7A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 Después de más de dos años de gobierno, Panamá debería estar discutiendo qué Estado queremos construir: cómo limitar el poder presidencial, cómo hacer funcionar una Asamblea Nacional sin confianza ciudadana, cómo garantizar una justicia verdaderamente independiente, cómo combatir la corrupción y la impunidad, cómo fortalecer los órganos de control y cómo establecermejoresmecanismosderepresentación y rendición de cuentas. El calendario hace todavía más preocupante la demora. El Gobierno pretende elegir a los constituyentes en 2027, encargarles la redacción del nuevo texto constitucional, someterlo posteriormente a un período de divulgación y debate ciudadano y, finalmente, llevarlo a un referéndum para que los panameños decidan si lo aprueban o lo rechazan. Todo ello implica que, enunperíodomuylimitado,deberándiscutirse y redefinirse aspectos esenciales de la República: la estructura del Estado, la relación entre los poderes públicos, el sistema electoral, la administración de justicia, los órganos de control, los gobiernos locales, los derechos fundamentales y la distribución del poder. Pero existe un problema todavía mayor: la próxima campaña comenzará mucho antes de 2029. Dentro de poco aparecerán candidaturas, alianzas y el proceso partidista de primarias. Cuanto más se retrase la reforma, mayor será el riesgo de que un proyecto que debería diseñarse pensando en las próximas generaciones termine contaminado por los intereses de quienes estarán compitiendo en las próximas elecciones. La oportunidad para avanzar con rapidez es precisamente ahora, cuando todavía existe distancia respecto del próximo proceso electoral. El puño soberano de Canadá Relación con EUA Washington intenta redactar un borrador de vasallaje. Ottawa le cierra la puerta en las narices. El chantaje arancelario exigía vetar los camiones canadienses. Exigía pedir permiso a la Casa Blanca para hacer comercio global. Pretendía incluso recortar la Constitución canadiense. La soberbia imperial chocó contra un muro helado de rechazo. La mesa de negociación se rompió con un portazo directo. A Washington el tiro le salió por la culata. Creyeron intimidar a una colonia asustada. El resultado es el milagro de unificar a la política canadiense en el frente «Team Canada». Conservadores, liberales, quebequenses y la centroizquierda disolvieron sus rencillas en un solo puño soberano. Doug Ford le dijo al jerarca gringo, sin filtro: «He can kiss my ass» («Se puede ir a besar mi trasero»). Mark Carney remató con la elegancia del timonel económico: «Canada is not for sale» («Canadá no está en venta»). ¿Doug ensaya excelencia idiomática mediática de personero de nuestro patio? Geografía contra el decreto imperial La geografía no se edita por decreto ni por rabieta de red social. Canadá es superior en territorio total a Estados Unidos. Casi diez millones de kilómetros cuadrados. Seis husos horarios, tres océanos y la mayor reserva mundial de agua dulce. El imperio del Sur bebe e industrializa a diario el agua que baja del Norte. Pretender rebautizar el lago Ontario por capricho populista delata una severa deficiencia en el uso del mapa. Los 40 millones de habitantes canadienses defienden el bilingüismo como una trinchera innegociable. Si la frontera terrestre se cierra, Canadá gira hacia el Pacífico. Sus cifras récord de comercio con China demuestran que la gravedad económica no pide tutelas. Canadá halló en China un amortiguador ante la andanada proteccionista de Estados Unidos. Las exportaciones canadienses hacia China aumentaron, desde 2025, 13.8%, acelerándose con picos interanuales de 29% en el acumulado de 2026 y meses excepcionales de hasta 73.9% de aumento (mayo de 2026 frente a mayo de 2025). La presión de Washington fue una válvula de escape. Canadá pudo colocar mayores excedentes de materias primas y energía. La paradoja extractiva: de Vermont a Donoso Para Panamá, el pulso del Norte encierra una lección de cinismo transparente. Los imperios disputan aranceles, mientras el capital extractivo opera sin patria. Quantum ha dejado devastación y lodazales tóxicos en el municipio de Donoso. Administra sus tentáculos desde la bucólica y ecologista Vermont. Aire puro, paz institucional y leyes verdes para el Norte. Paradoja. Contaminación, deforestación y demandas de arbitraje para el Istmo. El contraste rasga cualquier disfraz corporativo. La lección canadiense debe resonar con fuerza en el Istmo. ¿Cuándo van a unirse las fuerzas panameñas para articular nuestra defensa como nación? El 9 de enero y el estallido de 2023 demostraron que la calle sabe frenar el abuso transnacional. La soberanía no puede seguir fragmentada por parcelas electorales. El chantaje arbitral se combate congelando las disputas de facción y alzando un solo puño soberano. Como Canadá. Los imperios caducos pasan. El lago Ontario seguirá llamándose Ontario. El francés resonará en Le Grand Fleuve (río y golfo de San Lorenzo) y será tragado por el Hillbilly English. Principios fundamentales para consolidar un partido independiente Ética política toritaria, sino moral y programática. Se apoya en la convicción compartida de que la política debe orientarse al bien común y no a la simple acumulación de poder. Esto exige decisiones transparentes, debates resueltos mediante argumentos antes que presiones y mecanismos que limiten personalismos, caudillismos y desviaciones oportunistas. Quienes integran el partido