1A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 12 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15685 Hoy por hoy Dos propuestas de ley plantean modificaciones importantes al marco regulatorio del sector eléctrico, sometido durante años a críticas justificadas por los altos costos, las deficiencias del servicio, las frecuentes interrupciones del suministro y la poca efectividad para atender los reclamos de los usuarios por daños ocasionados o facturaciones abusivas. Es evidente que ese marco necesita una modernización y una revisión profunda. Aferrarse a un esquema concebido para otra época no responde a las necesidades actuales ni a los desafíos que enfrenta el país, frente a economías más modernas y exigentes. Panamá necesita un sistema eléctrico eficiente, confiable, competitivo y capaz de acompañar su desarrollo. Por ello, el debate en el Legislativo no puede postergarse. Las propuestas del Ejecutivo y de la bancada independiente deben discutirse con seriedad, enriquecerse y perfeccionarse, con el interés público como prioridad y no como rehén de intereses particulares. La urgencia es mayor porque las actuales concesiones vencen en dos años y posponer la discusión podría conllevar su renovación automática y cerrar la puerta a una reforma necesaria. La actualización ya no es una opción: es una necesidad. Vivir+ ‘Nos encantan los protagonistas con defectos’ 5B Panamá despide a Ismael Laguna, el ‘Tigre de Colón’ 8A Deportes Panorama Policía: no tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos 6A Economía Chapman: faltan medidas para mejorar grado de inversión 1B Tres frentes cercan la Policía de Mizrachi Juan Manuel Díaz C. [email protected] DEMANDAS El procurador Gómez Rudy pidió a la Corte acumular dos de las tres demandas de inconstitucionalidad. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy pidió a la Corte acumular las dos demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo que creó la Policía Municipal de Mayer Mizrachi, presentadas por Ernesto Cedeño y René Isaac Barberena. Ambas tienen como ponente al magistrado Carlos Villalobos. Gómez Rudy ya había cuestionado varias facultades otorgadas al cuerpo municipal. UP dice que la Contraloría no detectó fallas en el CRU El rector Eduardo Flores sostiene que una auditoría de la Contraloría, encabezada por Anel Flores, no encontró irregularidades en el contrato del CRU de San Miguelito, adjudicado al Consorcio HCG en diciembre de 2019. El contrato pasó de $65.9 millones a $88.3 millones tras ocho adendas. El consorcio es presidido por Luis Alberto Gaitán, buscado por la Policía por su presunta relación con varios delitos, incluido el de corrupción. VEA 6A Gabriel Martínez se convirtió en el imputado número 22 de la operación Pandora. La fiscalía lo vincula con tres sociedades presuntamente utilizadas para movilizar créditos fiscales obtenidos mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0. VEA 2A La trama de e-Tax llega a 22 imputados Dos escenarios para recordar el 11S Estados Unidos recordó ayer a las 2,977 víctimas de los atentados de 2001. Donald Trump encabezó la ceremonia en el Pentágono, mientras Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se reunieron en la Zona Cero de Nueva York junto al vicepresidente JD Vance. La Corte abrió el período de alegatos. El Ministerio de Seguridad presentó una tercera acción judicial: una demanda de nulidad ante la Sala Tercera contra el mismo acuerdo. VEA 2A Cifras a considerar 400 Cantidad de agentes de la Policía Municipal. $11.5 millones cuesta anualmente ese cuerpo.
2A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 La Corte Suprema de Justicia abrió el periodo de alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra la creación de la Policía Municipal. Archivo Demandas contra Policía Municipal apuntan a un solo expediente Juan Manuel Díaz C. [email protected] INSTITUCIONES El procurador Luis Carlos Gómez Rudy pidió a la Corte Suprema acumular las dos demandas de inconstitucionalidad contra la Policía Municipal, cuyas facultades ya cuestionó por considerar que podrían crear un cuerpo policial paralelo. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó a la Corte Suprema de Justicia acumular en un solo expediente las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Acuerdo No. 162 del 17 de junio de 2025, que creó la Policía Municipal del distrito de Panamá. Se trata de las demandas presentadas por el abogado y diputado Ernesto Cedeño y por René Isaac Barberena. En ambas funge como ponente el magistrado Carlos Villalobos. La petición del procurador se fundamenta en que ambas demandas deben ser resueltas en un solo proceso, ya que tienen un contenido similar, impugnan el mismo acuerdo municipal y contienen argumentos coincidentes. El Acuerdo No. 162, aprobado por el Concejo Municipal de Panamá a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos como cabos, sargentos, tenientes, capitanes y mayor. También le otorgó nuevas facultades, entre ellas realizar requisas corporales, registrar vehículos, efectuar aprehensiones y portar armas de fuego. La creación de ese cuerpo ha sido cuestionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien en agosto pasado calificó de inconstitucional el nuevo concepto de Policía Municipal y sostuvo que ese cuerpo nació para cuidar parques y monumentos y “no se puede transformar en otra policía”. “Ojalásetumbeeso”,expresó entonces el mandatario. Gómez Rudy también se ha pronunciado sobre el fondo de las demandas. El procurador opinó que algunas de las facultades atribuidas a la Policía Municipal, como el reclutamiento, la requisa corporal, el registro de vehículos, el uso de la fuerza no letal y letal, la aprehensión y la detención preventiva, entre otras, “contemplan reglas que pueden significar la puesta en funcionamiento de un cuerpo policial paralelo al servicio de policía nacido por ley”. El procurador estimó que la Constitución establece que Panamá no tendrá ejército y que el presidente de la República es el jefe de todos los servicios de policía, los cuales estarán subordinados al poder civil. La Corte Suprema abrió el pasado miércoles el período para la presentación de alegatos en ambas demandas, a fin de que los interesados expresen sus argumentos sobre la constitucionalidad o no del citado acuerdo. Este período se extenderá por 10 días hábiles. Posteriormente, el magistrado ponente deberá elaborar un proyecto de fallo, que circulará por los despachos de los otros ocho magistrados que integran el Pleno de la Corte para que emitan su opinión. La controversia también se tramita por otra vía en la Corte. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo admitió una demanda de nulidad presentada por el Ministerio de Seguridad Pública contra el mismo Acuerdo No. 162. El recurso tiene como objetivo anular el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal a solicitud de Mizrachi. El Ministerio de Seguridad sostiene que la norma transformó el entonces Departamento de Vigilancia de la Alcaldía en una Policía Municipal con nuevas funciones y una estructura más profesional y jerarquizada, invadiendo competencias que corresponden a los estamentos de seguridad del Estado. Antes de esta acción, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo No. 162, pero el recurso no fue admitido por la Corte por razones formales. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad optó por la vía contencioso-administrativa y presentó la demanda de nulidad que actualmente tramita la Sala Tercera. En ese proceso deberá abrirse también un período para la presentación de pruebas y argumentos de las partes. Mizrachi ha defendido la creación de la Policía Municipal y ha sostenido que este cuerpo busca complementar las tareas de seguridad que desarrolla la Policía Nacional en el distrito capital. La controversia tuvo recientemente otro episodio. El Ministerio de Gobierno exploró la posibilidad de incorporar a 75 agentes municipales a labores de apoyo del Sistema Penitenciario. Sin embargo, posteriormente informó que el acuerdo no llegó a formalizarse porque, tras su evaluación, se determinó que no era jurídicamente viable. Gabriel Martínez se convirtió en el imputado número 22 por ser parte de una red criminal que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que manipuló el sistema electrónico e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales. Martínez está ligado a tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por la red como intermediarias para movilizar los fondos y colocar los créditos fiscales: Multiservicios Instant Express, Buzz Marketing 2.0. y Berajah Tikva & Company S.EP. En una audiencia celebrada el pasado jueves 10 de septiembre -un día después de su aprehensión por agentes policiales. la juez Clara Montenegro acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público y ordenó la detención provisional de Martínez, mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios. La fiscal Elizabeth Carrión alegó ante la juez que Martínez era parte de la estructura criminal que operaba a lo interno de la DGI, que se dedicaba a manipulaciín y alteración de créditos fiscales que luego eran vendidos a empresas que los consideraban legítimos. A Martínez se le atribuye haber utilizado sociedades canasta para captar hasta $21 millones en créditos fiscales en asocio con funcionarios de la DGI. Martínez figura como tesorero de Multiservicios Instant Express, cuyo presidente actual es Juan Omar Palacio Batista. Hasta el año pasado, el presidente era Héctor Luna. Palacio y Luna fueron aprehendidos como parte de la operación Pandora, en junio pasado. De Palacio, otro fiscal -llamado Dagoberto Alvarado- lo ha descrito como “uno de los principales puntos de conexión dentro de la estructura financiera investigada, al mantener relación con diversas personas vinculadas al caso”. Luna y Palacio, a su vez, están vinculados a Berajah Tikva, la cual tiene como presidente y representante legal a Martínez. En cuanto a Buzz Marketing 2.0., Luna aparece como tesorero. Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI INVESTIGACIÓN Según las investigaciones que adelanta la fiscalía, estas tres sociedades eran utilizadas como canasta para la compraventa de los créditos fiscales. Martínez habría realizado pagados a funcionarios de la DGI. Se calcula que la red ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones. Entre los documentos que maneja la fiscalía, están las transcripciones de las comunicaciones interceptadas a los integrantes de la red, con detalles de cómo se realizaba la operación. La fiscalía también tiene declaraciones de Eduardo Silvestre y Rina Arza, quienes colaboran con la investigación, y dieron detalles de la participación de Martínez en el esquema que operaba dentro de la DGI. Silvestre era el jefe de Cuentas Corrientes de la DGI. Arza también fue funcionaria de la DGI. En la investigación, que ya alcanza 91 tomos, la fiscalía ha logrado establecer que la red tenía varios niveles operativos: estaban los funcionarios que alteraban el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de los créditos fiscales; otro grupo, conformado por abogados y operadores, creaba sociedades para colocar los créditos de manera temporal, y otro más se encargaba de su venta y la posterior distribución del botín. La juez Montenegro consideró que, en el caso de Martínez, la detención provisional era la medida cautelar más idónea, ya que existe riesgo de fuga y de alterar pruebas. La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de los funcionarios de la DGI. Juan Manuel Díaz C. [email protected] La red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
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4A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 Panorama El mayor gigante político que ha tenido Panamá en su historia fue el PRD. Y digo fue, porque, aunque todavía conserva el mayor número de miembros inscritos en un partido –unos 550 mil–, en 2024, se desmoronó un mito: entre más inscritos, más oportunidades hay de ganar una elección… y de negociar alianzas liderando una coalición. Ese año, en la contienda presidencial, el candidato responsable de la más humillante derrota electoral que haya sufrido el PRD en toda su historia fue Gaby Carrizo. Pero no fue el único culpable. La degradación como opción política fue brutal. En 2019, Laurentino Cortizo ganó la Presidencia con 633 mil votos. Para entonces, solo Martín Torrijos lo superaba en votos: 711 mil le dieron la Presidencia en 2004. Ni siquiera en el peor momento de su historia –en 1989– el PRD había sido derrotado de forma tan insultante. Ese año, el candidato Carlos Duque Jaén obtuvo 185 mil votos, aunque fue un número significativo, pues el electorado era mucho menor que el actual. Carrizo ni siquiera pudo acercarse a los primeros lugares: con mucho esfuerzo, solo logró 134 mil votos en todo el país, 126 mil del PRD. Hasta Mayer Mizrachi le sacó ventaja –161 mil votos– para el cargo de alcalde. Si Martín Torrijos decidiera crear su propio partido, el PRD pasaría a ser del montón, junto a los que no pasan de 300 mil inscritos. El hijo del que hizo posible la existencia del PRD logró apuntarse mucho más del doble de los votos que Carrizo: 365 mil votos y en clara desventaja: sin partido, sin tanta plata, sin organización y una candidatura casi improvisada. Entonces, si se diera la escisión, ¿qué pasaría? Al observar al PRD, percibo agonía, estertores. Los lodos le llegan al rostro a los que aún guardan esperanzas, aferrados a unos pocos troncos que aún flotan sobre la incertidumbre. Si hay gritos de auxilio, estos están ahogados como la propia existencia del partido, cuyos miembros parecen resignados o impotentes ante el desastre que barrió y enterró al mayor partido del país, que en su mejor momento llegó a tener 750 mil adherentes. El responsable directo de la catástrofe enfrenta un proceso de enriquecimiento injustificado. Pero, aunque está “preso” en su casa, no se siente derrotado. De hecho, hasta posó para ser fotografiado cuando era conducido –esposado– a una audiencia, foto que todos los políticos le rehúyen desesperadamente. Razones tendrá para haber posado, a pesar de que los hechos poco lo acompañan. Carrizo pasó de ser un insípido mortal en 2024 a ser parte del Olimpo. En mayo de 2019 –dos meses antes de ser juramentado vicepresidente– declaraba ingresos ante la Caja de Seguro Social de $653 mensuales (que le pagaba una empresa familiar: Grupo Gali). Cinco pasos de baile después, en 2024, declaró $9 millones de patrimonio familiar. Antes de ser funcionario, pasó de vivir en una modesta casa en Penonomé a residir semanas después en un apartamento de $1.5 millones, en una de las zonas residenciales más exclusivas del país. Con ese dinero, habría podido comprar el equivalente a 25 casas en el barrio donde residía. El otro responsable del desastre es el director del equipo: Benicio Robinson. Ni siquiera por vergüenza ha dimitido. En su lógica, presumo que piensa que la derrota fue del candidato, no de él. No renunciaría ni aunque el PRD se parta en dos. Ese no es su problema ni le preocupa. Su única meta es ganar el título – no la responsabilidad– de presidente del PRD. Lo demás es asunto de otros, no de él. Si medio PRD se marcha con Torrijos, Robinson culpará a otros, no a él; si el PRD vuelve a perder la Presidencia, culpa de otros, no de él; si el partido solo saca tres diputados, los responsables serán los perdedores, no él; si el PRD se vuelve irrelevante, no será su culpa, será de otros. Incluso, si Robinson pierde su curul, será por culpa del clima, porque ese día llovió o quizás le hicieron trampa, pero jamás asumirá la responsabilidad de absolutamente nada. La crisis que viven los partidos políticos la pretenden solucionar eliminando la posibilidad de que los independientes ganen, pero en ningún caso los partidos pretenden cambiar. Es preferible reformar el sistema, las reglas, la ley, la Constitución, hasta las costumbres, pero los políticos no. ¡Nada de cambios! Prefieren contemplar cómo se hunde el barco que reparar los daños, ignorando que ellos son, precisamente, el barco. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Encuentro Embajador de China visita Corprensa El embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, visitó Corporación La Prensa (Corprensa) acompañado de su equipo diplomático, y conversó con miembros del equipo directivo y editorial sobre los proyectos de cooperación de su país con Panamá. Durante el encuentro también se refirió a la celebración, este 14 de septiembre, del aniversario de la fundación de la República Popular China. Panamá y China mantienen relaciones diplomáticas desde el 13 de junio de 2017. En la foto, el presidente de Corprensa, Jorge Molina, junto al embajador Zhang Xiangyan. LP Alias Dimax mantiene una condena de 500 meses de prisión en Colombia por varios delitos. Cortesía/Migración Alias Dimax estuvo preso con otro nombre Juan Manuel Díaz C. [email protected] RED CRIMINAL Juan Carlos Castillo cumplió en Panamá una condena a 48 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales bajo el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona. El Juan Carlos Castillo Vaca (alias DiMax), presunto cabecilla de una red criminal colombiana dedicada a la extorsión, el sicariato y el blanqueo de capitales, cumplió una pena de 48 meses de prisión en Panamá con una identidad falsa. Castillo, quien es requerido por las autoridades colombianas cumplió una condena de cuatro años en suelo panameño por el delito de blanqueo de capitales bajo el nombre de Gabriel Ángel Lozano Verona, pero tras cumplir la pena, luego de una verificación por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración, se logró verificar su verdadera identidad. Durante la revisión se confirmó que Gabriel Lozano es en realidad Castillo Vaca y tiene vigente un requerimiento de las autoridades de su país por una condena de 500 meses de prisión por vinculación a una red criminal que opera en el Departamento del Valle del Cauca que se dedica al cobro ilegal de deudas, sicariato, extorsión y homicidios. El aprehendido es considerado un sujeto peligroso y con conexiones con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, para quienes realizaba cobros por deudas a través del alquiler de sicarios. Inicialmente, Castillo Vaca estuvo internado en el albergue de Migración en la ciudad de Panamá, pero luego fue enviado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) debido a su perfil criminal y para que se gestionen los trámites para su deportación o extradición hacia Colombia. ¿Qué son oficinas de cobro en Cali? Las oficinas de cobro de Cali son estructuras criminales que se encargan de cobrar a la fuerza dinero pendiente derivado del negocio de las drogas o actividades ilícitas. Para ello reclutan sicarios, a menudo integrantes de pandillas locales, para cometer homicidios, extorsiones y represalias armadas. También participan en luchas por el control territorial con bandas dedicadas al tráfico de drogas a las que dan apoyo. Hasta ahora se desconoce si el aprehendido mantiene contactos con grupos criminales en Panamá o si llegó a Panamá huyendo de las autoridades colombianas.
