4A La Prensa Panamá, lunes 17 de agosto de 2026 Panorama INFILTRADIOS. Cuando era ministro de Seguridad, entre 2009 y 2014, José Raúl Mulino hablaba de la incursión del narcotráfico en las campañas políticas y entre los diputados. Como si eso se corrigiera solo con hablar… Ahora, como presidente de la República, lo ha vuelto a hacer: ha dicho que el narcotráfico se ha infiltrado en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales, en bufetes de abogados, en comunicadores y hasta en organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya presentó las denuncias correspondientes? Esta vez, ¿sí hará algo para que se investigue? El Ministerio de la Presidencia tiene 27 asesores en planilla que cuestan $1.2 millones al año. Alguno debe ser bueno para acudir al Ministerio Público y entregar las pruebas. BURLA. Al presidente le gusta hablar de ese asunto, pero el cuento no le preocupa cuando invita a la Presidencia a diputados como Shirley Castañedas (abogada de narcotraficantes) y Raúl Pineda (ligado a la operación antinarcóticos Jericó). Doble discurso o doble estándar. FRENEMIES. Seguramente al contralor Anel Flores le importó entre poco y nada que se llevaran a Ventura Vega para el Meduca. La relación con Ventura es menos fluida que la que tenía con Lucy Molinar. Incluso, en abril de 2026, le retiró la facultad de refrendar documentos de afectación fiscal que emitan las entidades públicas, sin límite de cuantía, que él mismo le había concedido un año antes. Habrá que preguntarle a Flores por qué. HELP!. Ernesto Méndez, nuevo embajador de Panamá en Guyana, recibió un auxilio de $69,000 en el año 2016 para estudiar una maestría en negocios En los últimos años, los ciudadanos han expresado de distintas maneras su molestia por los evidentes nexos entre el crimen organizado y los funcionanrios. Archivo De la Policía a la Asamblea: cuando el crimen organizado penetra las instituciones Eliana Morales Gil [email protected] SEGURIDAD La Policía Nacional reconoce que el crimen organizado ha logrado captar unidades dentro de sus filas. Algunos agentes fueron separados y puestos a órdenes del Ministerio Público tras investigaciones internas. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que la institución separó de sus filas a oficiales captados por el crimen organizado. “Muchos hemos incluso desvinculado y puesto a órdenes del Ministerio Público a algunas unidades que, lamentablemente, han sido abordadas por el crimen organizado”, afirmó. En la Policía, esa depuración corre por cuenta de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP). “Hacemos nuestra revisión de todo nuestro personal, de todos nuestros uniformados”, dijo Fernández. Los operativos internos alcanzaron a personas señaladas en algunos casos, precisó. El director habló de la dimensión del problema. “El crimen organizado ha tenido décadas para poder fortalecerse. Esa es la realidad”, reconoció. Al mismo tiempo, defendió al grueso del estamento, que supera las 25 mil personas entre agentes juramentados y personal no juramentado. “No por pocos tenemos que manchar la reputación del trabajo y sacrificio de muchas de las unidades”, añadió. Fernández aportó una cifra: la Policía recibió más de 900 denuncias contra sus miembros el año pasado. El número, aclaró, mezcla quejas de todo tipo. “Un operativo de tránsito que alguien no se sintió cómodo, eso es, por ejemplo, una denuncia”, ejemplificó. La institución no ha divulgado cuántas de esas denuncias apuntan a vínculos con el crimen organizado. La advertencia de Mulino Las declaraciones del director surgieron a partir de la advertencia que lanzó el presidente José Raúl Mulino el 12 de agosto, en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, ante delegados de 19 países. “Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”, manifestó el mandatario ante el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y los responsables de los ministerios de defensa y seguridad de los países participantes. Los cárteles, agregó, “tienen infiltrados en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales” y financian “bufetes de abogados, comunicadores” y organizaciones que aparentan defender causas sociales. “No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza”, advirtió el presidente en ese discurso. Consultado sobre esa premisa, Fernández respondió: “En efecto, nosotros lo hemos dicho como coalición nacional”. Y agregó: “Tenemos una tarea muy grande que la hemos ido desarrollando efectivamente con incautaciones récord que se han dado en esta administración”. La respuesta institucional, según el director, también pasa por las condiciones del personal. “Tenemos que seguir dotando a las unidades, tenemos que seguir dándoles un ambiente, una calidad de vida mucho mejor”, dijo, para “contrarrestar esas situaciones que se puedan prestar” frente a terceros que buscan aprovecharse. Dos casos en el Legislativo Si se le pone la lupa al poder Legislativo, por ejemplo, hay casos concretos. Para el periodo 2024-2029, hay dos diputados vinculados a pesquisas relacionadas con tráfico de drogas. A uno de ellos, incluso, se le relaciona con blanqueo de capitales. La Corte Suprema de Justicia investiga a Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por la operación Jericó, un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional que en el 2024 desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales. El Ministerio Público envió a la Corte, órgano que investiga a los diputados, interceptaciones telefónicas que probarían que