1A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 17 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15360 Hoy por hoy Lo que ocurre con la principal concesionaria de la isla Naos, en Amador, tiene todos los ingredientes de una situación kafkiana. Quienes pagaron sus apartamentos hace años viven en ellos y conservan contratos y recibos, pero todavía no tienen títulos de propiedad. Algunos descubrieron, además, que sus viviendas están entre los bienes secuestrados por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos para cobrar una deuda del concesionario. ¿Cómo puede alguien pagar una propiedad y, una década después, seguir sin ser legalmente su dueño? ¿Puede el Estado pretender cobrar una deuda ejecutando apartamentos que habían sido vendidos a terceros de buena fe? ¿Quién responde por los títulos que nunca llegaron? ¿Qué hicieron durante todos estos años las instituciones que intervinieron en el financiamiento, la concesión y la supervisión del proyecto? Ahora que el Estado busca recuperar los terrenos, surge la quinta pregunta: ¿qué solución ofrecerá a esos compradores? Lo más preocupante es que cada inversionista extranjero que concluye que Panamá no protege su propiedad representa un golpe a la seguridad jurídica y a la reputación del país. Y con razón. Opinión Pedro Vargas sobre políticas de vacunación: ‘Carne de cañón’ 8A Economía El Fondo de Ahorro de Panamá gana $109.9 millones 2B Tocumen S.A. licita la ampliación de la Terminal 2 por $208.7 millones TURISMO José González Pinilla [email protected] Cuatro años después de que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen comenzara a operar plenamente, el 22 de junio de 2022, la administración de la terminal aérea tramita una licitación por $208.75 millones para ampliar esa infraestructura. El proyecto ya ha despertado el interés de 25 empresas nacionales e internacionales. La ampliación contempla 10 nuevas puertas de abordaje y cinco posiciones remotas, en momentos en que Tocumen se acerca al límite de su capacidad por el crecimiento sostenido de pasajeros. El aeropuerto cerró 2025 con más de 20.9 millones de viajeros y proyecta superar los 22 millones este año. La administración calcula que para 2030 podrían transitar por Tocumen unos 30 millones de pasajeros al año. VEA 1B Pagaron por vivir frente al Canal y quedaron sin títulos Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Compradores de apartamentos en Naos llevan años sin recibir sus títulos y ahora algunas propiedades quedaron secuestradas por una deuda millonaria de la empresa concesionaria. Conozca cómo llegaron hasta aquí. El francés Pierre Guiochon, el británico Peter Mackrill y el estadounidense Peter Weatherall llegaron a Panamá en momentos distintos, pero hoy tienen algo en común: invirtieron en apartamentos de Naos Harbour atraídos por su ubicación frente al Canal y terminaron atrapados en un conflicto legal que se arrastra desde hace aproximadamente una década. Algunos pagaron completamente sus propiedades y conservan contratos y recibos que acreditan las transacciones. Sin embargo, años después, varias unidades continúan inscritas a nombre de la promotora y sus compradores siguen esperando los títulos que acrediten legalmente su propiedad. El problema se agravó cuando el Estado rescindió la concesión de isla Naos y secuestró 79 apartamentos para garantizar el cobro de una deuda millonaria del concesionario. Entre esas unidades, según los residentes, figuran propiedades que habían sido vendidas previamente a terceros. VEA 2A Área de construcción de los apartamentos, en un punto estratégico de la ciudad de Panamá. Alexander Arosemena ‘Laptops’ del Meduca: entre exigencias técnicas y preguntas pendientes La compra de 54,000 ‘laptops’ para docentes que precipitó la salida de Lucy Molinar está bajo investigación, mientras falta documentación clave para comprobar si los equipos cumplen todas las especificaciones técnicas exigidas. VEA 6A El ministro de Economía y Finanzas considera que los $37 millones destinados a promoción y publicidad son proporcionales al presupuesto estatal $35,111.7 millones y necesarios para divulgar servicios y productos públicos. VEA 6A El nuevo ministro de Educación ha transitado durante años por la administración pública y la política, con cargos en Presidencia, Contraloría, Seguridad, Transporte y Comercio. Su formación profesional está vinculada a las finanzas. VEA 7A Felipe Chapman defiende gasto de $37 millones para promoción Ventura Vega figura en 10 juntas directivas del Estado UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), resolvió administrativamente el contrato de Naos Harbour, después de haber secuestrado previamente 79 apartamentos del complejo por la deuda de la empresa con el Estado. Gabriel Rodríguez Naos: compradores de apartamentos, atrapados en una maraña legal Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La rescisión de la concesión de Naos Harbour dejó a decenas de propietarios en un limbo jurídico. Algunos quedaron vinculados a los secuestros ordenados por el Estado. Lo que comenzó como la mudanza a un apartamento frente a la entrada del Canal de Panamá terminó convirtiéndose, para decenas de compradores, en una batalla por proteger un patrimonio que creían seguro. El litigio de los residentes de dos edificios en el complejo Naos Harbour Island Residences & Marina, en isla Naos, Amador, empezó hace una década. Llegaron ahí atraídos por la remodelación de la calzada, el puerto de cruceros y otros proyectos turísticos que reforzaban la expectativa de que la zona se revalorizaría. La realidad es otra. Mientras el Estado busca recuperar la concesión de isla Naos tras rescindir el contrato a la sociedad Naos Harbour Island Inc., varios residentes permanecen sin títulos de propiedad y otros descubrieron que sus apartamentos fueron incluidos entre los bienes secuestrados por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) para garantizar el cobro de la deuda que reclama al concesionario. Atrapados en un limbo legal El francés Pierre Guiochon llegó a Panamá de vacaciones, por primera vez, hace una década. Mientras navegaba por la plataforma Airbnb encontró un anuncio que mostraba una vista privilegiada hacia la entrada del Canal. Pensó que las fotografías eran un poco exageradas, así que decidió hacer una cita para comprobarlo personalmente. La imagen era real. “Quería verificar si esa vista existía de verdad. Llegué y era exactamente como aparecía en las fotos”, recuerda Guiochon con una sonrisa. Era 2016. Naos Harbour era un edificio nuevo, levantado sobre una concesión estatal en una de las islas de Amador, con la promesa de convertirse en uno de los desarrollos residenciales más exclusivos del país. Lo tenía todo: dos piscinas, gimnasio, jacuzzi, área social, salón de fiestas, planta eléctrica, áreas verdes y acceso al mar. Además, estaba la construcción de una tercera torre, proyectada para albergar la piscina más grande del desarrollo. Guiochon decidió que quería vivir allí. Diez años después, conserva la misma vista que lo convenció de invertir, pero ha perdido el entusiasmo. “Intenté venderlo, pero nadie podía hacerlo. Hoy siento que mi inversión no vale absolutamente nada”, afirma. Su historia es similar a la de otros propietarios del PH. Para colmo, han quedado en medio del conflicto entre el desarrollador del proyecto y el Estado panameño. Porque Naos Harbour Island Inc. no solo habría incumplido con los compradores de