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6A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 Panorama El informe señala que la red opera desde la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNPI). Foto tomada de @policiadepanama Policía: ‘No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos’ Eliana Morales Gil [email protected] ESPIONAJE La Policía Nacional admite que utiliza agentes encubiertos para operaciones de seguridad, mientras organizaciones sociales denuncian que una estructura policial habría penetrado grupos sindicales, indígenas y ambientalistas. Un mayor de la Policía Nacional (PN) estaría a cargo de una estructura que no aparece en el organigrama oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Trabaja presuntamente desde las oficinas del cuartel central de Ancón, sin autorización judicial, según un documento de 121 páginas preparado por organizaciones sindicales y sociales, que describe casos de supuesto espionaje. La red de vigilancia alcanzaría a sindicalistas, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, entre otros, quienes responsabilizan al presidente José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; al director de la PN, Jaime Fernández; al director de la DNIP, Julio Cedeño, y al mayor Carlos Carvajal. Agrupaciones como la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) (cuya disolución fue demandada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, de acuerdo con el documento, están entre las organizaciones afectadas. “Implica graves violaciones a los derechos humanos que afectan a gran cantidad de organizaciones”, dijo el dirigente sindical Eduardo Gil en una conferencia de prensa celebrada el pasado martes. El documento -que fue revisado por este diario- detalla nombres, rangos y funciones, y muestra un organigrama de 11 áreas operativas, fotografías y episodios puntuales de presunta infiltración. La Policía Nacional consideró que estas denuncias son “infundadas”, aunque reconoció que opera con “agentes encubiertos”, más no “infiltrados”. “No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”, remarcó la PN en un comunicado divulgado la noche del pasado jueves, luego de que La Prensa solicitara una reacción sobre estas acusaciones. Una planilla de al menos $30 mil al mes Según el documento, la red “está integrada por más de 40 personas a nivel nacional”; 25 están identificadas por nombre, rango y un número de posición interno. El documento calcula que, “solo en esta planilla parcial”, el Estado destina “más de $30 mil mensuales” presuntamente en salarios, sin contar gastos de “vehículos, combustible, viáticos, alimentación, alquileres, equipos tecnológicos, software, asesores y armamentos”, ni las “compras secretas” del Ministerio de Seguridad y los costos judiciales de los procesos que atribuye a esa red. El mayor Carlos Carvajal, según el informe, estaría al mando de la operación desde finales de 2023 -en la recta final del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando asumió la jefatura en medio de las protestas contra la concesión minera de Cobre Panamá. La estructura, dice el documento, se habría fortalecido en el gobierno de José Raúl Mulino y se formalizó el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la DNIP, sin figurar en el organigrama oficial de esa dirección. ¿Supuesta ONG? El documento describe hechos que presuntamente habrían ocurrido en Donoso y Río Indio, áreas del país donde el Ejecutivo evalúa reactivar la mina de cobre y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) construirá un embalse, respectivamente. Ahí, según el informe, la red opera bajo la fachada de una supuesta organización llamada Centro de Acción Solidaria, con una cuenta de TikTok que sirve para “generar confianza” con líderes comunitarios y “anticipar oposición” a esos proyectos. El texto describe el caso de un sargento que, según la denuncia, se infiltró desde 2022 en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, participó durante año y medio en reuniones de organizaciones campesinas, católicas, estudiantiles y ambientalistas en Río Indio, y se presentaba como estudiante universitario. En la comarca Ngäbe-Buglé, el expediente atribuye a otro sargento el seguimiento del activista Kevin Sánchez desde 2022, con una precisión inquietante: según el texto, ambos “son amigos”, pero Sánchez “no se ha dado cuenta de que es un miembro de la policía”. Mientras que un cabo estaría asignado al dirigente Toribio García y a otros líderes de la comarca, con base, dice el documento, en “una casa clandestina alquilada en Remedios, Chiriquí”. La versión de la Policía Nacional La Prensa consultó a la Policía sobre el tema. En consecuencia, la entidad emitió un comunicado en la noche del jueves. Asegura que “todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos” que les asisten. También protesta porque se ha divulgado información personal de sus agentes, lo que pone en riesgo su seguridad. “Nuestras acciones están alineadas con objetivos específicos, respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros, dentro del marco de la ley. En este sentido, buscamos garantizar la paz y tranquilidad ciudadana”, dice la nota de prensa. Además, añade que la mayoría de los funcionarios mencionados en el informe han participado en “diversas investigaciones y diligencias de allanamiento” realizadas por el Ministerio Público a estos grupos sindicales. La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar los hechos denunciados en el informe, “con absoluta celeridad, independencia e imparcialidad”, para determinar su veracidad. Igualmente, emplazó a la Defensoría del Pueblo a iniciar una “queja de oficio” y solicitar las explicaciones oportunas a la PN y al Ministerio de Seguridad. La Universidad de Panamá (UP) negó que la orden de búsqueda de Luis Alberto Gaitán Mendoza tenga relación con el contrato de construcción del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito. El CRU fue adjudicado al Consorcio HCG, que preside Gaitán, a quien la Policía busca por estar presuntamente relacionado con los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y corrupción de funcionarios. La Policía Nacional (PN) no ha especificado por qué busca a Gaitán, pero el rector de la UP, Eduardo Flores, sostiene que los delitos que se le endilgan no están relacionados con el CRU. “No lo creo, ya que la empresa del señor Gaitán no pone dinero para la construcción del Centro. Por el contrario, en función del avance de la obra y su verificación, nosotros tenemos que pagarle”, precisó Flores. Además, la UP divulgó un comunicado en el que asegura que una auditoría de la Contraloría realizada al contrato el año pasado no identificó “debilidades”, “irregularidades” o “fallas” relacionadas con su gestión, ejecución y supervisión. Sostiene que en la licitación, que se llevó a cabo a partir de 2018, se exigió que todos los proponentes presentaran una carta de referencia bancaria e intención de financiamiento, “expedidas por instituciones bancarias reguladas y sujetas a estrictas políticas de debida diligencia… cuya finalidad es mitigar el riesgo del Estado, asegurando solvencia, integridad y financiamiento”. El contrato adjudicado al consorcio representado por Gaitán fue refrendado el 10 de diciembre de 2019. Originalmente, se pactó por un monto de $65.9 millones, pero —ocho adendas después— acabará costando casi $88.3 millones. Lo mismo ocurrió con el calendario de entrega: la obra tenía que ejecutarse en 750 días y estar lista el 20 de abril de 2022. Finalmente, se le concedieron 2,132 días. Debía entregarse el 31 de enero de 2026. El rector Flores dijo que está terminada, ya que lo que falta, si acaso, es un “1%”, que corresponde UP defiende obras del CRU tras orden de captura contra el contratista FONDOS PÚBLICOS a una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que tomar en cuenta que el proyecto no cuenta con autorización del Idaan para conectarse a la línea sanitaria existente en la barriada Las Cumbrecitas. No es la primera vez que el rector sale a desmentir irregularidades con el consorcio y sus integrantes. El socio de Gaitán es Juan José Zonta Sing, quien figura como tesorero y secretario del Consorcio HCG. Zonta también es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un club de fútbol que hasta 2020 había estado presidido por el diputado del PRD, Raúl Pineda. El año pasado, el Ministerio Público manejaba informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que señalaban que el diputado, su hijo Abrahan Rico Pineda y otras dos personas detenidas en la operación Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU. Esos fondos correspondían a pagos recibidos por los trabajos del CRU. Aquella vez, la UP se desvinculó del uso de esos dineros y sostuvo que no tiene responsabilidad sobre la gestión de los fondos que recibe su contratista. El Consorcio HCG cobra “por avance de obra”, luego de unas inspecciones técnicas. El último pago, refrendado por Contraloría, es por poco más de $6 millones. Mónica Palm [email protected] La construcción del CRU de San Miguelito comenzó en abril de 2020 y debía concluir en 2022. Adendas al contrato extendieron el plazo y trabajos pendientes han vuelto a retrasar su entrega. Archivo Organizaciones sociales denunciaron los hechos en conferencia de prensa el pasado 8 de septiembre. Cortresía: Guásimo Multimedia
7A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sación vigente comienza en apenas 1% del promedio de las últimas tres facturas, adicionando 0.02% por cada cuatro horas adicionales, hasta un máximo de 2%. En 2013 comenzaba en 10%, aumentaba 5% por cada cuatro horas adicionales y podía alcanzar 50%. En 2019 estas condiciones fueron reducidas mediante resolución. Si proponemos multas millonarias, debemos preguntarnos si la compensación directa al usuario continúa siendo razonable, o nos pone en desventaja. Además, si la distribuidora conoce cuándo comenzó y terminó una interrupción, la compensación no debería ser automática. La propuesta plantea publicar información sobre capacidad disponible de las redes y puntos de interconexión. Pero conocer la capacidad es solamente parte de la solución. También debemos garantizar transparencia en cómo se asigna. Cuando exista capacidad limitada y proyectos interesados, deberían utilizarse mecanismos competitivos y verificables para asignar, incluyendo subastas cuando corresponda. El derecho de interconexión debe estar sujeto a hitos concretos de desarrollo, inversión y construcción, pues licencias y concesiones no bastan. Si el desarrollador incumple injustificadamente el cronograma, debe ser penalizado y perder la capacidad asignada para que pueda ofrecerse nuevamente. La capacidad de la red es un recurso escaso y estratégico; no debe conLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. PISA y la generación de las pantallas Educación gos de la educación tampoco nadie les prestó atención. El informe reciente muestra una caída histórica en el rendimiento académico atribuida al uso excesivo de redes sociales y a la menor participación de los padres. La distracción restringe la concentración de los chicos y la poca actividad proactiva de los padres, tal vez por los excesos de una sociedad del rendimiento, la productividad y el cansancio, como ha señalado Byung-Chul Han, ha desconectado a la familia. Tampoco podemos culpar de todo a las redes. En Panamá estamos atrapados en un estanque como resultado de la ausencia de políticas y planes estratégicos, de la falta de apoyo real al docente, de no querer trabajar articuladamente y del descuido del rol de las familias. Y no se trata solo de las familias de contextos pobres; las pruebas PISA muestran que hay serios problemas de aprendizaje en niveles socioecon ómicos más altos. El alto decrecimiento de la educación ha concentrado la discusión en torno a lo digital como la causa principal. Hay un debate sobre el impacto de las pantallas en el aprendizaje. Si bien es cierto que hacen falta estudios que lo prueben, es imposible no sospechar que la IA es parte del problema; la tecnología no tiene ninguna intención de detenerse para que leamos más libros o seamos mejores humanos. Carlos Fong Modernizar el sector eléctrico es mucho más que modificar la Ley 6 Proyecto de Ley Panamá tiene nuevamente una oportunidad importante para revisar las reglas que han acompañado al sector eléctrico durante décadas. El proyecto del Ejecutivo contiene cambios positivos y atiende problemas reales de calidad del servicio, protección de los usuarios, fiscalización, modernización de redes y transparencia. Se fortalecen las facultades del regulador, aumentan las sanciones, se establecen plazos para reclamaciones, incorpora el silencio favorable al usuario y exige mayor información sobre la capacidad disponible en las redes. Sin embargo, seguimos concentrándonos en corregirelsistemaquetenemos,cuandoesta reforma debería ayudarnos a construir el sistema eléctrico que necesitaremos durante los próximos veinte años. Un ejemplo es la calidad del suministro. Para la compensación específica por interrupción individual prolongada, en áreas urbanas y suburbanas hablamos de cuatro horas. Si se excede ese tiempo, la compenveinte años debería existir obligatoriamente un Estudio de Necesidad, Alternativas e Impacto Tarifario Económico, que sea público y verificable. Si se decide contratar gas, hidroeléctrica, solar, eólica, almacenamiento o combinaciones, debemos conocer las alternativas evaluadas, costos, aportes energéticos, flexibilidad, riesgos y confiabilidad. La política energética puede definir objetivos; la competencia debería encontrar la solución más eficiente. También debemos incorporar almacenamiento, respuesta de demanda, agregadores, microrredes y consumidores activos; estudiar la separación progresiva entre distribución y comercialización, como ha planteado VAMOS; y fortalecer la independencia del Centro Nacional de Despacho respecto de ETESA, elevando