6A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Panorama Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, evalúa asignar tareas al vicealcalde (en licencia sin sueldo) Roberto Ruiz Díaz en el albergue que acogerá a personas que viven en la calle, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, al este del distrito capital. Este proyecto, según Mizrachi, está “a punto de abrir”, por lo que, según añadió, “falta personal”. Antes de acogerse a la licencia, Ruiz Díaz fungió como secretario general de la Alcaldía de Panamá. El alcalde se refirió al asunto este martes, en el Centro de Convenciones Atlapa, durante la Feria de Empleo 2.0 organizada por su administración. Pero, ¿qué se sabe de este proyecto? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo se gestionó? De acuerdo con documentos disponibles en PanamaCompra,ademásdeinformación de la Alcaldía de Panamá y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la lleva más de cuatro años en trámite. Dio sus primeros pasos durante la gestión del perredista José Luis Fábrega en el Municipio de Panamá (20192024). ¿Qué es? Se trata de un centro de atención integral para personas en situación de calle, diseñado para acoger a 150 hombres y 100 mujeres, distribuidos en dos pabellones separados. Según la Alcaldía de PaLo que se sabe del albergue donde Mizrachi evalúa enviar al vicealcalde ALCADIA DE PANAMÁ namá, el inmueble tiene dormitorios, comedores, cocina, lavandería, farmacia, consultorios médicos, espacios para terapia individual y grupal, y talleres de capacitación en oficios como ebanistería, electricidad, plomería, soldadura y costura. ¿Quién lo construyó y cuánto costó? El Municipio de Panamá convocó el acto público N.° 2022-5-76-0-08-LV014602 el 6 de abril de 2022. Dos empresas presentaron propuestas el 5 de mayo de ese año: RJ Inversiones, S.A., por $3,760,819.36, y Constructora Pacífico Atlántico, S.A., por $3,741,100. La comisión evaluadora, en un informe del 12 de mayo de 2022, le dio a RJ Inversiones un puntaje de 94% y concluyó que su propuesta (aunque un poco más costosa que la otra) representaba los mejores intereses del Estado. El entonces alcalde Fábrega adjudicó el contrato a RJ Inversiones mediante la Resolución 077 del 20 de mayo de 2022, para la “construcción de albergue municipal- etapa I, corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá”. En enero de 2024, el MEF anunció que el albergue se construía junto con 500 viviendas de interés social del programa “Techo de Esperanza”. ¿Cómo avanzó la obra? La construcción inició a comienzos de 2023. En septiembre de ese año, de acuerdo con una nota de prensa del Municipio de Panamá, tenía 35% de avance. Estudiantes de Medicina realizan su formación clínica como parte del proceso previo al internado médico, cuya duración podría reducirse de dos a un año. Elysée Fernández Internado de un año: Colegio Médico exige cambios para asegurar calidad Aleida Samaniego C. [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] SALUD PÚBLICA El gremio plantea 12 meses de práctica clínica supervisada, tutores capacitados, evaluación por competencias y un programa nacional de internado. También advierte sobre el riesgo de que la reducción responda solo a un ahorro presupuestario. El Colegio Médico de Panamá considera viable reducir de dos años a uno el internado médico, pero advierte que la medida debeiracompañadadecambios en la formación de los futuros médicos para garantizar la calidad de la atención que recibirá la población. La presidenta del gremio, Raquel Gutiérrez de Mock, explicó que la propuesta planteada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ya ha sido analizada por el colegio, que ve la reducción como una posibilidad, siempre que se cumplan condiciones específicas para fortalecer la formación durante ese año. Panamá es uno de los pocos países que mantiene un internado médico de dos años. Qué implica la práctica clínica supervisada Una de las principales condiciones planteadas es que los 12 meses de internado sean de práctica clínica supervisada, con tutoría y evaluación por competencias. Esto supone, explicó Gutiérrez de Mock, determinar desde el inicio qué conocimientos tiene el interno, qué procedimientos ha realizado y cuáles son las competencias