los PH; también lo habría hecho con la UABR, que le reclama $10 millones en concepto de canon de arrendamiento acumulado. ‘Es mi casa’ El británico Peter Mackrill se enteró del proyecto en Naos cuando todavía no se habían construido los edificios. En aquella época, los apartamentos se comercializaban mediante contratos de inversión y usufructo (time sharing). Cuando la promotora transformó el edificio en un PH, ofreció a quienes ya habían adquirido unidades convertir esos contratos en compraventas tradicionales. Para hacerlo, recuerda, debía pagar una suma adicional. En su caso fueron $20 mil y aceptó. Aunque firmó el contrato de compraventa en 2018, espera desde entonces su título de propiedad. “Si usted busca la finca en el Registro Público, todavía aparece a nombre de Naos Harbour Island Inc.”, explicó Mackrill. Aseguró que posee el contrato de compraventa y conserva todos los recibos de pago. Incluso, parte del dinero fue pagado directamente a la Caja de Ahorros (CA), que otorgó el financiamiento al desarrollador. “Es mi casa y vivo ahí”, resaltó el británico, quien sostuvo que el problema fue creciendo con los años debido a la demora en la entrega de los títulos. Después descubrieron que algunas unidades permanecían hipotecadas, pese a que la deuda había sido saldada. Luego, varios apartamentos terminaron incluidos entre los bienes secuestrados por la UABR. “Hay varias capas que impiden que tengamos la titularidad que nos corresponde”, recalcó Mackrill. El laberinto Los residentes describen una cadena de decisiones que, aseguran, terminó atrapándolos en un complejo conflicto jurídico. El proyecto fue financiado originalmente por la CA mediante un préstamo cercano a $25 millones. De ese monto, Naos Harbour pagó $13 millones, dejando una deuda de $12 millones. Tras el incumplimiento de la promotora, el crédito pasó a cobro coactivo. Para entonces, decenas de personas ya habían pagado sus apartamentos, pero seguían sin recibir los títulos. Ante la falta de respuestas, varios adquirentes contrataron abogados y promovieron una diligencia judicial para conocer el estado real de las fincas. Según Mackrill, fue durante ese proceso cuando descubrieron que algunos pagos efectuados por los propietarios sí estaban registrados en la CA y que incluso existían cartas de liberación de determinadas unidades que nunca fueron entregadas a quienes las habían comprado. Posteriormente, la CA y la promotora alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda mediante la transferencia de distintos activos, incluidos 17 apartamentos. Sin embargo, los residentes afirman que, apenas un día después de concretarse aquel acuerdo, varias unidades fueron nuevamente hipotecadas a favor de otra sociedad. Meses más tarde llegó otro golpe. Tras determinar que el concesionario mantenía una deuda millonaria por el contrato de arrendamiento de isla Naos, la UABR ordenó el secuestro de 79 de los 136 apartamentos del proyecto turístico Naos Harbour para garantizar el cobro. De acuerdo con los residentes, cerca de 29 de esas unidades ya habían sido vendidas años antes. Entre ellas figura el apartamento donde vive Mackrill y dos de los cuatro inmuebles adquiridos por el estadounidense Peter Weatherall. Los abogados de los propietarios solicitaron a la UABR excluir esas fincas al considerar que pertenecen a terceros que las adquirieron de buena fe. Mientras tanto, el proceso judicial continúa. No volverá a invertir en Panamá Weatherall llegó al país con la intención de establecerse una vez jubilado. El abogado estadounidense comenzó a invertir en bienes raíces en Panamá hace más de una década. Compró nueve propiedades en el país; cuatro están en Naos Harbour, de los cuales dos continúan sin título de propiedad. “Cuando conocí Naos pensé que tenía un potencial extraordinario. Las vistas son increíbles y la posibilidad de ver barcos entrando y saliendo del Canal es increíble y única”, expresó. Lo que nunca imaginó fue que, más de 10 años después, seguiría esperando que las propiedades fueran traspasadas a su nombre. “He comprado bienes raíces en Estados Unidos, México y China. Nunca había vivido una situación como esta”, relata. La “decepción”, como comentó, modificó por completo su percepción de Panamá. “No tengo intención de volver a invertir en bienes raíces en Panamá porque ya no confío en que el sistema pueda protegerme“, señaló. “Amo Panamá, a su gente y creo que es un lugar maravilloso. Precisamente por eso me duele haber terminado en esta situación”, puntualizó. Las reglas del contrato El contrato original de concesión, adjudicado el 8 de marzo de 2002 a Naos Island Development Inc., contemplaba la construcción de un hotel cinco estrellas, apartamentos tipo time share, casino, centro comercial y otras facilidades recreativas en 5.2 hectáreas. También permitía hipotecar las mejoras construidas sobre la parcela y venderlas a terceros, previa autorización de la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), siempre que no se afectaran los derechos del Estado. Los compradores debían asumir las obligaciones derivadas del contrato, incluido el pago del canon de arrendamiento de la tierra. En 2004, el Estado rescindió por primera vez esta concesión de isla Naos por incumplimiento. Cuatro años después, el proyecto pasó a Naos Harbour Island Inc., sociedad encabezada por Marco Shrem. Dieciocho años después, en marzo de 2026, la UABR volvió a rescindir el contrato. Ahora, el Estado se prepara para una posible venta de los terrenos de la isla, cuyo avalúo realizado por el MEF supera los $97 millones. Más ventas Mientras decenas de propietarios siguen sin recibir sus títulos de propiedad, la Caja de Ahorros mantiene publicados, desde el pasado martes 21 de julio, tres anuncios de venta de apartamentos en ese complejo, resaltando sus acabados y las vistas hacia la entrada del Canal de Panamá. Con la venta de estos inmuebles, de entre 115 y 279 metros cuadrados, la CA pretende recibir $1.2 millones. El anuncio comenzó a circularelmismodíaenque La Prensa reveló que el Estado realizó avalúos sobre los terrenos ocupados por Naos Harbour. Sin embargo, no menciona que el proyecto enfrenta un proceso judicial ni que varios compradores aún reclaman sus títulos de propiedad y buscan excluir sus apartamentos del secuestro de la UABR. Pierre Guiochon. Cortesía Avisos de la venta de apartamentos por parte de la Caja de Ahorros. LP Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom UI UNIDAD INVESTIGATIVA Peter Weatherall. Cortesía Peter Mackrill. Carlos Moore ¿Quién es dueño de qué? El terreno: pertenece al Estado panameño y fue entregado en concesión para desarrollar el proyecto. Los apartamentos: fueron construidos y comercializados por Naos Harbour Island Inc. Algunos tienen título; otros compradores pagaron, pero aún no figuran como propietarios. La concesión: fue rescindida por el Estado en marzo de 2026 debido a incumplimientos. El conflicto: la UABR secuestró 79 apartamentos para garantizar una deuda del concesionario; compradores sostienen que varias de esas unidades ya habían sido vendidas a terceros.
3A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026
