1A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 7 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15680 El Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos acumula una cadena de absurdos: obras iniciadas sin contrato, cotizaciones solicitadas meses después, una contratación directa gestionada con trabajos en marcha y, finalmente, la decisión del ministro Fernando Boyd Galindo de cancelarla para licitar. VEA 6A Una contratación al revés en el Minsa Hoy por hoy Desde hace años, el fuero penal electoral entra y sale del quirófano legislativo, pero casi siempre conserva buena parte de sus privilegios. En 2020, por ejemplo, el Tribunal Electoral propuso excluir a presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos. La partidocracia cerró filas y la iniciativa naufragó. Ahora, el Tribunal vuelve con una fórmula más modesta: excluir únicamente a vicepresidentes y subsecretarios, que en los organigramas partidarios se multiplican como hongos. Y, aun así, siete partidos votaron en contra. El fuero nació para proteger derechos políticos, no para convertirse en coraza frente a la justicia. Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares lograron suspender investigaciones mientras se tramitaban sus desafueros; y tres fiscalías tuvieron que pedir el levantamiento del fuero de Bernardo Meneses para continuar sus actuaciones. La Asamblea podría reducirlo a lo estrictamente indispensable. Pero quienes deben recortar el privilegio son los mismos que se benefician de él. Y ya sabemos lo difícil que resulta encargarle al ratón el inventario del queso. Vivir + Olfato, puerta invisible a nuestro mundo interior 5B Plaza Amador se afianza como líder en la Conferencia Este 4B Deportes Panorama Empiezan a activarse los movimientos políticos 2A Economía El BID advierte que el agua puede definir el futuro del país 3B Un nuevo intento por limitar el fuero penal José González Pinilla [email protected] REFORMA ELECTOAL El Tribunal Electoral ha propuesto que vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos pierdan el fuero penal electoral. El Tribunal Electoral propuso excluir del fuero penal electoral a los vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos. La iniciativa, que forma parte de las reformas al Código Electoral, enfrentó la oposición de siete partidos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y fue aprobada por ocho votos contra siete. Sin contar al resto de las estructuras directivas de los partidos que pueden beneficiarse del fuero, solo los vicepresidentes y subsecretarios de siete colectivos suman 58 cargos. Realizando Metas encabeza la lista, con 12 cargos —cinco vicepresidentes y siete subsecretarios— que quedarían fuera de esta protección si se aprueba la reforma. VEA 2A Presupuesto de la Universidad de Panamá: solo $25 millones de $379.4 millones serán para inversión FONDOS PÚBLICOS Aleida Samaniego C. [email protected] La Universidad de Panamá solicitó un presupuesto de $379.4 millones para 2027, $61.9 millones más que los $317.5 millones asignados en 2026, lo que representa un incremento de 19.5%. Del monto requerido, $354 millones, equivalentes al 93.4%, se destinarían a funcionamiento, mientras que $25 millones, el 6.6%, corresponderían a inversión. En 2026, la institución contó con $296.2 millones para funcionamiento y $21.3 millones para inversión. La universidad, que atiende a más de 86 mil estudiantes, sustentó ante la Asamblea Nacional la solicitud para el próximo año y explicó las necesidades que busca cubrir con el aumento presupuestario. La institución mantiene presencia en distintas regiones del país mediante sus facultades, centros regionales y extensiones universitarias, que forman parte de la estructura que debe financiar con los recursos solicitados para la próxima vigencia fiscal. VEA 4A Quedarían fuera 27 Es la cantidad actual de vicepresidentes que existen en los siete partidos legalmente constituidos. 31 Son los actuales subsecretarios generales de los partidos políticos. Tratados Torrijos-Carter: de la perpetuidad a la soberanía Hoy, cuando se cumplen 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, Rigoberto González Montenegro ofrece una mirada retrospectiva a la lucha de generaciones que permitió derrotar la perpetuidad impuesta en 1903 y recuperar la plena soberanía panameña sobre el Canal. VEA 7A Universidad de Panamá Presupuesto para el año 2027 en millones de dolares. Funcionamiento 6.6 % 93.4 % Inversión Fuente: Universidad de Panamá $25.0 millones $354.0 millones Presupuesto Total: $379.4 millones Cambio de timón en el Canal: del economista a la ingeniera A sus 73 años, el economista y matemático Ricaurte Vásquez deja la administración de la Autoridad del Canal de Panamá después de siete años marcados por la pandemia de 2020 y la crisis hídrica de 2023. Entre sus episodios más difíciles estuvo abril de 2025, cuando se negó a firmar con Estados Unidos una declaración sobre seguridad y operación de la vía. La ingeniera marina Ilya Espino de Marotta asume hoy como primera mujer al frente del Canal, después de más de cuatro décadas dentro de la institución. Entre sus mayores desafíos estará llevar a buen puerto el embalse de río Indio, una solución considerada fundamental para garantizar agua para la población y la vía interoceánica. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 Miembros de partidos políticos en la mesa de Reformas Electorales. Cortesía/Tribunal Electoral Vicepresidentes y subsecretarios quedarían sin fuero electoral José González Pinilla [email protected] ELECCIONES 2029 La propuesta también dejaría por fuera de este beneficio a delegados electorales y enlaces. Los vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos quedarían fuera de la protección del fuero penal electoral, de aprobarse la propuesta de reforma al Código Electoral que esta semana iniciaría su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado perredista Benicio Robinson. La exclusión de estos cargos impactaría directamente a las cúpulas de las organizaciones políticas. