1A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 2 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15675 Hoy por hoy Entre el 18 y el 25 de agosto de 2026, diferentes despachos del Ministerio Público negaron solicitudes destinadas a silenciar las publicaciones que, con ocasión de investigaciones periodísticas, se realizan desde este diario. La creatividad de los “incómodos” con el ejercicio de la libertad de prensa ha aumentado; ya dejaron atrás las tradicionales acusaciones por calumnia e injuria Ahora alegan ser víctimas de “lesiones psicológicas” en forma de “violencia de género” o de actos de “intimidación, presión, hostigamiento, represalia”. Vistos los resultados del sistema judicial en materia de juzgamiento de los delitos de corrupción, así como el desinterés de la Asamblea Nacional en generar leyes que refuercen la política anticorrupción del Estado, no existe otro camino que ejercer con legitimidad, valentía y objetividad la libertad de prensa. La corrupción nos empobrece. De ahí que las actuaciones del Ministerio Público reconozcan la importancia de esta libertad y sirvan como valladar frente a la nueva agenda contra la libertad de prensa. Dice una de las decisiones: “…una medida de protección no puede ser utilizada como mecanismo indirecto para impedir que periodistas investiguen…”. Esta posición representa el triunfo de la libertad de prensa y, con ello, la validación democrática del ejercicio del genuino periodismo. Vivir + Comic Con Panamá 2026: conoce a los artistas invitados 4B Líderes se sostienen, un invicto resiste y un gigante reacciona 8A Deportes TE propone redibujar el mapa político rumbo a 2029 Eliana Morales Gil [email protected] El Tribunal Electoral (TE) plantea cambiar el mapa político rumbo a 2029: los circuitos pasarían de 39 a 41, pero se mantendrían los 71 diputados. Panamá perdería dos curules, al bajar de 25 a 23, mientras Panamá Oeste ganaría dos, al subir de 8 a 10. Bocas del Toro y Chiriquí también experimentarían cambios importantes en la configuración de sus circuitos. El paquete de reformas propone, adeREFORMA ELECTORAL El TE propone 41 circuitos sin aumentar los 71 diputados, redistribuye curules y vuelve a poner el mapa electoral en manos de la Asamblea. más, eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), instancia en la que partidos, sociedad civil y organismos electorales han discutido históricamente las reformas. A última hora, los magistrados del TE intervinieron para frenar propuestas impulsadas por partidos que imponían nuevas restricciones a las candidaturas independientes. El rediseño queda ahora en manos de la Asamblea Nacional: deberá superar primero el filtro de la Comisión de Gobierno y luego conseguir los votos necesarios en el pleno para convertirse finalmente en ley. En el pasado los diputados, especialmente los de San Miguelito, se han opuesto a estos cambios. VEA 2A La CSS mantiene 77 plazas de especialistas sin cubrir pese a 18 convocatorias, mientras enfrenta dificultades para formar, contratar, distribuir y retener médicos en distintas regiones del país. VEA 4A La CSS no logra cubrir sus plazas de especialistas La junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) derogó la resolución que restringía por 10 años el acceso a información relacionada con concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo. La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria, después de los cuestionamientos públicos. VEA 3A AMP da marcha atrás tras ola de críticas por opacidad Odila Castillo Archivo La querella presentada por Odila Castillo contra el subdirector asociado de La Prensa, volvió al archivo luego de que la Fiscalía concluyera, tras nuevas diligencias, que los hechos denunciados no constituyen delito. El expediente había sido archivado en octubre de 2025, pero un juez ordenó reabrirlo en febrero de 2026 para practicar nuevas diligencias. Entre ellas figura un peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), que determinó que no existe daño psíquico producto de los hechos investigados. La Fiscalía dispuso nuevamente el archivo provisional el 18 de agosto. VEA 3A PERIODISMO Querella de Odila Castillo contra Rolando Rodríguez vuelve al archivo Circuitos electorales en Panamá: ¿Qué propone la reforma? Actualidad Con la reforma 39 circuitos 41 circuitos Uninominales 30 Plurinominales 11 Uninominales 26 Plurinominales 13 Fuente: Tribunal Electoral La Autoridad del Canal proyecta un presupuesto de $5,555 millones para la vía acuática en 2027 La Autoridad del Canal de Panamá proyecta para el año fiscal 2027 ingresos por $5,555 millones y aportes directos al Estado por $3,607.8 millones, unos $414 millones más que lo aprobado para 2026. El presupuesto, sustentado por la administradora entrante Ilya Espino de Marotta, también destina $82 millones al proyecto de río Indio, que entrará en una nueva etapa con los primeros reasentamientos y procesos de compensación, además de la licitación para el diseño y construcción de la obra. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 El TE propone un nuevo mapa para elegir a los 71 diputados Eliana Morales Gil [email protected] REFORMA ELECTORAL La reconfiguración mantiene los 71 diputados, pero redistribuye las curules: Panamá pierde dos, Panamá Oeste gana dos y San Miguelito baja de siete a seis diputados. El Tribunal Electoral (TE) presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para redibujar los circuitos electorales con los que se eligen los diputados. El número no cambia, pues se seguirá eligiendo a 71 diputados, pero sí modifica la forma cómo se agrupan las provincias y comarcas para elegirlos. ¿Qué cambia? Los circuitos pasan de 39 a 41. Ahora habrá 30 que eligen un solo diputado (antes eran 26) y 11 plurinominales que, entre todos, eligen 41 diputados (antes eran 13). Los cambios de fondo están concentrados en las siguientes zonas. Bocas del Toro, zona donde actualmente existe un solo circuito, el 1-1, que agrupa toda la provincia (Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Almirante) y elige 2 diputados juntos. Con el proyecto de ley, ese circuito se parte en dos, ambos uninominales: 1-1 Changuinola: 1 diputado. 1-2 Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y Naso Tjër Di: 1 diputado. Mientras que actualmente Chiriquí tiene 6 circuitos y elige 9 diputados en total. Con la propuesta pasa a 7 circuitos, pero sigue eligiendo los mismos 9 diputados. Los cambios impactan específicamente a dos circuitos. Hoy día, en el 4-3, Bugaba y Tierras Altas eligen a 2 diputados. Mientras que el circuito 4-4, Alanje, Boquerón y Renacimiento, escoge a 1 diputado. Con el proyecto, esos dos circuitos se reparten en tres, todos uninominales: 4-3: Bugaba: 1 diputado. 4-4: Alanje y Boquerón: 1 diputado. 4-5: Renacimiento y Tierras Altas: 1 diputado.Este es el circuito nuevo. En Panamá El cambio con más peso político es en la provincia de Panamá, que pierde dos diputados. Pasa de 25 a 23 diputados, aunque sus circuitos mantienen los mismos límites. Quedaría así: 8-2 (San Miguelito): pasa de 7 a 6 diputados. 8-3 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo): pasa de 5 a 4. 