4A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 Panorama INFILTRADIOS. Cuando era ministro de Seguridad, entre 2009 y 2014, José Raúl Mulino hablaba de la incursión del narcotráfico en las campañas políticas y entre los diputados. Como si eso se corrigiera solo con hablar… Ahora, como presidente de la República, lo ha vuelto a hacer: ha dicho que el narcotráfico se ha infiltrado en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales, en bufetes de abogados, en comunicadores y hasta en organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya presentó las denuncias correspondientes? Esta vez, ¿sí hará algo para que se investigue? El Ministerio de la Presidencia tiene 27 asesores en planilla que cuestan $1.2 millones al año. Alguno debe ser bueno para acudir al Ministerio Público y entregar las pruebas. BURLA. Al presidente le gusta hablar de ese asunto, pero el cuento no le preocupa cuando invita a la Presidencia a diputados como Shirley Castañedas (abogada de narcotraficantes) y Raúl Pineda (ligado a la operación antinarcóticos Jericó). Doble discurso o doble estándar. FRENEMIES. Seguramente al contralor Anel Flores le importó entre poco y nada que se llevaran a Ventura Vega para el Meduca. La relación con Ventura es menos fluida que la que tenía con Lucy Molinar. Incluso, en abril de 2026, le retiró la facultad de refrendar documentos de afectación fiscal que emitan las entidades públicas, sin límite de cuantía, que él mismo le había concedido un año antes. Habrá que preguntarle a Flores por qué. HELP!. Ernesto Méndez, nuevo embajador de Panamá en Guyana, recibió un auxilio de $69,000 en el año 2016 para estudiar una maestría en negocios En los últimos años, los ciudadanos han expresado de distintas maneras su molestia por los evidentes nexos entre el crimen organizado y los funcionanrios. Archivo De la Policía a la Asamblea: cuando el crimen organizado penetra las instituciones Eliana Morales Gil [email protected] SEGURIDAD La Policía Nacional reconoce que el crimen organizado ha logrado captar unidades dentro de sus filas. Algunos agentes fueron separados y puestos a órdenes del Ministerio Público tras investigaciones internas. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que la institución separó de sus filas a oficiales captados por el crimen organizado. “Muchos hemos incluso desvinculado y puesto a órdenes del Ministerio Público a algunas unidades que, lamentablemente, han sido abordadas por el crimen organizado”, afirmó. En la Policía, esa depuración corre por cuenta de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP). “Hacemos nuestra revisión de todo nuestro personal, de todos nuestros uniformados”, dijo Fernández. Los operativos internos alcanzaron a personas señaladas en algunos casos, precisó. El director habló de la dimensión del problema. “El crimen organizado ha tenido décadas para poder fortalecerse. Esa es la realidad”, reconoció. Al mismo tiempo, defendió al grueso del estamento, que supera las 25 mil personas entre agentes juramentados y personal no juramentado. “No por pocos tenemos que manchar la reputación del trabajo y sacrificio de muchas de las unidades”, añadió. Fernández aportó una cifra: la Policía recibió más de 900 denuncias contra sus miembros el año pasado. El número, aclaró, mezcla quejas de todo tipo. “Un operativo de tránsito que alguien no se sintió cómodo, eso es, por ejemplo, una denuncia”, ejemplificó. La institución no ha divulgado cuántas de esas denuncias apuntan a vínculos con el crimen organizado. La advertencia de Mulino Las declaraciones del director surgieron a partir de la advertencia que lanzó el presidente José Raúl Mulino el 12 de agosto, en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, ante delegados de 19 países. “Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”, manifestó el mandatario ante el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y los responsables de los ministerios de defensa y seguridad de los países participantes. Los cárteles, agregó, “tienen infiltrados en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales” y financian “bufetes de abogados, comunicadores” y organizaciones que aparentan defender causas sociales. “No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza”, advirtió el presidente en ese discurso. Consultado sobre esa premisa, Fernández respondió: “En efecto, nosotros lo hemos dicho como coalición nacional”. Y agregó: “Tenemos una tarea muy grande que la hemos ido desarrollando efectivamente con incautaciones récord que se han dado en esta administración”. La respuesta institucional, según el director, también pasa por las condiciones del personal. “Tenemos que seguir dotando a las unidades, tenemos que seguir dándoles un ambiente, una calidad de vida mucho mejor”, dijo, para “contrarrestar esas situaciones que se puedan prestar” frente a terceros que buscan aprovecharse. Dos casos en el Legislativo Si se le pone la lupa al poder Legislativo, por ejemplo, hay casos concretos. Para el periodo 2024-2029, hay dos diputados vinculados a pesquisas relacionadas con tráfico de drogas. A uno de ellos, incluso, se le relaciona con blanqueo de capitales. La Corte Suprema de Justicia investiga a Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por la operación Jericó, un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional que en el 2024 desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales. El Ministerio Público envió a la Corte, órgano que investiga a los diputados, interceptaciones telefónicas que probarían que su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, supuestamente lavó dinero para el grupo investigado por Jericó. Pineda Tejada, quien tiene arresto domiciliario, es investigado por la presunta comisión de blanqueo de capitales, ya que se le relaciona con la entrega de casi $90 mil al colombiano Jonathan Parra, quien confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales. En la Corte también existe un expediente contra el diputado Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales remitió al pleno el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas. El caso surgió en abril de 2011, cuando la Fiscalía de Drogas desmanteló una presunta red de narcotráfico vinculada a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que usaba la escuela de aviación Albrook Flight para transportar droga, y acusó a Mosquera de ser uno de sus presuntos cabecillas. En 2024, un juzgado lo absolvió junto a otras ocho personas, pero la Fiscalía de Drogas apeló ese fallo. Capturas en Colombia y extradición desde España El componente internacional tomó fuerza en el propio foro. Hegseth anunció que Colombia “ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas”, y que ese país se sumará como miembro 19 de la iniciativa Escudo de las Américas, surgida de la cumbre que convocó Estados Unidos en marzo pasado. Desde el pasado 7 de agosto el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Fernández valoró ese anuncio. “Es positivísimo, porque nosotros como policía (...) hemos hecho muchas operaciones en conjunto, tanto de Colombia hacia Panamá, como de Panamá hacia Colombia”, dijo. El director además reveló que esas operaciones corren en ambas direcciones desde el inicio de esta administración. Dos líderes de grupos criminales que se escondían en Colombia ya fueron traídos al país, dijo. España concretó hace poco la extradición de otra persona “de alto perfil” para las autoridades panameñas. ‘El primer escudo’ del Canal El foro contra los carteles se celebró en paralelo con los ejercicios multinacional Panamax 2026, enfocados en la defensa del Canal de Panamá. “Nosotros somos el primer escudo de defensa del Canal. Es la realidad”, afirmó Fernández. La fuerza pública, explicó, ensaya los escenarios