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) quedarían sin esta protección legal dos vicepresidentes —el exalcalde capitalino José Luis Fábrega y Jesenka Espinosa—, así como seis subsecretarios, entre ellos los diputados Raúl Pineda, Raphael Buchanan y Arquesio Arias, además del exrepresentante de San Francisco Carlos Pérez Herrera, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de peculado. Actualmente, el presidente del PRD es precisamente el diputado Benicio Robinson y la secretaria general es Balbina Herrera, exministra y excandidata presidencial. En el partido Realizando Metas (RM) quedarían excluidos cinco vicepresidentes, entre ellos Jaime Ford, uno de los imputados en el caso Odebrecht, y Lourdes Castillo, exdirectiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Además, no tendrían fuero penal electoral siete subsecretarios de RM, entre ellos la exministra Alma Cortés, quien fue investigada por la presunta comisión del delito de peculado, y Alejandro Pérez. El presidente de RM es Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia para evadir la condena por blanqueo de capitales de más de 10 años de prisión en el caso New Business, mientras que el secretario general es el diputado Luis Eduardo Camacho. En el Partido Popular (PP) dejarían de tener fuero seis vicepresidentes y tres subsecretarios. En el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) quedarían fuera de esta protección seis vicepresidentes, entre ellos la representante de corregimiento Sheyla Grajales y la exvicealcaldesa Judy Meana, además de tres subsecretarios. En el Partido Panameñista, la medida alcanzaría a tres vicepresidentes y tres subsecretarios. En Cambio Democrático (CD), quedarían excluidos dos vicepresidentes y tres subsecretarios. En el Frente Amplio por la Democracia (FAD) no estarían con este beneficio tres vicepresidentes, entre ellos el dirigente sindical Saúl Méndez, considerado prófugo internacional; así como seis subsecretarios. Propuesta y oposición La iniciativa para modificar el artículo 305 del Código Electoral y reducir el número de personas beneficiadas con el fuero penal electoral fue presentada por el Tribunal Electoral (TE) ante la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en septiembre de 2025. La propuesta encontró oposición desde el inicio. Alma Cortés fue una de las voces que se manifestó con mayor firmeza en contra de limitar el fuero durante la discusión de la iniciativa en la CNRE. “Con la exclusión se está violando un derecho fundamental”, cuestionó Cortés, quien también señaló que otros cargos dentro de los partidos, como los directores, sí conservarían el beneficio. “Hay partidos que tienen hasta 27 directivas. Pienso que excluirlos (a vicepresidentes y subsecretarios) es un retraso. No estoy de acuerdo”, dijo en su momento. Otro de los opositores fue Ricardo Torres, cuarto subsecretario del PRD. Aunque admitió que en muchas ocasiones “hay cuatro sinvergüenzas que buscan protegerse con el fuero”, sostuvo que el partido no está de acuerdo con la iniciativa. Otros, sin embargo, vieron con buenos ojos la propuesta. Uno de ellos fue Jorge Bloise, diputado de la bancada Vamos. Explicó que, si bien el bloque de independientes buscaba eliminar por completo el fuero, reducir el número de personas beneficiadas era mejor que nada. “Vemos con buenos ojos estos pequeños pasos”, indicó. La propuesta del TE fue aprobada por un estrecho margen en la CNRE. Recibió siete votos en contra, correspondientes al PRD, Realizando Metas, Molirena, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Popular y Partido Alianza, y siete votos a favor, de Movimiento Otro Camino, Fiscalía General Electoral, Libre Postulación, Academia, ONG, empresa privada y trabajadores. El voto de desempate lo emitió el magistrado Narciso Arellano, con lo que la propuesta quedó aprobada con ocho votos a favor y siete en contra. Depuración del fuero El pasado lunes 31 de agosto, cuando el TE presentó el paquete de reformas ante el pleno legislativo, el magistrado Arellano destacó el cambio relacionado con el fuero penal electoral. Recordó que esta figura legal constituye una garantía vinculada con la protección del ejercicio de las funciones y derechos políticos, “pero dicha garantía debe mantener un alcance estrictamente relacionado con su finalidad”. En consecuencia, sostuvo que el proyecto depura el catálogo de personas beneficiarias del fuero, incluyendo también a delegados electorales y enlaces. “La modificación procura evitar que una garantía de naturaleza excepcional se transforme en un mecanismo de inmunidad procesal excesivamente amplio”, dijo. Enelpasado,variospolíticos que han gozado de fuero penal electoral han enfrentado procesos judiciales. Por ejemplo, Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) y excandidato a diputado, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, decidió renunciar a esta figura legal. También tenía fuero Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y candidato a diputado por el PRD, quien ha sido investigado en varios casos, entre ellos el relacionado con los auxilios económicos. A la exdiputada y excandidata presidencial Zulay Rodríguez, el TE ordenó en su momento levantarle el fuero por el proceso en su contra relacionado con la presunta apropiación de unas láminas de oro, propiedad del mexicano José Luis Penagos. El expresidente Martinelli también gozó de fuero en medio de sus procesos judiciales, entre ellos el caso Odebrecht. La figura del fuero penal electoral nació en 1983, con el Código Electoral de ese año, establecido mediante la Ley 11 del 10 de agosto de 1983. Su vigencia se activa cuando un partido político realiza elecciones internas, primarias o participa en elecciones generales. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El panorama político de Panamá empieza a llenarse de nuevos grupos que aspiran a convertirse en partidos políticos. A la fecha, el Tribunal Electoral (TE) ha recibido solicitudes de 11 movimientos que esperan autorización para iniciar el proceso de recolección de firmas. Una vez obtengan el visto bueno del TE, adquirirán la categoría de “partido en formación” y deberán recoger, como mínimo, 45 mil 503 firmas, equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial, como establece el Código Electoral. En las elecciones de 2024 se contabilizaron 2 millones 275 mil 179 votos válidos. Los movimientos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para completar la recolección de firmas. Sin embargo, las reformas electorales que se encuentran en la Asamblea Nacional incluyen una propuesta para elevar el requisito del 2% al 3%. De aprobarse, los partidos en formación necesitarían el respaldo de 68 mil 256 adherentes. Entre los movimientos que han presentado solicitudes está Unidos para la Nueva Era (UNE), encabezado por el expresidente Martín Torrijos (2004-2009). El pasado 12 de agosto, Torrijos y sus seguidores entregaron al TE la documentación requerida para iniciar el proceso de constitución. El Código Electoral establece que, para solicitar el inicio de la recolección de firmas, los ciudadanos deben presentar un mínimo de 500 rúbricas de apoyo, de las cuales al menos 25 deben corresponder a residentes de cada provincia y 10 a cada