1A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 16 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 156859 Hoy por hoy La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) padece una crisis de identidad, debido a que ni siquiera facilita el acceso a información que es de carácter público. Parece haber sido creada solo para estar ahí y guardar las apariencias. Como prácticamente no hace nada que sirva, entonces es muy difícil hablar de ella. Las respuestas de la directora de Antai en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea confirman que es una entidad ineficaz, que recibe miles de declaraciones juradas de intereses, las registra y custodia, pero sus competencias le impiden investigar posibles conflictos cuando involucran a altas autoridades. Es decir, posee la información destinada precisamente a identificar intereses que puedan interferir con la función pública, pero en algunos casos no puede avanzar más allá. El problema se agrava porque la propia Antai interpreta que esas declaraciones no son de acceso público, cerrando también una vía para que la ciudadanía pueda ejercer escrutinio sobre sus autoridades. Así, una herramienta concebida para prevenir y detectar conflictos de interés corre el riesgo de convertirse en un enorme archivo de documentos con utilidad limitada. Si la ley restringe las facultades de la institución, corresponde reformarla; pero también resulta indispensable revisar una interpretación que mantiene bajo reserva información esencial para la transparencia pública. Mi Pueblito y Ancón: un plan de $25 millones Aleida Samaniego C. [email protected] INTERVENCIÓN URBANA La obra, impulsada por Mayer Mizrachi, contempla estacionamientos, accesos y miradores, pero enfrenta cuestionamientos por la consulta, el impacto ambiental y el acceso público. Con denuncias de traslado masivo de personas en autobuses y cuestionamientos sobre la forma en que se realizó la consulta ciudadana, el proyecto de mejoramiento de Mi Pueblito y el cerro Ancón, valorado en $25 millones, recibió un aval preliminar. La iniciativa contempla estacionamientos, accesos y miradores, además de convertir Mi Pueblito en la principal entrada al cerro. Persisten dudas sobre el impacto ambiental, los estudios geológicos, el acceso público y la coordinación con el teleférico propuesto. VEA 4A El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, sustentó un presupuesto de $242 millones para 2027, pero el MEF recomendó $204.8 millones, $37.2 millones menos, una reducción que impactaría investigaciones, atención a víctimas, equipamiento y funcionamiento del Ministerio Público. VEA 2A $37 millones menos para investigar delitos Foro Marítimo 2026 Visión estratégica para un sistema integrado Panamá debe integrar sus activos logísticos para generar mayor valor, coincidieron René Gómez, de la Cámara Marítima, y Rodolfo Sabonge , de Planificación del MEF. Ismael González, director de Puerto Barú en David. La administradora del Canal, Ilya Espino de Marott, apuesta por una estrategia de largo plazo que garantice el agua y permita al Canal ampliar y diversificar sus negocios. Durante los últimos 10 años, el Canal ha enfrentado cuatro períodos secos: 2015, 2019, 2023 y 2026, recordó Espino ayer, en el Foro 2026: Marítimo, Logístico y Portuario. VEA 1B Y VEA 4B CIFRAS EN PERSPECTIVA La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta; Alberto López Tom, presidente de Apede; Rodolfo Sabonge, director de Planificación del MEF y René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Elysée Fernández El exadministrador del Canal y director de Corprensa, Jorge Luis Quijano da la bienvenida a los participantes del foro. Mónica Espinosa, directora Ejecutiva de ADIMAC. Yolanda Sandoval (moderadora), René Gómez, presidente de la Cámara Marítima y Rodolfo Sabonge, director de Planificación. Fotos: Elysée Fernández
2A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 El procurador esperaba hacer equiparaciones salariales de los funcionarios. Archivo Ministerio Público advierte impacto de recorte de $37 millones Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO De los $242 millones solicitados por el Ministerio Público para 2027, el MEF recomendó $204.8 millones, en medio de necesidades para investigaciones, personal y renovación de equipos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un presupuesto de $204.8 millones para el año 2027, cifra que representa $37 millones menos de los $242 millones que solicitó el procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. El procurador pidió que se reconsidere la cifra y advirtió que el recorte afectaría los plantes de equipamiento, personal y atención a las víctimas. El procurador explicó que la reducción de los fondos comprometería la contratación de psicólogos para atender a las víctimas. También advirtió que la institución tendría dificultades para renovar su flota vehicular; 152 vehículos podrían salir de circulación, ya que su uso prolongado representa un riesgo. El procurador explicó que el Ministerio Público tiene 810 vehículos, de los cuales 274 están en proceso de descarte para “chatarreo”. Otros dos fueron declarados pérdida total, 32 presentan “daños mecánicos temporales” y 502 están operativos. Sin embargo, de estos últimos, 152 se encuentran en estado crítico y representan un “alto riesgo” operativo. Recientemente el contralor Anel Flores emitió una nueva resolución en la que ordena a las instituciones públicas suspender la compras de vehículos. El procurador explicó que solicitará al MEF que los excluya de esa medida por la naturaleza de sus funciones. Aumentos salariales Entre las solicitudes incluidas en el presupuesto presentado por el Ministerio Público figuran $2 millones para equiparar los salarios de 349 fiscales de circuito con los de los jueces de garantías del Órgano Judicial. También solicitó $450,000 para equiparar los salarios de 74 personeros con los de los jueces municipales, así como $162,252 para el escalafón salarial de 56 psicólogos y $145,272 para el de 46 trabajadores sociales. En total, estas solicitudes de incremento salarial suman $3.6 millones, incluyendo XIII mes y cuotas patronales. De acuerdo con la presentación mostrada durante la vista presupuestaria, el monto recomendado para estos incrementos es $0. Ministerio Público vs publicidad del Estado El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), respaldó la petición de Gómez y puso el recorte en perspectiva: los $37.2 millones que el Ministerio Público dejaría de recibir son prácticamente el mismo monto que el Estado prevé destinar a publicidad en 2027. Ariana Coba, del Partido Panameñista; Carlos Tito Afú, de Cambio Democrático; Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), y Jhonathan Vega, de Vamos, también apoyaron la solicitud del procurador de que se reconsidere el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Vega incluso dijo que, si hay millones para la compra de drones y otros equipos de seguridad, también debe haber recursos para dotar al Ministerio Público de las herramientas y el personal que necesita para investigar los delitos. Carlos Pitano Almanza, presunto líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en