6A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 Panorama El informe señala que la red opera desde la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNPI). Foto tomada de @policiadepanama Policía: ‘No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos’ Eliana Morales Gil [email protected] ESPIONAJE La Policía Nacional admite que utiliza agentes encubiertos para operaciones de seguridad, mientras organizaciones sociales denuncian que una estructura policial habría penetrado grupos sindicales, indígenas y ambientalistas. Un mayor de la Policía Nacional (PN) estaría a cargo de una estructura que no aparece en el organigrama oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Trabaja presuntamente desde las oficinas del cuartel central de Ancón, sin autorización judicial, según un documento de 121 páginas preparado por organizaciones sindicales y sociales, que describe casos de supuesto espionaje. La red de vigilancia alcanzaría a sindicalistas, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, entre otros, quienes responsabilizan al presidente José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; al director de la PN, Jaime Fernández; al director de la DNIP, Julio Cedeño, y al mayor Carlos Carvajal. Agrupaciones como la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) (cuya disolución fue demandada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, de acuerdo con el documento, están entre las organizaciones afectadas. “Implica graves violaciones a los derechos humanos que afectan a gran cantidad de organizaciones”, dijo el dirigente sindical Eduardo Gil en una conferencia de prensa celebrada el pasado martes. El documento -que fue revisado por este diario- detalla nombres, rangos y funciones, y muestra un organigrama de 11 áreas operativas, fotografías y episodios puntuales de presunta infiltración. La Policía Nacional consideró que estas denuncias son “infundadas”, aunque reconoció que opera con “agentes encubiertos”, más no “infiltrados”. “No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”, remarcó la PN en un comunicado divulgado la noche del pasado jueves, luego de que La Prensa solicitara una reacción sobre estas acusaciones. Una planilla de al menos $30 mil al mes Según el documento, la red “está integrada por más de 40 personas a nivel nacional”; 25 están identificadas por nombre, rango y un número de posición interno. El documento calcula que, “solo en esta planilla parcial”, el Estado destina “más de $30 mil mensuales” presuntamente en salarios, sin contar gastos de “vehículos, combustible, viáticos, alimentación, alquileres, equipos tecnológicos, software, asesores y armamentos”, ni las “compras secretas” del Ministerio de Seguridad y los costos judiciales de los procesos que atribuye a esa red. El mayor Carlos Carvajal, según el informe, estaría al mando de la operación desde finales de 2023 -en la recta final del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando asumió la jefatura en medio de las protestas contra la concesión minera de Cobre Panamá. La estructura, dice el documento, se habría fortalecido en el gobierno de José Raúl Mulino y se formalizó el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la DNIP, sin figurar en el organigrama oficial de esa dirección. ¿Supuesta ONG? El documento describe hechos que presuntamente habrían ocurrido en Donoso y Río Indio, áreas del país donde el Ejecutivo evalúa reactivar la mina de cobre y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) construirá un embalse, respectivamente. Ahí, según el informe, la red opera bajo la fachada de una supuesta organización llamada Centro de Acción Solidaria, con una cuenta de TikTok que sirve para “generar confianza” con líderes comunitarios y “anticipar oposición” a esos proyectos. El texto describe el caso de un sargento que, según la denuncia, se infiltró desde 2022 en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, participó durante año y medio en reuniones de organizaciones campesinas, católicas, estudiantiles y ambientalistas en Río Indio, y se presentaba como estudiante universitario. En la comarca Ngäbe-Buglé, el expediente atribuye a otro sargento el seguimiento del activista Kevin Sánchez desde 2022, con una precisión inquietante: según el texto, ambos “son amigos”, pero Sánchez “no se ha dado cuenta de que es un miembro de la policía”. Mientras que un cabo estaría asignado al dirigente Toribio García y a otros líderes de la comarca, con base, dice el documento, en “una casa clandestina alquilada en Remedios, Chiriquí”. La versión de la Policía Nacional La Prensa consultó a la Policía sobre el tema. En consecuencia, la entidad emitió un comunicado en la