comarca. UNE presentó 1,500 firmas, además de su declaración de principios, programa y junta directiva provisional. También solicitó iniciar el proceso el Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte, liderado por Rubén Darío Campos, actual diputado del Parlamento Centroamericano y antiguo miembro de Realizando Metas (RM), partido fundado en 2021 por el expresidente Ricardo Martinelli. A comienzos de este año, Campos intentó sin éxito promover elecciones internas para reElecciones 2029: el mapa político suma más de una decena de aspirantes NUEVOS MOVIMIENTOS novar la dirigencia de RM. El movimiento más reciente en presentar su solicitud ante el TE fue Fuerza Renovadora, cuya cara visible es el exdiputado Fernando Carrillo, quien perteneció a Cambio Democrático (CD). A estos se suma el Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), impulsado por el periodista Andrés Álvarez Rueda. También figuran Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico (Nivira), liderado por el dirigente indígena Ricardo Miranda; Movimiento Panamá Renace (Mopare), encabezado por el educador Luis Manuel Vargas; y el Partido Visión Democrático, dirigido por Nap Hooker Pinzón. Completan las 11 solicitudes Proyecto Panamá (Propan), Partido Nacional Auténtico (PANA), Transformación Nacional (TN) y Compromiso Renovación con Ética y Oportunidades (CREO). En esa lista todavía no aparece la coalición Vamos, dirigida por el exdiputado Juan Diego Vásquez. El grupo decidió recientemente convertirse en partido político y actualmente recoge las firmas iniciales necesarias para presentar su solicitud ante el TE. Además, tres agrupaciones ya tienen la categoría de partidos en formación: Acción Ciudadana Independiente, con 2,827 firmas recogidas; el Partido Nacional Humanitario, con 2,341; y Radix, con 365. Panamá cuenta actualmente con nueve partidos políticos legalmente constituidos, que concentran el 48% del registro electoral. Son el PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, Partido Panameñista, Molirena, Frente Amplio por la Democracia, Movimiento Otro Camino, Partido Alianza y Partido Popular. José González Pinilla [email protected] Partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Archivo
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4A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ‘AMENAZA’. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, contó en Telemetro que, cuando Alex Lee, Orlando Salazar y Javier Lynch llegaron a la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón, solicitaron específicamente que se les recluyera en un pabellón en el que está “una de las bandas más poderosas de Colón”. Hugo Famanía y Danilo Toro no se había recuperado de ese asombro, cuando el ministro recalcó: “Por eso están en Coiba… Estamos tratando de que no sigan su relación con la pandilla”. ¿Qué tiene que decir ahora el carnal Bolota? BOINAS NEGRAS.A las autoridades electas del partido Panameñista las llevaron a una especie de taller de cuerda, pero sin cuerdas… Allí estaban los Varela, Jorge Herrera, Panchito Brea y otros. Parece que los están preparando para una pelea, porque los pusieron a partir tablas de madera con el puño, al estilo de las artes marciales. No se sabe con quién van a pelear, porque con el gobierno no lo están haciendo. VIGILIA. Ya han transcurrido poco más de seis meses desde que concluyó el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá y todavía la juez Baloísa Marquínez no ha divulgado su sentencia. Ese caso se inició hace, por lo menos, 11 años. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? BILLETE. La diputada presidenta, Shirley Castañedas, solicitó $68 millones adicionales al MEF para cubrir “compromisos” adquiridos con el personal de la Asamblea hasta el mes de diciembre: pago de cuotas de la CSS, decimotercer mes, etc., etc… Si no hay plata, ¿por qué le dan La UP tiene 9,389 funcionarios (4,674 son administrativos y 4,715 son profesores) y una matrícula estimada superior a los 86 mil estudiantes. Archivo UP manejará $379 millones en 2027, pero solo $25 millones irán a inversión Aleida Samaniego C. [email protected] PRESUPUESTO La principal universidad del Estado destinará el 93.4% de sus recursos a funcionamiento. Ante los cuestionamientos de Jhonatan Vega, el rector Eduardo Flores no presentó el costo de la planilla. La Universidad de Panamá manejará unos $379.4 millones en 2027 y tiene actualmente 9,389 funcionarios, pero durante la sustentación de su presupuesto ante la Asamblea Nacional no precisó cuánto cuesta su planilla ni cuánto ha aumentado ese gasto en los últimos cinco años. El dato cobra relevancia porque $354 millones, equivalentes al 93.4% del presupuesto, estarán destinados al funcionamiento, mientras que solo $25 millones, el 6.6%, irán a inversión. El diputado independiente Jhonatan Vega pidió al rector Eduardo Flores explicar cómo se justifica esa distribución y cuánto dinero absorbe el gasto de personal. Flores respondió que el gasto de funcionamiento está relacionado principalmente con la actividad académica de la institución, que cuenta con 120 carreras de licenciatura, además de programas de maestría y doctorado, extensiones y centros regionales. Cada nueva carrera, explicó, implica contratar especialistas para atender la demanda académica. Casi 9,400 funcionarios Flores detalló que de los 9,389 funcionarios, 4,674 son administrativos y 4,715 son profesores. Vega había solicitado además conocer cuántos empleados tenía la universidad en 2024, 2025 y 2026, así como cuánto había aumentado la planilla durante los últimos cinco años. Esos datos no fueron presentados durante la sesión. En su lugar, el rector expuso la evolución de la relación entre estudiantes y funcionarios. Según Flores, en 2016 había 13 estudiantes por cada funcionario administrativo. Actualmente son 18.4. Entre los docentes, la relación pasó de 13.3 estudiantes por profesor a 18.7. Con esas proporciones, la matrícula actual puede estimarse en más de 86 mil estudiantes. El rector utilizó estos indicadores para sostener que la matrícula ha crecido a un ritmo mayor que la cantidad de funcionarios. Un presupuesto mayor al de 2026, pero menor al de 2025 Los $379.4 millones previstos para 2027 representan un incremento de aproximadamente $61.9 millones, equivalente al 19.5%, frente a los $317.5 millones asignados en 2026. Flores recordó, no obstante, que la cifra sigue por debajo de los $395 millones recibidos en 2025. De los recursos previstos para 2027, unos $25 millones serán destinados a inversión. Flores aseguró que se priorizará la conclusión de obras pendientes antes que la incorporación de nuevos