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco): pasa de 5 a 4. El circuito 8-6 (Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas) gana un diputado: pasa de 4 a 5. Panamá Oeste sube de 8 a 10 diputados. El 13-1 (Arraiján) pasa de 3 a 4 diputados, y 13-4 (La Chorrera) también pasa de 3 a 4. Los otros dos circuitos de la provincia, 13-2 (Capira) y 13-3 (Chame y San Carlos), no cambian, se quedan con 1 diputado cada uno. Qué falta Por ahora es solo un proyecto de ley. El Tribunal Electoral consultó al Consejo Nacional de Partidos Políticos antes de presentarlo a la Asamblea, como exige la Constitución, pero todavía debe pasar por el primer debate en la Comisión de Gobierno y los dos restantes en el pleno. El sustento de la propuesta El proyecto recuerda que la Constitución Política obliga a ajustar los circuitos electorales según la cantidad de electores registrados, no según el número de habitantes. Esta regla surge de una reforma de 2004, pero desde entonces solo hubo un verdadero rediseño, en 2006. En el 2018 se intentó modificar pero fue rechazado en la Asamblea. En 2020 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la forma en que se habían asignado los diputados en uno de los circuitos de la provincia de Panamá. Una ley de 2022 solo cambió los nombres de algunos circuitos, sin tocar realmente la distribución. Con el padrón electoral actualizado tras las elecciones de 2024, el Tribunal Electoral decidió que ya era momento de rehacer el cálculo completo. Cómo se decide cuántos diputados le tocan a cada zona El cálculo parte de los 3,004,083 electores inscritos en el padrón de 2024. A esa cifra se le restan los electores de Darién y de las comarcas indígenas (Ngäbe-Buglé, Guna Yala y las comarcas más pequeñas), porque la Constitución les garantiza mantener los mismos diputados que tenían en 2004, sin importar cuánto haya crecido o disminuido su población: tres para la comarca Ngäbe-Buglé, dos para Guna Yala y dos para Darién, siete en total. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) excluyeron del paquete de reformas electorales las propuestas que colocaban en desventaja a las candidaturas por libre postulación frente a las de los partidos políticos. Los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá eliminaron el artículo que establecía que, si una persona inscrita en un partido político apoyaba con su firma a un candidato independiente, estaría renunciando tácitamente al colectivo al que pertenece. Además, los magistrados retiraron la propuesta para impedir que los candidatos por la libre postulación se agruparan en listas para competir en los circuitos plurinominales. Esa era una iniciativa aprobada por los representantes de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). En su momento, el diputado Jorge Bloise, quien representa a los independientes en la CNRE, advirtió que, sin las listas, la mitad de los diputados independientes actuales no habría resultado electa en los comicios de mayo de 2024. ¿Adiós a la CNRE? En el proyecto de reformas al Código Electoral, que en la agenda legislativa recibió el número 699, los magistrados del TE proponen la eliminación de la CNRE, la cual se instala cada cinco años, poco después de cada elección, para evaluar el Código Electoral y formular nuevas reformas legislativas. En cambio, pretenden restituir el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como un espacio de consulta y deliberación permanente del TE. Para Arellano, la derogación de la CNRE no constituye “un retroceso” en materia de participación ciudadana ni una disminución de los espacios de deliberación democrática. “Por el contrario, procura adecuar el procedimiento de reforma electoral al diseño constitucional vigente y fortalecer los mecanismos de participación que resultan compatibles con la realidad política actual”, dijo. Tope de financiamiento Entre los cambios que contiene el proyecto 699, presentado la noche del pasado lunes al pleno legislativo, está el aumento del tope de financiamiento para los aspirantes a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen): de $10,000 a $300,000. De ese modo, se equipara al de un diputado de la Asamblea Nacional Frenan pacto de los partidos: ¿pasará el muro del Legislativo? (AN). Para las elecciones de 2029, los candidatos al Parlacen podrán hacer campaña a nivel nacional, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. También se eleva a $300,000 el tope de financiamiento para los candidatos a diputado por la libre postulación. La ‘R’ de residuo Los magistrados también plantearon en el proyecto un cambio en la fórmula para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales: sustituir el mecanismo de adjudicación mediante residuo (“R”) por un sistema de resta mayor. La lógica de esta modificación, según el Tribunal, consiste en descontar de los votos obtenidos por cada partido aquellos que ya hayan sido utilizados para la adjudicación de escaños mediante cociente y medio cociente. De esta manera, únicamente los votos que permanezcan como saldo después de la adjudicación correspondiente podrán ser considerados para la distribución de las curules restantes. “El propósito es evitar que un mismo conjunto de votos produzca efectos acumulativos en la adjudicación de más de un escaño y garantizar que la distribución de las curules responda de manera más directa a la fuerza electoral efectiva de cada organización”, destacó el magistrado presidente Narciso Arellano. Agregó que la modificación procura fortalecer la proporcionalidad de la representación y “corregir los efectos que puedan producir una sobrerrepresentación de determinadas fuerzas políticas”. El fuero penal En las reformas también se excluye a funcionarios que en la actualidad se benefician de la cobertura del fuero penal electoral. El proyecto establece que no gozarán de fuero los vicepresidentes, subsecretarios, delegados electorales y enlaces de los partidos políticos. “La modificación procura evitar que una garantía de naturaleza excepcional se transforme en un mecanismo de inmunidad procesal excesivamente amplio”, indicó Arellano. Tope al dinero en efectivo El proyecto 699 también introduce un control de donaciones digital simultáneo. Además, prohíbe que cualquier donación privada individual o ingreso en efectivo de una sola fuente exceda la suma de $1,000. También establece que la suma de todos los aportes en efectivo no podrá superar el 7% del tope de financiamiento privado de cada cargo. Nuevo umbral para formación Otro de los cambios es el porcentaje para constituir un partido político. El Código Electoral establece que, para constituir un partido político, se requiere inscribir una cifra de adherentes equivalente al 2% del total de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial. El proyecto 699 eleva ese umbral al 3% de los votos válidos, tanto para la constitución de nuevos colectivos como para evitar su extinción luego del torneo electoral. José González Pinilla [email protected] Narciso Arellano, magistrado del TE, en la presentación del proyecto de reformas ante el pleno del Órgano Legislativo. Tomado de asamblea.gob.pa 1 diputado 1 diputado Circuitos electorales en Bocas del Toro: ¿Qué cambia? Actualidad 1 circuito plurinominal Con la reforma 2 circuitos uninominales 1-1 1-2 2 diputados Circuitos electorales en Chiriquí: ¿Qué cambia? Actualidad 2 circuitos plurinominales Con la reforma 6 circuitos uninominales 9 diputados 1 circuito plurinominal 4-1 (David) 3 diputados 4-2 (Barú) 4-3 (Bugaba) 4-4 (Alanje y Boquerón) 4-5 (Renacimiento y Tierras Altas) 4-6 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-7 (Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Féliz) 1 diputado por circuito 4 circuitos uninominales 4-2 (Barú) 4-4 (Alanje, Boquerón y Renacimiento) 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca) 4-6 (Remedios, San féliz, San Lorenzo y Tolé 4-1 (David): 3 diputados 4-3 (Bugaba y Tierras Altas): 2 diputados