su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, supuestamente lavó dinero para el grupo investigado por Jericó. Pineda Tejada, quien tiene arresto domiciliario, es investigado por la presunta comisión de blanqueo de capitales, ya que se le relaciona con la entrega de casi $90 mil al colombiano Jonathan Parra, quien confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales. En la Corte también existe un expediente contra el diputado Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales remitió al pleno el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas. El caso surgió en abril de 2011, cuando la Fiscalía de Drogas desmanteló una presunta red de narcotráfico vinculada a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que usaba la escuela de aviación Albrook Flight para transportar droga, y acusó a Mosquera de ser uno de sus presuntos cabecillas. En 2024, un juzgado lo absolvió junto a otras ocho personas, pero la Fiscalía de Drogas apeló ese fallo. Capturas en Colombia y extradición desde España El componente internacional tomó fuerza en el propio foro. Hegseth anunció que Colombia “ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas”, y que ese país se sumará como miembro 19 de la iniciativa Escudo de las Américas, surgida de la cumbre que convocó Estados Unidos en marzo pasado. Desde el pasado 7 de agosto el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Fernández valoró ese anuncio. “Es positivísimo, porque nosotros como policía (...) hemos hecho muchas operaciones en conjunto, tanto de Colombia hacia Panamá, como de Panamá hacia Colombia”, dijo. El director además reveló que esas operaciones corren en ambas direcciones desde el inicio de esta administración. Dos líderes de grupos criminales que se escondían en Colombia ya fueron traídos al país, dijo. España concretó hace poco la extradición de otra persona “de alto perfil” para las autoridades panameñas. ‘El primer escudo’ del Canal El foro contra los carteles se celebró en paralelo con los ejercicios multinacional Panamax 2026, enfocados en la defensa del Canal de Panamá. “Nosotros somos el primer escudo de defensa del Canal. Es la realidad”, afirmó Fernández. La fuerza pública, explicó, ensaya los escenarios de amenaza que se puedan dar y actúa “como una sola fuerza” bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, “mientras se da todo el apoyo que se requiere de otros países en caso de alguna amenaza que pueda ser concretada”. En la clausura del foro, Hegseth estrenó el emblema de la coalición: “Hacemos cosas malas contra las personas malas”, dijo el secretario de Guerra, quien advirtió que “es un mal momento para subirse a una lancha del narcotráfico en el hemisferio occidental” porque “hay un nuevo sheriff en el pueblo”. El jefe del Departamento de Guerra también puso a Panamá como referencia de la región. “El presidente Mulino se ha resistido a las tácticas de presión de otros países, ha adoptado medidas de disuasión y ha rechazadolasamenazasasusoberanía”, afirmó, y describió al país como “un buen ejemplo del tipo de sociedad que buscamos”. La defensa del hemisferio, añadió, abarca “las amenazas externas a nuestra soberanía nacional, sea del narcotráfico o de otros actores extranjeros alineados”. Yaritza Mojica [email protected] Pensiones: plazo vence mañana entre denuncias y atención extraordinaria CSS A horas de que venza el plazo para que los asegurados decidan si permanecen en su actual sistema de pensiones o migran al nuevo régimen, la Caja de Seguro Social (CSS) intensificó durante este fin de semana la atención a los usuarios, en medio de denuncias sobre presuntos cambios realizados sin autorización. El plazo vence este martes 18 de agosto y, ante la cercanía de la fecha, la CSS habilitó de manera extraordinaria agencias este sábado y domingo para orientar a los asegurados sobre el proceso que se realiza mediante la plataforma Mi Caja Digital. Según la institución, en estas oficinas no se efectúan cambios de sistema, sino que se brinda asesoría para completar el trámite. La jornada coincidió con cuestionamientos de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR), que asegura haber recibido “innumerables denuncias” de personas que, al ingresar por primera vez a la plataforma, aparecen registradas en el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, pese a que afirman no haber autorizado el traslado. La organización pidió reforzar los mecanismos para verificar la voluntad de los asegurados y propuso incorporar una confirmación adicional mediante firma. El director de la CSS, Dino Mon, negó que se estén realizando cambios automáticos y calificó esas denuncias como “un disparate”. Explicó que la migración requiere que el asegurado ingrese con sus credenciales y que el sistema genere un documento en PDF que respalde su decisión. Mon aseguró, no obstante, que la CSS investigará individualmente los reclamos. Si se comprueba que una persona fue trasladada sin haberlo solicitado, afirmó, la reclamación será válida y se habilitará nuevamente el sistema para que pueda tomar su decisión, incluso después del vencimiento del plazo. internacionales en España. ¿Cuántos más habrá así en este gobierno? MOROSIDAD. El director general de la CSS, Dino Mon, informó que, a partir de este lunes, se presentarán las denuncias contra aquellas juntas comunales y alcaldías que están morosas en el pago de la cuota obrero patronal. En conjunto, deben $13 millones. Al fin alguien hace algo por recuperar esos dineros. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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