proyectos. Entre las obras mencionó el Centro Regional Universitario de San Miguelito, el gimnasio de Bocas del Toro, el nuevo edificio del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y los laboratorios de Azuero, Colón y Coclé. También se contempla el mantenimiento de los más de 200 edificios de la institución. El vicerrector administrativo, Arnold Muñoz, detalló cuánto falta por pagar en algunos proyectos: unos $3.5 millones para el Centro Regional Universitario de San Miguelito y aproximadamente $200 mil para el gimnasio de Bocas del Toro. En Panamá Oeste quedarían entre $500 mil y $550 mil, mientras que para los laboratorios de Azuero y Coclé faltarían aproximadamente $350 mil y $250 mil, respectivamente. Vega preguntó si los $25 millones serían suficientes para concluir las obras. Flores respondió que la mayoría está próxima a terminarse y que existen pocos proyectos nuevos. El diputado advirtió que dará seguimiento a estos compromisos cuando la institución vuelva a sustentar su presupuesto ante la Asamblea Nacional. Publicidad y viáticos Vega también cuestionó varios renglones relacionados con publicidad. En promoción y publicidad se contemplan $168,133; en anuncios y avisos, $85,520; y en otros gastos de información y publicidad, $35,960. En conjunto, suman $289,613. Flores explicó que la promoción incluye actividades para divulgar las carreras en escuelas secundarias y medios de comunicación. Los anuncios y avisos corresponden principalmente a concursos de cátedra, mientras que el tercer renglón contempla actividades de relaciones públicas y mantenimiento de páginas web. También fueron cuestionados $791,498 en viáticos, destinados a desplazamientos dentro del país, viajes al exterior y participación en actividades académicas. Flores indicó que parte de esos recursos permite a los docentes presentar resultados de investigaciones en congresos. Un millón para profesores por horas Otro de los renglones cuestionados fue el de servicios personales, por $1 millón. Inicialmente, los funcionarios que acompañaban al rector no pudieron precisar el destino de ese monto. Posteriormente, la administración aclaró que corresponde al aumento de horas de los profesores de tiempo parcial debido al crecimiento de la matrícula. Estos docentes reciben un pago por hora, por lo que una mayor cantidad de estudiantes puede generar un incremento en las horas contratadas. Además, se contemplan $356 mil para becas de estudio, dirigidas a estudiantes que cumplen criterios de rendimiento académico y necesidad económica. En incentivos se presupuestaron $306,689, vinculados, según Flores, con aumentos salariales para funcionarios administrativos que obtienen nuevos títulos y mejoran su formación profesional. Ante los cuestionamientos sobre la distribución de los recursos, Flores destacó los resultados de investigación de la institución. Aseguró que las publicaciones en revistas de alto impacto aumentaron de 52 a 256 y que la cantidad de revistas de investigación pasó de 10 a 25. Títulos y universidades bajo cuestionamiento En la segunda parte de la comparecencia, Vega cuestionó al rector sobre la fiscalización de títulos provenientes de universidades extranjeras y de instituciones cuya acreditación ha sido cuestionada. Flores explicó que el Consejo Académico decidió no aceptar ni validar títulos de universidades que no estén acreditadas en sus respectivos países. Aclaró que la institución no determina por sí sola si una persona puede ejercer una profesión, ya que esa responsabilidad puede corresponder a otras instancias y colegios profesionales. Para quienes aspiran a ingresar como profesores, la universidad sí evalúa los títulos presentados. Flores también explicó que el Consejo Técnico de Desarrollo Académico (CTDA), integrado por las cinco universidades públicas, participa en la fiscalización de las universidades particulares, según el área de conocimiento y la ubicación de cada institución. La sustentación terminó sin que quedaran precisados el costo de la planilla ni su evolución durante los últimos cinco años, dos de los datos solicitados por Vega durante la comparecencia. oficinas VIP gratis a 17 diputados? Que se las cobren y así se genera un ingreso. BOLO. En la carrera de las vistas presupuestarias ya se avista la señal de curvas peligrosas: hoy le toca sustentar al contralor Anel Flores. Si en una fiscalía anticorrupción pateó la puerta, imaginen lo que podrá pasar en la comisión si las cosas no salen como él quiere. Comparativa histórica del presupuesto asignado Esta tabla compara el presupuesto previsto para 2027 de la Universidad de Panamá con los años anteriores. Presupuesto Asignado en millones de dolares 2025 $395.0 $317.5 $379.4 2026 2027 (Previsto) Año Fuente: Universidad de Panamá
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6A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 Panorama El Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos. Cortesía El Minsa-Capsi de los absurdos Rolando Rodríguez B. [email protected] Una empresa comenzó a reparar el Minsa-Capsi de El Tigre sin contrato formal; casi un año después, el Minsa canceló el procedimiento y anunció una licitación pública. En el gobierno de Ricardo Martinelli –20092014– hubo una fiebre de construcción de Centros de Atención Primaria de Salud Innovador (Minsa-Capsi). Originalmente, se proyectaron 32; pero se licitaron 21 y solo se edificaron –con mucha dificultad– 10. Uno se levantó en un poblado rural: El Tigre de Los Amarillos, distrito de Soná, Veraguas. Su construcción constituye, por sí sola, un enorme absurdo. Si bien la comunidad lo necesita, cuando se terminó no se pudo usar porque carecía de electricidad y agua potable. Se destinaron $6 millones para su construcción y terminó costando más de $7 millones. Pero los residentes tenían que buscar atención médica a kilómetros de distancia. Y así fue en los siguientes cuatro años, en espera de servicios básicos. Curiosamente, reportes de prensa de junio de 2013 revelaban un traslado de partida de $5.2 millones destinado al Minsa, que supuestamente sería utilizado para llevar electricidad trifásica, a lo largo de 16.5 kilómetros, a este Minsa-Capsi y varios más en otras provincias. Pero la electricidad no llegó hasta 2018. Finalmente –en septiembre de ese año– se pudo inaugurar, aunque sin agua. En septiembre de 2024 –tras haber tomado posesión esta Administración–, un equipo encabezado por el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, inspeccionó el Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos. Identificaron daños en la estructura que ameritaban una intervención que costaría casi el equivalente a la