de amenaza que se puedan dar y actúa “como una sola fuerza” bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, “mientras se da todo el apoyo que se requiere de otros países en caso de alguna amenaza que pueda ser concretada”. En la clausura del foro, Hegseth estrenó el emblema de la coalición: “Hacemos cosas malas contra las personas malas”, dijo el secretario de Guerra, quien advirtió que “es un mal momento para subirse a una lancha del narcotráfico en el hemisferio occidental” porque “hay un nuevo sheriff en el pueblo”. El jefe del Departamento de Guerra también puso a Panamá como referencia de la región. “El presidente Mulino se ha resistido a las tácticas de presión de otros países, ha adoptado medidas de disuasión y ha rechazadolasamenazasasusoberanía”, afirmó, y describió al país como “un buen ejemplo del tipo de sociedad que buscamos”. La defensa del hemisferio, añadió, abarca “las amenazas externas a nuestra soberanía nacional, sea del narcotráfico o de otros actores extranjeros alineados”. Yaritza Mojica [email protected] Pensiones: plazo vence mañana entre denuncias y atención extraordinaria CSS A horas de que venza el plazo para que los asegurados decidan si permanecen en su actual sistema de pensiones o migran al nuevo régimen, la Caja de Seguro Social (CSS) intensificó durante este fin de semana la atención a los usuarios, en medio de denuncias sobre presuntos cambios realizados sin autorización. El plazo vence este martes 18 de agosto y, ante la cercanía de la fecha, la CSS habilitó de manera extraordinaria agencias este sábado y domingo para orientar a los asegurados sobre el proceso que se realiza mediante la plataforma Mi Caja Digital. Según la institución, en estas oficinas no se efectúan cambios de sistema, sino que se brinda asesoría para completar el trámite. La jornada coincidió con cuestionamientos de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR), que asegura haber recibido “innumerables denuncias” de personas que, al ingresar por primera vez a la plataforma, aparecen registradas en el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, pese a que afirman no haber autorizado el traslado. La organización pidió reforzar los mecanismos para verificar la voluntad de los asegurados y propuso incorporar una confirmación adicional mediante firma. El director de la CSS, Dino Mon, negó que se estén realizando cambios automáticos y calificó esas denuncias como “un disparate”. Explicó que la migración requiere que el asegurado ingrese con sus credenciales y que el sistema genere un documento en PDF que respalde su decisión. Mon aseguró, no obstante, que la CSS investigará individualmente los reclamos. Si se comprueba que una persona fue trasladada sin haberlo solicitado, afirmó, la reclamación será válida y se habilitará nuevamente el sistema para que pueda tomar su decisión, incluso después del vencimiento del plazo. internacionales en España. ¿Cuántos más habrá así en este gobierno? MOROSIDAD. El director general de la CSS, Dino Mon, informó que, a partir de este lunes, se presentarán las denuncias contra aquellas juntas comunales y alcaldías que están morosas en el pago de la cuota obrero patronal. En conjunto, deben $13 millones. Al fin alguien hace algo por recuperar esos dineros. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026
6A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 Panorama El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió los $37 millones que el proyecto de presupuesto 2027 destina a promoción y publicidad estatal. “Me asustó la pregunta y el titular de La Prensa, porque hablamos de un presupuesto que excede los 35,000 millones”, dijo en una entrevista con Telemetro emitida ayer. “Pensemos las proporciones”, pidió. Chapman admitió que la cifra también lo sorprendió a él. “La cifra que yo manejaba en mi mente era 16, 17 millones”, contó. Pero al revisar el detalle, dijo, encontró la explicación: “Más del 50% son empresas del Estado, como el Banco Nacional y la Caja de Ahorros”. Y defendió que esas entidades paguen pauta: “¿Alguna vez usted ha administrado un banco? Yo sí. Y sin dar a conocer sus productos y servicios, el banco no crece”. El ministro puso ejemplos de su propia cartera. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas vende un bien, ya sea un apartamento, un lote, una casa, debe anunciarlo para atraer postulantes, explicó. “¿Cuesta plata anunciarlo? Sí. Pero el rédito para el contribuyente es 1,000 a 1,000”, explicó. Sobre la lotería fiscal, dijo: “Por cada dólar que hemos invertido en darlo a conocer, hemos recaudado como 1,000 balboas adicionales en ITBMS. Dígame si eso no es buen negocio para el contribuyente”. El reclamo por el titular El ministro también mencionó la cobertura periodística del tema “Ese fue el titular. Pero nadie habló de que bajamos el servicio de la deuda en casi 3,000 millones. Pero el titular es $37 millones”, reclamó el ministro. Las cifras del proyecto respaldan la magnitud del descenso, con un matiz: el servicio de la deuda pasa de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496 millones en 2027, una reducción de $2,443 millones, equivalente a 30.8%. La partida de publicidad, en contraste, representa el 0.1% del presupuesto total. Periodista le da la razón al ministro Hugo Famanía, el perioChapman esperaba la mitad, pero justifica los $37 millones en pauta PUBLICIDAD ESTATAL dista que lo entrevistó, marcó distancia del reclamo. “Yo no me meto en el titular de ningún medio, porque yo respeto la línea editorial de cada medio y creo en la libertad de expresión y de empresa”, respondió. Sin embargo, le dio la razón al ministro. Panamá es firmante del Pacto de San José, recordó Famanía, “que reconoce el derecho del ciudadano al acceso a la información y a la pauta publicitaria del Estado para informar al ciudadano”. Y agregó: “Me resulta incómodo que se trate de demonizar algo que incluso nosotros somos firmantes de pactos internacionales que garantizan el principio”. El propio Famanía precisó el límite que fija ese instrumento: la pauta estatal no puede ser “promoción de personalidades”. Chapman coincidió. “Yo estoy en desacuerdo que se usen los dineros presupuestarios para hacer proselitismo político. ¿Eso se está haciendo con esta campaña? No”, afirmó. Como prueba, citó las placas de las obras inauguradas por esta administración: “Ninguna de esas placas dice inaugurado por el presidente. Esta obra es producto del trabajo del pueblo panameño”. Y dejó una pregunta en el aire: “¿Quién fue el último presidente que hizo eso? Yo tengo memoria, todos ponen su nombre”. La discusión surgió con el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional: $35,111.7 millones para 2027, de los cuales $37 millones corresponden a promoción y publicidad. La cifra generó cuestionamientos en la Asamblea. El diputado José Pérez Barboni advirtió que “hay instituciones completas que manejan menos presupuesto que la pauta estatal” y citó el caso de la Autoridad Nacional de Transparencia, con diez veces menos recursos que esa partida. Las laptops de los docentes comenzaron a ser distribuidas la primera semana de agosto. Cortesía Meduca contrató $28.4 millones por 54,000 ‘laptops’: ¿cumplen lo exigido? Aleida Samaniego C. [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] COMPRAS DEL ESTADO La Contraloría auditará la compra de 54,000 laptops para docentes por $28.48 millones, mientras el Ministerio Público investiga el proceso. La ficha