de 82 mil usuarios del sistema de transporte público. Así se encuentran muchas áreas desde la vía España hasta la avenida Cincuentenario. Yaritza Mojica
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