inversión original: $5 millones. Manos a la obra En abril de 2025, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió daños en el techo y el sistema eléctrico, y el Minsa detectó decenas de afectaciones más. Entonces se decidió hacer un estudio de mercado para determinar el costo de la intervención. Casi paralelamente –el 9 de mayo de 2025–, la empresa que semanas después comenzaría los trabajos de mantenimiento recibió de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) una resolución en la que constaba su inscripción para ejecutar obras y actividades de arquitectura. El precio El costo de las obras variaba dependiendo de a quién se le preguntara. Un informe del Departamento de Arquitectura del Minsa lo calculó en $6.3 millones con impuestos. En otro “informe de análisis de costos” –sin fecha ni autor, pero adjuntado al expediente en línea de Panamá Compra–, era de $4.5 millones. Y el proveedor elegido: $5 millones. El acto de contratación se llamó: “Mejoras de obra civil, equipamiento médico y no médico, financiamiento y mantenimiento preventivo, correctivo y operativo por un año del Minsa-Capsi de El Tigre de Los Amarillos”, y sus términos de referencia establecían un año para construir y otro para mantenimiento preventivo, correctivo y operativo. La contratación ¿Habría licitación? La respuesta es sí y no. Inicialmente, el Minsa decidió hacer una contratación directa, como habitualmente hace, aunque meses después pidió cotizaciones de otras empresas, pero solo era una fachada para simular competencia. ¿Qué razones tenía para no convocar un acto público? Aquí los hechos vuelven a ser absurdos, considerando lo que pasó al final. El Minsa tenía un catálogo de razones: “Las deficiencias existentes representan riesgos sanitarios, operativos y de seguridad, tanto para los usuarios como para el personal de salud […] que ‘no admiten demoras administrativas asociadas a procesos de cotización en línea’”. “Un proceso regular de licitación pública […] requiere un tiempo mínimo de seis meses desde la convocatoria hasta la firma del contrato, sin incluir el refrendo de la Contraloría […]. Este plazo resulta incompatible con la necesidad urgente de garantizar atención médica digna y segura”. Que, técnicamente, era inviable “debido a la imposibilidad de estandarizar especificaciones, definir cantidades exactas y garantizar la idoneidad técnica especializada de proveedores para intervenir una instalación de salud en funcionamiento”. Todo, suscrito por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y su director de Infraestructura, Abdiel Escobar. Comienzan trabajos Aunque los términos de referencia carecen de fecha, el documento precisa que el 28 de octubre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió su aquiescencia a fechas y monto de pagos del contrato “llave en mano”. Pero el Minsa no esperó autorización del MEF ni otros trámites para empezar el trabajo. Una nota de prensadelMinsa,fechadael 6 de octubre de 2025, anunciaba avances en el Minsa-Capsi: que la empresa ya había intervenido paredes exteriores e interiores, que selló fisuras externas, que había desinstalado el cielorraso en Urgencias… y que ¡había llegado el techo nuevo! El cronograma de trabajo de la empresa tenía fecha de inicio el 18 de agosto de 2025, según otros documentos. Para finales de 2025 debía haber terminado la desinstalación del techo y del cielorraso, pues debía comenzar a instalar el nuevo techo. La ‘elegida’ La empresa seleccionada fue Servipro Holding, Inc. Según el Minsa, debía ser esta, porque, de lo contrario, la institución se habría tenido que someter a un “esquema rígido” de cotización digital, pudiendo generar “ofertas subvaloradas, incrementos contractuales posteriores y retrasos o paralización de la obra”. Además, la elegida tenía capacidad técnica y financiera comprobadas, así como experiencia en infraestructura hospitalaria, decía el Minsa. Pero esta “experiencia” no aparece en los documentos que proporcionó Servipro Holding. En el expediente en línea de Panamá Compra –específicamente el informe de gestión para obtener el precio de referencia–, solo hay una carta suscrita por un cliente al que Servipro Holding prestó servicios de diseño y desarrollo de planos de construcción de un centro comercial en San Francisco. Nada de hospitales. Esa carta –dirigida al ministro de Salud– tiene fecha del 16 de diciembre de 2025, cuatro meses después de que Servipro había comenzado obras en el Minsa-Capsi. Además de lo anterior, aquí hay otro absurdo: si este informe sobre cómo se obtuvo el precio de referencia tomó en consideración documentos de diciembre de 2025, ¿cómo se determinó el precio que dio lugar a que Servipro fuera contratada cuatro meses antes? ¡Una coincidencia! Servipro Holding pertenece al 100% a Francisco Pablo Bartolomeo Martinelli Thalassinos, hijo de Francisco Frankie Martinelli, un querido primo del expresidente Martinelli, según una carta firmada por el representante legal de la sociedad, Gustavo Chanis Navarro. Más absurdos Pese a que las obras en el Minsa-Capsi comenzaron en agosto de 2025, en enero de 2026 pasó algo inexplicable: el Minsa convocó lo que parece ser un concurso de precios en el que, además de la empresa que ya hacía el trabajo, participaron dos sociedades más. De acuerdo con un “informe técnico fundado”, suscrito por el ministro Boyd, esas empresas fueron contactadas para que presentaran ofertas económicas para un proyecto que ya estaba en desarrollo. Las cartas salieron el 15 de febrero de 2026, cada una dirigida a las empresas mencionadas. Esas cartas –faltando a la verdad– informaban a las empresas que estaban siendo consideradas para esta contratación. El director nacional de Infraestructura del Minsa les agradecía, respectivamente, “su pronta confirmación de interés en participar, así como su propuesta económica…”. No solo confirmaron, sino que, en solo 24 horas, el Minsa recibió dos cotizaciones: justo de las empresas que serían rechazadas. Y no podía ser de otra forma, pues el contrato objeto del concurso no solo ya tenía nombre y apellido, sino que estaba en ejecución. Quizá por ello, Servipro Holding no tuvo prisa en copiar y reenviar –el 19 de enero de 2026– su propuesta económica… que el Minsa ya tenía en sus archivos. Función teatral especial La obra de teatro montada por el ministro sobre el supuesto concurso de precios continuó en otro escenario. Boyd le escribió –el 30 de enero de 2026– a su colega Juan Carlos Orillac – ministro de la Presidencia– para solicitarle al Consejo de Gabinete aprobación para contratar directamente – por $5 millones– a Servipro Holding. Lo que no dijo es que, con o sin la aprobación, el