a la ley la independencia real que nuestra regulación ya reconoce. El Ejecutivo y VAMOS proponen ideas importantes. Podemos tomar lo mejor de ambas y mejorarlo. Después de casi treinta años tenemos una oportunidad extraordinaria. No se trata solamente de modificar la Ley 6, sino de asegurar un sistema moderno, robusto y transparente, con compensaciones justas, autoconsumo, electromovilidad, almacenamiento, medición inteligente, interconexiones transparentes, licitaciones con verdadera rendición de cuentas y un operador independiente. Apuntemos a un sistema eléctrico que impulse el desarrollo socioeconómico que Panamá merece. Opinión EL AUTOR es ingeniero y especialista en energía renovable,movilidad eléctrica y mercados energéticos. EL AUTOR es escritor. cuchar cuentos, garabatear y dibujar a papá y mamá. Los jóvenes no van a comprender nunca lo que leen en el papel si no lo hacen por placer. Un placer que sí encuentran en las pantallas. El celular se ha convertido en una extensión del cuerpo de la gente. Los celulares se han convertido en compañeros; amigos que antes eran los libros. Esto está sucediendo en todas las familias, ricas y pobres; los chicos han encontrado una forma de evadir la realidad a través de las pantallas. Es fácil criticar a la juventud porque sus integrantes no son capaces de comprender un texto o escribir bien un párrafo. Pero ¿lo hacemos mejor los adultos? Los adultos hemos sido incapaces de crear los escenarios de convivencia para ellos. Andamos con prisa, fabricando ruido, consumiendo y destruyendo lo que queda de bueno en la sociedad. Nos toca a todos hacer un esfuerzo. A las autoridades les toca mejorar las condiciones del sistema educativo y trabajar en políticas culturales de lectura coherentes; invertir en equipamientos culturales como bibliotecas, museos y centros culturales, donde la gente pueda ir a socializar, a encontrarse o simplemente a no hacer nada más que contemplar las cosas. A las familias les toca volver a conversar sin artefactos en la mesa. A la escuela le toca convertirse en un espacio poético y dejar de ser una prisión. Todavía estamos a tiempo, antes de que la matriz nos aniquile. Este martes, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dio a conocer los resultados de las pruebas PISA. Panamá no participó en la prueba. Sin indicadores que ayuden a tener una radiografía de la realidad, las decisiones frente a esta problemática pueden ser algo temerarias, porque no existen referentes. Por otro lado, los resultados de PISA a nivel mundial han mostrado el rendimiento más bajo en lectura, ciencias y matemáticas en toda la historia, y Panamá, aunque no fue evaluada, no se escapa de esta realidad. Las pruebas PISA evalúan el desarrollo cognitivo de estudiantes de 15 años. En este estudio participaron 91 países. Los expertos en educación están que se tiran de los cabellos, porque esto no es un hallazgo nuevo; solo es el relato de una muerte anunciada. Ya desde antes de la pandemia y en la pospandemia se advertía un empobrecimiento del aprendizaje y, al igual que ocurrió con los científicos que alertaban sobre el calentamiento global, a los antropóloNanik Singh Castillero No podemos mirar hacia otro lado e ignorar que la sobreestimulación digital causada por el uso de celulares, tabletas y videojuegos ha afectado la atención y la concentración profunda en los jóvenes. Las competencias de lectura y de lenguaje han sido seriamente influenciadas por los dispositivos electrónicos; y la lectura, ya está comprobado, es la base de todas las esferas del conocimiento. Michel Desmurget, doctor en neurociencia, ha dicho que los cerebros de los niños están en pleno desarrollo, lo que los hace mucho más vulnerables a los efectos de las pantallas en comparación con los adultos. Aunque la prueba PISA se aplica a jóvenes de 15 años, si hacemos referencia inmediata a su pasado, veremos que pertenecen a esa generación que Marc Prensky rotuló en 2001 con el nombre de “nativos digitales”, aunque no todos los que han nacido en la era digital tienen competencias digitales. Tengo la inquietud de que la solución al problema de la lectura no está en satanizar las pantallas, sino en regular inteligentemente su uso y, más importante aún, enseñar a los padres a ser más proactivos para poder proponer normas claras y explicarlas a los hijos, para que devengan en acuerdos familiares de felicidad. Un niño, desde la primera infancia, no necesita una pantalla, sino aprender a usar sus manos, esvertirse en un activo para especular. Panamá también necesita un programa nacional de Infraestructura de Medición Avanzada, que permita al usuario conocer consumo, demanda, voltaje, interrupciones e intercambio de energía prácticamente en tiempo real. El consumidor debe tener acceso a su propia información. El usuario ya no solamente consume electricidad, sino que puede producirla, almacenarla y administrarla. Por eso la reforma debe darle mayor importancia al autoconsumo solar, baterías y recursos energéticos distribuidos, garantizando acceso técnicamente responsable a las redes y evitando barreras innecesarias. El usuario debe ser el centro del sistema. Algo similar ocurre con la electromovilidad. Miles de vehículos eléctricos incorporarán nuevas cargas, pero también oportunidades. Con medición inteligente podemos incentivar la carga en momentos convenientes y preparar la regulación para carga inteligente. Licitaciones eléctricas La propuesta, de forma oportuna, modifica quién preparará pliegos, convoca, evalúa y adjudica. Pero sigue pendiente una pregunta: ¿quién determina qué debemos licitar y cómo demuestra que esa decisión representa la mejor alternativa para el sistema y los consumidores? Antes de comprometernos mediante contratos de diez, quince o Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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8A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 Deportes @prensa.deportes El futbolista panameño Édgar Yoel Bárcenas fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla, según informó su club, el Iraklis FC, a través de sus canales oficiales. “El futbolista de nuestro equipo Yoel Bárcenas se sometió a una intervención quirúrgica exitosa —una artroscopia de rodilla— para reparar una lesión de menisco. RECUPERACIÓN Bárcenas pasó por el quirófano Humberto Cornejo O. [email protected] Christian Beguer durante un entrenamiento de la selección. Cortesía/Fepafut Christian Beguer se despide tras seis años como preparador físico de La Roja FÚTBOL El preparador físico español Christian Beguer puso fin a su etapa con la selección de Panamá, cerrando un ciclo de seis