provincias centrales y Panamá, detenido en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, será trasladado a Panamá para enfrentar este miércoles 16 de septiembre una audiencia de imputación por el delito de blanqueo de capitales. Así lo decidió la jueza de garantías Eyvis Jaén, quien este martes suspendió la audiencia que se realizaba a otras 12 personas aprehendidas durante la operación Poseidón, para que Pitano pueda enfrentar estos nuevos cargos. Pitano fue aprehendido en la provincia de Bocas del Toro en una competencia de lazo, tras desatender una medida cautelar de mantenerse en la provincia de Los Santos, por una investigación que se le sigue por conspiración para el tráfico de drogas, relacionada con la denominada operación Fortaleza, desarrollada en 2022, y en la que se detuvo a otras 24 personas. En la operación Poseidón, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red de recepción de drogas en las provincias de Veraguas, Los Santos, Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí. Pitano está vinculado como líder de dicha red. En la apertura de la audiencia de este martes 15 de septiembre, se pudo establecer que la mayoría de los aprehendidos son de Veraguas y se dedican al turismo marítimo o a la pesca de manera independiente. Para realizar la operación y evitar filtraciones, las diligencias del Ministerio Público se efectuaron con el Carlos Pitano: Aprehendido en Poseidón, es trasladado a Panamá para enfrentar imputación DROGAS respaldo de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y personal de las fiscalías de la provincia de Panamá. En la operación Poseidón, las autoridades decomisaron seis embarcaciones y autos que presuntamente eran usados para el movimiento de droga hacia residencias que servían como depósito. Las autoridades también investigan una serie de propiedades que se presume fueron adquiridas con fondos provenientes del tráfico de drogas, dinero que fue movilizado a través del sistema bancario nacional. A Pitano también se le vincula con el decomiso de un cargamento de 365 kilos de cocaína realizado por las autoridades en playa Buena Vista en Guararé, provincia de Los Santos, que es parte de las investigaciones que se adelantan. Esta es la cuarta operación realizada por las autoridades en la que se desmantelan redes dedicadas al tráfico de drogas en el área de Azuero, Los Santos, Coclé y Veraguas. Las operaciones El Gallero (2016), Neptuno (2017), Escorpión (2022) son algunas en las que las redes criminales usaron las costas de esas regiones para el tráfico de drogas. Juan Manuel Díaz [email protected] Se hicieron 48 allanamientos. Cortesía Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El contador Efraín Cherigo Moreno quedó bajo detención provisional, luego de que se le formularan cargos por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, falsedad de documentos, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios. El fin de semana pasado, la Policía Nacional había divulgado la foto de Cherigo y solicitado ayuda a la ciudadanía para proceder con su captura. Cherigo es socio de Luis Alberto Gaitán Mendoza, quien ya está detenido e imputado. Ambos están vinculados a la operación Espejismo, que se deriva de la operación Pandora, en la que se investiga Cae otro integrante por anomalías en la DGI; es un socio del contratista del CRU JUSTICIA la apropiación de créditos fiscales por parte de una red que operaba en el seno de la Dirección General de Ingresos (DGI). La fiscal Elizabeth Carrión ordenó las medidas cautelares en una audiencia celebrada este martes 15 de septiembre. Juan Manuel Díaz [email protected] Efraín Cherigo Números clave $242 Millones, es el monto del presupuesto solicitado por el Ministerio Público. $204.8 Millones es la cantidad recomendada por el MEF. $37 Millones, es la cantidad prevista por el Estado para publicidad en 2027. Mulino busca reemplazar la ‘mala ley’ de jubilados El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Ejecutivo trabaja en una nueva ley de beneficios para jubilados y pensionados, que espera aprobar antes del 31 de octubre, mientras aún define si sancionará o vetará el Proyecto de Ley 226. Mulino calificó la iniciativa aprobada por la Asamblea como una “mala ley” y apuesta por alcanzar un texto de consenso con jubilados y empresarios. Las conversaciones buscan concentrar los descuentos en servicios y productos de mayor necesidad, como electricidad, transporte, telefonía, salud, pañales, sillas de ruedas y andaderas. También se revisan beneficios relacionados con turismo y hotelería, considerados menos prioritarios para los jubilados necesitados. El mandatario informó que ya coordinó con la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, para cumplir el plazo. El proyecto pendiente de decisión presidencial amplía descuentos en medicamentos, hospitales, hoteles, transporte, servicios básicos y productos de higiene, entre otros. El Ejecutivo sostiene que la nueva propuesta deberá beneficiar especialmente a los adultos mayores que más lo necesiten, sin comprometer la viabilidad financiera ni generar distorsiones económicas. DESCUENTOS Martha Vanessa Concepción [email protected]
3A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Panorama El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto para modificar la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). Según el Gabinete, la propuesta tiene como objetivo ampliar el desarrollo de obras como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos. A través de un comunicado, Presidencia recordó que desde su aprobación en 2019, el país dispuso de un marco regulatorio propio para desarrollar proyectos mediante esta modalidad de amplia aplicación internacional. Sin embargo, transcurridos más de seis años y, con un “balance claramente positivo”, se ha recomendado revisar su funcionamiento, evaluar los resultados e identificar los ajustes necesarios para que el sistema opere con mayor eficiencia. Se detalla que ese estudio muestra que la aplicación práctica del régimen “ha permitido observar que determinadas etapas resultan más extensas de lo necesario, que ciertos trámites pueden simplificarse sin menoscabo de las garantías y controles previstos, y que el marco vigente admite perfeccionamientos que faciliten una mayor y mejor participación del sector privado”. Según la propuesta, no se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad y a aquellos aspectos en que la experiencia nacional e internacional ha demostrado que puede mejorar, entre ellos ampliar y agilizar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad. También busca fortalecer los roles asignados dentro de la arquitectura institucional del sistema, dotando de mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación de proyectos. “Además, promover una participación más activa y eficiente del sector privado; movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, mediante un diseño regulatorio que incentive dicha inversión y Gobierno impulsa una reforma a la Ley de las APP para el desarrollo de obras CONSEJO DE GABINETE promueva la competencia; y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, para asegurar que cada proyecto responda a una