aceptan que la identidad colectiva prevalece sobre las ambiciones individuales. Quien no comparte las decisiones puede apartarse; quien actúa contra los principios debe ser separado para preservar la credibilidad del proyecto. Mantener esta disciplina es difícil y requiere vigilancia constante. La responsabilidad colectiva sostiene su funcionamiento. Un partido que aspira a la independencia no puede mantenerse si cada integrante actúa como actor aislado, sin conexión con la línea institucional. Dirigentes, militantes y simpatizantes deben contribuir a preservar la coherencia del proyecto, fiscalizar internamente y evitar que la organización se convierta en un espacio de intereses personales. Esta responsabilidad se expresa en la toma de decisiones, la comunicación pública y la relación con la ciudadanía. La transparencia resulta indispensable: debe mostrarse, en lo posible, cómo se decide, por qué se decide y quién participa. La democracia interna real es condición para sostener la independencia. No basta proclamar autonomía; hay que practicarla mediante procesos claros de elección, deliberación abierta, rendición de cuentas y límites a las decisiones tomadas en círculos cerrados. También exige corregir errores, revisar estrategias y adaptarse sin perder la identidad central. Cuando un partido combina razonablemente autonomía, ética, disciplina y democracia interna, puede convertirse en una alternativa más sólida, capaz de influir en la cultura política y ofrecer una forma de hacer política más transparente, responsable y orientada al interés público. Aun así, ningún partido queda libre de tensiones entre estos ideales y las exigencias de la competencia electoral. En este marco resulta pertinente la reflexión de Ronald Dworkin en Law’s Empire (1986). Dworkin sostiene que la legitimidad institucional del derecho depende de actuar conforme a principios y no solo según conveniencias coyunturales. Su noción de law as integrity —el derecho como integridad— plantea que las instituciones jurídicas deben interpretarse como si fueran obra de un “autor colectivo”, es decir, de una comunidad personificada que mantiene una narrativa moral coherente en el tiempo. Aunque Dworkin desarrolla esta idea en el ámbito jurídico y judicial, la analogía es útil para la política partidaria: un partido que se declara independiente solo puede conservar su credibilidad si sus decisiones responden a una línea ética reconocible y no contradictoria. La integridad, en este sentido, no es un ideal abstracto, sino una condición de legitimidad que la organización debe procurar, incluso si ello implica renunciar a ventajas estratégicas inmediatas. En el ecosistema contemporáneo, un partido independiente debe analizar el papel de las Tomás Cristóbal Alonso La reforma sin reforma Constituyente El Gobierno del presidente José Raúl Mulino lleva más de dos años hablando de una nueva Constitución. En campaña prometió una transformación institucional profunda y creó una estructura para impulsarla. Desde entonces hemos tenido alfabetización constitucional, foros, consultas, seminarios y una hoja de ruta. Todo ello es necesario. Pero, después de más de dos años, el proceso se resume en una sola frase: mucho ruido y pocas nueces. El Gobierno ha dedicado tiempo, esfuerzos y recursos para explicar cómo podría hacerse la reforma, pero todavía dice muy poco sobre qué quiere reformar. Y ese vacío es precisamente lo más preocupante. En el fondo de la reforma, ni el Gobierno ni las fuerzas políticas que lo llevaron a la Presidencia le han presentado al país una propuesta clara sobre qué instituciones deben cambiar, por qué deben cambiar y cómo deberían funcionar. Más allá de un calendario para elegir constituyentes y redactar un nuevo texto, el Gobierno no asume liderazgo en el fondodelareformaylasociedadsiguesinconocer cuáles son los criterios que propone que deberían orientar esa transformación. Peor aún, la reforma constitucional está ausente del discurso del presidente. Esa oportunidad se está agotando. Cada mes de retraso reduce el espacio para discutir seriamentelareformayaumentalaposibilidad de que la Constitución termine atrapada en la próxima campaña electoral. No se trata de desconocer el trabajo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac). Ha habido esfuerzo, consultas y una importante labor de divulgación. Pero este esfuerzo no parece hacer eco en la agenda del presidente y le plantea al país una iniciativa que, por su trascendencia, hoy pareciera estar huérfana de verdadera voluntad política. Después de más de dos años, ya no basta con demostrar que el proceso avanza. Hay que demostrar hacia dónde avanza. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero el Gobierno debe pasar de la pedagogía a los resultados, de la preparación a las decisiones y, sobre todo, de la discusión sobre la forma a la discusión sobre el fondo. El país necesita saber qué Constitución se quiere construir, qué problemas pretende resolver y qué cambios concretos propone. Información general, cronogramas de trabajo ambiguos y una ausencia de liderazgo contundente desde la cabeza del Ejecutivo hacen peligrar los esfuerzos y los recursos que en esta materia se han invertido a la fecha. El tiempo se está acabando. Hay dos relojes corriendo simultáneamente: el constitucional y el electoral. Si el Gobierno no acelera ahora, será el segundo el que termine dictando el ritmo del primero y corremos el riesgo colectivo de que el fracaso del Gobierno sea el fracaso del país. EL AUTOR es periodista y filólogo. EL AUTOR es abogado y excandidato presidencial por la libre postulación. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. Rafael Candanedo redes sociales y las nuevas tecnologías en su construcción, expansión y fiscalización interna. Las plataformas digitales son hoy espacios centrales de disputa por la legitimidad, la narrativa y la atención pública. Para una organización sin maquinarias tradicionales de difusión, representan una oportunidad y un riesgo. Permiten comunicar sin intermediarios, construir comunidad y hacer visible una identidad ética; pero la lógica algorítmica también favorece la polarización, la emocionalidad y la simplificación, factores que pueden distorsionar los principios si no se gestionan con rigor. La independencia exige una estrategia digital basada en transparencia, pedagogía y responsabilidad, y debe evitar la farandulización de la política o la compra de visibilidad con recursos que desvirtúen el proyecto. Convertir la política en espectáculo o escándalo es especialmente costoso para formaciones que fundan su legitimidad en la seriedad ética, porque puede trivializar sus principios y desplazar el debate hacia la superficialidad. Quien controla algoritmos, conversación y visibilidad posee un poder político relevante; por eso, la autonomía también se juega en el terreno tecnológico: en cómo se comunica, cómo se protege la integridad frente a la desinformación y cómo se impide que la lógica del espectáculo sustituya la de los principios. Un partido que aspire realmente a transformar la cultura política debe diferenciarse de los partidos tradicionales no solo en el discurso, sino también en su estructura, cultura organizativa y ejercicio del poder. Esa diferencia no puede ser cosmética: debe ser sustantiva, verificable y sostenida en el tiempo. Los partidos tradicionales suelen reproducir clientelismo, personalismo, cálculo electoral opaco y protagonismo individual. Un partido independiente debe romper con esas prácticas desde su origen y demostrar que no es una versión renovada de lo mismo, sino una alternativa ética y organizativa regida por reglas distintas. Esto implica limitar la lógica del reparto, reducir la captura por intereses económicos o mediáticos, rechazar la improvisación estratégica permanente y sostener una narrativa coherente. También supone construir una cultura interna en la que la disciplina ética pese más que la mera disciplina partidaria, la transparencia sustituya, en lo posible, la negociación oculta y la responsabilidad colectiva prevalezca sobre la ambición personal. Si quiere cambiar el sistema, debe empezar por gobernarse a sí mismo con principios, fiscalizarse sin miedo y actuar como un sujeto moral relativamente coherente, en el sentido analógico de la integridad de Dworkin. Solo así podrá diferenciarse de forma creíble de los partidos tradicionales y aspirar a convertirse en una fuerza transformadora real. Desde una perspectiva normativa, un partido independiente es una organización política que busca construirse sobre autonomía organizativa, coherencia ética y responsabilidad colectiva. Se distingue de los partidos tradicionales porque procura no depender de estructuras históricas de poder, redes clientelares ni pactos heredados. Su independencia no es automática ni permanente: es un objetivo que debe sostenerse mediante principios claros, controles internos y una disciplina ética capaz de proteger la integridad del proyecto frente a desviaciones oportunistas. Por lo general, surge de la ciudadanía organizada, de movimientos sociales o de liderazgos que intentan romper con las lógicas dominantes de la partidocracia. Su legitimidad depende de representar intereses públicos de forma verificable y de no reproducir sistemáticamente los vicios que denuncia. Para acercarse a ese ideal, requiere una estructura interna clara, fiscalización efectiva, transparencia decisoria y una cultura política que anteponga la coherencia a la conveniencia coyuntural. Ninguna organización alcanza plenamente este estándar de manera constante; funciona más como horizonte orientador que como descripción exacta de partidos existentes. La autonomía organizativa es su rasgo aspiracional principal. No consiste solo en no depender formalmente de otros partidos, sino en limitar la influencia decisiva de actores económicos, mediáticos, corporativos o políticos sobre su agenda. Para ello necesita financiamiento transparente, reglas internas estrictas y una identidad programática sólida. Un partido que se declara independiente no puede recurrir a la ambigüedad estratégica propia de muchas formaciones tradicionales sin debilitar su credibilidad, pues esta depende de la coherencia entre sus principios y su actuación pública. La independencia exige, por tanto, coherencia ética: los valores esenciales no deben subordinarse por completo a alianzas coyunturales ni a cálculos electorales inmediatos. La pluralidad interna es legítima, pero no puede contradecir abiertamente los principios fundacionales. Si un miembro actúa contra la línea ética o antepone de forma predominante su interés personal, la organización debe poder corregir, sancionar o separar esa conducta, porque la integridad colectiva prevalece sobre cualquier liderazgo individual. La disciplina ética es otro pilar del modelo. No se trata de una disciplina vertical o auMelitón Arrocha Opinión
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