3A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 Panorama Rolando Rodríguez y Odila Castillo LP Fiscal reitera archivo de querella de Odila Castillo contra periodista Mónica Palm [email protected] PERIODISMO Tras nuevas diligencias ordenadas por un juez, la fiscal reiteró que los hechos denunciados por Odila Castillo contra el periodista no constituyen delito. La fiscal Cristina D. Cedeño G. reiteró que los hechos denunciados por la abogada Odila Helga Castillo Bonilla en su querella contra el subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, “no constituyen delito para formular una imputación de cargos o sostener una acusación penal”. De ese modo, la fiscal Cedeño —de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal— mantuvo el archivo provisional de la querella penal que presentó Castillo —que alguna vez fue asesora de la Contraloría—, luego de que Rodríguez informara sobre los vínculos de la abogada con el hoy excontralor Gerardo Solís, su relación con contratistas del Estado y el impresionante incremento de su patrimonio. La querella había sido archivada el 31 de octubre de 2025, pero posteriormente, el 6 de febrero pasado, un juez de garantías ordenó su reapertura ante una petición de la querellante, para ampliar las diligencias y la práctica de pruebas. Entre los nuevos “elementos” aportados está un informe pericial de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), que señala que, luego de evaluar a Odila Castillo, “no se identifican secuelas emocionales ni daño psíquico derivado del hecho que se investiga”. En el informe del Imelcf también se apuntó que el estado mental de la evaluada no se encuentra afectado al momento de la evaluación psicológica forense; “sin embargo, sí mantuvo una afectación emocional por la que requirió tratamiento psiquiátrico y fue lo que la ayudó a mitigar los síntomas”. No obstante, se recalca que “la evaluada no mantiene afectación en su salud mental actualmente”. “No existe daño psíquico producto de los hechos”, remarca el informe. Por esa razón, luego de atender el mandato del juez, la fiscal Cedeño reiteró su decisión de archivar la querella, dado que no reúne los elementos suficientes para configurar los delitos que se le endilgan al periodista: lesiones psicológicas en la modalidad de violencia de género, calumnia o injuria. Por lo tanto, en el caso que se investiga, esos delitos son inexistentes. “Por consiguiente, al no constituir los hechos investigados un delito penal y ante la inviabilidad de vincular al querellado a una conducta delictiva, este despacho reitera formalmente su criterio fiscal y considera procedente aplicar el archivo de la investigación”, señala la fiscal Cedeño en un escrito emitido el 18 de agosto pasado, en el que —por segunda ocasión— ordenó el archivo provisional de la causa. Esta no es la única acción de Castillo contra Rodríguez. En total, presentó cinco querellas. Las cinco se tramitan de forma separada, pese a que la defensa solicitó la acumulación de las carpetas, dado que todas las publicaciones forman parte de la misma investigación periodística. No obstante, la contraparte insistió en que Tal Cual Mónica Palm [email protected] PINDÍN . Después de entregar la medalla Justo Arosemena a la primera dama, Maricel de Mulino, y a otros dos homenajeados, la Asamblea festejó ayer su aniversario con una fiesta por todo lo alto. Como en todo baile, la gente espera que salga la primera pareja para tomarse la pista. Y esos fueron Shirley y Manuel Cheng. Tal vez — finalmente— encontraron su vocación para una actividad que no es ilegal. Deberían desmantelar el hemiciclo y, en su lugar, ubicar una gran pista de baile. SECRETISMO. El diputado Ernesto Cedeño reclamó porque el pasado lunes, en la reunión de la junta directiva ampliada de la Asamblea -en la que él participó-, nadie informó sobre la concesión de la medalla a la primera dama. Qué otras cosas se estarán guardando… ZOOM. El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, no pudo participar en la audiencia de revisión de medidas cautelares porque había problemas para conectarse con la plataforma en Tinajitas. ¿Será que el penal no había pagado la cuenta del internet? JET LAG. El presidente Mulino dijo “desconocer” por qué la AMP declaró confidencial la información sobre las concesiones portuarias, pero ocho de los nueve miembros que integran la junta directiva de esa entidad fueron designados por él. Además, tres son ministros en su gabinete. Estará viajando tanto que ya no se entera de lo que firman sus subalternos. PTP. Hace tres semanas, el Gabinete autorizó al MEF a comprar las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) que no estaban en poder del Estado, lo que representa el 41%. Pero ese aval estaba condicionado: el pago de las acciones debía efectuarse “a más tardar el 31 de agosto de 2026”. El plazo se venció y, que sepamos, ni hubo prórroga ni hubo pago. Si le tenían tantas ganas a la venta, ¿qué fue lo que pasó ahora? Getzalette Reyes [email protected] Tras cuestionamientos, AMP deroga resolución que restringía información sobre concesiones OPACIDAD La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que su junta directiva acordó derogar la Resolución JD No. 012-2026, publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial No. 30600, que establecía restricciones al acceso público a información relacionada con concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo. La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la junta directiva, convocada luego de la controversia generada por la medida. La disposición había generado inquietud en sectores vinculados a la actividad marítima y portuaria por sus posibles implicaciones para el acceso a la información pública y la transparencia. La resolución establecía restricciones que, de acuerdo con el contexto de la medida, podían extenderse hasta el año 2036. En su comunicado de ayer, la AMP explicó que la adopción de la resolución respondió a la necesidad de proteger los intereses del Estado y resguardar información de carácter confidencial, cuya divulgación − según la institución− podía incidir en procesos legales en curso y afectar la defensa del patrimonio público. La entidad citó el artículo 8 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que establece la obligación de las instituciones del Estado de brindar información sobre su funcionamiento y actividades, con excepción de aquella considerada confidencial o de acceso restringido. Según la AMP, bajo este marco jurídico, la Junta Directiva consideró que la Resolución JD No. 0122026 tenía como propósito proteger información cuya divulgación pudiera comprometer intereses jurídicos y patrimoniales del Estado, y aseguró que no existía intención de limitar el derecho de acceso a la información pública. La derogación ocurre después de que el presidente José Raúl Mulino solicitara a la AMP revisar la resolución publicada el viernes 28 de agosto. La medida había generado cuestionamientos debido a que restringía el acceso a información relacionada con concesiones portuarias y otros procedimientos administrativos del sector marítimo. La resolución había sido firmada por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, y por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque Ferro. cada nota representaba un hecho independiente. Por esa razón, se observan decisiones contradictorias: dos querellas ya estaban archivadas —con el aval del juez de garantías Roberto Agustín Cedeño De La Rosa— y otras dos no. Castillo fue asesora del excontralor Gerardo Solís (2020-2025) y alegó ser objeto de una campaña de desprestigio, que su firma había perdido clientes, que sus ingresos disminuyeron y que sufría de insomnio, acoso y ansiedad, todo debido a una serie de publicaciones de Rodríguez en las que se exponía su incremento patrimonial, sus vínculos con funcionarios de la Contraloría y su relación con varios contratistas del Estado, para quienes negoció millonarias adendas en sus contratos, invocando el principio de equilibrio contractual. La exfuncionaria se querelló contra Rodríguez, específicamente por la publicación de las notas tituladas La fascinante historia de la exfuncionaria millonaria (publicada el 24 de septiembre de 2024), Castillo, un despegue meteórico desde el servicio público (publicada en prensa.com con el título Odila Castillo, historia de convenientes fidelidades y de lucrativos negocios, el 30 de septiembre de 2024), El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada (el 31 de octubre de 2024), FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo (el 13 de noviembre de 2024) y Odila Castillo era funcionaria de la Contraloría mientras su bufete solicitaba los equilibrios para sus clientes (el 19 de noviembre de 2024). Estructura organizativa de la Autoridad Marítima de Panamá Junta Directiva