necesidad real y entregue valor por el dinero público comprometido”, señala. Esta reforma, indica el documento, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente. ENA podrá adquirir deuda por $196 millones También el Gabinete autorizó a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y a ENA Norte a buscar un financiamiento de hasta $196 millones con el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest). El dinero se dividirá en dos préstamos: uno de $96 millones y otro de $100 millones. Una parte del financiamiento se utilizará para pagar lo que todavía se debe de los bonos que ENA Norte emitió para financiar la adquisición de la concesión. Es decir, se trata de refinanciar esa deuda existente. La operación también busca darle a ENA una mayor capacidad para invertir en la rehabilitación, extensión y ampliación del Corredor Norte, así como afrontar futuros proyectos de infraestructura. También los ministros aprobaron la contratación excepcional de una póliza colectiva de vida, salud y salud internacional para el personal del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), por un monto de $3,107,138.08. La contratación será con Assa Compañía de Seguros, S.A., a solicitud del Ministerio de Gobierno, entidad que regenta al Cuerpo de Bomberos. Sheyla Castillo, directora de Antai. Cortesía La Antai, de manos atadas para sancionar casos de alto perfil José González Pinilla [email protected] José González Pinilla Getzalette Reyes [email protected] TRANSPARENCIA Más de 19 mil declaraciones de intereses reposan en Antai, que interpreta que no son de acceso público y reconoce restricciones para investigar determinados casos. Sheyla Castillo, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), admitió que tiene las manos atadas en casos de alto perfil. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, recordó que la Antai tiene entre sus funciones recibir y verificar las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios. Pero su capacidad para investigar y sancionar casos de nepotismo y conflicto de interés tiene límites cuando se trata de diputados y otras altas autoridades del Estado. Castillo acudió a la Asamblea para sustentar el presupuesto de la entidad para 2027 ante la comisión. El presupuesto solicitado asciende a $3,015,544. Durante la comparecencia, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, preguntó a Castillo qué ocurre con las declaraciones de intereses que recibe la institución y cómo se cruza esa información para detectar posibles conflictos de interés. La directora respondió que, mientras no se modifique la legislación vigente, la Antai tiene limitaciones para verificar y gestionar determinados casos. “No está funcionando mientras ustedes no hagan la modificación que corresponde. No puedo llegar, no puedo verificar, no puedo gestionar. No es porque no quiera, es porque no puedo”, respondió Castillo. La funcionaria señaló que se requiere modificar la Ley 316, que regula las situaciones de conflicto de intereses en la función pública. La Ley 316 establece las funciones de la Antai en esta materia. Entre ellas están recibir las declaraciones juradas de intereses, verificar la información cuando se trate de servidores públicos respecto de los cuales tenga competencia, determinar posibles conflictos de interés y conocer procesos por infracciones relacionadas con estas declaraciones. 15 sanciones Pese a las limitaciones que admitió, Castillo informó en medio de la comparecencia que la Antai ha impuesto 15 sanciones por conflicto de interés desde que asumió la dirección de la institución, en 2024. Gabriel Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, explicó que entre los casos identificados hay situaciones de familiares que, por el grado de parentesco, no encajan jurídicamente como nepotismo, pero que pueden ser analizadas como conflictos de interés. Mencionó como ejemplo casos de alcaldes cuyos primos fueron vinculados a la administración pública. Al superar el grado de consanguinidad contemplado para el nepotismo, dijo, estos casos son abordados desde la figura del conflicto de interés. También señaló situaciones relacionadas con jefes de recursos humanos en las que pueden coexistir ambos supuestos. Los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, ministros, diputados, contralor, directores, entre otros, deben presentar cada año su declaración jurada de intereses particulares. La Antai reporta que el 100% de los ministros, diputados y autoridades han presentado el documento. En tanto, el 97% de los alcaldes y el 82% de los vicealcaldes lo han hecho. Competencias limitadas Duke también preguntó si la Antai puede actuar ante los casos de nepotismo que se denuncian dentro de la Asamblea Nacional. Castillo respondió que la competencia de la Antai no alcanza al Legislativo. Citó el artículo 32 de la Constitución y explicó que la institución tampoco tiene competencia para investigar faltas o delitos que le son atribuidos al presidente de la República. Según su explicación, la competencia para conocer estos casos está distribuida entre distintos órganos dependiendo del cargo. En el caso de los miembros de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, procuradores, el Contralor General, magistrados del Tribunal Electoral y otras autoridades, Castillo señaló que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; para viceministros, directores y gerentes de instituciones autónomas, entre otros cargos, indicó que corresponde a la Sala Segunda de la Corte. Castillo le entregó al diputado el fallo de la Corte Suprema relacionado con los límites de competencia de Antai frente a la Asamblea. Se trata de un fallo del 27 de agosto de 2021 relativo a un intento de la Antai de sancionar a la entonces presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego. A través de resolución No DS-3937-18 del 10 de agosto de 2018, la Antai sancionó a Ábrego con el pago del 50% de su salario mensual, por entregar información inexacta e incompleta sobre la planilla 080 de los diputados. Pero según la Corte, bajo la ponencia del entonces magistrado José Ayú Prado, la Antai no es competente para aplicar dicha sanción a un diputado. Por otra parte, la propia Antai ha señalado públicamente que, en el caso de los ministros de Estado, los procedimientos para investigar posibles faltas o delitos corresponden a la Corte Suprema de Justicia, debido al régimen especial establecido en el Código Judicial. Pide más facultades Durante el intercambio en la comisión legislativa, Castillo planteó la posibilidad de que “le den más dientes” a la entidad. Esto implicaría, dijo, modificar el marco legal que regula las competencias de la Antai. La directora no solo se refiere a la Ley 316 sobre el conflicto de interés en la función pública, sino también de introducir cambios a las leyes 33 y 6, que regulan, respectivamente, la creación de la Antai y aspectos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. Castillo pidió a los diputados avanzar con esas modificaciones —en comisiones reposan propuestas de reforma— y sostuvo que algunos cambios requieren una consulta amplia con la ciudadanía. En la actualidad, la Antai recibe miles de declaraciones juradas de intereses. Para 2026, la entidad reportó la recepción de 19,082 declaraciones durante la jornada anual de renovación realizada en enero. Esas declaraciones, según la Ley 316 de 2022 deben ser notariadas. Pero en la actualidad no son de acceso público debido a que así lo ha interpretado históricamente la Antai. Sanciones La directora también informó que a la fecha han sancionado a 240 funcionarios por faltas administrativas y violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. Detalló que la entidad ha recomendado 64 destituciones de funcionarios de distintas instituciones, de las cuales 40 se han concretado. Además, 142 servidores públicos han recibido multas económicas equivalentes a entre el 10% y el 50% de un mes de salario. En lo que va de la gestión de Castillo, las sanciones económicas depositadas al Tesoro Nacional ascienden a $63,609, de un total de $93,648. Reunión de ministros del 15 de septiembre de 2026. Cortesía de la Presidencia