técnica del proveedor no aparece en el contrato publicado en Panamá Compra. La compra de computadoras portátiles para docentes es uno de los procesos que quedó bajo escrutinio tras la salida de Lucy Molinar del Ministerio de Educación (Meduca). Molinar dijo que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso avanzaran y, particularmente, para que se investigara y aclarara el proceso relacionado con las computadoras. La Contraloría General de la República auditará todo el proceso de compra de las computadoras portátiles realizado por el Meduca. La entidad informó que la revisión abarcará todo el proceso y advirtió que, si durante la auditoría surge algún elemento “que pueda revestir carácter penal”, acudirá al Ministerio Público. Por su parte, el procurador Luis Carlos Gómez Rudy confirmó que ya se investiga la compra de las computadoras, a petición de Molinar, quien renunció al cargo de ministra de Educación. En ese contexto, el Contrato S-04-2026, suscrito por el Meduca con IS Group, S.A., establece la adquisición de 54,000 computadoras portátiles para docentes por $28.48 millones, con el impuesto incluido. Los equipos están identificados en el contrato como LIBY, modelo N18-14C, y el documento establece un plazo de 60 días para su entrega. El monto contratado equivale a unos $527 por computadora, con ITBMS incluido. Esta cifra corresponde al valor total de la contratación y no significa que los $28.48 millones hayan sido desembolsados en su totalidad. El contrato establece que el pago se realizará en un único desembolso, después de la entrega total de los equipos y una vez subsanados los defectos que pudieran detectarse. Para autorizar el cobro, la Dirección Nacional de Informática del Meduca debía remitir el documento de “Recibido a Satisfacción”. El pago estará sujeto, además, a la retención del 50% del ITBMS y deberá efectuarse en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la aprobación y aceptación de la documentación requerida. El proceso de entrega ya comenzó y, en los primeros días de la jornada, más de 1,800 docentes a nivel nacional habían recibido computadoras, según informó el Meduca. Los equipos forman parte de las 54,000 laptops adquiridas a IS Group, S.A., cuyas especificaciones técnicas incluyen requisitos relacionados con el procesamiento de inteligencia artificial. Con las primeras computadoras ya entregadas a docentes, surge una pregunta: ¿los equipos corresponden a las características técnicas que Meduca estableció en el proceso de compra? Computadoras con requisitos de inteligencia artificial Durante el proceso de licitación, las características y requisitos técnicos establecidos para las computadoras fueron certificados en tres ocasiones por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), según consta en la documentación del proceso. El pliego de cargos establece, entre otros requisitos, una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) de al menos 40 TOPS, un procesador de seis núcleos o más, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. La NPU es un componente diseñado para acelerar determinadas tareas de inteligencia artificial directamente en el equipo. El pliego establece, además, que las computadoras deben tener capacidad para ejecutar determinadas funciones de inteligencia artificial sin conexión a internet, así como procesamiento relacionado con visión y voz. Estos son requisitos establecidos en el proceso de licitación. Sin embargo, la documentación revisada hasta ahora no permite determinar si la configuración concreta de los equipos contratados cumple con cada uno de ellos. RFID, código de barras y personalización Las exigencias del Meduca también incluyen mecanismos para identificar y dar seguimiento a cada computadora. Cada equipo debe contar con un tag RFID y un código de barras serial para su identificación única y para facilitar las tareas de inventario y seguimiento de la atención técnica. El número de serie y el código de barras deben quedar grabados mediante serigrafía o láser y acompañados por una etiqueta adherida permanentemente al equipo. El pliego establece, además, características físicas específicas para las computadoras destinadas a los docentes. La tapa superior debe ser azul y el logo del Meduca debe aparecer en el cover, debajo del teclado y en el BIOS. En cuanto al sistema operativo, el pliego establece condiciones de autenticidad, actualización, compatibilidad con Microsoft 365 y el licenciamiento requerido por el Meduca mediante el convenio Shape the Future. Cuatro años de garantía y soporte El contrato contempla 1,461 días de garantía y soporte técnico, equivalentes a cuatro años. La garantía debe prestarse en sitio y cubrir partes y mano de obra. El pliego establece un máximo de cinco días hábiles para iniciar la reparación y de 10 días hábiles para reparar o reemplazar el equipo. El contrato también incorpora Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para atender las incidencias según su nivel de urgencia. Para una falla crítica, el tiempo máximo de respuesta técnica establecido es de entre una y cuatro horas laborables. Para una incidencia de urgencia media, de cuatro a ocho horas, y para una incidencia baja, de 24 a 72 horas laborables. El Anexo 1 que no aparece en el ejemplar revisado El Contrato S-04-2026 hace referencia al Anexo 1: Ficha Técnica del proponente para el Renglón 2, correspondiente a la ficha técnica presentada por el proponente para el renglón contratado. Sin embargo, este documento no aparece incorporado en el ejemplar del contrato revisado y publicado en Panamá Compra, que concluye en la página 16 con las firmas y el refrendo de la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar; el contralor, Anel Flores, y el representante de la empresa Hamzi Moussa El Reda Jaafar. La ausencia del Anexo 1 impide hacer una comparación completa entre las especificaciones establecidas por el Meduca en el Pliego de Cargos y la configuración concreta de las computadoras LIBY N18-14C identificadas en el contrato. Para completar esa verificación sería necesario revisar la ficha técnica presentada por el proponente y determinar si contempla, entre otros requisitos, una NPU de al menos 40 TOPS, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un procesador de seis núcleos o más, además de las capacidades de procesamiento de inteligencia artificial, visión y voz, los mecanismos de identificación y las demás condiciones establecidas en el pliego. Lo documentado hasta ahora es que el Meduca contrató 54,000 computadoras portátiles para docentes por $28.48 millones, identificadas en el contrato como LIBY, modelo N18-14C, y que los equipos ya comenzaron a ser entregados a nivel nacional. Lo que no puede comprobarse, a partir del ejemplar del contrato disponible, es si la configuración presentada por el proponente cumple todas las especificaciones técnicas exigidas por el Meduca. Para determinarlo es necesario revisar el Anexo 1. La Contraloría General de la República auditará todo el proceso de adquisición y el Ministerio Público ya investiga la compra. La revisión de la ficha técnica del proponente será un elemento clave para determinar si los equipos contratados y entregados cumplen las condiciones establecidas en el proceso de compra. Mientras avanzan estas investigaciones, el nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, ha señalado que continuará con el proceso para una nueva compra de computadoras portátiles destinadas a los estudiantes y que colaborará con las autoridades en la revisión de la adquisición de las laptops para docentes. Felipe Chapman en la Comisión de Presupuesto. Cortesía/MEF