4A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 Panorama Especialistas advierten que más alla de llenar las plazas, lo que se requiere es anticiparse. Archivo CSS mantiene 77 plazas de especialistas sin cubrir Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La CSS mantiene 77 plazas de especialistas vacantes pese a múltiples convocatorias, mientras enfrenta dificultades para formar, contratar y retener médicos. Dos cirujanos generales mayores de 65 años siguen entrando a los quirófanos de La Chorrera porque la Caja de Seguro Social (CSS) no ha conseguido especialistas que ocupen sus puestos. La institución mantiene 77 plazas de especialistas sin cubrir, pese a 15 convocatorias nacionales y tres internacionales. Las dificultades afectan distintas especialidades y regiones, entre ellas Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Este. Para Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, la situación no se explica simplemente por falta de médicos. “Es un tema sistémico”, afirmó, relacionado con la distribución, formación, contratación y permanencia de especialistas. La CSS cuenta con profesionales, pero no siempre logra que acepten trasladarse donde existen vacantes. Hay cirujanos, pero resulta difícil conseguir que trabajen en lugares como Almirante o Puerto Armuelles. En otras áreas sí existe escasez, como alergología y endocrinología pediátrica. Colón evidencia el problema de la permanencia. Aunque la CSS inauguró el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero con instalaciones y equipos renovados, tres especialistas renunciaron. Young explicó que algunos médicos reciben formación financiada con recursos públicos y deben trabajar durante determinados períodos en ciertas regiones. Algunos cumplen compromisos de hasta seis años y, al concluirlos, renuncian, obligando a buscar nuevamente profesionales para esas plazas. La CSS ha aumentado los cupos de formación para internos y residentes y, según Young, dispone de recursos para preparar especialistas. Sin embargo, no siempre hay suficientes médicos generales interesados en especialidades y algunos aspirantes no superan los exámenes de ingreso. Así, Panamá puede contar con numerosos médicos generales y simultáneamente sufrir escasez de especialistas. Otro factor es la competencia del sector privado. Young señaló que algunos especialistas ingresan directamente a la práctica privada, donde pueden obtener mayores ingresos. Mencionó como ejemplo a los cardiólogos. Aunque reconoce problemas dentro de la CSS, no considera que las condiciones laborales sean insostenibles. Nicolás García, presidente de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos, sostiene que la CSS debe examinar por qué sus plazas no resultan competitivas. Además del salario, menciona las condiciones laborales, carga asistencial, recursos disponibles, oportunidades de desarrollo profesional, estabilidad y mecanismos de contratación. Para García, recibir pocos aspirantes no significa necesariamente que no haya especialistas, sino que estos pueden encontrar alternativas más convenientes. Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), añade las condiciones para ejercer. La falta de insumos, equipos o personal de apoyo puede dificultar la atención y generar conflictos con pacientes por problemas administrativos. Algunos médicos, agregó, terminan enfrentando reclamos o demandas por situaciones que no dependen de su actuación. En contraste, el sector privado puede facilitar la organización de horarios, reducir obstáculos administrativos y permitir una atención más personalizada. Las convocatorias internacionales tampoco ofrecen una solución inmediata. Contratar especialistas extranjeros exige procesos de autenticación y validación de documentos y trámites ante la Universidad de Panamá, el Consejo Técnico de Salud y Migración. Young considera que estos procedimientos podrían modernizarse, incluso mediante mecanismos virtuales de acreditación, sin eliminar los controles sobre las credenciales. Las 77 vacantes muestran, en definitiva, que el problema comienza mucho antes de publicar una convocatoria. Panamá debe determinar qué especialistas necesita, incentivar a médicos generales a escoger esas residencias, conseguir que completen su formación y crear condiciones para que acepten trabajar y permanecer donde son necesarios. Para Young, la discusión debe involucrar a la CSS, el Ministerio de Salud, las universidades y los gremios médicos. El reto no consiste únicamente en cubrir las 77 plazas actuales, sino en construir un sistema capaz de anticipar las necesidades de especialistas y evitar que las vacantes se reproduzcan a largo plazo en todo el país. Mentiras y pescados “En este país nada pasa sin que el presidente lo sepa”. Son palabras de José Raúl Mulino en 2016 en una entrevista que daba a la periodista Myrna Ortega de NexTV. Tiene razón. Este es un país presidencialista, por lo que es muy difícil creer que una decisión tan trascendental como restringir durante 10 años la información sobre concesiones portuarias y operaciones marítimas en la AMP se tomara sin su conocimiento y aquiescencia. Más aún cuando la medida fue adoptada hace cinco meses por una junta directiva integrada por varios ministros y presidida, además, por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque Ferro. No basta con que Mulino solicite ahora reconsiderarla ante el rechazo ciudadano. Es insuficiente y poco creíble si tomamos en consideración que Mulino dedicó su vida profesional al sector marítimo, al que hoy se dedican dos de sus hijos. Definitivamente en este asunto, como en muchos otros, falta una parte crucial de la historia. “Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, advierte el refrán popular. Pero el fallido intento de secretismo en la AMP es apenas el último episodio con tufillo a mentira. La opacidad, las contradicciones y las verdades a medias no son la excepción en este gobierno. Son la norma. Todavía no conocemos las verdaderas razones por las que salió Lucy Molinar del Ministerio de Educación. Si fue por la polémica licitación con un solo proponente para las laptops de docentes, ¿por qué la Contraloría refrendó el contrato para luego anunciar una auditoría y negar la adenda? De nuevo, hay mucho que no nos están diciendo. Y si se trata de opacidad y de licitaciones que parecen arregladas, hay varios ministros que compiten por el deshonroso primer lugar en oscurantismo. Está, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, que, con aval del Gabinete, declaró confidenciales millonarias compras de artículos tan rutinarios como body cams, amparándose en la “seguridad nacional”. Al parecer, lo que había que proteger no era al país, sino a los beneficiarios de las contrataciones. Lo mismo ocurre en los ministerios de Obras Públicas y de Salud. En este último, las condiciones de una millonaria licitación para la limpieza de hospitales cambiaron a conveniencia de una empresa. Una contratación de limpieza que, paradójicamente, no luce muy limpia. La charada de proceso competitivo se parece más a una contratación directa. Incluso han echado mano del fenómeno de El Niño para declarar un estado de emergencia y poder hacer contrataciones directas hasta junio de 2027. Poco o nada se conoce sobre los planes del Gobierno para enfrentar este severo evento climático, pero ya se adelantaron a asegurarse de que no haya licitaciones y que, así como el agua, también falte la transparencia. ¿Recuerdan el estado de emergencia por la pandemia en el gobierno de Cortizo-Carrizo? El déjà vu es inevitable. En este ambiente tan turbio, ¿les extraña que las mentiras se digan abiertamente y sin la menor consecuencia? Todo indica que la descarada mentira de la presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, a la Asamblea y al país sobre haber consultado la contratación de su hija quedará impune. ANTAI no la investiga y el presidente, que podría destituirla, no ha dicho ni esta boca es mía. Y hablamos de la funcionaria encargada precisamente