4A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SECRETISMO. Una de las cosas que ha distinguido al Canal ha sido la transparencia. Pero el Ministerio de Seguridad ha decidido que la información y ejecución financiera del Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal tendrá carácter reservado y confidencial. ¿Por qué? ¿Qué esconden? Seguramente, aquel que, con malas intenciones, se quiere enterar de cómo están usando esos fondos está entre ellos mismos, no en la calle. Como ocurre en el crimen organizado. HERENCIA. Absel Navarro, rector de Unachi desde el 31 de agosto pasado, contó que no ha podido nombrar a los vicerrectores ni al director de Recursos Humanos, porque encontró la administración en un limbo y con números en rojo. Este es el legado de Etelvina. LINK. La Antai solicitó $33,000 para invertir en su “observatorio de transparencia y ética”, que es una herramienta para que las instituciones divulguen sus acciones para prevenir la corrupción. ¿Qué hacen con toda esa data? La Antai ni siquiera contribuye a transparentar la información de carácter público. Si realmente quiere combatir la corrupción, un buen comienzo sería habilitar una pestaña con todas las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios de jerarquía. Pero que lo haga ya, no junio de 2029. COFFE BREAK. El presidente Mulino y la primera dama inauguraron el Café Presidente, en las antiguas oficinas de la Dirección de Asistencia Social (DAS) de la Presidencia. Es el segundo local (el primero está en el Mingob) y, esta vez, lo decoraron con pinturas de caballos, haciendo honor a una de las aficiones de Mulino. Pronto podrán franquiciar esta iniciativa y llevarla a otras entidades. PIGGY. Mulino sostiene que hay una “reacción coordinada” entre aquellos abogados y “opinadores” que cuestionan el A la derecha, el cerro Ancón en su estado actual. A la izquierda, una proyección de cómo quedaría con la propuesta de intervención. Alexander Arosemena y cortesía Pese a críticas, avalan proyecto para Mi Pueblito y Ancón Aleida Samaniego C. [email protected] CONSULTA CIUDADANA La iniciativa alcaldicia de $25 millones recibió el visto bueno en una consulta cuestionada por activistas, quienes denunciaron el traslado en autobuses de personas de distintas comunidades. E l proyecto de mejoramiento de Mi Pueblito y el cerro Ancón, con una inversión de $25 millones, fue aprobado preliminarmente este lunes 14 de septiembre en una consulta ciudadana, con alrededor de 254 votos a favor, 20 en contra y 17 abstenciones. La aprobación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el impacto de las obras, el acceso al cerro y la forma en que se desarrolló el proceso de participación. La iniciativa de la Alcaldía de Panamá contempla intervenciones en Mi Pueblito y obras complementarias en el cerro Ancón. Durante la consulta, el arquitecto David Tapia, director de Planificación Urbana de la Alcaldía, presentó los componentes del proyecto, entre ellos estacionamientos, accesos y miradores. Durante la exposición surgieron preguntas sobre el posible impacto de las obras en la flora y fauna del cerro Ancón, así como sobre los estudios geológicos que sustentarían la infraestructura propuesta. También se pidió precisar cómo funcionará el acceso para quienes actualmente utilizan el cerro para caminar o hacer ejercicio, cuáles serán las características finales de las obras y si habrá cobros diferenciados para panameños y turistas. Una inversión previa de $1.7 millones El proyecto se plantea después de una intervención realizada durante la administración del exalcalde José Luis Fábrega (2019-2024) para mejorar Mi Pueblito Interiorano y Mi Pueblito Indígena, en el corregimiento de Ancón. De acuerdo con el Acta de Aceptación Final de Obra, el contrato, adjudicado a Empresa Reyco, S.A., tuvo un valor original de $1,394,107.19, incluidos los impuestos. El contrato tuvo una adición de $347,885.89, por lo que el valor final ascendió a $1,741,993.08. El documento establece que la obra tuvo una duración contractual inicial de 365 días, a la que se sumaron 180 días de prórroga. La orden de proceder fue emitida el 13 de marzo de 2023 y la terminación oficial de los trabajos quedó establecida el 6 de septiembre de 2024. Dudas sobre la participación ciudadana Aida Torres, representante de la Asociación de Comunidades de las Áreas Canaleras, afirmó que la actividad fue anunciada inicialmente como una audiencia ciudadana, y que al llegar se les informó que se trataba de una consulta ciudadana en la que habría una votación. Torres cuestionó el traslado en buses de personas de distintas comunidades para participar en la actividad y sostuvo que las necesidades de la población no deben utilizarse para respaldar proyectos. Por su parte, la exvicealcaldesa Raisa Banfield afirmó que personas de Guna Nega y San Sebastián fueron trasladadas en autobuses. Según relató, algunas le manifestaron que habían acudido porque se les había ofrecido trabajo en el proyecto si este era aprobado. Banfield consideró que una consulta ciudadana debería contar con personas que participen de manera informada y por interés en la iniciativa. El teleférico no apareció en la presentación El teleférico no formó parte de la presentación realizada por Tapia, pese a que esta infraestructura también ha sido planteada para el área. Banfield aclaró que la propuesta presentada por la Alcaldía no es, a su juicio, una intervención de alto impacto. “No fue hecho con inteligencia artificial, los arquitectos trabajaron en una propuesta de intervención de bastante bajo impacto y con mucho respeto al cerro Ancón”, afirmó. Sin embargo, señaló que la ausencia del teleférico en la exposición no significa que haya sido descartado. Según explicó, la iniciativa está siendo manejada por Miambiente (Ministerio de Ambiente) mediante otra consultoría. A su juicio, ambas iniciativas deberían analizarse de manera integral. También sostuvo que la Alcaldía, como autoridad urbanística, debería coordinar los proyectos que puedan transformar el área. El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, también se refirió al teleférico como parte de la renovación del cerro Ancón y Mi Pueblito. En una publicación en redes sociales, señaló que la Alcaldía y Miambiente renovarán