años en el que, más allá de los resultados deportivos, dejó una huella marcada por la construcción de identidad y un fuerte vínculo con el país. “En julio finalizó mi contrato con la Federación y hoy siento que ha llegado el momento de despedirme de un lugar que durante todos estos años he sentido como mi casa”, expresó Beguer en su carta de despedida, en la que resumió un proceso que acompañó el crecimiento competitivo de la Roja. Durante su gestión, Panamá logró consolidarse en el plano internacional, alcanzando subcampeonatos en la Nations League y la Copa Oro, además de asegurar su clasificación al Mundial de 2026. Sin embargo, el propio preparador físico enfatizó que su mayor satisfacción trasciende los resultados. “Pero hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso y no aparece en ninguna clasificación ni se mide únicamente con resultados. Durante estos años hemos trabajado para construir algo. Una identidad”, destacó. Beguer fue una figura cercana al grupo de jugadores y al entorno de la selección, ganándose el respeto interno y el reconocimiento de la afición, que valoró su compromiso y profesionalismo a lo largo del proceso. En su mensaje, también subrayó el valor humano de la experiencia. “Al final, después de tantos entrenamientos, partidos, viajes y concentraciones, uno descubre que lo verdaderamente importante no son únicamente las medallas o los resultados. Son las relaciones que quedan”. El español se marcha con un mensaje claro sobre su conexión con el país: “Panamá será uno de ellos. Gracias por estos seis años. Gracias por hacerme sentir uno más. Y gracias por permitirme formar parte de vuestra historia. ¡¡Vamos Panamá!!” Humberto Cornejo O. [email protected] Jugadores de la selección durante un entrenamiento. Cortesía/Fepafut Felipe Baloy define su convocatoria Sub-17 para la gira en España PREPARACIÓN La selección Sub-17 de Panamá entra en la fase final de su preparación mundialista con la convocatoria de 24 jugadores para la gira que realizará en Salou, España, donde disputará dos partidos amistosos ante Australia y Marruecos. El seleccionador Felipe Baloy delineó un grupo que servirá como base para afrontar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, en una etapa clave para ajustar el funcionamiento, evaluar variantes y consolidar el modelo de juego antes de la competencia oficial. El plantel viajará el próximo domingo 20 de septiembre en horas de la tarde, luego de completar su última semana de entrenamientos en territorio nacional. Ya en suelo español, Panamá afrontará compromisos de exigencia internacional que permitirán medir el nivel competitivo del equipo. En ese sentido, disputará sus encuentros en el Mediterranean Sports Hub, en Salou, España, enfrentando a Australia el 24 de septiembre y posteriormente a Marruecos el 26, como parte de su preparación directa hacia la cita mundialista. El cuerpo técnico apuesta por un equilibrio en todas sus líneas. En la portería estarán Luis López y Adamir Aparicio. En defensa destacan Anthony Murillo, Neir Marrugo, Alberto Adams, Cristian Ibarra y Giancarlo Alemán, además de Stephen Domínguez y Gabriel Quiroz. En el mediocampo, Baloy convocó a Alfredo Maduro, Lucas Norte, Alexander Tull, Lucio Ceballos, Jossimar Insturain, José Asprilla, Oliver Pinzón, Estevis López, Joseph Choy y Joseph López. En ataque, el equipo contará con Thiago Chalmers, Jorshua Gómez, Ronaldo Matos, Cristian Morán y Joshua Payton. Panamá formará parte del Grupo A del Mundial, junto al anfitrión Catar, Egipto y Grecia. Su debut será el 19 de noviembre ante el equipo local; luego enfrentará a Grecia el 22 y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el 25. La bandera panameña y un cinturón de campeón acompañan la despedida de Ismael Laguna, reflejo de la grandeza de un ícono. Elysée Fernández Panamá despide a Ismael Laguna, al gran ‘Tigre de Colón’ Humberto Cornejo O. [email protected] GRANDEZA En una ceremonia en la Iglesia Santísima Trinidad, la leyenda istmeña recibió el reconocimiento a su legado como doble campeón mundial y símbolo del boxeo nacional. Entre respeto y una profunda emoción colectiva, Panamá le dio este ayer el último adiós a Ismael Laguna. Desde las 11:00 a.m., la Iglesia Santísima Trinidad se convirtió en el punto de encuentro de familiares, excampeones, dirigentes y aficionados que acompañaron al “Tigre de Colón” hasta su última morada, en una despedida acorde a la dimensión de su legado. La presencia masiva reflejó el impacto de quien fue mucho más que un campeón, ya que fue una figura que marcó una época y que elevó el boxeo panameño a su máxima expresión. Laguna, fallecido el pasado 8 de septiembre a los 83 años, deja un vacío irreparable en el deporte nacional. Hablar de Ismael Laguna es referirse a la esencia misma del boxeo en Panamá. Su talento, disciplina y estilo técnico lo convirtieron en el “ídolo de ídolos”, un referente indiscutible para generaciones de pugilistas que encontraron en él el modelo a seguir. Su consagración llegó el 10 de abril de 1965, en una noche histórica en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, cuando derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz para conquistar los títulos mundiales de peso ligero de la AMB y el CMB. Aquel combate no solo lo coronó campeón, sino que posicionó al país en la élite del boxeo mundial y encendió una pasión que perdura hasta hoy. La rivalidad con Ortiz definió una era, mientras que su capacidad de resiliencia quedó evidenciada en 1970, cuando recuperó el título mundial tras vencer por nocaut técnico a Mando Ramos en Los Ángeles, consolidando su lugar entre los grandes de la historia. Su récord profesional, con 65 victorias (37 por nocaut), 9 derrotas y 1 empate, está respaldado por un dato que lo distingue: nunca fue noqueado ni derribado, reflejo de una defensa excepcional y una lectura del combate fuera de lo común. Fuera del ring, Laguna también dejó huella como ejemplo de disciplina y rectitud, valores que fortalecieron su figura como símbolo nacional. En 2001, su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Ayer, Panamá no solo despidió a un campeón, sino a una leyenda que definió una era. Ismael Laguna se marcha, pero su legado permanece intacto en la memoria deportiva del país.