proyecto ya estaba en ejecución. Si el Consejo de Gabinete lo aprobó o no, es cosa desconocida. La Prensa le envió un cuestionario al ministro, pero no respondió, pese a la insistencia de este medio. Ni siquiera respondió sobre lo que pasó al final. Final absurdo El pasado 23 de marzo, el administrador regional de Salud de Veraguas, Abdel Batista, remitió un informe de avance de obras al secretario general del Minsa. Le informaba que el proyecto “presenta a la fecha un avance significativo en su desarrollo”. Pese a esos avances, la obra de teatro no tuvo final feliz. El pasado 31 de julio, casi un año después de que Servipro empezara a trabajar sin contrato, sin refrendo, sin autorización del Gabinete y como protagonista en una obra de teatro que pretendía hacer ver inexistentes concursos de precios, Boyd se retractó de toda su actuación. Firmó una resolución, originada en una petición de la Dirección de Infraestructura de Salud –que había estado presente con el ministro durante toda la estructuración de la obra de ficción y de la contratación–, en la que ordenó cancelar el acto No. 2026-0-12-01-09PE-000295. O sea, revirtió la contratación de Servipro Holding. Además de lo inexplicable que es todo lo anterior, la cancelación tiene como fin “convocar una licitación pública”. La resolución se fundamenta en el artículo 153 del Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas, que dice: “Cuando, por razones justificadas, la entidad requiera cancelar el procedimiento excepcional de contratación, lo hará mediante resolución debidamente motivada…”. Y esas motivaciones son, precisamente, las que brillan por su ausencia en la resolución. Tampoco dice qué pasará con Servipro o la plata comprometida en las obras. En cuatro ocasiones, La Prensa contactó al ministro Boyd para ampliar este tema. Nunca respondió. Cancelación del contrato. Foto de las láminas para el nuevo techo del Minsa-Capsi de El Tigre, publicada por el Minsa el 6 de octubre de 2025. Cortesía UI UNIDAD INVESTIGATIVA
7A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 Panorama Jimmy Carter y Omar Torrijos se dan la mano tras firmar el Tratado del Canal de Panamá en el Edificio de la Unión Panamericana, Washington, 7 de septiembre de 1977. National Security Archive / George Washington University La perpetuidad que se pudo derrotar: la utopía realizada Rigoberto González Montenegro ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La recuperación del Canal demuestra que una aspiración considerada casi utópica pudo convertirse en realidad tras generaciones de lucha, negociación y sacrificio por la plena soberanía panameña. Han pasado cuarenta y nueve años desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter y los resultados de lo que la firma del Tratado sobre el Canal de Panamá ha implicado nos permiten afirmar que no solamente se pudo derrotar la perpetuidad que pesaba sobre el Canal de Panamá bajo el dominio, control y jurisdicción de Estados Unidos de América, sino que se ha podido realizar la utopía de que el Canal de Panamá, nuestro Canal, esté hoy día en manos de nosotros, los panameños. Toda una proeza, sin duda alguna. Ahora bien, decirlo así, afirmarlo de esa manera, pudiera llevarnos a pensar, cuarenta y nueve años después de ese hecho histórico, que la firma del Tratado del Canal de Panamá fue algo fácil, que lo acordado en dicho Tratado no tuvo mayores complicaciones. Pensarlo así es desconocer nuestra historia, la historia de lucha y sacrificio de varias generaciones de panameños por alcanzar ese objetivo. Es por eso que esa historia, por lo que representa, por el significado y valor que tiene en la forja y consolidación de nuestra nacionalidad, no debe ser olvidada y, por tanto, toda panameña, como todo panameño mínimamente formado, está en la obligación de estudiarla y, desde luego, conocerla. En efecto, los más de setenta años transcurridos entre el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, conocido como el Tratado que ningún panameño firmó, y los Tratados Torrijos-Carter están llenos de historia: la historia por la eliminación del Tratado Hay-Bunau Varilla y el paso a manos de los panameños del control y administración del Canal de Panamá y su plena soberanía en todo el territorio que comprendía la denominada Zona del Canal. Por tanto, la firma del Tratado del Canal de Panamá de 1977 por el general Omar Torrijos Herrera, mediante el cual se abrogó el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 y, con él, la cláusula que establecía que Panamá concedía a perpetuidad a los Estados Unidos de América “el uso, ocupación y control de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección” del Canal de Panamá, vino a representar el momento cumbre en el que se hacía presente toda esa historia de lucha para que el Canal fuera, como lo es hoy día, de Panamá. Fue una historia que se fue construyendo por etapas, marcada por diversos momentos y acontecimientos, caracterizada por procesos de negociaciones con sus avances y retrocesos, que tuvo un gran número de protagonistas, entre ellos y, sobre todo, los Mártires del 9 de enero de 1964; historia que exigió, sin duda alguna, armarse de mucha convicción nacionalista en cuanto a tener la seguridad de que, por difícil que pareciera alcanzar el objetivo trazado, tarde o temprano este se lograría. Así lo tenía claro en aquellos momentos, entre otros muchos panameños, el insigne jurista Carlos Bolívar Pedreschi, quien, en su trabajo titulado Canal propio, Canal ajeno, publicado en 1972, afirmaba que “la causa nacionalista, por la desproporción de las fuerzas que desafía, es superior a un hombre, es superior a un gobierno y, por algún tiempo, superior a todo un pueblo que necesitará de sacrificios de años, y a veces de generaciones, para ver cumplidos sus objetivos”. Es por ello por lo que todo lo que ha representado y representa el Canal de Panamá, y lo que costó para que pasara a dominio y administración panameña, explica que se haya introducido en la Constitución actual todo un título constitucional denominado “El Canal de Panamá” y que se haya consignado, para que no lo olvidemos, que “el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña”, es decir, que pertenece a todas y todos los panameños. Debo imaginar y pensar, por la relevancia que tiene, que este tema, el del título constitucional “El Canal de Panamá”, es uno de los que son abordados, debatidos y discutidos por quienes están llevando a cabo el proceso de constitucionalización dirigido a aprobar una nueva Constitución. Es decir, mal se puede estar debatiendo con relación a un posible cambio constitucional sin que tengamos una posición clara sobre lo que va a ocurrir con el título constitucional “El Canal de Panamá”. En fin, en estos cuarenta y nueve años de conmemoración y celebración de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, cabe tener presente que los panameños hemos sabido honrar nuestra historia y la memoria de todos los que lucharon porque el Canal de Panamá fuera y siga siendo panameño. La forma como lo hemos administrado así lo demuestra con creces. Ese es nuestro orgullo: que el Canal de Panamá está en manos de panameñas y panameños que han sabido asumir, con dignidad y profesionalismo, el gran reto que representa administrar ese patrimonio inalienable de todos los panameños, nuestro Canal.