la experiencia en ambos sitios “con la mínima intervención al medio ambiente” y destacó como “la cereza en el pastel” el teleférico desde Mi Pueblito hasta la cima del Ancón. Según Mizrachi, esta infraestructura permitiría por primera vez el acceso a la cima a personas con discapacidad o movilidad reducida y supondría un cambio en la experiencia turística del lugar. La posibilidad de construir un teleférico también fue cuestionada por la exalcaldesa capitalina Mayín Correa, creadora de Mi Pueblito, quien en un tuit planteó que una infraestructura de este tipo podría afectar Mi Pueblito. Además, consideró que los recursos destinados a una obra de esa naturaleza podrían utilizarse en áreas con mayores necesidades. El acceso desde Santa Ana, otra prioridad Banfield también dijo que la propuesta debería abordar los problemas de conectividad entre Santa Ana y el cerro Ancón. Según explicó, actualmente resulta prácticamente imposible para los residentes de Santa Ana cruzar y acceder al área del cerro. Por ello, consideró que mejorar esa conexión debería ser una prioridad antes de concentrarse únicamente en obras paisajísticas. Otro cambio planteado por la Alcaldía es modificar la entrada tradicional al cerro Ancón para que Mi Pueblito se convierta en la principal vía de acceso. Según la propuesta presentada, la intención es que panameños y extranjeros ingresen por Mi Pueblito y conozcan primero la representación de la diversidad cultural del país que ofrece este espacio. Tras la aprobación, quedan por precisar el alcance final de las obras, los estudios ambientales y geológicos que las sustentarán, las condiciones de acceso público al cerro Ancón y la coordinación de esta intervención con el desarrollo del teleférico. Juan Manuel Díaz [email protected] La investigación se inició a raíz de una auditoría de la Contraloría. Archivo Imputan cargos por blanqueo de capitales a exdirector regional del Ifarhu JUSTICIA El juez Manuel Escala imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este, Manuel Lamela, y a la cajera de esa entidad, Jennifer Estrada. El juez acogió la petición del fiscal Ricardo Ho, quien en una audiencia que inició a las 8:30 a. m. de este martes explicó que Lamela y Estrada participaron en un esquema para blanquear fondos por un monto de $145 mil 275. Según la investigación, Lamela y Estrada, quienes también están imputados por el delito de peculado, se asociaron para apropiarse de fondos pertenecientes a becas de asistencia social y del beneficio de PASE-U, destinado a estudiantes de escasos recursos del sector este de la provincia de Panamá. La investigación reveló que entre los años 2021 y 2022, ambos se apropiaron de 414 cheques pertenecientes a estudiantes de áreas de difícil acceso y que luego fueron hechos efectivos en comercios del sector este de Panamá. La Fiscalía cuenta con la declaración de Gilberto Robinson, quien aseguró haber sido contactado por Hugo Elis, conductor de Lamela, para llevar a los comercios los cheques, hacerlos efectivos y distribuir el dinero entre ellos. Según la Fiscalía, Robinson detalló que a los comerciantes les entregaba un 10 % de la totalidad de los cheques y el resto era para el grupo. La Fiscalía también reveló que Lamela recibió, en su cuenta personal, depósitos por la suma de $83 mil y que a Estrada se le detectaron en sus cuentas depósitos por la suma de $23 mil, cuya procedencia es de origen ilícito. traslado de reos a Coiba. “Hay una frase muy popular que dice que basta con golpear al puerco para que aparezca el dueño. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el traslado a Coiba de delincuentes de alto perfil”, manifestó. Pues uno de los que sería parte de esa “reacción coordinada” sería Martinelli, que desde Bogotá cuestionó la medida. No está claro todavía si Martinelli es el dueño del puerco, pero sí lo es de la candidatura que ocupó Mulino en 2024.
5A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026
6A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Panorama Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, evalúa asignar tareas al vicealcalde (en licencia sin sueldo) Roberto Ruiz Díaz en el albergue que acogerá a personas que viven en la calle, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, al este del distrito capital. Este proyecto, según Mizrachi, está “a punto de abrir”, por lo que, según añadió, “falta personal”. Antes de acogerse a la licencia, Ruiz Díaz fungió como secretario general de la Alcaldía de Panamá. El alcalde se refirió al asunto este martes, en el Centro de Convenciones Atlapa, durante la Feria de Empleo 2.0 organizada por su administración. Pero, ¿qué se sabe de este proyecto? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo se gestionó? De acuerdo con documentos disponibles en PanamaCompra,ademásdeinformación de la Alcaldía de Panamá y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la lleva más de cuatro años en trámite. Dio sus primeros pasos durante la gestión del perredista José Luis Fábrega en el Municipio de Panamá (20192024). ¿Qué es? Se trata de un centro de atención integral para personas en situación de calle, diseñado para acoger a 150 hombres y 100 mujeres, distribuidos en dos pabellones separados. Según la Alcaldía de PaLo que se sabe del albergue donde Mizrachi evalúa enviar al vicealcalde ALCADIA DE PANAMÁ namá, el inmueble tiene dormitorios, comedores, cocina, lavandería, farmacia, consultorios médicos, espacios para terapia individual y grupal, y talleres de capacitación en oficios como ebanistería, electricidad, plomería, soldadura y costura. ¿Quién lo construyó y cuánto costó? El Municipio de Panamá convocó el acto público N.° 2022-5-76-0-08-LV014602 el 6 de abril de 2022. Dos empresas presentaron propuestas el 5 de mayo de ese año: RJ Inversiones, S.A., por $3,760,819.36, y Constructora Pacífico Atlántico, S.A., por $3,741,100. La comisión evaluadora, en un informe del 12 de mayo de 2022, le dio a RJ Inversiones un puntaje de 94% y concluyó que su propuesta (aunque un poco más costosa que la otra) representaba los mejores intereses del Estado. El entonces alcalde Fábrega adjudicó el contrato a RJ Inversiones mediante la Resolución 077 del 20 de mayo de 2022, para la “construcción de albergue municipal- etapa I, corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá”. En enero de 2024, el MEF anunció que el albergue se construía junto con 500 viviendas de interés social del programa “Techo de Esperanza”. ¿Cómo avanzó la obra? La construcción inició a comienzos de 2023. En septiembre de ese año, de acuerdo con una nota de prensa del Municipio de Panamá, tenía 35% de avance. Estudiantes de Medicina realizan su formación clínica como parte del proceso previo al internado médico, cuya duración podría reducirse de dos a un año. Elysée Fernández Internado de un año: Colegio Médico exige cambios para asegurar calidad Aleida Samaniego C. [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] SALUD PÚBLICA El gremio plantea 12 meses de práctica clínica supervisada, tutores capacitados, evaluación por competencias y un programa nacional de internado. También advierte sobre el riesgo de que la reducción responda solo a un ahorro presupuestario. El Colegio