de juzgar si en las contrataciones del Estado se cumple o se burla la ley. ¿O qué me dicen de la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, que bautizó la contratación de su cuñado como un “préstamo interinstitucional”? En este gobierno, el nepotismo, al igual que sus asombrosas justificaciones, es un chiste mal contado. Hasta la famosa “marca país” llegó envuelta en falsedades. No voy a entrar en lo que costó ni en la contradicción de promocionar un país “carbono negativo” mientras se hace todo lo posible para perder ese estatus. Me quedo con algo mucho más elemental: nos dijeron que era la primera marca país de Panamá. No lo es. Una afirmación tan básica como absurda y tan fácil de desmentir como hacer una búsqueda en internet. Si pretenden que Panamá sea “Anfitrión del Mundo”, tienen que dejar de subestimar a los ciudadanos: tenemos memoria, criterio propio y no tragamos entero. Quienes toman decisiones públicas mienten, se contradicen y ocultan información sin el menor cuidado. ¿Para qué tenerlo, si pueden hacerlo impunemente? Rubén Blades promocionaba a Panamá diciendo que “las sonrisas son gratis”. Al parecer, las mentiras también. Aquí es más probable que una autoridad termine en el hospital con una espina de pescado clavada en la garganta a que enfrente consecuencias por faltar a la verdad y a la transparencia. Salarios de médicos Desglose: Especialidad CSS mensual Privado mensual (Estimado) Neurocirujano $3,048 – $4,294 $8,000 – $15,000+ Cirujano cardiovascular $3,048 – $4,294 $8,000 – $15,000+ Anestesiólogo $3,048 – $4,294 $6,000 – $12,000+ Cardiólogo $3,048 – $4,294 $5,000 – $10,000+ Cirujano general $3,048 – $4,294 $5,000 – $10,000+ Ginecólogo-obstetra $3,048 – $4,294 $5,000 – $10,000+ Intensivista $3,048 – $4,294 $5,000 – $10,000+ Neurólogo $3,048 – $4,294 $4,500 – $9,000+ Dermatólogo $3,048 – $4,294 $4,000 – $9,000+ Nota: CSS: $3,048–$4,294 de salario base, que puede aumentar con sobresueldos, turnos, horas extraordinarias y otros pagos. Privado: ingreso bruto; puede incluir gastos de consultorio, secretaria, equipos, insumos, impuestos y otros costos profesionales. Fuente: CSS y datos propios Publio De Gracia fue traslado de Tinajitas aLa Nueva Joya El exdirector General de Ingresos, Publio De Gracia, fue trasladado a la cárcel La Nueva Joya por órdenes de la Dirección General de Sistema Penitenciario. La información fue confirmada por su abogada Gladys Quintero. De Gracia estaba en Tinajitas desde el pasado 11 de agosto, luego de que un juez de garantías le imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Este caso no está relacionado con la apropiación de créditos fiscales a través de alteraciones en la base de datos eTax 2.0. de la DGI, lo que provocó una lesión patrimonial al Estado de poco más de $42 millones. Quintero detalló que desconoce las razones del traslado de su cliente a La Nueva Joya, ya que no se le ha entregado la resolución por parte de la Dirección de Sistema Penitenciario que explica los motivos. De Gracia debía comparecer el pasado lunes a una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, pero problemasenelsistemaelectrónico le impidieron conectarse y poder seguir el acto vía digital. Por esa razón, la audiencia fue suspendida. El tribunal decidió reprogramar dicha audiencia de apelación para el próximo 16 de septiembre. La esposa de De Gracia, Elaine Salterio González, también fue imputada, pero únicamente por el delito de blanqueo, y se le aplicó una medida cautelar de reporte periódico, medida que fue confirmada por el tribunal de apelaciones. INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Publio De Gracia. Cortesía
5A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026
6A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. un río. La contaminación de las aguas ha sido identificada como un asunto prioritario en la cuenca del río Santa María, mientras que estudios recientes también señalan que la contaminación proveniente de cuencas como Santa María, La Villa, Parita, Río Grande y Antón está afectando la calidad del agua de la bahía de Parita. ¿Qué significa eso más allá del indicador ambiental? Si un río abastece a comunidades, sostiene cultivos, actividades productivas o ecosistemas de los cuales dependen las personas, su deterioro puede terminar afectando agua, alimentación, salud e ingresos. Entonces, el problema deja de estar solamente en el río. En abril de este año, por ejemplo, MiAmbiente confirmó mortandad de peces en el río Curunducito, entre Costa del Este y Santa María, asociada principalmente con descargas de aguas residuales y acumulación de desechos. La institución vinculó expresamente la necesidad de proteger estas fuentes hídricas con la salud pública. Ahí empieza a verse con claridad la conexión: cuando deterioramos un ecosistema, eventualmente las consecuencias llegan a las personas. Y algunas comunidades enfrentan riesgos todavía mayores. Gardi Sugdub, en Guna Yala, nos mostró una dimensión completamente distinta del mismo problema. El aumento del nivel del mar y otros factores llevaron a una comunidad indígena a trasladarse al continente. Pero reubicar una población no consiste simplemente en construir viviendas: significa garantizar agua, saneamiento, salud, medios de vida, identidad cultural, participación y el derecho de las personas a intervenir en decisiones que transformarán su existencia. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Viabilidad empresarial: el filtro indispensable ante la ilusión del emprendimiento Rentabilidad En el ejercicio de la consultoría y la docencia económica, con frecuencia observo un fenómeno recurrente: la fascinación casi ciega por la «idea innovadora». En tiempos en que el emprendimiento se promociona con ímpetu, se suele vender la premisa de que basta con tener pasión y un buen producto para conquistar el mercado. Sin embargo, la dura realidad de las cifras nos muestra una perspectiva distinta. La inmensa mayoría de las iniciativas no fracasan por falta de entusiasmo, sino por la ausencia de un análisis riguroso de viabilidad empresarial. La viabilidad no es un mero trámite académico ni un requisito burocrático para presentar ante una entidad bancaria; es el verdadero filtro ético y técnico que separa un proyecto sostenible de un desastre financiero previsible. Evaluar un negocio exige desmenuzar la propuesta desde múltiples dimensiones interconectadas: -La viabilidad de mercado: No basta con saber que existe un problema; es imperioso cuantificar cuántos están dispuestos a pagar por la solución y a qué precio, en un entorno con competidores ya establecidos. -La viabilidad técnica y operativa: Implica cuestionar si la capacidad de producción y el talento humano disponible realmente pueden respaldar la promesa de valor de manera consistente. -La viabilidad financiera y económica: Exige someter los flujos proyectados a escenarios de estrés. Indicadores como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) no son adornos matemáticos: son herramientas para medir la rentabilidad, el riesgo y el costo de oportunidad del capital. -La viabilidad legal y normativa: Garantiza que el marco regulatorio, las licencias y las exigencias de sostenibilidad no se conviertan en un freno repentino para la operación. En esta estructura, la viabilidad logística y el transporte de carga merecen una mención prioritaria, pues constituyen las arterias por las que circula la viabilidad operativa y financiera. De nada sirve diseñar un bien de alta calidad o negociar un precio competitivo si los costos de flete, los tiempos de tránsito, la consolidación de mercancías o las disrupciones en las cadenas de suministro devoran el margen operativo. En un nodo estratégico como el nuestro, analizar el modo de transporte adecuado, la infraestructura disponible y los riesgos inherentes al movimiento físico de insumos y productos terminados determina si una empresa puede escalar con éxito o si quedará paralizada por cuellos de botella inasumibles. Conocer el virus del papiloma humano, la clave para prevenir varios tipos de cáncer Vacunación les de personas siguen enfermando y muriendo por cánceres que podrían prevenirse. En América Latina y el Caribe, la carga sigue siendo alta y desigual. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en 2022 casi 79,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino en la región de las Américas y más de 40,000 murieron por esta causa. La mortalidad en América Latina y el Caribe es aproximadamente tres veces mayor que en Norteamérica. La prevalencia de infección cervical por VPH también es elevada en la región; la OMS la reporta alrededor del 16 %, una de las más altas del mundo después de África subsahariana. Estas diferencias reflejan brechas en vacunación, tamizaje, seguimiento, tratamiento oportuno, educación y acceso a servicios de salud. Panamá también enfrenta este reto. Según GLOBOCAN 2024, el país registró 9,417 casos nuevos de cáncer y 3,971 muertes por cáncer en general. En cuanto al cáncer cervicouterino, es la segunda causa de muerte en mujeres en Panamá. Estas cifras recuerdan que, aunque Panamá ha avanzado en vacunación contra el VPH y cuenta con programas de prevención, todavía hay oportunidades para mejorar el tamizaje, el diagnóstico temprano y el seguimiento de las personas con resultados anormales. Cómo podemos llegar a nuestra población Estudiar el VPH en la población permite responder preguntas esenciales con datos locales y de manera abierta. Es posible orientar mejor los recursos, priorizar comunidades con mayor necesidad, adaptar los mensajes culturales y medir si las políticas de salud pública realmente están reduciendo infecciones, lesiones Arlene Calvo Sin ambiente no hay derechos humanos Desarrollo sostenible Durante la Feria Internacional del Libro fui invitada a moderar el panel “Derechos humanos y protección ambiental: una agenda compartida”. Junto a José Manuel Pérez, Sotero Morales, Mayté González y Martín Fuentes abordamos el tema desde perspectivas distintas —desarrollo, derechos humanos, conservación y dinámicas poblacionales—, pero las distintas miradas terminaban encontrándose en un mismo punto. Durante el intercambio surgió una pregunta que debería trascender el espacio de aquella conversación: ¿cómo podemos garantizar nuestros derechos humanos si deterioramos el ambiente que hace posible ejercerlos? Durante décadas hemos repetido que Panamá necesita encontrar un “equilibrio” entre desarrollo y protección ambiental. La expresión parece razonable, pero encierra una premisa discutible: que desarrollo y ambiente son dos fuerzas que compiten y que avanzar en una exige sacrificar parte de la otra. ¿Y si estamos planteando mal el problema? El ambiente no es un obstáculo que debamos administrar para poder desarrollarnos. Es una de las condiciones que hacen posible el desarrollo. Y también el ejercicio de nuestros derechos humanos. Pensemos en algo tan concreto como Por eso, proteger derechos humanos también significa anticipar. Y anticipar exige entender no solamente cómo está cambiando el ambiente, sino cómo está cambiando la población que depende de él. Panamá será un país demográficamente diferente en las próximas décadas. Cambiarán la edad de su población, el tamaño de los hogares, su distribución territorial y las demandas sobre agua, vivienda, transporte, energía y servicios. Al mismo tiempo, cambiarán las condiciones climáticas y aumentarán las presiones sobre determinados territorios. Planificar ambas transformaciones por separado sería un error. Una población más concentrada en determinadas zonas significa mayores demandas sobre los mismos recursos. Una población que envejece puede enfrentar vulnerabilidades particulares ante inundaciones, calor extremo o interrupciones prolongadas del agua. Comunidades costeras pueden verse obligadas a reconsiderar incluso dónde vivir. Por eso, quizá debamos abandonar definitivamente la pregunta de cuánto ambiente podemos sacrificar para desarrollarnos. La pregunta correcta es otra: ¿cómo planificamos hoy un país capaz de garantizar mañana agua, territorio, seguridad, bienestar y dignidad para una población que también estará cambiando? Ambiente, desarrollo, población y derechos humanos no son cuatro agendas independientes. Son cuatro dimensiones de una misma decisión sobre el futuro de este país. Porque proteger la naturaleza no significa escoger el ambiente por encima del desarrollo. Significa comprender que, cuando protegemos las condiciones que hacen posible la vida, también estamos protegiendo nuestros derechos humanos. Opinión LA AUTORA es docente universitaria. LA AUTORA es especialista en comunicaciones para la sostenibilidad. LA AUTORA es doctora en salud pública. Lisbeth Jaramillo precancerosas y cáncer. La prevención debe combinar varias estrategias La primera manera de prevención es la vacunación contra el VPH, siguiendo las recomendaciones nacionales, en nuestro caso a los 10 años, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La segunda es el tamizaje con el Papanicolaou o con pruebas de alto desempeño, como la prueba de ADN del VPH, que identifica infecciones de alto riesgo antes de que aparezca el cáncer. La tercera es asegurar tratamiento oportuno para lesiones precancerosas y atención integral para quienes ya tienen cáncer. La meta mundial es encaminarnos, para el año 2030, hacia coberturas vacunales del 90%, tamizaje por Pap o de VPH al 70% y 90% de tratamiento de lesiones precancerosas. Ninguna de estas acciones funciona por separado si la persona no recibe información clara, si no puede llegar al servicio o si el sistema no garantiza seguimiento. Es clave llevar los servicios a donde viven, estudian y trabajan las personas. La comunicación debe ser constante, no solo en campañas ocasionales. Debemos incluir a los niños y hombres en todo el proceso, porque el VPH también puede causar cáncer de pene, ano y orofaringe y, al ser una responsabilidad compartida, ayuda a prevenir la transmisión a mujeres. Entender el VPH nos ofrece una oportunidad poco común para prevenir el cáncer antes de que aparezca. Para lograrlo, necesitamos ciencia, datos locales, vacunación, tamizaje, tratamiento oportuno y participación comunitaria. El virus del papiloma humano, conocido como VPH, es una de las infecciones virales más frecuentes en el mundo. La mayoría de las personas lo adquirirán en algún momento de su vida, muchas veces sin saberlo, porque suele no causar síntomas. En la mayoría de los casos, el organismo elimina el virus de manera natural. Sin embargo, cuando la infección por tipos de alto riesgo persiste, puede producir cambios celulares que, con el paso de los años, se convierten en cáncer. Durante mucho tiempo se habló del VPH casi exclusivamente como causa del cáncer cervicouterino o de verrugas en el cuerpo. Hoy sabemos que su impacto es más amplio: también está relacionado con cáncer de ano, pene y orofaringe, es decir, tumores que afectan zonas de la garganta, la base de la lengua y las amígdalas. Por eso, estudiar el VPH en la población no es un asunto limitado a las mujeres ni a los servicios ginecológicos; es una prioridad de salud pública que nos involucra a todos. ¿Qué se observa? En cuanto al cáncer cervicouterino, las estimaciones globales de GLOBOCAN 2022 reportaron aproximadamente 662,000 casos nuevos y casi 349,000 muertes. Estas cifras muestran una realidad contundente: aunque contamos con vacunas, pruebas de detección y tratamiento de lesiones precancerosas, miMónica Alvarado Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