8A La Prensa Panamá, lunes 7 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. no mostró efecto en matemáticas ni lenguaje, ni a los 15 meses ni a los diez años. Uruguay, con el Plan Ceibal, tuvo apenas un pequeño efecto positivo en matemáticas y ninguno en lenguaje. Ningún estudio riguroso muestra una mejora con el modelo que Panamá desea implementar a la fuerza. En la homologación de este pliego participaron 49 interesados: 47 empresas y dos personas naturales. Solo una empresa presentó una propuesta en firme, por $1.28 millones sobre el precio de referencia. Su rostro visible se promocionó como “el Bukele panameño” durante una candidatura fallida a diputado en 2024. El contrato daba 60 días para entregar 54,000 computadoras; el plazo venció el 27 de junio y, para el 6 de agosto, solo habían ingresado al país 24,635 equipos, según registros aduaneros. Meduca anunció, de todas formas, la entrega completa el 4 de agosto. El valor declarado de esas importaciones promedia $256.66 por unidad; el contrato paga $527.45. A razón de 54,000 equipos, los ingresos para el proveedor serían de aproximadamente $14.6 millones. El 1 de septiembre conocimos que el contralor no había refrendado el contrato y lo había devuelto a Meduca. Los recursos son escasos. Pero el proLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La dialéctica del guetto Debates legislativos La dialéctica es una técnica de diálogo cuyo objetivo no es debatir para ganar, sino descubrir la verdad. Funciona como un motor para generar el pensamiento crítico, transformando el conflicto de opiniones en un conocimiento nuevo, más complejo y completo, en lugar de imponer una postura. La dialéctica se remonta a la antigua Grecia y fue descrita por Platón en los diálogos socráticos, por lo que se considera a Sócrates precursor de este método de confrontación de ideas para descubrir la verdad. Pese a la amplia y demostrada eficiencia de la dialéctica para conducir un debate que permita arribar a conclusiones lógicas y razonadas y, por ende, a resultados concretos, en la actualidad la mayoría de los parlamentos del mundo no la practican, a excepción de aquellos países de mayor desarrollo cultural que aún conservan y atesoran el prestigio, la lucidez de ideas y la tradición del debate de altura de los legisladores de antaño. Por ejemplo, en Panamá viene a mi memoria el recuerdo de aquella época de mediados de los años 60, cuando mi padre sintonizaba la radio por las tardes para escuchar las transmisiones de la Asamblea Nacional. Siendo apenas un niño, me impresionaban la elocuencia, la mesura y la excelente claridad de expresión de los diputados de aquellos tiempos, entre los que se destacaba el Dr. Carlos Iván Zúñiga. Su discurso, a la hora de presentar argumentos, estaba siempre impregnado de una elegancia sobria, sin jactancia ni pomposidad. En ocasiones hacía gala de su chispa y agudeza mental, poniendo un toque de dureza y mordacidad en sus respuestas, como aquella ocasión en que un ministro de Relaciones Exteriores —ingeniero de profesión— intentó menospreciar sus señalamientos, arguyendo la supuesta inclinación de los abogados por complicar los argumentos: —Los ingenieros somos por naturaleza claros, directos, exactos, lógicos, ajenos a los rodeos y circunloquios, a diferencia de los juristas como el diputado Zúñiga, que buscan enredarlo todo —explicó el canciller en una sesión de la Asamblea Nacional. La respuesta del Dr. Zúñiga fue apabullante: —Le recuerdo, canciller, que Bunau-Varilla también era ingeniero. En contraste con el anterior estilo, la realidad actual en cuanto a la calidad del debate que observamos a diario en nuestro parlamento es deprimente y vergonzosa. Abundan la chabacanería, la prepotencia, el insulto y la jactancia. Los valores se miden a ras del suelo, al punto de que escuchar a un diputado decir que se enorgullece de ser cepillo y lambón del gobierno no causa sorpresa alguna. Tampoco sorprende escuchar a otro decir que puede llegar a ser presidente de la Asamblea o del país cuando le venga en gana. En fin, todos estos honorables padres de la patria transitan a sus anchas por el hemiciclo legislativo, ostentando sus miserias, sin atreverse a hacerse cargo de sus propias inseguridades, mucho menos a hacer valer y respetar la función para la que fueron electos. El costo político: ¿y si lo que cuesta caro es hacer lo correcto? Gobernar ría aplaudido? En ocasiones se dan buenas noticias como inversiones importantes y a veces no tan buenas o incómodas, como el tema de las jubilaciones del Seguro Social que estaban en riesgo si no se hacían correcciones, para dar un ejemplo. Y al corregirlas, criticas y negativismos. Después está lo de enfrentar a sindicatos y gremios. El caso de las bananeras fue repudiado por buena parte de la población porque el paro afectó al país entero: la gente exigió que alguien pusiera orden. Y al hacerlo, ningún reconocimiento. Y el caso Suntracs, donde promotores y constructores llevaban años rogando que alguien los pusiera en su lugar, se hizo y la confrontación destapó un entramado de corrupción que dejó a medio país boquiabierto. Corrupción, además, con la plata del pueblo, porque son ellos los que nos construyen los edificios donde vivimos. Esta es la parte que más me llama la atención. La población entera pide el famoso chen chen. Pero en cuanto se toma alguna iniciativa real para generarlo, le dan plomo. Ahí están la mina de cobre y el proyecto de Río Indio: dos iniciativas con potencial real de traer inversión y empleo, criticadas por un alto porcentaje de la población. Con el impuesto a las transacciones digitales pasó algo parecido: lo propusieron, y tuvieron que recular en cuanto se volvió impopular. Aunque, seamos honestos, esa medida no afecta al panameño de a pie. Afecta al círculo económicamente más cómodo del país, no al que compra artículos en Amazon (estimados en $800,000 anuales) para que se los Octavio Vallarino Arias La ejecución no cabe en