4A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama Un agente de la Policía Nacional de Colombia y del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), custodian la base Binacional Alto Limón en la selva del Tapón del Darién. EFE Panamá busca romper el sistema ilegal y complejo del Clan del Golfo EFE. ALTO LIMÓN, PANAMÁ FRONTERA La organización terrorista de Colombia se dedica principalmente al narcotráfico, pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión. En medio de la espesura de la jungla del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, unas bombas de agua con tuberías azules y rojas situadas en el río Mangle rompen el paisaje: es un campamento de minería ilegal, que ha devastado y donde personas huyen al escuchar los helicópteros de las fuerzas panameñas ayer viernes. “Hay un complejo sistema de economía ilícita” basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia, “y eso es lo que nosotros queremos romper”, afirmó a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el comisionado Héctor De Sedas Cedeño. Para llegar hasta el río Mangle, un punto remoto de la frontera colombo-panameña, EFE voló durante una hora en un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá que partió de Nicanor, en Metetí, un lugar de la provincia de Darién situado a 230 kilómetros de la capital del país centroamericano. En ese campamento ilegal se han realizado recientemente dos operaciones con 30 capturados, entre panameños y colombianos, pero “todavía insisten en hacer actividades de minería ilegal como pudimos percatarnos en el recorrido aéreo, que todavía había personas allí”, que huyeron al ver las aeronaves, comentó el comisionado. “Ya nuestras unidades están dirigiéndose a ese lugar, son de cuatro hasta siete días de patrullaje, dependiendo de las condiciones meteorológicas, a través de la selva, con un entrenamiento especializado para, como lo hemos hecho antes, dar captura” a los mineros ilegales. En el operativo más reciente en río Mangle se capturaron 13 personas, entre ellos “integrantes del Clan del Golfo”, afirmó de De Sedas, que recalcó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”. Clan del Golfo, tráfico de migrantes y oro El Clan del Golfo se dedica principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión. De Sedas recordó que durante la crisis migratoria en el Darién, que cruzaron más de un millón de personas entre 2019 y 2024, “el Senafront tuvo varios intercambios de disparos con este tipo de estructuras que traficaban personas”. “El Clan del Golfo obtiene dinero ilícito al cobrar para ingresar al territorio panameño. Cuando ese oro (sacado del lado panameño) ingresa a Colombia tienen (los mineros) que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total” de metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, explicó el comandante panameño. “Entonces, hay un complejo sistema de economía ilícita y eso es lo que nosotros tratamos de romper”, sostuvo De Sedas. Puestos de seguridad binacionales EFE sobrevoló el campamento de minería ilegal durante un recorrido que incluyó una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros, y que acogen fuerzas panameñas y colombianas. Estas bases binacionales “nos permiten ser más fuertes. No solamente en el intercambio de información para saber por dónde se están movilizando las diferentes rutas del narcotráfico sino también para actuar de manera directa y frontal contra estas personas que ingresan al territorio panameño”, dijo de Sedas. Se trata de defender el Darién, una enorme selva que es Patrimonio de la Humanidad, “que estamos defendiendo no solamente de estas actividades criminales sino también protegiendo el medio ambiente”, agregó. La gira a Alto Limón a la que asistió EFE se realizó en el marco del despliegue de más de 700 agentes de las fuerzas especiales del Senafront en puntos tácticos y estratégicos, así como en los Puestos Binacionales de Vigilancia de Panamá y Colombia, para reforzar la seguridad fronteriza, indicó el organismo de seguridad panameño. José González Pinilla [email protected] Magali Martínez Méndez. Cortesía Magali Martínez Méndez va a la secretaría de la Contraloría tras la salida de Vega NOMBRAMIENTO Magali Martínez Méndez, quien hace poco era jefa del Despacho Superior de la Contraloría General de la República, asumirá la Secretaría General de esa institución en reemplazo de Ventura Vega, quien dejó el cargo para convertirse en ministro de Educación — tras la renuncia de Lucy Molinar—. Vega ocupó la secretaría desde enero de 2025. En tanto, Martínez Méndez llegó a la institución en enero de 2025, cuando fue designada jefa del Despacho Superior por el contralor Anel ‘Bolo’ Flores. Antes de ingresar al sector público, Martínez Méndez desarrolló durante más de 16 años su carrera en Mundo Social, la revista que fundó su madre Magali Méndez. Allí ocupó los cargos de gerente general y gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas. También trabajó como jefa de Mercadeo y Servicio al Cliente en ESCO Panamá, S. A. Su experiencia profesional está vinculada con el área mercadeo, relaciones públicas, comunicación, gestión empresarial, administración y coordinación pecialidad en Negocios, por Florida State University, y