que debe desarrollar durante ese año. También considera necesario preparar a los tutores clínicos que estarán a cargo de los internos, de manera que exista una estructura de enseñanza, supervisión y evaluación más rigurosa. Garantía de formación superior Para el Colegio Médico, reducir el internado también obliga a revisar la formación que reciben los estudiantes en las escuelas de Medicina. Gutiérrez de Mock señaló que las distintas escuelas deben garantizar una preparación clínica con características similares, de manera que los estudiantes lleguen al internado con una base comparable. Esto implica que, antes de iniciar el internado y presentar el examen de certificación básica, los estudiantes hayan tenido una exposición similar a las principales rotaciones y prácticas clínicas. La preocupación del gremio es que reducir un año de internado sin fortalecer previamente la formación universitaria pueda generar vacíos en la preparación. “Si no se dan todos estos preparativos podría ser peor, peligroso”, advirtió. Por ello, el Colegio Médico plantea avanzar hacia un programa único nacional de internado, con criterios comunes de formación y evaluación. Un examen único de ingreso Como parte de una discusión más amplia sobre la calidad de la formación médica, el Colegio Médico ha planteado establecer un examen estandarizado para quienes aspiren estudiar Medicina, es decir, que la misma prueba se aplique como requisito para ingresar a la facultad incluso en las universidades particulares. Gutiérrez de Mock explicó que la intención es que los estudiantes conozcan desde la educación secundaria que deberán superar un estándar para ingresar a la carrera. A su juicio, esto podría incentivar una mejor preparación desde la secundaria y permitir desarrollar cursos para jóvenes interesados en estudiar Medicina, como ocurre en otros países. El temor a que sea solo una medida de ahorro En concordancia con lo expuesto por el gremio, el doctor Rigoberto Centeno, miembro del Colegio Médico de Panamá, pidió cautela ante la posibilidad de reducir el internado. Advirtió que para las autoridades políticas y presupuestarias puede resultar atractiva esta medida, por el ahorro que implicaría en contratación y otros costos asociados a la formación de los médicos. El riesgo, según planteó, es que se implemente la parte más sencilla de la reforma — reducir el tiempo— y se dejen de lado los cambios estructurales que requieren mayor planificación. “Porque no se trata solo de reducir de dos años a un año”, dijo. La reducción permitiría acortar en un año el camino de los médicos hacia las especialidades. Sin embargo, para el Colegio Médico, ese beneficio solo sería viable si el cambio viene acompañado de una formación clínica más estructurada, supervisada y evaluada. ¿A quién persigue la Policía? Que la Policía tenga agentes infiltrados no debería ser, por sí mismo, noticia ni motivo de alarma. El cuestionamiento es otro: que una institución cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos y perseguir a los criminales se dedique a espiar a personas y organizaciones que ejercen su derecho a la protesta o que se atreven a criticar al Gobierno. ¿A quién persigue la Policía? Persigue a ambientalistas, defensores de derechos humanos, docentes y dirigentes sindicales. Y nada garantiza que sean los únicos. No importa si uno comparte las ideas de quienes hoy son objeto de seguimiento policial. Esto no es cuestión de afinidad ideológica, sino de convicción democrática. La propia institución, intentando negarlo, terminó por confesarlo: en un comunicado reconoció que utiliza “agentes encubiertos” para mantener el “orden y la seguridad nacional”. Lo que no explicó es de qué manera espiar a personas como la exvicealcaldesa Raisa Banfield constituye un objetivo de seguridad nacional. ¿Qué tipo de amenaza constituye un ambientalista o un defensor de derechos humanos? Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre: están utilizando recursos públicos —según las denuncias, se trata de una estructura de 40 personas y una planilla de $30 mil al mes— para perseguir no al narcotráfico o a las pandillas, sino a activistas y opositores. Están criminalizando la protesta y el disenso. Mientras tanto, la verdadera delincuencia organizada tiene al país en ascuas. A menudo, da la impresión de que son los carteles del narcotráfico y las pandillas los que tienen infiltrados a los estamentos de seguridad. ¿De qué otra forma podemos explicar que casi 100 privados de libertad se hayan fugado de una cárcel de alta seguridad como si nada? Y todavía ni explicaciones ni destituciones. El director de la Policía, Jaime Fernández, tuvo que reconocer el repunte de la violencia con cifras como 12 homicidios en una sola semana. ¿Estarán sus recursos de inteligencia concentrados en penetrar las 180 pandillas vinculadas al narcotráfico que dice haber identificado? ¿O andan más ocupados averiguando quién viaja a Río Indio, quién protesta contra la minería y quién participa en una reunión gremial? El presidente José Raúl Mulino reiteró que frente al narcotráfico el Estado “no está dispuesto a retroceder” y que “son ellos o nosotros”. Pero a su ministro de Salud, al parecer, no le llegó el memo: después de advertir sobre la presencia de “grupos beligerantes” en Escobal, llegó a plantear el retiro del personal médico del centro de salud. Es decir, frente a las pandillas, el Estado sí está dispuesto a retroceder y con el rabo entre las piernas. En vez de garantizar salud y seguridad a los ciudadanos, las autoridades abandonan sus obligaciones más elementales y ceden territorio. ¿Lo escuchó, señor presidente? ¿En cuántas comunidades del país está ocurriendo lo mismo? Entre tantas declaraciones contradictorias, el Gobierno hace el ridículo mientras el narcotráfico se ríe en nuestra cara. Pero volvamos a quienes sí parecen preocupar a nuestra inteligencia policial. Porque esto va mucho más allá de infiltrarse en protestas. Según las denuncias, los agentes se integraron durante meses a organizaciones, participaron en reuniones, viajaron con activistas y recopilaron información sobre ellos y sus familias. El Ministerio Público debe investigar las denuncias presentadas sobre esta presunta red de espionaje estatal y, además, aclarar su participación en ella. Y es que en el comunicado de la Policía se asegura que los “agentes encubiertos” forman parte de investigaciones y diligencias del Ministerio Público. ¿Están investigando a ambientalistas? ¿Cuáles son los delitos? ¿Quién autorizó estas operaciones? Hasta ahora, el procurador no ha dicho nada. Su silencio es tan elocuente como preocupante. También el de la defensora del Pueblo, más preocupada por los televisores para los reos en el Mundial que por salvaguardar derechos humanos básicos. Panamá debería conocer los peligros de convertir los aparatos de inteligencia del Estado en instrumentos de represión a los ciudadanos. Durante la dictadura militar estaba el temido G-2, responsable de numerosos abusos y violaciones contra ciudadanos inocentes opuestos al régimen. Pero si la memoria de los otrora civilistas es esquiva o la referencia parece exagerada, ahí están los pinchazos y seguimientos ilegales del gobierno de Ricardo Martinelli, del que Mulino fue parte. Lo más grave es que todavía no sabemos hasta dónde llega esta vigilancia. Hoy conocemos los casos de ambientalistas, universitarios y sindicalistas porque lograron identificar a los agentes. ¿Cuántos otros hay? ¿Periodistas? ¿Abogados? ¿Dirigentes comunitarios? ¿Ciudadanos cuyo único delito sea ser “opinadores” y no precisamente “aplaudidores” del Gobierno? Es muy probable, a juzgar por las constantes referencias del mandatario a sus críticos. La mala noticia es que, según todas las encuestas conocidas, cerca del 70% de los panameños mantiene una posición crítica frente a la gestión del Gobierno. Habrá que dar todavía más al inflado presupuesto del Ministerio de Seguridad para que pueda financiar los infiltrados necesarios en cada comunidad, cada centro de trabajo, cada sindicato, gremio u organización social del país. La Policía está para protegernos de los delincuentes, no para proteger al Gobierno de sus críticos. Protestar es un derecho propio de la democracia, no un delito. Disentir tampoco. Y mientras las pandillas y el narcotráfico desafían al Estado, utilizar recursos de inteligencia para vigilar a quienes ejercen esos derechos no nos hace más seguros. Nos deja a todos más desprotegidos.
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