un titular Gestión del Meduca En días pasados publiqué un artículo referente al tema de las computadoras portátiles compradas por el Ministerio de Educación (Meduca). Es necesario aclarar que no digo que la tecnología no sirva en el aula. Sostuve algo más específico: el beneficio aparece cuando un adulto limita y dirige el uso, dentro de un currículo y con formación docente. Desaparece, o se revierte, cuando es solo acceso: se entrega la máquina y ya. Ese sigue siendo el problema del pliego de Meduca, que especifica NPU y RAM con precisión de ingeniero y no dice una palabra sobre supervisión. El costo de $268.5 millones no es una cifra abstracta. Es casi el doble del presupuesto completo de infraestructura escolar de Meduca para 2026: $150 millones para 25 proyectos de construcción en todo el país. Es más de cinco veces la deuda salarial de $53.1 millones que el ministerio tardó una década en pagar a los docentes. La evidencia sobre ese acceso sin acompañamiento es consistente y no favorable. La OCDE encontró que, entre estudiantes similares en 31 países, un mayor uso de computadoras en clase predijo un peor desempeño. El experimento One Laptop per Child (OLPC) en Perú, con casi un millón de equipos, blema de fondo no son los equipos. Es que Meduca, la institución con el presupuesto más grande del Estado, no logra gastar el dinero que ya tiene presupuestado. A junio de 2026, había ejecutado apenas el 9.4% de su presupuesto de inversión, la cifra más baja de todas las entidades del Gobierno Central, frente a un promedio del 30.5 % entre las demás entidades. El patrón no es nuevo: la propia ejecución de Meduca cerró en 17.2% en 2025. La exministra renunció el 12 de agosto, cinco días antes de las vistas presupuestarias de Meduca ante la Asamblea, donde la baja ejecución habría sido el titular. Ese mismo día, ella misma pidió la investigación sobre las computadoras portátiles. Es difícil no preguntarse si escogió el escándalo que sí cabe en un titular, en lugar de comparecer con el peor índice de ejecución del Gobierno Central. Es tentador ver la renuncia como un acto de responsabilidad, y en parte lo fue. Pero conviene no confundir el escándalo que se ve con el problema que importa. Las portátiles son un contrato bajo investigación. La ejecución es otra cosa: el ministerio con el presupuesto más grande del Estado solo había ejecutado el 9.4% de lo que tenía aprobado para inversión y, aun así, se comprometió a gastar $268.5 millones más, esta vez en dispositivos. Molinar renunció por el escándalo que cabe en un titular. El que no cabe sigue ahí, esperando al nuevo ministro. Opinión EL AUTOR es pintor y escritor. EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. EL AUTOR es promotor de proyectos. Joaquín González J. manden a su casillero en Miami Ahora bien, si hay temas que se deben corregir. La transparencia, la seguridad jurídica que sin ella inversionistas serios no llegaran, la austeridad donde veo gastos que no son indispensables compiten por recursos con gastos que sí lo son. Dicho esto, hay que reconocer lo que se ha hecho bien. Más allá del presidente, este gobierno cuenta con un verdadero equipo de lujo. Los nombramientos de varios ministros han sido acertados. Tenemos un Contralor vigilante del gasto público, con el látigo en la mano cada vez que destapa un chanchullo. Y un Procurador que, con recursos limitados, muestra una intensidad real en procesar a quienes hay que investigar y enviar ante la justicia. Eso, en un país acostumbrado a la impunidad, no es poca cosa. Lo mejor todavía está por llegar. El país solo le pide a su gente un poco de paciencia. Y los números empiezan a darle la razón a ese esfuerzo. Panamá sigue siendo uno de los casos de éxito económico más destacados de América Latina. Tras verse obligadas a tomar medidas drásticas en los últimos años, las autoridades lograron un giro económico positivo. El crecimiento se acelera, las preocupaciones de los últimos dos años se disipan, y los temas fiscales han sido positivos como para mantener el grado de inversión del país. Y aun así, la popularidad del presidente Mulino no repunta. La gestión se mantiene sólida y los problemas sociales parecen contenidos y aun así no se les da un merecido crédito. Y entonces llego siempre a la misma conclusión, y reflejado en las encuestas,: ¿por qué, cuando un presidente y su equipo hace el intento genuino de llevar al país por un buen camino económico, no se le reconoce el esfuerzo? Lo que se gana, en cambio, son críticas y el castigo del famoso costo político —como si hacer lo correcto fuera, por definición, lo que menos votos da. Últimamente me pregunto qué significa realmente eso que todos llamamos “costo político”. Se usa tanto que ya ni lo pensamos, pero cada vez que lo escucho me quedo dándole vueltas: ¿costo por hacer qué? ¿Pagado por quién? Porque cuando uno mira con calma las encuestas, algo no cuadra. No es que esté aquí para darle un espaldarazo al presidente y a su equipo. Lo que me asombra, de verdad, es otra cosa: ¿cómo es posible que no se le de a un presidente siquiera un poquito de popularidad al ver las encuestas que le dan de calificación tanto a él como a sus ministros? No pareciera haber forma de meter puntos positivos. Porque lo que veo es a un presidente y a un equipo tratando de corregir errores de un pasado. Errores que, corregidos, benefician al mismo pueblo que hoy los critica. Y aun así, no parece tener efecto en la popularidad. Ahí sospecho que el problema no es lo que se hace, sino que hacer lo correcto casi nunca es popular mientras se está haciendo. He conocido a todos los presidentes de la república desde hace muchos años, y a todos, en su momento, les sugerí lo mismo: ¿por qué no hacen conferencias de prensa semanales, como se hace en la Casa Blanca? Ni siquiera tenían que dar la cara ellos mismos ya que hay comunicadores de sobra. Ninguno me hizo caso. El actual, por iniciativa propia, decidió hacerlo él mismo, todos los jueves. ¿El resultado? No tan positivo, dicen muchos, porque suena confrontador. Y yo me pregunto: ¿pero y lo que anuncia, qué? Si en lugar del presidente ponemos a un obispo a dar exactamente los mismos anuncios, ¿de repente el mensaje seEl debate por las computadoras expone un problema mayor: la baja ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación panameño. Surse Pierpoint El llamado costo político plantea una paradoja: decisiones que buscan corregir problemas, ordenar las finanzas y generar crecimiento pueden terminar castigando la popularidad de quienes las impulsan. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
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