tiene una maestría en Global Marketing, obtenida en La Salle, en Barcelona, España. También tiene vínculos con el sector empresarial y con iniciativas de liderazgo femenino, indicó la Contraloría. Es socia fundadora de Mujer+Panamá y miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Martínez Méndez laboró de cerca con Vega, quien también ha sido asesor del presidente José Raúl Mulino. El pasado 5 de agosto entró en vigor la resolución 190 de 27 de julio de 2026, promulgada por el Ministerio de Seguridad Pública, firmada por el general, perdón, por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. El documento parece haber sido redactado con la lucidez de un borracho que trata de convencer al policía de que su sobriedad es la misma que tiene una tinaja que almacena agua pura y cristalina. La resolución se emitió una semana antes de que el ministro anunciara la visita de Pete Hegseth –secretario de Guerra de Estados Unidos–, durante la ceremonia de inauguración de los ejercicios Panamax 2026, culminados el pasado 13 de agosto con la intervención del alto funcionario estadounidense. Cualquiera diría que esa resolución era para complacer a Hegseth –cosa que no descarto del todo– pero también, al leerla, surgen preguntas, conjeturas y confirmaciones. El documento en cuestión crea el Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá, refiriéndose a la vigilancia de siete zonas identificadas en otro documento aparentemente confidencial: el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá. No sé de quién fue la iniciativa de presentar este documento: si del Canal o de Ábrego, pero intuyo que fue de este último, porque, como siempre, él se sitúa en el centro del poder, mas no de las responsabilidades. Resulta intrigante que Ábrego, a través de este “comando”, promete garantizar una seguridad que ni el Ejército de Estados Unidos, con todo su poder y tecnología, nunca pudo garantizar ni en tiempos de paz, mucho menos en guerra. El propio Torrijos lo admitió: la obra era –y es– “indefendible”. Pero Ábrego promete y promete, sin poder garantizar siquiera la tranquilidad en ningún barrio. La justificación para crear este comando halló razones en, por ejemplo, “las amenazas actuales de naturalezas climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales…”. sísmicas, accidentales y estomacales, agregaría yo, pues hasta el SUME (el Sistema Único de Manejo de Emergencias) lo metió en este “comandicidio”, lo cual es, después de todo, lo único bueno, porque quizás ahora sí le compren una o dos ambulancias, aunque presumo que serán para los comandos, no para civiles. Ya hay amenazas identificadas. Una es que haya ciudadanos merodeando por donde no deben. Uno de los artículos de la resolución trata de decirlo… tan claro como una ambigüedad: “Establecer dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo: la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que materialicen acciones de manera flagrante a los ordenamientos jurídicos”. ¿Eso incluye la caza furtiva o botar basura? ¿Pueden imaginar a comandos armados hasta los dientes capturando a un cazador de iguanas? ¿O a alguien botando caliche? Pienso que lo que hay detrás de todo esto es figurar y gastar. Figurar: La resolución establece que habrá una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional “bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública” … “…Ambas designaciones estarán determinadas por el ministro de Seguridad Pública...”. Gastos: El comando “contará para su ejecución de la asignación de los recursos económicos” pactados en el acuerdo marco con el Canal. Y seguramente cada contrato será secreto, como suele ocurrir hasta cuando compran café. Pero lo peor está al final del documento. Si bien los organismos de seguridad pueden hacerse cargo de la operación, uno pensaría que el Canal podría administrar los fondos, pues ciertamente lo hace mejor que el resto del gobierno. Pero no. Ábrego se aseguró de que el Canal no maneje un real, aunque sean sus reales: “Las coordinaciones, gestiones, tramitaciones y actuaciones para el uso de los recursos financieros serán ejecutadas por la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval, bajo la supervisión de la Coordinación del Ministerio de Seguridad Pública [o sea, del mismísimo general Ábrego]. Le corresponde a la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval promover las acciones y autorizaciones administrativas correspondientes para la creación del fondo especial…”. Plata y plata. Es todo. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuánto costarán los juguetes que pedirán para el Centro de Comando, para lo logística y para vestir y equipar a los soldaditos? ¿Quiénes estarán en el equipo de asesores del comando? ¿Cuál será su presupuesto? ¿Se conocerán los nombres de las empresas proveedoras? ¿Por qué una resolución ministerial en lugar de un decreto de gabinete o una ley? Honestamente, creo que este comando de vigilancia necesitará que lo vigilen… y de cerca, porque si van a vigilar como redactaron esta resolución, mejor apaga y vámonos. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] de equipos. Es licenciada en Relaciones Internacionales, con es-
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