1B La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 Chapman: faltan medidas para mejorar grado de inversión El titular delMEF indicó que actualmente están concentrados en el presupuesto, por lo que las medidas y reformas adicionales podrían avanzar para presentarlas en la próxima legislatura. Según Chapman, Panamá tiene un costo de financiamiento menor que el de otros países con la misma calificación crediticia. EFE Reina Katiuska Hernández [email protected] Las calificadoras ponen nota. Los mercados ponen precio. Y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que hay que prestar atención a ambos. Durante un foro en Panamá, organizado en torno a la evaluación de riesgo del país por Moody’s Ratings y otro sobre inversionistas del mercado de valores, Chapman coincidió con el diagnóstico de la calificadora sobre los dos grandes retos que enfrenta Panamá para fortalecer su posición crediticia: la sostenibilidad fiscal y las reformas institucionales. Pero mientras Moody’s señala las tareas pendientes, Chapman puso el foco en otro juez que, a diferencia de una calificadora, evalúa a Panamá: los mercados. “Los mercados todos los días emiten una opinión del riesgo país”, señaló. Para Chapman, esa opinión tiene una ventaja frente a la fotografía que ofrece una calificadora: se refleja todos los días en un precio. Es el costo que los inversionistas están dispuestos a cobrarle a Panamá por prestarle dinero. Por eso, dijo, no basta con mirar la calificación. El mercado también está diciendo algo sobre el país y, en este momento, esa señal es relativamente favorable. Según Chapman, Panamá tiene un costo de financiamiento menor que el de otros países con la misma calificación crediticia. El comentario cobra especial relevancia en un momento en que Moody’s mantiene a Panamá en Baa3, grado de inversión, pero con perspectiva negativa. Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, había resumido la situación con una frase poco habitual: Panamá “es grado de inversión y no es grado de inversión al mismo tiempo”. Las tareas pendientes Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, señaló que Panamá conserva fortalezas importantes, entre ellas una economía globalizada, perspectivas de crecimiento y capacidad para enfrentar choques externos. Las principales dudas están en las finanzas públicas, particularmente por la rigidez del gasto, la limitada base de ingresos y las presiones de la deuda. Chapman dijo que coincide con buena parte de las observaciones y confirmó que el Gobierno prepara una agenda de reformas que deberá pasar por la Asamblea Nacional. No será ahora. “En este momento nuestra prioridad con la Asamblea es el presupuesto”, afirmó. Las reformas, agregó, se impulsarían en la próxima legislatura, a partir de enero de 2027. Chapman defiende las cuentas Ante corredores de bolsa, banqueros e inversionistas, Chapman defendió la evolución reciente de la economía panameña. Citó las proyecciones de crecimiento de la Cepal, de 4.4% para 2026 y 4.6% para 2027, y destacó que el IMAE acumuló un crecimiento de 5.4% a junio. En materia fiscal, dijo que el déficit del sector público no financiero se ubicó en $2,642 millones a julio, $313 millones menos que en el mismo periodo de 2025. Como proporción del PIB, pasó de 3.27% a 2.78%. Para 2027, el Gobierno plantea aumentar 12% el gasto de capital y reducir 5% el gasto operativo. “Estamos creciendo y simultáneamente estamos reduciendo el déficit”, afirmó Chapman. El reclamo por el presupuesto Ante ese público financiero, Chapman también dejó salir su molestia por la forma en que se está dando el debate sobre el presupuesto en la Asamblea Nacional. El ministro cuestionó que buena parte de la discusión ocurra cuando, según explicó, la Constitución ya limita las posibilidades de modificar el proyecto, en lugar de concentrarse en la etapa de elaboración del presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas. La Constitución de la República de Panamá indica que la Asamblea Nacional no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la Aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República. Pero esas limitaciones no eliminan el papel de la Asamblea en el examen del presupuesto. Las objeciones de los diputados sobre gastos que consideran innecesarios, así como sus solicitudes de recursos para inversiones que consideran prioritarias, forman parte del debate y del control que ma que declaró inconstitucional la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Sus defensores sostienen que la actividad generaba empleo y movilizaba inversiones y servicios en distintas áreas de la economía, más allá de la operación minera. Empleo El ministro también puso el mercado laboral como ejemplo de la recuperación económica. Informó que durante el primer semestre se registraron 174,379 contratos de trabajo, 31,461 más que en el mismo periodo del año anterior, un aumento de 22%. Sin embargo, el número de contratos registrados no equivale necesariamente a nuevos empleos. Analistas económicos han advertido sobre esta diferencia al analizar la paradoja de un mercado laboral en el que aumentan los contratos mientras el desempleo permanece elevado. En materia fiscal, Chapman aseguró que el Gobierno avanza en la reducción del déficit. A julio, el déficit del sector público no financiero se ubicó en $2,642 millones, $313 millones menos que en el mismo periodo de 2025. Como proporción del PIB, pasó de 3.27% a 2.78%. Habrá que esperar cómo evolucionan los ingresos y los gastos durante el segundo semestre para determinar si esa mejora se sostiene. Los ingresos totales aumentaron 8%, mientras que el gasto creció 2.8%. Para 2027, el Gobierno plantea aumentar 12% el gasto de capital y reducir 5% el gasto operativo. Frente a los inversionistas, Chapman defendió la idea de que crecimiento y disciplina fiscal pueden avanzar juntos. “Estamos creciendo y simultáneamente estamos reduciendo el déficit”, afirmó. Ante los inversionistas, Chapman jugó de local. FINANZAS PÚBLICAS corresponde al Legislativo. Chapman aprovechó la tribuna para cuestionar lo que considera presión mediática y el peso de las redes sociales en algunas decisiones. “Bienvenido al trópico salvaje”, dijo al referirse a los titulares y críticas que acompañan las decisiones del Gobierno. Su reclamo fue que la discusión de las políticas públicas debería centrarse más en sus efectos y menos en el impacto mediático de las decisiones. Cobre Panamá, otra pieza de la ecuación La decisión que tome el Gobierno sobre Cobre Panamá también será una variable relevante para la trayectoria fiscal del país. Chapman reiteró que la comisión de alto nivel que integra junto con los ministros de Comercio e Industrias y Ambiente entregará en las próximas semanas sus recomendaciones sobre el futuro de la mina. La explotación permanece suspendida desde el fallo de la Corte SupreEconomía & negocios @prensaeconomia ADEMÁS Mercado de Valores registra crecimiento de 69.6 % 2B
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