7A La Prensa Panamá, miércoles 2 de septiembre de 2026 Después de más de dos años de gobierno, Panamá debería estar discutiendo qué Estado queremos construir: cómo limitar el poder presidencial, cómo hacer funcionar una Asamblea Nacional sin confianza ciudadana, cómo garantizar una justicia verdaderamente independiente, cómo combatir la corrupción y la impunidad, cómo fortalecer los órganos de control y cómo establecermejoresmecanismosderepresentación y rendición de cuentas. El calendario hace todavía más preocupante la demora. El Gobierno pretende elegir a los constituyentes en 2027, encargarles la redacción del nuevo texto constitucional, someterlo posteriormente a un período de divulgación y debate ciudadano y, finalmente, llevarlo a un referéndum para que los panameños decidan si lo aprueban o lo rechazan. Todo ello implica que, enunperíodomuylimitado,deberándiscutirse y redefinirse aspectos esenciales de la República: la estructura del Estado, la relación entre los poderes públicos, el sistema electoral, la administración de justicia, los órganos de control, los gobiernos locales, los derechos fundamentales y la distribución del poder. Pero existe un problema todavía mayor: la próxima campaña comenzará mucho antes de 2029. Dentro de poco aparecerán candidaturas, alianzas y el proceso partidista de primarias. Cuanto más se retrase la reforma, mayor será el riesgo de que un proyecto que debería diseñarse pensando en las próximas generaciones termine contaminado por los intereses de quienes estarán compitiendo en las próximas elecciones. La oportunidad para avanzar con rapidez es precisamente ahora, cuando todavía existe distancia respecto del próximo proceso electoral. El puño soberano de Canadá Relación con EUA Washington intenta redactar un borrador de vasallaje. Ottawa le cierra la puerta en las narices. El chantaje arancelario exigía vetar los camiones canadienses. Exigía pedir permiso a la Casa Blanca para hacer comercio global. Pretendía incluso recortar la Constitución canadiense. La soberbia imperial chocó contra un muro helado de rechazo. La mesa de negociación se rompió con un portazo directo. A Washington el tiro le salió por la culata. Creyeron intimidar a una colonia asustada. El resultado es el milagro de unificar a la política canadiense en el frente «Team Canada». Conservadores, liberales, quebequenses y la centroizquierda disolvieron sus rencillas en un solo puño soberano. Doug Ford le dijo al jerarca gringo, sin filtro: «He can kiss my ass» («Se puede ir a besar mi trasero»). Mark Carney remató con la elegancia del timonel económico: «Canada is not for sale» («Canadá no está en venta»). ¿Doug ensaya excelencia idiomática mediática de personero de nuestro patio? Geografía contra el decreto imperial La geografía no se edita por decreto ni por rabieta de red social. Canadá es superior en territorio total a Estados Unidos. Casi diez millones de kilómetros cuadrados. Seis husos horarios, tres océanos y la mayor reserva mundial de agua dulce. El imperio del Sur bebe e industrializa a diario el agua que baja del Norte. Pretender rebautizar el lago Ontario por capricho populista delata una severa deficiencia en el uso del mapa. Los 40 millones de habitantes canadienses defienden el bilingüismo como una trinchera innegociable. Si la frontera terrestre se cierra, Canadá gira hacia el Pacífico. Sus cifras récord de comercio con China demuestran que la gravedad económica no pide tutelas. Canadá halló en China un amortiguador ante la andanada proteccionista de Estados Unidos. Las exportaciones canadienses hacia China aumentaron, desde 2025, 13.8%, acelerándose con picos interanuales de 29% en el acumulado de 2026 y meses excepcionales de hasta 73.9% de aumento (mayo de 2026 frente a mayo de 2025). La presión de Washington fue una válvula de escape. Canadá pudo colocar mayores excedentes de materias primas y energía. La paradoja extractiva: de Vermont a Donoso Para Panamá, el pulso del Norte encierra una lección de cinismo transparente. Los imperios disputan aranceles, mientras el capital extractivo opera sin patria. Quantum ha dejado devastación y lodazales tóxicos en el municipio de Donoso. Administra sus tentáculos desde la bucólica y ecologista Vermont. Aire puro, paz institucional y leyes verdes para el Norte. Paradoja. Contaminación, deforestación y demandas de arbitraje para el Istmo. El contraste rasga cualquier disfraz corporativo. La lección canadiense debe resonar con fuerza en el Istmo. ¿Cuándo van a unirse las fuerzas panameñas para articular nuestra defensa como nación? El 9 de enero y el estallido de 2023 demostraron que la calle sabe frenar el abuso transnacional. La soberanía no puede seguir fragmentada por parcelas electorales. El chantaje arbitral se combate congelando las disputas de facción y alzando un solo puño soberano. Como Canadá. Los imperios caducos pasan. El lago Ontario seguirá llamándose Ontario. El francés resonará en Le Grand Fleuve (río y golfo de San Lorenzo) y será tragado por el Hillbilly English. Principios fundamentales para consolidar un partido independiente Ética política toritaria, sino moral y programática. Se apoya en la convicción compartida de que la política debe orientarse al bien común y no a la simple acumulación de poder. Esto exige decisiones transparentes, debates resueltos mediante argumentos antes que presiones y mecanismos que limiten personalismos, caudillismos y desviaciones oportunistas. Quienes integran el partido aceptan que la identidad colectiva prevalece sobre las ambiciones individuales. Quien no comparte las decisiones puede apartarse; quien actúa contra los principios debe ser separado para preservar la credibilidad del proyecto. Mantener esta disciplina es difícil y requiere vigilancia constante. La responsabilidad colectiva sostiene su funcionamiento. Un partido que aspira a la independencia no puede mantenerse si cada integrante actúa como actor aislado, sin conexión con la línea institucional. Dirigentes, militantes y simpatizantes deben contribuir a preservar la coherencia del proyecto, fiscalizar internamente y evitar que la organización se convierta en un espacio de intereses personales. Esta responsabilidad se expresa en la toma de decisiones, la comunicación pública y la relación con la ciudadanía. La transparencia resulta indispensable: debe mostrarse, en lo posible, cómo se decide, por qué se decide y quién participa. La democracia interna real es condición para sostener la independencia. No basta proclamar autonomía; hay que practicarla mediante procesos claros de elección, deliberación abierta, rendición de cuentas y límites a las decisiones tomadas en círculos cerrados. También exige corregir errores, revisar estrategias y adaptarse sin perder la identidad central. Cuando un partido combina razonablemente autonomía, ética, disciplina y democracia interna, puede convertirse en una alternativa más sólida, capaz de influir en la cultura política y ofrecer una forma de hacer política más transparente, responsable y orientada al interés público. Aun así, ningún partido queda libre de tensiones entre estos ideales y las exigencias de la competencia electoral. En este marco resulta pertinente la reflexión de Ronald Dworkin en Law’s Empire (1986). Dworkin sostiene que la legitimidad institucional del derecho depende de actuar conforme a principios y no solo según conveniencias coyunturales. Su noción de law as integrity —el derecho como integridad— plantea que las instituciones jurídicas deben interpretarse como si fueran obra de un “autor colectivo”, es decir, de una comunidad personificada que mantiene una narrativa moral coherente en el tiempo. Aunque Dworkin desarrolla esta idea en el ámbito jurídico y judicial, la analogía es útil para la política partidaria: un partido que se declara independiente solo puede conservar su credibilidad si sus decisiones responden a una línea ética reconocible y no contradictoria. La integridad, en este sentido, no es un ideal abstracto, sino una condición de legitimidad que la organización debe procurar, incluso si ello implica renunciar a ventajas estratégicas inmediatas. En el ecosistema contemporáneo, un partido independiente debe analizar el papel de las Tomás Cristóbal Alonso La reforma sin reforma Constituyente El Gobierno del presidente José Raúl Mulino lleva más de dos años hablando de una nueva Constitución. En campaña prometió una transformación institucional profunda