noche del jueves. Asegura que “todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos” que les asisten. También protesta porque se ha divulgado información personal de sus agentes, lo que pone en riesgo su seguridad. “Nuestras acciones están alineadas con objetivos específicos, respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros, dentro del marco de la ley. En este sentido, buscamos garantizar la paz y tranquilidad ciudadana”, dice la nota de prensa. Además, añade que la mayoría de los funcionarios mencionados en el informe han participado en “diversas investigaciones y diligencias de allanamiento” realizadas por el Ministerio Público a estos grupos sindicales. La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar los hechos denunciados en el informe, “con absoluta celeridad, independencia e imparcialidad”, para determinar su veracidad. Igualmente, emplazó a la Defensoría del Pueblo a iniciar una “queja de oficio” y solicitar las explicaciones oportunas a la PN y al Ministerio de Seguridad. La Universidad de Panamá (UP) negó que la orden de búsqueda de Luis Alberto Gaitán Mendoza tenga relación con el contrato de construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito. El CRU fue adjudicado al Consorcio HCG, que preside Gaitán, a quien la Policía busca por estar presuntamente relacionado con los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y corrupción de funcionarios. La Policía Nacional (PN) no ha especificado por qué busca a Gaitán, pero el rector de la UP, Eduardo Flores, sostiene que los delitos que se le endilgan no están relacionados con el CRU. “No lo creo, ya que la empresa del señor Gaitán no pone dinero para la construcción del Centro. Por el contrario, en función del avance de la obra y su verificación, nosotros tenemos que pagarle”, precisó Flores. Además, la UP divulgó un comunicado en el que asegura que una auditoría de la Contraloría realizada al contrato el año pasado no identificó “debilidades”, “irregularidades” o “fallas” relacionadas con su gestión, ejecución y supervisión. Sostiene que en la licitación, que se llevó a cabo a partir de 2018, se exigió que todos los proponentes presentaran una carta de referencia bancaria e intención de financiamiento, “expedidas por instituciones bancarias reguladas y sujetas a estrictas políticas de debida diligencia… cuya finalidad es mitigar el riesgo del Estado, asegurando solvencia, integridad y financiamiento”. El contrato adjudicado al consorcio representado por Gaitán fue refrendado el 10 de diciembre de 2019. Originalmente, se pactó por un monto de $65.9 millones, pero —ocho adendas después— acabará costando casi $88.3 millones. Lo mismo ocurrió con el calendario de entrega: la obra tenía que ejecutarse en 750 días y estar lista el 20 de abril de 2022. Finalmente, se le concedieron 2,132 días. Debía entregarse el 31 de enero de 2026. El rector Flores dijo que está terminada, ya que lo que falta, si acaso, es un “1%”, que corresponde UP defiende obras del CRU tras orden de captura contra el contratista FONDOS PÚBLICOS a una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que tomar en cuenta que el proyecto no cuenta con autorización del Idaan para conectarse a la línea sanitaria existente en la barriada Las Cumbrecitas. No es la primera vez que el rector sale a desmentir irregularidades con el consorcio y sus integrantes. El socio de Gaitán es Juan José Zonta Sing, quien figura como tesorero y secretario del Consorcio HCG. Zonta también es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un club de fútbol que hasta 2020 había estado presidido por el diputado del PRD, Raúl Pineda. El año pasado, el Ministerio Público manejaba informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que señalaban que el diputado, su hijo Abrahan Rico Pineda y otras dos personas detenidas en la operación Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU. Esos fondos correspondían a pagos recibidos por los trabajos del CRU. Aquella vez, la UP se desvinculó del uso de esos dineros y sostuvo que no tiene responsabilidad sobre la gestión de los fondos que recibe su contratista. El Consorcio HCG cobra “por avance de obra”, luego de unas inspecciones técnicas. El último pago, refrendado por Contraloría, es por poco más de $6 millones. Mónica Palm [email protected] La construcción del CRU de San Miguelito comenzó en abril de 2020 y debía concluir en 2022. Adendas al contrato extendieron el plazo y trabajos pendientes han vuelto a retrasar su entrega. Archivo Organizaciones sociales denunciaron los hechos en conferencia de prensa el pasado 8 de septiembre. Cortresía: Guásimo Multimedia
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