7A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 Panorama La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a garantizar la transparencia y el debido proceso en la investigación relacionada con la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (Meduca), al tiempo que pidió mantener el debate educativo alejado de las coyunturas políticas. En su pronunciamiento dominical, el gremio empresarial sostuvo que, ante la investigación abierta por el Ministerio Público a solicitud de la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, corresponde que todas las diligencias se realicen con “rigor, independencia y transparencia”, debido a que se trata de recursos públicos destinados al sector educativo. Para la CCIAP, cada balboa destinado a la educación debe administrarse con absoluta responsabilidad, por lo que cada decisión relacionada con el uso de fondos públicos debe estar debidamente sustentada. CCIA exige transparencia en investigación por compra de laptops Más allá de la investigación, la Cámara de Comercio planteó que la discusión nacional sobre educación debe tener un punto de partida: el estudiante debe estar en el centro de las decisiones. El gremio advirtió que los cambios de autoridades, las coyunturas políticas y las diferencias entre sectores no deben desviar la atención del objetivo fundamental: garantizar que los niños y jóvenes permanezcan en las aulas, reciban una educación de calidad y encuentren en ella una herramienta para construir su futuro. “La educación está por encima de personas y cargos”, señaló la organización, al reiterar su planteamiento de que debe convertirse en una política de Estado y una prioridad nacional. La CCIAP también consideró necesaria una renovación integral de la Ley de Educación, mediante un proceso de diálogo constructivo en el que participen los distintos sectores de la sociedad. El objetivo, según el gremio, debe ser adecuar el sistema educativo a las necesidades actuales y preparar a los estudiantes para un mundo laboral cada vez más dinámico. La organización empresarial también llamó la atención sobre las condiciones físicas de los centros educativos y señaló que la calidad de la enseñanza requiere instalaciones adecuadas, seguras y dignas tanto para estudiantes como para docentes. La primera actividad oficial de Ventura Vega como ministro de Educación fue el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media. Cortesía/Meduca Ventura Vega: de 10 juntas directivas directo al Meduca Aleida Samaniego C. [email protected] Martha Vanessa Concepción [email protected] MINISTRO El nuevo ministro de Educación es licenciado en Banca y Finanzas y maestro de enseñanza primaria. Su trayectoria incluye cargos en la Contraloría, Comercio, Seguridad y la ATTT. La formación académica de Ventura Vega, nuevo ministro de Educación, está principalmente vinculada con las finanzas. Es licenciado en Banca y Finanzas y también se formó como maestro de enseñanza primaria en la Escuela Juan Demóstenes Arosemena, la Normal de Santiago. La experiencia profesional de Vega, sin embargo, se ha desarrollado principalmente en la administración pública, donde ha ocupado cargos relacionados con las finanzas, el comercio, la seguridad, el transporte y la gestión institucional. Vega fue designado ministro de Educación el jueves 13 de agosto, un día después de la renuncia de Lucy Molinar. Su currículo registra como último cargo el de secretario general de la Contraloría General de la República. Antes fue asesor del presidente de la República en el Ministerio de la Presidencia, participó en el Consejo de Gabinete con derecho a voz y fue enlace de la Presidencia ante el Órgano Legislativo. De las finanzas a la administración pública La experiencia profesional de Vega incluye el cargo de tesorero municipal de Panamá y posiciones como director de Administración y Finanzas en el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia y en el Ministerio de Seguridad. También fue viceministro encargado de Seguridad y director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Su paso por la ATTT estuvo relacionado con uno de los procesos judiciales de mayor impacto de esa institución: el programa de compensación a los propietarios de buses conocidos como “diablos rojos”, retirados de circulación con la entrada del sistema MetroBus. Vega fue investigado y procesado junto con otros exdirectores de la ATTT por supuestas irregularidades en ese proceso. En septiembre de 2025, un tribunal lo absolvió, al igual que a los demás exdirectores procesados. En el Ministerio de Comercio e Industrias ocupó los cargos de director nacional de Comercio y viceministro de Comercio. Su currículo también destaca su participación como primer director de la Bolsa de Productos de Panamá, donde intervino en la reglamentación de la ley y en la instauración de los primeros puestos y corredores de bolsa de productos del país. Antes de esos cargos, trabajó como auditor de Casinos Nacionales en la Contraloría y, posteriormente, fue subgerente general y contralor de esa institución. También fue subdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Las juntas directivas El currículo entregado para su designación identifica 10 participaciones en juntas directivas como actuales. Entre ellas figuran las del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa), Mercados Nacionales de la Cadena de Frío (Merca), ATTT, Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá, Dirección Nacional de Pasaportes, Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), Zona Libre de Colón y Caja de Seguro Social (CSS). En la legislación panameña —fundamentada en la Constitución Política y en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley 351 de 2022—, la participación de la Contraloría (contralor o el funcionario en quien este delegue) en las juntas directivas del Estado se rige, por regla general, por el derecho a voz, pero sin voto. Este principio también está contemplado en las leyes orgánicas de distintas entidades autónomas y semiautónomas, como la CSS, Tocumen,S.A.,ENAylaATTT. De esta manera, el contralor o su delegado puede participar en las sesiones, expresar opiniones y formular observaciones, sin intervenir mediante su voto en las decisiones de las juntas directivas. El currículo también registra participaciones anteriores en juntas directivas. Vega fue presidente de la junta del Instituto Panameño de Turismo, hoy Autoridad de Turismo de Panamá, y miembro de las juntas de la Lotería Nacional de Beneficencia, Banco de Desarrollo Agropecuario, antiguo IRHE, Dirección de Seguros y Reaseguros y Recursos Marinos. Vega asume el Meduca con una trayectoria construida principalmente en las finanzas y la administración pública, mientras que su formación como maestro de enseñanza primaria constituye su vínculo académico directo con el sector educativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que oficializó la designación de Ernesto Méndez Chiari como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Cooperativa de Guyana, donde Panamá espera abrir una embajada física. El acto de toma de posesión estuvo liderado por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, en busca de reconfigurar la política exterior panameña hacia la región caribeña. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que Méndez Chiari posee formación académica con maestrías en la Universidad de Yale y el IE Business School, y será quien asumirá la jefatura de la misión diplomática en Georgetown. Panamá nombra nuevo embajador en Guyana ante apertura de la embajada DIPLOMACIA Ya el presidente José Raúl Mulino había anunciado, tras la visita al país del mandatario guyanés, Mohamed Irfaan Ali, que Panamá abrirá físicamente su Embajada en Guyana durante el transcurso de este año. La Prensa pudo conocer que Panamá ya solicitó a Guyana el beneplácito para la apertura de la misión diplomática y del embajador que encabezará dicha misión. De acuerdo al proceso diplomático, la sede de la embajada panameña ya está gestionada y debe ser abierta tan pronto el nuevo embajador llegue a Georgetown aproximadamente dentro de un mes. Martha Vanessa Concepción [email protected] El canciller Javier Martínez-Acha le entrega las credenciales al nuevo embajador Ernesto Méndez Chiari. Cortesía Condenan a Jair Martínez, pero solo pagará $1,000 JUDICIAL Martha Vanessa Concepción [email protected] El Tribunal de Juicio Oral declaró penalmente responsable al exrepresentante del corregimiento de Santa Ana, Jair Martínez Vega, por el delito de peculado de uso, imponiéndole una sentencia de 48 meses de prisión. Sin embargo, debido a que es la primera vez que se le sentencia por un delito, los magistrados determinaron reemplazar la pena de cárcel por un pago de 500 días-multa, calculado a razón de $2.00 diarios, lo que sitúa la sanción monetaria definitiva en $1,000. De acuerdo al informe, los hechos que originaron la investigación, liderada por la Sección Segunda de Investigación y Juicio Oral de la Fiscalía Anticorrupción, se remontan al año 2021 durante su gestión en la Junta Comunal de Santa Ana. El tribunal señaló, mediante un veredicto unánime dictado el 31 de julio de 2026 y cuya lectura formal de sentencia se concretó este 14 de agosto, que Martínez utilizó $500 de los fondos de la Junta Comunal para pagar los servicios de un contador privado que realizaba trabajos específicos en beneficio de una empresa vinculada al exfuncionario. También se dictaminó la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas por cuatro años.
8A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. manos de un adolescente en Colón o Darién, fue declarada desierta el 1 de julio mediante la Resolución 646: las dos ofertas presentadas no lograron certificar el sistema antirrobo exigido ni acreditar experiencia previa equivalente al 10% del contrato, como pedía el pliego de cargos. Ese riesgo, por ahora, no se materializó. La compra que sí se concretó, portátiles Liby para docentes, $28.4 millones, entrega iniciada el 15 de julio, es la más pequeña de las dos, y es sobre la que renunció una ministra y por la cual se abrió una investigación penal. El patrón es revelador. El aparato de rendición de cuentas panameño, cuando funciona, funciona sobre precio: la Contraloría refrenda un contrato, la Procuraduría rastrea un desembolso, la Dirección General de Contrataciones Públicas resuelve un reclamo. Existe porque el número es auditable. Es la vieja distinción de Bastiat entre “lo que se ve y lo que no se ve”. El sobreprecio se ve: cifra de referencia, cifra ofertada, firma de refrendo. El daño al menor no se ve, no todavía, no en un expediente. No hay línea de desembolso para el daño que un adolescente sufre en internet sin acompañamiento, ni refrendo de Contraloría para la ausencia de un psicólogo escolar en Darién. El expediente de la ex ministra existe porque el precio se ve. El riesgo del niño no, al menos no en la forma en que Panamá construye expedientes. Y ni hablar de los estudios internacionales que no comprueban mejora alguna. Más de una década de evidencia sobre programas de computadoras portátiles estuLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El talento que no certifica un título Habilidades socioemocionales Cada año, miles de jóvenes panameños culminan sus estudios con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Invierten tiempo, esfuerzo y recursos en prepararse; sin embargo, muchos descubren que obtener un título no siempre es suficiente para acceder a un empleo. La explicación va más allá de la disponibilidad de vacantes. Cada vez más, las empresas manifiestan una preocupación que se repite en distintos sectores: cuesta encontrar talento con las competencias que hoy demanda el mundo laboral. Durante años hemos centrado el debate en qué carreras estudiar, qué profesiones tendrán mayor demanda o cómo incorporar nuevas tecnologías en los procesos de formación. Todo eso es importante. Pero existe otro desafío, menos visible y muchas veces subestimado: las habilidades socioemocionales. Las organizaciones siempre necesitarán personas con conocimientos técnicos, pero valoran más, sobre todo en los jóvenes sin experiencia, su capacidad de comunicarse de manera efectiva, trabajar en equipo, adaptarse al cambio, resolver problemas, asumir responsabilidades y relacionarse con respeto con clientes y compañeros. Estas son competencias que difícilmente pueden ser reemplazadas por la tecnología y que, en muchos casos, marcan la diferencia entre conseguir un empleo o perder una oportunidad. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital están modificando la manera en que trabajamos. Paradójicamente, mientras más avanza la tecnología, mayor valor adquieren las capacidades que nos hacen profundamente humanos: la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo, la ética y la capacidad de aprender de forma permanente. Esta formación no recae únicamente en las universidades o en los centros de formación técnica; también interpela al sector privado, al Estado y a las organizaciones que trabajan en el desarrollo del talento humano. Preparar a las nuevas generaciones requiere una articulación permanente entre quienes educan y quienes generan empleo, para asegurar que la formación responda a las necesidades reales del país, presentes y futuras. Desde COSPAE creemos que fortalecer la empleabilidad implica mucho más que ofrecer capacitación. Significa conectar la educación con el mundo del trabajo, promover experiencias prácticas, desarrollar habilidades para la vida y acompañar a las personas en la construcción de un proyecto profesional sostenible. Panamá no solo debe avanzar junto con la tecnología; necesita cerrar las brechas de talento y formar ciudadanos íntegros, resilientes y preparados para aprender durante toda la vida, si quiere mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores estratégicos como la logística, el turismo, la tecnología, los servicios y la economía digital. Esa tarea requiere una visión compartida y un compromiso a largo plazo, sostenido y permanente, entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Carne de cañón Vacunación infantil nuestra parte para denunciar el desacuerdo con tan onerosa dirección y asegurar a los padres de los niños que las sociedades médicas pediátricas seguimos adheridas a los consejos y recomendaciones de la ciencia de las vacunas y la vacunación, que de estas sociedades emanan con responsabilidad y evidencia. No hay ninguna justificación sensata para el origen de esta orden ejecutiva porque no la hay y, mucho menos, frente a un brote creciente de casos que se inició en Texas el año pasado, donde dejó algo más de 2,200 infectados confirmados. Peor aún, más que coincidencia, existe el conocimiento no atendido de que los niños están por regresar a las escuelas y la temporada de los resfriados y la influenza ya está por florecer. Este mandato a ejecutar parece ser la factura para, si no doblegar, desprestigiar a la medicina y la ciencia, a los médicos y a los hombres y mujeres de ciencia, desde un útero enfermo, cuya concepción debe abortarse. A ratos pienso si se trata de un deseo no oculto de borrar el respeto a todo lo que lleve el apellido Kennedy, lo que el narcisismo no tolera. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Los casos que se complican causan infecciones severas en los pulmones y el cerebro, lo que se traduce en muerte o secuelas incapacitantes. Se conoce que 1 de cada 5 personas no vacunadas terminará hospitalizada; 1 de cada 1,000 niños con sarampión desarrollará hinchazón o edema del cerebro con el riesgo de invalidez y muerte. Hasta 3 de cada 1,000 niños infectados morirán. Al 13 de agosto ya hay en los Estados Unidos 2,566 casos conPedro Ernesto Vargas La pantalla y el expediente Compra de computadoras El 12 de agosto, la ministra de Educación renunció al cargo. El mismo día pidió a la Procuraduría que se investigara la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, $28.4 millones adjudicados a IS Group, S.A. La Procuraduría abrió el expediente el 13 de agosto y solicitó el expediente administrativo de la licitación, los desembolsos realizados y los datos de la empresa contratista. Hay un expediente. Hay una renuncia. Hay una investigación con fecha y firma. Empecé a seguir este tema en febrero, cuando el Ministerio de Educación (Meduca) reunió a los proveedores para ajustar el precio de la licitación de computadoras portátiles para estudiantes, encarecidas por los aranceles de Trump. El argumento de entonces era que ningún funcionario respondería por nada, que las “laptops” llegarían y los indicadores de gestión registrarían una meta cumplida sin consecuencia alguna. Ese argumento resultó cierto solo a medias: alguien sí respondió. Pero no por el riesgo a los niños. Respondió por el precio. La licitación para comprar las 531,250 portátiles destinadas a los estudiantes, la que pondría una pantalla sin supervisión en diantiles en países en desarrollo, incluidas evaluaciones del modelo “One Laptop Per Child” (OLPC) en Perú, Uruguay y Etiopía, encontró resultados de aprendizaje nulos o marginales. La pantalla llegó. El maestro capacitado, el contenido estructurado, la supervisión, no. Panamá se apresta a gastar $268.5 millones sin evidencia de que funcione, además de sin control sobre el riesgo que crea. El contraste es exacto en Estados Unidos, donde decenas de fiscales generales demandan a las plataformas de redes sociales por un daño distinto pero contiguo: diseño deliberadamente adictivo dirigido a menores. Ahí el expediente sí existe, construido con evidencia clínica y epidemiológica. Panamá tiene la maquinaria para ese expediente. La usa para todo menos para esto. La próxima licitación para portátiles para estudiantes, la que Meduca deberá convocar nuevamente tras la Resolución 646 que declara la licitación desierta, exige procesadores de al menos seis núcleos, unidades de procesamiento de inteligencia artificial, 16 GB de RAM y 16 horas de autonomía. El pliego describe con precisión de ingeniero la potencia de cómputo que exigirá a la máquina. No describe, con la misma precisión, quién estará presente cuando esa potencia, en manos de un niño de doce años, se encuentre con lo que la inteligencia artificial sin supervisión suele encontrar. Opinión LA AUTORA es especialista en Negocios y Recursos Humanos y actual presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE). EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. EL AUTOR es neonatólogo y pediatra. Carmen Sealy de Broce firmados de sarampión en 2026. Este número es el mayor registrado en ese país desde 1991, hace 35 años. El 93% de los individuos infectados no está vacunado y se han producido 169 hospitalizaciones hasta ahora. Todo niño, como lo enfatizan la Sociedad Panameña de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría, tiene el derecho a crecer seguro y protegido. Esa seguridad y protección se garantizan con el acceso a todas las vacunas seguras y eficaces contra enfermedades infecciosas. Disminuir el número de estas probadas vacunas y destinarlas a edades superiores a las recomendadas hasta ahora aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad antes de alcanzar las nuevas edades de vacunación. Volver a aplicar tres inyecciones separadas en lugar de una MMR o triple viral implica tres visitas al centro de salud o clínica con el riesgo probado de no atenderlas todas, aumenta los costos de atención y contradice la perorata de que “se aplican muchas vacunas a los niños muy temprano”. Aparte de las consecuencias nefastas de todas estas decisiones sin bases científicas o evidencia probada, la salud pública tendría que escoger qué programa de vacunación suspender para cumplir con nuevas obligaciones que asfixian sus recursos, como viene ocurriendo, las compañías de seguros no cubrirían los nuevos gastos que todo ello implica y, mucho menos, si se acoge la improbable y nunca probada relación causal de la vacuna MMR con los trastornos del espectro autista, no solo falsa sino canalla. El abuso es mayúsculo y la vergüenza no existe para divulgar tanta imprecisión y desconocimiento. No se puede permitir utilizar a los niños como “carne de cañón”. Los pediatras debemos optar por posturas verticales y firmes para proteger el crecimiento sano y seguro de todos los niños, con voces altas y claras. Cuando imaginé que la ignorancia por escogencia y la desinformación para hacer daño por deporte resurgirían temprano y pronto sobre los cientos de miles de cadáveres que dejó la pandemia, no me equivoqué. Los mismos negacionistas de la ciencia estaban cerca, mucho más cerca, y ahora desde posiciones de mando y jurisdicción. Valen la blasfemia protegida y auspiciada, los tribunales de injusticia. Hace una semana, el pasado lunes 10 de agosto, con el peso de una peligrosa orden ejecutiva, se instruyó a los funcionarios federales y estatales de Estados Unidos a realizar cambios, no solo desacertados sino también graves, sin ningún consenso científico, en las políticas de inmunización, tan celosamente elaboradas durante años por organismos especializados, sin ninguna memoria ni reciente ni educada, de los costos humanos de pandemias y enfermedades endémicas cuando no se tienen vacunas. Ya lo describí antes: morgues, aceras y calles de las ciudades abarrotadas de muertos infectados, hospitales hechos camas con gente boca abajo para llevarles el oxígeno desde respiradores compartidos entre cuatro moribundos, enfermeras, terapeutas respiratorios y médicos vestidos como astronautas, repartiendo sus manos entre vivos y muertos. Hay que ser muy canalla para despreciar estos hechos y memorias y dirigirnos nuevamente a aquellos dantescos espectáculos humanos. Para quienes somos pediatras entrenados y estudiosos, esta desafortunada decisión sí afecta a la población pediátrica a escala global y requiere un esfuerzo mayor de Surse Pierpoint Reducir vacunas o retrasar su aplicación sin respaldo científico expone innecesariamente a los niños y amenaza avances alcanzados contra enfermedades prevenibles durante décadas. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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