y creó una estructura para impulsarla. Desde entonces hemos tenido alfabetización constitucional, foros, consultas, seminarios y una hoja de ruta. Todo ello es necesario. Pero, después de más de dos años, el proceso se resume en una sola frase: mucho ruido y pocas nueces. El Gobierno ha dedicado tiempo, esfuerzos y recursos para explicar cómo podría hacerse la reforma, pero todavía dice muy poco sobre qué quiere reformar. Y ese vacío es precisamente lo más preocupante. En el fondo de la reforma, ni el Gobierno ni las fuerzas políticas que lo llevaron a la Presidencia le han presentado al país una propuesta clara sobre qué instituciones deben cambiar, por qué deben cambiar y cómo deberían funcionar. Más allá de un calendario para elegir constituyentes y redactar un nuevo texto, el Gobierno no asume liderazgo en el fondodelareformaylasociedadsiguesinconocer cuáles son los criterios que propone que deberían orientar esa transformación. Peor aún, la reforma constitucional está ausente del discurso del presidente. Esa oportunidad se está agotando. Cada mes de retraso reduce el espacio para discutir seriamentelareformayaumentalaposibilidad de que la Constitución termine atrapada en la próxima campaña electoral. No se trata de desconocer el trabajo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac). Ha habido esfuerzo, consultas y una importante labor de divulgación. Pero este esfuerzo no parece hacer eco en la agenda del presidente y le plantea al país una iniciativa que, por su trascendencia, hoy pareciera estar huérfana de verdadera voluntad política. Después de más de dos años, ya no basta con demostrar que el proceso avanza. Hay que demostrar hacia dónde avanza. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero el Gobierno debe pasar de la pedagogía a los resultados, de la preparación a las decisiones y, sobre todo, de la discusión sobre la forma a la discusión sobre el fondo. El país necesita saber qué Constitución se quiere construir, qué problemas pretende resolver y qué cambios concretos propone. Información general, cronogramas de trabajo ambiguos y una ausencia de liderazgo contundente desde la cabeza del Ejecutivo hacen peligrar los esfuerzos y los recursos que en esta materia se han invertido a la fecha. El tiempo se está acabando. Hay dos relojes corriendo simultáneamente: el constitucional y el electoral. Si el Gobierno no acelera ahora, será el segundo el que termine dictando el ritmo del primero y corremos el riesgo colectivo de que el fracaso del Gobierno sea el fracaso del país. EL AUTOR es periodista y filólogo. EL AUTOR es abogado y excandidato presidencial por la libre postulación. EL AUTOR es abogado, investigador y doctor en Derecho. Rafael Candanedo redes sociales y las nuevas tecnologías en su construcción, expansión y fiscalización interna. Las plataformas digitales son hoy espacios centrales de disputa por la legitimidad, la narrativa y la atención pública. Para una organización sin maquinarias tradicionales de difusión, representan una oportunidad y un riesgo. Permiten comunicar sin intermediarios, construir comunidad y hacer visible una identidad ética; pero la lógica algorítmica también favorece la polarización, la emocionalidad y la simplificación, factores que pueden distorsionar los principios si no se gestionan con rigor. La independencia exige una estrategia digital basada en transparencia, pedagogía y responsabilidad, y debe evitar la farandulización de la política o la compra de visibilidad con recursos que desvirtúen el proyecto. Convertir la política en espectáculo o escándalo es especialmente costoso para formaciones que fundan su legitimidad en la seriedad ética, porque puede trivializar sus principios y desplazar el debate hacia la superficialidad. Quien controla algoritmos, conversación y visibilidad posee un poder político relevante; por eso, la autonomía también se juega en el terreno tecnológico: en cómo se comunica, cómo se protege la integridad frente a la desinformación y cómo se impide que la lógica del espectáculo sustituya la de los principios. Un partido que aspire realmente a transformar la cultura política debe diferenciarse de los partidos tradicionales no solo en el discurso, sino también en su estructura, cultura organizativa y ejercicio del poder. Esa diferencia no puede ser cosmética: debe ser sustantiva, verificable y sostenida en el tiempo. Los partidos tradicionales suelen reproducir clientelismo, personalismo, cálculo electoral opaco y protagonismo individual. Un partido independiente debe romper con esas prácticas desde su origen y demostrar que no es una versión renovada de lo mismo, sino una alternativa ética y organizativa regida por reglas distintas. Esto implica limitar la lógica del reparto, reducir la captura por intereses económicos o mediáticos, rechazar la improvisación estratégica permanente y sostener una narrativa coherente. También supone construir una cultura interna en la que la disciplina ética pese más que la mera disciplina partidaria, la transparencia sustituya, en lo posible, la negociación oculta y la responsabilidad colectiva prevalezca sobre la ambición personal. Si quiere cambiar el sistema, debe empezar por gobernarse a sí mismo con principios, fiscalizarse sin miedo y actuar como un sujeto moral relativamente coherente, en el sentido analógico de la integridad de Dworkin. Solo así podrá diferenciarse de forma creíble de los partidos tradicionales y aspirar a convertirse en una fuerza transformadora real. Desde una perspectiva normativa, un partido independiente es una organización política que busca construirse sobre autonomía organizativa, coherencia ética y responsabilidad colectiva. Se distingue de los partidos tradicionales porque procura no depender de estructuras históricas de poder, redes clientelares ni pactos heredados. Su independencia no es automática ni permanente: es un objetivo que debe sostenerse mediante principios claros, controles internos y una disciplina ética capaz de proteger la integridad del proyecto frente a desviaciones oportunistas. Por lo general, surge de la ciudadanía organizada, de movimientos sociales o de liderazgos que intentan romper con las lógicas dominantes de la partidocracia. Su legitimidad depende de representar intereses públicos de forma verificable y de no reproducir sistemáticamente los vicios que denuncia. Para acercarse a ese ideal, requiere una estructura interna clara, fiscalización efectiva, transparencia decisoria y una cultura política que anteponga la coherencia a la conveniencia coyuntural. Ninguna organización alcanza plenamente este estándar de manera constante; funciona más como horizonte orientador que como descripción exacta de partidos existentes. La autonomía organizativa es su rasgo aspiracional principal. No consiste solo en no depender formalmente de otros partidos, sino en limitar la influencia decisiva de actores económicos, mediáticos, corporativos o políticos sobre su agenda. Para ello necesita financiamiento transparente, reglas internas estrictas y una identidad programática sólida. Un partido que se declara independiente no puede recurrir a la ambigüedad estratégica propia de muchas formaciones tradicionales sin debilitar su credibilidad, pues esta depende de la coherencia entre sus principios y su actuación pública. La independencia exige, por tanto, coherencia ética: los valores esenciales no deben subordinarse por completo a alianzas coyunturales ni a cálculos electorales inmediatos. La pluralidad interna es legítima, pero no puede contradecir abiertamente los principios fundacionales. Si un miembro actúa contra la línea ética o antepone de forma predominante su interés personal, la organización debe poder corregir, sancionar o separar esa conducta, porque la integridad colectiva prevalece sobre cualquier liderazgo individual. La disciplina ética es otro pilar del modelo. No se trata de una disciplina vertical o auMelitón Arrocha Opinión
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