Médico de Panamá considera viable reducir de dos años a uno el internado médico, pero advierte que la medida debeiracompañadadecambios en la formación de los futuros médicos para garantizar la calidad de la atención que recibirá la población. La presidenta del gremio, Raquel Gutiérrez de Mock, explicó que la propuesta planteada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ya ha sido analizada por el colegio, que ve la reducción como una posibilidad, siempre que se cumplan condiciones específicas para fortalecer la formación durante ese año. Panamá es uno de los pocos países que mantiene un internado médico de dos años. Qué implica la práctica clínica supervisada Una de las principales condiciones planteadas es que los 12 meses de internado sean de práctica clínica supervisada, con tutoría y evaluación por competencias. Esto supone, explicó Gutiérrez de Mock, determinar desde el inicio qué conocimientos tiene el interno, qué procedimientos ha realizado y cuáles son las competencias que debe desarrollar durante ese año. También considera necesario preparar a los tutores clínicos que estarán a cargo de los internos, de manera que exista una estructura de enseñanza, supervisión y evaluación más rigurosa. Garantía de formación superior Para el Colegio Médico, reducir el internado también obliga a revisar la formación que reciben los estudiantes en las escuelas de Medicina. Gutiérrez de Mock señaló que las distintas escuelas deben garantizar una preparación clínica con características similares, de manera que los estudiantes lleguen al internado con una base comparable. Esto implica que, antes de iniciar el internado y presentar el examen de certificación básica, los estudiantes hayan tenido una exposición similar a las principales rotaciones y prácticas clínicas. La preocupación del gremio es que reducir un año de internado sin fortalecer previamente la formación universitaria pueda generar vacíos en la preparación. “Si no se dan todos estos preparativos podría ser peor, peligroso”, advirtió. Por ello, el Colegio Médico plantea avanzar hacia un programa único nacional de internado, con criterios comunes de formación y evaluación. Un examen único de ingreso Como parte de una discusión más amplia sobre la calidad de la formación médica, el Colegio Médico ha planteado establecer un examen estandarizado para quienes aspiren estudiar Medicina, es decir, que la misma prueba se aplique como requisito para ingresar a la facultad incluso en las universidades particulares. Gutiérrez de Mock explicó que la intención es que los estudiantes conozcan desde la educación secundaria que deberán superar un estándar para ingresar a la carrera. A su juicio, esto podría incentivar una mejor preparación desde la secundaria y permitir desarrollar cursos para jóvenes interesados en estudiar Medicina, como ocurre en otros países. El temor a que sea solo una medida de ahorro En concordancia con lo expuesto por el gremio, el doctor Rigoberto Centeno, miembro del Colegio Médico de Panamá, pidió cautela ante la posibilidad de reducir el internado. Advirtió que para las autoridades políticas y presupuestarias puede resultar atractiva esta medida, por el ahorro que implicaría en contratación y otros costos asociados a la formación de los médicos. El riesgo, según planteó, es que se implemente la parte más sencilla de la reforma — reducir el tiempo— y se dejen de lado los cambios estructurales que requieren mayor planificación. “Porque no se trata solo de reducir de dos años a un año”, dijo. La reducción permitiría acortar en un año el camino de los médicos hacia las especialidades. Sin embargo, para el Colegio Médico, ese beneficio solo sería viable si el cambio viene acompañado de una formación clínica más estructurada, supervisada y evaluada. ¿A quién persigue la Policía? Que la Policía tenga agentes infiltrados no debería ser, por sí mismo, noticia ni motivo de alarma. El cuestionamiento es otro: que una institución cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos y perseguir a los criminales se dedique a espiar a personas y organizaciones que ejercen su derecho a la protesta o que se atreven a criticar al Gobierno. ¿A quién persigue la Policía? Persigue a ambientalistas, defensores de derechos humanos, docentes y dirigentes sindicales. Y nada garantiza que sean los únicos. No importa si uno comparte las ideas de quienes hoy son objeto de seguimiento policial. Esto no es cuestión de afinidad ideológica, sino de convicción democrática. La propia institución, intentando negarlo, terminó por confesarlo: en un comunicado reconoció que utiliza “agentes encubiertos” para mantener el “orden y la seguridad nacional”. Lo que no explicó es de qué manera espiar a personas como la exvicealcaldesa Raisa Banfield constituye un objetivo de seguridad nacional. ¿Qué tipo de amenaza constituye un ambientalista o un defensor de derechos humanos? Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre: están utilizando recursos públicos —según las denuncias, se trata de una estructura de 40 personas y una planilla de $30 mil al mes— para perseguir no al narcotráfico o a las pandillas, sino a activistas y opositores. Están criminalizando la protesta y el disenso. Mientras tanto, la verdadera delincuencia organizada tiene al país en ascuas. A menudo, da la impresión de que son los carteles del narcotráfico y las pandillas los que tienen infiltrados a los estamentos de seguridad. ¿De qué otra forma podemos explicar que casi 100 privados de libertad se hayan fugado de una cárcel de alta seguridad como si nada? Y todavía ni explicaciones ni destituciones. El director de la Policía, Jaime Fernández, tuvo que reconocer el repunte de la violencia con cifras como 12 homicidios en una sola semana. ¿Estarán sus recursos de inteligencia concentrados en penetrar las 180 pandillas vinculadas al narcotráfico que dice haber identificado? ¿O andan más ocupados averiguando quién viaja a Río Indio, quién protesta contra la minería y quién participa en una reunión gremial? El presidente José Raúl Mulino reiteró que frente al narcotráfico el Estado “no está dispuesto a retroceder” y que “son ellos o nosotros”. Pero a su ministro de Salud, al parecer, no le llegó el memo: después de advertir sobre la presencia de “grupos beligerantes” en Escobal, llegó a plantear el retiro del personal médico del centro de salud. Es decir, frente a las pandillas, el Estado sí está dispuesto a retroceder y con el rabo entre las piernas. En vez de garantizar salud y seguridad a los ciudadanos, las autoridades abandonan sus obligaciones más elementales y ceden territorio. ¿Lo escuchó, señor presidente? ¿En cuántas comunidades del país está ocurriendo lo mismo? Entre tantas declaraciones contradictorias, el Gobierno hace el ridículo mientras el narcotráfico se ríe en nuestra cara. Pero volvamos a quienes sí parecen preocupar a nuestra inteligencia policial. Porque esto va mucho más allá de infiltrarse en protestas. Según las denuncias, los agentes se integraron durante meses a organizaciones, participaron en reuniones, viajaron con activistas y recopilaron información sobre ellos y sus familias. El Ministerio Público debe investigar las denuncias presentadas sobre esta presunta