3A La Prensa Panamá, domingo 20 de septiembre de 2026 Panorama Luis Duke, diputado del circuito8-2, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Luis Duke hace duras críticas a las prioridades del presupuesto 2027 Eliana Morales Gil [email protected] ENTREVISTA El diputado de la bancada Vamos cuestiona dietas, seguros privados y gastos de instituciones públicas, y plantea trasladar recursos hacia salud, agua e infraestructura. El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, cuestiona la forma en que distintas instituciones manejan los recursos públicos y sostiene que las vistas presupuestarias de 2027 han permitido detectar gastos que, a su juicio, deben revisarse o eliminarse. Una de sus críticas surgió durante la sustentación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuando intentó conocer cuánto había gastado la institución en combustible para los aviones que trasladaban a la antigua rectora y su equipo a la capital. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, interrumpió el intercambio bajo el argumento de que ese gasto no aparecía en el presupuesto presentado. Duke considera que episodios como ese dificultan la fiscalización dentro de una comisión dominada por diputados del PRD, Cambio Democrático y Realizando Metas. Frente a quienes califican de “taquilleros” a los diputados que formulan numerosas preguntas durante las vistas, responde que continuará haciéndolo si eso significa fiscalizar y entender cómo se utiliza cada dólar público. La Unachi es precisamente una de las instituciones que más cuestionamientos le ha generado. Duke menciona el salario de $3,206 del director de cafetería y el fuerte aumento previsto en gastos de encuadernación. Según los datos que maneja, la universidad gastó alrededor de $50,000 un año, $10,000 otro y $8,000 otro entre 2024 y 2026, mientras que para 2027 proyecta casi $160,000. La explicación recibida fue que la universidad posee una imprenta propia y también un director de imprenta. Otro foco de sus críticas son las dietas que reciben integrantes de juntas directivas de empresas estatales. Duke calcula que varias instituciones destinarán conjuntamente más de $5 millones a ese concepto en 2027. Señala que muchos directivos cobran $750 por reunión pese a ser funcionarios con salarios de entre $7,000 y $9,000 mensuales. Aunque la ley presupuestaria establece un tope de $500, algunas entidades cuentan con leyes especiales que permiten pagos superiores. También cuestiona que el Tribunal de Cuentas asigne vehículos, con combustible incluido, para uso personal de sus magistrados durante toda la semana. Duke impulsa además un proyecto para impedir que las instituciones públicas paguen seguros privados de salud a sus funcionarios. Considera contradictorio financiar ese beneficio mientras hospitales e institutos públicos necesitan recursos. Propone dirigir los ahorros hacia entidades como el Hospital del Niño, para el cual reclama $34 millones, así como el Instituto Oncológico Nacional, el Hospital Materno Infantil y el Instituto Conmemorativo Gorgas. También advierte sobre la reducción de más del 40% en el presupuesto de funcionamiento del Idaan, pese a los problemas de abastecimiento de agua potable. Entre las instituciones a las que reduciría recursos menciona la Universidad de los Pueblos Indígenas. Duke destaca que tiene apenas 85 estudiantes, carece de sede propia y dispondrá de $3.1 millones en 2027, 54.7% más que en 2026. El diputado también mantiene bajo observación el llamado “cuartito” de la Comisión de Presupuesto, donde legisladores y funcionarios del Ejecutivo suelen reunirse fuera de las sesiones públicas. Aunque asegura que todavía no se ha activado, anticipa que podría utilizarse cuando comiencen los traslados de partidas y otros movimientos financieros. Entre las instituciones pendientes de sustentar están Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Idaan, Mibus y Presidencia. A esta última pretende preguntarle por $4.4 millones de inversióndestinadosala“víadiplomática”.Tambiénreprochaal ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, que establezca topes presupuestarios sin revisar suficientemente el destino específico del gasto. Fuera del debate presupuestario, Duke reclama una solución para unas 15,000 personas afectadas por el sistema mixto de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Afirma que algunos asegurados recibirían pensiones considerablemente menores que bajo el sistema de beneficio definido y cuestiona que no todos puedan trasladarse a este último. Recuerda que votó contra la Ley 462 y teme que el problema vuelva a reproducirse en el futuro. En materia anticorrupción, denuncia que más de 30 proyectos permanecen estancados en la Comisión de Gobierno. Entre ellos menciona la propuesta “antibotellas”, dirigida contra quienes cobran del Estado sin trabajar, y su iniciativa “anticashback”, que busca sancionar a funcionarios que exigen a sus contratados devolver parte del salario. Para Duke, el debate no consiste únicamente en cuánto dinero recibe cada entidad, sino en determinar si las prioridades responden a las necesidades. Su revisión apunta a contrastar gastos administrativos y beneficios de funcionarios con carencias en salud, agua e infraestructura, mientras insiste en que la Asamblea debe ejercer un control riguroso. Unavezconcluyanlasvistas presupuestarias, la Comisión deberá formular recomendaciones sobre el presupuesto general del Estado. Duke anticipa que propondrá trasladar recursos desde instituciones que, según su evaluación, gastan de manera injustificada hacia aquellas con mayores necesidades. Por ahora continúa revisando partidas y rubros antes de definir sus propuestas finales.
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