red de espionaje estatal y, además, aclarar su participación en ella. Y es que en el comunicado de la Policía se asegura que los “agentes encubiertos” forman parte de investigaciones y diligencias del Ministerio Público. ¿Están investigando a ambientalistas? ¿Cuáles son los delitos? ¿Quién autorizó estas operaciones? Hasta ahora, el procurador no ha dicho nada. Su silencio es tan elocuente como preocupante. También el de la defensora del Pueblo, más preocupada por los televisores para los reos en el Mundial que por salvaguardar derechos humanos básicos. Panamá debería conocer los peligros de convertir los aparatos de inteligencia del Estado en instrumentos de represión a los ciudadanos. Durante la dictadura militar estaba el temido G-2, responsable de numerosos abusos y violaciones contra ciudadanos inocentes opuestos al régimen. Pero si la memoria de los otrora civilistas es esquiva o la referencia parece exagerada, ahí están los pinchazos y seguimientos ilegales del gobierno de Ricardo Martinelli, del que Mulino fue parte. Lo más grave es que todavía no sabemos hasta dónde llega esta vigilancia. Hoy conocemos los casos de ambientalistas, universitarios y sindicalistas porque lograron identificar a los agentes. ¿Cuántos otros hay? ¿Periodistas? ¿Abogados? ¿Dirigentes comunitarios? ¿Ciudadanos cuyo único delito sea ser “opinadores” y no precisamente “aplaudidores” del Gobierno? Es muy probable, a juzgar por las constantes referencias del mandatario a sus críticos. La mala noticia es que, según todas las encuestas conocidas, cerca del 70% de los panameños mantiene una posición crítica frente a la gestión del Gobierno. Habrá que dar todavía más al inflado presupuesto del Ministerio de Seguridad para que pueda financiar los infiltrados necesarios en cada comunidad, cada centro de trabajo, cada sindicato, gremio u organización social del país. La Policía está para protegernos de los delincuentes, no para proteger al Gobierno de sus críticos. Protestar es un derecho propio de la democracia, no un delito. Disentir tampoco. Y mientras las pandillas y el narcotráfico desafían al Estado, utilizar recursos de inteligencia para vigilar a quienes ejercen esos derechos no nos hace más seguros. Nos deja a todos más desprotegidos.
7A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sostenibilidad depende de una cadena de acciones responsables, no de una sola decisión. En el centro de esta transformación están las personas y las capacidades que el país ha consolidado. La formación técnica en buenas prácticas de refrigeración y climatización contribuye a que las instalaciones, el mantenimiento y las reparaciones sean más seguros y eficientes, reduce fugas innecesarias de refrigerantes y prepara al sector para adoptar tecnologías con menor impacto ambiental. La certificación y el fortalecimiento de competencias son parte esencial de este proceso. Reconocer formalmente estos conocimientos eleva la calidad del servicio, mejora la seguridad ocupacional y dignifica un oficio indispensable para la economía y la vida diaria. A ello se suma el fortalecimiento de las autoridades de control, claves para identificar refrigerantes, supervisar su comercio y prevenir prácticas ilegales. Este esfuerzo sostenido ha permitido que Panamá mantenga actualmente un 100% de cumplimiento de las metas que le corresponden bajo el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali. Este resultado refleja la continuidad de los esfuerzos realizados para implementar estos acuerdos internacionales, apoyados por la cooperación técnica y el fortalecimiento progresivo de las capacidades nacionales. La protección de la capa de ozono es una de las historias ambientales más exitosas de la cooperación internacional. Pero también recuerda que cada avance abre nuevas responsabilidades. Algunos gases que sustituyeron a los que dañaban la capa de ozono, conocidos como HFC, no destruyen el ozono estratosférico, pero sí pueden contribuir de forma significativa al calentamiento global. Por ello, la Enmienda de Kigali amplió el alcance del Protocolo de Montreal para reducir progresivamente el consumo de HFC. Panamá se ha comprometido a disminuirlo en un 80% para 2045, una meta que equivaldría a reducir cerca de 2.03 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una decisión impostergable para garantizar el agua potable de Panamá Planta de Chilibre con el respaldo técnico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Considero que una participación activa de la ACP podría aportar importantes capacidades técnicas, administrativas y de gestión de activos críticos, especialmente en materia de confiabilidad eléctrica, mantenimiento preventivo y atención de emergencias. Asimismo, los recursos que actualmente se destinan dentro del presupuesto del Idaan al mantenimiento y funcionamiento de esta instalación podrían ser evaluados para determinar si una parte de ellos debe acompañar cualquier nuevo esquema de administración, operación o mantenimiento que se establezca. Un respaldo eléctrico que debe ser estudiado Existe, además, un aspecto técnico que considero de enorme importancia y que merece ser revisado con carácter prioritario. Tengo entendido que la ACP dispone de una línea de 44 kV ubicada aproximadamente a 750 metros de la planta potabilizadora de Chilibre. Por lo tanto, considero conveniente que se estudie la posibilidad de interconectar eléctricamente la subestación de la planta con la infraestructura eléctrica de la ACP, siempre que los estudios de ingeniería, las condiciones de operación y las normas aplicables determinen que esta solución es técnica y económicamente viable. Una interconexión de esta naturaleza podría constituir un respaldo adicional para una instalación cuya continuidad eléctrica es absolutamente crítica. Tengo entendido, además, que en algún momento ya se realizaron estudios relacionados con esta posibilidad. Si estos estudios existen, desempolvarlos, actualizarlos y llevarlos nuevamente a la mesa de análisis debería ser una prioridad. No estamos hablando de una instalación cualquiera. Estamos hablando de una de las Carlos Penna Franco Panamá está convirtiendo compromisos internacionales en resultados concretos Capa de ozono La refrigeración y la climatización forman parte esencial de la vida contemporánea. Permiten preservar alimentos y medicamentos, sostener servicios críticos como hospitales, centros educativos y comercios, y contribuir a condiciones de bienestar en los hogares y espacios de trabajo. Sin embargo, este progreso cotidiano conlleva también una responsabilidad ambiental de alcance global: durante décadas, ciertos gases utilizados en equipos de refrigeración y aire acondicionado han tenido impactos significativos sobre la capa de ozono y el clima. La buena noticia es que Panamá ha desarrollado capacidades y experiencia relevantes para enfrentar este desafío. En 2009, el país eliminó el consumo de clorofluorocarbonos, conocidos como CFC, un año antes del plazo internacional establecido. Fue un logro técnico, institucional y colectivo que demostró que los compromisos ambientales pueden traducirse en resultados concretos cuando se combinan capacidades técnicas, coordinación institucional y cooperación efectiva. Desde entonces, el desafío ha evolucionado. La reducción progresiva de los HCFC, otra familia de refrigerantes que también afecta la capa de ozono, marcó una nueva etapa. Para 2026, el nivel permitido de HCFC-22 en Panamá es aproximadamente un 82% menor que el nivel de referencia definido para el país, una disminución equivalente a cerca de 672 mil toneladas de dióxido de carbono. Estos avances requieren capacidades técnicas, control institucional, compromiso empresarial y una ciudadanía consciente. La El reto, por tanto, ya no consiste simplemente en reemplazar un gas por otro. Implica transformar la manera en que producimos frío: usar refrigerantes con menor impacto climático, mejorar la eficiencia energética, evitar fugas, recuperar y manejar adecuadamente los gases al final de su vida útil y asegurar conocimientos actualizados. El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Nacional de Ozono, lidera la implementación en Panamá del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el apoyo del Fondo Multilateral. Esta alianza reúne esfuerzos nacionales e internacionales orientados al fortalecimiento de capacidades y a la implementación de los compromisos asumidos por el país. Este esfuerzo suma las capacidades de instituciones públicas, la academia, empresas y profesionales del sector para avanzar hacia una transición más sostenible. También abre oportunidades para promover empleos verdes, una mayor calidad técnica y una participación más inclusiva, especialmente de las mujeres. Conmemorar los logros del Protocolo de Montreal y los diez años de la adopción de la Enmienda de Kigali, en el marco del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, es una oportunidad para mirar hacia adelante. La experiencia acumulada muestra cómo los compromisos internacionales pueden traducirse en acciones concretas cuando cuentan con capacidades, cooperación y la participación de múltiples actores. El siguiente paso es aprovechar esa experiencia para responder al desafío climático y avanzar hacia una refrigeración más eficiente, segura y con menor impacto sobre el planeta. Opinión LA AUTORA es residente adjunta y oficial encargada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. EL AUTOR es ingeniero electricista. plantas de agua potable más importantes del país. No esperemos a que ocurra una catástrofe Señor presidente: No debemos esperar a que ocurra una tragedia para comenzar a buscar soluciones. La infraestructura crítica se protege antes de que falle, no después. El costo de prevenir y reforzar oportunamente un sistema siempre será mucho menor que el costo económico, social y humano de enfrentar una emergencia de grandes proporciones. Por ello, respetuosamente le solicito que esta propuesta sea sometida a consideración de su gabinete y de la Autoridad del Canal de Panamá, para que los especialistas de ambas instituciones puedan analizarla con la profundidad que merece. Estoy convencido de que, si existe una solución técnica, administrativa y económicamente viable que permita elevar sustancialmente la confiabilidad de la planta potabilizadora de Chilibre, el país no puede darse el lujo de postergarla. Mi propósito con este artículo es aportar una idea y llamar la atención sobre un problema que muchos conocen, pero que requiere decisiones concretas antes de que sea demasiado tarde. Porque dejar a una parte importante de la población panameña sin agua potable durante meses, o incluso durante un período prolongado, sería una emergencia de dimensiones extraordinarias. Prevenir hoy puede evitar una crisis mañana. Todo lo planteado por el suscrito lo hago con la mejor intención y con el único propósito de aportar, desde mi experiencia profesional, a la construcción de un mejor Panamá. Dejémonos de tonterías y de orgullos. Hay momentos en los que el interés nacional debe estar por encima de cualquier consideración. Había dejado de escribir en la prensa escrita de este país porque muchas veces las opiniones que expresamos terminan cayendo en oídos sordos. Esta situación lleva, inevitablemente, a que quienes acostumbramos a utilizar la pluma para aportar ideas y señalar problemas terminemos desencantándonos de hacerlo. Sin embargo, esta vez considero que no puedo seguir callado ante la gravedad de un problema que, con cada día que pasa, aumenta el riesgo de que ocurra un serio percance en la planta potabilizadora de Chilibre, una instalación fundamental para el abastecimiento de agua potable de la población panameña. Por esas cosas del destino, si llegara a producirse una falla grave en el sistema eléctrico de esta planta —particularmente en sus transformadores de potencia—, la reparación o sustitución de estos equipos podría tomar un período considerable, incluso muchos meses. Las consecuencias para el país serían enormes. Por esta razón, quiero sugerir respetuosamente al señor presidente de la República, José Raúl Mulino, que ha llegado el momento de analizar y tomar, con carácter de urgencia, una decisión que considero estratégica para el país: evaluar la posibilidad de que la planta potabilizadora de Chilibre pase a ser mantenida y operada, bajo el esquema que legal y administrativamente corresponda, Soledad Bauza Reorganizar el Estado en torno a salarios justos y dignos Cambios Panamá necesita una nueva Constitución sin parches que fortalezca el Estado de derecho y establezca criterios claros de equidad, mérito y racionalidad en las remuneraciones del sector público. El artículo 67 dispone que a trabajo igual, en idénticas condiciones, corresponde igual salario. Sin embargo, existen diferencias que el Estado debería justificar con criterios técnicos, responsabilidades, riesgos, experiencia y condiciones laborales. Un ejemplo está en la educación pública: un instructor vocacional con título de profesor que trabaja en lugares de alto riesgo, como las cárceles, puede ganar 700 balboas, mientras un docente del sistema regular puede recibir hasta 1,500 balboas, además de otras ventajas. La diferencia no implica necesariamente una violación constitucional, pero exige una explicación objetiva. Situaciones similares ocurren en la Caja de Seguro Social, la Lotería y otras instituciones, donde cada cambio de gobierno incorpora numerosos funcionarios y asesores, muchas veces bajo criterios políticos. El clientelismo termina favoreciendo remuneraciones y cargos que no siempre responden a funciones reales, preparación o responsabilidades. También debe impedir que la cercanía política sustituya al mérito dentro del servicio público. Una nueva Constitución debe contribuir a corregir estas distorsiones mediante reglas que garanticen salarios dignos y técnicamente sustentados, combatan el nepotismo y el “botellismo” y sancionen a quienes cobran sin trabajar o incumplen reiteradamente sus obligaciones laborales. No se trata de que todos los funcionarios ganen lo mismo, sino de que el Estado pueda explicar por qué existen diferencias. Una Constitución renovada debe convertirse así en una herramienta para fortalecer la democracia y el poder ciudadano. EL AUTOR es sociólogo y docente. Jaime Cheng Peñalba Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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